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Defensoría Ecológica
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Asunto: Los esperamos en el curso sobre Defensoría Ambiental
Fecha:Martes, 22 de Mayo, 2007  13:35:25 (-0300)
Autor:Antonio Elio Brailovsky <brailovsky @...............ar>

      
 
Queridos amigos:
 
Como ustedes saben, ocupé el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Como tal, he sido uno de los pocos Defensores del Pueblo del mundo especializado en la defensa del medio ambiente. Esa experiencia ha permitido sistematizar un aprendizaje muy complejo en materia de gestión de conflictos ambientales y resolución de problemas en condiciones que parecían imposibles.
 
La casi totalidad de la bibliografía disponible sobre temas ambientales supone que la gestión está hecha desde el poder. Queda, sin embargo, un espacio vacío, que es la manera de realizar una gestión ambiental adecuada desde afuera del poder. Es decir, las herramientas con que cuentan los ciudadanos comunes para hacer valer sus derechos ambientales en sociedades en las que estos derechos no se respetan en toda su amplitud. Con mucha frecuencia, la información insuficiente o inadecuada ha llevado al fracaso a actuaciones éticamente bien orientadas.
 
Por eso queremos transferir las estrategias usadas en esta experiencia exitosa.
 
Durante el año 2006 dictamos un curso virtual sobre cómo organizar una Defensoría del Pueblo Ambiental, analizando diversos problemas y desafíos vinculados con la participación ciudadana en este tema. Lo cursaron 55 alumnos de distintos países de América Latina, que ahora están llevando a la práctica los criterios trabajado en el curso. Por el interés que esa propuesta ha despertado, hemos decidido volver a dictar el curso, con un esquema semejante, pero con una sustancial ampliación bibliográfica.
 
Vamos a dictar un curso a distancia por Internet para facilitar la tarea de quienes quieran actuar como Defensores Ambientales. Lo hacemos en el marco de Cursos Ambientales on Line, un equipo académico que dirigimos Nélida Harracá y yo, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), cuyo Director Ejecutivo es el constitucionalista Daniel Sabsay.
 
Este curso, y está especialmente dirigido a quienes trabajan en la defensa de los derechos ambientales, tanto desde organismos públicos como organizaciones no gubernamentales, entidades académicas, abogados orientados a amparos ambientales, etc.
 
En esta entrega ustedes reciben:
  • La presentación del curso: "Organización de una Defensoría Ambiental". 
  • Un fragmento de una de las clases del curso, en el que relatamos la forma en que se logró la prohibición en la Argentina de los defoliantes usados en la guerra de Vietnam, y
  • La obra de arte que acompaña esta entrega es la más enérgica representación de la Justicia que conozco. Es una escultura de Dolores Mora de la Vega (1866-1936), conocida como Lola Mora. Es una Justicia que no tiene los ojos tapados y que empuña la espada como para pelear por sus principios. Esta obra forma parte de un grupo escultórico destinado al Congreso Nacional en Buenos Aires, que nunca fue colocado allí por discriminación política contra la artista. Nunca le perdonaron ni su talento, ni haber sido amante del Presidente Julio A. Roca. Después estar de años en un depósito, esta Justicia fue donada a la provincia de Jujuy, donde se encuentra.
Un gran abrazo a todos.
 
Antonio Elio Brailovsky
 
Lola Mora: "La Justicia", Casa de
Gobierno de la Provincia de Jujuy.
 

 
Cursos Ambientales on line
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

CURSO DE POSGRADO

"Organización de una Defensoría Ambiental"

1º al 29 de junio de 2007
Modalidad Intensivo a distancia

PRESENTACION DEL CURSO

Por qué una Defensoría Ambiental

La casi totalidad de la bibliografía y cursos sobre gestión ambiental se refiere a lo que se puede hacer desde una estructura de poder. Hacer gestión ambiental es, entonces, una manera de ejercer el poder político desde el Estado o el poder económico desde una empresa.

Queda, sin embargo, un espacio vacío, que es la manera de realizar una gestión ambiental adecuada desde afuera del poder. Es decir, las herramientas con que cuentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos ambientales en sociedades en las que estos derechos no se respetan en toda su amplitud.

Este curso procura transferir una experiencia exitosa. Entre diciembre de 1998 y diciembre de 2003 actuó la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, con orientación hacia los temas ecológicos y ambientales. La creación de una Defensoría específica para el medio ambiente significó una innovación a escala internacional. En efecto, las Defensorías del Pueblo en todo el mundo están orientadas principalmente a la defensa y promoción de los derechos humanos, entendidos casi siempre con los alcances restringidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada por las Naciones Unidas en 1948. Esa declaración no contempla el derecho a un ambiente sano, el que recién fue incorporado a las agendas internacionales a partir de la Cumbre de la Tierra (ECO´92) de Río de Janeiro.

Esto ha hecho que los derechos ambientales sean habitualmente un tema más en las Defensorías del Pueblo, al que se atiende con menor prioridad que los temas considerados como centrales. El desafío fue diseñar una Defensoría Ambiental específica, sin antecedentes nacionales ni internacionales conocidos, y en condiciones políticas desfavorables, ya que la función de una Defensoría es controlar al poder político, lo que suele generar fuertes resistencias por parte de los sectores de poder político y económico.

Al mismo tiempo, la institución de Defensoría del Pueblo ha entrado en crisis en muchos países en cuanto a su credibilidad. Por tratarse de un órgano de origen parlamentario, ha quedado a menudo sujeto a los vaivenes de la política. Han sido muchos los gobiernos que lograron colocar un Defensor adicto, para evitar ser controlados de una manera efectiva. Esto ha llevado a que el rol de Defensor Ambiental sea asumido en muchos sitios por organizaciones no gubernamentales que cumplen las funciones que las Defensorías institucionales no ejercen.

Estrategias de gestión ante conflictos ambientales

Para ejemplificar estas estrategias, hemos debido relevar una gran cantidad de experiencias en las que distintos ciudadanos u organizaciones cubrieron el rol de Defensores Ambientales en diversos temas, aunque no hubieran sido designados formalmente como tales. El conjunto de experiencias producidas y relevadas conforma un cuerpo significativo, que puede ser muy útil a la hora de diseñar estrategias para actuar ante conflictos ambientales o ante la violación de derechos ambientales.

En particular, porque nuestra experiencia indica que el diseño de la estrategia a seguir es determinante en cuanto a los logros que se obtengan. Es necesario tener en cuenta que en la mayor parte de los casos la ignorancia no existe: no se trata de explicar a quienes producen un daño ambiental las implicancias de lo que están haciendo. Los responsables del daño ambiental son absolutamente conscientes de lo que hacen y sólo pueden hacerlo apoyados en la impunidad del poder.  En esos contextos (que son los más frecuentes en los conflictos ambientales) sólo una estrategia precisa y adecuadamente diseñada puede lograr cambiar la situación.

Este es el motivo por el cual vamos a darle en este curso un peso importante a los estudios de caso. En razón del tipo de experiencia que se procura transmitir, habrá una cantidad importante de casos argentinos y especialmente de la Ciudad de Buenos Aires, ya que en muchos de ellos hemos sido protagonistas, aunque hemos incorporado una buena cantidad de ejemplos de otros países latinoamericanos y de España.

En cada una de las clases tenemos un soporte teórico que detalla de qué estamos hablando y por qué mantenemos un cierto punto de vista, y una serie de estudios de caso que contribuyan a pensar en una estrategia de gestión ante conflictos semejantes.

CONTENIDO

Este curso consta de veinte clases, cada una de las cuales trata algunos de los principales temas que actualmente tiene que enfrentar una Defensoría Ambiental. En la medida que los conflictos ambientales son ilimitados, no tiene ninguna pretensión de agotar el tema, sino sólo indicar diversas aproximaciones a sus facetas principales.

CARGA HORARIA

80 hs.: 60 hs. cátedra, 10hs. por elaboración de resúmenes de clase y 10hs. por elaboración del trabajo final.

PARTICIPANTES

Este curso está dirigido a personas que, por su afinidad de intereses, se preocupen por la defensa de los derechos ambientales. En particular, a:

• Funcionarios actuales de Defensorías del Pueblo en los niveles Nacional, Estatal, Provincial, Municipal o de Ciudad Autónoma.
• Personas que aspiren a ocupar dichas funciones.
• Integrantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) interesadas en el seguimiento y/o control de las respectivas Defensorías.
• Integrantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) interesadas en organizar una Defensoría del Pueblo no gubernamental.
• Personas interesadas en el estudio y la defensa de los derechos ambientales.

Está diseñado para graduados universitarios o terciarios interesados en un perfeccionamiento de posgrado en la problemática ambiental con un enfoque interdisciplinario. En el caso de personas que no reúnan estos requisitos pero que consideren que la formación otorgada por el curso es de especial importancia en las tareas que desarrollan, la Coordinación del mismo evaluará las correspondientes solicitudes.

COORDINACIÓN Y DOCENTES

Coordinador Académico: Antonio Elio Brailovsky
Coordinadora Pedagógica: Nélida Beatriz Harracá

Coordinador Operativo: Ezequiel Brailovsky

 

FECHA Y CRONOGRAMA


El curso se desarrollará del 1º al 30 de junio de 2007, de lunes a viernes, en 20 envíos por cada una de las clases según el programa analítico.

PROGRAMA DEL CURSO

Clase 1: Necesidad de una Defensoría Ambiental.
Clase 2: Medio ambiente y participación ciudadana.
Clase 3: Gestión ciudadana de sustancias tóxicas. 1. El 2,4,5-T y el pecloroetileno
Clase 4: Gestión ciudadana de sustancias tóxicas. 2. El PCB.
Clase 5: Acción ciudadana ante el ruido.
Clase 6: Acciones para la preservación del patrimonio natural y cultural.
Clase 7: Adaptación a los problemas vinculados con el cambio climático global.
Clase 8: Educación ambiental.
Clase 9: Acción frente a los riesgos de contaminación electromagnética.
Clase 10: Actuación frente a la falta de evaluación de impacto ambiental de actividades significativas: 1. Minería.
Clase 11: Actuación frente a la falta de evaluación de impacto ambiental de actividades significativas: 2. Industria.
Clase 12: Actuación frente a la falta de evaluación de impacto ambiental de actividades significativas: 3. Obras públicas urbanas.
Clase 13: Exigir una política de prevención de emergencias.
Clase 14: Prevención ante la contaminación provocada por materiales de construcción y equipamiento.
Clase 15: Control ciudadano de un urbanismo basado en el lucro privado.
Clase 16: Defensa y gestión ciudadana de los espacios verdes públicos.
Clase 17: El agua potable como un derecho humano básico.
Clase 18: Respuesta ciudadana ante los riesgos de la actividad nuclear.
Clase 19: Movilización ciudadana por temas vinculados con manejo irresponsable de residuos peligrosos.
Clase 20: Respuesta ante el impacto ambiental de la actividad militar.

METODOLOGIA

El curso se dicta por Internet en forma combinada por correo electrónico y campus virtual. Los cursantes recibirán por e-mail el contenido de cada una de las 20 clases según cronograma, las que a su vez irán estando disponibles en el campus virtual al que se accederá mediante una clave personalizada.

Con cada una de las clases se agrega:

  • Una presentación en imágenes (Power point) sobre el tema de la clase, que actúa como disparador de ideas y motivación pedagógica.
  • Bibliografía complementaria para quienes deseen profundizar el tema de la clase.

El campus virtual funciona como una página web, en la cual, además de ler y consultar el material bibliográfico , existen espacios interactivos, que permiten el diálogo entre docentes y estudiantes y de los estudiantes entre sí.

En dicho campus funcionarán 2 foros: uno de consultas a los docentes y otro de discusión e intercambio entre los participantes.

Los participantes que, por cualquier motivo que sea, sólo se manejen con correo electrónico, no tendrán inconveniente alguno de realizar el presente curso ya que podrán vía e-mail canalizar sus consultas a docentes y sus aportes a la discusión, las que posteriormente se incorporarán a los respectivos foros.

PARA VER LA PRIMER CLASE, CON EL PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO, SUS RESPECTIVAS IMÁGENES Y BIBLIOGRAFÍA, hacer click aquí:  

Si la máquina le pide una contraseña, use la opción:      

CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE INFORMÁTICA

Los mismos que para leer un correo electrónico o consultar una página Web. La idea es que el curso pueda ser seguido por personas cono conocimientos elementales de informática.

EVALUACION

Los cursantes deberán enviar por correo electrónico 20 resúmenes de las clases 1 a 20 (una a dos carillas) según instrucciones que se informarán, disponiendo como máximo de siete (7) días corridos de plazo para cada uno de ellos a partir de la hecha de envío de cada clase. Asimismo, deberán resolver y enviar por correo electrónico un caso práctico de defensa de derechos ambientales, sobre la base de datos que les serán proporcionados junto a la clase 16, dentro de los 15 días corridos a partir de la finalización del curso. La presentación de resúmenes y trabajo final -ambos evaluables- no es obligatoria si no se requiere certificación del curso. Los resúmenes y el trabajo final pueden presentarse tanto en idioma español como portugués.

CERTIFICACION

Cursos Ambientales on line y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expedirán Certificados de participación en el curso con la firma de los docentes responsables (Lic. Antonio Elio Brailovsky y Lic. Nélida Harracá) y del Director Ejecutivo de FARN (Dr. Daniel Sabsay), a todos aquellos que cumplimenten los requisitos de evaluación (presentación de resúmenes y trabajo final).

ARANCELES

Residentes en Argentina: un pago de $490
Residentes en otros países: un pago de u$s290

INFORMES E INSCRIPCION:

Hasta el 31/5/2007 clickeando

ezbra141@ambienteacademico.com.ar.


 

EL JUICIO CONTRA LOS DEFOLIANTES DE VIETNAM

(Selección de textos de la clase 3 sobre Gestión Ciudadana de Sustancias Tóxicas)

 

En este caso, el rol de Defensores Ambientales lo asumió un equipo liderado por el abogado Alberto Kattan, e integrado asimismo por el director de cine Juan Schroeder y el docente a cargo de este curso. El objetivo fue tratar de lograr la prohibición  del 2,4,5-T (usado como arma en Vietnam) en la Argentina por la vía judicial. Lo hicimos en 1983, es decir, durante la última dictadura.

En los fundamentos de la demanda decíamos lo siguiente:

"El uso de plaguicidas debe orientarse a conservar el equilibrio del agrosistema y no solamente desde el aspecto del control de la plaga. Es necesario relacionarlo con el principal objetivo, que es la preser­vación de la vida humana y sus complementarios: la fauna, el agua, la flora, vale decir, la ecología en toda su integridad”.

"La problemática económica es ajena al tema esencial de esta pre­sentación, que tiene por objeto la promoción de la vida mediante la remoción de algunos obstáculos que atentan contra la misma".

Porque casi siempre que alguien está haciendo un juicio, pide algo para sí, generalmente dinero. Nosotros aclaramos explícitamente que no queríamos nada para nosotros mismos y menos plata. Inclusi­ve Kattan renunció a los honorarios que pudieran corresponderle co­mo abogado en la causa. La finalidad era estrictamente humanitaria. Una conducta así provoca un doble efecto: por una parte, una mayor simpatía por parte de la sociedad. Por otro lado, puede crear una enorme desconfianza de la mayor parte de los jueces, que están condicionados para pensar que el dinero es el principal (y casi único) móvil de las acciones humanas.

"Hasta tanto se obtenga el ideal regulador de plagas y malezas, deben adoptarse lógicas medidas regulatorias del tráfico de estos pro­ductos que alteran de modo grave el ecosistema, deteriorando en ma­yor medida que el beneficio inmediato y generalmente individual que otorgan.

"Y la denuncia judicial de situaciones límites, por los efectos de­teriorantes que provocan en el entorno, constituye indiscutiblemente uno de los medios válidos y útiles de esta necesaria regulación de instrumentos químicos que alteran generalmente de modo irreversi­ble el ecosistema, obligando entonces a un uso más intensivo de ése u otros productos también manufacturados por las naciones domi­nantes".

A continuación exponíamos la historia del 2,4,5-T, que provocó en Vietnam profundos daños sobre el ecosistema y gran cantidad de casos de muertes por cáncer y de nacimientos deformes.

Apenas iniciado el juicio, las repercusiones políticas y periodísticas fueron muy amplias. Aunque perdiéramos, ya estaban logrados los primeros objetivos de la demanda. En unos pocos días y mediante la difusión de nuestra presentación, habíamos logrado:

· Politizar el tema ambiental. Hasta ese momento, los ecologistas éramos vistos como una especie de filatelistas, es decir, gente un poco excéntrica, que tiene una ocupación inofensiva. En esos días, la gente comenzó a darse cuenta de que hay otra manera de ver las cosas, que se relaciona con el compromiso social.

· Ubicar el tema ambiental en la perspectiva de las relaciones Norte-Sur. Queríamos insistir en que hay una especificidad de los problemas del medio ambiente en los países del Tercer Mundo, que crea situaciones de mayor riesgo para quienes han nacido en países como los nuestros.

Hasta ese momento, los temas ambientales habían estado circunscriptos a los ámbitos especializados. A partir de ese momento, logramos una muy amplia difusión en los sectores populares. En ese momento, descubrimos que los temas ecológicos son temas de derechos humanos y que deben ser tomados por los organismos que los defienden. "Hay mucha gente que piensa que esos problemas no existen en la Argentina- decíamos en el periódico Nueva Presencia -solamente porque la mayor parte de los diarios no habla de ellos. Tampoco se hablaba de los desaparecidos y sin embargo, existieron. Ocurre lo mismo con todos los derechos humanos que un régimen autoritario quiere silenciar: se ordena olvidar el tema. Aquí no se ha secuestrado a nadie. Tampoco se ha envenenado el agua, ni el aire, ni el suelo.

En este aspecto tuvimos dificultades inesperadas con algunos militantes de derechos humanos, que temían que si se agregaban temas no políticos a los derechos humanos, su reclamo se debilitara. En cambio, la opinión pública aceptó más rápidamente la inclusión del tema ambiental dentro de la agenda de los derechos humanos.

El debate judicial

Teníamos que dar la batalla al mismo tiempo en el terreno de la química y el del derecho. Recuérdese que estábamos poniendo a punto una nueva herramienta jurídica de participación popular: las acciones objetivas, populares o públicas. "Detrás de este juicio -decíamos en la revista Humor- hay una nueva concepción de la justicia. Antes se decía que los jueces no tenían derecho a analizar las medidas que tomara el Poder Ejecutivo. Que eran medidas políticas y que la función judicial no era política. En este juicio estamos planteando que sí pueden hacerlo, y que además ésa es su tarea”.

 Desde el punto de vista jurídico, nos contestó uno de los más famosos catedráticos  de derecho, el Dr. Marienhoff. Para este profesor era inadmisible que los "administrados" fueran a cuestionar judicialmente las decisiones del poder administrador. Se veían con claridad las concepciones diferentes: para él, éramos "administrados". En cambio, nosotros actuábamos como ciudadanos.

Esta concepción de que los administrados sólo tienen derecho a quejarse ante el administrador pero no ante la Justicia, fue una de las bases de la respuesta de la Secretaria de Agricultura. Desde los objetivos judiciales, lo importante para las autoridades no era ya defender el plaguicida sino evitar que se abriera la puerta para el cuestionamiento judicial a sus decisiones. Que fue precisamente lo que ocurrió.

La importancia de este juicio no se vincula solamente con la eliminación del 2,4,5-T sino también con la posibilidad de las acciones ambientales de amparo.

La respuesta técnica de Agricultura pretendía salvar la responsabilidad del organismo diciendo: "Se ha establecido con carácter obligatorio que en todas las etiquetas del producto figure la leyenda: No debe aplicarse en las cercanías de casas, lagunas, lagos o áreas recreativas, ni sobre cultivos cuyos frutos, hojas, etcétera, se destinen al consumo huma­no. Obviamente, el producto en nuestro país no está autorizado para su empleo sobre ningún cultivo".

Los demandantes histo­riamos nuevamente los problemas que traía el producto. Dijimos que estaba prohibido en muchos países y su uso severamente restringido en muchos otros y que "en nuestro país la Secretaría de Agricultura considera que la única precaución a tomar es incluir una advertencia en los envases. ¿Quién controla el cumplimiento de esa adverten­cia?"  

Al mismo tiempo, nos enterábamos de la negligencia con que las autoridades habían manejado desde siempre el tema. La misma Secretaría de Estado distribuía un cartel con precauciones para el uso de agroquímicos, del estilo de "lávese bien las manos después de usarlo" o “manténgase fuera del alcance de los niños". Entre las re­comendaciones estaba la siguiente: "entierre o queme el envase". Pero si el envase contenía 2,4,5-T, quemarlo equivale a respirar dio­xina y enterrarlo significa enviar dioxina a la napa de agua subterránea, de la que generalmente beben el productor agropecuario y su familia. Evidentemente, el organismo estaba más interesado en aumen­tar la producción agropecuaria que en cuidar la salud de la población.

Finalmente, y para evitar una sentencia judicial desfavorable, la Secretaría accedió a retirar la autorización para el 2,4,5-T y el producto quedó fuera del mercado. Si bien no quedó una sentencia que creara jurisprudencia sobre el tema, el peso del juicio sobre la opinión pública fue suficiente como para contribuir a que se incorporara a las leyes el derecho a accionar judicialmente en defensa del interés común.

 


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