El Gobierno quiere extender el coste del despido de 33 días por
año a todos los contratos fijos
El ministro de Trabajo pretende que la
nueva indemnización afecte al colectivo entre 30 y 45 años
S.
TOBARRA / C. PARRA, Barcelona / Madrid
El Gobierno destapó ayer su principal
propuesta para una nueva reforma laboral: extender el abaratamiento del despido
procedente a 33 días por año trabajado a todos los nuevos contratos fijos. El
ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que lanzó esta propuesta para
combatir la eventualidad laboral, añadió que es una "vía correcta, aunque no la
única". La reforma laboral de 1997 limita la indemnización por despido a 33 días
por año trabajado para los menores de 30 años y para los mayores de 45 años. La
otra modalidad de contrato fijo tiene 45 días por año de indemnización.
El nuevo contrato indefinido que el ministro de Trabajo quiere
generalizar a todos los colectivos no es aplicable ahora a los trabajadores de
entre 30 y 45 años, con la excepción de quienes lleven parados más de un año,
los trabajadores discapacitados y los temporales que pasan a fijos. El ministro
Juan Carlos Aparicio justificó su propuesta de extenderlo a todos los grupos de
edad debido a la "referencia valiosa" que ha supuesto la reforma laboral de
1997, pactada por la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT y aprobada por
el primer Gobierno del Partido Popular.
Un portavoz del Ministerio de Trabajo recalcó ayer que la
propuesta del ministro no excluye que no se puedan seguir haciendo los llamados
contratos fijos ordinarios, con las condiciones anteriores a la reforma laboral
de 1997: 45 días de indemnización por despido procedente por cada año trabajado,
con un tope de 42 mensualidades.
En la práctica, sin embargo, las empresas se han decantado
desde 1997 a favor del nuevo contrato fijo, cuya extinción es más barata. Tienen
una indemnización de 33 días por cada año trabajado, con un tope de 24
mensualidades. Otra de las ventajas para las empresas de los nuevos contratos
fijos, junto al menor coste en caso de despido, es que la Administración paga
una parte de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social.
Desde la reforma laboral de 1997, se han hecho cerca de 2,5
millones de contratos fijos con las ventajas acordadas entonces para las
empresas, según datos del Ministerio de Trabajo. El departamento destaca que,
pese a esos cambios, las empresas han realizado 800.000 contratos fijos con las
condiciones anteriores de 45 días de indemnización en caso de despido
procedente.
El ministro de Trabajo, que participó en Barcelona en una
jornada de conmemoración del centenario de la Seguridad Social, se mostró en
contra de la propuesta de los sindicatos, consistente en penalizar los contratos
temporales encareciendo sus cotizaciones a la Seguridad Social en torno a 10
puntos.
Subida de cotizaciones
Por el contrario, las direcciones de los sindicatos CC OO y UGT
consideran que penalizar los contratos eventuales es la mejor forma de combatir
la temporalidad. Pero Aparicio consideró ayer que no es bueno "sobrecargar las
cotizaciones" a la Seguridad Social y afirmó que existen vías distintas a la
penalización. Además, el ministro dijo que elevar las cotizaciones supone una
"aproximación no pacífica" al diálogo social que han puesto en marcha la
patronal y los sindicatos.
El ministro de Trabajo añadió que es necesario no predisponer a
los trabajadores jóvenes en contra de los de más edad, haciéndoles pensar que
sólo la "eliminación física" de los más antiguos les va a permitir tener un
empleo. A su juicio, es necesario un "pacto generacional", porque "no son
compatibles periodos más cortos de cotización a la Seguridad Social y periodos
más largos de disfrute de las prestaciones", de desempleo y de jubilación.
El ministro señaló que, cuando en 1996, el Partido Popular
llegó al Gobierno "sólo se hablaba del reparto del empleo, mientras que ahora el
debate se ha trasladado a la calidad del mismo. "Hoy", añadió, "podemos hablar
sin incredulidad del pleno empleo, cuando hace unos años predominaba la
resignación".
El Gobierno lleva meses diciendo que es necesario alcanzar una
reforma laboral antes de que acabe el año, aunque hasta ahora no había dado un
paso al frente en este campo, ni había precisado sus propuestas. El propio
presidente del Gobierno, José María Aznar, ha fijado ante los empresarios la
fecha de final de año para alcanzar un acuerdo con los sindicatos. En medios
empresariales se afirma que Aznar ha dejado entrever en algunos encuentros que
el Gobierno actuará y adoptará medidas si los agentes sociales no llegan a
acuerdos. En 1997, el Gobierno no actuó y esperó un año a que sindicatos y
empresarios negociasen y se pusieran de acuerdo sobre los nuevos contratos y las
condiciones del despido.
Con su propuesta de abaratar nuevamente el despido, el Gobierno
quiere reducir los contratos temporales, que en España suponen el 32% del total
de trabajadores asalariados, el doble que la media de la Unión Europea. El
porcentaje de trabajadores eventuales llegó al 35% antes de la reforma laboral
de 1997, pero su descenso se ha frenado durante el último año.
Los
sindicatos piden al Ejecutivo que no interfiera en el diálogo
C. P. / S. T., Madrid / Barcelona
El modelo de reforma
laboral lanzado por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, ha provocado
malestar en los sindicatos. Desde las direcciones de UGT y CC OO se exigió ayer
al Gobierno que no interfiera en el diálogo que ambas organizaciones mantienen
con la patronal CEOE, y menos aún para descalificar las propuestas sindicales.
Las dos centrales aseguraron que la tesis que defiende el
Ejecutivo, consistente en extender el abaratamiento del despido a todos los
colectivos y edades, no va a atajar la precariedad. Junto a esas afirmaciones,
el responsable de comunicación de UGT, Antonio Ordóñez, reiteraba ayer que su
objetivo es poner freno a una temporalidad que afecta al 32% de los asalariados,
y que duplica las cifras de la Unión Europea.
Rodolfo Benito, secretario de comunicación de CC OO, acusó al
Gobierno de mantener una postura "muy cercana" a la de la patronal, en el
sentido de crear un contrato fijo más barato, con menor coste de despido y de
cotizaciones sociales. "Los sindicatos no admitiremos esto y sólo hablaremos de
rebajar la temporalidad; no nos llevarán a ese debate", afirmó. Asimismo,
advirtió al Ejecutivo de que lo que no se logre por consenso mediante el diálogo
social se convertirá en conflicto.
Penalizar la temporalidad
Las propuestas que las dos centrales han presentado a la
patronal van en una dirección diferente a los criterios expuestos por el
ministro de Trabajo y Seguridad Social. Las direcciones sindicales han acordado
defender en la mesa negociadora una penalización de los contratos temporales y
aumentar sus costes para que las empresas desistan de la masiva utilización que
ahora hacen de la contratación eventual. En concreto, abogan por una subida de
las cotizaciones en torno a diez puntos.
Asimismo, argumentan que en la reforma de 1997 ya abordaron un
cambio profundo de los contratos fijos, y pactaron con la patronal la nueva
figura de relación laboral estable. El balance que hacen de esos cambios es que,
a pesar de que se han realizado más de dos millones de contratos con ese modelo,
la rotación sigue siendo muy elevada. Según sus datos, hay 1,2 millones de
trabajadores a los que se les realizan diez o más contratos a lo largo de un año
y en la misma empresa.
Por ello, creen que ahora se debe actuar para poner freno a lo
que las centrales califican claramente de "abusos" en la contratación temporal,
a través de la vía de elevar los costes para esas relaciones laborales.
CC OO condiciona un pacto laboral
a la reducción de la contratación temporal
Los sindicatos van a pedir al presidente
Aznar una reunión para abordar las discrepancias
C.P, Madrid
El
secretario general de CC OO, José María Fidalgo, advirtió ayer que no habrá
acuerdo sobre la reforma del mercado laboral si no se
adoptan medidas para penalizar los contratos temporales y para reducir la
eventualidad. Un aviso que se produce como consecuencia de la propuesta lanzada
por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, para extender el abaratamiento
del despido a todos los nuevos contratos. CC OO y UGT van a pedir una entrevista
con el presidente del Gobierno, José María Aznar, para aclarar las discrepancias
surgidas en el proceso de diálogo.
El consejo confederal de CC OO,
máximo órgano de decisión entre congresos, ha decidido que el objetivo de la
central en el actual proceso de diálogo será rebajar la temporalidad, que
constituye, a su juicio, el principal problema que tiene el mercado laboral. Ésa
es la condición indispensable marcada también por su secretario general, José
María Fidalgo, en el informe al consejo: "En la regulación de la temporalidad,
está el ingrediente de su reducción en el sector privado y en el público, no en
actuaciones para que el contrato indefinido sea tan atractivo para el empresario
que se convierta en indeterminado".
Después, si se logran
acuerdos para penalizar la contratación temporal, entonces aceptarán discutir de
contratación indefinida, y si se prolonga el contrato pactado en 1997.
Eso supone que las prioridades de CC OO ante el diálogo chocan frontalmente con
las marcadas por la propuesta lanzada por el ministro de Trabajo, quien el
martes sugirió que se aborde directamente la extensión a todos los colectivos
del contrato de 1997, que cuenta con una indemnización por despido de 33 días
por año trabajado, frente a los 45 días del otro modelo.
Fidalgo dejó ayer claro que, si se
empieza la tarea por ahí, no habrá acuerdo e incluso apuntó que en el caso de
que el diálogo se convierta "en un conflicto de intereses que el Gobierno quiera
resolver unilateralmente a favor de la parte empresarial", la discrepancia
"pasaría a dirimirse fuera de la mesa de negociación" y derivaría en
movilizaciones.
El líder de CC OO, tras reconocer el
derecho del ministro de Trabajo a "opinar lo que quiera", le recordó que él no
está sentado en la mesa de negociación del mercado laboral. Por eso Fidalgo, de
común acuerdo con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, van a pedir al
presidente del Gobierno, José María Aznar, una reunión para aclarar las
discrepancias surgidas sobre mercado laboral, y en torno al bloqueo existente en
la mesa del Pacto de Toledo de pensiones. En la misma línea, el secretario de
acción sindical de UGT, Toni Ferrer, contestó al ministro de Trabajo que "el
proceso de negociación sobre el empleo y la negociación colectiva corresponden a
los interlocutores sociales, es decir, a la patronal y los sindicatos".
El secretario de acción sindical de
UGT aseguró que la propuesta realizada por Aparicio demuestra que "el Gobierno
se ha posicionado con los sectores más maximalistas de los empresarios centrando
el problema de nuestro país en el despido, cuando el problema del mercado
laboral es la excesiva temporalidad y la rotación en el empleo".
Desde la patronal catalana
Fomento del Trabajo se admitía ayer la penalización de la eventualidad a cambio
de abaratar el despido. Su secretario general, Joan Pujol, en declaraciones a
Servimedia, aseguró que el objetivo debe ser frenar la temporalidad, y para ello
considera necesario abaratar las indemnizaciones de despido de los contratos
fijos y penalizar "algo" la contratación temporal, en mayor medida cuanto más
corto sea el contrato.
Apoyo condicionado del
PSOE
C.M, Madrid
El portavoz
socialista de Política Social y Empleo, Ramón Jáuregui, calificó ayer de
"razonable" la propuesta de abaratamiento del despido lanzada
por el Gobierno. La condición para que el PSOE dé su respaldo a una
indemnización de 33 días por año trabajado es que, al mismo tiempo, se penalice
la contratación temporal y que todo ello sea fruto de un pacto con los agentes
sociales. "El problema no es abaratar el despido", dijo, "sino la
temporalidad de los contratos".
Pese a esta postura abierta, el PSOE
critica la forma en que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos
Aparicio, ha dado el pistoletazo de salida para una nueva reforma laboral.
Aparicio, dijo Jáuregui, "se equivoca" al lanzar esta propuesta como una
solución, justo cuando se está desarrollando el diálogo con empresarios y
sindicatos. De esta forma, se "entorpece y dificulta el diálogo social", aseguró
el portavoz socialista.
Cuevas defiende
que haya mayor equilibrio entre los contratos fijos y temporales
La patronal
rechaza penalizar la eventualidad
EL PAÍS, Madrid
El
presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, rechazó ayer la pretensión de
los sindicatos de penalizar la contratación temporal, y defendió fórmulas que
permitan un mayor equilibrio entre contratación fija y temporal. Cuevas no quiso
pronunciarse sobre la propuesta del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio,
de extender el contrato con despido de 33 días por año trabajado a todos los
nuevos contratos fijos, porque patronal y sindicatos están en debate permanente
para encontrar medidas, pero sí cree que el Gobierno "ni puede ni debe
mantenerse al margen".
El dirigente de la patronal aseguró
que la negociación de la reforma laboral con las centrales es "difícil", porque
existen diferencias de apreciación entre la importancia de "la defensa del
empleo o del puesto de trabajo", pero su apuesta consiste en "ser ambiciosos".
El centro del diálogo, dijo, es que CEOE defiende la creación de empleo de más
calidad, frente a la creencia sindical de que lo prioritario es mantener el
puesto de trabajo y penalizar la temporalidad. El equilibrio se consigue en su
opinión "aproximando la flexibilidad de los contratos y de los costes laborales
e intensificando los acuerdos de 1997".
Por contra, el secretario de acción
sindical de UGT y responsable de las negociaciones con la patronal, Toni Ferrer,
centró el objetivo de su sindicato ante el diálogo social en la reducción de la
precariedad laboral y en la mejora del sistema de protección para parados y
prejubilados. Ferrer criticó al Gobierno por "interferir negativamente en el
diálogo", al respaldar las posturas "más duras" de la CEOE y considerar que la
principal deficiencia del mercado laboral estriba en el coste del despido. A
juicio de Ferrer, el problema reside en "una eventualidad inasumible que es tres
veces la del resto de Europa y afecta a un 70% de los jóvenes". Este aspecto,
razonó, es negativo para las empresas, para los fondos públicos de desempleo y
para los trabajadores.
En lo que sí se han puesto de acuerdo
los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y CEPYME ha sido en solicitar
al Gobierno que amplíe el plazo para exteriorizar los compromisos por pensiones
de las empresas con sus trabajadores, que finaliza el 1 de enero de 2001, hasta
el 16 de noviembre de 2002. Esta petición, acordada en el seno del diálogo
social, ha sido planteada en una carta conjunta remitida al Ministerio de
Economía y a los portavoces de los grupos parlamentarios.