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Asunto: Uno: ¿Existe el derecho a la protesta violenta?
Fecha:Domingo, 18 de Julio, 2004  11:50:05 (-0300)
Autor:Brailovsky <brailovsky @...........ar>

 
Queridos amigos:
 
Algunos episodios ocurridos en los últimos días reactualizan el tema de la protesta violenta y los límites admisibles a determinadas conductas. Hay personas que consideran que quienes han quedado excluidos del sistema económico tienen derecho a manifestarse de un modo violento. Es decir, que no hay que obligar a cumplir la ley a aquellas personas que carecen de los más elementales derechos sociales. Esta opinión se fundamenta en la horrible situación social que estamos viviendo, como consecuencia de que a lo largo de veinte años, los sucesivos gobiernos democráticos hicieron hecho suyos los principìos económicos y sociales impuestos por la última dictadura.
 
Otros consideran que el que un reclamo sea legítimo no justifica utilizar cualquier medio para efectuarlo y que el sistema democrático tiene suficientes caminos para reclamar y que no hay motivos para usar otros fuera de la ley. La reciente ocupación de una comisaría por motivos políticos o el copamiento de un casino para exigir dinero a sus dueños son conductas claramente tipificadas por el Código Penal.
 
Sin duda, que los ataques a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires marcaron un punto significativo en este debate. En particular, porque ponen en cuestión la aceptación oficial del reclamo violento y muestran que ese camino genera una violencia creciente.
 
Esas conductas son, a menudo, comparadas con las de la década de 1970, en la cual se argumentó que "la violencia de arriba engendra la violencia de abajo". Sin embargo, parece haber una diferencia importante: en la década de 1970, la violencia se ejerció en nombre de determinados postulados ideológicos y argumentando la búsqueda del bien común, a través de la liberación nacional. En muchos momentos, la violencia se ejerció contra regímenes dictatoriales que habían cometido innumerables crímenes y violaciones de derechos humanos.
 
Por el contrario, los actos violentos de este momento responden más a la defensa de intereses particulares, no siempre legítimos. Entre los vendedores ambulantes que asaltaron la Legislatura, ¿acaso no estarían también los que los usan para reducir la mercadería robada por los piratas del asfalto? Junto a los trasvestis y prostitutas que pedían ejercer su antiguo oficio sin ningún control, ¿no estaban también aquellos que los explotan? ¿Se estarán también movilizando en este caso los que explotan el siniestro negocio de la prostitución infantil, del cual parece que no nos queremos enterar? ¿Cuál es el límite entre la protesta social y la protesta mafiosa?
 
Me parece que es el momento de reflexionar sobre las formas en que se ejercen los reclamos y la actitud de nuestra sociedad ante ellos. Para contribuir a este debate, les estoy enviando un estudio de la abogada Verónica Celia Alfonso, de la Universidad de Belgrano, sobre las nuevas formas de protesta social. Por razones de longitud, va en dos partes.
 
Podemos coincidir o discrepar con los puntos de vista aquí expuestos, pero me parece que nuestra sociedad merece un debate profundo sobre estos temas, que nosotros aún no estamos dando.
 
Un gran abrazo a todos.
 
Antonio Elio Brailovsky
 
Para algunas personas, la protesta violenta es un acto de justicia
(Eugène Delacroix: "La libertad guiando al pueblo", París, Museo del Louvre
 

 “ El Piquete como Nueva Forma de Protesta Social ”
(Primera parte)

 Por Verónica Celia Alfonso        

INDICE:

      I- INTRODUCCION------------------------------------------------------------------------------------------4

 II- HIPOTESIS PRINCIPAL.-------------------------------------------------------------------------------6

A)      Idea Directriz

B)      Definición del termino piquete

 III- RESEÑA HISTORICA DE LOS PIQUETES  ----------- -----------------------------------------8

A)      Situación económica y social de la Argentina

B)      Surgimiento de los cortes de rutas

       IV- ANALISIS SOCIOLOGICO--------------------------------------------------------------------------14

            Modos de manifestarse

      V- ANÁLISIS NORMATIVO---------- ------------------------------------------------------------------19

A)   El derecho de Peticionar a las autoridades y el derecho de libre transito                                                                

B)   La democracia y el Sistema Representativo Republicano y Federal

C)      Los Delitos Penales

D)      Daños y Perjuicios

E)      Los piquetes y los planes de empleo. Vacío normativo

      VI -   CONCLUSIONES----------------------------------------------------------------------------------30

  VII-   BIBLIOGRAFÍA-------------------------------------------------------------------------------------34 


I-                  INTRODUCCION:

El propósito de este trabajo es analizar los hechos y las normas que deben ser consideradas cuando se produce esta nueva modalidad de protesta denominada “piquete”, utilizada para reclamar a las autoridades.

Esta nueva forma de protesta social se ha manifestado con movilizaciones, cortes de rutas y puentes, bloqueos de calles, toma de edificios públicos y en algunos casos con ocupación de edificios de empresas privadas o el acceso a las mismas, sus yacimientos o sus instalaciones industriales.

En nuestro país, la década del noventa está marcada por el desplazamiento de los conflictos laborales del sector industrial al ámbito  público, por  la disminución de reclamos de aumentos salariales y el crecimiento de demandas por pago de salarios adeudados , por despidos y por la obtención de los llamados planes de empleo. También debemos señalar como hechos distintivos  la disminución de huelgas y el aumento de cortes de ruta, movilizaciones, cacerolazos, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva, por el incremento de la frecuencia de las protestas en las provincias y municipios y por el creciente protagonismo de los gremios estatales  como actores centrales del conflicto.

A pesar de la gran variedad de formas de protesta durante los noventa, las modalidades por las cuales la gente común formula sus reclamos parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción. Estas formas no cambian radicalmente  entre Abril de 1997 y Noviembre del 2000 cuando actores similares son quienes activan la protesta (desocupados y/o empleados públicos). Los manifestantes se dan cuenta de esta recurrencia al referirse pública y análogamente, tanto a sus acciones y a las acciones de otros como “el corte” y  a su autodefinicion y  de otros manifestantes como “piqueteros”, denominación que comienza a aparecer con más frecuencia.

Analizaremos la situación que surge cuando un grupo de personas que reclama trabajo, alimentos, salud, agua potable, viviendas, seguridad y la satisfacción de otras necesidades básicas, elige cortar una ruta o calle, tomar un edificio publico o privado para presionar a las autoridades y lograr sus objetivos. También consideraremos que en el piquete pueden participar personas con distintas motivaciones; algunas lo harán detrás del objetivo explicito en la protesta y otras lo pueden hacer movidos por razones económicas, políticas, sindicales, ideológicas,  psicológicas u otras. 

 En primer lugar definiremos el termino “piquete”, luego a través de una breve descripción fáctica, expondremos  distintos acontecimientos relacionados con el fenómeno ¨piquetero ¨ producidos en nuestro país y luego analizaremos los distintos derechos constitucionales que resultan comprometidos en la situación planteada. También reseñaremos los posibles delitos penales que pueden llegar a perfeccionarse e imputarse  a  los sujetos que realizan protestas piqueteras y a las  autoridades públicas ya sea por acción u omisión.  Por último detallaremos las  conclusiones que al mismo tiempo sean de utilidad como recomendación a todos los actores de este nuevo fenómeno.

II -  HIPOTESIS  PRINCIPAL

A)   IDEA DIRECTRIZ

La modalidad de expresión de los reclamos sociales a través de piquetes de personas que recurren a vias de hecho (cortes de rutas, puentes, calles, etc.) pone  en evidencia que se pretende ejercer de ese modo el  derecho de protesta y de petición a las autoridades y se restringe de tal forma la libertad de circulación y transito de los ciudadanos que no participan en la protesta  y  que necesitan pasar por la zona bloqueada.

¿Constituye la protesta piquetera el ejercicio regular de un derecho o se trata de un abuso de la facultad de protestar y peticionar a las autoridades? En otros términos. ¿Es su accionar legal o constituye un delito?

En este tipo de situaciones dos derechos constitucionales entran en juego: el de protesta y petición y el de libre transito.

Por otro lado,  cuando los gobiernos dan respuestas a las demandas realizadas a partir de piquetes de personas que recurren a los mencionados cortes  y ceden a este tipo de presiones, ¿sobrevendrá la crisis de nuestro Estado de Derecho o el resquebrajamiento de la autoridad gubernamental?

Se intentara bosquejar recomendaciones practicas acerca de la manera de prevenir y de resolver este tipo de conflictos por parte de los tres poderes del Estado y por la sociedad civil.

B) DEFINICION DEL TERMINO PIQUETE:

Se trata de un grupo de personas que se manifiestan verbalmente, con megáfonos, con pintadas en las paredes o con pancartas con consignas políticas, peticiones, etc.; este grupo de personas o algunas de ellas pueden actuar en forma pacifica o violenta, para intentar imponer o mantener una situación determinada. En este grupo actúan personas mayores y menores de edad, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, desocupados y ocupados, trabajadores privados o públicos. Sus integrantes tienen una motivación (la satisfacción de una demanda social) o varias (sociales, económicas, políticas, electorales, personales, etc.) Los miembros de un piquete pueden ir armados o no y en el primer caso pueden ser gomeras, palos, piedras, armas de fuego, cuchillos, bombas caseras, armas caseras. Pueden manifestar a cara descubierta o encapuchados. La denominación piquete o piquetero no implica necesariamente una calificación o acción determinada. Pero si sus integrantes o algunos de ellos recurrieran a vías de hecho como cortes de rutas, calles o puentes, tomas de edificios públicos o  privados o de tierras, actitudes violentas, consumo de alcohol o estupefacientes, daños, incendios, privación ilegitima de libertad, amenazas, coacción, hurtos, robos, cobros de peajes para permitir el paso de vehículos o personas, apología del delito, injurias y calumnias, etc., las autoridades deberán actuar. Es decir que la palabra piquete o piquetero en si misma no puede llevarnos a tipificar una conducta determinada. Es en el análisis de los hechos y de las acciones de cada integrante del piquete del que podremos extraer conclusiones y tipificar conductas.

III   -RESEÑA HISTORICA DE LOS PIQUETES

A) Situación económica y social de Argentina

El contexto estructural del aumento de la protesta popular está caracterizado por tres procesos que si bien pueden ser separados analíticamente se encuentran en la raíz de la protesta de manera simultánea y se refuerzan mutuamente: desocupación,  retirada del Estado en su función de bienestar incluido el proceso de privatizaciones y descentralización de los servicios educativos y de la salud desde la Nación hacia las Provincias.

El gran aumento de la desocupación producto de la desindustrialización del país y de la desconexión funcional entre las tendencias macro-económicas y los niveles de empleo ha sido objeto de numerosos y detallados estudios. La tasa de desempleo subió del 5% de la población económicamente activa en 1974, a 18% en 2001. Desde el lanzamiento del "Plan de Convertibilidad" en 1991 el desempleo ascendió un 200% en el país. Como sintetiza Beccaria: "Los pobres eran el 21,5% de la población en 1991, y el 27% al final del período (en el 2000). Los indigentes eran el 3% de la población, para alcanzar el 7% en el 2000. Los desocupados y subocupados, aproximadamente 1.600.000 personas al comienzo de la década, superaban los 4.000.000 al fin de la misma[1]".

La retirada y el desmantelamiento del Estado de bienestar-populista hacen que los riesgos implicados en situaciones de privación material sean aún mayores. En la última década, la Argentina ha asistido a un proceso de constante degradación del sistema público de educación, del sistema público de salud y de las políticas de viviendas dedicadas a sectores de bajos ingresos. El carácter caótico de las políticas destinadas a "combatir el desempleo" y de las políticas sociales destinadas a "combatir la pobreza" hace que la situación sea aún peor: los pobres son cada vez más débiles y están cada día más desprotegidos. Una particular indiferencia ha demostrado el Estado respecto del destino de los desempleados: el seguro de desempleo sólo cubre a una exigua proporción de quienes perdieron su trabajo y el dinero otorgado en cada subsidio no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.

La privatización de las empresas estatales tiene un importante impacto en los niveles de empleo. Entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus trabajos como consecuencia directa del proceso de privatización. En 1989, cerca de medio millón de trabajadores estaban empleados en las compañías estatales de teléfonos, correos, aviación, agua, energía, transporte ferroviarios y gas.

El proceso de descentralización de los servicios educativos y de salud es otro aspecto que, si bien no ha sido estudiado en relación al aumento de la protesta, es de importancia para entenderla. A partir del año 1989, los servicios educativos (excluidas las Universidades Nacionales) y los de salud, comienzan a ser transferidos de la órbita del Gobierno Federal hacia las Provincias, descentralización que profundiza la crisis de ambos sectores dado que las administraciones provinciales tienen que afrontar esta nueva responsabilidad con sus escasos recursos financieros. Esto transforma a los gobiernos provinciales en las caras visibles de las demandas por parte de los empleados públicos antes nacionales y ahora provinciales. El aumento de la protesta por parte de los docentes y trabajadores de la salud en las provincias (los llamados "jeringazos" en los hospitales públicos de Corrientes y los innumerables paros en la educación) son difíciles de comprender si no se tiene en cuenta que, como consecuencia directa del proceso de descentralización, lo que cambia es el blanco de las demandas.

Alain Touraine, sociólogo francés contemporáneo, en un reportaje concedido al Diario La Nación expreso que los argentinos llegamos a la actual situación de crisis por varias causas; entre ellas cita como importantes el hecho que Argentina implemento un sistema de consumo y exportación de materias primas cuando en realidad se debería haber organizado la economía  en base a la producción y a la industrialización. Como segunda causa indica que los argentinos hemos olvidado que la educación y el acceso al conocimiento son verdaderas palancas de progreso y de desarrollo; cita la fuga de materia gris y los malos sueldos a los profesores universitarios como ejemplos del desprecio y el desinterés de quienes tienen responsabilidades publicas y ciudadanas en construir una verdadera sociedad del conocimiento a partir de la cual se puede construir el progreso económico y social y la creación de verdaderas y genuinas fuentes de trabajo.

El fracaso del sistema de Convertibilidad que creo una situación ilusoria sobre la cual se salió de la hiperinflación puso al descubierto que las recetas teóricas, tarde o temprano generan consecuencias de las cuales un pueblo tarda mucho tiempo en recuperarse.

Argentina llega así a un endeudamiento externo de cientosesenta mil millones de dólares, sin precedentes en nuestra historia y además generador de un estado de cesación de pagos imposible de ser levantado si no es con el apoyo de la Comunidad Internacional  que además supone la quita y espera por parte de los acreedores.

El riesgo país es a la fecha de cinco mil cuatrocientos puntos y Argentina encabeza todos los ránkings internacionales de carencia de seguridad jurídica, de desconfianza de los inversores y de falta de transparencia de los administraciones publicas.

La apropiación por parte del Estado de los fondos de las administradoras de los fondos previsionales como así también de los ahorristas privados y la imposibilidad de pagar a los tenedores de bonos del Estado resquebrajó  en forma traumática el “Contrato Social” y produjo un descreimiento de los ciudadanos y de la sociedad civil en su conjunto en las autoridades representadas por hombres y mujeres surgidas de partidos políticos. La crisis de representatividad se vio multiplicada por los escándalos y los hechos de corrupción en el ámbito nacional, en los tres poderes del Estado y también en las jurisdicciones provinciales.

El cuadro antes descripto representó un marco absolutamente   propicio  para la aparición, desarrollo y progreso del fenómeno en análisis denominado “piquete”.

B) Surgimiento de los cortes de rutas

En el año 1995 se dieron varios hechos que significaron una nueva forma de reclamo en la Provincia del Neuquen. En la ciudad de Senillosa  ,en junio de 1995 fue donde se dio el primer corte de ruta:  la Ruta Nacional Nº 22.  El reclamo del piquete de alrededor de doscientas cincuenta personas era fundamentalmente el pago de deudas que el municipio mantenía con varios proveedores, contratados y empleados. El mismo día del corte, luego de un diálogo de horas con las autoridades provinciales y de la intervención de la Justicia Federal que inició un proceso, se puso fin a esa situación. El 2 de octubre de ese mismo año se ocupó por la fuerza y con violencia el edificio  de la Casa del gobierno provincial en la ciudad capital por un grupo de desocupados por un reclamo de subsidios; este hecho termino con el desalojo de alrededor de doscientas personas con el uso de gases lacrimógenos y con la iniciación de procesos penales y privaciones de libertad (Casos Panario y Christensen).

En el año 1996 se produce una pueblada en Cutral-Có. Se cortan las rutas nacionales y provinciales por alrededor de dieciocho mil personas que querían fuentes de trabajo para Plaza Huincul y Cutral-Co que ya habían experimentado los efectos de la privatización de YPF y apoyaban la instalación de la una Planta de Fertilizantes que daría trabajo a muchísimos pobladores con una inversión del orden de los quinientos millones de dólares. Esta planta se instaló luego en Bahía Blanca.

Esta metodología de protesta social tiene su argumento principal y aparente en la exigencia al Gobierno provincial de la solución a los problemas generados por la desocupación y la marginación social. Reclamaban puestos de trabajo y alternativas para sobrevivir sin abandonar su tierra. Sin embargo también estuvieron presentes dirigentes políticos, sindicales, barriales y activistas, como motorizadores de dichos hechos.

Esta forma de protesta fue luego utilizada como metodología para distintos tipos de reclamos por ejemplo para reparación de escuelas; conflictos en empresas privadas; imposibilidad de afrontar créditos hipotecarios por titulares de viviendas; como protesta de ciudadanos contra  el peaje en el puente carretero, protesta de estudiantes por el presupuesto de la Universidad o por la Ley Federal de Educación; protesta mapuche por temas diversos relacionados con sus comunidades (Chapelco, Loma de la Lata, Ramón Castro);protesta de camioneros que cortaron la Ruta Nacional 22 en Zapala porque no podían afrontar los créditos prendarios de sus camiones o requerían nuevos créditos prendarios; cortes de rutas y calles por los fruticultores por la crisis de las economías regionales (tractorazos); cortes por desocupados reclamando planes de empleo, cortes por empleados de la fábrica de cerámicos Zanón al principio por falta de pago de sus salarios y luego con la exigencia al Estado Provincial para que estatice la fábrica con control obrero; cortes de  usuarios de corredores viales por su oposición al sistema de peajes; cortes de rutas y puentes por parte de gremialistas docentes que reclamaban aumento de sueldos o la derogación de normas relativas a la educación; cortes por empleados municipales que reclamaban efectivizacion de contratados o aumentos de sueldos; cortes por mapuches por problemas de titularidad de tierras o reclamos ambientales; etc.

Estas conductas se extendieron a otros lugares del país. En Salta en los departamentos de San Martín, Tartagal y General Moscón ricos en petróleo, pasaron a ser considerados no viables por la nueva YPF privada. En General Mosconi hubo un alzamiento en armas. También hubo piquetes en La Matanza por los planes trabajar; en Libertador General San Martín (Jujuy), Resistencia (Chaco), Belén (Catamarca); en Isidro Casanova, Esteban Echeverría y Glew (Provincia de Buenos Aires); Trelew (Chubut), Banda del Río Salí (Tucuman); Cruz del Eje (Cordoba); Bermúdez (Santa Fe), Catriel (Rio Negro) y en Buenos Aires los maestros de todo el país confluyen en la Plaza de los dos Congresos y levantan la “Carpa Blanca”

Analistas locales y extranjeros han señalado a la pobreza y al desempleo como razón y sentido de este ciclo de protesta; los llamados "estallidos", los cortes de ruta, y las puebladas que se generalizaron en el país durante los años noventa son, desde este análisis  común dominante, respuestas a un estímulo económico. Para "explicar" la protesta bastaría, desde este punto de vista, con mencionar una suba en la tasa de desempleo, un crecimiento de los niveles de pobreza, una falta de pago a empleados públicos, o una indebida retención de los depósitos bancarios. Desde esta perspectiva, las acciones de protesta piquetera  son vistas como intromisiones en el curso rutinario de los eventos, como compulsiones casi mecánicas, poco conscientes, poco organizadas, caóticas. El historiador inglés E.P. Thompson denominó a esta perspectiva "visión espasmódica de la historia popular". En su clásico texto sobre la economía moral de la multitud inglesa, este autor formula una pregunta que servirá de punto de partida a este ensayo: "Cuando tiene hambre, ¿Qué hace la gente? ¿Cómo es su comportamiento modificado por la costumbre, la cultura y la razón?" Pregunta que le sirve para adentrarse en las experiencias de la rebelión popular, en las maneras en que ésta es vivida y sentida. Pregunta que utilizaremos de guía para analizar la seriedad de la  ecuación "desempleo + pobreza = protesta". No hace falta demasiado análisis para darse cuenta que los desempleados que cortan una ruta no tienen trabajo, pero el desempleo, o el hambre, o la necesidad económica no conducen necesariamente al corte de ruta, ni a la quema de un edificio. Constituyen las bases sobre las cuales se manifiesta la protesta popular, pero la forma de la protesta tiene que ver con procesos económicos, culturales y políticos,  con formas de reclamo aprendidas en repetidos enfrentamientos con el Estado y con su relativo éxito o fracaso.

Estas "nuevas formas" de protesta no reemplazan a otras, como la huelga y la manifestación callejera, ni tampoco pueden ser asociadas simplemente a una demanda en particular como el reclamo de empleo. Por el contrario, cortes y paros, ataques a edificios y manifestaciones, campamentos y huelgas, conviven, se complementan y se potencian de acuerdo a su relativo éxito o fracaso en la obtención de sus demandas. Si bien la forma "corte de ruta" está predominantemente asociada a la demanda de trabajo y de subsidios de empleo (los llamados Planes Trabajar) no puede ser vinculada de manera directa y exclusiva con un tipo de reclamo, como lo demuestran los ganaderos con sus cortes de ruta en protesta por el resurgimiento de la aftosa en Formosa, los trabajadores del ingenio La Esperanza en San Pedro (Jujuy) en demanda del pago de salarios atrasados, o los grupos indígenas bloqueando el paso en la ruta 34 en Salta en demanda de tierras (Noviembre del 2000). Si bien los desocupados son los que generalmente cortan las rutas y calles y reclaman alimentos y planes, como así también los sindicatos de empleados estatales y los gremios docentes (en Jujuy en 1993, 1995 y 1997 o en Neuquén en 1997, por ejemplo), también encontraremos en los cortes a organizaciones de segundo grado (la Central Argentina de Trabajadores en los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires o en Neuquen) y otros tipos de organizaciones (frentes barriales, comisiones vecinales, estudiantes, etc.) también adoptan esta forma de lucha colectiva. Quizás sean las huelgas del año 1997 (Agosto) y 2000 (Junio), llevadas a cabo durante los gobiernos del Presidente Menem y del Presidente De la Rúa, las que mejor grafiquen esta coexistencia de formas establecidas de protesta con otras emergentes. El paro general del ’97 combinó cortes de ruta, ollas populares, manifestaciones, y piquetes de huelga en todo el país. El del 2000 incluyó cortes de puentes (Misiones y Capital Federal), de rutas (Jujuy y Chubut), de vías ferroviarias (Castelar, Provincia de Buenos Aires), ataques a oficinas de Repsol-YPF (Neuquén) y del Citibank (Santa Fe, Neuquén y San Juan), pedradas contra edificios públicos (Secretaría de Educación en Neuquén), y bloqueos a destilerías (Ensenada, Provincia de Buenos Aires).

Por último, la dicotomía huelga (de trabajadores), cortes de ruta (de desempleados) nos puede hacer perder de vista el encadenamiento de las emergentes formas de protesta durante los noventa con otras predominantes durante los ochenta: Quizás haga falta recordar que uno de los líderes de la Federación de Tierras y Vivienda (Luis D’Elia), organización clave durante los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, fue también uno de los organizadores de las tomas de tierras (asentamientos poblacionales en tierras fiscales y/o privadas) durante la dictadura y el primer gobierno democrático  iniciado en 1983 (Merklen; 1991). Cuando en Noviembre del 2000, las autoridades de los gobiernos provincial y nacional no accedían a las demandas de quienes cortaban la ruta en La Matanza, uno de los piqueteros, encapsulando en un solo comentario lo que a muchos observadores de la protesta en Argentina parece escapárseles en sus intentos por construir modelos dicotómicos de la acción colectiva, decía: "Si es necesario, les vamos a armar un asentamiento en la ruta."

IV - ANALISIS SOCIOLOGICO:

Muchos analistas y periodistas suelen hablar sobre los eventos realizados por los piqueteros como producto casi automático de la indignación, del hambre, o de la desesperación, sin embargo, no hay que olvidar que la miseria, la pobreza, la necesidad económica, el sufrimiento, el desempleo, y la angustia colectiva, no se traducen necesariamente en movilización popular. Esto es, la protesta, el conflicto, la violencia, no son respuestas directas a las tensiones producidas por el deterioro de las condiciones de vida que surgen de las transformaciones político-económicas sino que fluyen de los procesos políticos específicos. En otras palabras, los cambios macro impactan en el conflicto a través de la estructura de poder, dando forma a los medios organizativos y a los recursos que los distintos actores tienen a su disposición. Para que la protesta ocurra, hacen falta redes asociativas previas que activen la protesta, oportunidades políticas que la hagan viable. El fraccionalismo entre élites suele abrir la puerta a la consecución de demandas en forma conjunta por parte de actores que están fuera del sistema político –los casos del Correntinazo en 1999 y el Santiagazo en 1993 son quizás los ejemplos más claros). Hay organizaciones que aportan recursos que la faciliten, desde recursos materiales, como cubiertas para quemar y alimentos para sobrevivir día y noche en las barricadas, a veces provistos por grupos políticos opositores como en Cutral-co y Plaza Huincul, hasta recursos simbólicos con los cuales enfrentar los embates retóricos de los gobernantes. Una mirada a la última década de activismo popular en Argentina no puede dejar de tener en cuenta estos elementos sino quiere reproducir una visión mecanicista de la rebelión popular que ve en cada subida de precios, en cada alza de las tasas de desempleo, o en cada caída del nivel de vida una condición suficiente para el "estallido".

Así como la emergencia y curso de la protesta no se desprende de su contexto estructural, tampoco su sentido, el significado que sus protagonistas le dan a sus acciones, puede leerse directamente de la apremiante necesidad económica que la enmarca (desde la falta de pago a los empleados públicos a la falta de empleo en los miles de desocupados). Si escuchamos más de cerca a los manifestantes en plazas, rutas y puentes, detectaremos la existencia de una directa impugnación a la llamada "clase política" como sentido omnipresente en las acciones de los manifestantes. Así impusieron el lema: “Que se vayan todos”)

 Es importante analizar  dos casos, para examinar con más detenimiento este aspecto de la acción colectiva:

1. El Santiagazo:

El 16 de diciembre de 1993, tres edificios públicos --la casa de gobierno, los tribunales, y la legislatura-- y una docena de residencias privadas de políticos y funcionarios locales fueron invadidas, saqueadas e incendiadas por cientos de empleados públicos y habitantes de Santiago del Estero. Empleados estatales y municipales, maestras primarias y secundarias, jubilados, estudiantes, dirigentes sindicales, y otros reclamaban el pago de sus salarios, jubilaciones y pensiones (adeudados desde hacía tres meses), protestaban contra la implementación de políticas de ajuste estructural y expresaban su descontento con la generalizada corrupción gubernamental. Conocido como el santiagazo, este episodio tiene características singulares en el sentido que es una rebelión de gente "hambrienta e indignada" (como la describió buena parte de la prensa nacional) que convergió en las residencias particulares de funcionarios y en los símbolos del poder público.

Lejos de ser un estallido, el Santiagazo fue el producto de una escalada en el reclamo popular que comenzó a principios de 1993 (en enero de ese año se registran 3 marchas y concentraciones, en diciembre más de 30) y que tuvo a los sindicatos docentes como protagonistas.

En 1993 se concretaba la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. El Sindicato docente se oponía; éste agrupaba justamente a las escuelas que serían transferidas en su totalidad. Este sindicato empezó a organizarse para resistir esa transferencia de escuelas y a denunciar que la transferencia de escuelas nacionales a la provincia iba a significar una gran pérdida de calidad educativa porque la provincia manejaba toda la cuestión educativa de una manera político-partidaria, o sea, se distribuían los cargos docentes con criterios de clientelismo político sin tener en cuenta la preparación del docente. Denunciaban que la provincia era absolutamente incapaz tanto en el aspecto económico-financiero como administrativo de recibir semejante cantidad de  escuelas  y que históricamente habían estado más o menos bien administradas desde  Nación y que ahora serían absorbidas por un Estado Provincial ineficiente.

A principios de 1993, los manifestantes formulaban sus reclamos como empleados públicos de ésta o aquella rama de la administración pública o como miembros de éste o aquel sindicato (judiciales, maestras, jubilados, etc.). Las maestras se oponían a la transferencia de escuelas, reclamaban mejores salarios, su pago a término, y mejoras en los establecimientos educativos; los trabajadores de la salud pedían por sus salarios, su aguinaldo, y por recursos para sus hospitales; los profesores universitarios exigían aumentos de sueldos y mejoras en las condiciones laborales. Hacia junio del mismo año, aumentaban la frecuencia de sus protestas organizadas por los sindicatos, los cuales, en ocasiones, convergían en marchas y actos en la plaza principal. Meses más tarde, si bien la protesta los encontraba juntos en las calles, ésta no surgía de una coalición. Sin embargo, en noviembre, el recientemente formado Frente de Lucha (que agrupaba a los principales gremios), convocaba a un acto masivo frente a la casa de gobierno y a los tribunales para protestar contra la recientemente sancionada Ley de ajuste y demandar el "castigo a los culpables del robo y la corrupción". Hacia fines de 1993, los manifestantes ya no se veían a sí mismos como miembros de éste o aquel sindicato sino como parte del "pueblo de Santiago" que enfrentaba en las calles a los "gobernantes corruptos".

2. La Pueblada:

Entre el 20 y el 26 de junio de 1996, miles de habitantes de las vecinas localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul bloquearon las rutas de acceso al área interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos durante siete días y seis noches.

La multitud, que había bloqueado el acceso a Plaza Huincul y a Cutral-co durante 5 días, incluía toda clase de ciudadanos  no sólo pobres y desocupados. Y por tanto, esto era una protesta que excedía la capacidad represiva de la gendarmería, no sólo por el número sino por la diversidad del "objetivo". Tanto en las maneras de llamarse a sí misma como en su composición social, tanto en su discurso como en sus relaciones sociales, los manifestantes construyeron una identidad participativa que giraba alrededor de la noción de "pueblo".

Esta identidad sin embargo, no surge de la nada ni de un sustrato siempre presente dispuesto a activarse frente a una situación objetivamente injusta; es por el contrario una construcción colectiva y conflictiva. Durante seis noches y siete días en la ruta, los manifestantes realizaron incesantes esfuerzos por definirse a sí mismos diciendo quiénes eran y quiénes no eran. Resulta interesante advertir que el término "pueblo" tiene dos connotaciones diferentes. Por un lado, el "pueblo" se refiere a la localidad, a las ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul. Las repetidas referencias a "todo el pueblo" apuntan, en parte, al hecho de que buena parte de la población de ambas ciudades  estaba en  la ruta nacional Nº 22.

Así, las memorias colectivas sobre el funcionamiento de un Estado de semi-bienestar durante el tiempo de YPF otorgan una suerte de ímpetu solidario para organizarse colectivamente y defender lo que son considerados intereses de la ciudad. Este "nosotros" colectivo tiene dos preocupaciones fundamentales: la falta de oportunidades y trabajo y los riesgos que esta implica para la supervivencia de ambas comunidades.

Es importante tener en cuenta que Cutral-Có y Plaza Huincul se originan y desarrollan a partir de la actividad petrolera. Desde sus comienzos en 1933 y 1918 respectivamente, ambas ciudades crecieron al ritmo (y se volvieron altamente dependientes) de los beneficios provistos por la extracción de petróleo y las actividades de la compañía estatal YPF. Al descubrimiento del "oro negro" en la región, le siguió su ocupación territorial y el asentamiento poblacional, ambos llevados a cabo bajo auspicio estatal. El rápido crecimiento demográfico de ambas ciudades refleja la expansión de las actividades de YPF: entre 1947 y 1990, el total de la población creció de 6.452 a 44.711 habitantes, un crecimiento demográfico fuera de cualquier estándar. El estado de bienestar representado por YPF otorgaba a sus obreros salarios más altos que el promedio nacional, viviendas modernas servidas por el mismo personal de la empresa, acceso a un excelente hospital, obra social y vacaciones pagas. El bienestar de YPF se extendía más allá de los límites de la empresa: toda la vida económica y social de la región estaba dinamizada por su presencia. YPF construyó barrios enteros, en otros realizó los tendidos de luz y cloacas, también construyó un hospital moderno, un teatro, un centro deportivo.

La privatización de YPF fue sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de septiembre de 1992; desde un poco antes los devastadores efectos se hacían sentir en ambas comunidades. YPF no sólo redujo su personal (2) sino que dejó de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual la vida de ambas ciudades giraba convirtiéndose en una industria de enclave conducida bajo premisas estrictamente capitalistas.

Los modos en que se manifiestan los piqueteros pueden resumirse en los siguientes: cortes con o sin alternativa de paso, presentación publica a rostro descubierto o cubierto , luchas por reformas o por cambiar el sistema y por ultimo con actitudes pacificas  o mediante violencia y vías de hecho. A este ultimo aspecto nos hemos referido en la definición y al mismo volveremos cuando efectuemos el análisis normativo.

Cortes con o sin alternativa de paso:

En las primeras protestas piqueteras los cortes de ruta no contemplaron un paso alternativo para los vehículos. Ello levantó una polémica nacional, según la cual, cortar las rutas constituye un delito que impide la libre circulación y el libre tránsito de las personas. El debate cobró fuerza especialmente entre los piqueteros de la zona del conurbano bonaerense, entre cuyos representantes se encuentran defensores de los cortes sin paso alternativo y defensores con pasos alternativos como por ejemplo los de la FTV  (Federación Tierra y Vivienda cuyo dirigente es L.D’ Elia) y la CCC (Corriente Clasista y Combativa cuyo dirigente es J.C.Alderete). Dicho debate estuvo presente en los ¨  Congresos Piqueteros ¨  realizados en el 2001. En el primero prevaleció el criterio de que los cortes sin paso alternativo podrían hacerle el juego a quienes buscaban un enfrentamiento de ¨ pobres contra pobres ¨ teniendo en cuenta que un número considerable de quienes transitan por las rutas y calles del país son también trabajadores. En virtud de ello, en aquella oportunidad se resolvió a favor de los cortes con paso alternativo. A pesar de ello no todos estaban de acuerdo en realizar cortes parciales, al respecto se ha dicho que  ¨nosotros no tenemos problemas en dejar pasos alternativos, el problema es que cuando hemos dejado pasos alternativos no hemos obtenido respuesta por parte del Gobierno [2]¨ .

Tras muchas polémicas y discusiones, en el segundo Congreso se alcanzó un nivel intermedio para encarar el problema: diferenciar las medidas que se ejecutan en zonas urbanas de las que se realizan en zonas rurales ( donde el corte tendría que ser sin alternativa de paso). Sin embargo, cada organización terminó asumiendo la alternativa que consideró más apropiada. Por ejemplo, los representantes del Polo obrero  cuyo dirigente es N. Pitrola consideraron que los cortes tenían que ser sin alternativa de paso ¨ porque sin alternativa y sin proyecto de vida están dejando a todos nuestros compañeros desocupados, entonces, si ellos no tienen paso alternativo, nuestras medidas de lucha tienen que ser cortes duros, sin paso alternativo”[3].

Presentación pública a rostro descubierto o cubierto:

Otro factor de divergencia se concentra en si es adecuado cubrirse el rostro durante los cortes y marchas o si se debe realizar la protesta a cara descubierta. Con origen visible en los movimientos de Cutral co y Plaza Huincul, cuando los piqueteros fogoneros se cubrían el rostro para protegerse de los efectos del humo que desprendían las gomas quemándose, el uso del pañuelo para cubrirse se empleó más tarde por organizaciones piqueteras de otras regiones con la intención de preservar la seguridad de sus miembros.

Algunas organizaciones sostienen que ”la protesta se debe hacer a cara descubierta ya que la mejor defensa y garantía para la seguridad de los manifestantes está en el pueblo, en convocar a todo el pueblo a sumarse a la pelea, para ser millones y cambiar la sociedad.”

Luchas por reformas o por cambiar el sistema:

En este terreno el debate se produce entre concepciones que colocan una barrera infranqueable entre lo reivindicativo y lo político, y aquellas que ven una comunidad- de interpretación- entre distintas formas y espacios de lucha y por ende, hacen del tendido de puentes entre lo reivindicativo y lo político un medio y un camino de construcción de conciencia y organización política.

(Continuará)

[1] Beccaria, L. y N. López. 1996. Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano. En Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina. Eds. Luis Beccaria y Néstor López, 17-46. Buenos Aires: Losada.

[2] Cruz. D, Juan, Coordinadora de Trabajadores Desocupados ¨ Anibal Verón ¨ , referente del Movimiento Trabajadores desocupados de Florencio Varela, en entrevista realizada por Isabel Rauber, . Argentina, hora de unidad popular y de patria, Ediciones continente Peña, Buenos Aires, 2002.

[3] Rauber Isabel, op. cit.


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