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Asunto: Hay dos testigos muy molestos
Fecha:Martes, 17 de Junio, 2003  19:11:17 (-0300)
Autor:Antonio Brailovsky <abrailovsky @..............ar>

 
 
Queridos amigos:
 
A esta altura, no sé si alguien podrá explicarnos por qué aún no se iniciaron las obras de remediación de los suelos y napas contaminados por la estación de servicio de Lima e Independencia.
 
Esta contaminación se descubrió hace 24 años, cuando la nafta que goteaba a la estación Independencia del subte provocó una explosión. Desde ese momento y durante todo este tiempo, una bomba extractora colocada en la sala de máquinas de la estación impide que los gases alcancen un nivel de explosividad. Hubo un largo juicio -iniciado por Subterráneos de Buenos Aires- que terminó en una sentencia firme que condenó a la empresa Shell a remediar la zona contaminada mediante el método del cambio de tierra. Como en todos los juicios por contaminación, a los profesionales de Subterráneos les resultó muy engorroso demostrar lo evidente, ya que actuaron en la más absoluta soledad, sin ningún apoyo por parte de quien estaba para salvaguardar el interés público: la Ciudad de Buenos Aires.
 
Durante casi un cuarto de siglo, ni la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ni posteriormente el Gobierno de la Ciudad tuvieron ninguna intervención en el asunto. Tomaron una cuestión que hace a la seguridad pública como si fuera un simple conflicto entre particulares. La Ciudad de Buenos Aires no hizo en ningún momento las necesarias verificaciones que debió haber hecho en ejercicio del poder de policía que le adjudican las leyes.
 
A punto tal que en el año 2001 (es decir, a apenas 22 años de comenzado el problema), la Ciudad de Buenos Aires no tenía ningún expediente que le permitiera seguir su evolución. En ese momento, acompañamos a los peritos del juicio, Ing. Manuel Sigüenza y Lic. Fernando Máximo Díaz para que abrieran un expediente pidiendo la intervención del Gobierno de la Ciudad en el tema.
 
Poco después, desde esta Defensoría Adjunta le preguntamos al Procurador de la Ciudad si consideraba que alguna autoridad de la Ciudad había cometido un delito al dejar pasar tanto tiempo con un problema de esa gravedad sin haberse involucrado de ninguna manera. A los pocos días, un Secretario de Medio Ambiente y varios Directores Generales realizaron la primera inspección de la Ciudad (al menos, la primera de la que tengamos noticia) en la estación del subterráneo en 22 años. Allí sintieron el fuerte olor a combustible, vieron el goteo de nafta en el túnel, las marcas de ese goteo en las paredes, vieron funcionar la bomba extractora de gases y elaboraron un informe en el que manifestaron su preocupación por esa situación.
 
Sin embargo, así como no se hizo nada antes, tampoco se hizo mucho más desde ese momento.
 
La Ciudad de Buenos Aires ni siquiera tomó la iniciativa de hacer un pozo en el piso de la estación de servicio para ver en qué estado está el suelo en el lugar de origen de la contaminación. Es decir, que nunca comprobó por sí misma si las condiciones de seguridad de la estación de servicio permitían que continuara abierta, a pesar de estar encima de suelos muy contaminados con nafta. Por otra parte, la Ciudad tampoco analizó las contramuestras tomadas durante las perforaciones efectuadas en la zona por la empresa contratada por Shell.
 
En los últimos días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha presentado en el juzgado que sigue la cuestión, pidiendo la remoción de los dos peritos que el juez designó para supervisar la remediación de los suelos contaminados. Que son, precisamente, el Ing. Sigüenza y el Lic. Díaz, los mismos profesionales que se presentaron ante la Ciudad diciendo que existía un problema que el Gobierno de la Ciudad no estaba viendo.
 
De modo que quien no hizo nada durante casi un cuarto de siglo está pidiéndole al juez que eche a los peritos del juicio. Es decir, que eche a los profesionales que estuvieron trabajando en el tema con suficiente responsabilidad como para lograr que la empresa contaminadora fuera condenada a remediar el daño que provocó. El problema es que Sigüenza y Díaz conocen muy de cerca todo lo que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires pudieron haber hecho y no hicieron en este larguísimo conflicto.
 
¿Será justicia echarlos? ¿O será, tal vez, una manera de sacarse de encima a dos testigos que saben demasiado?
 
En esta entrega, ustedes reciben la nota que envié al juez con mis comentarios sobre este tema.
 
Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
"Hay dos testigos que saben demasiado"
(Marlon Brando, como Vito Corleone, en "El Padrino", 1972)

      Buenos Aires 10 de Junio de 2003

Juez a cargo del Juzgado de

Primera Instancia Nº 100,

Dr. Miguel Angel Prada Erecart

Talcahuano 550 – piso 6º - C.A.B.A.

                                                                                                                        Act.7462/01

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Defensor del Pueblo Adjunto de la ciudad de Buenos Aires con motivo de la actuación nº 7462/01, que tramita en esta Defensoría la que posee resolución con el nº 3770/01 y que tramita judicialmente autos SUBTERRÁNEOS SOCIEDAD DEL ESTADO Vs. PROPIETARIO DE ESTACIÓN SE SERVICIO SHELL CALLE LIMA Y OTROS,  sobre daños y perjuicios”, Exp. 39121/91.

El motivo que me mueve a comunicarme nuevamente con V.S., tiene referencia a la situación que pretende provocar desde el GCBA, con la solicitud de remoción de los peritos intervinientes en autos.

El Expediente Administrativo que cursa en la Dirección de Política y Evaluación Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Exp. 35238/01, fue iniciado por los mismos peritos que el GCBA, pretende remover.

Antes de considerar cualquier tipo de pedido por parte de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, debe considerarse que antes de la intervención de los peritos, el GCBA no se había dado por notificado de la situación acaecida en la  estación de servicio que nos ocupa.

El Gobierno de la Ciudad, tiene la obligación de controlar que estas estaciones cumplan con requisitos mínimos de seguridad, ya que tiene el deber y todas las facultades, pero sobre todo el deber, de defender la seguridad de los ciudadanos, que no es más que  la Seguridad Pública.

Como sabemos desde 1979, en la Estación Independencia de la Línea de Subterráneos “E”, se encuentra parcialmente inutilizada por la deflagración que se produjo en la misma a causa de las pérdidas en la estación de servicio de la empresa Shell CAPSA, ubicada en la calle Lima y Av. Independencia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue el gran ausente en todos estos años y aunque no se podía ignorar que una gran esponja cargada de hidrocarburos pesaba sobre la cabeza del subterráneo y de todos aquellos que lo utilizaban, peligrando así la seguridad pública, simplemente NO tomó medida alguna.

El Gobierno de la Ciudad estuvo ausente durante todo ese tiempo y si sacamos cuentas son veintidós (22) años de ausencia, que no ha derivado en catástrofe solo por milagro. No se ha visto intervención ni en el control previo al hecho dañoso (con lo cual podríamos hablar de algo mas de 22 años), ni luego, ya que hasta el día de la fecha su participación a sido tibia, aún luego de que la Cámara determinada claramente que el caso en cuestión excede de manera relevante, el marco bilateral de los involucrados en la causa.

Ahora bien queda claro que tenemos dos responsables, la empresa Shell C.P.S.A. que ya ha sido sentenciada y  el Gobierno de la Ciudad.

Ahora el GCBA, pretende apartar de la etapa de ejecución de sentencia a los peritos, que iniciaron el expediente administrativo donde se encuentran los antecedentes de la causa. Queda claro que hoy el GCBA, está queriendo apartar de la causa a quienes evidenciaron el problema.

 Si además miramos nuestra Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, no escatiman en palabras al momento de determinar lo fundamental de la protección de derechos y garantías mínimas para los Ciudadanos, así pues el Art. 41 determina de manera redundante, al momento de hablar de el derecho a un medio ambiente sano,  que “Las Autoridades proveerán la protección de este derecho”, y digo redundante ya que quien sino ellas deben respetar estos principios.

Hoy el Gobierno de la Ciudad tiene un compromiso fundamental con los ciudadanos, y es llevar adelante las tareas de control sobre las obras determinadas en la sentencia, ya que si bien la condenada tiene la obligación de cumplir con lo sentenciado de la debida manera, el Estado juega un papel fundamental.

Así pues, sin otro particular y esperando vuestra respuesta, lo saludo Atte.

Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires 
 


 Estamos en Venezuela 842 - 3º Piso, Tel.: 4338-4900, internos 7538; 7544; 7545 y 7547 La página de Internet de esta Defensoría Adjunta es: 

 http://www.ecoportal.net/defensorecologico

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