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Asunto: Dos - ¿Existe el derecho a la protesta violenta?
Fecha:Miercoles, 21 de Julio, 2004  01:21:23 (-0300)
Autor:Brailovsky <brailovsky @...........ar>

 
Queridos amigos:
 
El envío de la primera parte del trabajo sobre piquetes y reclamos sociales generó una intensa polémica sobre las implicancias de la protesta violenta. En líneas generales, hubo una apreciable mayoría de personas que consideraron que la falta de respuestas ante las urgencias sociales justifica ampliamente la protesta violenta. La impunidad de los responsables del atentado a la AMIA, los sobornos en el Senado o el desastre económico de la Argentina fueron los principales argumentos para hablar de la incapacidad del sistema institucional para hacer frente a la injusticia y la necesidad de buscar otros caminos.
 
Nos queda, sin embargo, una siguiente línea de reflexión, que va más allá de aceptar la protesta violenta en términos éticos. El problema son los riesgos de que quienes sufren la injusticia terminen siendo víctimas también de la violencia.
 
La presencia de provocadores en las últimas protestas ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es una advertencia y vale la pena tenerla en cuenta. Si el reclamo social se hace de un modo tal que facilita esas provocaciones, vamos en camino de tener que lamentar víctimas.
 
Algunas de las reformas propuestas al Código son cuestionables, como la que sanciona las protestas sociales. Otras son menos cuestionables, en especial las que ponen restricciones al ejercicio de la prostitución. Insisto en que además de los derechos laborales de las trabajadoras meretrices, está el infame negocio de la prostitución infantil, del que las autoridades tienen que ocuparse y meter presos a unos cuantos. ¿A quién respondían los travestis que todos vimos por televisión rompiendo las señales de los colectivos? ¿A dirigentes políticos de algún sector o a los traficantes de niños?
 
Los agresores que se movían con handys y que festejaron juntos en un bar de las inmediaciones son una realidad y podrían volver a aparecer con frecuencia. El tema en debate es cuál ha de ser la respuesta de las autoridades y de las propias organizaciones que reclaman ante esta escalada de violencia.
 
La historia de los conflictos sociales muestra con demasiada frecuencia protestas violentas que terminan trágicamente, con independencia de los motivos valederos de quienes hacían los reclamos. Creo que la principal función de quien conduce una organización es cuidar a su gente.  ¿No vamos a aprender de la historia? ¿Necesitamos repetirla?
 
La responsabilidad nuestra como ciudadanos no es solamente denunciarlo después que haya pasado, sino también tratar de evitarlo. Si el reclamo no es violento, disminuyen las probabilidades de una represión disfrazada de enfrentamiento.
 
En esta entrega ustedes reciben la segunda y última parte de un estudio de la abogada Verónica Celia Alfonso, de la Universidad de Belgrano, sobre las nuevas formas de protesta social. Como ustedes verán, pone el acento en la conducta que deberían tener las autoridades. Nos queda la discusión sobre la conducta deseable por parte de las organizaciones sociales.
 
Insisto en que podemos coincidir o discrepar con los puntos de vista que expresa, pero creo que nos merecemos un debate profundo sobre este tema.
 
Un gran abrazo a todos.
 
Antonio Elio Brailovsky
 
Hay provocadores que aprovechan la protesta violenta para cometer delitos.
(Eugène Delacroix: "Piratas africanos raptando a una muchacha", París, Museo del Louvre, 1852)
 
 

 
 “ El Piquete como Nueva Forma de Protesta Social ”
(Última parte)

 Por Verónica Celia Alfonso        

V- ANÁLISIS NORMATIVO

Consideramos necesario hacer un breve análisis de nuestra legislación, comenzando por la  Constitución Nacional.

A) EL DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES Y EL DERECHO DE LIBRE CIRCULACIÓN.

El Artículo 14 de la Constitución Nacional establece: ¨ Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer,  transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;  de usar y disponer de su propiedad;  de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender ¨.

Esta disposición constituye uno de los pilares de nuestro orden institucional ya que en ella se consagra en forma expresa un catálogo de  derechos civiles esenciales que junto a otros, en la medida que se cristalicen en una realidad práctica, permiten la vigencia de una democracia efectiva y de un verdadero Estado de Derecho. Sin el respeto de esas libertades fundamentales y de las que derivan de ellas no existe la posibilidad de organizar un Estado democrático, aunque se cumpla formalmente con las prescripciones de la parte orgánica.

La norma consagra el Principio de Legalidad en virtud del cual los derechos se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Se habilita así al Congreso a regular la forma en que los habitantes deben ejercer las facultades reconocidas y esta regulación tiene como finalidad permitir la armonización del ejercicio de los derechos para todos los integrantes de la comunidad. Dada la complejidad de derechos reconocidos y la diversidad de los sujetos que resultan ser sus titulares, la regulación legal pretende que en la vida social las normas puedan solucionar los conflictos emergentes.

Es importante tener en cuenta que ningún derecho es absoluto. El  carácter relativo surge de las leyes que reglamentan su ejercicio (Art 28 de la Constitución Nacional) y de las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Al respecto la Declaración de los derechos del Hombre de 1789 expresa ¨ La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos… ¨. Asimismo, la Declaración Universal de derecho Humanos de 1948 en su artículo 29 establece ¨ En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática ¨.

Quienes sostienen que el piquete no es un abuso de derecho consideran que este tipo de protesta callejera  implica el ejercicio por parte de los manifestantes del derecho de libertad de expresión, donde quienes lo ejercen mediante la reunión y petición pacífica, ponen de manifiesto un estado de necesidad extremo, teniendo como horizonte de proyección la obtención de mejores condiciones de vida. Consideran de esa manera que los cortes de rutas y accesos a los centros urbanos son la única forma de llamar la atención de un Estado ¨ incapacitado  ¨  de cumplir sus roles.

Según esta posición los piqueteros que ocupan espacios públicos están ejerciendo legalmente sus derechos políticos amparados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, ya que tanto el derecho de reunión como el de peticionar a las autoridades son parte de la soberanía reservada no delegada a ningún poder. Otro de los aspectos que se esgrime a favor de esta postura es el hecho de que los piqueteros reclaman derechos humanos esenciales como el derecho a no vivir en la miseria material del hambre y la enfermedad, es decir el derecho al trabajo, a ganarse su sustento y a una vida sana.

También sostienen los defensores de la protesta piquetera que el derecho de protestar es inescindible del derecho a condiciones de vida dignas, resultando el piquete una forma de expresión del descontento social y de la facultad de peticionar ante las autoridades por la plena vigencia de sus derechos fundamentales.    Al respecto, sostiene Isabel Rauber,  que ¨ los cortes y las marchas las hacen los piqueteros para reclamar ante el Gobierno, y de igual modo denunciar ante la sociedad y reclamar por su situación de exclusión del derecho a la vida, para romper el aniquilamiento silencioso de millones de seres humanos, para ser escuchados y sobre esa base despertar la solidaridad de otras clases y sectores sociales”[1]

Por último, los partidarios de esta postura si bien reconocen el derecho de circulación de los terceros, el derecho a su dignidad humana estaría por encima de ello. En general se trata de reclamos de trabajadores, desocupados o jubilados que reivindican el pago de  haberes atrasados o el cumplimiento de promesas de otorgamiento de ¨ planes trabajar ¨ o la defensa de la fuente laboral o la entrega de alimentos a gente sin recursos[2] .

Para las personas que no participan en el piquete los cortes de ruta constituyen acciones ilegales o ilegitimas  porque el derecho de transitar por las calles y rutas también es un derecho no delegado que tienen todos los ciudadanos Al presentarse una manifestación piquetera la persona que no participe en ella corre riesgos de no  poder ingresar a su trabajo, o llegar tarde, a perder un porcentaje de su sueldo, salario o jornal, a que no le alcance su sueldo, salario o jornal para cubrir sus necesidades básicas y para pagar sus impuestos .

Por lo tanto sostiene esta posición, que la actitud de los piqueteros que reclaman entre otras cosas fuentes de  trabajo, alimentos, tierras, viviendas o materiales para vivienda, etc., afecta a otros trabajadores como taxistas, camioneros, comerciantes, trabajadores con o sin relacion de dependencia ,  profesionales, etc, quienes no pueden realizar regularmente sus actividades, con todas las trabas, dificultades y pérdidas de tiempo que el piquete les ocasiona Estas pérdidas de tiempo se traducen obviamente en daños y perjuicios, a veces de dimensiones importantes como en el caso de transporte de bienes perecederos o bloqueo de rutas a lugares turísticos o absoluta imposibilidad de tránsito en zonas comerciales y bancarias o demoras de ambulancias y vehículos de bomberos para llegar a sus destinos de urgencia. El accionar de los piqueteros  ha generado gran descontento y disconformidad entre los ciudadanos y en las encuestas de opinión. La mayoria de los ciudadanos, en porcentajes que van del ochenta al noventa por ciento, no comparte esta modalidad de protesta aunque estén de acuerdo con el contenido del reclamo.

Para el constitucionalista Daniel Sabsay[3] ¨ en un corte de ruta se colisiona el derecho de libre circulación y tránsito pero además, en caso de que la obstrucción entorpezca el paso de un camión de bomberos o una ambulancia, se estaría colisionando el derecho a la vida, que está por encima de todos los demás ¨. Con respecto a la situación económica de los manifestantes, el constitucionalista expresa: “Entiendo que hay un estado serio de necesidad pero esto no puede ser motivo para el desborde social, porque si no la situación empeora”. Para Sabsay  la obstrucción de los caminos “como todo acto que se oponga al orden jurídico, da lugar a la represión, lógicamente dentro del marco legal”. Pero más allá del debate estrictamente jurídico, Sabsay estima que la disolución de los piquetes “no cambia nada” porque lo que se necesita es “ir a las causas del problema y no a los efectos y para eso hay que establecer políticas de empleo o plantear un seguro de desempleo”.

En el libro “La Constitución Vulnerable” de Raúl Ferreyra con prólogo de Eugenio Zaffaroni se afirma:”Se asume como presupuesto que la protesta consiste en la interrupción del tránsito normal de una vía de comunicación, pero teniendo como eje ... la obtención de mejores condiciones de vida. En este caso, el derecho fundamental de libertad de expresión sería el soporte normativo de la petición, aunque es habitual que existan otros derechos constitucionales que darían anclaje al reclamo, como por ejemplo el derecho a la vida y a la integridad física, ... el Principio de Legalidad en materia penal (art. 18 C.N.) y el derecho de reunión (... arts. 14 C.N. y 15 C.A.D.H – Convención Americana de los Derechos del Hombre). Del otro lado se encuentran los derechos fundamentales de los habitantes que no participan del evento y son perjudicados, eventualmente y en alguna forma, por su realización  y la potestad del Estado de mantener el orden”. Ferreyra sostiene que los derechos de los que protestan son jerárquicamente superiores al derecho del Estado de imponer sanciones por hacerlo y que la libertad individual precede al derecho de protección del Estado. En cambio sostiene que a piqueteros y a la mayoría que no participa en la protesta pero quieren utilizar la vía  de tránsito, el orden constitucional les confiere derechos en forma coetánea e igual. Y cuando quiere resolver este problema recurre a la expresión que compartimos que “ los nudos se deshacen con la inteligencia y se destrozan con el sable”, pero  concluye que la única opción racional para analizar esta forma de queja social es la tolerancia. Y concluye Ferreyra: “Al fin y al cabo, ¿la protesta no es originada por las desigualdades implícitas y explicitas existentes en la sociedad?”.Por nuestra parte entendemos que el autor hace un esfuerzo importante por desatar el nudo gordiano pero solo acierta a hacerlo con consideraciones extra-normativas y ninguna respuesta dá al dilema que él mismo se planteó: al hablar de la existencia de colisión de derechos fundamentales como también parece la trampa intelectual de la que no escapó Sabsay, A quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes, asegurar los derechos de los ciudadanos o cumplir con los deberes de funcionarios públicos, seguramente les interesara conocer los aportes que se puedan hacer desde el pensamiento crítico y desde el análisis reflexivo en el campo normativo, dejando los aspectos históricos, sociológicos, axiológicos, teleológicos para los debates que conduzcan a la redacción de normas que mejoren, modifiquen o deroguen el orden normativo existente. Consideramos que el orden jurídico es integral y que los jueces no deben resolver cuál es el  derecho fundamental que deben privilegiar o si el Estado debe resignar  el poder delegado por los ciudadanos a partir  del  Contrato Social que podemos configurar en la Constitución  Nacional, las leyes, los Tratados Internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o las Constituciones Provinciales.

Nos preguntamos ¿a qué tolerancia se refiere el autor? ¿Es acaso la tolerancia de los ciudadanos que no participan de los cortes o hechos ilícitos? ¿Es tal vez la apelación a poderes del Estado tolerantes con la violencia o con su pasiva contemplación de la violación del orden normativo? Creemos en conclusión que no se ha analizado debidamente la responsabilidad de  los funcionarios que incumplen sus deberes y que por hacerlo son pasibles de responsabilidades penales y que no se ha comprendido la dimensión de la responsabilidad del Estado por todos los daños y perjuicios que puede traer aparejada la omisión o la pasividad en la defensa del derecho y de los derechos de quienes no participan del corte u obstrucción.

Por supuesto que estamos convencidos que los funcionarios que deben intervenir en estos hechos deben estar capacitados, instruidos en el derecho y dotados de la virtud de la prudencia con todos los requisitos que ésta exige: criterio de oportunidad, de razonabilidad, de templanza, de equilibrio, de conveniencia y de respeto por la vida y la integridad física de absolutamente todos los ciudadanos y funcionarios o empleados del Estado que tengan que participar con motivo de sus responsabilidades legales. En diciembre de 2001 ocurrieron muertes y lesiones que precipitaron la renuncia de un ex – Presidente de la Nación y creemos que estos hechos ocurrieron porque estuvieron ausentes las anteriores consideraciones.

B) LA DEMOCRACIA Y EL SISTEMA REPRESENTATIVO REPUBLICANO Y FEDERAL:

El artículo 1 de la Constitución Nacional establece: ¨ La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución ¨.

Nuestro texto constitucional determina como forma de Estado argentino el federalismo, en relacion a su elemento territorial,  que divide el poder estatal en unidades autónomas. Respecto de su elemento humano adopta la forma de estado democrática ya que el titular de la soberanía es el pueblo y los gobernantes ejercen sus funciones en su representación conforme se regula en el artículo 22.

Este último artículo establece: ¨ El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición ¨

La primera parte de esta disposición ratifica la forma de gobierno representativa consagrada en el artículo 1. Se instaura así, por el juego de ambas disposiciones, un sistema de democracia indirecta (salvo las formas de participación popular contenidas en los articulos 39 y 40: iniciativa popular de leyes y consulta popular sobre un proyecto de ley).

La modalidad de protesta ejercida por los grupos denominados ¨ piqueteros ¨ ¿ es una forma de expresión democrática o atenta contra el sistema representativo adoptado en nuestro país?

Los partidarios del piquete sostienen que ¨ el corte de ruta implica un esfuerzo por hacer prevalecer la voluntad colectiva de la clase obrera y de los explotados sobre la burguesía, cuya explotación social asume la forma de derechos individuales violentados por el piquete. El piquete constituye un instrumento de educación política para la masa porque desnuda la ficción de la democracia como el reino abstracto de los derechos y garantías de ciudadanos iguales ante la ley: el régimen político y el orden jurídico garantizan efectivamente el derecho del capitalista a explotar a los trabajadores y despedirlos cuando les viene la gana, pero no garantizan el derecho al trabajo a millones de desocupados; solo el piquete, es decir, la acción coactiva y colectiva de los explotados, puede garantizar ese derecho en la práctica ¨ [4].

Asimismo se ha dicho que ¨ el piquete es la mejor expresión actual de la democracia. Es quizá el único espacio social y político en el que se practica la democracia directa y participativa en la Argentina de hoy. Es por lo tanto un propuesta hecha al resto de la sociedad para crear el poder necesario para que las mayorías populares vuelvan a conducir la Argentina y a instalar en ella un modelo económico social capaz de relanzar al país en la senda de un desarrollo autónomo que genere trabajo, garantía de vivienda, educación y salud para todos[5] ¨.

A pesar de las distintas opiniones, lo cierto es que los piquetes emergen y se instalan en el espacio público como una forma de interpelar al gobierno en sus distintos niveles (municipal, provincial y nacional), de manera directa y sin mediación de órganos institucionales, desconociendo los canales formales y los mecanismos de representación característicos del juego democrático (piquetes, movilizaciones, cacerolazos, asambleas barriales). Estas acciones son formas de actuación ciudadana no institucionalizadas que muchas veces no utilizan estructuras formales. En la medida que el piquete se desenvuelva dentro de carriles pacíficos y normales, es decir que los piqueteros no recurran a vías de hecho, a la violencia o al desbaratamiento de los derechos de los demás ciudadanos, estamos en presencia de una expresión de sectores de ciudadanos que hacen uso de legítimos derechos de protesta, de reunión o de petición a las autoridades. Pero cuando los integrantes de un piquete recurren a acciones que violentan el orden normativo, cuando se desconocen los derechos de los ciudadanos que no participan en el piquete, o cuando se presiona a funcionarios del Estado a actuar de determinada manera, es claro que  se debe, en el marco de la prudencia y de la defensa de la vigencia de la Constitución y de las leyes, hacer cesar los efectos de los hechos que alteran la paz y el orden público, con la debida inteligencia de cuidar la vida y la integridad física de quienes protestan, peticionan o se reúnen en tales condiciones.

Con respecto a las causas que han dado lugar en los últimos tiempos en Argentina a esta particular forma de expresión, anticipamos nuestro absoluto acuerdo a que la democracia debe construirse como una forma de vida que incluya en el goce de derechos y garantías a absolutamente todos los ciudadanos. Para ello será preciso organizar un Estado argentino democrático, legítimamente representativo, republicanamente transparente, socialmente justo y económicamente desarrollado. Este debería ser  un objetivo de toda Nación en el mundo pero hasta que nuestro país se encamine hacia ese ideal, es preciso reconstruir el Contrato Social, el respeto del Principio de Legalidad, el funcionamiento adecuado de las instituciones, el respeto a los poderes del Estado, ya sea de la Nación, de las Provincias o de los Municipios. Un Estado funciona bien si tiene buenas instituciones, buenas normas, buenos funcionarios y buenos ciudadanos, si todos respetan la Constitución y las leyes y si todos son concientes que además de derechos existen las obligaciones personales y sociales.

El piquete violento o los piqueteros que recurren a conductas tipificadas en el Código Penal y muy especialmente cuando pretenden forzar a los poderes del Estado a acciones u omisiones con motivo de las funciones de las autoridades  competentes, afectan indudablemente no solo el orden institucional sino el Estado de Derecho; no puede la amenaza y la coacción  decidir cuáles deben ser las acciones de gobierno y el destino de los recursos presupuestarios. En este sentido muchos dirigentes piqueteros han pretendido utilizar el piquete como trampolín o bien para tener poder por ejemplo sobre un grupo de personas que resultaron ser de esta manera beneficiarios de planes de empleo o bien convertirse en candidatos en elecciones como el caso de Castells. Es ilustrativa la expresión de Raul Castells del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados durante el año 2004: “ Vamos a tomar la Casa de Gobierno por las armas”. El ya citado N.Pitrola del Polo Obrero manifestó que el piquete es la herramienta de “oposición política al Gobierno de turno El análisis de los objetivos o de las ideologías superan el alcance  de esta tesina.

C)  LOS DELITOS PENALES

¿Constituye la modalidad de protesta realizada a través del piquete la comisión de algún delito penal?

Los partidarios del piquete que sostienen que ¨ no se le puede exigir a quien se encuentra por una realidad socioeconómica que lo asfixia, que se manifieste de una manera políticamente correcta. Las agencias judiciales no pueden dejarse llevar por la necesidad de criminalizar en forma irrestricta lo distinto, por el mero hecho de resultar peligroso, habida cuenta de los requerimientos que sobre el punto los distintos operadores de control social le efectúan a diario. La vigencia del Estado Constitucional de Derecho, que sirve de represa de contención para el ejercicio del poder punitivo, en sus diversas manifestaciones, asigna a la agencia jurisdiccional otro deber que el de velar por la seguridad jurídica, entendida como la seguridad de los bienes jurídicos individuales y colectivos de todos los habitantes, los que se hallarían en gravísimo peligro si no existiese una actividad programada y racional de las agencias en cuestión a fin de acotar la potentia punendi estatal[6] ¨

Estas consideraciones, a nuestro criterio deben ser analizadas a la luz del Titulo VII del Libro II del Código Penal, “Delitos contra la Seguridad Publica”, art. 194:” “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.”

Este articulo tipifica claramente y sin discusión posible alguna el corte. En el derecho penal existen las causas de inimputabilidad establecidas en el articulo 34. Por ejemplo nosotros entenderíamos lógica una discusión acerca de un hecho concreto y especifico de piqueteros que corten una ruta y que la defensa de los mismos argumente que lo han hecho amenazados por sufrir un mal grave e inmimente (inc.2º). O que causan un mal por evitar otro mayor inminente a que han sido extraños (inc.3º)- O plantear una discusión en base a la legitima defensa de su persona o de sus derechos (inc.6º). No es la intención de esta tesina entrar en la variada casuística que de hecho se ha desarrollado en nuestro país con las practicas  piqueteras de cortes y tomas  de rutas, calles, puentes, accesos, edificios y tierras (además de tractorazos, camionazos, cacerolazos y otros). Pero  es nuestro deber concluir que todos los análisis y debates del tema en cuestión lo debemos hacer de la mano del derecho y dentro del marco normativo..

Por supuesto que de la casuística hemos podido observar hechos y procesamientos por distintas conductas típicas protagonizadas por personas que participan de las protestas, o que las preparan o se suman a una protesta para delinquir (daños, robos) sin tener que ver con la misma. Es así que podemos encontrar distintas conductas punibles: homicidio, lesiones, robo, hurto, incendio, daños, amenazas, coacción, abuso de armas, apología del delito, incitación a la violencia.

Por otra parte hay funcionarios públicos que están obligados a intervenir como por ejemplo el fiscal y el juez de turno que tienen  la obligación de iniciar una causa, hay funcionarios que tienen la obligación de hacer la denuncia, el juez que tiene la obligación de ordenar el desalojo, la fuerza publica policial que tiene la obligación de cumplir las órdenes judiciales. La pasividad de cualquiera de estos funcionarios traería aparejada incuestionablemente la responsabilidad por incumplimiento de los deberes de funcionario publico. El Estado puede ser responsabilizado por los daños y perjuicios que pudieran producirse. Traemos como ejemplo la destrucción de locales comerciales,  supermercados, vehículos, viviendas, industrias, trenes o el fracaso del turismo en plena temporada.

D) DAÑOS Y PERJUICIOS

La idea de daño entendido como menoscabo a un bien que tiene idoneidad para satisfacer necesidades humanas nos permite considerar este aspecto pues el fundamento para reconocer una “reparación” reside en la existencia cierta del perjuicio y en su nexo causal con el obrar ilícito imputado en estos casos a los piqueteros. La legitimación para efectuar el reclamo se origina en el daño por el hecho ilícito, la certeza del perjuicio que genera una obligación de reparar, circunstancia que esta prevista  por la ley. Observa Carnelutti, cuando alguien destruye la casa de otro, el daño no está dado por la transformación del bien sino por la inidoneidad o menor idoneidad de este bien para satisfacer las necesidades del dañado . (Carnelutti, Francesco, ob. Cit. P. 13 y sgts.).

En el accionar ilícito de uno o varios integrantes de un piquete consideramos que no hay razón jurídica que los exima de responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan provocar a otros ciudadanos, además de la responsabilidad que le pueda caber a dirigentes instigadores de los daños entendidos en el concepto civil de los mismos como así también a las organizaciones sindicales o partidos políticos que pudieran participar en los actos preparatorios  o en el suministro  de por ejemplo armas, bombas caseras, proyectiles, llantas, elementos contundentes, etc.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 1079 del Código Civil la obligación de reparar el daño causado por un delito existe no solo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado de manera directa, sino también respecto de toda persona que por el mismo hubiese sufrido, aunque sea de manera indirecta.

Ya hemos analizado en el punto anterior la responsabilidad por daños y perjuicios que el incumplimiento de las leyes le puede acarrear al Estado Nacional o a los Estados Provinciales con motivo de la pasividad, inacción u omisión.

Excede los objetivos de esta tesina pero también son dignos de consideración los daños que representa para una sociedad que pretende generar fuentes de trabajo con inversiones genuinas, la falta de seguridad jurídica y de confianza que genera la violencia o las vías de hecho en cortes y tomas. Los inversores elegirán otros países y no asumirán los riesgos de trabajar en una sociedad conflictiva, invertebrada y caótica. Concluimos que el piquete violento o que recurra a hechos ilícitos no defiende los derechos de los más pobres y desposeídos sino que agrava la situación al no crear condiciones apropiadas para vencer las causas que originan la protesta: la desocupación y la falta de oportunidades.

E) LOS PIQUETES Y LOS PLANES DE EMPLEO. VACIO NORMATIVO.

Los piquetes se multiplicaron en Argentina a partir de los  éxitos que iban obteniendo en distintos lugares de la Republica pues eran premiados con los llamados Planes de Empleo para los que participaban y para otros beneficiarios que  tal vez no estuvieron presentes en el piquete pero que figuraron en listados que los funcionarios aprobaban en algunos casos a libro cerrado y sin posibilidad alguna de constatar la veracidad de los datos ni efectuar cruzamientos con otras fuentes de información acerca de si podían resultar beneficiarios  jubilados, pensionados o empleados o si  tenían su residencia en el país o en alguna provincia o si estaban o no con vida. Los resultados obtenidos los llevaron en un momento a multiplicar los piquetes de tal modo que entre el 1º de enero del 2000 y el 31 de julio del 2001 se registraron  mil doscientos cortes de rutas y vías publicas, la mayoría de los mismos realizados en días hábiles.

A la fecha, la Nación ha entregado dos millones de planes de empleo de ciento cincuenta pesos mensuales de ingreso de bolsillo; a ello debemos sumar los planes que han otorgado las provincias y los municipios. Sostenemos que la denominación “Planes de Empleo” es inexacta y de contingencias judiciales graves para la Nación, las provincias y los municipios. La ligereza con la que se ha dado respuesta al fenómeno incuestionable  y reprochable de la desocupación ha llevado al convencimiento o a la práctica demagógica y muchas veces clientelistica de hacer creer que se genera trabajo al otorgar supuestos planes de empleo cuando en realidad es fácticamente imposible controlar o hacer cumplir contraprestaciones a los cientos de miles de hombres y mujeres que reciben los cientocincuenta pesos. No se ha querido ver que el problema a resolver por la Nación, la provincia o el Municipio es el problema del desempleo con un sistema de seguro de desempleo. Además y por supuesto los Estados deben tener políticas activas para facilitar la rápida creación de trabajo genuino pero a partir de las fuerzas productivas de una Nación y no a partir de la dudosa creatividad de funcionarios.. No se ha medido debidamente que el llamado Plan de Empleo pretende hacer creer al ciudadano/a y lo logra , que tiene un trabajo en el Estado. Ahora bien, ese Plan de Empleo no le otorga al beneficiario mas que los cientocincuenta pesos que el mismo coloca en su bolsillo; no hay protección  por accidentes de trabajo ni por muerte, ni por enfermedades; no hay obra social; no hay aportes previsionales; no hay vacaciones ni aguinaldo; normalmente los beneficiarios de estos planes son los que reciben las cajas de comida, o los vales para comida o para gas. Esta situación no permite organizar una bolsa de trabajo ni una estrategia adecuada para la solución del desempleo; en estos planes figuran jóvenes, adultos, ancianos, capacitados y discapacitados; la lógica indicaría pensiones para ancianos y discapacitados y seguros de desempleo con un adecuado régimen legal para los demás. El plazo de los planes no existe y con el simple transcurso del tiempo se estarán adquiriendo otros derechos por parte de los beneficiarios. Esta contingencia que han asumido el Estado Nacional, las Provincias y los Municipios, por no organizar un Sistema Nacional de Desempleo con su correspondiente Bolsa de Trabajo como han hecho países como España, será una discusión más que tendrán que dirimir los Estados y que seguramente será atendida con los recursos de los buenos ciudadanos contribuyentes. Por supuesto que el vacío normativo es contundente.

VI -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Quiero terminar este trabajo de investigación con conclusiones y recomendaciones acerca de la situación descripta.

Los derechos no son absolutos sino relativos y deben ejercitarse teniendo en cuenta que no se puede impedir el goce de los derechos de otras personas. En un sistema democrático el derecho de reunión, el de protesta y el de petición a las autoridades  debe llevarse a cabo a través de medidas pacíficas y ejercerse de acuerdo a las leyes  que reglamentan su ejercicio.

Considero correcto y plausible que un grupo de personas realice reclamos a las autoridades, que discutan o critiquen su accionar político o toma de decisiones, que propongan cambios, que presenten iniciativas o proyectos de ley, que se  reúnan para organizarse y para manifestar o que realicen demandas para mejorar su situación social o económica  o para remediar afligentes situaciones de pobreza o indigencia por las que atraviesa casi el cincuenta por ciento de la población, de acuerdo a los censos del INDEC del 2003.

El derecho de peticionar a las autoridades es constitucional, legal y válido, pero éste no ha de ejercerse a partir de la ilegalidad  o con perjuicios a los demás habitantes.

El Estado Argentino ha tenido crisis recurrentes y probablemente las crisis vividas en 1989 y en el 2001 hayan sido las más graves. Desempleo, hambre, analfabetismo, deuda publica, déficit presupuestario, hiperinflación, riesgo país, crisis de representatividad, corrupción, son conceptos que han marcado a fuego la historia reciente de los argentinos. Creemos en la posibilidad de la recuperación de la Nación a partir de sus riquezas naturales y de la voluntad inquebrantable de su pueblo para salir adelante. Ello solo será posible si las nuevas dirigencias que surjan son capaces de elaborar un programa con valores, principios, planes de acción concreta, con hombres y mujeres de buena voluntad. Pero será fundamental respetar el mandato histórico de los constituyentes de 1853 y consolidar un Estado Republicano, Representativo, Federal , Democrático y Participativo en el que se respete el Estado de Derecho y el Principio de Legalidad. No vemos posibilidad alguna de reconstruir la República, generar seguridad jurídica y progreso a partir de la ilegalidad.

A partir de esas bases fundacionales nos permitimos efectuar algunas recomendaciones a modo de síntesis.

1º) No compartimos el análisis que sugiere que en el caso de los cortes con presencia de piqueteros  que recurren a acciones ilícitas puedan existir derechos encontrados, en oposición o de distinta jerarquía con los derechos de los demás habitantes o con los derechos, facultades y obligaciones del Estado. El orden normativo tiene unidad y en la misma hay jerarquía de normas pero todas ellas establecen los derechos y las obligaciones, los premios y los castigos y los correspondientes repartos de competencias. Las consideraciones extra-normativas podrán y de hecho tienen fundamental importancia pero debemos resolver la cuestión planteada en esta tesina dentro del campo normativo, sin pretensiones de modo alguno formalistas sino reflexionando acerca de las verdaderas responsabilidades del Estado y de los miembros de la Sociedad Civil.

2º) Los medios de difusión de todo tipo tienen una tarea de gran responsabilidad y no deben desconocer que muchas veces son utilizados para favorecer la promoción de dirigentes que pasan rápidamente del anonimato a la figuración publica y muchas veces la gran cobertura que efectúan de piqueteros que violentan las leyes actúa con efecto acelerador y multiplicador.

3º) Los jueces que tienen la obligación de iniciar los procesos  cuando se cometen hechos ilícitos y deben solicitar  el auxilio de la fuerza publica y ordenar los desalojos para permitir el derecho de tránsito ( ver artículos 248 y 249 del Código Penal), deben dar instrucciones muy precisas a la fuerza pública policial (policía federal, gendarmería nacional, policías provinciales) y sostener una comunicación permanente y fluída con el Jefe de Policía o Jefes de Operativos  como así también con las autoridades estatales que sean objeto de los reclamos (ministros, gobernadores). Entendemos que esta comunicación es fundamental para que se extreme el ejercicio de la prudencia, del diálogo de las autoridades civiles con los manifestantes que dé lugar al cese del conflicto y al mismo tiempo se asegure que el uso de la fuerza pública sea un recurso ultimo para cuidar vidas e integridad física de todos aquellos particpantes o afectados por el conflicto.

Si resultara necesario el uso de la fuerza pública y sin perjuicio de las recomendaciones  que daremos más adelante, debe mantenerse aquel nexo de comunicación entre el Juez y la fuerza pública y es recomendable la presencia del fiscal para garantizar la legitimidad, la racionalidad  y la oportunidad del empleo de la misma.

4º) Cuando el juez reclama el uso de la fuerza pública, los ministros, el Gobernador o el Presidente de la Nación deben saber que el Derecho otorga a los Jueces tal facultad. La intervención de los gobiernos no puede menoscabar esas facultades pero sí podrán instruir a las fuerzas policiales o de gendarmería  acerca de la prudencia, del cuidado de vidas e integridad físicas y de la racionalidad u oportunidad para intervenir.

 5º) La fuerza policial debe elegir la oportunidad y racionalidad para el uso de la fuerza publica y actuar con la participación del fiscal e información correspondiente a las autoridades del gobierno. La iniciativa de la policía o gendarmería  debe ser la excepción y solamente debe tener lugar cuando la espera del fiscal o de las autoridades puede generar un daño irreparable como por ejemplo cuando los manifestantes utilizan armas de fuego, bombas caseras, han recurrido al incendio o hay un intento de homicidio por solo citar algunos casos.

 Antes de la intervención policial las autoridades del Gobierno, en uso de la prudencia deberán recurrir a todos los mecanismos posibles de dialogo, de sana negociación, de intervención de amigables componedores (por ejemplo pastores, obispos, sacerdotes, etc.)

Es absolutamente claro que  al piquete los policías o gendarmes  no pueden asistir  con armas con balas de plomo. Deben estar provistos de chalecos antibalas, escudos, cascos especiales con protección facial y canilleras. Las fuerzas publicas policiales y de gendarmería deben contar con balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y vallas. La calidad del equipamiento y la cantidad de policías en el operativo son también elementos esenciales de disuasión para el caso de piquetes violentos. Los efectivos que deban actuar en estos casos deben tener un entrenamiento y una preparación especial tanto física, psíquica y legal. En caso de espera deben ser relevados en los horarios específicos que permitan su descanso. Es absolutamente claro que los efectivos policiales y de gendarmería deben ser resguardados y cuidados en su vida e integridad física y por tal motivo no se puede improvisar un operativo sin el respaldo profesional correspondiente; las improvisaciones, la ineficiencia o la inidoneidad pueden representar muertos o heridos y también la responsabilidad del Estado, la renuncia de un Jefe de Policía, de un Ministro y hasta de un Jefe de Estado. Deben contar con autorización judicial para el uso de cámaras fotográficas y filmadoras digitales que permitan su uso diurno y nocturno. De este aspecto y de su suministro la responsabilidad es de las autoridades gubenamentales. Este ultimo punto es importante para la defensa del Estado y de los que actúan en nombre del mismo con el monopolio de la fuerza publica pues son elementos de prueba para los casos que invariablemente se presentan cuando se hace uso de dicha fuerza.

En cortes de rutas nacionales o puentes interprovinciales o en lugares de jurisdicción federal, la fuerza pública a la que debe recurrir en primer lugar el Juez Federal es la Policía Federal y Gendarmería Nacional; las fuerzas policiales provinciales, de acuerdo a las normas provinciales vigentes deben también asistir al Juez a su requerimiento para hacer cesar los efectos de un hecho delictivo pero, en este caso lo hacen en forma supletoria de la intervención de las fuerzas federales. Para los casos de hechos de competencia provincial las policías provinciales son obviamente la fuerza a la que recurrirá el Juez Provincial.

6º) Hemos dicho más arriba que un Estado moderno debe contar con un adecuado sistema de seguro de desempleo y de bolsa de trabajo que permita dar respuesta a situaciones de necesidad o de postergación. No creemos que el sistema de planes de empleo esté normativamente cubierto; no estamos en desacuerdo en paliar la contingencia de la pobreza e indigencia con ciento cincuenta pesos a cientos de miles de personas que encuentran en ese dinero un pequeño alivio a sus necesidades; pero el Estado corre un riesgo innecesario por la forma en que los entrega como ya hemos explicado anteriormente y debería hacerlo bajo la cobertura de un sistema de seguro de desempleo.

7º) No se puede paralizar un barrio, una ciudad una provincia o un país. Para solucionar los conflictos sociales e institucionales y reducir los problemas sociales, Argentina debe convertirse en un país industrial, productor y exportador, que consolide una  economía de desarrollo, crecimiento , progreso y justicia social.

8º) Existe una crisis de representatividad. La legitimidad de origen no es garantía de la legitimidad de ejercicio. No basta con que los ciudadanos voten. Se requieren gobiernos eficaces, idóneos, transparentes; una Republica representativa, pluralista y deliberativa y  que incluya en el sistema de derechos individuales y garantías sociales a todos los habitantes.

9º) El piquete como forma de protesta debe ejercerse de acuerdo a leyes que reglamenten el  ejercicio de los derechos de reunión y petición. No puede ni debe  ser violento y  sus integrantes no deben cometer hechos delictivos. El piquete tiene que elegir formas de protesta social con imaginación, con creatividad pero no pueden destruir el Estado de Derecho.

VII - BIBLIOGRAFÍA:

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[6] Gil Domínguez, Andres, La ilegalidad de los piqueteros y la legalidad de los banqueros: Revista Jurídica La Ley: Columna de opinión, Buenos Aires, Septiembre del 2001.


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