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Asunto: ¿Una sentencia que no quieren cumplir?
Fecha:Martes, 30 de Septiembre, 2003  14:14:02 (-0300)
Autor:Antonio Brailovsky <abrailovsky @..............ar>

 
 
Queridos amigos:
 
Como ustedes saben, estamos haciendo el seguimiento de los intentos por hacer cumplir la sentencia que obliga a la empresa Shell a efectuar la remediación de los suelos y napas contaminados por la estación de servicio de Lima e Independencia.
 
Tal vez sea un lugar común repetir la expresión de José Hernández, para quien la ley se hace para todos pero no rige para todos.
 
Acabamos de asistir a una audiencia convocada por el Juez de la causa, Dr. Miguel A. Prada Errecart. Sucede que hace cuatro años que hay sentencia firme que ordena a la empresa a efectuar esa remediación y las obras aún no han comenzado. No sólo no empezaron las obras sino que ni siquiera se inició el monitoreo de suelos para definir la forma y tamaño de la "pluma" de contaminación. Es decir, que todavía no se sabe cuánto hay que remediar, aunque, por supuesto, se sabe que es mucho.
 
La extensión de la zona contaminada:
 
En el mapa que acompañamos, ustedes pueden ver las distintas hipótesis sobre la magnitud de la zona contaminada. Al centro, tenemos la avenida 9 de Julio (que en en este mapa corre verticalmente). La avenida Independencia y la calle Estados Unidos aparecen en sentido horizontal, cortando la 9 de Julio. A la izquierda está indicada la estación de servicio en la que se originó la contaminación y en línea punteada hacia la derecha podemos ver las estaciones del subterráneo afectadas (Independencia línea C y línea E) y el resto de las instalaciones del subte (pasillos, túneles, etc.).
 
La lengua central es la zona que sabemos con certeza que está fuertemente contaminada y en la que la remediación es indispensable.
 
La lengua de mayor tamaño que la rodea es una de las hipotesis de zona contaminada, que habrá que confirmar con las tareas de monitoreo. Las cruces exteriores indican puntos extremos hasta los cuales podría llegar la contaminación en caso de cumplirse la hipótesis más pesimista.
 
Lo que resta es hacer perforaciones próximas entre sí y a una profundidad creciente para tomar muestras de suelo que permitan ver hasta dónde llegó la contaminación.
 
Un permiso que no llega y una técnica de remediación dudosa:
 
Sin embargo, lo que parece sencillo se complica hasta el infinito. El juez se encuentra con que sus intentos por hacer cumplir la sentencia se diluyen en una maraña burocrática. En noviembre del 2002 el juez ordena proseguir con los estudios de monitoreo. En septiembre del 2003 no se ha avanzado absolutamente nada, porque el Gobierno de la Ciudad no otorgó la autorización necesaria para hacer ese monitoreo. Como el monitoreo había sido calificado como "sin relevante efecto" en términos de su impacto ambiental, para autorizarlo bastaba con firmar un papel.
 
En esta entrega ustedes reciben la copia del acta de la audiencia, firmada por el juez Prada Errecart. De ese acta surge que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad no lograron explicar de un modo convincente por qué demoraron la iniciación de los estudios durante diez meses. Hizo falta que el juez los citara personalmente para que se comprometieran en su presencia a firmar el papel que viene retrasando los estudios.
 
Una interpretación posible es que esta demora sea una manera de presionar al juez para que modifique en la práctica una sentencia de Cámara que está firme desde 1999.
 
La sentencia ordena remediar los suelos contaminados mediante el procedimiento del cambio de tierra. Es decir, que hay que retirar toda la tierra contaminada, llevarla a tratar como residuo peligroso y reemplazarla por tierra limpia. Una estimación extraoficial habla de una cifra del orden de 7 mil camiones cargados con tierra que habría que retirar, tratar y reemplazar. Se trata, sin duda, de una obra cara, que debería ser afrontada por la empresa responsable de la contaminación. Pero eso hay que pensarlo antes de contaminar, no después de haber provocado un desastre ecológico.
 
Está claro que se trata de una obra cara, pero no de una obra imposible. Si se hicieron enormes movimientos de tierra para obras tales como las playas subterráneas construidas en la avenida 9 de Julio, eso significa que se pueden hacer movimientos semejantes para retirar la tierra contaminada.
 
La empresa prefiere utilizar otro procedimiento de remediación más económico (y en mi opinión, menos eficaz), que implica chupar el hidrocarburo mediante pozos, sin retirar la tierra contaminada. Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad defienden entusiastamente la posición de Shell y repiten en todo momento que hay que corregir el error de la sentencia al fijar ese método de remediación. Sin embargo, y más allá de la discrepancia técnica, nuestro ordenamiento jurídico no tiene mecanismos para cambiar una sentencia una vez que ya ha pasado por las sucesivas apelaciones. Lo que resta es cumplirla, aunque afecte a alguien económicamente poderoso.
 
¿Hay alguna relación entre esta propuesta de cambiar una sentencia que ya no puede cambiarse y los obstáculos burocráticos para avanzar con los estudios de monitoreo?
 
Hace un montón de años que el juez Miguel A. Prada Errecart tiene en sus manos el expediente de una estación de servicio que contaminó una enorme superficie en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y todavía no logró que Shell retirara un sólo centímetro cúbico de suelo contaminado.
 
¿Acaso las demoras burocráticas son un intento de desgastar al juez para cansarlo y obligarlo a aceptar una técnica de remediación diferente de la que ordena la sentencia?
 
Un gran abrazo a todos.
 
Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires    
  

 
 
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO c/ PROP.EST.DE SERV.SHELL C.LIMA ENTRE EEUU E INDEPEN.


Fs.3952.-
A la audiencia designada para el dia de la fecha, 23 de Septiembre de 2003, a las 10:00 hs., siendo las 10:30 hs. y llamadas que son las partes a viva voz, comparecen ante este Tribunal por la parte actora, el Dr. Anibal Jose Falbo (t.33; f. 816 CPACF) y el Dr. Carlos Roberto Laurito (t.10; f.632 CSJN); por Shell CAPSA, el Dr. Fabian Alejandro Braghieri t.76; f.77 CPACF); por Indelima SA, el Dr. Tomas Antonio Orobio (t 15,f 91 CSJN); por Deheza SA, el Dr. Aldo Tomas Blardone (t.49; f.24 CPACF) y Jorge Pedro Jurado (t.8; f.399 CPACF); el perito ingeniero Sr. Manuel Sigüenza (CI:1.815.392); el perito contador, Juan Carlos Jaite (LE 4.277.344); por Arcadis Geotecnica AG, el Sr. Alfredo Enrique Fonda (DNI:8.286.911) y Eduardo Oscar Capdevila (DNI:7.980.200) y la Dra. Graciela Mabel Oriz (t 27, f 9 CSJN); el perito de parte, Sr. Jorge Horacio Laborde (DNI:4.188.828); el perito de parte, Sr. Fernando Maximo Diaz (CI: 5.668.172); los Defensores del Pueblo, Sres. Antonio Elio Brailovsky (DNI:4.555.484) y Maria Teresa Mancini (DNI: 25.411.143); por la Procuracion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Dra. Cristina Navazo (t 27, f 989 CPACF); por Medio Ambiente y Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Sra. Marta Susana Balderiote de Segui (CI:8.780.909) y los Dres. Jorge Enrique De La Cruz (t 34, f 474 CPACF) y Maria Cristina Lopardo (t 24, f 142 CSJN). Por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud la Dra. Nora Graciela Modolo, acreditando con la copia de la designacion que en este acto se glosa a fs. 3941 y los Sres. Emilio Cesar Am (CI.4.392.580), Alberto Santos Capra (DNI:20.053.683) y el Dr. Carlos Bernardino Noguera (t 8, f 450 CPACF).
 
Abierto el acto S.Sa. expresa: He convocado a esta audiencia por lo preocupante que resulta la demora en la ejecucion de la sentencia dictada en autos, situacion ya advertida en la audiencia del 15 de noviembre de 2002 (fs. 3746/3747), ya que se ve demorado el saneamiento ambiental, que ha pasado a revestir el caracter de cosa juzgada "en el tramo que media entre la estacion de servicio que bajo los colores de Shell ubicada en la calle Lima 835/873 y la estacion Independencia de la Linea E ".
 
En virtud de las distintas opiniones tecnicas vertidas en dicha audiencia, por Resolucion del 20 de noviembre de 2002 se determino proseguir y completar el monitoreo en todas las fases que componen el proceso de contaminacion subterraneo de hidrocarburos, en la forma, condiciones, y supervision indicados en el punto III de ese pronunciamiento. A su vez se determino que Arcadis Geotecnica AG y las empresas que se contraten en el futuro para las proximas etapas de la obra, deberan efectuar -con intervencion del grupo pericial y representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- un cronograma de los trabajos a realizar, estableciendo los tiempos, modalidades y las etapas en que se efectuará la obra.
 
Hasta la fecha ese cronograma no se ha presentado, no solamente eso, sino que como lo expresara en el pronunciamiento del 27 de agosto de 2003 (fs. 3917/3918), que convoco el llamado a esta audiencia se ve demorada la continuidad de las tareas de monitoreo iniciadas el 25 de mayo de 2002 ( ver acta fs. 3417/3418) por el Tramite administrativo de autorizacion por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Expte. No 35.238/01, en el que ya el 15 de abril de 2002 como autoridad de contralor habia categorizado a las obras correspondientes a la primera etapa de monitoreo con IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO.
 
De las constancias obrantes en estas actuaciones surge que hubo solicitudes para el reinicio del monitoreo por parte de Shell Capsa el 3 de julio de 2003 (fs. 3971/3972) y el 5 de agosto de 2003 (fs. 4000) e intimacion de este Juzgado del 16 de julio de 2003 (fs. 3999), lo que merecio la contestacion de la Directora General de Politica y Evaluacion Ambiental del Gobierno de la Ciudad del 17 de julio de 2003 en el sentido de que el requerimiento fue girado a la Procuracion General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Dicha contestacion no da respuesta alguna a la intimacion formulada por este Juzgado y hasta la fecha no se ha comunicado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya otorgado la autorizacion administrativa correspondiente.
 
Es por ello que los convoqué a esta audiencia:
 
1o) Para que en la medida de lo posible se fije fecha de reanudacion de las tareas de monitoreo y el cronograma de las futuras etapas conforme lo establecido en el punto 2 de la Resolucion del 20 de noviembre de 2002 (fs. 3748/3749), dado la incidencia colectiva que podria traer aparejado la demora en el saneamiento ambiental de la zona indicada a la luz de lo establecido en la Ley 25.675.
 
En este estado toma la palabra por el Medio Ambiente y Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes brindan las explicaciones pertinentes, y quienes informan que se encuentra autorizada la etapa de monitoreo acreditando dicha circunstancia con la copia que se glosa a fs. 3942.
 
En este estado el ingeniero Fonda de Arcadis Geotecnica AG teniendo la autorización presenta el cronograma de actividades a desarrollar, glosandose el mismo a fs. 3943. En este estado la Direccion General de Medio Ambiente acompaña el tramite otorgado al oficio del 29 de agosto, glosandose el mismo a fs. 3944/3951.
 
2o) Teniendo en cuenta las presentaciones del Sr. perito contador se intima a la demandada a que facilite toda la documentacion tendiente a determinar un costeo completo, incluyendo en los costos de la obra la totalidad de las sumas producidas y a producir; dado que ello reviste importancia fundamental para que -conforme a lo resuelto por la Excma. Camara- oportunamente se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes. Acto seguido el letrado apodrado de Shell y el Dr. Jurado, manifiestan que ponen totalmente a disposicion en forma abierta lo atinente a la facturacion y pago de la obra. El contador Jaite manifiesta que se pondra en contacto con ellos para fijar una proxima reunion. Con lo que se dio por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de los comparecientes, firmando de conformidad después de S.Sa. y por ante mi de lo que doy fe.-

Firma: DR. MIGUEL A. PRADA ERRECART
Fecha Firma:24/09/2003

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