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El Dock Sud enferm Antonio
¿Se puede tomar el Antonio
El inverosímil cor Antonio
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Uno: Cinco años co Antonio
Uno: Cinco años co Antonio
Dos: Cinco años co Antonio
Tres: Cinco años c Antonio
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Defensoría Ecológica
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Asunto: Tres: Cinco años como Tribuno de la Plebe
Fecha:Miercoles, 8 de Octubre, 2003  16:02:34 (-0300)
Autor:Antonio Brailovsky <abrailovsky @..............ar>

 
 
Queridos amigos:

En esta entrega, ustedes reciben la Tercera Parte de mi informe de gestión, en el que rindo cuentas al pueblo de mi tarea como Defensor Adjunto.
 
Un gran abrazo a todos.
 
Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires    
 
 
 
Gustave Doré (francés, 1833-1883): Ilustración para Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. (Encuentro con la princesa Micomicona)

Rendición de cuentas al pueblo
 
Por Antonio Elio Brailovsky (Tercera parte)
 
Un planeamiento urbano al servicio de la Ciudad y no del interés inmobiliario:
 
Destacamos nuestro rechazo a un planeamiento urbano pensado en función del negocio inmobiliario. Advertimos sobre los riesgos de una reforma al Código de Planeamiento Urbano que facilitaba esos negocios y que la mayoría de la Legislatura votó sin haberlo leído ni comprender sus implicancias.
 
Destacamos las fallas del proyecto de creación de la Corporación del Sur, las que en su momento no fueron atendidas y que llevaron a la esterilización de ese organismo.
 
Apoyamos a los vecinos del Barrio Parque Saavedra en sus esfuerzos por evitar la construcción de edificios altos en un barrio diseñado en una escala más humana.
 
Denunciamos los intentos de autorizar la construcción de un barrio cerrado en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, contrariando el modelo de ciudad vigente desde los tiempos de Juan de Garay, en el que todas sus calles son públicas (Proyecto Santa María del Plata). Finalmente, el Gobierno exigió a la empresa un proyecto diferente del de barrio cerrado.
 
Reclamamos la zonificación explícita de las áreas inundables en el Código de Planeamiento Urbano y en la Ley de Evaluación Ambiental.
 
Defensa de los espacios verdes:
 
Hemos actuado en constante defensa de la Reserva Ecológica Costanera Sur, continuamente amenazada por quienes quieren librar sus terrenos al negocio inmobiliario. Dimos a publicidad los nombres y los teléfonos de los jueces que no actuaron a lo largo de 300 incendios intencionales. Así logramos que decenas de ciudadanos los llamaran para pedirles explicaciones y que se realizara, en el incendio Nº 301, la primer investigación judicial sobre esos atentados al patrimonio público.
 
Iniciamos un Programa de Fortalecimiento Institucional para la Reserva Ecológica para aumentar su integración con la Ciudad y reforzar los usos sustentables de ese ecosistema.
 
Ayudamos a la creación de la Plaza Giordano Bruno, acompañando la gestión de los vecinos que comenzaron a parquizar ese terreno abandonado por el ferrocarril. Señalamos a las autoridades los terrenos que el ENABIEF ponía en venta y podían ser utilizados para espacios verdes por parte de la Ciudad.
 
Reclamamos por los daños al arbolado público y la falta de criterios racionales en su mantenimiento, como también por el uso innecesario de especies exóticas, que sólo beneficia a los contratistas.
 
La preservación de la identidad colectiva.
 
Hemos cuidado la preservación de nuestro patrimonio cultural, entendido como la manifestación de la memoria y la identidad ciudadanas. Además de las propuestas de normativa, hemos actuado ante agresiones a bienes patrimoniales, tales como los edificios del Banco Español del Río de la Plata, el Hostal del Lago o el Colegio San José.
 
Actuamos también en defensa del diseño paisajístico de nuestros parques, profundamente alterado por operaciones irresponsables.
 
El diseño de nuevos instrumentos de participación ciudadana y la consolidación de los existentes.

Con demasiada frecuencia se piensa a las Defensorías del Pueblo como organismos cuya función sea contener los reclamos de los ciudadanos. En nuestro caso procuramos acompañar la participación ciudadana, no reemplazarla. Estuvimos en todas las audiencias públicas en las que había motivos para exponer una posición. En varias oportunidades nos reunimos con las entidades vecinales para ayudar a organizarlos y entrenarlos para que expusieran sus puntos de vista en las mismas.

Además, consideramos necesario diseñar nuevas herramientas de participación ciudadana y comprobar su funcionamiento en la práctica.

1. El derecho a la información pública. Son pocas las personas que saben que, por mandato constitucional, en la Ciudad de Buenos Aires no existe la información secreta o reservada. También, son pocos los funcionarios que lo recuerdan. En estos años utilizamos la capacidad de la Defensoría de requerir información para poder dar a los vecinos respuestas sobre aquellos temas que los inquietaban.

En un caso, sin embargo, reclamamos que la información fuese suministrada directamente a la sociedad. Después de una gran tormenta (que inundó parte de la Ciudad, arrasó 600 árboles y provocó varias víctimas) exigimos la más amplia publicidad de cada alerta meteorológico, con claras instrucciones sobre cómo actuar en esa situación. Nos encontramos con funcionarios que preferían tratar esa información como un "secreto estratégico" para no alarmar a la población.

Dimos la polémica en forma pública y los periodistas no entendían por qué se ocultaba un dato que podía contribuir a salvar vidas. El resultado ustedes lo conocen: es la información masiva y precisa de cada uno de estos eventos con la mayor antelación posible. Tal vez sea una coincidencia, pero la cantidad de víctimas se ha reducido notablemente.

2. Nuestra presencia en las Audiencias Públicas. Hemos participado en casi todas las Audiencias Públicas celebradas sobre temas urbanísticos y ambientales en estos años. Algunos de los temas tratados fueron:

  • Contrato de recolección de residuos domiciliarios. Advertimos que se consideraba como "falta leve" el cometer el delito de llevar al CEAMSE residuos industriales o patogénicos. Insistimos en que las normas sobre cartoneros debían evitar el trabajo de niños revolviendo basura.
  • Ciudad Judicial. Destacamos los riesgos de vaciamiento urbanístico de la actual zona de Tribunales, si no se le definía un proyecto definido.
  • Playas de estacionamiento subterráneas. Señalamos la irracionalidad de llevar más autos al centro cuando precisamente hay que hacer todo lo contrario. Advertimos que el proyecto no tenía en cuenta el ascenso de las napas subterráneas.
  • Código de Planeamiento Urbano. Nos opusimos a los aspectos que favorecían el negocio inmobiliario sobre el bienestar de la población.
  • Declaración patrimonial de edificios ferroviarios de Liniers. Adherimos a la iniciativa.
  • Planta de pesiduos patogénicos de Lugano. Destacamos la falta de un planeamiento de conjunto del tema residuos hospitalarios.
  • Ampliación de la red de subterráneos. Pedimos que se tuviera en cuenta en el diseño los graves problemas de ruido existentes en las estaciones recientemente construídas y que se los evitara.
  • Contrato de concesión de subterráneos. Cuestionamos la renovación del contrato a una empresa que no estaba dispuesta a corregir las condiciones de insalubridad del servicio.
  • Venta de parte del Parque Pereyra Iraola por parte del CEAMSE. Destacamos su carácter de Reserva Ecológica y pedimos la intervención de la Ciudad, en su carácter de copropietaria del CEAMSE.
  • Impacto ambiental del proyecto Santa María del Plata. Advertimos sobre la gravedad de autorizar un barrio cerrado en el interior de la Ciudad.
  • Traslado del Aeroparque a una isla artificial en el Río de la Plata. Señalamos sus gravísimos riesgos ambientales. Su único antecedente (el de Japón) está hundiéndose. Además, un obstáculo de esa magnitud puede acelerar un proceso de sedimentación que tapone los canales de navegación y las salidas de cloacas y arroyos entubados.

3. Proyectos de Ley por iniciativa popular. Acompañamos diversos proyectos de Ley impulsados por iniciativa popular, ya que creemos que si bien la función de la legislatura es producir leyes, no debe tener el monopolio de esa función.

  • Declaración como Urbanización Parque (UP) a los terrenos sobrantes del ferrocarril (Fundación Ciudad).
  • Creación de un parque temático de especies autóctonas (Amigos de Irala y Adyacencias).
  • Entrega al Gobierno de la Ciudad de los terrenos que ceda el Gobierno Nacional, sin que sean transferidos a la Corporación Antiguo Puerto Madero para su venta (Cordinadora en Defensa de las Tierras Públicas).

4. Planes de manejo de espacios verdes. Impulsamos la idea de planes de manejo con participaciòn vecinal en todos los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la base del modelo vigente en Parque Avellaneda.

Porque todas las instituciones están en crisis y nadie confía en las autoridades, hay que crear nuevos espacios en los que las personas comunes intervengan en la toma de decisiones. La participación ciudadana es exactamente eso: la intervención de los ciudadanos comunes en los procesos decisorios.

La idea es comenzar por los espacios verdes. Pero una vez que los vecinos han discutido sobre el espacio verde, van a querer mirar la licitación de la basura, la de los subtes, la forma de administración de los hospitales, etc. Es un proyecto de ley que está en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde 1998, dando vueltas sin aprobarse. En este momento, se necesita:

  • Que las respectivas comisiones lo dictaminen favorablemente.
  • Que la Legislatura lo trate y apruebe.
  • Que el Jefe de Gobierno lo promulgue y no lo vete.
  • Que si hay que reglamentarlo, lo reglamente antes del siglo próximo.
  • Que lo aplique, es decir, que se formen comisiones vecinales en todos los parques para discutir cómo mejorar esos espacios verdes.

4. La redacción colectiva de un proyecto de Ley. Un aspecto que siempre se consideró como difícil y casi impracticable es la redacción colectiva de un texto complejo. Con demasiada frecuencia escuchamos que es imposible redactar un texto entre dos o tres personas. Esta concepción reduce la participación colectiva al modelo binario del referendum. Es decir, que ante una propuesta determinada, no sería posible ir más allá de votar por sí o por no.

Nos propusimos demostrar que es posible tratar colectivamente temas complejos con la intervención de centenares de personas. Se trata, simplemente, de diseñar un mecanismo de participación ciudadana que lo haga posible.

A comienzos de 1999 nos planteamos la idea de producir un proyecto para una Ley ambiental y experimentar un mecanismo participativo, con todos los actores sociales posibles, para la construcción colectiva de ese proyecto. Tomamos el tema de un proyecto de Ley Marco para la Preservación del Patrimonio Natural y Cultural.

Los pasos que seguimos fueron los siguientes:

  •      Primero recopilamos todos los antecedentes legislativos y documentos internacionales útiles y armamos cuadros comparativos, para que, ante cualquier aspecto del tema, la gente pudiera saber al instante de qué modo lo tratan distintas normativas del país y del exterior. El objeto era que se atrevieran a pensar en términos de una Ley moderna y no en retoques a nuestras normas arcaicas. En particular, que le fueran perdiendo el miedo a tratar conjuntamente el patrimonio natural y el cultural, tal como la UNESCO viene pidiendo desde hace un cuarto de siglo y los intereses creados tratan de evitar.
  •     Convocamos varias reuniones previas con los profesionales interesados en el tema, para ir consensuando con ellos el índice del proyecto: ¿De qué tiene que hablar la Ley? ¿Qué temas tiene que tocar?
  •          Después realizamos un Seminario-Taller en la Legislatura. Invitamos públicamente a que participara todo aquél que tuviera interés en hacerlo, sin ningún tipo de condicionamientos. Pusimos un especial énfasis en promover el diálogo y asegurar la participación de sectores profesionales que tenían serias discrepancias entre sí, o, aún más, que estaban enfrentados. Contamos con la presencia de los principales especialistas de la Ciudad y del país en temas de patrimonio natural y cultural.
  •           Allí dividimos a la gente en comisiones y a cada comisión le hicimos una pregunta específica, que apuntaba a que ellos desarrollaran el mismo índice del proyecto que previamente habíamos consensuado: ¿Qué tiene que decir la Ley en dominio y jurisdicción? ¿Cómo organizar la autoridad de aplicación en un tema eminentemente interjurisdiccional y transdisciplinario? ¿Cómo tiene que tratar el tema del financiamiento? ¿Y el de las sanciones? ¿Cómo tiene que definir las relaciones con el Gobierno Nacional? ¿Y las categorías de manejo? ¿Qué hacer con algunos temas específicos, como los bienes patrimoniales de los cultos religiosos?
  •          A ese Seminario-Taller no llevamos un texto para imponer, sino que nuestra propuesta era la construcción participativa. En cada comisión pusimos un coordinador temático y un mediador profesional, para contribuir a la resolución de conflictos. La propuesta fue suficientemente convocante como para que todos  ellos trabajaran ad honorem.
  •          Cada comisión redactó sus propias conclusiones y el segundo día consensuamos un documento base en plenario, para asegurar la coherencia del proyecto en su conjunto.
  •          Sobre la base de ese documento, nosotros redactamos un anteproyecto de Ley, se lo enviamos por e-mail, volvimos a juntar a toda la gente otra vez en la Legislatura y les preguntamos: ¿Este anteproyecto refleja el consenso de la gente que está trabajando en el tema? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué le falta o qué le sobra?
  •          De este modo terminamos de consensuar el texto, que de anteproyecto pasó a ser proyecto, al incorporarle las modificaciones propuestas en esa última reunión y enviarlo a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El balance de la experiencia es:

  •           Recibieron la información completa (por e-mail o por diskeete), con todos los antecedentes necesarios para participar, más de 2.000 personas e instituciones. 
  •           Trabajaron en forma directa 265 personas, de diversos orígenes profesionales y políticos.
  •           Demostramos que es posible trabajar participativamente en esa escala y con esa cantidad de gente, aún en un tema muy técnico como éste, y en el cual existían posiciones antagónicas diversas.
  •           Pudimos consensuar un texto del que todos se sienten autores.
  •           La calidad técnica del proyecto es enormemente superior de la que hubiera salido con uno o unos pocos autores.
  •      La originalidad del procedimiento mereció que fuera tratado en varios congresos internacionales y mostrado como ejemplo.
(Continuará)

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