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| Asunto: | [BoletinAndaluciaLibre] nº 103 - Andanzas saudies - Intersindical andaluza - Pro ceso Vinaros - Guerra - | | Fecha: | Sabado, 3 de Noviembre, 2001 08:09:17 (+0100) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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nº
103
En este Correo:
* Andalucía:
Andanzas saudíes,
miserias andaluzas y
cuestiones de Protocolo.
* Sindicalismo
andaluz: El proceso de la
Intersindical andaluza.
* El SOC
exige 6.000 ptas. en Convenio del
campo de Almería.
* El SOC
anuncia ocupaciones
de fincas de RUMASA
* Andalucía:
125.000 a favor de un Referendum en el
Sahara.
* Crisis
diplomatica Marruecos-Estado
español.
LA
GUERRA:
* Movilizaciones
antiguerra en Andalucía.
*
Andalucía
Libre y la Plataforma andaluza contra la
Guerra. Razones para una rectificación
* El
Partido Andalucista y la
Guerra.
* La ONU y la
Guerra: Apoyo total al
imperialismo.
* Países
Catalanes: El proceso de
Vinaros. - Enlaces
* Francisco
Fernández Buey, Seis razones
para manifestarse contra
la nueva ley de
universidades
* Sugerencias,
- Centro
Andaluz del Flamenco.
-
Cádiz Rebelde
* Directorio,
Música
--oOo--
Andanzas
saudíes, miserias andaluzas y cuestiones de
Protocolo
Andalucía
Libre
Salman Ibn
Abdulaziz,
Gobernador de Riad.
Nº 3 en la línea de sucesión
saudí.
Es conocida la querencia de los oligarcas saudíes
y de los estados del Golfo por Andalucía. La Costa del Sol está bien provista de
mansiones y lujosas residencias de miembros de las bien amplias familias reales
respectivas. El propio Rey Fahd posee aquí un extenso complejo palaciego, dotado
con el derroche habitual saudí. Desde hace treinta años, es costumbre que
familias enteras de las elites de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos
etc acudan a Andalucía -siguiendo el modelo real- a pasar el verano y
evadirse de las altas temperaturas estivales de la Península
arabiga. Aparte de esta vinculación
turística y de relax, la otra faceta más conocida de la relación saudí con
Andalucía es la política de subvenciones escogidas a asociaciones
musulmanas con las que el Reino pretende influir y controlar, a fuerza de
petrodólares, a las comunidades islámicas, discriminando entre afines y
ajenos. La tan traída nostalgia por Al-Andalus no ha producido hasta la
fecha la menor inversión productiva en la Andalucía de hoy.
El
Estado español, por su parte, tiene por costumbre ofrecer a sus
ilustres visitantes árabes recorridos por Andalucía (Córdoba, Sevilla,
Granada...) como complemento cultural en sus visitas oficiales;
los negocios se hacen en Madrid y la poesía se deja para
Andalucía.
Si
recientemente la islamista Al-Qaeda recordaba, lamentándose, la
conquista de Andalucía, los también muy integristas wahabies saudíes, no parecen
compartir exactamente la misma interpretación histórica. De otro modo no
cabría explicarse su muy intima amistad con la familia Borbón (a fin de cuentas,
heredera de quienes realizaron la Conquista y encarnación de la Monarquía
española que la perpetua). Es conocido que en 1977 la Monarquía saudi entregó al
rey español 100 millones de dólares para ayudarle a consolidar la Monarquía
española. En 1979 el rey saudi Fahd le regaló a su hermano Juan
Carlos su yate Fortuna II. Ya anteriormente, desde principios de los 70, el
entonces príncipe Borbón mediaba habitualmente en negocios
petroleros con Arabía Saudí, en retribución de los cuales "recibía una
comisión"(*). Manuel Prado y Colón de Carvajal, su
reconocido amigo y embajador por decisión personal real, ha estado al
frente de empresas mixtas hispano-saudíes dedicadas a la compraventa de
armamento y ya declaró, a raíz del escándalo KIO, haber recibido otros
100 millones de dólares kuwaitíes, como compensación a las gestiones realizadas
durante la Guerra del Golfo. Hay, como se puede ver, muy fuertes sostenes
materiales para las fraternidades reales y evidentes conexiones con Andalucía en
toda esta compleja relación, agudizada si cabe desde el acceso del granadino
Fernando Almansa a la jefatura de la Casa Real
española.
Precedentes
Gabriel
Diaz Berbel (PP)
anterior Alcalde de
Granada
En Agosto de 1997, el príncipe Salman Ibn
Abdulazis, hermano del rey, Gobernador de Riad,
hombre de influencia en las alturas saudíes y propietario de un palacio en
Marbella vecino al del rey Fahd, se plantó en el Llano de la Perdiz de Granada,
enfrente de la Alhambra, con quince jaimas (equipadas, eso si, con luz
eléctrica, televisión, teléfonos y aire acondicionado) para meditar. El
príncipe Salman, según informó la prensa del momento, era un enamorado de
Al-Andalus hasta el punto de tener en su palacio de Riad una reproducción a
tamaño real de la Alhambra. Fue recibido y agasajado por el entonces alcalde de
Granada, el empresario Gabriel Diaz Berbel (PP), personaje que compatibilizaba
su responsabilidad municipal con el puesto de Senador y que ya se había
distinguido por sus amplias y selectas relaciones
internacionales: a su toma de posesión como alcalde acudieron, entre otros,
representantes de la ARENA salvadoreña o del Kuomintang de Taiwan. El príncipe
saudí entrego diversos obsequios al alcalde y sus colaboradores y regaló al
Ayuntamiento granadino dos caballos de pura raza. El proyectado retiro
principesco, sin embargo, hubo de ser acortado por la polémica suscitada a
cuenta del destino y legitimidad de los regalos saudíes y por las contundentes
denuncias del carácter represivo del régimen ultrareaccionario saudí, hechas a
la prensa local por un concejal, entonces en IU. Díaz Berbel consideró que los
regalos eran personales y ni los entregó ni los devolvió y se lamentó del
espíritu destructivo de la entonces oposición y particularmente de su sector más
extremista, doliéndose de los perjuicios que esta actitud podría traer
para el progreso de Granada. Aún así, meses después el alcalde Díaz Berbel, su
señora, otros concejales del PP y su chofer, realizaron un viaje a Riad a
disfrutar de la hospitalidad saudí, en devolución al caluroso recibimiento y las
atenciones recibidas por el príncipe Salman durante su estancia en
Granada.
Nueva visita,
nuevo escandalo.
José Moratalla (PSOE),
actual Alcalde de
Granada
y presidente de la Federación andaluza de municipios y
provincias.
En 1999, tras las
siguientes elecciones municipales, la Alcaldía de Granada pasó a manos de José
Moratalla (PSOE) como consecuencia de un pacto tripartito PSOE-IU-PA(ahora
PSA).
A finales de junio
de 2001 el príncipe Salman Ibn Abdulazis realizó una visita oficial a Madrid
(con recepción y banquete real incluido, por supuesto) que paso, como es
habitual, desapercibida para el gran público.
Tres meses
después, la periodista Amina Nasser, destapaba en el diario local
IDEAL la caja de los truenos
haciéndose eco, a través de denuncias de un concejal del PP, que el tan conocido
príncipe había visitado de forma privada Granada, dedicándosele un banquete
intimo en el Parador de San Francisco a él y sus sequito, con una factura para
las arcas municipales de 323.557 pesetas-1944,61€. El escándalo provenía de que,
en dicha colación, la concejala de la Mujer Asunción Jodar (PSOE) -única fémina
presente- había sido sentada aparte en otra mesa y en una habitación separada.
En compensación a las atenciones recibidas el saudí regalo una
daga de oro, plata y acero para el alcalde (valorada en 800.000 pesetas-4.808€)
y un 'Cartier' de oro para la concejala de la Mujer presuntamente discriminada
(valorado en 680.000 pesetas-4.086€). Precisamente a finales de Septiembre, el
PSOE anunciaba que esos regalos pasaban al Patrimonio
municipal.
A
raíz del articulo, PP y PSOE se enzarzaron en una polémica pública. Según el
PSOE, los regalos se habían entregado al Ayuntamiento a mediados de Julio,
lo que contrastaba con los rolex y las joyas que el mismo príncipe había
entregado a los del PP y sus cónyuges en su anterior visita de 1997 que seguían
en sus manos. El PP respondía que la concejala del PSOE había ido enseñando el
cartier por el Ayuntamiento a varias funcionarias, días después de la visita.
Esta misma concejala lío aún más la madeja afirmando el 1 de octubre que el
saudí se había pagado la comida y se reconoció molesta por lo que entendía como
postergación. El PP por su parte, denunciaba la discriminación y el exalcalde
Díaz Berbel terciaba diciendo que si a su esposa Manuela le hacen
lo mismo, él se levanta y se va y recordó que en su viaje a
Riad su esposa siempre comió en su misma mesa. Aparicio, portavoz municipal del
PSOE,
compareció ante los medios para zanjar la cuestión y negó que el dignatario
árabe discriminara a la concejala de la Mujer impidiendo que ésta se sentara en
su misma mesa. «Si Asunción Jódar hubiera sido hombre se habría actuado
igual», señaló el edil que a renglón seguido explicó: «El alcalde comió
en la mesa principal junto al príncipe, un intérprete y el séquito que el
príncipe escogió. Asunción Jódar compartió mesa con otros miembros, entre ellos
el director de la Fundación del Legado Andalusí, Jerónimo Páez. No hubo ninguna
discriminación. La edil no se sentó con el príncipe
porque así lo aconsejó el protocolo pactado con la Casa Real y
Presidencia del Gobierno, que fueron los que nos pidieron que atendiéramos al
príncipe».(**)
Jerónimo
Páez entra al quite
Rosa
Aguilar (PCE-IU),
Alcaldesa
de Córdoba
Jeronimo
Paez, cicerone de la visita principesca y con sobrada experiencia en el trato
con familias reales tanto propias como ajenas, molesto por verse implicado
en el asunto, remitió una carta al diario IDEAL en donde
puntualizaba: "El
príncipe Salman vino a España en visita oficial del 26 al 29 de Junio. Fue
recibido por el presidente del Gobierno, señor. Aznar, y, posteriormente, por el
presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y alcalde de esta ciudad.
Precisamente, con motivo de esa visita oficial fue a Córdoba y visitó la
Exposición de los Omeyas, con el equipo de miembros de su departamento que le
acompañaban. En dicha ciudad se entrevistó con la alcaldesa y,
además, comió en un restaurante de esta ciudad. En esa comida, que tenía el
mismo carácter que la de Granada, el príncipe comió exclusivamente con
la primera autoridad de la ciudad de Córdoba, porque así se había decidido en el
protocolo oficial. La máxima autoridad era la alcaldesa, Rosa Aguilar,
que fue la única autoridad con la que compartió mesa, por lo que no hubo en
ningún momento discriminación alguna, sino únicamente reglas de protocolo.
Los otros miembros del Ayuntamiento de Córdoba comieron en mesa aparte,
por las mismas razones. En
Granada sucedió lo mismo, comió con los miembros de su departamento y con la
primera autoridad de la ciudad. Sucede que en Granada esta autoridad es un
hombre y no una mujer. Los otros miembros del Ayuntamiento comieron en otra
mesa, al igual que en Córdoba.". Páez, además, afirmaba
que "La
visita fue considerada por el Gobierno de la nación como muy importante para
nuestro país, que hacía años deseaba que se hiciera, dada la personalidad del
visitante, su cargo y sus especiales relaciones con nosotros. El Gobierno lo
atendió, en todo momento, como corresponde a un ilustre visitante y
amigo de España. De la misma forma fue considerado y atendido
por la Comunidad Autónoma de Madrid, su Ayuntamiento y el de
Córdoba. Por el
contrario, parece que para algunas personas de esta ciudad, tratar al príncipe
Salman con la consideración y respeto debidos ha sido un error, un contrasentido
y, como nos descuidemos, casi un escándalo inadmisible. El
Ayuntamiento de Granada hizo lo que tenía que hacer. Hizo, además, lo que
corresponde a una ciudad como la nuestra, que, si no me equivoco, quiere atender
con el mayor respeto y rigor posible la importante conferencia política que se
va a celebrar en nuestra ciudad, en el mes de febrero, de los 15 ministros de
Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea, con el Consejo de Cooperación del
Golfo Pérsico, uno de cuyos países es Arabia Saudí. Todo ello en el marco, el
próximo semestre, de la Presidencia española de la Unión
Europea."
Derivaciones
y conclusiones.
A
todo esto, ni el PCE-IU ni el PSA -socios del PSOE en el Gobierno municipal de
Granada- abrieron la boca en todo
el desarrollo del asunto. Vistas las derivaciones, resulta claro y significativo
su silencio.
Lo
que había empezado como una cuestión de presunta discriminación sexista por
parte de un integrista árabe, ocultación de gastos municipales y un asunto
de pretendido compadreo, tomaba otros derroteros de mayor enjundia -algo
habitual en Granada-. Resultaba: 1º. Que en el asunto andaban
metidos no sólo Presidencia del Gobierno español sino también la Casa Real,
hasta el punto de aleccionar a los provincianos corporativos sobre su debido
comportamiento en la resbaladiza y procelosa cuestión protocolaria.
2º. Que a la hora de cumplir las directrices estatales, no
había diferencias entre el ayer del PP y el hoy del PSOE en Granada o el PCE-IU
en Córdoba. 3º. Que el fundamentalista Salman era tan
pragmático como su mismo régimen y que tenía bien clara la distinción entre, por
ejemplo, prohibir que las mujeres saudíes condujeran automóviles en
Riad y compartir mesa y mantel con una alcaldesa del PCE-IU en la antigua
capital de la Andalucía Omeya.
Toda
la historia tiene el regusto característico de las relaciones políticas
habituales entre el Reino saudí y el Estado español (y sus aliados tan
occidentales y tan democráticos). De boca para afuera, se
defienden hipócritamente los derechos democráticos y especialmente los de la
mujer; de puertas adentro, se atiende con suma hospitalidad y deferencia a los
responsables y beneficiarios del régimen más reaccionario del mundo; eso sí
intentando que no se conozcan demasiado estas intimidades por la opinión
pública. Hay un toque racista indiscutible en esta actitud; siempre sobrevuela
sobre estas formas de proceder la idea soterrada de que, a fin de cuentas,
estos son sus usos y costumbres, cosas de arabes... (que no de
moros, pues ya se sabe que los árabes son ricos y los
moros, pobres).
Sería
conveniente que se leyeran, por ejemplo, los Informes que Amnistia
Internacional dedica a Arabía Saudí, donde se recogen
testimonios de su arbitrariedad, de su carácter opresivo y negador de todos los
derechos humanos individuales y colectivos y particularmente sobre mujeres,
inmigrantes y minorias. Seria conveniente que se repasara la historia del
régimen wahabita y se recordara su compromiso militante contra todas las
opciones emancipadoras que han existido en la Nación Árabe desde su instauración
en Riad; su intervencionismo; su colaboración y dependencia con el
imperialismo.
No
es creíble que quienes, tanto primero en Córdoba como luego en Granada -por
acción u omisión-, han primado el llamado protocolo y el
sometimiento al Gobierno español sobre los más elementales principios
democráticos, internacionalistas y de izquierda, puedan alegar ignorancia
sobre quien era y qué representaba ese Salman Ibn Abdulazis a quien recibían
tan cordialmente. Que no intenten travestir de mera cortesía lo que eran
actos políticos de claro compromiso y afinidad con la orientación del Gobierno
español y de indiferencia hacía las luchas democráticas y socialistas en la
Nación Arabe. Lo que ocurre es que, a la hora de la verdad, la cobardía política
y el cretinismo institucional priman sobre las retóricas y dejan a cada cual en
su sitio; hasta el punto de, como en otros muchos temas, hacer indistinguibles
unos de otros. Y esto, precisamente hoy y ahora, conviene recordarlo.
(*) Los datos sobre las andanzas del Sr. Borbón y Borbón están recogido
del libro de Patricia Sverlo, Un
Rey Golpe a Golpe,
Arakatzen S.L., San Sebastian, 2000.
(**) Las negritas son nuestras.
Más
información sobre Arabía
Saudí:
 Sindicalismo
andaluzEl Proceso de la Intersindical
Andaluza
Andalucía
Libre
Desde
1996 viene desarrollándose un proceso de unidad del sindicalismo andaluz. En
este proceso participan USTEA, SOC, SUAT, SU y
CUT-Landi, tras el descuelgue de CGT en 1997 por su desacuerdo con el
carácter y marco nacional del proceso. Su resultado político es la
Mesa por la Intersindical
Andaluza (MIA), estructura de ámbito nacional con niveles
provinciales, de la que forman parte los cinco sindicatos. La MIA ha aprobado
varios ejes de definición y actuación política y sindical y ha coordinado la
actuación conjunta de los sindicatos integrantes.
Aunque
se han dado pasos evidentes en la aparición común y en la colaboración entre los
diferentes colectivos sindicales implicados, tanto a escala nacional como
provincial (aunque con desigualdades territoriales), la lentitud del
proceso genera lógicas inquietudes. Si de un lado, es algo fácilmente asumible
la dificultad inherente a un proceso de convergencia de sindicatos de muy
diversa implantación tanto sectorial como territorial, también lo es que el
estancamiento de un proceso de estas características sólo sirve a los intereses
de quienes, por razones políticas o sindicales, ven desde fuera con temor
cualquier perspectiva de constitución de un sindicato nacional andaluz y por
tanto, hacen todo lo que está en su mano para dificultar y retrasar la
culminación del proceso. Disponer de una clara conciencia y voluntad políticas
de su necesidad para superar rutinas y dar pasos irreversibles y significativos
en ese objetivo es condición de exito. Los últimos Congresos nacionales de USTEA
y SOC han ratificado y reafirmado sus compromisos políticos con la meta de la
Intersindical Andaluza, aunque su plasmación practica sigue afectada por un
ritmo excesivamente cansino. Consecuencia de ello es que la imagen pública de la
Intersindical Andaluza siga siendo prácticamente inexistente y la conciencia de
la afiliación de los respectivos sindicatos participantes de formar parte de una
entidad sindical superior compartida muy tenue y excesivamente diversa según
sectores y territorios. Todo ello ocurre cuando la evolución del movimiento
obrero andaluz manifiesta con rotundidad que el futuro de cada uno de los
colectivos sindicales implicados está vinculado indisolublemente a su capacidad
de unificarse en una confederación sindical general como condición necesaria
para mantener y ampliar su actividad sindical presente ya que, de lo contrario,
es bien difícil que puedan resistir la presión del binomio
reformista mayoritario CCOO-UGT (y a otro nivel, la competencia de CGT).
Los cambios políticos y sociológicos ocurridos en Andalucía así lo acreditan,
especialmente en relación al medio rural.
Desde
un punto de vista político general, el proceso de la Intersindical Andaluza
resulta claramente necesario. Desde una posición de clase, es obvia la urgencia
de disponer de una Confederación sindical nacional en la que puedan integrarse
colectivos y sindicalistas que, en las diferentes ramas, están en desacuerdo con
la política reformista de colaboración de clases que llevan desarrollando
CCOO-UGT, corresponsable de la degradación de las condiciones de vida y trabajo,
de la perdida de derechos adquiridos, de la precarización del mercado de trabajo
y de la generación en ultima instancia de las condiciones objetivas sobre las
que se basan situaciones inadmisibles como la sobreexplotación de la
inmigración. Esta Confederación sindical nacional es imprescindible para que el
movimiento obrero andaluz recupere su independencia política y sindical frente a
la línea de sometimiento implantada por CCOO-UGT que, desde hace años, actúa
como apéndice sindical de la Junta a cambio de las subvenciones con las que
sostienen sus aparatos burocráticos. Desde una posición nacional, es obvio
que todas las organizaciones de ámbito y referencia estatal o española
obstaculizan la conformación de un marco nacional y por tanto favorecen la
perpetuación del orden político, económico, social e institucional bajo el que
se organiza la dominación y dependencia de Andalucía. Está sobradamente
demostrado que el marco organizativo estatal no tiene nada que ver con la
solidaridad de clase o con el internacionalismo sino que sólo actúa como soporte
orgánico para el control burocrático de la lucha de clases; ninguna autoridad ni
legitimidad tienen los jerarcas de CCOO-UGT para hablar de
internacionalismo cuando en toda circunstancia defienden posiciones
españolistas o imperialistas. Precisamente, la recuperación del
internacionalismo requiere de la previa consolidación de la independencia
sindical nacional. Además, está claro que el avance hacia un marco político
nacional demanda una previa y paralela estructuración social nacional que, por
su mera existencia, actué objetivamente como elemento de debilitamiento de la
dependencia nacional, lo que va en consonancia con los intereses fundamentales
de la clase obrera andaluza (quieran verlo o no quienes, con buena o mala
intención, siguen confundiendo internacionalismo con
cosmopolitismo).
Es
de desear, pues, que cuanto antes podamos asistir a la presentación pública de
un referente sindical nacional claramente delimitado (y no a un mero apellido de
organizaciones preexistentes) que pueda afrontar su implantación en el conjunto
de ramas y territorios.
Para ampliar información,
hemos colocado para descarga en Archivo de
Documentos-Carpeta
Andalucía, tres archivos que incluyen a. Un
repaso histórico documental del proceso de la Intersindical andaluza;
b. La resolución de unidad sindical del ultimo Congreso de
USTEA; c. La referencia a la Mesa sobre unidad sindical
del ultimo Congreso Nacional del SOC.
 Luchas en el
campoEl SOC reclama una subida mínima del 10% en el nuevo Convenio del
Campo de Almería y viviendas para temporeros
El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) reclama que la subida
salarial que contemple el nuevo Convenio colectivo del Campo en Almería supere
el 10% y se establezca en un mínimo de 5.500 pesetas diarias (33,05€), según
informó el portavoz de dicha central, José García.
García
remarcó que el sueldo estipulado en el último convenio colectivo para los
trabajadores del sector agrícola de esta provincia es "muy inferior al del resto
del país", por lo que justificó dicha petición de aumento.
El portavoz
del SOC se reunirá esta tarde con afiliados del sindicato en una asamblea
convocada para tratar sobre este asunto, a quienes expondrá la propuesta que ya
ha trasladado a los sindicatos UGT y CC.OO., con el fin de recabar su apoyo para
que la defiendan en las reuniones de los agentes sociales de cara a la firma del
nuevo convenio.
La iniciativa
sugiere que el salario por jornal ascienda a 6.000 pesetas (36,06€), que se
contemple la jornada de 35 horas semanales repartidas de lunes a viernes, y que
las horas realizadas los sábados, "cuando también será necesario trabajar", se
paguen como horas extraordinarias.
Para el SOC,
el alojamiento de los temporeros "debe figurar como una cuestión fundamental en
el convenio", y propone al respecto que se detraiga del salario de estos
trabajadores --en su mayoría inmigrantes-- un 10% ciento, de tal manera que
tengan acceso a una vivienda digna. Sin embargo,
García advirtió de que las viviendas ofrecidas o facilitadas por los patronos a
los agricultores "deben tener unas condiciones adecuadas de habitabilidad y de
salubridad", puesto que algunos empresarios de la provincia almeriense ya han
sido denunciados por los temporeros que vivían hacinados y en circunstancias
insalubres en una nave preparada como alojamiento en la comarca de Níjar, pese a
que se les restaba del salario unas 500 pesetas (3€) diarias a cambio del
alojamiento.
El SOC anuncia ocupaciones para exigir la cesión de
antiguas fincas de Rumasa
La privatización por subasta de diez
explotaciones finaliza este mes
El SOC ocupa tierras en
Martín de la Jara
ALEJANDRO BOLAÑOS EL PAIS | Sevilla
El proceso de subasta que inició este verano la Sociedad Estatal
de Participaciones Patrimoniales para adjudicar al mejor postor diez de las
fincas expropiadas al empresario jerezano José María Ruiz Mateos se resolverá a
finales de noviembre. Una privatización que es rechazada de plano por el
Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que anunció ayer ocupaciones en antiguas
explotaciones de Rumasa para forzar la paralización de la subasta y reclamar la
cesión de las fincas a cooperativas agrarias.
La consultora Proassets lleva más de cuatro meses ejecutando un
complejo proceso de subasta que, previsiblemente, culminará este mes con la
adjudicación de las fincas a las mejores ofertas. Las diez explotaciones
privatizadas (nueve en territorio andaluz) suman 3.642 hectáreas y en ellas se
han interesado más de un millar de empresas, entidades y particulares. El precio
conjunto de salida es de 6.872 millones de pesetas (que irán a las arcas del
Gobierno central), aunque la consultora prevé que el precio final superará en un
20% los valores de salida.
'Estas fincas están en comarcas de Sevilla, Jerez y Córdoba en las
que hay mucho paro agrario', afirmó ayer en conferencia de prensa el secretario
regional del SOC, Diego Cañamero, quien exigió que el Gobierno central pare el
proceso de subasta y negocie con la Junta de Andalucía el traspaso de las fincas
al patrimonio autonómico para luego cederlas a cooperativas agrarias. 'Si no
atienden nuestras peticiones, iniciaremos una fuerte campaña de ocupaciones y
expropiaciones sociales de cosechas', advirtió
Cañamero.
Propuesta
parlamentaria
El dirigente del SOC recordó que el Parlamento andaluz 'en dos
ocasiones' ha instado al Ejecutivo regional a reclamar la cesión de estas fincas
al patrimonio autonómico. 'Hemos solicitado una reunión con el presidente de la
Junta, Manuel Chaves, para tratar este asunto', aseguró
Cañamero.
Con estas movilizaciones, además de intentar frenar el proceso de
subasta en su tramo final, el SOC busca impedir que se inicie un proceso de
privatización similar para las otras seis antiguas fincas de Rumasa que aún
están en manos públicas, incluida La Romana (Sevilla), una explotación en la que
los jornaleros han hecho varias ocupaciones simbólicas. Con este tipo de
actuaciones, el SOC ya consiguió en 1993 la cesión a una cooperativa agraria de
El Indiano (300 hectáreas en Puerto Serrano), otra antigua finca de
Rumasa.
Cañamero aprovechó la conferencia de prensa para denunciar el
'incumplimiento del convenio del campo' en unas 150 explotaciones agrarias
visitadas en Sevilla por delegados del SOC. El sindicato anunció que seguirá
promoviendo paros parciales a pie de finca para conseguir de los empresarios
algunos de los compromisos recogidos en el convenio, como el abono de gastos por
desplazamiento o la prohibición de imponer cantidades mínimas de cajas a
recoger.
  Andalucía125.000 andaluces 'votaron' a favor del referéndum en
el Sahara
La Plataforma Cívica Andaluza de Apoyo al Referéndum Libre en
el Sahara ha organizado en las dos últimas semanas votaciones simbólicas en las
ocho capitales de la comunidad y en el Parlamento andaluz en pro de la
independencia del pueblo saharaui. En la iniciativa, en la que se han implicado
numerosas ONG que apoyan la independencia de la antigua colonia española, han
participado más de 125.000 personas, según los organizadores, que han votado en
las urnas ubicadas en todas las provincias, aunque en algunas, como Cádiz y
Jaén, se emplearon pliegos de firmas por falta de urnas.
En la consulta simbólica se invitaba a los ciudadanos a
expresar si eran favorables a "pedir a los Gobiernos de España y de Andalucía su
apoyo inequívoco al cumplimiento del Plan de Paz de la ONU para el Sahara,
mediante la urgente celebración del referéndum de autodeterminación que en él se
contempla". También se preguntaba si los participantes eran partidarios de que
el Gobierno español acredite a la delegación del Frente Polisario como único
representante "legítimo" de los saharauis en España. El pasado viernes, los
organizadores de la iniciativa destacaron que el 97% de los votos recogidos
habían respaldado la celebración de un referéndum libre. La votación en el
Parlamento andaluz se produjo el pasado jueves en un patio de la Cámara. En la
consulta hubo 394 votos de políticos, funcionarios, personal del Parlamento y
periodistas. 381 votaron a favor del referéndum, tres votaron en contra y diez
votos se emitieron en blanco. Además, 372 se pronunciaron a favor de que el
Gobierno español acredite a la delegación del Frente Polisario en España como
legítimo representante del pueblo saharaui, mientras que cinco votos rechazaron
esta medida y 17 fueron votos en blanco.
La votación del Parlamento cerró una campaña que se desarrolló,
principalmente, entre el 19 y el 21 de octubre. La diputada de IU Concha
Caballero destacó que la votación iba a "suponer un paso importante y una
presión política significativa para que se celebre la consulta en el Sáhara y de
reconocimiento a la actitud pacífica y de respeto al derecho internacional en el
que se viene moviendo el pueblo saharaui". Además, según la plataforma, unos 150
ayuntamientos andaluces se han declarado institucionalmente "a favor de la libre
autodeterminación del pueblo saharaui".-
  Crisis diplomática
Marruecos - Estado español
Andalucía
Libre
Mohamed VI con su
consejero André
Azulay
Hace una semana, el Reino de
Marruecos decidía retirar, sin explicaciones previas, a su Embajador en el
Estado español Abdesalam Al Baraka. Luego, prohibía a los corresponsales de
prensa del Estado español cubrir el viaje de Mohamed VI al Sahara, levantando el
veto días después. A continuación, suspendía indefinidamente la prevista Cumbre
intergubernamental. Cuatro días después de inicio de la crisis, el ministro de
Asuntos Exteriores marroquí, Mohamed Benaissa, justificó ante el pleno del
Parlamento marroquí la decisión de llamar a consultas a su embajador en
Madrid, leyendo un memorándum de agravios. Entre los citados se encontraban las
amenazas de Aznar de reconsiderar la relación con Marruecos después del fracaso
de las negociaciones pesqueras; el rechazo a los comentarios del Ministro de
exteriores Piqué sobre la complicidad del Estado marroquí en la inmigración
ilegal; el malestar por el aumento de los controles aduaneros en las fronteras
entre las colonias de Ceuta y Melilla y el territorio marroquí; la
insatisfacción por una presunta posición española contraria de forma militante a
la causa nacional marroquí, es decir, a la anexión del Sahara (en la
que se mezclaban el pronunciamiento oficial español en la ONU y la
celebración del Referéndum organizado por la Plataforma Cívica Andaluza, al que
se hacia reiterada y explicita referencia); una ralentización de la
cooperación y finalmente una actitud de la prensa española
considerada irrespetuosa hacía Marruecos, es decir, hacia
su Régimen y su Rey.
El Gobierno Aznar no esperaba una
iniciativa de este tipo. De hecho, las declaraciones de Aznar sobre las
consecuencias del fracaso pesquero fueron hechas cara al mercado
interior y para justificar que por razones geoestratégicas primero y por
primar a la gran flota gallega, después, Andalucía, por ejemplo, se había
quedado prácticamente sin caladeros y con el grueso de su flota, pequeña y
artesanal, condenada al desguace. Marruecos, de todas formas, tenía todo el
derecho de hacer con sus pescados lo que quisiera, aun cuando fuera entregar su
explotación a unas cuantas empresas de la oligarquía propia o a grandes
frigoríficos con otras banderas. Los comentarios de Piqué sobre la
complicidad oficial en la inmigración ilegal, por inoportunos que fueran
diplomáticamente, sólo reflejaban una realidad evidente y fácilmente constatable
(que por otro lado, sólo es una parte de la corrupción inherente a la
Administración majzeniana). Poco después, el Estado español y Marruecos
rubricaron un acuerdo sobre control de inmigración (que deja las cosas como
estaban). En las Colonias de Ceuta y Melilla se han producido incidentes y
enfrentamientos entre la población marroquí y la policía española a cuenta del
aumento de control del trafico aduanero y es comprensible la preocupación del
régimen marroquí sabiendo el papel central que el contrabando tiene no sólo en
su economía en general sino también en la subsistencia de miles de marroquíes
que sobreviven a cuenta de ese trasiego transfronterizo. Por supuesto, un
régimen nacional normal no permitiría esa situación absolutamente anómala y
letal para su propia economía, que además constituye el eje del mantenimiento de
una situación colonial que formalmente critica pero que nunca ha considerado
oportuno plantear de forma contundente ni en la ONU ni bilateralmente. En
general, el Gobierno español del PP se ha manifestado sorprendido e incomodo por
la reacción marroquí que ha definido como injustificada y ha
recordado que el
volumen de intercambios comerciales anuales es de 400.000 millones de pesetas;
que en Marruecos operan unas 800 empresas españolas; que los créditos de
cooperación concedidos desde 1996 superan los 160.000 millones de pesetas; que
el plan de conversión de deuda en inversiones prosigue y supera ya los 25.000
millones de pesetas, y que Marruecos recibió el año pasado 6.735 millones de
pesetas como Ayuda Oficial al Desarrollo procedente del Estado español. Como
efecto imprevisto de la crisis, la opinión publica andaluza ha vuelto su mirada
hacía Marruecos y también hacia las colonias de Ceuta y Melilla, sobre las que
EL PAÍS publicaba el 31 de Octubre una pagina completa bajo el esclarecedor
titular: "La cuarta parte de las tropas en Ceuta y Melilla son ya de origen
marroquí".
Sobre el Sahara, parece que el
régimen marroquí considera insuficiente la simpatía declarada con que el Estado
español ve al Plan Baker-Annan, apadrinado por Francia y EEUU, que entierra
el referéndum de autodeterminación en el Sahara, sustituyéndolo por una
autonomía limitada que sólo plantea en realidad la integración en Marruecos, a cambio de la oferta de incluir a la elite
polisaria en la administración majzeniana (y consecuente expoliación) de la
región. La referencia a la ONU parece indicar que Rabat exige a
Madrid que no sólo apoye el cambio de doctrina en los pasillos sino que también
lo haga con su voto, públicamente y dando la cara; a lo que el Estado español
viene a responder que lo hará, pero cuando esto no implique situarse en primera
línea, sino bien arropado de forma que la operación no le signifique costes ante
su opinión pública. De otra parte, resulta grotesco vincular esa protesta por la
posición del Gobierno español a la celebración del Referéndum en Andalucía, que
precisamente pretende dificultar la predisposición del Gobierno
español a alinearse claramente con la posición del Majzen. La prensa
palaciega marroquí sigue viendo en todo ello una estrategia española de
utilización del Polisario para debilitar a Marruecos que realmente no
parece fundada en ningún dato real. Más bien, la posición oficial española es de
pura espera y contemplación y la apuesta, tanto con UCD, PSOE como PP, ha sido
más bien estrechar lazos con el régimen marroquí y penetrar su economía (y las
cuentas corrientes de sus alturas) hasta el punto de poder desactivar
confrontaciones futuras. Hay quien, como Abdellatif Mansour, en el muy
oficialista Maroc-Hebdo, sugiere como
respuesta la organización en Marruecos de un referéndum a favor de la
independencia de Euskadi; propuesta que desde aquí sólo nos cabe animar a
que se desarrolle y ejecute. Este toque de atención, se reproduce también en un
articulo de Ahmed Chater en el también extremadamente oficialista
Le Matin du Sahara
que advierte al gobierno madrileño (sic) que puestos a
separatismos, el Estado español tiene su cuerpo atravesado por ellos y
en crecimiento (lo que, nuevamente, ojalá se acabe concretando en la
realidad).
Aqui y desde nuestra perspectiva,
sólo cabe reafirmar que dada la evolución de los acontecimientos de 1975 hasta
la fecha, la reivindicación del derecho de autodeterminación de los saharauis
mediante un referéndum limpio, claro, que incluya explícitamente la opción de la
independencia y con el censo de sus habitantes originales (es decir, sin incluir
a los colonos marroquíes) es y sigue siendo una demanda democrática, clara e
irrenunciable. Esto es así al margen de a. Las
oscilaciones que pueda haber tenido o tener en el futuro el Polisario o sus
políticas en relación al Estado español y otras potencias. b.
Las diversas motivaciones de quienes en Andalucía o el Estado español apoyan
esta demanda. Es evidente que resulta contradictorio e hipócrita que haya gentes
y organizaciones que apoyan la autodeterminación saharaui pero no la
autodeterminación andaluza o vasca o la devolución de los presidios a Marruecos,
pero esta circunstancia no altera la justicia de esa exigencia. Este cinismo
forma parte también de la posición oficial del Estado español tanto en relación
al Sahara como a Ceuta y Melilla (que pretende diferenciar del caso de Gibraltar
cuando son conceptualmente idénticos y en ambos la solución pasa por la
integridad territorial de Marruecos y de Andalucía) y es respondido por iguales
dosis de desvergüenza desde el Régimen marroquí, no sólo en relación al Sahara
sino también en cuanto a su utilización instrumental del caso colonial de los
Plazas del norte.
El régimen marroquí de
Majesky (o M6) -como se conoce a Mohamed
VI- necesita consolidar algún éxito que compense su parálisis y lo está
buscando en el Sahara. En plena crisis económica galopante, ha recurrido a
presionar a la potencia que puede legitimarle internacionalmente y que
considera, de las tres que influyen especialmente en Marruecos junto a Francia y
EEUU, el eslabón más débil, para mejorar su imagen nacional,
compensando y teniendo en cuenta su política de integración
neoliberal y desmantelamiento productivo. Todo ello en la perspectiva de las
elecciones marroquíes de 2002 y de la crisis internacional abierta con el 11-s.
El Régimen marroquí -según informa hoy EL PAÍS- acaba de firmar dos
contratas de prospección
petrolífera con dos grandes compañías: la francesa Total Fina, que
trabajará en una zona de 110.000 kilómetros cuadrados al sur del territorio
saharaui, y la estadounidense Kerr McGee, que buscará crudo en 114.000
kilómetros cuadrados de la zona norte y resulta claro que, con su presión, busca
eliminar la base de apoyo social externo más importante con que cuenta el
Polisario para facilitar el camino a quienes, en su interior, puedan entender
que no les cabe otra opción que sumarse a la opción
Baker-Annan.
Desde las instancias dominantes en
Rabat también se pretende volver a la situación de apagón
informativo de la época de Hassan II (lo que no cabe, cuando la prensa
francesa, por ejemplo, nunca lo ha respetado y cuando, a diferencia de la
etapa de su padre, con Majesky la situación dista de ser vista como
estable, por lo que su seguimiento es inevitable, por mucho que las líneas
editoriales sean favorables al régimen marroquí). Resulta llamativa la
insistencia al respecto de M6, que en varias ocasiones se ha dedicado
personalmente a desmentir o cuestionar artículos de la prensa del Estado
español. Está muy clara la incomodidad del Majzen por todo lo que
signifique atención pública exterior. Esta cobertura (y sobre todo la
imposibilidad de evitarla) es percibida como una nueva señal de
desorientación y de debilidad de un rey que no renuncia a su poder (de hecho los
ministerios importantes como Interior, Defensa o Exteriores no dependen siquiera
formalmente del primer ministro sino directamente de Palacio) y que ahora
manifiesta su habilidad descolgándose en una declaraciones a
Paris-Match diciendo que es tan
rey de los ricos como de los pobres.
La apertura de Mohamed
VI ha sustituido la represión indiscriminada por la selectiva; cambiado la
censura férrea por la promoción de la autocensura, el acoso o la retirada de la
prensa extranjera. El Majzen y a su cabeza el Rey, siguen rechazando un proceso
democrático constituyente en Marruecos y aún cuando la oposición política y
social aún no se manifieste de forma masiva sigue siendo el de
M6 un proyecto inseguro e inestable a medio plazo (en sus primeras
elecciones se verá si repite el fraude generalizado o no) que se sostiene
esencialmente por la atomización social y la degradación de las condiciones de
vida que hacen al grueso del pueblo marroquí soñar con resolver su situación
mediante la emigración. Sin embargo, es dudoso que ese sueño siga funcionando
indefinidamente, cuando además el actual rey -como manifiesta el diseño de la
crisis que obviamente ha provocado y dirigido directamente- no parece que tenga
la misma habilidad que -junto a la crueldad- caracterizaban a su antecesor en el
trono alauita. Cuando la situación se degrade, veremos solicitar ayuda desde
Rabat y acudir en su auxilio desde Madrid, a los mismos que hoy protagonizan
esta crisis.
 Movilizaciones
antiguerra.
Manifestación
antiguerra,
Sevilla
25/10/2001
Más
de veinte mil personas participaron en las manifestaciones antiguerra de
los pasados días 25 y 26 en las ocho capitales provinciales andaluzas,
promovidas por la Plataforma unitaria
andaluza Otro mundo es Posible (de la que
publicamos su Manifiesto en ANDALUCIA LIBRE nº 101,
posteriormente modificado). La Prensa dío como cantidad de asistencia "más
de diez mil", pero -por experiencia directa y consultas al efecto- más
bien parece que la cifra real es el doble de la reconocida. Un éxito de
convocatoria a desarrollar en el futuro.
Andalucía Libre
y la Plataforma Otro
Mundo es
Posible.
Razones para una
rectificación.
Este Boletín ANDALUCIA
LIBRE se sumó como adherente al
Manifiesto Contra la Guerra
y por la Justicia en el Mundo de la
Plataforma Andaluza Otro
Mundo es Posible, en su redacción inicial,
porque entendimos que generaba un marco unitario con unos contenidos políticos
admisibles desde nuestra línea editoral, al margen de lo que podrían ser
diferencias con alguna de las referencias incluidas. Precisamente su
publicación en ANDALUCIA LIBRE (junto al
acordado en Euskadi) así lo acreditaba; más aún en comparación con otros
textos que se han venido elaborando en otras naciones del Estado español o de
otros Estados que incluían otras reflexiones o aseveraciones, desde nuestro
punto de vista incorrectas para afrontar la actual
coyuntura.
Desafortunadamente, dos hechos nos obligan a
retirar públicamente nuestra adhesión a ese Manifiesto.
1º. La inclusión posterior en su
texto -punto 3- de la frase "Mediante la guerra y los bombardeos no se va
a llevar ante la justicia a los responsables de la masacre del 11 de
Septiembre. Esto sólo sería posible mediante mecanismos de
derecho y justicia internacionales democráticamente aceptados y respetuosos
con los derechos humanos". No compartimos ni los fundamentos
ideológicos en los que se basa la demanda de esos pretendidos
mecanismos ni creemos en su factibilidad practica, disociándolos
de la realidad de la coyuntura internacional y de las relaciones de fuerza
existentes, como evidencia -por ejemplo- el deplorable ejemplo del llamado
Tribunal Penal
Internacional de La Haya para la Antigua Yugoslavia. Nos
parece que lo que se tiende a presentar como salida jurídica sólo
promueve confusión política y sin que ello, por supuesto, signifique por
nuestra parte la menor afinidad ni con Bin Laden ni con Milosevic.
2º. La presencia como integrante de
la Plataforma y firmante de la convocatoria del partido Los
Verdes de Andalucía, integrado en la mayoría
parlamentaria que sostiene al Gobierno Chaves que públicamente se ha definido
a favor de la actuación imperialista y la utilización de las bases yanquis en
territorio andaluz como retaguardia logística para las fuerzas armadas
norteamericanas. Nos parece incongruente validar o admitir posiciones
políticas tan evidentemente contradictorias: o se está con los Gobiernos que
apoyan la guerra o se está contra la guerra; no se puede estar a la vez en los
dos lados, para preservar imágenes o intereses partidarios. Ni es coherente
desde quienes practican esta duplicidad ni desde quienes lo admiten. Este
criterio nos parece operativo tanto en nuestra Nación como en Francia o
Alemania, donde fuerzas gubernamentales también mantienen este doble discurso.
Por supuesto, si Los Verdes suspendieran públicamente su apoyo
parlamentario al Gobierno Chaves esta reserva decaería automaticamente.
Esta aclaración no afecta por supuesto nuestro apoyo,
desde nuestras propias opiniones, a las acciones y movilizaciones unitarias
que puedan emprenderse en el futuro y que sirvan para hacer avanzar la
oposición social a la guerra y la estrategia
imperialistas.
El Partido
Andalucista y la Guerra.
Andalucía
Libre
José
Nuñez,
Diputado andalucista
en Madrid
No es posible dejar sin reseña lo que ha sido la
posición política del Partido
Andalucista ante la Guerra (próximamente haremos lo
propio con IU).
Ahi queda para la historia, la
antológica intervención del diputado andalucista José
Núñez en el debate parlamentario en el Congreso de Diputados
español, alineándose con el PP y EEUU dándoles su apoyo expreso e
incondicional; participando con entusiasmo del antiterrorismo más
genérico que sustenta las ofensivas reaccionarias contra los derechos y
libertades democráticas...; sin ninguna distinción, antes al contrario, entre el
terrorismo y el recurso legitimo a la lucha armada de pueblos como el palestino;
sin ninguna referencia al atentado a la soberanía nacional andaluza que supone
la entrega española y uso yanqui de las bases militares de Rota y
Morón; sin ningún apoyo a la causa palestina; sin denuncia alguna del
imperialismo que oprime a la nación árabe. Un posicionamiento político que,
no hay que olvidarlo, se hizo en el sitio y en el momento en que cada
fuerza política había de retratarse, no sólo ante la posterioridad sino sobre
todo ante las orejas de la Embajada norteamericana y los poderes fácticos
españoles. La nota de color local la puso Núñez respondiendo a
Bin-Laden sobre su famosa referencia a Al-Andalus, aparte de
reivindicar en varias ocasiones la españolidad de los andaluces y su
carácter mestizo. Que (junto a las previsibles del PP-PSOE) hubiera otras
intervenciones que, en esta ocasión, le ganaran de largo al PA (quede anotada la
de CiU o la inconmensurablemente reaccionaria del portavoz de Coalición Canaria,
el exestalinista Mauricio) no exculpa en absoluto al PA.
Como complemento, en un pronunciamiento que
pretendía ser más matizado, Javier Aroca, Secretario Nacional
de Comunicación e Imagen del PA, en un
texto titulado "Rota y Morón, usurpación
de voluntades", tras muchos circunloquios, afirma que "Aún así, Rota y Morón
son el compromiso y el sacrificio de los andaluces con la solidaridad
mundial". Sobran comentarios. Como es sabido, lo
definitorio en fuerzas políticas de gestión como el PA es el discurso
publico que se transmite a la Prensa, los pronunciamientos en sedes
parlamentarias o institucionales, las acciones u omisiones politicas. Chaves ha
apoyado claramente el uso de Rota y Morón y a los EEUU. Las otras dos fuerzas
políticas (PA y Los Verdes) que forman parte de la mayoría parlamentaria con el
PSOE que sostiene su Gobierno no han encontrado en ello causa suficiente para cuestionar ni su presencia en el
Gobierno ni su apoyo. El discurso de Núñez o el texto de Aroca lo que hacen,
cada uno en su función y en su ámbito, es desarrollar esta posición política. Al
menos, el PA ha tenido la coherencia de no pretender sumarse a las
movilizaciones antiguerra.
De otra parte, en contradicción con dos aspectos
esenciales de la posición del PA se han definido sus juventudes. Así, la Junta
Nacional de JJAA aprobó una resolución en que se lee que Juventudes
Andalucistas se opone firmemente a cualquier ofensiva
militar. Declarándose como una organización antimilitar,
afirma que "cualquier ofensiva militar debe ser rechazada sin ningún
tipo de miramientos, sobre todo sabiendo que esta ofensiva causará más víctimas
inocentes, tan inocentes como las habidas en Nueva
York. Las Bases Militares que Estados Unidos tiene en
suelo andaluz, Rota y Morón, servirán para preparar esta ofensiva militar. JJAA
vuelve a exigir la retirada de estas bases militares extranjeras de suelo
andaluz".
El texto completo de la intervención
del Diputado Núñez se encuentra en Archivo
de Documentos-Carpeta Documentos, pp.
17-18.
 La ONU y la Guerra: Apoyo
total al imperialismo
"Declaración
del Secretario General Koffi Annan, sobre
los ataques militares en Afganistán
8 de octubre de 2001
Inmediatamente después de los ataques perpetrados contra
los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad expresó
su determinación de combatir por todos los medios las amenazas a la paz y
seguridad internacionales provocada por actos terroristas. El Consejo también
reafirmó el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva de
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Siguiendo este contexto, los
Estados afectados han dispuesto sus acciones militares actuales en
Afganistán.
Para vencer al terrorismo,
necesitamos un esfuerzo duradero y una amplia estrategia que una a todas las
naciones, dirigida a todos los aspectos del flagelo al que nos enfrentamos. La
causa debe ser perseguida por todos los Estados del mundo, trabajando juntos y
utilizando muchos medios diferentes, incluyendo los políticos, legales,
diplomáticos y financieros.
El pueblo de Afganistán, al que no se puede
considerar responsable de los actos del régimen Talibán, necesita ahora ayuda
de forma desesperada. Las Naciones Unidas han jugado desde hace tiempo un
papel vital en la provisión de ayuda humanitaria para estas personas, y es mi
deseo que seamos capaces de retomar nuestro trabajo humanitario lo antes
posible.
Es también vital que la comunidad
internacional trabaje ahora con más tenacidad que nunca para fomentar un
arreglo político al conflicto de Afganistán. Las Naciones Unidas están
activamente comprometidas en promover la creación de un Gobierno Afgano
amplio, plenamente representativo y multiétnico. "
Se
comenta por si mismo.
 Países
Catalanes
El Proceso de Vinaros, hacia la unidad de la izquierda
nacionalista
Traducción y elaboración: Andalucía
Libre,
a
partir de textos del Proces de
Vinaros
Cortejo
unitario de la izquierda nacionalista
en la Diada Nacional
del pasado 11 de Septiembre
El 2
de abril de 2000, 124 personas se juntaron en la villa de Vinaròs
(Baix Maestrat) y firmaron un llamamiento, el Manifest de
Vinaròs, dirigida al conjunto de organizaciones y colectivos de la
izquierda independentista así como a todas las personas que, sin estar adscritas
a ninguno de esos grupos, se reclaman del ideario de la izquierda nacionalista.
Se comprometían a iniciar un proceso político abierto a todos, que
permitiera a la izquierda nacionalista dotarse de los instrumentos y estructuras
imprescindibles para "la obtención de la independencia política, la unidad
nacional y la justicia social del pueblo catalán”. Nacía
así el Procés de
Vinaròs.
Se
han celebrado 4 plenarios
del Proceso: en Sant Pere de Ribes, Valencia, Valls y Barcelona. Fruto de
ello es la aprobación de una Declaración de
Principios provisional y una Propuesta de
Estrategía. Por otra
parte se acordó la celebración de un 11 de Septiembre unitario bajo el
lema "Construïm la
Unitat Popular (Independència, Socialisme i Països
Catalans)".
El Procés de Vinaròs
ha llegado a la mitad de su camino y entra ya en la fase constituyente. El
proceso de discusión de los documentos político acabara con la celebración de
una Asamblea Constituyente, que se prevé que tendrá lugar entre julio y
septiembre de 2002. Entretanto, hacia marzo, tendrá lugar
la
Conferència Nacional de l’Esquerra Independentista, abierta a todas las
organizaciones y colectivos del movimiento catalán de liberación nacional, que
hasta la fecha, en su totalidad han confirmado su
participación.
Fundamentos
y objetivos.
De entrada, el Procés de Vinaròs nace de la
constatación de que la atomización y división de la Izquierda
independentista dificulta la respuesta frente a las agresiones que sufren los
Países Catalanes. Además, esta fragmentación impide que este movimiento
plural aproveche su potencial organizativo (cabe recordar que la izquierda
nacionalista esta implantada en 34 comarcas). Por tanto, uno de sus objetivos es
acabar con esta división esteril. De otro lado, también quiere aglutinar a las
nuevas generaciones que han entrado en la vida política en los últimos años y
que no han participado, por tanto, de episodios previos que han afectado al
conjunto de la izquierda nacionalista.
El proceso nace, se inspira y se conforma bajo los
objetivos tradicionales: Independencia, Socialismo y Países catalanes. Ahora
bien, también se nutre de la constatación de que era urgente que se actualizase
el cuerpo teórico utilizado para el análisis de la sociedad, tanto en aspectos
generales como sectoriales o metodológicos, para a partir de ahí dotarse de los
instrumentos políticos y organizativos necesarios para incidir en su seno. Se
sabe que hay un espacio político que es receptivo a las propuestas de la
izquierda nacionalista; un espacio que estaría constituido electoralmente tanto
por una parte de los abstencionistas como por votantes de ERC, que la han
apoyado como voto útil pero que están paulatinamente más descontentos
con su línea política que ha diluido sus contenidos independentistas. En su
practica política, la izquierda independentista combinara la movilización, la
lucha institucional y la creación de una red sociopolítica que aglutine la
sociedad civil, afín al proyecto independentista.
 Acto
unitario
11-Setembre
QUI SOM I QUÈ VOLEM [Proposta de
Declaració de
Principis]
Quienes somos y que
queremos (Propuesta de
Declaración de
Principios)
Queremos ser un movimiento, de carácter unitario
y base asamblearia, que junte a la gente que lucha por la liberación
(personal, social y nacional) de nuestro pueblo, el pueblo catalán, de acuerdo
con los siguientes principios:
Por la
construcción y la unificación
nacional. Contra las negaciones y divisiones impuestas por los
estados ocupantes, defendemos nuestra identidad nacional (expresión de la
voluntad política de todas las personas que se reclaman como componentes de la
nación catalana) y luchan por el reconocimiento y libre ejercicio de nuestros
derechos como nación. Luchamos también por la recuperación y normalización
plena de la lengua y la cultura catalanas, base de esta identidad nacional y
por la unidad y el reconocimiento de todo nuestro territorio nacional (desde
el Rosellón al Bajo Segura y desde el Bajo Cinca a
Menorca).
Por la independencia. Nos comprometemos a luchar por el
establecimiento de la República Catalana soberana y democrática, como la forma
política que garantice la liberación de nuestra nación de las dominaciones
francesa y española (y de todas sus expresiones políticas, militares,
económicas, sociales y culturales) y posibilite una relaciones libres, iguales
y solidarias con el resto de naciones y pueblos del
mundo.
Por la Liberación
social. Por construir una sociedad sin clases sociales y sin
ningún tipo de explotación y opresión, nos comprometemos con el desarrollo de
un proceso propio de transformación socialista, impulsado por el pueblo
trabajador catalán y superador del actual sistema capitalista, responsable de
la conculcación sistemática de los derechos sociales y de la guerra, la
miseria y la destrucción que reinan en el mundo.
Por una sociedad no
patriarcal. Entendemos que el actual sistema de dominación
perpetua las viejas formas patriarcales y sexistas, de explotación sexual,
laboral y cultural de las mujeres; asumimos el compromiso de luchar por una
sociedad igualitaria sin ningún tipo de opresión y discriminación por razones
de edad, genero y opción sexual.
Por la defensa de la
Tierra, combatimos las agresiones ecológicas y el
expolio a que es sometido el territorio y la población y luchamos por la
conservación del medio; por el equilibrio territorial y por un modelo
económico y social sostenible que permita vivir de la tierra y en la
tierra.
Por la defensa de los
derechos y libertades fundamentales, individuales y
colectivas, de las personas que, con independencia de su condición personal
y/o social, origen, creencias, nacionalidad... han de disfrutar de la plena
consideración de ciudadanos respecto a estos derechos y libertades y también
respecto a los deberes y obligaciones democráticamente establecidas.
Combatimos muy especialmente la tortura, la represión y los abusos de poder.
Defendemos el derecho de asilo y de libre circulación y promovemos la
aceptación y/o el respeto de las aportaciones de las poblaciones recién
venidas, siempre en un marco de respeto a la realidad nacional catalana y con
los citados derechos y obligaciones democráticas.
Tambien y por lo que hace a los derechos y
libertades fundamentales, defendemos el derecho de las personas y de los
pueblos a rebelarse contra la opresión y la
tiranía, y en consecuencia asumimos la defensa de las personas
represaliadas por la lucha de liberación de nuestro
pueblo.
Promovemos la solidaridad internacionalista con todos los
pueblos que luchan por su liberación contra la dominación imperialista y
capitalista. Nuestra libertad es inseparable e indisociable de la
libertad de los otros pueblos.
Procés de
Vinaròs
Más información y Documentos
políticos del Proceso de
Vinaros en Archivo de
Documentos-Carpeta
Documentos
Enlaces:
Organizaciones políticas: Endavant, Maulets, MDT, PSAN
Movilizaciones
en la Enseñanza
Seis razones para manifestarse contra la nueva ley de
universidades
Francisco Fernández
Buey,
 I
La ley orgánica que el PP está
tramitando actualmente en el Parlamento va a representar un nuevo impulso al
proceso de privatización de la enseñanza superior y de la investigación
universitaria, al facilitar las normas de creación y puesta en marcha de las
universidades privadas e incorporar automáticamente a los rectores de éstas, con
voz y voto, al Consejo de Coordinación Universitaria.
Las normas para la creación de
universidades privadas, la ampliación del Consejo de Universidades con
representantes de las universidades privadas y el papel que se concede a los
Consejos Sociales (generalmente dominados por los empresarios) acentúan un
proceso ya en marcha, derivado del déficit de financiación a la docencia y a la
investigación públicas.
El Proyecto de Ley establece,
por una parte, que serán las Comunidades Autónomas las que darán carácter
constitutivo a las universidades privadas (art. 126). A continuación, y por otra
parte, dice que para el reconocimiento de universidades privadas "será
preceptivo el informe previo y motivado del Consejo de Coordinación
Universitaria" (art. 127, apartado b). Si se mantiene la actual financiación de
las universidades públicas, y dada la composición de los órganos de decisión a
este respecto tanto en las Comunidades Autónomas como en el Consejo de
Coordinación Universitaria, es fácil deducir de la combinación de esas dos cosas
que la tendencia a la privatización de la enseñanza superior aumentará tanto en
las Comunidades Autónomas como en el conjunto del Estado.
Pero ésta es sólo una vía en
el proceso de privatización del sistema universitario, que no depende sólo de
las facilidades legislativas y administrativas sino también de la disponibilidad
real de empresas y empresarios para la inversión en enseñanza e investigación
que no produce beneficios económicos inmediatos. Por tanto, hay que prestar
atención a la otra vía de la privatización. El artículo 34 del Proyecto de Ley
facilita la entrada de entidades privadas en los Institutos Universitarios de
Investigación, así como la adscripción de centros e instituciones privadas a
estos mismos Institutos. El Proyecto de Ley no especifica en ningún momento
requisitos y condiciones para ello. Esto potencia la otra vía a la privatización
parcial de la Universidad pública: se refuerza la posibilidad de parasitar
selectivamente centros e institutos universitarios por intereses privados.
II
La Ley va a multiplicar
arbitrariamente las pruebas de entrada de los estudiantes a la universidad
pública y acentúa, además, la discrecionalidad de los criterios para el acceso,
lo que hará aumentar las diferencias tanto entre las universidades como entre
los distintos estudios de cada universidad y limitará la opcionalidad de los
estudiantes. Deja abiertos los criterios de selección para el acceso de los
estudiantes a las universidades privadas, lo que favorecerá un proceso parecido
al que se ha producido y se está produciendo ya en otros niveles de la
enseñanza.
Todo el articulado referente
al acceso de los estudiantes a la universidad pública (arts. 67-79) se mueve en
la vaguedad. Por una parte, contiene afirmaciones que hay que considerar
meramente declamatorias. Por ejemplo: "el estudio en la universidad es un
derecho de todos los españoles", "el estudio es un derecho y un deber de los
estudiantes universitarios", "los principios de equidad y solidaridad", "se
garantizarán las condiciones de igualdad", etc.). Por otra parte, hace
referencias a un ordenamiento jurídico o a una normativa básica que no se define
(¿reválida?). Y finalmente se detiene en los deberes de los estudiantes (art.
79). Pero, en cambio, los procedimientos para la admisión de estudiantes, que es
lo que más puede importar a éstos, quedan al albur de las universidades y de las
CC.AA., sujetos, al parecer, únicamente a la ley de la oferta y la demanda.
III
La Ley multiplica las
categorías de profesorado contratado con funciones docentes equivalentes en la
práctica a las de los titulares (ayudante, profesor ayudante doctor, profesor
colaborador, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor
visitante). De donde se deduce: a) que va a mantenerse un alto índice de
precarización del profesorado en formación; b) que se alargará considerablemente
el tiempo para acceder a plazas de profesor permanente universitario, y c) que
se complicará todavía más la forma de acceso de los docentes e investigadores a
la titularidad, al estar éstos obligados a pasar pruebas de habilitación
centralizadas y depender luego, para la obtención de plaza, de los criterios que
establezca cada una de las universidades.
Esta deducción queda reforzada
por lo que dice explícitamente el articulado del Proyecto de Ley:
1º Los ayudantes no doctores
podrán desempeñar, con carácter excepcional, tareas docentes "en los términos
que fijen los estatutos de la universidad correspondiente" (art. 83).
2º Los ayudantes doctores no
podrán haber estado vinculados en los 2 últimos años a la universidad que los
contrate (ni siquiera como becarios).
3º No se especifica plazo de
contratación para los contratados doctores, pero se exige una evaluación
positiva por parte de la Agencia Nacional.
4º En cambio, para el caso
de los asociados y visitantes, con contrato temporal, no se exige evaluación
positiva de la misma Agencia, sólo "el reconocido prestigio" o la "reconocida
competencia".
5º El Proyecto no dice nada
del Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento, colectivo que está
actualmente en situación precaria en lo laboral y en lo social, sin deberes ni
derechos reconocidos, a pesar de lo cual, de su trabajo depende un tercio de
las investigaciones que se realizan en el país.
Todo esto conducirá
previsiblemente a: 1) la discrecionalidad de los criterios de selección en estas
dos últimas categorías; y 2) la utilización perversa (ya en curso en algunas
universidades) de las figuras del asociado y del visitante.
La complicación de la carrera
docente universitaria que se deriva de ahí es evidente. Un titular de
universidad, por ejemplo, habrá tenido que pasar dos veces por el dictamen
positivo de la Comisión Nacional de Evaluación como ayudante, haber estado dos
años en una universidad distinta de aquella en la que se formó, haber escrito la
tesis doctoral (probablemente dando clases al mismo tiempo "con carácter
excepcional"), haber pasado tres pruebas en la habilitación, haber solicitado
plaza en los dos años siguientes y, por último, haber pasado la prueba de
selección de la universidad que finalmente lo nombre. Eso puede llevar entre 12
y 14 años. Y eso sin tener en cuenta factores demográficos que complican la
situación. En cambio, un visitante "de reconocido prestigio" (nacional o
extranjero) podrá ser contratado (probablemente con un sueldo superior al de
titular, que es lo que se hace ya) al año siguiente de haber leído la tesis
doctoral y sin más requisito que el "prestigio" declarado por el Departamento
que proponga su contratación.
Todo eso representa una opción
clara en favor de la contratación temporal. El Anteproyecto contempla una
composición de las plantillas de profesorado en la que los contratados de
diferentes tipos alcanzará casi el 50% del total. En la mayoría de las
universidades esto supondrá un aumento de la precariedad del profesorado no
permanente.
En todo el apartado dedicado a
profesorado el Proyecto combina el rigorismo administrativo y la vaguedad sobre
los criterios de selección del profesorado por las Universidades, lo que,
previsiblemente, hará muy difícil armonizar las competencias del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Universidades. En su redacción actual, el
Proyecto de Ley facilitará que las distintas categorías de profesorado
contratado puedan ser utilizadas por los Departamentos universitarios para
pervertir el espíritu de la Ley, como ya ocurrió con la puesta en práctica de la
LRU. Para evitar que esto ocurra, habaría que haber que abordado la duplicidad
de funciones actualmente existente entre Departamentos y Facultades, aspecto
éste al que no se hace referencia en el Proyecto.
IV
La nueva Ley supondrá un serio
recorte a la democracia interna en los órganos de gestión de las universidades,
al acentuar, de un lado, el poder de los Rectores en detrimento de los Claustros
y al propugnar, de otro, una excesiva presencia externa (previsiblemente
empresarial) en los Consejos de Gobierno, todo ello en detrimento de la
representación de los estudiantes, del profesorado contratado (en contradicción
con el previsible aumento de su número en las Universidades) y del personal de
administración y servicios.
En este sentido, el art. 36
del Proyecto establece que el Consejo de Gobierno, constituido por un máximo de
30 personas, tendrá un tercio de sus miembros designados por el rector entre la
parte no académica del Consejo Social. El art. 38 decreta que al menos el 51% de
los miembros del Claustro serán profesores funcionarios y el 19% procederá del
resto del personal docente e investigador. No se dice nada en ese apartado de la
representación de los estudiantes ni del PAS, pero limita de entrada la suma de
estos dos colectivos al 30%, dejando abiertas la proporcionalidad de la
representación de estudiantes y PAS a lo que digan los Estatutos de cada una de
las Universidades. El art. 42 deja fuera del Consejo de Departamento a los
estudiantes y al PAS y establece que al menos un 70% de sus miembros han de ser
doctores.
La tendencia general del
Proyecto de Ley a separar muy drásticamente representación y gestión se
concretará, casi con toda seguridad, en una pérdida de peso específico de los
distintos sectores universitarios en la gestión efectiva de la Universidad, en
una limitación de la función de los actuales Claustros (por lo menos en lo que
hace al control y fiscalización de las políticas rectorales) y en una presencia
consistente de empresarios y gestores en el principal órgano de poder
universitario.
Es un error, al hacer la
crítica del Proyecto, poner el acento en que la elección de los rectores por
sufragio universal ponderado va a significar una politización o repolitización
de la Universidad. Eso es lo de menos, porque será un acto puntual cada cuatro
años. Lo de más es que la vía presidencialista propuesta sugiere de manera
populista "democracia directa" (o sea, que el "pueblo universitario" elija
directamente al Rector) en un acto puntual, para que inmediatamente después ese
mismo "pueblo universitario" se autodisuelva (y quede sin posibilidad de control
y fiscalización del Consejo de Gobierno, o con dichas posibilidades muy
mermadas).
No deja de ser curioso, y
también sintomático, que al mismo tiempo que se reduce la edad para participar
con el voto en las elecciones generales se limite la representación de los
estudiantes universitarios en los claustros de la institución a la que durante
cuatro o cinco años estarán vinculados. Eso es tanto como decir: "Tenéis derecho
a votar...a vuestros papás".
V
Al desvincularse el debate
sobre la nueva ley universitaria de la forma de financiación de la misma se deja
sin voz ni voto a los representantes de la comunidad universitaria en un asunto
que es central para el futuro de los centros docentes y de investigación, tanto
más teniendo en cuenta: 1º que es la comunidad universitaria la que tendrá que
aplicar las medidas correspondientes bajo la constricción de presupuestos
generales que, de un lado, condicionan la actuación de las comunidades autónomas
y, de otro, sólo dejarán a las universidades espacio autónomo para la obtención
de fondos privados; y 2º que España está muy debajo de lo que es la media
europea en gasto público para la enseñanza superior y ayudas a las estudiantes.
La parte del articulado del
Proyecto referida a las retribuciones del profesorado deja, en principio, mucha
discrecionalidad a las Universidades y a las Comunidades Autónomas a la hora de
establecer sobresueldos, pero al deslindar este apartado de la cuestión de la
financiación general de la reforma, como se está haciendo, se llega a la
conclusión de que esta autonomía quedará reducida sencillamente a la competición
entre universidades para captar fondos privados a partir de los cuales
establecer los sobresueldos en determinados centros e institutos universitarios.
Lo que previsiblemente aumentará las diferencias entre universidades y, en el
interior de las universidades, entre centros y estudios.
VI
La gran mayoría de los
miembros de la comunidad universitaria se enteró de las líneas generales del
Proyecto a través de los resúmenes proporcionados por los medios de
comunicación. La forma en que la Ministra de Educación cortó de raíz el debate
sobre la LOU cuando éste apenas se iniciaba en el consejo de universidades y las
ofensivas declaraciones posteriores del presidente del gobierno no auguran nada
bueno sobre el futuro de la universidad pública. En vez de abrir una
controversia razonada, que falta hacía, sobre el acceso a la universidad, sobre
lo que se enseña y cómo enseña y sobre el estado de la investigación y sobre la
mercantilización de la misma, estos modos de actuar de las autoridades atizan un
conflicto latente desde hace tiempo.
En esas condiciones la
pretensión de que el Parlamento apruebe el texto (con los votos del PP, CC y,
tal vez, CiU) en unas pocas semanas es inaceptable. El procedimiento seguido por
el Ministerio en la elaboración y tramitación de la Ley Universitaria ha sido
una burla al debate democrático y ya eso justifica sin más las protestas de las
asociaciones de estudiantes, de los sindicatos, de los rectores y de la gran
mayoría de la comunidad universitaria.-
---
Aparte de lo ya dicho en el artículo de Fernández
Buey, el Proyecto del PP consolida la tutela española sobre la educación
universitaria, reforzando su control por diversos mecanismos, entre los que se
encuentra el llamado proceso de Habilitación del profesorado.
Justificado como un medio para combatir la endogamia en la
contratación y el dominio de las mafias departamentales, refuerza el
marco estatal español. Además, como denuncian las JJAA en un
documento: "Esta capacidad que la ley da a las universidades para establecer
sus propios exámenes de ingreso supone la eliminación del Distrito Único
Andaluz. Hasta ahora existía una sola prueba de selectividad válida para todas
las universidades andaluzas, un almeriense podía realizar la selectividad en
su territorio y matricularse en Huelva o cualquier otra universidad. A partir
de esta Ley cada universidad será libre de establecer sus propios criterios de
acceso con independencia de las necesidades formativas de la juventud
andaluza. El Gobierno de España secuestra con esta ley las competencias del
Gobierno de Andalucía anulando este Distrito Único".
----
El pasado 25 de Octubre se
produjeron huelgas y movilizaciones estudiantiles de Secundaria contra las
reformas educativas (revalida, etc) que pretende instaurar el Gobierno
español del PP.
El
7 de Noviembre está convocada una
Huelga del profesorado y PAS en Universidad. Otra Jornada de Huelga
estudiantil en Universidad está convocada para el 14 de
Noviembre.
Sugerencias
*
Centro Andaluz del
Flamenco. Desde esta pagina podemos acceder
al propio Centro y a sus servicios de documentación, festivales, Cátedra de
Flamencología, etc. También nos enlaza con El Mundo del Flamenco (con
apartados sobre las Peñas, léxico caló en el flamenco, revistas, Didáctica
del flamenco, Rincón del cante, etc) y con la revista
Alboreá. Para conocer en la Red este arte andaluz,
esta pagina es imprescindible.
*
Cádiz
Rebelde. Una Revista digital andaluza de izquierda. Con
secciones sobre Cádiz, Nacional, estatal, internacional. Aunque a veces tarda en
cargarse, merece la pena esperar; una visita siempre interesante y
polémica.
*
El asesinato de Kennedy. Está claro que
Kennedy no nos resulta tan simpático como al autor de esta pagina,
Antonio Moreno, de Córdoba. Bien que nos acordamos de Bahía de Cochinos, de
Vietnam y de tantísimas otros asuntos. Pero, esto al margen, el
sitio está muy bien organizado y cuenta con mucha documentación bien
estructurada sobre el magnicidio.
Solidaridad con
Palestina
 Música: Mohamed
Mounir - Bel haz
wel sodaf,
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