Andalucía

 

Desde el 4 de marzo está en vigor la nueva entrega de reforma laboral del Gobierno del PP. Al margen de la voluntad de la clase trabajadora vasca, esta reforma también impondrá sus efectos en Hego Euskal Herria. Los sindicatos UGT y CCOO no sólo no han sido capaces de articular la movilización necesaria que ponga freno a una patronal envalentonada, sino que además valiéndose del actual marco jurídico que niega la capacidad de decisión a Euskal Herria, se han arrogado la representación de los trabajadores y trabajadoras vascas. El actual marco jurídico político deja a la clase trabajadora vasca en manos de un sindicalismo estatal que hace tiempo dio a los trabajadores el papel de espectadores de las mesas de negociación, de las cuales ya conocemos sus resultados en sucesivas reformas en clave de recorte de derechos laborales.

Las nuevas medidas laborales discurren por los mismos derroteros que las anteriores: refuerzo del poder de la patronal en la ordenación de las relaciones laborales, subordinando los derechos de los trabajadores a los exclusivos intereses empresariales. Ni una línea dedicada a controlar y sancionar la práctica del fraude empresarial respecto de la contratación temporal.

La fórmula utilizada no es nueva; frente al desempleo y las alarmantes tasas de temporalidad en el mercado laboral, el antídoto: el empleo precario. La precariedad tiene una alta rentabilidad para la empresa, menores costes laborales, plantillas con limitada capacidad reivindicativa a la espera de la renovación del contrato... y costes para los trabajadores obligados a renunciar a la estabilidad en el empleo, sometidos a jornadas flexibles, dobles escalas salariales, y sobran comentarios respecto de la alta siniestralidad laboral.

Existen colectivos específicos que están sintiendo con especial dureza las consecuencias de las reformas: la juventud y las mujeres. Se les impone la entrada al mercado laboral pagando un peaje de precariedad, y respecto de las mujeres bajo la consideración subsidiaria en el mercado laboral, como ayuda a la economía familiar.

Las medidas ahora impuestas entre otras son:

Refuerzo del contrato de formación más conocido como «contrato basura». Este contrato hasta ahora estaba dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años para aprender un «oficio», estableciéndose como mínimo un 15% de la jornada para formación. Hay que recordar que este contrato basura no da derecho a la prestación de desempleo, y la referencia salarial se fija en el salario mínimo interprofesional descontado el tiempo de «formación», lo que implica para 2001, con el tiempo de formación mínimo de 15% un salario de 61.302 pesetas/mes. Con la reforma también serán destinatarias de este contrato basura, con independencia de su edad, las personas desempleadas incluidas en algunos de los siguientes colectivos: inmigrantes duran- te los primeros dos años de vigencia del permiso de trabajo, las que lleven más de tres años sin actividad laboral, las que se encuentren en situación de exclusión social, las personas discapacitadas, y las que se incorporen a programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

Contrato indefinido con indemnizaciones de despido rebajadas. Este contrato en vigor desde 1997 y pactado con CCOO y UGT tiene como seña de identidad una indemnización más baja en caso de despido declarado improcedente derivado de un despido objetivo, esto es, se rebaja la indemnización que debe abonar la empresa que ha alegado para despedir razones económicas, técnicas, organizativas y de producción, y después no resulta justificado legalmente. La indemnización de estos contratos es de 33 días de salario por año trabajado con el tope de 24 mensualidades, frente a la indemnización ordinaria de 45 días de salario por año trabajado con el tope de 42 mensualidades. Este contrato, a pesar de que ha demostrado su ineficacia para frenar la abusiva temporalidad, no sólo no ha sido dejado sin efecto sino que además ha sido ampliado el colectivo de personas destinatarias del mismo. Ahora podrán ser objeto de este contrato: jóvenes de 16 a 30 años, mujeres desempleadas para prestar servicios en ocupaciones con menor índice de empleo femenino, mayores de 45 años, personas desempleadas durante más de 6 meses, y personas discapacitadas. También todas aquellas personas que tengan contrato temporal y pasen a indefinidas. Es previsible que este contrato sustituya al indefinido ordinario, si no estaba sustituido ya.

Contrato a tiempo parcial. Este contrato ya no será el que no llegue al 77% de la jornada completa, sino todo aquel que no llegue aunque sea por escaso margen a la jornada completa. En el contrato a tiempo parcial indefinido se impone la máxima flexibilidad horaria, estableciendo que parte del horario se conozca con escasos 7 días de antelación, haciendo necesario que las personas contratadas bajo esta modalidad deban de estar a disposición de la empresa más allá del tiempo efectivo de trabajo. Estas medidas han desenmascarado la realidad de este contrato. Este ha sido alabado como la fórmula necesaria para que las mujeres se incorporen al mercado laboral haciendo posible su compatibilidad con las responsabilidades familiares, o para que los jóvenes compatibilicen trabajo con estudios. No se tiene en cuenta que la mayoría de las mujeres, principales destinatarias de este contrato, manifiestan su preferencia por la jornada completa, y que hace tiempo ya que las mujeres hemos puestos en cuestión que las responsabilidades familiares deban recaer en nosotras.

Frente a esta situación la apuesta del sindicato LAB es clara: la necesidad urgente de un marco vasco de relaciones laborales. Es necesario un ámbito vasco con la capacidad legislativa necesaria para articular una política de empleo propia en coordenadas diametralmente opuesta a las actuales, para que la potencialidad del sindicalismo vasco y las responsabilidades que frente a la situación del mercado laboral demanda la clase trabajadora a la patronal y a las administraciones vascongada y navarra no queden supeditadas a gobiernos, patronales y sindicatos que no sólo no nos representan, sino que además nos ofrecen como alternativas el abaratamiento de los despidos y la precariedad. Esta reforma laboral pasa a engrosar la lista de las sucesivas imposiciones que en los diversos ámbitos se vienen sucediendo en Euskal Herria, reforma en contra del euskara, reformas en la enseñanza... Estas imposiciones ponen de manifiesto la necesidad de dar una respuesta global y de largo alcance; no es tiempo de retales. Desde LAB demandamos soberanía y paz, esta es la apuesta. *

La mayor agresión contra los trabajadores desde la transición

Diez meses después de iniciarse el llamado "diálogo social" el gobierno Aznar ha cumplido sus amenazas aprobando una nueva contrarreforma laboral. Se trata del último episodio de una agresión general contra los derechos de los trabajadores que tendrá continuidad en los próximos meses. El gobierno ha anunciado públicamente que, si los sindicatos no ceden, piensa eliminar por ley los derechos adquiridos en la negociación colectiva, la llamada "ultraactividad de los convenios", e impondrá nuevos recortes a la jubilación y a las pensiones públicas. También tienen intención de eliminar los salarios de trámite que los empresarios pagan por despido improcedente hasta que hay sentencia y preparan asimismo la privatización del INEM y nuevos recortes al subsidio por desempleo. En palabras de Rato: "La reforma laboral no ha hecho más que empezar". El objetivo, por boca de Aznar, es que "España sea uno de los países más flexibles de Europa".

Nuevo recorte de derechos a los trabajadores, más rebajas fiscales para la patronal

Los principales agresiones a los trabajadores contenidas en el decreto son:
1. Se generaliza el abaratamiento del despido improcedente a 33 días/año con un máximo de 24 mensualidades, una aspiración permanente de la patronal para lograr una fuerza de trabajo lo más desprotegida posible.

2. Se desregula por completo el contrato a tiempo parcial, otra aspiración de la patronal que de esa forma podrá imponer a su entera libertad las condiciones y los horarios de trabajo que más le convengan a los trabajadores con este tipo de contrato.

3. Se extiende el contrato de formación sin límite de edad a varios colectivos de trabajadores (inmigrantes, parados de larga duración...), un contrato con menor salario, sin derecho a desempleo y sin apenas costes a la Seguridad Social. Se establece también un nuevo contrato de inserción sin derechos salariales y financiado a cargo de fondos públicos.

4. Aumentan las rebajas de la cuota patronal a la Seguridad Social por un importe de 300.000 millones de pesetas anuales que hay que sumar al billón obtenido con la reforma laboral pactada con los sindicatos en el 97, es decir, se profundiza el desvío de salario indirecto de los trabajadores a las cuentas de beneficio empresariales a costa del recorte en prestaciones de desempleo o pensiones.

5. Se añade otra causa "objetiva" de despido, con gravísimas consecuencias para muy amplios trabajadores de la Administración Pública.

6. Se mantienen los distintos tipos de contratos temporales, con una ridícula indemnización de 8 días. No se establece ningún límite a las subcontratas: la única obligación de las empresas es informar a la representación de los trabajadores.

En resumen: despido más fácil y barato, más precariedad, más flexibilidad y más dinero para la patronal a costa de la protección social de los trabajadores.

Los nuevos ataques que prepara el PP: negociación colectiva y pensiones

El gobierno pretende endurecer el decreto aprobado durante su tramitación parlamentaria, introduciendo enmiendas a través del grupo parlamentario del PP. La principal enmienda se refiere a la eliminación de la llamada "ultraactividad de los convenios". De llegar a aprobarse, supondría un cambio cualitativo en la negociación colectiva, de forma que todos los derechos que los trabajadores han ido acumulando a lo largo de los años desaparecerían de un plumazo. Todo -salarios, jornada laboral, categorías, horarios, calendario, vacaciones...- estaría permanentemente cuestionado y la negociación de los convenios partiría siempre de cero. Se trata de una vieja aspiración de la patronal que ya estuvo sobre la mesa en el 94 cuando el PSOE impuso la última Reforma Laboral de su etapa de gobierno. La patronal la ha vuelto a plantear en la mesa de negociación, junto a la eliminación de los salarios de trámite en los despidos improcedentes, consciente de que el PP la acabará imponiendo. Esta agresión es de tal envergadura que los máximos responsables de acción sindical de CCOO y UGT declararon el pasado 10 de marzo, cuando el secretario de empleo del PP les comunicó las intenciones del gobierno: "lo peor está por venir, como la eliminación de la ultraactividad de los convenios", calificando el ataque como "la mayor agresión a los trabajadores desde el inicio de la transición democrática".

El gobierno del PP quiere imponer también retrocesos en las pensiones públicas. Por un lado, retrasando la edad de jubilación voluntariamente más allá de los 65 años, haciendo compatible pensión y salario. En segundo lugar, pretende rebajar más las pensiones ampliando el período de cálculo a 35 años desde los 15 que se establecieron en el Pacto de Toledo. Por último, pretende modificar la ley de planes y fondos de pensiones para generalizar las pensiones privadas a todos los trabajadores a cargo de una parte de su salario directo. El objetivo es avanzar en la supresión del salario diferido del trabajador, que sería transferido a la patronal a través de nuevas rebajas de sus cotizaciones sociales.

Como siempre la lucha de clases tendrá la última palabra

Estamos ante una nueva desregulación de derechos de los trabajadores, a sumar a la larga cadena que se inició en los 70, durante la transición, con el Estatuto de los Trabajadores (imposición del despido libre...). Después vinieron sucesivas reformas laborales y recortes de derechos sociales en época de los gobiernos socialistas: temporalidad, primer recorte en las pensiones, decretazo, reforma laboral del 94, privatizaciones de servicios públicos... El PP, primero con la firma de los sindicatos y ahora por ley, sigue profundizando en una política neoliberal que busca seguir aumentando la explotación del trabajo a través de atacar el salario directo y los derechos laborales y sociales, conquistas logradas a lo largo de décadas de dura lucha del movimiento obrero. Es la forma de intentar mantener el nivel de beneficios y el ritmo de acumulación del capital, que tienden a caer cuando sobrevienen las inevitables crisis capitalistas. El actual ciclo expansivo de la economía empieza a mostrar los primeros síntomas de agotamiento y el capitalismo español, un imperialismo de segunda fila, se ve además apremiado por la creciente competencia que lleva aparejada la ampliación de la Unión Europea hacia el Este y por la crisis de sus inversiones en Latinoamérica. Esas son las razones de fondo que llevan a Aznar a decir que quiere que "España sea una de los países más flexibles de Europa".

Para el capital y sus gobernantes cada reforma laboral aprobada es siempre la antesala de la siguiente, salvo que la movilización de los trabajadores en defensa de sus propios intereses de clase se lo impida.

La paz social de estos años ha fortalecido al PP y a la patronal

En la etapa final del largo período de gobierno socialista los grandes sindicatos decidieron decretar la paz social, abandonando cualquier planteamiento de lucha frente a las agresiones a los derechos de los trabajadores. Después de la huelga general del 27 de enero del 94 contra la Reforma Laboral del último gobierno González no dieron continuidad a la movilización y aquel gobierno pudo imponerla: ETT's, "contratos basura"... Pocos años antes, en cambio, se había logrado echar abajo los planes desreguladores de un gobierno socialista en mayoría absoluta con la movilización: la huelga general del 14-D del 88 obligó al gobierno a echar marcha atrás en su intento de imponer el Plan de Empleo Juvenil y, pese a que los grandes sindicatos tampoco entonces dieron continuidad a la movilización, el gobierno tuvo que proceder a un aumento generalizado de las pensiones y de las prestaciones sociales y a conceder la cláusula de revisión a los empleados públicos, para desactivar la presión y poder recuperar la iniciativa.

Tras la derrota del 94 y ya con el PP en el poder, las burocracias dirigentes de UGT y CCOO persistieron en la misma política de paz social, llegando incluso a aceptar una reforma laboral pactada en el 97 que satisfacía dos grandes aspiraciones de la patronal: el abaratamiento del despido a través del nuevo contrato indefinido y rebajas sustanciales en las cuotas patronales a la Seguridad Social. Esa traición abierta a los intereses obreros ha servido para, por un lado, fortalecer a un gobierno que, en gran parte gracias a esos apoyos, ha ido ganando prestigio electoral hasta lograr la holgada mayoría absoluta de marzo del 2000. Por otro, la patronal ha gozado de una plácida paz social que le ha permitido continuar imponiendo retrocesos en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y aumentar notablemente la cuenta de resultados de las grandes empresas. Podemos decir que mientras aplicaban la paz social con patronal y gobierno, las burocracias dirigentes de COO y UGT declaraban la guerra a las movilizaciones obreras, manteniendo aisladas las escasas luchas que surgían o traicionándolas abiertamente como en Renfe.

La mayoría absoluta del PP y el "diálogo social"

Cuando el PP revalidó su gobierno, ahora en mayoría absoluta, anunció claramente sus objetivos de clase. Entre ellos fijó como una prioridad imponer una nueva reforma laboral, a ser posible con la complicidad de las direcciones de CCOO y UGT. El llamado "diálogo social" perseguía el objetivo de atar a las direcciones de los grandes sindicatos a una parodia de negociación que concluiría, si estos no aceptaban los planteamientos de la patronal y del propio gobierno, en una reforma laboral impuesta por ley. Ni gobierno ni patronal han ocultado nunca que esos eran sus objetivos. La correlación de fuerzas les era muy favorable: una clase obrera profundamente desmovilizada por la acción de las propias direcciones de los sindicatos y una mayoría absoluta que garantizaba que los planes se acabarían imponiendo. Para facilitar las cosas en diciembre se llegó a un primer pacto, vital para sostener el aparato de los sindicatos: el Acuerdo de Formación Continua, un importante medio de financiación para unos hipertrofiados aparatos sindicales con muy escasa afiliación. Tras ese acuerdo desapareció cualquier tímida movilización, como las manifestaciones del 30-N y del 13-D, y se inició una intensiva y secreta tanda de negociaciones con fecha fija de conclusión (el 28 de febrero).

Cuando el 2 de marzo el gobierno imponía la Reforma Laboral mediante un Real Decreto se sentía avalado por diez largos meses esperando a que sindicatos y patronal llegaran a un acuerdo. Nadie podía afirmar que no hubiera tenido paciencia en un asunto que había anunciado como una prioridad de su acción de gobierno. El gobierno se apoyaba también en el hecho cierto de que los dirigentes sindicales mostraron durante la negociación su disposición a aceptar una rebaja generalizada del despido improcedente a 33 días por año, una desregulación del contrato a tiempo parcial y nuevas rebajas de las cuotas patronales a la Seguridad Social, contenidos fundamentales de la reforma aprobada. De hecho, entre las razones centrales que los dirigentes de CCOO y UGT alegan para rechazar la reforma no figuran precisamente el abaratamiento del despido o las rebajas de cuotas patronales. Por supuesto que el gobierno no iba a hacer concesión alguna a cambio de que los dirigentes sindicales aceptaran esos puntos: ¿alguien pensaba seriamente que iba a regular las subcontratas, penalizar sustancialmente la contratación temporal o limitar el encadenamiento de contratos eventuales? El objetivo del gobierno del PP, instrumento político del capital, es generalizar la precariedad, no limitarla. Y menos que menos cuando se siente fuerte ante la ausencia de movilizaciones que puedan arrancarle alguna concesión. El fracaso del "diálogo social" no es el fracaso del gobierno ni de la patronal: es el fracaso de una política de paz social y de conciliación de clases largamente desarrollada por las direcciones de CCOO y UGT. Si no cambia la correlación de fuerzas forzando al gobierno a derogar el decretazo antes de que sea definitivamente aprobado por el parlamento, el gobierno y la patronal seguirán arrasando derechos con la misma trampa: sentarse a negociar para acabar imponiendo nuevos retrocesos por ley en nombre del interés general, si es que los dirigentes sindicales no capitulan antes. Ahora toca la ultraactividad de los convenios, los salarios de trámite, las pensiones y la edad de jubilación, y el seguro de desempleo y el INEM.

¿No había otra salida?

Existe un fatalismo profundamente oportunista en la política de las direcciones sindicales, producto de su burocratización y de su reformismo estrecho. Cualquier trabajador con el mínimo instinto de clase sabe del antagonismo de intereses entre capital y trabajo.

Y, como consecuencia, es consciente de que todo es cuestión, en última instancia, de a quién favorece la relación de fuerzas a la hora de lograr determinadas reivindicaciones frente a los patronos o el gobierno. Las direcciones de CCOO y UGT hace tiempo que olvidaron el abc. Su razonamiento sigue el siguiente esquema: "el PP tiene mayoría absoluta, es un gobierno fuerte. No se le puede derrotar. La confrontación es inútil. Sólo queda el pacto". Junto a esta profunda desconfianza hacia la capacidad de lucha de la clase obrera y su potencialidad como factor decisivo del cambio social, actúan como si desconocieran una verdad evidente para cualquier trabajador con una elemental conciencia de clase: que el PP es un gobierno del capital, como antes lo fueron los gobiernos de Felipe González, del que sólo se puede esperar una política antiobrera, salvo que la fuerza movilizadora de los trabajadores se lo impida. Su confianza en la negociación en sí misma como instrumento para lograr algunos acuerdos favorables a los trabajadores y en Aznar como garante de esos acuerdos además de irrisoria ha tenido y tiene trágicas consecuencias para los trabajadores.

Los dirigentes sindicales podrían haber tomado nota -y haber actuado en consecuencia- de que, sin necesidad de remontarnos a la anterior legislatura, el gobierno del PP ha demostrado sobradamente en este último año para quién gobierna y a costa de quién lo hace: gestión de las bajas de enfermedad por las mutuas patronales; ampliación del horario de trabajo en el comercio; crecimiento del raquítico SMI por debajo de la inflación; imposición de altos niveles de precariedad y reducciones de salario, empleo y medidas de movilidad geográfica para los empleados públicos, marcando la pauta para la negociación colectiva del sector privado; contrarreforma de la ley de Extranjería para facilitar la sobreexplotación de una mano de obra inmigrante indefensa que presione a la baja al resto de los salarios; continuidad de su plan de privatizaciones con Iberia, Renfe y Correos; negativa a aplicar la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación salarial de los empleados públicos del año 97 y ahora imposición de una nueva contrarreforma laboral que tendrá continuidad en los próximos meses.

Las devastadoras consecuencias de esta politica para los trabajadores están a la vista. Las 4 grandes empresas multinacionales españolas (Telefónica, BBVA, BSCH, Repsol) obtuvieron beneficios récords, superiores al 40%, mientras el salario de los trabajadores perdió poder adquisitivo los dos últimos años. En un contexto de fuerte crecimiento económico, de alta rentabilidad del capital y de aumento del nivel de empleo, el abaratamiento del despido en los nuevos contratos ni siquiera sirvió para reducir los niveles de precariedad, la jornada apenas se redujo en dos horas de media en el último año, el 70% de las pensiones siguen siendo inferiores al SMI, la protección por desempleo apenas cubre al 40% de los parados y los índices de accidentalidad dan una media de 5 trabajadores muertos diarios.

Mientras esto sucedía, los dirigentes de CCOO y UGT han estado atados a unas mesas de negociación sin la más mínima perspectiva, en lugar de levantar una plataforma pública de reivindicaciones contra la precariedad laboral y por avances en derechos y garantías que contemplase medidas encaminadas a ilegalizar las ETT's y acabar con la subcontratación, suprimir los contratos en precario y ampliar las garantías contra los despidos, una ley de 35 horas semanales sin reducción salarial, mejoras salariales y cláusulas de revisión para todos los trabajadores, medidas de urgencia para frenar la accidentalidad laboral, mejoras de la protección al desempleo y de las pensiones públicas, rebaja de la edad de jubilación a los 60 años con el 100% de la pensión, o medidas que aseguren la igualdad de derechos salariales, laborales, sociales y democráticos de todos los trabajadores, independientemente de su género u origen étnico. Parece evidente que avanzar en esos objetivos sólo es posible apoyándose en un plan de movilizaciones masivo, sostenido y preparado a fondo con la participación de los trabajadores, única forma de cambiar la actual correlación de fuerzas para poder avanzar en las reivindicaciones, empezando por impulsar y unificar las luchas en curso (trabajadores inmigrantes, Síntel, empleados públicos, construcción, empresas en lucha por los convenios o contra las regulaciones de plantilla...). Es decir, lo contrario de la paz social en curso.

En contraste con la política oficial de las direcciones de los grandes sindicatos, hay pruebas de que el gobierno del PP no es omnipotente y de que la movilización, aún en condiciones poco favorables, puede dar sus frutos. Los trabajadores inmigrantes sin papeles, aislados y con la pasividad de las grandes organizaciones sindicales, han logrado hacer retroceder al gobierno con su movilización, arrancándole una primera victoria parcial que le ha obligado a no poder aplicar su reaccionaria ley de Extranjería y a abrir una nueva regularización encubierta. La tenaz lucha de los trabajadores de Síntel es otro buen ejemplo de disposición a la lucha. Otros sectores populares también se han enfrentado resueltamente contra la política del PP. Es el caso de las multitudinarias movilizaciones que han puesto en entredicho el Plan Hidrológico Nacional. La confluencia de todas estas protestas podría poner en serias dificultades al gobierno a la hora de poder aplicar su política.

Huelga general y un plan de lucha sostenido hasta echar abajo la reforma laboral

El decreto del gobierno ha empezado su trámite parlamentario para ser aprobado como ley en junio. El gobierno ha hecho pública su intención de presentar enmiendas que endurecerán más su contenido. En ese sentido Rato fue claro: "La reforma laboral no ha hecho más que empezar", llamando al mismo tiempo a los sindicatos a seguir atados a las mesas de negociación sobre los temas pendientes (pensiones y negociación colectiva). Quieren volver a repetir la jugada: "negociamos mientras mantenéis la paz social y, si al final no cedéis, legislaremos en nombre del interés general y ante vuestra incapacidad para llegar a acuerdos".

Los dirigentes de CCOO y UGT dudan en romper la paz social, entre lamentos por la acción unilateral del gobierno. Hubieran querido un acuerdo con algunas míseras concesiones (algún punto de penalización y una indemnización algo más alta en los contratos temporales...) que les permitieran salvar la cara ante los trabajadores, pero el gobierno y la patronal, conscientes de su posición de fuerza, no les han dejado ningún margen. Ahora el ataque que se prepara es de tal calibre que la aprobación de medidas como la eliminación de la ultraactividad de los convenios no sólo significarían un nuevo e histórico retroceso para los trabajadores, sino que el propio poder de representación de los sindicatos, asentado en un cierto nivel de conquistas materiales a preservar, quedaría muy debilitado. Los dirigentes sindicales corren el riesgo de ser víctimas de su propia pócima. Esa es su verdadera preocupación y no el contenido del decreto que algunos dirigentes califican de "reforma suave", insuficiente por sí misma para justificar una huelga general. Consecuentes con su lógica conciliadora a pesar de las agresiones del gobierno, han mostrado su disposición a continuar las negociaciones sobre la reforma de la Seguridad Social, aún siendo conocedores de los planes del gobierno y de su rotunda negativa a aceptar la jubilación de los trabajadores a los 60 años cuando se tienen 25 cotizados o a reducir el porcentaje de penalización en las jubilaciones anticipadas. También aquí los dirigentes sindicales aceptarían medidas tan regresivas como la "jubilación flexible" o profundizar en los planes privados de pensiones, preparando el terreno para que el gobierno, si llega a legislar, presente esos puntos como reflejo de un cierto consenso en las mesas, como ha sucedido con el decretazo.

Visto desde un punto de vista de clase, de los intereses generales de los trabajadores, el objetivo debe ser impedir que el gobierno consiga aprobar como ley el decreto de reforma laboral, una nueva victoria que lo reforzaría para aplicar el resto de sus planes. La dirección de UGT, el sector crítico de CCOO, USO, ELA, CGT... ya se han pronunciado por la huelga general unitaria. La mayoría oficialista de CCOO condiciona en cambio su convocatoria a que se logre un acuerdo en la negociación sobre pensiones, arrastrando a la dirección de UGT hacia esa posición en nombre de la unidad de acción.

¡Como si no se hubiera demostrado ya que esa negociación es un callejón sin salida!, que sólo servirá para que el gobierno gane tiempo y argumentos para aprobar el decreto como ley y para imponer el resto de las medidas. Lo que corresponde es que las direcciones de CCOO y UGT acaben con la farsa del diálogo social, levántandose de las mesas pendientes y poniendo todo el empeño en la convocatoria unitaria de un plan de lucha sostenido hasta conseguir la retirada de la ley. Hay que convocar ya una huelga general unitaria -junto a las otras centrales de clase, preparada a conciencia y con la participación real de los trabajadores- y otras acciones que pudieran desembocar, si el gobierno no retrocediese, en una marcha multitudinaria de trabajadores al Parlamento para impedir la aprobación de la ley. Se necesita además la unificación de las luchas que los trabajadores libran por separado (Síntel, trabajadores inmigrantes, empleados públicos, construcción, huelgas parciales en empresas por el convenio o contra los despidos...). Esa unidad fortalecería la movilización general y abriría posibilidades de victoria a estas luchas parciales. La gravedad de la situación para los trabajadores exige a los activistas más comprometidos con su clase, a las corrientes de oposición internas como el sector crítico de CCOO y al sindicalismo más clasista ponerse manos a la obra. Es momento de que los comités de empresa, las asambleas de centro de trabajo, las secciones sindicales y los propios órganos de dirección de aquellos sindicatos favorables a la huelga se pronuncien planteando a las direcciones de CCOO y UGT que se levanten de las mesas de negociación, unifiquen las luchas y convoquen ya una huelga general unitaria, como parte de un plan de lucha sostenido hasta echar abajo el decreto del gobierno, abriendo con ello posibilidades reales de avanzar en derechos y garantías para todos los trabajadores

 

Euskadi y la Alemania de 1930-33

Ramón Zallo / DEIA

En los últimos tiempos algunos intelectuales están insistiendo en una supuesta analogía entre los años 30 alemanes y la situación vasca. Según ellos, las libertades estarían en peligro en el País Vasco por el ascenso del nazismo y de los grupos de choque (ETA y kale borroka) en medio de un amodorramiento social. Todo ello habría sido cebado por el PNV y Lizarra, convertidos en rehenes de una estrategia violenta.

La cuestión tiene más importancia de la que se cree, porque forma parte del núcleo duro de la batería ideológica actual, no solo contra todos los nacionalismos sino contra el reconocimiento del hecho vasco. Vienen a extraer como lecciones que, para evitar por falta de firmeza una nueva “victoria del nazismo”, son necesarios varios ejes de fuerza: una autodefensa del Estado con todos los medios a su alcance, con especial contundencia con la izquierda abertzale y sectores afines; un frente antifascista sin fisuras del PP y PSOE, incluyendo un asalto conjunto al poder en la CAPV; la denuncia y deslegitimación de los nacionalismos históricos, sospechosos de connivencia con el terrorismo; y el desplazamiento del PNV, EA e IU.

Podían haber elegido otras analogías (Irlanda en los años 20 o Irlanda del Norte en los 90) pero a la que recurren no es por su calidad explicativa sino por los rendimientos políticos que ofrece.

¿Son similares el contexto y las temáticas?

Junto a datos en común ­hay violencia de acoso, hay nacionalismos, hay deterioro parcial del garantismo del Estado democrático­ no hay comparación de fondo entre la Alemania del 1930-33 y el País Vasco. Son casos incomparables.

En el caso alemán, se trataba de un país en depresión económica, con un Estado derrotado, arruinado y humillado por la deuda de guerra. El cuadro social lo conformaban, una pequeña burguesía empobrecida, un gran capital con expectativas, una clase obrera dividida y un lumpen importante. Había ascenso del fascismo -ideología de extrema derecha-en Europa y del nazismo en Alemania. El electorado de izquierda y católico se escoró en parte hacia el nazismo quien, mediante alianza, lideró la derecha, emprendiendo un proceso interno hacia un Estado totalitario (leyes del 33) y anticomunista (existía la URSS). Desde el gran-nacionalismo comenzó a invadir (clave ofensiva) a sus vecinos cuestionando el mapa del mundo.

En el caso vasco, la economía está en crecimiento, hay un equilibrio de clases significativo y se trata de una nación sin Estado que, en claves defensivas, quiere un lugar en el mapa. Las Administraciones son solventes. Hace 25 años se superó precisamente el franquismo (parecido al fascismo) y la mayoría de los vascos muestran su decepción respecto al Estado de Derecho resultante en lo que atañe al derecho de decisión. Predominan la ideología social-liberal y los centros. El mapa se reparte con cierto equilibrio entre nacionalismos (de centro e izquierda) y no nacionalismos (de derecha, de centro/izquierda e izquierda).

No hay fascismo pero sí hay violencia de “limpieza ideológica selectiva”, incompatible con un planteamiento democrático. No solo no hay modorra social sino que hay un civismo activo generalizado y movilizaciones de todo tipo. Hay ensayo de polarización por los extremos que en el terreno electoral está condenado al fracaso, pero no necesariamente en lo político: tendencia al Estado fuerte y centralista desde la derecha. El peso electoral del nacionalismo radical es significativo y minoritario (9 -11% sobre censo).

¿Es nazi la Izquierda Abertzale y está en ascenso?

Primero, habría que aclarar que el uso de la violencia, no es atributo exclusivo del fascismo sino que fue moneda corriente en grupos anarquistas, partidos comunistas y movimientos de liberación nacional -ámbitos en los que han militado parte de los actuales Torquemadas- aunque su lógica distaba de la que ahora vivimos. Las formas violentas no hacen al nazismo si no se le añaden la ideología (de extrema derecha), los intereses (capitalismo de Estado y gran capital) y las raíces sociales (pequeña burguesía desesperada, xenofobia y lumpen).

El problema, por lo tanto, será indagar en la naturaleza de la izquierda abertzale. Y ahí, ni por orígenes, ni por ideología ni por lazos sociales ni por programa cabe la caracterización de fascista o nazi para la IA. Eso es una tontería. Nadie puede ignorar el papel central de la izquierda abertzale durante el franquismo (1960-77) o en el período 1978-86, a pesar de la lucha armada -ejercida por milis y poli-milis- o su vigente adscripción a la izquierda (lucha sindical, Carta Social..). Sin embargo, su deriva actual es hacia un hipernacionalismo y de izquierdismo cada vez más instrumental -ya no digamos en la nueva generación-. Las acciones de ETA son tan anticomunitarias como autodestructivas para la Izquierda Abertzale.

No es una secta y es evolucionable. Entre 1997 -2000, las posiciones de búsqueda de una salida al tema de la violencia -entendida como un problema y no como una solución para la construcción de una izquierda nacional- tuvieron mayoría en HB y en la propia ETA. En esa época, EH cooperó con otras fuerzas para favorecer la sustitución de un enfoque autonomista por otro soberanista, utilizó marcos institucionales para legitimarse y acumular fuerzas ilusionantes, hizo política y una experiencia gratificante, viéndose reconocida socialmente. En la actualidad, es verdad que tanto la estrategia de la “Constituyente” -sin derecho de autodeterminación previo- como el tipo de acciones de ETA han abierto un rumbo imprevisible.

No hay ascenso. Su estrategia actual -ponencia Bateginez y presencia activa de ETA- hace dificil una acumulación de fuerzas y una política de alianzas. La salida de Batzarre de EH, el desmarque global de Zutik, el alejamiento de grupos cristianos, la posición de Aralar, el cambio de naturaleza de Udabiltza, la ruptura de Lizarra, el debilitamiento de la movilización pro-presos y la dificultad para responder a la ofensiva represiva y judicial del PP tras la ruptura de tantos puentes, las difíciles relaciones ELA-LAB… así lo indican.

El PNV fue el Zentrum alemán y Lizarra la alianza fascista?.

Vienen a decir que los partidos de Lizarra han cumplido la misma función que el Zentrum católico y sus aliados nacionalistas bávaros en 1930, en la doble ilusión de “heredar el capital social y político de los violentos y el convencimiento de poder manipularlos políticamente”, lo que incluyó liquidar una coalición democrática (Zentrum con el SPD; el PNV con PSE-EE) para encabezar un frente nacionalista (Harzburg; Estella) con los nazis que, al final, los devoraron.

Es todo al revés. En primer lugar, en el acuerdo de Lizarra no hubo aceptación de la violencia. Hubo acuerdo porque no iba a haber violencia y para que no la hubiera. Con la ruptura de la tregua en forma de advertencia escalonada se rompió el acuerdo.

Tras una larga experiencia de años en que la violencia no desaparecía del escenario político, PNV, EA e IU tenían la obligación de ensayar alguna salida tanto procedimental a los problemas de fondo como a la violencia, condicionándola tanto a una tregua como al compromiso de una búsqueda común de salidas. Eso quiso ser Lizarra. A partir de ahí están los temas colaterales: qué fue más Lizarra (texto, plataforma, frente o estrategia dominante), su gestión (espantosa), las zancadillas (el PP), las ingenuidades, la subida del listón, las pasividades…

En segundo lugar, el nacionalismo histórico vasco no se ha ido a la extrema derecha (ni al nacionalismo revolucionario). Ha seguido ocupando la centralidad del espacio público, lo que desmiente una de las tesis del Foro de Ermua, la idea de que la violencia es inherente a todo nacionalismo y no una opción de una de sus corrientes radicales.

Quienes sí pactaron con el fascismo -franquismo- en 1977 para la “reforma” fueron comunistas, socialistas y cristianodemócratas (y no los nacionalistas vascos, por cierto) y ya se ve que ese tipo de pactos no tienen por qué derivar necesariamente en fascismo -se salía de él y lo que surgió para administrarlo fue la UCD-. El resultado entonces no fue un neofascismo sino una democracia pobre, que no limpió su memoria ni el Estado, lo que facilitó el terrorismo de Estado, primero, y la tendencia al Estado democrático autoritario, después.

Igualmente, es sintomática otra grave contradicción. Acusan al nacionalismo histórico de caer en manos de ETA-Hitler. Pero Hitler valiéndose de su nueva mayoría, el 28 de febrero de 1933 decretaba poderes especiales para su gobierno y el 23 y 31 de marzo hacía votar al Reichstag -incluidos centristas y nacionalistas del DNVP- la abolición de las garantías personales y la supresión de la autonomía de los Länder. Curiosamente, quienes están acariciando el empleo de ese tipo de medidas no son los ex-Lizarra sino precisamente los “constitucionalistas” …y el Partido Popular.

En tercer lugar, contrariamente a Alemania, la violencia de los nazis era de ida, y la de ETA, a pesar de todo, ya es de vuelta. La Izquierda Abertzale con un electorado descendente cada vez que ETA recrudece la violencia no se plantea ni puede plantear tomar ningún poder. Parece estar en fase o bien de darle una salida a ETA con el mínimo de perjuicio para que exista una izquierda vasca, o de que ETA se enquiste, raquitizándola.

O sea, no hay ascenso del “fascismo”. No es una cuestión menor. Solo este hecho, y sin perjuicio de combatir la violencia y la vulneración de derechos y libertades de todo tipo, ya no hace prudente un “frente antifascista” sin contenido político, sino una inmensa apertura de diálogos.-

Canarias, Dossier Ley de Residencia Canaria

1. El pueblo canario surgió del mestizaje, pero ese proceso no fue impulsado por la tolerancia: aborígenes, negros y moriscos fueron esclavizados, perseguidos o maltratados, al mismo tiempo que los portugueses, asociados a los judeo-conversos, también coaccionados, eran objeto de sospecha. La Inquisición, los Cabildos y las Milicias fueron el instrumento de Castilla para aplicar una discriminación sistemática que, sin embargo, a menudo fue incumplida y no pudo impedir el mestizaje. El pueblo canario se hizo emigrante empujado por las consecuencias de esta discriminación original surgida de la intolerancia étnica y cultural de la Conquista y la Colonización. La economía colonial utilizó la emigración como “tributo de sangre” del comercio indiano, a la vez que el hambre provocaba periódicos flujos migratorios. Durante siglos, decenas de miles de isleños murieron sin alcanzar el destino de bienestar que ansiaban, ahogados, explotados o enfermos. El bienestar de los pocos que medraron en la catástrofe de la emigración no compensa tanto sacrificio de todo un pueblo. La emigración no es un privilegio, sino un trauma para las sociedades dependientes, coloniales o neocoloniales.

2. Sólo en los últimos treinta años, el pueblo canario ha hallado en el desarrollo la oportunidad de un bienestar que permita el retorno de nuestros emigrantes y sus descendientes. Sin embargo, los isleños que continúan privados de la posibilidad del bienestar en Canarias se cuentan por cientos de miles. Tenemos oportunidades que, sin embargo, no podemos realizar debido a que las condiciones del desarrollo han sido impuestas por factores y agentes externos en connivencia con minoritarias elites locales, y ambos obtienen beneficios de la dependencia política, económica y cultural de este pueblo. El rápido cambio social a caballo de la especialización turística de la economía canaria y la plena anexión a la Unión Europea han desencadenado una situación demográfica inédita en Canarias desde la Conquista. Más que ante un fenómeno de inmigración, nos encontramos ante un nuevo poblamiento europeo de algunas islas del Archipielago.

3. Así, el desarrollo de Canarias coincide con una creciente inmigración española y europea que incide directamente en el bienestar, ya que estos inmigrantes intervienen en la economía no sólo como prestadores o destinatarios de servicios, sino también como consumidores de territorio y medio ambiente. Su presencia en Canarias no es inocua social, cultural ni ecológicamente y han venido a las Islas haciendo uso de todos sus derechos. No llegan acuciados por la miseria, sino a hacer turismo, a desempeñar actividades de ocio, liberales, ejecutivas, funcionariales como directivos, son inmigrantes afortunados. Junto a ellos, miles de trabajadores inmigrantes intentan aprovechar los momentos de auge económico del turismo y la construcción ofreciendo su fuerza de trabajo a precios rebajados a unos empresarios que los utilizan para deteriorar derechos sociales y extender la precarización. La inmigración laboral agrava el ajuste neoliberal en Canarias, con la connivencia no sólo de la patronal, sino también de los sindicatos adscritos a centrales de ámbito europeo.

4. Esta inmigración, turística, residencial o temporal, supone el 90% del total y goza de todos los derechos de la libre circulación. El derecho de nacionalidad española se extiende al resto de ciudadanos de la Unión Europea. De esa ciudadanía común son excluidos los "otros" inmigrantes, africanos principalmente, mediante la Ley de Extranjería. La inmigración irregular africana representa menos de un 5% del total y, además, está privada de los derechos de ciudadanía: no tienen "papeles" y son discriminados y expulsados. Son inmigrantes desafortunados que huyen de la miseria, la guerra y la explotación que son consustanciales al intercambio desigual y las prácticas coloniales que promueve la propia Unión Europea en África y América Latina. La solidaridad del pueblo canario no puede invocarse de manera igual para estas dos formas de inmigración, porque su impacto social, económico, cultural y ecológico en las Islas es muy desigual.

5. Hay una inmigración que es discriminada, pero también una inmigración que contribuye a nuestra discriminación. Por eso consideramos que, entre las alternativas posibles a esta situación demográfica, es legítimo defender una Ley de Residencia. Quienes tachan de xenófobas las iniciativas legales para limitar en Canarias el impacto de la inmigración española y europea a la vez que apoyan un reforzamiento de la exclusión de los "otros" inmigrantes en la Ley de Extranjería, no dan ninguna alternativa al pueblo canario y favorecen la xenofobia. En esa posición se encastillan también quienes "amenazan" con la defensa de la Ley de Residencia en las Islas para reclamar una reforma y una aplicación más duras y severas de la Ley de Extranjería. Por último, quienes se oponen a la reforma excluyente de la Ley de Extranjería pero también a la Ley de Residencia eluden una respuesta legítima al deterioro de la calidad de vida de todos los habitantes del Archipiélago y además no logran impedir la exclusión de la inmigración de los países del Sur.

6. En Canarias los dos pilares fundamentales de la plena anexión a la Unión Europea están provocando gravísimos desajustes. La libre circulación de capitales, concentrados en el crecimiento urbanístico y la especulación inmobiliaria asociados al turismo, puede destruir irreversiblemente la calidad de vida, medioambiental y paisajística de las Islas. Unida a las grandes inversiones, la libre circulación de personas favorece el crecimiento demográfico, el deterioro y saturación de infraestructuras básicas y convierte a los canarios de algunas Islas en una minoría social marginada y alienada por el nuevo poblamiento europeo.

7. Las y los canarios tenemos con la inmigración hispano-europea y con la inmigración africana lazos históricos que se anudan en el sufrido mestizaje de nuestro pueblo. Queremos el bienestar para todos y la solidaridad con los más desfavorecidos, ya sean inmigrantes ilegales excluidos o legales sometidos a condiciones laborales precarias. La respuesta canaria a la inmigración irregular ha de expresarse mediante la apertura de la Ley de Extranjería. Pero son las relaciones de Canarias con la Unión Europea las que están provocando las tensiones sociales y, por ello, han surgido alternativas que proponen una excepción legal, por una parte, a la libre circulación de capitales a través de una moratoria urbanística, por otra, a la libre circulación de las personas que, no habiendo nacido en Canarias, tengan ya reconocidos todos los derechos de la nacionalidad española y la ciudadanía europea. Consideramos que cualquier medida legal o movilización dirigida a expulsar a la inmigración africana de Canarias es injusta, porque ignora la realidad misma del conjunto de la inmigración, utiliza criterios racistas y no contribuye al bienestar sino a la alarma ciudadana contra una minoría exigua de inmigrantes que ya están desprotegidos de todos nuestros derechos. Para ellos pedimos amparo legal y solidario, que se concretan en un trabajo digno y permiso de residencia. El pueblo canario no es racista. El racismo se está nutriendo en Canarias del sentimiento de indefensión popular ante el impacto social, cultural y medioambiental de la carga demográfica que actualmente soportan las Islas como consecuencia de un modelo económico que crece de forma insostenible, impulsando la inmigración turística y residencial española y europea. Ésta sobrecarga demográfica cercena las oportunidades y posibilidades de bienestar y la propia sostenibilidad del desarrollo para todos los habitantes de Canarias, sea cual sea su origen, y por eso puede y debe ser limitada legalmente.

PAREMOS EL RACISMO CONTRA LOS CANARIOS

Que supone la discriminación y la exclusión de los canarios en nuestra propia tierra, como se ve en la ocupación de los puestos de trabajo según los datos oficiales:

Puestos de trabajo creados entre 1990 y 1999 ........................... 201.673

Puestos ocupados por personas venidas de Europa ..................... 101.142

Con lo que el paro en Canarias continúa siendo un problema para los canarios

Canarios en paro ..................................................................  90.000

Tan sólo 1 de cada 10 ejecutivos en Canarias, son canarios.

9 de cada 10 directivos en Canarias, son inmigrantes españoles y europeos.

En nuestra propia tierra el 32% de los canarios ocupamos puestos sin cualificar y sólo el 14% de los inmigrantes españoles ocupan esos mismos puestos.

Sueldo medio anual de los trabajadores canarios ................   1.984.000 ptas.

de los llegados de España ..............................................   2.583.000 ptas.

Los trabajadores inmigrantes españoles y europeos ganan un 30% más que los canarios, una media de 600.000 ptas., sin contar los trabajadores de la construcción que ganan entre 5 y 9 millones de ptas.

Para los especuladores de todos lados, especialmente los foráneos, somos una suculenta tarta de la que poco nos toca a los canarios, que sumado a la diferencia entre lo que el Estado aquí recauda y lo que invierte, nos deja el dato de que España sacó de Canarias en los diez últimos años 15.447.350 millones (15 billones) de ptas. De cada 100 ptas. generadas en nuestra tierra tan sólo 45 quedan aquí. Por eso los canarios tenemos que vivir hoy con una media por habitante de 871.145 ptas. en vez de 1.935.878 ptas. De no llevarse fuera tanta riqueza. Por eso llegamos con dificultades a fin de mes; por eso hay más de 400.000 canarios en el umbral de la pobreza como dice Cáritas. Pudiendo ser ricos, nos condenan a ser pobres. Quieren cambiar por subvenciones nuestra diginidad.

La tierra, el agua y la masa vegetal son riquezas que toda nación necesita para garantizar una buena calidad de vida de sus habitantes. Esas riquezas y la calidad de vida se merman a mayor densidad de población se soporta:

Canarias ................................... 276 habitantes por Km2

España ...................................... 77 habitantes por Km2

Somos islas y no un continente y nuestro espacio vital es reducido vengan o no con papeles quienes aquí llegan:

Inmigrantes en 10 años..................................... 148.341

Llegados de España y resto de Europa................. 127.322 ............ 90,0 %

Llegados de África ..........................................    4.123 .............  2,8 %

Si España tuviera la misma densidad de población que Canarias tendría 120 millones de habitantes, en lugar de los 40 millones actuales. ¿Soportaría España esta situación?. En Fuerteventura y Lanzarote los canarios ya somos una minoría. En unos años ¿qué quedará de nuestra identidad?

Los canarios necesitamos y exigimos una LEY REGULADORA DE LA RESIDENCIA CANARIA que permita el control de ese 90% de inmigrantes españoles y europeos. La Ley de extranjería sólo afecta a un 10% de la inmigración por lo que no soluciona la parte más importante del problema. La Ley de residencia es posible (incluso en Europa como sucede en la Isla de Man y en las del Canal) si se tiene la voluntad política de respetar los intereses canarios. Tú decides con TU LUCHA.

PLATAFORMA CIUDADANA CANARIA POR UNA LEY DE RESIDENCIA; CANARIAS NACIÓN; ALTERNATIVA MAGA NACIONALISTA; FORO NACIONAL CANARIO; CONGRESO NACIONAL DE CANARIAS (CNC)

En el año 1999 Canarias ya soportaba una densidad de población de al menos 276 habitantes por kilómetro cuadrado como resultado de la suma de los residentes –234h/km2- y de los turistas que nos visitan.

Por lo tanto Canarias padece una densidad de población, una saturación del espacio dos veces mayor que la Unión Europea y tres veces mayor que el Estado Español.

En Canarias además contamos con el agravante de que el Territorio, 7.242 Km2, está fraccionado en 13 Islas e Islotes, lo que hace que el territorio de una Isla como Gran Canaria soporte una densidad, una saturación, de casi 500 habitantes por kilómetro cuadrado.

El aumento de la población se debe básicamente en los últimos 30 años a la inmigración. En concreto el 75% del crecimiento poblacional en la década de los 90 se debe a este factor (Instituto Canario de Estadística - Gobierno autónomo).

Sólo en esa década de los 90 llegaron a Canarias unos 175.000 inmigrantes, en torno a un 11% de la población existente al inicio de esa década.

El 90% de esos inmigrantes llegaron del Estado Español o de otros países de la Unión Europea y por ahora no existe ningún mecanismo de control de dichos flujos inmigratorios.

Este flujo incontrolado de inmigrantes está suponiendo graves desequilibrios socioeconómicos y medioambientales:

1. Saturación de servicios públicos como la educación, sanidad, transporte, etc., con la aparición de situaciones donde la población canaria se ve perjudicada o queda en minoría y marginada frente a los inmigrantes.

2. Deficiente redistribución de la riqueza, que lleva a que unas 400.000 personas, el 24% de los canarios, vivan en el umbral de la pobreza (datos de Cáritas y del ISTAC), situación originada probablemente por la existencia de 90.000 canarios en paro, a pesar de que en la década de los 90 se crearon más de 200.000 puestos de trabajo, suficientes para acabar con todo el paro natural del Archipiélago de no ocuparse la mayoría de esos puestos por los inmigrantes europeos.

3. Eliminación de las tierras de cultivo por la doble presión que suponen las necesidades urbanísticas para asentar a ese volumen de inmigrantes, y las necesidades de abastecimiento de agua en una tierra con una climatología como la canaria.

Entendemos que la Unión Europea es un proyecto racional y equilibrado que busca la igualdad en las condiciones de vida de todos sus ciudadanos/as, por lo que se hace necesario la creación de un mecanismo de control de toda la inmigración, es decir, que controle también a los que llegan a Canarias desde otros territorios de la Unión Europea.

Control de residencia que supone la aplicación de las excepciones contempladas en el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea sobre libertad de movimiento, trabajo y residencia por cuestiones medioambientales y de estabilidad social.

Control de residencia que supone que los canarios podamos disfrutar de semejantes condiciones de vida que los ciudadanos del Estado Español en los derechos contemplados en los artículos:  35; 40 punto 1º; 45 puntos 1º y 2º, 130 puntos 1º y 2º; y 138, de la Constitución Española.

Por todo lo anterior exigimos la aplicación de una Ley de Residencia Canaria que permita el control y regulación de todos los flujos migratorios que llegan a Canarias.

Así mismo queremos expresar nuestra voluntad para que en la regulación de las entradas a Canarias se de prioridad a aquellos canarios que hoy residen en otros países y que se ven en situaciones de necesidad socioeconómica.

El día 22 a las 20 horas, como estaba previsto, se celebró una manifestación a favor de la implantación de una Ley de Residencia para Taknara, que congregó aproximadamente a 1.000 personas de diferentes edades y condición social. Las banderas nacionales eran las que junto a varias pancartas del movimiento vecinal, destacaban en la manifestación. El slogan más repetido a lo largo de todo el trayecto, que fue desde el Parque San Telmo hasta la presidencia del gobierno, fue “Ley de Residencia ya”, aunque también se oyeron gritos de “independencia”.

La manifestación transcurrió en total calma, demostrando la ciudadanía canaria, una vez más, su civismo y sentido reivindicativo. Es de destacar la presencia de canarios/as de color negro y marrón en la misma, con lo cual los comentarios que desde sectores gubernamentales mal intencionados se hacían, a este movimiento, de ser racistas, quedan claramente desterrados.

Destacamos que, en todo momento, existió una desproporcionada presencia de la policía colonial española que, desde el parque hasta la plaza de presidencia, acompañó a los manifestantes pudiendo comprobar esta Agencia que, en las calles paralelas, se apostaban más. Como nota anecdótica, hay que decir que se detectó la presencia de un coche gris plata en el cual dos hombres con gafas de pera, recordamos que no había sol, grababan a los manifestantes y la lectura del manifiesto.

A la llegada a presidencia, los manifestantes se encontraron con unas enormes letras de más de dos metros cada una, que formaban la frase “LEY DE RESIDENCIA”, lo cual produjo en la concurrencia una agradable y aplaudida sorpresa. En esta plaza se leyó el manifiesto que ya en su día dimos a conocer, dando por concluida esta manifestación y convocando para próximos actos, de los cuales daremos cumplida cuenta desde esta Agencia Kanaria de Noticias.

El Grupo CANARIAS NACIÓN ha tenido acceso a algunos datos del sociobarómetro de los que los medios de comunicación en Canarias no se van a hacer eco. Entre los datos más relevantes, en relación al fenómeno de la inmigración en nuestro país es de destacar que el 52.9% de los canarios considera que ya es demasiado el número de personas de fuera que viven en Canarias, porcentaje que alcanzaría una lectura mayor a tenor de que para el 37.9% son bastantes. En conjunto, el 91% de los canarios piensa que la presencia de foráneos en Canarias es bastante alta.

El 37.8% ve negativo la llegada de trabajadores y profesionales procedentes de la Unión Europea, por un 9% que tiene dudas entre si es positivo o negativo. Un 7.4% no tiene una opinión formada al respecto. Teniendo en cuenta que en la muestra no se ha hecho discriminación entre canarios y no canarios encuestados resulta significativo que tan sólo un 45% considere positiva esa llegada. Las islas de La Palma(50.5% ), Tenerife(41.5 %)y Fuerteventura(44%) son las que más negativamente valoran esa llegada de comunitarios, en porcentajes superiores a quienes lo consiran positivo.

Según los datos del Gobierno en torno al 15% de los canarios quiere establecer medidas de control o prohibición de la entrada de todo tipo de inmigrantes, vengan de donde vengan, por un 62% que piensan que habría que facilitarsela sólo a aquellos que vivieran con un contrato de trabajo. Anecdóticamente más adelante, afirma que el 51% de los canarios cree que los de fuera están quitando los puestos de trabajo de los canarios o que para el 45% se debe a que aceptan sueldos más bajos con lo que perjudican los salarios de los canarios. Dato relevante, es que para el 36% de los canarios, los "peninsulares" y los comunitarios también son inmigrantes. Ahi queda eso.

Marruecos

PEDRO CANALES / IGNACIO CEMBRERO | El País. Rabat

Marginados durante décadas por un rey, Hassan II, al que habían dado dos golpes de Estado, los militares marroquíes están siendo rehabilitados por su heredero, Mohamed VI. La jerarquía castrense aprovecha, además, el vacío de poder dejado por el omnipotente ex ministro del Interior, Driss Basri, y la debilidad del Gobierno de alternancia para tomar cartas no sólo en asuntos relacionados con la seguridad, sino en la política. Sólo así se explica que no se hayan puesto en práctica decisiones anunciadas por el monarca, como la elección por sufragio universal del Consejo Real Consultivo del Sáhara.

Ahmed Zaruf, un coronel de la Gendarmería marroquí, quiso colgar el uniforme en noviembre de 1997 y presentarse a las elecciones generales como candidato de un partido de izquierdas por una circunscripción de Taunat (noreste del país). Los hombres del entonces todopoderoso ministro del Interior maniobraron hasta la saciedad para impedir que resultase elegido pese a los recursos que presentó.

Dos años después, en octubre de 1999, el poder de Basri empezó a tambalearse porque no gozaba de la confianza del nuevo rey, que había nombrado a un militar, el coronel Hamidu Laanigri, al frente de la DST, el servicio secreto interno más poderoso del país, dirigido hasta entonces por un civil. Una tarde, los agentes de la DST rodearon el Ministerio del Interior y se ensañaron cacheando a todos aquellos que habían obstaculizado la elección de Zaruf. Al mes siguiente Basri fue destituido. Desde entonces, los militares han ido acrecentando su peso en la política marroquí.

Hassan II, que falleció en julio de 1999, desconfiaba del Ejército. No en balde, los militares habían protagonizado dos intentonas golpistas, en 1971 y 1972. Cuando se adueñó del Sáhara Occidental, en 1975, el soberano otorgó a sus fuerzas en el sur un mayor papel, pero el Ejército marroquí seguía siendo un caso atípico. Prueba de ello es que carece de ministro de Defensa, de jefe de Estado Mayor, sus municiones están todas -excepto en el Sáhara- en depósitos custodiados por la gendarmería y hasta hace poco no desfilaba ni hacía maniobras. 'En tiempos de Hassan, los militares vivían permanentemente bajo sospecha', recuerda un ministro, 'ahora están siendo rehabilitados'.

Con más de 348.000 hombres en un país de 30 millones de habitantes, las Fuerzas Armadas marroquíes son numerosas sobre el papel, pero no están bien entrenadas ni equipadas. Poseen, según el Military Balance, 644 carros de combate, 89 aviones cazabombarderos y tan sólo 24 helicópteros de ataque.

El nuevo rey sorprendió, por primera vez, el mismo día en que murió su padre, el 23 de julio de 1999. La jerarquía castrense participó en la Beia, ceremonia tradicional de proclamación de fidelidad al sultán, en la que no había tomado parte hasta entonces.

Con el nombramiento, en septiembre de 1999, de un coronel como director de la DST y el mantenimiento del general Abdelhak Kadiri al frente del espionaje exterior, la información reservada que se suministra al monarca queda exclusivamente en manos de militares. Otro tanto sucede con la custodia del rey. Tras la caída en desgracia de Haj Mediuri, jefe de la seguridad real, la gendarmería, a las órdenes del general Hosni Bensliman, pasó a hacerse cargo de la protección de palacio.

La presencia reforzada de los jerarcas militares en el entorno de Mohamed VI contribuye a sacar de la sombra al estamento militar. En agosto pasado, por ejemplo, el rey asistió en Errachidia a las primeras grandes maniobras con fuego real que se llevan a cabo desde hace más de 30 años. Ese mismo mes ascendió a numerosos oficiales y creó incluso un nuevo grado, el de general del Ejército.

Este año, los emolumentos de los militares han experimentado una subida generosa, especialmente los de los soldados, que desde enero cobran el salario mínimo, según la consultoría marroquí Uplines Securities.

Los militares tienden, además, a ocupar el vacío de poder dejado por Basri, que dirigió con mano de hierro el Ministerio del Interior durante 20 años y cuya influencia alcanzaba otras áreas, como la económica.

Unas imágenes de televisión, rodadas en agosto en el palacio Marshan de Tánger, pusieron de manifiesto el nuevo protagonismo de los jerarcas castrenses. La plana mayor del generalato aparecía reunida con el rey, su jefe de gabinete, Mohamed Rochdi Chraibi, y su asesor Mohamed Fadel Benyaich. Pasaron revista, según la información televisiva, a la situación en el Sáhara y a otros asuntos como las inversiones extranjeras en el reino. Este sanedrín real se reúne desde entonces con regularidad.

Cuando todavía tomaba iniciativas casi a diario, Mohamed VI anunció en septiembre de 1999 que el Consejo Real Consultivo del Sáhara sería elegido por sufragio universal. Respondía así al descontento social manifestado por los saharauis. Dieciocho meses después, el Consejo sigue nombrado a dedo.

En El Aaiún, el Ejército del Sáhara, que dirige el general Abdelaziz Bennani, gestiona la región codo a codo con los civiles. 'La elección del Consejo hubiese relegado a los militares, y es de suponer que se resisten a ello', afirma un diplomático.

Poco después de aquel anuncio, el monarca barajó hacer un gesto en pro de la reconciliación con las víctimas de la represión política, reagrupadas en el Foro de la Justicia y de la Verdad. A través de uno de sus hombres de confianza, el secretario de Estado de Interior, Fuad Ali Himma, sugirió al foro asistir en persona al primer entierro de alguno de los desaparecidos de los años de plomo cuando sus restos mortales fueran entregados a sus familiares. Desde entonces, estas buenas intenciones se han esfumado, según un miembro del foro.

La gota de agua que hizo perder la paciencia a los jerarcas militares fue precisamente la publicación, en noviembre, por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), de un comunicado pidiendo que se investiguen las responsabilidades de 14 altos cargos de las fuerzas de seguridad supuestamente involucrados en la desaparición de 112 opositores políticos, según la cifra oficial; más de 600, según las ONG de derechos humanos.

Semanarios prohibidos

Por, entre otros motivos, haber recogido ese comunicado, tres semanarios -Le Journal, Assahifa y Demain- fueron prohibidos en diciembre por el primer ministro, Abderramán Yussufi. Su decisión fue instigada por algunos de los generales atacados por la AMDH, temerosos no sólo de ser apartados del poder, sino de acabar procesados como el general chileno Augusto Pinochet.

Los frecuentes viajes privados del monarca -ahora está esquiando en Courchevelles (Francia)- amplían el margen de maniobra de sus subordinados militares. Hace cinco meses, la DST detuvo, por ejemplo, a un equipo de la televisión pública francesa FR3 que cubría la peregrinación a Tazmamart de los 28 oficiales golpistas que salieron con vida del penal al que les mandó Hassan II. Hubo que esperar al regreso de Mohamed VI a Marruecos para que, a los tres días de la detención, los periodistas franceses recuperasen su libertad de movimientos.

'El rey ha sido encerrado en una jaula de oro' por su entorno. Algunos de los más impacientes demócratas marroquíes se desesperan ante el estancamiento de la transición y lo achacan a las trabas que erige el entorno castrense del monarca junto con la blandura del Gobierno de coalición.

Los más pesimistas aseguran incluso que, detrás de la fachada del Ejecutivo que encabeza el socialista Abderramán Yussufi, se está produciendo una 'discreta militarización del poder; que surge una especie de gobierno castrense en la sombra que vigila al civil'.

En el otro extremo del abanico político, un colaborador de Mohamed VI sostiene que, tras largos años de desconfianza, las Fuerzas Armadas marroquíes están recuperando el papel que les corresponde en el país. 'Para algunos marroquíes es una novedad que les sorprende y les preocupa sin razón, porque los militares ocuparán el lugar que deben ocupar y no ampliarán sus competencias', afirma. 'Además', concluye, 'si la analizamos de cerca, la carrera de estos generales es atípica, no son productos puros de la institución militar'.

Abraham Serfaty

Para Abraham Serfaty, el que fue durante años el más célebre adversario político de Hassan II y al que su hijo ha nombrado consejero real, la rehabilitación del Ejército empezó en 1975, tras la marcha verde con la que Marruecos se apoderó del Sáhara. Hoy en día la clase política marroquí, recalca, no está sometida a la tutela de los militares.

'Ese riesgo existe', reconoce, no obstante, en una conversación con este periódico. 'No se puede entender el cierre en diciembre de los semanarios (Le Journal, Demain y Assahifa) sin tener en cuenta ese factor'. 'Pero sigue siendo un riesgo'. 'No es haciéndoles concesiones como lograremos evitar el riesgo', añade, lamentando la falta de pulso del equipo de Yussufi. 'El Ejército no debe intervenir en asuntos políticos', concluye.

Para Abubakr Jamai, director del semanario prohibido Le Journal, que fue autorizado en enero a ser publicado con otro nombre, los que obstaculizan los avances hacia la democracia son 'los nostálgicos del pasado'. 'Son aquellos que ya estaban antes y que siguen estando ahora; ocupan puestos importantes en el aparato de seguridad y el Gobierno no tiene más remedio que componer con ellos'.

¿Componer o forjar una alianza? En un país que considera amenazada su integridad territorial con la reivindicación del Polisario, respaldado por Argelia, y en un país subdesarrollado en el que la falta de puestos de trabajo genera un enorme descontento social, algunos políticos de izquierdas barajan incluso la constitución de una alianza militar-socialista. La idea llegó incluso a ser sugerida por un editorial del diario socialista Libération.

 Las Islas Feroe, hacia su independencia

 Islas Aland

Si se accede a la página oficial de las islas Aland en internet, Aland, lo primero que llama la atención es la propia presentación de este archipiélago del Báltico. Bajo el titular «Aland, las islas de la paz», se precisa que ésta es «una región desmilitarizada, cuya lengua única y garantizada por la Constitución es el sueco y cuya autonomía está garantizada por tratados internacionales». Un resumen impecable de los principios que orgullosamente defienden sus cerca de 25.000 habitantes.

La idiosincrasia de los alandeses reside en que son una comunidad lingüística claramente diferenciada dentro del Estado finlandés, ya que su idioma propio es el sueco, mientras que los fineses hablan suomi. Su proximidad geográfica a Suecia también es evidente, aunque el largo invierno nórdico permite que estas islas estén unidas por un mar helado al territorio finlandés durante gran parte del año (incluso se puede circular en automó- vil), mientras que, paradójicamente, el canal que las separa de la costa sueca no suele alcanzar el punto de congelación.

No obstante, su peculiaridad política reside en la amplia autonomía alcanzada, que está contemplada incluso en el tratado de adhesión de Finlandia a la Unión Europea. Esta situación deriva de la resolución que, hace casi un siglo, se dio al conflicto nacional surgido entre Aland, por un lado, y Finlandia y la Rusia de los zares, por otro.

El archipiélago ha tenido históricamente una relación muy estrecha con el Reino de Suecia, aunque también con una cierta independencia. Ese estatus cambió cuando en 1809 Suecia cedió Aland y Finlandia al zar de Rusia. En aquella época, los zares tenían el título de duques de Finlandia.

La revolución bolchevique volvió a cambiar el escenario y, en 1917, las comunidades alandesas decidieron impulsar su anexión a «la antigua patria», a Suecia. Pero en diciembre de 1917, Finlandia se proclamó república independiente ejerciendo los mismos principios de autodeterminación que reclama- ban para sí los alandeses.

En este contexto, Helsinki decidió ofrecer al archipiélago una cierta autonomía que, en principio, fue rechazada. El conflicto fue asumido por la comunidad internacional y llegó al seno de la Sociedad de Naciones (el origen de la ONU). En 1921, el Consejo de la Sociedad de Naciones decidió que Aland quedara bajo soberanía finlandesa, una vez que Helsinki se comprometió a respetar la lengua, cultura y costumbres de los alandeses. Esta decisión fue ratificada por un tratado entre Finlandia y Suecia sobre la aplicación de esas garantías. Posteriormente, los alandeses han ido reclamando cada vez mayores cotas de soberanía, reformando la ley autonómica en varias ocasiones, las últimas en 1951 y 1993.

La autonomía de las islas Aland es notablemente mayor que la de los lander alemanes o la ofrecida por el Estado español a la CAV y Nafarroa.

Por ejemplo, el sueco es la única lengua oficial. Los documentos enviados por las autoridades de Helsinki deben estar redactadas en sueco y, por supuesto, ésta es la lengua del sistema educativo público, en el que el inglés es obligatorio y el suomi, facultativo.

Más aún, los alandeses tienen una ciudadanía propia ­local o regional­ a la que se accede por derecho natural si al menos uno de los progenitores es alandés. Sólo los vecinos finlandeses pueden obtener esa ciudadanía si la solicitan, pero únicamente si llevan residiendo cinco años en Aland y hablan sueco.

Es necesario poseer la ciudadanía local para votar y ser elegible en las elecciones legislativas de Aland, para adquirir y poseer bienes inmuebles y para comerciar en las islas. «Las limitaciones a las adquisiciones inmobiliarias son establecidas con el fin de asegurar que la propiedad de las tierras quede en manos de los alandeses», según consta en sus actas.

Por otro lado, las relaciones internacionales quedan bajo control de Helsinki, pero cualquier tratado que afecte a las competencias autonómicas debe contar con el consentimiento del Parlamento alandés. Así sucedió cuando Finlandia entró en la UE. «Ser miembro de la UE ha conducido a Aland a transferir ciertas competencias legislativas al Parlamento Europeo», tal como se explica en la web oficial de Aland. *

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Un día después de iniciar su ofensiva final contra las posiciones de la guerrilla albanesa en distintos puntos del noroeste de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), el Ejército de Skopje izó la bandera en el castillo otomano de Kale, en las colinas de la ciudad de Tetovo. La población seguía huyendo ante el avance macedonio. Aparentemente, la guerrilla se replegaba más hacia el norte, donde contaría con bases de entrenamiento o se refugiaba en Kosovo, según la versión oficial. GARA | TETOVO

Las Fuerzas Armadas macedonias izaron ayer la bandera de la ARYM en lo alto del castillo otomano de Kale, posición estratégica en las colinas de los alrededores de Tetovo ocupada por la guerrilla albanesa de UÇK desde hace doce días.

La agencia de noticias oficial Makfax adelantaba ayer que dos carros de combate habían tomado la colina y aseguraba que la ofensiva final iniciada el domingo por el Ejército macedonio se había trasladado a zonas más altas de la cordillera de Shar, hacia la frontera kosovar.

Tras bombardear a primera hora con fuego artillero las colinas ­por quinto día­, comenzaba el asalto de Cale y simultáneamente el Ejército de Macedonia anunciaba haber ocupado varias aldeas de los alrededores de Tetovo y al norte de Skopje.

El Gobierno macedonio aseguró que la mayoría de los guerrilleros se habrían replegado ­«regresado» según la tesis de Skopje­ a Kosovo aunque señaló que otros se habían dispersado dentro de su territorio. El coronel Blagoja Markovski aseguró que, pese a haber ocupado «numerosas localidades», los guerrilleros mantendrían «numerosas posiciones». El diario "Dnevnik" aseguraba que UÇK contaría con bases militares al norte de la ARYM, concretamente en las localidades de Brest y Malino y en el municipio de Lipkovo, al norte de Kumanovo.

Por la mañana, un vehículo policial resultó atacado cerca de Skopje, en la localidad de Vizbegovo, que alberga la principal prisión de la república. Fuentes policiales aseguraron que ninguno de sus cinco ocupantes, con chaleco antibalas, resultó herido.

Sobre los enfrentamientos del domingo, el Gobierno de Skopje ofreció un balance de un soldado muerto y otro herido en ataques a 20 kilómetros de la capital y de seis heridos ­cuatro civiles, un soldado y un policía­ en Tetovo o en sus inmediaciones. Asimismo, anunció la detención de varios guerrilleros. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha podido registrar ya a 18.000 desplazados internos procedentes sólo de la zona de Tetovo, mostró su preocupación por la suerte de la población civil, mayoritariamente albanesa en la zona. Refugiados procedentes de la zona seguían llegando por cientos a Kosovo y a suelo turco. Uno de los muchos vecinos que se escondió en un sótano confesó tras ser rescatado haber tenido «tanto miedo de un bando como del otro».

Las principales formaciones políticas kosovares (LDK de Ibrahim Rugova y PDK de Hashim Taçi) condenaron la ofensiva militar macedonia, llegando a advertir de sus «consecuencias incalculables». A instancias de la UE, las mismas formaciones pidieron el viernes a UÇK que cesara en su lucha. El Partido Democrático de los Albaneses (DPA) negó que vaya a abandonar el Ejecutivo macedonio, desmarcándose del anuncio del también albanés Partido para la Prosperidad Democrática de su abandono del Parlamento. Ello no fue óbice para que el vicepresidente del DPA, Mendu Thaci, reiterara su condena a la ofensiva militar porque «reduce las posibilidades de encontrar una salida pacífica a la crisis».

La Fuerza de Reacción de la UE

Coincidiendo con la enésima amenaza de la OTAN a los «extremistas» albaneses, el candidato a presidente del Comité Militar de la UE, Gustav Haegglund, descartó cualquier posibilidad de acelerar la formación de su fuerza militar de reacción rápida (prevista para el año 2003) en el contexto de la crisis macedonia donde, recordó, «está actuando la KFOR», en referencia a la fuerza de ocupación de Kosovo.

Los diarios macedonios se hacían eco de un documento publicado por la prensa griega que propone una reforma de la Constitución de la ARYM. El escrito ha sido bautizado como el «no documento Kerim», tras el desmentido del ministro de Exteriores macedonio, Srdjan Kerim, acerca de que fue él quien lo entregó al embajador griego en Skopje, George Kaklikis. Otras fuentes otorgaban la autoría del texto a la UE e incluso al Ejecutivo heleno. El documento reconoce la necesidad de una solución política a la crisis. El presidente de Croacia, Stjepan Mesic, confirmó que viajará en breve a la ARYM para mediar entre las dos partes.

Fadil Sulejmani, un lingüista de 59 años, rector de la universidad albanesa de Tetovo, se despidió ayer de este corresponsal con una declaración: 'No tenemos otra salida que tomar las armas para defendernos y defender la cultura albanesa frente a los macedonios eslavos'. El futuro de Macedonia depende de hasta qué punto el medio millón de albaneses que viven en Macedonia comparte los puntos de vista del rector Sulejmani. Si sus palabras representan el sentir de la mayoría de los albaneses, Macedonia estaría a las puertas de la quinta guerra en el territorio de la ex Yugoslavia.

En la entrevista con EL PAÍS, este rector de cabello blanco y aspecto de funcionario no deja títere con cabeza: 'Los albaneses estamos en una situación peligrosa en Macedonia. El Estado practica el terrorismo con su policía y militares contra nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra escuela'. Explica Sulejmani que desde la universidad han pedido ayuda a la Unión Europea, la ONU y EE UU.

A la objeción de que también el Gobierno de Macedonia ha pedido ayuda para parar a la guerrilla albanesa, Sulejmani replica: 'Todo el mundo puede comprobar quién es el culpable. No son los albaneses que tienen armas en sus manos para defender a sus familias, sus casas y sus hijos; el culpable es el Estado eslavo macedonio, que siembra el terror'.

Sulejmani da un respingo ante la objeción de que en el seno del Gobierno de Macedonia hay seis ministros del Partido Democrático de los Albaneses: 'Son terroristas, traidores al pueblo. En cuanto ocupan los puestos, se dedican al contrabando y a enriquecerse. Ésa es la realidad'.  

Sostiene Sulejmani que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no quieren cambiar las fronteras de Macedonia, sino una igualdad de derechos con los macedonios eslavos: 'Nadie quiere la división de Macedonia. Sólo queremos igualdad de derechos'.

Desde que Vojislav Kostunica se convirtió en presidente de Yugoslavia, ha cambiado mucho la visión de los sucesos locales que nuestros gobiernos han hecho suya. El último botón de muestra de ese cambio lo aporta el acatamiento general suscitado por la singularísima versión que el gobierno macedonio ha ofrecido de lo ocurrido en torno a la aldea de Tanushevtsi, primero, y a la ciudad de Tétovo, después. La guerrilla que opera en ambos casos, se nos dice, procede de Kosovo, de tal suerte que en ella en modo alguno están presentes los albaneses de un país, Macedonia, retratado como un prodigio de equilibrio y respetos.

El derrotero seguido por los acontecimientos en Macedonia desde la independencia de ésta, diez años atrás, invita a recelar, sin embargo, de semejante visión. La identidad nacional del grupo mayoritario en la república, los eslavos macedonios, se ha visto sometida, por lo pronto, a agudas controversias. En la primera mitad del decenio de 1990 las disputas enfrentaron al Estado recién nacido con algunos de sus vecinos. Si al cabo de un tiempo se difuminó la amenaza de una acción militar asestada desde Serbia -ésta se hallaba inmersa en conflictos en Croacia y en Bosnia-, al poco Bulgaria rebajó el tono de sus quejas y se avino a reconocer un Estado macedonio pese a sostener que los macedonios eran, en puridad, búlgaros. Tardaron más en amainar las tensiones con Grecia, remisa a dar el visto bueno a una entidad a la que atribuía inequívocas ínfulas expansionistas, designios usurpatorios de símbolos ancestrales y un soterrado alineamiento con Turquía. El obstruccionismo griego, el embargo internacional que pesaba sobre Serbia y la dependencia anterior de Macedonia para con esta última abocaron en una situación económica muy delicada a la que se sumó la deriva autoritaria del presidente Gligorov.

A partir de 1995, y con el panorama exterior razonablemente normalizado, el apuntalamiento nacional de los eslavomacedonios experimentó un vuelco en provecho del frente interno, en el que cobró cuerpo, de forma singular, una tensión creciente con la minoría albanesa. El retroceso de las opiniones más moderadas, de un lado y del otro, algo le debió a la aproximación a Serbia asumida por las autoridades macedonias y a la propia crisis kosovar de 1998-1999. Por cierto que la versión de los hechos germinada en Skopje ha acariciado una formidable manipulación de lo ocurrido entre marzo y junio de 1999, cuando los refugiados albanokosovares se arracimaban en la frontera entre Kosovo y Macedonia: si esos refugiados fueron objeto de cálida acogida, ello fue así entre sus compatriotas albaneses y no del lado de unas autoridades macedonias que, entrampadas de resultas de su colaboración con la OTAN, engulleron a regañadientes una oleada humana que fue objeto, pese a todo, de numerosas vejaciones. Para refrescar la memoria, conviene agregar que desde entonces, y hasta hoy, la economía macedonia se ha visto claramente beneficiada por la apertura de un lucrativo mercado en el Kosovo del protectorado.

Pero hay que aceptar que los derechos de la minoría albanesa no han sido pisoteados en Macedonia con la misma insania con que lo fueron en Kosovo. Así lo testimonia, sin ir más lejos, el hecho de que, por turno, los principales partidos albaneses hayan aceptado sentarse en sucesivos gobiernos de coalición. Hay quien sostiene, bien es cierto, que la represión no cuajó en Macedonia por efecto de dos prosaicas circunstancias: si, por un lado, no había ninguna entidad político-administrativa que abolir -las regiones con mayoría de población albanesa carecían de cualquier condición autónoma-, por el otro las propias capacidades del ejército y de la policía macedonios eran sensiblemente menores que las que correspondían a esas dos instancias en Serbia.

El problema no ha estribado tanto en el ordenamiento legal e institucional -y ello aunque no falten las protestas al respecto- como en la realidad de una sociedad profundamente escindida en la que menudean marginaciones y discriminaciones. Las quejas esgrimidas por los portavoces de la comunidad albanesa han sido, en particular, muchas. Si unas veces han remitido a una unitarista Constitución, la de 1992, que negó a los albanomacedonios la condición de 'nación constituyente' y cercenó las posibilidades de una república de ciudadanos en provecho de un nacionalismo eslavo de vía estrecha, otras se han revelado a través de agrias disputas relativas a la configuración de la cámara municipal de Tétovo o a la creación en esta misma ciudad de una universidad albanesa. Si unas veces han subrayado las trabas que padece el albanés en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en la toponimia, otras han apuntado a la dramática ausencia de albanomacedonios en la administración pública y en la dirección de las fuerzas armadas, o a proyectos de reordenación territorial encaminados a recortar la presencia política de las minorías. Han arreciado, en fin, las discusiones sobre el número de albaneses presentes en el país, con censos sometidos a boicot, acusaciones mutuas de adulteración de cifras y sugerencias de presunta asimilación, forzada, de musulmanes eslavófonos y turcos.

Entre los albaneses tampoco ha levantado entusiasmo la participación de sus fuerzas políticas en los gobiernos macedonios. Sami Ibrahimi, a la sazón dirigente del Partido de la Prosperidad Democrática, señaló en su momento que cambiaba las carteras ministeriales que le correspondían -siempre de relieve menor- por la dirección de media docena de fábricas de cierta importancia. Tras las palabras de Ibrahimi se escondía lo principal: el nivel de vida del grueso de la comunidad albanesa, sometida a una atávica marginación, es bastante inferior que el que muestra el grueso de la comunidad eslava, cuyos segmentos privilegiados controlaron en el pasado, sin disputa, el sector público de la economía y se han visto obscenamente beneficiados, ahora, por una inmoral privatización. Aunque pueda argüirse que, por efecto de razones culturales e intereses inconfesables, los albaneses se han automarginado de muchas redes económicas, semejante réplica apenas desdibuja las evidentes discriminaciones alentadas, o cuando menos preservadas, desde las instituciones políticas.

La identificación de un escenario como el descrito en modo alguno invita a rechazar lo que se antoja innegable: en los sucesos de las últimas semanas hay también, claro, una dimensión de crisis importada. El Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), preterido de resultas de la derrota de su frente político en las municipales del otoño, se halla en busca de nuevas misiones y parece decidido a precipitar un debate, el de la autodeterminación, que, antes o después, y sin necesidad de que medie su concurso, acabará por despuntar en el vecino septentrional. Sólo en virtud de un cuento de hadas se nos puede hacer creer, sin embargo, que los 'radicales' recién llegados de Kosovo son un cuerpo completamente extraño entre la población albanesa de una parte de Macedonia en la que -repitamos la versión difundida por las autoridades- no había problema alguno. Puestos, por lo demás, a procurar explicaciones inmediatas de hechos cuyas raíces se hunden en la noche de los tiempos, habría que sopesar también el ascendiente de la crisis política que atenaza al gobierno y a los partidos eslavomacedonios, desde tiempo atrás inmersos en una vorágine de corrupción y descalificaciones.

Aunque la guerrilla disfruta de un respaldo innegable en el occidente de Macedonia, y está poniendo en un brete a los partidos mayoritarios entre la comunidad albanesa, no es sencillo calibrar las propuestas que se barruntan en esta última. Si hay que guiarse por los análisis al uso, la opción mayoritaria se inclina por una Macedonia más democrática en la que ganen terreno fórmulas de autonomía y descentralización. A buen seguro que no faltan, sin embargo, quienes ven con buenos ojos una unificación con Kosovo, querencia un tanto nebulosa habida cuenta de las incertidumbres que pesan sobre este último y del riesgo, nada despreciable, de que Belgrado recupere capacidades en su provincia de otrora; aun así, es obligado recordar que quince años atrás no eran pocos los albaneses que, en las calles de Tétovo, reclamaban una séptima república yugoslava en la que se dieran cita Kosovo y el occidente macedonio. Sólo una exigua minoría de la población parece subyugada, en suma, por la Gran Albania; nadie habla en serio de ella ni en Kosovo ni en Macedonia, y eso que alguna de las empresas económicas que en esta última se barajan -la construcción de una ambiciosa vía de comunicación entre Durrës, en Albania, y Estambul- podría dar alas, no sin paradoja, a un proyecto llamado a horadar una frontera secular.

El pasado verano, en Macedonia, tuve ocasión de comprobar cómo la tensión étnica estaba a flor de piel. Lo aprecié en los labios de un pulido guardia de fronteras que, reacio a permitir la entrada, desde Bulgaria, de un puñado de niños albanokosovares, se permitió sugerir que lo mejor era que alcanzasen Pristina a través de Serbia... Volví a advertirlo en los comentarios que las gentes ilustradas de Skopje -orgullosas de su plena ignorancia de la lengua del vecino- gustan de hacer sobre los albaneses, esos sucios vendedores de helados. Aunque nadie en su sano juicio se atreverá a sostener que la comunidad albanesa está por completo libre de culpas, parece fuera de duda que una exhibición de fuerza por quienes son parte del problema, las autoridades macedonias, no es -pese a la palabrería de tantos de nuestros dirigentes- el mejor camino para hacer justicia y devolver a su lugar ánimos desbocados.

Paginas sobre la historia de Andalucía.

Para abrir boca, una amplia y amena recopilación  de documentos e historias de Andalucía de diversas épocas en ADN-Andalucía, Documentos y Narraciones. Si nos remontamos hasta Tartessos, podemos visitar a Argantonio, rey de Tartessos. La etapa andalusí sigue teniendo en la Web de Al-Andalus su referente básico, cada día con más materiales y buenos enlaces a paginas relacionadas. Por cierto, el tan famoso, controvertido y hoy inencontrable libro de Ignacio Olagüe, Los árabes no invadieron jamás España, también conocido bajo el titulo de La Revolución Islámica en Occidente, se encuentra AQUI. Saltando al siglo XVII, la conspiración independentista andaluza de 1641 aparece abordada en la pagina de la Casa del Marques de Ayamonte; eso si convenientemente sepultada entre referencias nobiliarias y locales varias y sin mayor ánimo vindicativo que el familiar. Aún así, merece la pena dedicarle un rato a su lectura. Plantándonos de un salto en el siglo XX, podemos encontrar dos paginas introductorias sobre el padre de la Patria andaluza. En Blas Infante, hallaremos una breve reseña de su vida y obra y también tratamiento sobre los símbolos andaluces. En esta otra, también sobre Blas Infante-2, una escueta biografia. Un interesante sitio donde podemos conocer la introducción y dos capítulos de Las Memorias de Pedro Vallina, lo justo para abrir boca. Vallina, médico andaluz, libertario, discípulo de Salvoechea, participe de las actividades republicanas contra la Monarquía portuguesa, activista del movimiento independentista irlandés; colaborador con su amigo Blas Infante desde la CNT en la lucha por una Andalucía Libre,.. tiene una biografía de leyenda. Esperemos ver pronto más capítulos en esa web. En un nuevo salto, podemos citar aquí a Elecciones Andaluzas 2000, donde es posible consultar los resultados detallados de nuestras ultimas elecciones nacionales. Finalmente, en Alcurnias Andalusíes, entre la historia, la antropología, la genealogía, la heráldica y la sociología un estudio en la practica sobre la continuidad en la discontinuidad de Andalucía tomando como base a los clandestinos que no se fueron... De ayer a hoy.

 

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