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El Gobierno quiere extender el coste del despido de 33 días por año a todos los contratos fijos

El ministro de Trabajo pretende que la nueva indemnización afecte al colectivo entre 30 y 45 años

S. TOBARRA / C. PARRA, Barcelona / Madrid
El Gobierno destapó ayer su principal propuesta para una nueva reforma laboral: extender el abaratamiento del despido procedente a 33 días por año trabajado a todos los nuevos contratos fijos. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que lanzó esta propuesta para combatir la eventualidad laboral, añadió que es una "vía correcta, aunque no la única". La reforma laboral de 1997 limita la indemnización por despido a 33 días por año trabajado para los menores de 30 años y para los mayores de 45 años. La otra modalidad de contrato fijo tiene 45 días por año de indemnización.

El nuevo contrato indefinido que el ministro de Trabajo quiere generalizar a todos los colectivos no es aplicable ahora a los trabajadores de entre 30 y 45 años, con la excepción de quienes lleven parados más de un año, los trabajadores discapacitados y los temporales que pasan a fijos. El ministro Juan Carlos Aparicio justificó su propuesta de extenderlo a todos los grupos de edad debido a la "referencia valiosa" que ha supuesto la reforma laboral de 1997, pactada por la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT y aprobada por el primer Gobierno del Partido Popular.

Un portavoz del Ministerio de Trabajo recalcó ayer que la propuesta del ministro no excluye que no se puedan seguir haciendo los llamados contratos fijos ordinarios, con las condiciones anteriores a la reforma laboral de 1997: 45 días de indemnización por despido procedente por cada año trabajado, con un tope de 42 mensualidades.

En la práctica, sin embargo, las empresas se han decantado desde 1997 a favor del nuevo contrato fijo, cuya extinción es más barata. Tienen una indemnización de 33 días por cada año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Otra de las ventajas para las empresas de los nuevos contratos fijos, junto al menor coste en caso de despido, es que la Administración paga una parte de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social.

Desde la reforma laboral de 1997, se han hecho cerca de 2,5 millones de contratos fijos con las ventajas acordadas entonces para las empresas, según datos del Ministerio de Trabajo. El departamento destaca que, pese a esos cambios, las empresas han realizado 800.000 contratos fijos con las condiciones anteriores de 45 días de indemnización en caso de despido procedente.

El ministro de Trabajo, que participó en Barcelona en una jornada de conmemoración del centenario de la Seguridad Social, se mostró en contra de la propuesta de los sindicatos, consistente en penalizar los contratos temporales encareciendo sus cotizaciones a la Seguridad Social en torno a 10 puntos.

Subida de cotizaciones

Por el contrario, las direcciones de los sindicatos CC OO y UGT consideran que penalizar los contratos eventuales es la mejor forma de combatir la temporalidad. Pero Aparicio consideró ayer que no es bueno "sobrecargar las cotizaciones" a la Seguridad Social y afirmó que existen vías distintas a la penalización. Además, el ministro dijo que elevar las cotizaciones supone una "aproximación no pacífica" al diálogo social que han puesto en marcha la patronal y los sindicatos.

El ministro de Trabajo añadió que es necesario no predisponer a los trabajadores jóvenes en contra de los de más edad, haciéndoles pensar que sólo la "eliminación física" de los más antiguos les va a permitir tener un empleo. A su juicio, es necesario un "pacto generacional", porque "no son compatibles periodos más cortos de cotización a la Seguridad Social y periodos más largos de disfrute de las prestaciones", de desempleo y de jubilación.

El ministro señaló que, cuando en 1996, el Partido Popular llegó al Gobierno "sólo se hablaba del reparto del empleo, mientras que ahora el debate se ha trasladado a la calidad del mismo. "Hoy", añadió, "podemos hablar sin incredulidad del pleno empleo, cuando hace unos años predominaba la resignación".

El Gobierno lleva meses diciendo que es necesario alcanzar una reforma laboral antes de que acabe el año, aunque hasta ahora no había dado un paso al frente en este campo, ni había precisado sus propuestas. El propio presidente del Gobierno, José María Aznar, ha fijado ante los empresarios la fecha de final de año para alcanzar un acuerdo con los sindicatos. En medios empresariales se afirma que Aznar ha dejado entrever en algunos encuentros que el Gobierno actuará y adoptará medidas si los agentes sociales no llegan a acuerdos. En 1997, el Gobierno no actuó y esperó un año a que sindicatos y empresarios negociasen y se pusieran de acuerdo sobre los nuevos contratos y las condiciones del despido.

Con su propuesta de abaratar nuevamente el despido, el Gobierno quiere reducir los contratos temporales, que en España suponen el 32% del total de trabajadores asalariados, el doble que la media de la Unión Europea. El porcentaje de trabajadores eventuales llegó al 35% antes de la reforma laboral de 1997, pero su descenso se ha frenado durante el último año.

Los sindicatos piden al Ejecutivo que no interfiera en el diálogo

C. P. / S. T., Madrid / Barcelona
El modelo de reforma laboral lanzado por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, ha provocado malestar en los sindicatos. Desde las direcciones de UGT y CC OO se exigió ayer al Gobierno que no interfiera en el diálogo que ambas organizaciones mantienen con la patronal CEOE, y menos aún para descalificar las propuestas sindicales.

Las dos centrales aseguraron que la tesis que defiende el Ejecutivo, consistente en extender el abaratamiento del despido a todos los colectivos y edades, no va a atajar la precariedad. Junto a esas afirmaciones, el responsable de comunicación de UGT, Antonio Ordóñez, reiteraba ayer que su objetivo es poner freno a una temporalidad que afecta al 32% de los asalariados, y que duplica las cifras de la Unión Europea.

Rodolfo Benito, secretario de comunicación de CC OO, acusó al Gobierno de mantener una postura "muy cercana" a la de la patronal, en el sentido de crear un contrato fijo más barato, con menor coste de despido y de cotizaciones sociales. "Los sindicatos no admitiremos esto y sólo hablaremos de rebajar la temporalidad; no nos llevarán a ese debate", afirmó. Asimismo, advirtió al Ejecutivo de que lo que no se logre por consenso mediante el diálogo social se convertirá en conflicto.

Penalizar la temporalidad

Las propuestas que las dos centrales han presentado a la patronal van en una dirección diferente a los criterios expuestos por el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Las direcciones sindicales han acordado defender en la mesa negociadora una penalización de los contratos temporales y aumentar sus costes para que las empresas desistan de la masiva utilización que ahora hacen de la contratación eventual. En concreto, abogan por una subida de las cotizaciones en torno a diez puntos.

Asimismo, argumentan que en la reforma de 1997 ya abordaron un cambio profundo de los contratos fijos, y pactaron con la patronal la nueva figura de relación laboral estable. El balance que hacen de esos cambios es que, a pesar de que se han realizado más de dos millones de contratos con ese modelo, la rotación sigue siendo muy elevada. Según sus datos, hay 1,2 millones de trabajadores a los que se les realizan diez o más contratos a lo largo de un año y en la misma empresa.

Por ello, creen que ahora se debe actuar para poner freno a lo que las centrales califican claramente de "abusos" en la contratación temporal, a través de la vía de elevar los costes para esas relaciones laborales.

C.P, Madrid
El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, advirtió ayer que no habrá acuerdo sobre la reforma del mercado laboral si no se adoptan medidas para penalizar los contratos temporales y para reducir la eventualidad. Un aviso que se produce como consecuencia de la propuesta lanzada por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, para extender el abaratamiento del despido a todos los nuevos contratos. CC OO y UGT van a pedir una entrevista con el presidente del Gobierno, José María Aznar, para aclarar las discrepancias surgidas en el proceso de diálogo.

El consejo confederal de CC OO, máximo órgano de decisión entre congresos, ha decidido que el objetivo de la central en el actual proceso de diálogo será rebajar la temporalidad, que constituye, a su juicio, el principal problema que tiene el mercado laboral. Ésa es la condición indispensable marcada también por su secretario general, José María Fidalgo, en el informe al consejo: "En la regulación de la temporalidad, está el ingrediente de su reducción en el sector privado y en el público, no en actuaciones para que el contrato indefinido sea tan atractivo para el empresario que se convierta en indeterminado".

Después, si se logran acuerdos para penalizar la contratación temporal, entonces aceptarán discutir de contratación indefinida, y si se prolonga el contrato pactado en 1997. Eso supone que las prioridades de CC OO ante el diálogo chocan frontalmente con las marcadas por la propuesta lanzada por el ministro de Trabajo, quien el martes sugirió que se aborde directamente la extensión a todos los colectivos del contrato de 1997, que cuenta con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, frente a los 45 días del otro modelo.

Fidalgo dejó ayer claro que, si se empieza la tarea por ahí, no habrá acuerdo e incluso apuntó que en el caso de que el diálogo se convierta "en un conflicto de intereses que el Gobierno quiera resolver unilateralmente a favor de la parte empresarial", la discrepancia "pasaría a dirimirse fuera de la mesa de negociación" y derivaría en movilizaciones.

El líder de CC OO, tras reconocer el derecho del ministro de Trabajo a "opinar lo que quiera", le recordó que él no está sentado en la mesa de negociación del mercado laboral. Por eso Fidalgo, de común acuerdo con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, van a pedir al presidente del Gobierno, José María Aznar, una reunión para aclarar las discrepancias surgidas sobre mercado laboral, y en torno al bloqueo existente en la mesa del Pacto de Toledo de pensiones. En la misma línea, el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, contestó al ministro de Trabajo que "el proceso de negociación sobre el empleo y la negociación colectiva corresponden a los interlocutores sociales, es decir, a la patronal y los sindicatos".

El secretario de acción sindical de UGT aseguró que la propuesta realizada por Aparicio demuestra que "el Gobierno se ha posicionado con los sectores más maximalistas de los empresarios centrando el problema de nuestro país en el despido, cuando el problema del mercado laboral es la excesiva temporalidad y la rotación en el empleo".

Desde la patronal catalana Fomento del Trabajo se admitía ayer la penalización de la eventualidad a cambio de abaratar el despido. Su secretario general, Joan Pujol, en declaraciones a Servimedia, aseguró que el objetivo debe ser frenar la temporalidad, y para ello considera necesario abaratar las indemnizaciones de despido de los contratos fijos y penalizar "algo" la contratación temporal, en mayor medida cuanto más corto sea el contrato.

Apoyo condicionado del PSOE

C.M, Madrid
El portavoz socialista de Política Social y Empleo, Ramón Jáuregui, calificó ayer de "razonable" la propuesta de abaratamiento del despido lanzada por el Gobierno. La condición para que el PSOE dé su respaldo a una indemnización de 33 días por año trabajado es que, al mismo tiempo, se penalice la contratación temporal y que todo ello sea fruto de un pacto con los agentes sociales. "El problema no es abaratar el despido", dijo, "sino la temporalidad de los contratos".

Pese a esta postura abierta, el PSOE critica la forma en que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, ha dado el pistoletazo de salida para una nueva reforma laboral. Aparicio, dijo Jáuregui, "se equivoca" al lanzar esta propuesta como una solución, justo cuando se está desarrollando el diálogo con empresarios y sindicatos. De esta forma, se "entorpece y dificulta el diálogo social", aseguró el portavoz socialista.

Cuevas defiende que haya mayor equilibrio entre los contratos fijos y temporales

La patronal rechaza penalizar la eventualidad

EL PAÍS, Madrid
El presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, rechazó ayer la pretensión de los sindicatos de penalizar la contratación temporal, y defendió fórmulas que permitan un mayor equilibrio entre contratación fija y temporal. Cuevas no quiso pronunciarse sobre la propuesta del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, de extender el contrato con despido de 33 días por año trabajado a todos los nuevos contratos fijos, porque patronal y sindicatos están en debate permanente para encontrar medidas, pero sí cree que el Gobierno "ni puede ni debe mantenerse al margen".

El dirigente de la patronal aseguró que la negociación de la reforma laboral con las centrales es "difícil", porque existen diferencias de apreciación entre la importancia de "la defensa del empleo o del puesto de trabajo", pero su apuesta consiste en "ser ambiciosos". El centro del diálogo, dijo, es que CEOE defiende la creación de empleo de más calidad, frente a la creencia sindical de que lo prioritario es mantener el puesto de trabajo y penalizar la temporalidad. El equilibrio se consigue en su opinión "aproximando la flexibilidad de los contratos y de los costes laborales e intensificando los acuerdos de 1997".

Por contra, el secretario de acción sindical de UGT y responsable de las negociaciones con la patronal, Toni Ferrer, centró el objetivo de su sindicato ante el diálogo social en la reducción de la precariedad laboral y en la mejora del sistema de protección para parados y prejubilados. Ferrer criticó al Gobierno por "interferir negativamente en el diálogo", al respaldar las posturas "más duras" de la CEOE y considerar que la principal deficiencia del mercado laboral estriba en el coste del despido. A juicio de Ferrer, el problema reside en "una eventualidad inasumible que es tres veces la del resto de Europa y afecta a un 70% de los jóvenes". Este aspecto, razonó, es negativo para las empresas, para los fondos públicos de desempleo y para los trabajadores.

En lo que sí se han puesto de acuerdo los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y CEPYME ha sido en solicitar al Gobierno que amplíe el plazo para exteriorizar los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores, que finaliza el 1 de enero de 2001, hasta el 16 de noviembre de 2002. Esta petición, acordada en el seno del diálogo social, ha sido planteada en una carta conjunta remitida al Ministerio de Economía y a los portavoces de los grupos parlamentarios.