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Asunto: Dos: Ecología y participación ciudadana
Fecha:Miercoles, 6 de Agosto, 2003  13:09:56 (-0300)
Autor:Antonio Brailovsky <abrailovsky @..............ar>

 
Queridos amigos:
 
En esta entrega ustedes reciben la segunda parte de un trabajo mío sobre herramientas de participación ciudadana y su aplicación a las cuestiones ambientales.
 
Lo más desconcertante de estos temas es la amplitud de la desinformación pública que existe sobre los derechos ciudadanos y las oportunidades para ejercerlos. ¿Será mera casualidad?
 
Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires
 
  
Toda nueva actividad requiere de una evaluación ambiental con participación ciudadana
("Adán aprende a cultivar la tierra", en Libro de Horas de Luis de Orléans, 1490)


ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Segunda parte)

 

                                                                      Por Antonio Elio Brailovsky

 

4. Establecimiento del derecho a la información:

 

La participación pública es impensable sin un adecuado sistema que permita la accesibilidad de la información pública a todos los actores sociales involucrados. Está claro que el principio de publicidad de los actos de gobierno forma parte indispensable de todo régimen republicano. Sin embargo, la naturaleza de dicha publicidad es distinta según aceptemos criterios de democracia representativa o de democracia participativa.         

 

Una las derivaciones de los criterios tradicionales de democracia representativa es el del secreto de determinados actos de gobierno. En efecto, los principios representativos aplicados a partir de las revoluciones francesa y norteamericana de fines del siglo XVIII suponían que se reemplazaba el orden monárquico emanado de Dios por un poder emanado del pueblo, que encontraba su legitimación en el acto mismo del sufragio. Pero una vez instalado el poder, su forma cotidiana de actuar y su naturaleza misma podían no ser demasiado diferentes de las que caracterizaba a los poderes del Antiguo Régimen.          

 

De hecho, toda nuestra normativa sobre el desarrollo de la función pública está tomada de los principios napoleónicos y tiene por piezas fundamentales la discrecionalidad de los administradores y el secreto de los actos que ocurren en el interior del gobierno.          

 

Recíprocamente, para la democracia representativa es fundamental la publicidad de las acciones exteriores del gobierno (es decir, las que van del gobierno a la comunidad). Una de sus manifestaciones es la publicación de los Boletines Oficiales, que registran y difunden Decretos, Leyes y Resoluciones. En aplicación de este principio, dichas normas no tienen vigencia desde el momento en que son sancionadas, sino desde el momento en que son publicadas.

         

Por estas razones, las diversas dictaduras militares y gobiernos de facto utilizaron con frecuencia las leyes y decretos secretos. Es decir, que al no ser representantes del pueblo sino sólo de sí mismos, no se sentían obligados a dar a publicidad ni siquiera las acciones externas de sus respectivos gobiernos.

 

Por el contrario, las acciones internas del Estado no han estado habitualmente comprendidas dentro de los temas a los que alcanza la publicidad de los actos de gobierno.

 

Un borde ambiguo entre unas y otras ha sido el de los gastos reservados. Bajo pretextos tales como la defensa nacional, se asignaron grandes sumas de dinero a destinos que no se explicaron, lo que permite suponer al menos la posibilidad de desvíos de índole corrupta. Los fondos reservados, característica importante de los gobiernos de facto, continúan todavía bajo el régimen constitucional.

 

También es significativa la frecuente contradicción entre una normativa constitucional o legal que otorga un derecho como el que estamos analizando y una normativa (o una práctica) administrativa que lo niega. Los ámbitos municipales son tradicionalmente sitios de información cerrada al público usuario. Se da entonces la paradoja de un derecho constitucional negado por una norma de mucho menor jerarquía, como lo es una resolución de un director municipal, por ejemplo.

 

Las restricciones a la información pública son, sin embargo, mucho más fuertes en el nivel nacional que en el de la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, comentan Sabsay y Tarak que "la reforma de nuestra ley fundamental de 1994, si bien introdujo la problemática ambiental y del desarrollo sustentable en su texto, se olvidó del reconocimiento del derecho de libre acceso a la información pública. La lectura del artículo 41 consagratorio del derecho a un ambiente sano establece entre sus disposiciones que las autoridades proveerán a la información ambiental. Pero, ¿qué sucede cuando ellas no cumplen con su cometido o lo hacen en forma defectuosa o retrasada en el tiempo? El artículo que hemos citado no dice nada al respecto. Es evidente que el redactor se ha quedado corto. No dudamos que le ha impuesto a los gobernantes determinado tipo de obligaciones en materia de información. Entendemos que son ellas:

 

“* La necesidad de almacenar la información;

“* La necesidad de hacerlo de manera sistemática y periódica;

“* La necesidad de ordenarla de manera de facilitar el acceso a la misma.  

 

"Consideramos que estas tres obligaciones surgen de manera implícita. Pues cómo proveer lo que no se ha guardado, cómo pensar que la información pueda ser guardada de manera desordenada y por último tampoco sería razonable pensar que el redactor de la Constitución ha cumplido con la obligación fuera de toda periodicidad en el tiempo. Dadas estas aseveraciones que estamos haciendo creemos que se ha avanzado mucho"[i]. 

 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene un mayor grado de avance al respecto que la Constitución Nacional, ya que la de la Provincia determina como obligación de la misma: "garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales"[ii]. Algo semejante ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el principio de publicidad de información no tiene un cumplimiento efectivo.

 

Es significativo el que en todas las normas sobre la función pública se exija a los empleados del Estado el mantener silencio sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus tareas[iii]. También es significativa la frecuente contradicción entre una normativa constitucional que otorga un derecho como el que estamos analizando y una normativa administrativa que lo niega.          La aplicabilidad de esta herramienta en la discusión sobre las futuras estrategias de desarrollo económico requiere de la generación de una normativa específica para la disponibilidad de la información ambiental en los niveles nacional, provincial y municipal.

 

Si se desea que los ciudadanos asuman un rol protagónico en el proceso de recuperación del país, la información que reciban no puede estar mediatizada por los deseos o intereses de las autoridades.

 

Toda la información existente debe estar disponible, con independencia de la opinión de los funcionarios sobre las supuestas consecuencias de esta disponibilidad. También es necesario establecer un mecanismo idóneo de reclamos para el caso de ocultamiento de información ambiental.

 

        Al respecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires deja expedita la vía de la acción de amparo, como modo de acceder rápidamente a la misma. Es significativo que tanto la Ley vigente en la Ciudad de Buenos Aires como todos los proyectos legislativos vinculados con el derecho a la información ambiental no obliguen al peticionante a justificar los motivos por los cuales solicita dicha información[iv]. Es decir, que se presupone que la información ambiental es del interés propio de quien la pide. Sin embargo, las dificultades y costos de hacer una acción de amparo no están al alcance de todos. Inclusive, nuestra práctica en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires muestra que son varios los organismos gubernamentales que niegan información a la Defensoría. En este caso, cuando los pedidos de informes suman varios centenares, no hay estructura administrativa capaz de iniciar centenares de acciones de amparo para obtener cada uno de los informes solicitados.

 

La experiencia demuestra que la tutela ejercida por los organismos públicos es insuficiente para el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida. Se hace indispensable que los propios afectados cuenten con toda la información necesaria sobre los hechos que puedan incidir sobre sus vidas, sin que se deba alegar secreto empresarial o estratégico. En la Argentina los entes públicos y privados abusan del secreto y el ejercicio de los derechos vinculados con el sistema democrático requiere de un grado mucho más alto de transparencia informativa.   

 

El tema ha sido incluído en la Constitución de Río Negro (art. 26), de San Juan (art. 27), en la de la Ciudad de Buenos Aires (art. 26), etc. Cualquier proyecto participativo requiere su explicitación en el nivel que se realice.

 

Este aspecto puede llegar a ser particularmente sensible en los próximos años, ya que la salida de la actual situación económica pude implicar el chantaje de aceptar cualquier forma de contaminación o degradación ambiental a cambio de la creación de empleos, como, por otra parte, ya está ocurriendo. Por ejemplo, a mediados del 2001 se intentó privatizar terrenos del Parque Pereyra Iraola para emprendimientos inmobiliarios, con el argumento de que la destrucción de ese parque público permitiría crear nuevos empleos. Lo mismo está ocurriendo con proyectos mineros muy contaminantes en varias provincias. Va a ser el momento en el cual la información ambiental juegue un rol decisivo.

 

5. El ambiente como patrimonio común y el amparo ambiental: el aire es de todos

 

        La posibilidad de cuestionar judicialmente las decisiones del poder administrador es otra de las herramientas de la democracia participativa, que pone en cuestión los modelos tradicionales de relación entre gobernantes y gobernados.

 

        Los principios básicos de discrecionalidad de la Administración Pública impidieron durante mucho tiempo la realización de este tipo de acciones. Al respecto, los principales especialistas en derecho administrativo cuestionaron la validez de este tipo de herramientas, por considerar que limitaban el poder otorgado por el pueblo en los actos electorales y podían impedir el cumplimiento de los cometidos del poder administrador. En un juicio en el que tres ciudadanos pedimos la prohibición del defoliante 2,4,5-T (que había sido usado como arma en la guerra de Vietnam), el abogado de la parte contraria sostuvo que los administrados no podían cuestionar las decisiones del poder administrador[v]. La discusión de fondo era: ¿estábamos actuando como administrados sujetos al poder de turno o como ciudadanos que ejercen sus derechos?

 

        Para que un derecho pueda ser defendido judicialmente (por la vía del amparo o de alguna otra) es necesario que sea reconocido como de jerarquía constitucional, ya sea explícito o implícito.

 

        La Constitución Nacional establece que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y tienen el deber de preservarlo" (art. 41).        

 

En algunas constituciones extranjeras y provinciales también se amplía la expresión como el derecho de todos sus habitantes "a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado". Se trata simplemente de un error. El equilibrio ecológico no es una expresión genérica, del tipo del bienestar general. Es una expresión estrictamente técnica, referida a los ecosistemas en estado clímax, y, que por ende, han evolucionado sin  intervención humana. El Estado no puede garantizar el equilibrio ecológico, ya que ese equilibrio sólo es posible si se elimina la intervención humana sobre los ecosistemas. Para lograr el equilibrio ecológico, sería necesario arrancar los cultivos y demoler las ciudades. Lo que, obviamente, no es posible ni deseable.  

 

Al estar consagrando derechos ambientales estamos planteando que la legislación debe explicitar esos derechos y establecer los mecanismos necesarios para su ejercicio. ¿En qué derechos pensamos? El derecho a respirar aire puro, a beber agua limpia, a una alimentación química y bacteriológicamente pura; el derecho a circular y habitar en áreas libres de residuos, a un ambiente laboral sano, al uso y goce de espacios verdes y abiertos, a la preservación del silencio, a habitar en una ciudad no contaminada visualmente.   

 

La inclusión del deber de preservar un ambiente sano ha sido incorporado a la Constitución Nacional. También está en las constituciones del Perú (art. 123), España (art. 45), Córdoba (art. 38), Formosa (art. 38) Jujuy (art. 22), La Rioja (art. 66), Río Negro (art. 84), Salta (art. 78), etc. En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se dice "conservarlo y protegerlo", para señalar que las agresiones al ambiente son intencionales y que requieren de una defensa activa (art. 28).

 

          Esto apunta a que cada habitante proteja los propios derechos y los de las demás personas. El que la protección ambiental sea, al mismo tiempo, un derecho y un deber, lo ubica dentro de los derechos sociales. Además, la orden de que cesen las actividades que supongan un daño al ambiente es mucho más enérgica y hasta ahora aparece sólo en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

 

También la Constitución Nacional, afirma que "las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes no comprometerán las de las generaciones futuras". La obligación de reparar los daños se refiere implícitamente a personas, ecosistemas y patrimonio construído porque apunta a aspectos distintos: indemnizar a las personas afectadas y reparar los daños causados a los bienes materiales, tanto naturales como construídos.    

 

Al respecto, el texto de la Constitución Nacional es demasiado impreciso, ya que dice que: "el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley". Sobre esto, el Dr. Mario Valls señala "la falta de claridad del párrafo. Evidentemente quiere decir que si alguien daña el ambiente va a tener que arbitrar los medios para solucionar el lío que hizo. Parece que quiere decir eso. Pero no lo dice"[vi].

 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no remite a una ley que pueda relativizar esta obligación. Además, utiliza la palabra conlleva en vez de generará, lo que también le da un peso mayor. Este texto está tomado principalmente de la Constitución del Brasil (art. 225) El mismo principio está en la de España (art. 45) y en la del Paraguay (art. 8).  

 

Todo esto nos lleva a señalar que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se agrega la mayor garantía para la defensa de los intereses difusos, que es la afirmación de que: "El ambiente es patrimonio común". La mención del ambiente como patrimonio común no es tampoco de índole genérica, sino que es la base para crear un mecanismo de amparo amplio, que puede ser usado en cualquier circunstancia imaginable en que se violen los derechos consagrados por la Constitución.

 

De este modo, se trata de corregir uno de los muchos puntos débiles de la Constitución Nacional, que en este tema legitima para actuar solamente al particular afectado, al defensor del pueblo y a las entidades especialmente autorizadas para presentar amparos (art. 43 de la CN).   

 

Todos sabemos que decir "entidades autorizadas" equivale a decir entidades que hayan recibido un permiso del Poder Ejecutivo para hacerlo, y no siempre el otorgamiento de esos permisos es políticamente neutral. La Constitución Nacional deja la puerta abierta para que sólo sean autorizados los amigos del gobierno de turno. Por un temor al exceso de acciones de amparo se corre el riesgo de desamparar a los ciudadanos, cuando son perjudicados, pero no pueden reunir las pruebas de un perjuicio personal, directo.   

 

Ahora bien, en este artículo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se dice que cualquiera puede reclamar por cualquier cosa, sin necesidad de demostrar un perjuicio personal (art. 14). "Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo (...) contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o de particulares" (que afecten derechos consagrados constitucionalmente). "Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derecho o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor".

 

Esto significa un cambio profundo en nuestra forma de pensar el derecho, que tiene que ver con consagrar los intereses y los derechos colectivos o difusos. Se trata de legitimar a cualquier persona para que reclame en nombre del interés común, y no sólo en nombre de su interés particular.  La Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene una interpretación más amplia de la acción de amparo, ya que es claro que sus constituyentes no pensaron sólo en la protección de los derechos individuales.

 

Dice que esta garantía “podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares”... en los casos en que se lesione o amenace ... “el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos”[vii]. También se establece que se trata de una garantía operativa, es decir, que no necesita de ninguna reglamentación adicional para su aplicación. La experiencia sugiere que no son muchos los jueces dispuestos a aceptar amparos en defensa del interés social y que hace falta una defensa más enérgica de esta garantía constitucional para lograr su aplicación sin demasiadas trabas.

 

Tampoco hay mucho interés parlamentario en garantizar la defensa de estos derechos. Por ejemplo, en los proyectos de Ley sobre amparo se establece a menudo que el demandante tiene que depositar una suma de dinero (llamada contracautela) para resarcir por los eventiuales perjuicios que su acción de amparo pueda provocar. Esto no es regular el ejercicio de un derecho, sino simplemente prohibirlo, ya que se trata de sumas que no están al alcance de un particular.

 

Estos derechos no son nuevos, ni de reciente desarrollo, sino que la legislación reciente ha recuperado derechos antiguos. Los antecedentes, como en la mayor parte de estos temas, son muy lejanos y han sido frecuentemente olvidados. Nuestro Código Civil ha hecho desaparecer una gama muy amplia de formas de interés común, que existían desde la Antigüedad, y ha dejado solamente los intereses privados y los del Estado, como únicos reconocidos.

 

Pero antes de nuestro Código Civil existían formas de propiedad colectiva (es decir, de propiedad no estatal ni privada), sino que había bienes de propiedad común. Para defender esos bienes de propiedad común, cualquiera estaba habilitado, lo que equivale a un reconocimiento muy antiguo de los intereses difusos.

 

Veamos algunos ejemplos:

 

* El derecho romano diferencia los bienes del Estado de aquellos que no pueden ser apropiados, porque están afectados al servicio público. Son las "res communes". Pertenecen a todo el género humano. Sobre esto, Cicerón explica: "Vosotros no impediréis al río correr, porque es un bien común a todos, sin ser propiedad de nadie. Lo mismo sucede con el aire, porque no es aprehensible".

 

El rey Alfonso el Sabio, en sus Leyes para Castilla, expresa:

 

* "Los ríos, puertos y caminos públicos son comunes, aún a los que son de tierra extraña".

 

* "Fuentes, plazas, ferias, mercados, casas de Cabildo, ejidos, montes, dehesas, y todas las semejantes de cada pueblo, son comunes al morador en él, pobre o rico".  De los bienes comunes "no puede cada uno de por sí usar de ellas sino que se han de convertir en utilidad para todos".     

 

Es decir, que el reclamo en defensa de los bienes comunes es el antecesor de las herramientas para la protección de los intereses colectivos o difusos, que son los que se están incluyendo en esta acción de amparo. Los fallos de algunos jueces han ido creando antecedentes antes de que existieran normas que ampararan a los intereses colectivos.

 

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires existen avances jurisprudenciales significativos, que deberían tener un correlato legislativo más firme. Es decir, no deberían quedar sujetos a la buena voluntad de los jueces. Por ejemplo, la Cámara Federal de La Plata ha afirmado que: "El derecho al medio ambiente y al respeto de la belleza de los monumentos, el derecho a la salud y a la seguridad social, el derecho a no ser aplastado por un desarrollo urbanístico caótico, por una publicidad comercial mentirosa, por fraudes financieros, o por la discriminación racial o religiosa que desde ahora en adelante encuentran lugar en la legislación más avanzada, tienen carácter de difuso"[viii].     

 

Los especialistas en derecho ambiental y en la defensa de los consumidores han comenzado a reaccionar. Hasta hace poco, era imposible accionar en estas situaciones:

 

*  cuando se lesiona a toda la comunidad, o

* cuando el bien jurídico protegido es de difícil identificación económica, o

* cuando existe una indeterminada convergencia de intereses, o

* cuando los demandantes no pueden invocar derechos individuales propios.           

 

Aceptar y garantizar las acciones de amparo vinculadas con los intereses difusos es permitir que cualquier ciudadano defienda judicialmente el interés social sin necesidad de demostrar estar afectado en forma personal. Este derecho, dijimos ha sido incluido en forma muy incompleta en la Constitución Nacional (art.43). Pero ya estaba en las constituciones de Córdoba, Salta y Tierra del Fuego y en leyes especiales en Mendoza, Santa Fe y San Juan.   

 

Desde lo procesal tenemos que destacar la acción pionera de Alberto Kattan durante los años 80, quien se lanzó a defender pingüinos y delfines para obtener la legitimación procesal que permitiera la posterior defensa de los seres humanos amenazados. Este principio permitió que el autor de este trabajo lo acompañara en una demanda –la que comentamos más arriba- que llevó a prohibir en la Argentina el peligroso defoliante 2,4,5-T, usado en la guerra de Vietnam con el nombre de "agente naranja"[ix].

   

Consideramos que la inclusión de esta, a la vez nueva y antigua figura jurídica en los textos legales y en la realidad operativa permitirá accionar por la defensa de derechos de difícil cuantificación pecuniaria, bienes libres, no económicos pero que hacen a nuestra realidad social. Se trata de dar a los vecinos y a sus entidades la posibilidad de recurrir a los tribunales en defensa del interés social, sin otro impedimento que las obvias sanciones a quien litiga en forma temeraria.

 

Un poema campesino chino del siglo XIII advierte que si no lo hiciéramos: "Ellos nos sacarían el aire, propiedad común, y querrían sacarnos el sol, hasta el viento y la lluvia".

 

6. Audiencias Públicas:

 

        Se trata de una reunión en la cual los decisores políticos escuchan las opiniones, quejas y reclamos de los sectores involucrados en un proyecto antes de tomar una decisión sobre el mismo. Supone el carácter de una consulta pública oral y no vinculante. La defensa de esta herramienta ha sido asumida notoriamente por Daniel Sabsay y Pedro Tarak, quienes la consideran como una de las formas más eficaces de validación social de las decisiones tomadas por el sector público[x].

 

         Las objeciones formuladas contra esta herramienta tienen que ver tanto con una sobreestimación de sus alcances y posibilidades como con una subestimación de las mismas.  Desde el lado de la sobreestimación, las entidades empresarias han expresado temores a su implementación, ya que entendían que se corría el riesgo de someter a una asamblea popular los proyectos formulados por las empresas, con el consiguiente riesgo de desbordes y arbitrariedades. Esto se discutió en el marco del debate sobre los anteproyectos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental[xi] [xii].

 

 El que las audiencias públicas, por definición, no sean vinculantes, no aparecía como razón suficiente para aceptarlas. La actitud del sector empresario mantiene la necesidad de publicitar los actos de gobierno pero mantener en el mayor de los secretos las conductas realizadas por las empresas privadas. Esto no significa que la determinados sectores empresarios rechacen la realización de evaluaciones del impacto ambiental que sus proyectos generan, pero reclaman que se realicen en un marco de secreto.

 

Si bien el argumento utilizado es la protección del sigilo empresario, en función de las necesidades de confidencialidad y protección de la propiedad intelectual, es claro que se trata de una concepción más amplia, que considera que los actos del sector privado no deben ser discutidos en ámbitos públicos o  comunitarios.          

 

Del otro lado, se discuten estrategias para procurar que los decisores políticos tengan en cuenta lo planteado por los vecinos en las respectivas audiencias, de modo que el sistema no se  transforme en un simulacro de participación. En tal sentido, es indispensable que la normativa sobre audiencias públicas exija a la autoridad de aplicación de la norma, que dé respuesta técnica a cada una de las objeciones u observaciones formuladas en la Audiencia Pública. Sin este requisito, el acto administrativo carecerá de validez.

 

También debe normarse la accesibilidad de la información pública sobre el tema, tanto en su existencia y disponibilidad física, como en las posibilidades de los usuarios de descifrar sus aspectos técnicos. Podemos señalar que en 1998 la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para tratar la reformas propuestas al Código de Planeamiento Urbano. Los interesados tuvieron 3 días de tiempo para leer un diskette que contenía 700 páginas de información técnica de muy alta complejidad.

 

Es especialmente importante encontrar reaseguros que eviten distorsiones de esta índole. Si se desea reforzar la participación pública en los proyectos de desarrollo, es indispensable evitar que los interesados piensen que se encuentran ante un simulacro de participación.

 

Al mismo tiempo, las audiencias públicas han sido eficaces para contener algunas propuestas abusivas emanadas del poder político y económico. Por ejemplo, a principios de 2001, en la audiencia pública respectiva se produjo un muy amplio rechazo al proyecto de trasladar el Aeroparque a una isla artificial ubicada sobre el Río de la Plata. Se trata de un proyecto de muy alto impacto ambiental, insostenible desde lo técnico y lo económico. Precisamente, el rechazo de los participantes de la audiencia tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, lo que probablemente signifique el archivo del proyecto.

 

Se entiende, así, que muchos decisores políticos y económicos prefieran evitar las audiencias públicas y resolver los temas por otros medios.

 

(Continuará)

[i]  Sabsay, Daniel Alberto y Tarak, Pedro: "El acceso a la información pública, el ambiente y el desarrollo sustentable", Buenos Aires, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Manual No 3, 1997.

[ii]  Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 28.

[iii] . Véase especialmente: "Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires", régimen de sanciones al personal municipal.

[iv] Proyectos de los senadores nacionales Melgarejo y Genoud, del senador nacional Cafiero, y de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires Argüello y Béliz.

 [v] Marienhoff, M.:  Escrito en defensa de la posición de la Secretaría de Agricultura de la Nación en los autos: "Kattan y otros (Juan Schröder y Antonio Elio Brailovsky) c/Secretaría de Agricultura s/prohibición del agroquímico 2,4,5-T", Buenos Aires, 1984.

 [vi] Valls, Mario: "Medio ambiente en Constitución", en S.O.S. VIDA, Buenos Aires, agosto de 1994.

 [vii]  Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 20.

 [viii] Cámara Federal, La Plata, Sala 3º 8 de agosto de 1988.

 [ix]  Brailovsky, Antonio Elio: "El negocio de envenenar", Buenos Aires, Ed. Fraterna, 1986.

 [x] Sabsay, Daniel Alberto y Tarak, Pedro: "La participación vecinal y la gestión del medio ambiente: audiencias públicas – Gobierno local", Buenos Aires, Fundación  Ambiente y Recursos Naturales, 1995.

 [xi] Reuniones de la Comisión de Ecología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Unión Industrial de la Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 1998, que coordiné como Director General de esa Comisión.

 [xii] El mismo punto de vista fue expresado en varias notas dirigidas a la Comisión de Ecología, y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la discusión de dicho anteproyecto.


 
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