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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 134 - Especial: Estado español ilegaliza a Batasuna
Fecha:Domingo, 8 de Septiembre, 2002  05:53:30 (+0200)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>


nº 134
 
En este Correo:
 
Especial: El Estado español ilegaliza a Batasuna
* La Ley partidista, Luis Alegre
* La vía penal de ilegalización de Batasuna, Javier Pérez Royo
* Mio Cid y Babieca a la ReConquista del Norte, Tasio
* Dirección equivocada, Javier Pérez Royo
* Enlaces: El Arsenal político-jurídico del Estado español: Leyes, Actas, Autos...
*"No es Batasuna lo que no cabe en la democracia española, es el pueblo vasco", Arnaldo Otegi
* Enlaces - Tras la ilegalización...:
    -  Acontecimientos - Prensa.
   -  Pronunciamientos.
    -  Información sobre Euskadi (Organizaciones,Paginas, Prensa, Documentos)
* Ilegalizar: una tarea inútil, Juan Manuel Sánchez Gordillo
* El Estado español ilegaliza a Batasuna, Andalucía Libre
* Retratos parlamentarios. Las fuerzas políticas ante la ilegalización de Batasuna, Andalucía Libre
* Enlace: Sobre Euskadi, Andalucía Libre
* Solidaridad con Palestina, Directorio, Música
 
--oOo--
 
 
 
 Euskadi:
El Estado español ilegaliza a Batasuna
 
 
 
Opinión 
La Ley partidista
Luis Alegre, Profesor
08/08/2002 GARA
 
Policia autónoma vasca clausura sede nacional de Batasuna
 
Para realizar un breve comentario de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, supongo que lo normal sería empezar demostrando que se trata de una ley que no está pensada para regular la constitución, inscripción y funcionamiento de los partidos políticos en general sino, por el contrario, para ilegalizar un (al menos por ahora) partido concreto. Lo lógico sería que un artículo crítico como éste comenzase intentando demostrar con cierto rigor que la ley podría haberse llamado Ley de Ilegalización de Batasuna; que podría haber contado con un único artículo: «Batasuna debe ser declarada ilegal». Evidentemente, la ilegalización seguiría correspondiendo en cualquier caso al poder judicial, que tendría que decidir si el caso concreto a juzgar se corresponde con el tipo que establece la ley (es decir, juzgar si Batasuna es Batasuna). Lo lógico, como digo, sería comenzar un artículo como éste intentando demostrar que se trata de una ley «de caso», de una ley que está a punto de introducir nombres propios en su redacción, de una ley que es más bien una condena, de una ley que localiza primero al «delincuente» y sólo después comienza con grandes dificultades a inventarse algún delito del que poder acusarle. Sin embargo, toda esta parte de la argumentación nos la podemos ahorrar por la sencilla razón de que... ¡no han intentado siquiera ocultarlo en ningún caso!. Siendo esto así, lo primero que llama la atención es la necesidad misma de la ley. Es decir, el hecho mismo de que se necesite establecer, por medio de una Ley de Partidos, un procedimiento judicial de ilegalización distinto del que se prevé en el Código Penal es prueba de que los procedimientos recogidos en este código no son suficientes para llevar la ilegalización a cabo. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué dice el Código Penal?: 
"Artículo 515. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
2º Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.
3º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
4º Las organizaciones de carácter paramilitar.
5º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.
6º Las que promuevan el tráfico ilegal de personas"
 
Pues bien, resulta que el hecho mismo de la Ley de Partidos, su mera existencia, implica el reconocimiento de que Batasuna no sólo no es una organización paramilitar o terrorista, sino que tampoco emplea medios violentos, ni promueve la discriminación, el odio o la violencia ni, en definitiva, tiene por objeto cometer ningún delito. Resulta evidente que si Batasuna tuviese por objeto cometer algún delito o promoviese su comisión, no haría en absoluto ninguna falta elaborar una nueva Ley Orgánica de Partidos sino que, por el contrario, bastaría el Código Penal para declararla asociación ilícita. Pero claro, el otro lado de esta afirmación es que, por lo tanto, la Ley Orgánica de Partidos Políticos está pensada para ilegalizar organizaciones ¡que no cometen ningún delito!. Evidentemente, cabría también plantear que quizá el Código Penal contenga lagunas o carencias importantes de tal forma que no recoja como delictivas determinadas conductas que fueran, de todos modos, absolutamente intolerables desde el punto de vista de un sistema de derecho.
 
Con esto se nos plantea una segunda pregunta: en vez de hacer una nueva ley que ha contado con el rechazo de la mayoría social y política del ámbito en el que se va a aplicar, ¿por qué no han preferido la vía mucho menos grave de, modificando el Código Penal, tipificar como delito aquello que Batasuna promueve?. Es decir, resultaría más fácil limitarse a tipificar como delito aquello que Batasuna promueva y que resulte intolerable y, hecho esto, podría ser declarada asociación ilícita. Ahora bien, si no lo hacen así, parece razonable pensar que es porque no resultaría ni más fácil ni menos grave. Esto nos conduce a pensar que los motivos de la ilegalización, aquello que consideran intolerable de Batasuna, es tal que no soporta de ningún modo ser incluido en un código penal. Es decir, probablemente tendrían que introducir como conducta delictiva (en vez de limitarse a enjuiciarlo moralmente) cosas del tipo «guardar silencio» tras un atentado o «comprender el problema político en el que se enmarca el conflicto armado».
 
En cualquier caso, podemos sospechar que para incluir estos elementos como motivo de ilegalización incluso en la Ley de partidos, hará falta una redacción bastante vaga y, en ocasiones, desconcertante. En este sentido, por ejemplo, establece como uno de los motivos de ilegalización «dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas (...) o exculpando y minimizando su significado». Resulta inevitable preguntarse qué significa «minimizar tácitamente» el significado de una acción terrorista. Hay motivos para pensar que se refieren a las situaciones en que Batasuna guarda silencio. También cabe preguntarse qué significa «legitimar tácitamente» y también hay motivos para pensar que se refieren a todo intento de contextualizar el conflicto armado en el seno de un conflicto político.
 
Por último, la pregunta más desconcertante: ¿Qué puede significar exculpar expresa o tácitamente? Evidentemente, exculpar (absolver, declarar libre de culpas, o de pecados) no es algo que corresponda en absoluto a los partidos (suponemos que no estarán pensando en la Iglesia por sus pastorales o en el Tribunal Supremo por el caso Otegi, aunque estando las cosas como están, no sé siquiera si podríamos sorprendernos).
 
Otro motivo de ilegalización es, por ejemplo, «complementar políticamente» la acción de organizaciones terroristas. No deja de resultar curioso cómo piensan el asunto. Ante un problema político histórico que ha degenerado en un conflicto armado (encabezado por una banda inequívocamente terrorista), consideran la cuestión política un «complemento» a la actividad armada. Ninguna persona de bien puede dudar de que «complementar» la acción de organizaciones terroristas proporcionando armas, información o refugio es una actividad que debe ser perseguida por la justicia. Sin embargo, se reconocerá que «complementar políticamente» es una cuestión bastante más complicada. Si tanto ETA como una organización política defienden la independencia, es indiscutible que todo el trabajo de difusión o discusión en favor de la misma (algo enteramente legítimo) no puede sino considerarse en algún respecto un «complemento político». Quizá pueda argumentarse que no tienen intención de emprender ninguna ilegalización salvo que puedan encontrar vínculos más allá de eso. Sin embargo, si queremos defender un sistema de garantías, debemos desentendernos de cuáles puedan ser sus intenciones y preocuparnos sólo de lo que la ley permite.
 
En cualquier caso, lo que más llama la atención, más que la propia ley, es la pasividad con la que la han encarado las organizaciones de izquierdas, que quizá no tarden en ser también ilegalizadas (no por pertenecer, claro está, a ETA o a su entorno, pero quizá sí a las cercanías del entorno o, si no, a las proximidades de esas cercanías, o por haber pasado por allí). Es posible que esta campaña de recorte de derechos civiles tenga su justificación. Es posible que la única forma de conseguir que los violentos no acaben con nuestro sistema de libertades sea asegurarse de que acaban con él antes los demócratas. Pero no es posible negar que el recorte de libertades se está produciendo y que no parece tener ninguna intención de pararse solo.
 
Cada vez es menor el nivel de violencia que te convierte en violento y mayor el nivel de represión que te convierte en demócrata. En esta dirección hemos sufrido una tremenda derrota: hemos tenido miedo a que se nos acuse de violentos ¡por defender una de las libertades fundamentales recogidas en la Constitución!. Puede que estemos más en un momento de resistencia que de ofensiva, pero si es así, por lo menos resistamos.
 
Opinión 
La vía penal de ilegalización de Batasuna 
Javier PÉREZ ROYO*
EL PAIS 

En el mundo del derecho se puede discutir casi todo, pero no todo. Y una de las cosas indiscutibles es que la vía penal es una vía constitucionalmente adecuada para poner fuera de la ley a un partido político. 'Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales', dice de manera lapidaria el artículo 22.2 de la Constitución. En consecuencia, no hay en principio nada que objetar a que se haga uso de esa vía para poner fuera de la ley a Batasuna. Al contrario. Si se puede hacer uso de ella, debe hacerse uso, dejando de lado cualquier criterio de oportunidad política, en el que los jueces no deben entrar.

Ahora bien, el que esta sea la vía constitucionalmente adecuada no quiere decir que se la pueda recorrer de cualquier manera. La Constitución remite a la legislación penal porque es la que da más garantías a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Únicamente lo que la sociedad a través del Código Penal considera como constitutivo de delito se convierte en límite en el ejercicio del derecho de asociación, límite que tiene que ser verificado en un proceso penal con todas las garantías que la Constitución reconoce en este tipo de procesos.

La vía penal para poner fuera de la ley a un partido político ha sido desarrollada por el Código Penal en el Título XXI, que contempla los 'Delitos contra la Constitución'. En la sección 1ª del capítulo IV se tipifican los 'delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución' y en dicha sección se ubican los artículos 515 y 520. En el primero se declaran 'punibles las asociaciones ilícitas', mencionándose expresamente en el nº 2 'las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas'. En el segundo, a través de la remisión al artículo 129, se contempla la posibilidad de que se acuerde la disolución de la asociación ilícita así como que se pueda adoptar por el juez instructor la medida cautelar de suspender temporalmente sus actividades con un plazo temporal máximo de cinco años.

De la lectura de dichos artículos puede extraerse la conclusión de que el juez Baltasar Garzón, al dictar el pasado lunes el auto por el que acordaba la suspensión temporal de las actividades de Batasuna, estaba limitándose a la aplicación estricta de la ley. Así parece entenderlo él mismo y el ministerio fiscal, que menciona en su informe expresamente ambos artículos como fundamento jurídico de la posible decisión del juez.

Pero esa conclusión no es correcta. En la decisión del juez Garzón hay una apariencia de juridicidad, pero nada más que una apariencia. A nada que se lee el auto con detenimiento, se observa que la decisión adoptada por el juez no tiene cobertura legal. Es un caso claro de sustitución de la voluntad del legislador por la del propio juez, que se inventa una manera de proceder que no está prevista en la ley. Contra Batasuna se puede y se debe proceder penalmente, pero no se puede proceder de la forma en que lo ha hecho el juez de instrucción de la Audiencia Nacional.

Y no se puede, porque la suspensión cautelar de un partido sólo puede acordarse en el curso de la instrucción de un proceso penal contra los dirigentes que tienen estatutariamente la facultad de constituir la voluntad del partido, y no en el curso de la instrucción contra cualquier miembro del partido. En un proceso en el que estuvieran imputados los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna sería perfectamente posible adoptar la medida cautelar que se ha adoptado. Pero en los procesos que está instruyendo el juez Garzón, en los que no está imputado ningún dirigente de Batasuna, esa medida carece de cobertura legal.

El propio juez instructor es consciente de que no puede actuar de esa manera y de ahí que en la página 347 del auto incluya un párrafo en el que intenta poner la venda antes de la herida. Después de indicar que la medida se adopta porque Batasuna es ETA, añade: 'Por ello, al margen de la responsabilidad de los militantes, que no necesariamente tiene por qué existir, o la de los dirigentes, la cual es más que probable que concurra y deberá valorarse a través de la correspondiente imputación en función de las fechas, cargos y actividades desarrolladas por cada uno [cursiva mía], el órgano judicial instructor, una vez cuenta con los elementos suficientes, tiene el deber inexcusable de adoptar todas las medidas cautelares...'.

¿Cómo 'al margen de la responsabilidad... de los dirigentes'?. La responsabilidad penal de los dirigentes del partido es el presupuesto de hecho inexcusable para que se pueda adoptar una medida cautelar como la que se ha adoptado. Únicamente quienes tienen estatutariamente la facultad de constituir la voluntad del partido, pueden acarrear con su conducta delictiva una consecuencia tan grave como es la suspensión de toda la actividad del partido por un plazo en principio de tres años. La conducta delictiva de cualquier miembro de un partido no puede ser la causa de una medida cautelar de esta naturaleza. En ningún caso. Ni en el de Batasuna ni en el de ningún otro.

El auto del juez Garzón es el mundo al revés. Empieza investigando la conducta delictiva de unos ciudadanos que no ocupan ninguna posición directiva en Batasuna. Solicita y recibe un informe de la Guardia Civil en el que no se contiene referencia alguna a los ciudadanos cuya conducta está investigando, pero en el que se afirma que Batasuna es ETA. Con dicho informe adopta la medida de suspensión cautelar de Batasuna, al margen de la responsabilidad penal de los dirigentes. Y a continuación dispone que se curse oficio a la UCI para que se determine quienes han sido y son miembros de la Mesa Nacional y quienes de ellos ocupan cargos públicos y pueden estar aforados, con la finalidad, se supone, de que se pueda proceder penalmente contra ellos.

Dicho en pocas palabras: en un proceso en el que no se puede llegar en ningún caso a la conclusión de que Batasuna es ETA, porque la conducta delictiva de los ciudadanos que se está investigando no puede comprometer nunca al partido en su conjunto, se acaba alcanzando dicha conclusión, para proceder a la suspensión del partido y abrir la vía a la posible imputación penal de sus dirigentes y, eventualmente, de todos sus miembros.

En la persecución de Batasuna se está cancelando el sistema de división de poderes de la Constitución. Contra Batasuna está empezando a valer todo. Desde medidas legislativas de constitucionalidad más que dudosa hasta autos judiciales, que más que decisiones de un poder independiente del Estado, parecen escritos de un funcionario del Ministerio del Interior. Contra Batasuna ¿el fin sí justifica los medios?.

*Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
[Mio Cid y Babieca a la ReConquista del Norte] 
Tasio, GARA
 
Dirección equivocada
Javier PÉREZ ROYO*
EL PAIS - Viernes, 6 de septiembre de 2002

La decisión del consejero de Justicia del Gobierno vasco de dirigirse al CGPJ solicitando amparo frente al auto del juez Garzón constituye un error de bulto. El CGPJ no puede corregir una decisión adoptada por un juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque es un órgano de gobierno del poder judicial, pero no es un órgano jurisdiccional. El CGPJ no ejerce ni puede ejercer función jurisdiccional alguna y, en consecuencia, no puede decir absolutamente nada sobre si la decisión de un juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, repito, es 'correcta y está ajustada a derecho' o no lo está.

Lo único que puede hacer el CGPJ, si entiende que la conducta de un juez es constitutiva de una falta, es ordenar la apertura de un expediente disciplinario e imponer, en su caso, la sanción correspondiente. Sancionar disciplinariamente a un juez entra en las competencias del CGPJ. Corregir la fundamentación jurídica de las decisiones de un juez le está expresamente prohibido. El escrito del consejero vasco tiene que ser rechazado de plano por el CGPJ. No puede entrar siquiera a tomarlo en consideración.

No es, por tanto, al CGPJ al que el consejero vasco tiene que dirigirse. Si el consejero vasco no está de acuerdo con la fundamentación jurídica del auto del juez Garzón, es al Tribunal Supremo al que tiene que dirigirse formulando una querella por prevaricación contra el juez. Y tiene que dirigirse al Tribunal Supremo porque al auto del juez Garzón lo que se le puede reprochar es que es un ejercicio de prevaricación. Y lo es porque la vía penal que ha puesto en marcha no es la vía del Código Penal, sino que es la vía del juez Garzón. No es la voluntad del legislador la que se ha hecho valer a través del auto, sino que lo que el juez ha hecho valer es la suya propia. En la suspensión de Batasuna, el juez ha sustituido la voluntad general por su voluntad particular. Al hacerlo, no solamente no ha aplicado la ley, sino que ha vulnerado, además, de paso, buena parte de las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 24 de la Constitución. Y en esto, justamente, es en lo que consiste el delito de prevaricación.

Si el Gobierno vasco quiere poner orden en la confusión que el juez Garzón está introduciendo en este asunto, es ésta la vía que tiene que seguir. El Gobierno vasco tiene todo el derecho a denunciar que la conducta del juez en el ejercicio de su función jurisdiccional ha sido constitutiva de delito. Más aún. El Gobierno vasco, después de haber ejecutado el auto, no solamente tiene el derecho, sino que tiene toda la legitimidad del mundo para reaccionar frente al mismo, en la medida en que se trata de una decisión judicial que no está fundamentada en derecho, sino que es el resultado del capricho personal de un juez. Un Gobierno democráticamente constituido se está viendo obligado a ejecutar un auto que carece de fundamentación jurídica. (De la providencia dictada por el juez el 2 de septiembre aclaratoria del auto prohibiendo genéricamente el ejercicio del derecho de manifestación ya ni hablo, porque es puro esperpento). No tiene por qué consentirlo.

Pedagógicamente sería, además, muy importante que el Gobierno vasco obligara al juez Garzón a tener que justificar ante el Tribunal Supremo cuál es la interpretación del Código Penal conforme a la Constitución con base en la cual ha dictado el auto por el que acordó la suspensión de Batasuna. ¿A ver cómo justifica el juez Garzón jurídicamente su manera de proceder? Éste sí que sería un servicio que el Gobierno vasco podría prestar al Estado de derecho. Obligar a discutir, no en los medios de comunicación, sino ante el Tribunal Supremo, la fundamentación jurídica de una decisión que está teniendo la transcendencia que está teniendo en la convivencia en el País Vasco en particular, aunque también en España. Por ese camino sí puede transitar el Gobierno vasco, pero no por el que ha elegido. La vía del CGPJ es un callejón sin salida. Si el consejero de Justicia quiere 'poner fin a la confusión que han generado las últimas actuaciones del juez Baltasar Garzón', no es al CGPJ al que tiene que dirigirse, sino al Tribunal Supremo.

 
Enlaces: el Arsenal político-jurídico del Estado español
 
ENTREVISTA - Arnaldo Otegi, parlamentario independentista:
"No es Batasuna lo que no cabe en la democracia española, es el pueblo vasco"
 
Protesta en Sede de Batasuna en Durango
 
 
Arnaldo Otegi, parlamentario electo por Batasuna, valora que las últimas medidas aplicadas contra la formación abertzale demuestran que «el pueblo vasco no cabe en la democracia española». Asegura compartir con Joseba Egibar la apreciación de que el proceso de soberanía se está acelerando, aunque matiza que «es así a pesar del PNV» y advierte a la sociedad vasca que en este momento histórico «hay que valorar lo que se hace, no lo que se dice».
 
Hasta el pasado lunes actuaba como portavoz de la Mesa Nacional de Batasuna. El viernes respondió a las preguntas de esta entrevista a título personal y como parlamentario en la Cámara de Gasteiz. Ello no obedece a un desdoblamiento de personalidad ni a un criterio periodístico, sino a la decisión de un juez, que ha venido acompañada del impulso del Parlamento español para ilegalizar a la formación abertzale. No obstante, Arnaldo Otegi aclara que la ofensiva del Estado español, «probablemente el último salto que van a dar», no se dirige contra la izquierda abertzale, sino contra Euskal Herria. También está seguro de que «el pueblo vasco sabrá responder con dignidad nacional».
 
­En apenas unas horas, el lunes, se procedió a la suspensión de las actividades políticas de Batasuna y a instar a su ilegalización en el Estado español. En los siguientes días se están clausurando sedes políticas en Euskal Herria. Estos hechos son reflejo de que el conflicto tiene carácter político. ¿Qué alcance real va a tener esa ofensiva?
 
No se pueden leer estos acontecimientos sin tener en cuenta el diseño del Estado español que hizo la reforma postfranquista. Esa reforma, dirigida por los poderes que apoyaron la dictadura, buscaba tres grandes objetivos: darle una fachada democrática al régimen para homologarlo al contexto europeo; incluir a la economía española en la cadena internacional y acabar con el proceso hacia la independencia nacional del pueblo vasco. Está claro el fracaso estrepitoso en ese tercer gran objetivo.
 
El Estado español hizo un diseño, a través de una autonomía pactada con el PNV, que pretendía plantear al pueblo vasco una dicotomía que perseguía su asimilación y pretendía desactivar a la izquierda independentista, porque entendía que ese mismo mecanismo estatutario iba a impedir que se desarrollara un sector popular fuerte en torno a sus reivindicaciones. Veinticinco años después y, como dicen sus propios portavoces, una vez que ese Estado ha usado todo contra el movimiento independentista ­cuando dicen todo quieren decir eso: desde la guerra sucia a la dispersión, desde la tortura a la autonomía­, se sienten obligados a dar un salto más, probablemente el último, que es el intento de borrar del mapa político a ese sector popular que es el motor del proceso de emancipación nacional del pueblo vasco. Hoy las máscaras han caído, porque ese ciclo que se abrió con la transición y el Estatuto está acabado.
 
¿Quiere decir que la suspensión de las actividades de Batasuna ha hecho saltar ese marco?
 
Es la última prueba gráfica. En virtud de esa aceleración de la emancipación nacional que se le escapa de las manos, el Estado decide intentar aniquilar al motor de ese proceso. Lo realmente preocupante para el Estado es que el conflicto está ya situado entre el pueblo vasco y el Estado. Lo que no cabe en la democracia española no es Batasuna. Lo que no cabe en la democracia española es el pueblo vasco. Esa es la gran victoria popular de la izquierda independentista. Y eso sólo se resuelve de una manera, con soberanía para el pueblo vasco.
 
¿La mayoría social de Euskal Herria comprende hoy menos que se respete la legalidad española?. ¿Ya 'está madura' para apostar por la soberanía? ¿No se estará acabando el tiempo?
 
Hay masa crítica suficiente en este país para hacer un proceso soberanista. No me cabe la menor duda. Además, a la vista de los últimos acontecimientos, estoy convencido de que esa amplia base social que apostó el 13-M por PNV-EA frente al Gobierno de Aznar hoy ya tiene claras dos conclusiones: que se equivocó profundamente y que aquí sigue mandando el Estado español; que PNV, EA e IU, a través del Gobierno de Gasteiz y con la Ertzaintza al servicio de ese 'proceso de emancipación' del señor Egibar, lo que hacen es colaborar con el Estado, ser Estado.
 
Tanto usted como Pernando Barrena respondieron con críticas a esas declaraciones de Joseba Egibar sobre «la aceleración del proceso de emancipación nacional». ¿No comparte esa reflexión o no da credibilidad al portavoz del PNV?
 
Comparto con Joseba Egibar que, efectivamente, el proceso de emancipación nacional se está acelerando... a pesar del PNV; ésa es la gran diferencia, a pesar del PNV. Ese proceso se está acelerando, entre otras cosas, porque hay un sector popular que ha sabido durante estos últimos 25 años mantener la bandera de la dignidad nacional y ha abortado los planes que elaboraron conjuntamente el Estado y el PNV.
 
En cambio, durante estos últimos días desde PNV y EA se está acusando a Batasuna ­el resto de fuerzas políticas sigue utilizando esa referencia­ de «falta de autonomía».
 
Uno tiene la impresión de que hay determinados responsables políticos que hablan por no callar. Además, ya se les ha acabado ese discurso: ¡si Batasuna ya no puede ser ni autónoma ni independiente! ¡si Batasuna no puede condenar las acciones armadas de ETA!. Batasuna está ya fuera del mapa político en términos de legalidad española... Luego, ése es un discurso que se les ha acabado y ¿a partir de ahora, qué?
 
Estos sectores políticos necesitan repetir lo que vienen diciendo desde hace veinte años porque saben que las bases que les votaron el 13-M se sienten profundamente avergonzadas de la actuación de la Ertzaintza cerrando sedes de un partido independentista. Ese es el problema que tienen, y necesitan volver a ese discurso lleno de alcanfor político que no plantea ninguna salida. La grave responsabilidad de PNV, EA e IU es qué elección van a hacer: la de la soberanía y la confrontación con el Estado o la de la colaboración con el Estado contra la izquierda independentista.
 
¿Pero hay alguna forma de salir de ese cruce de reproches?
 
Hicimos un emplazamiento al Gobierno de Gasteiz a la dignidad nacional y a la responsabilidad política, porque el problema no es defender a la izquierda abertzale, el problema es defender a Euskal Herria. Y no se defiende a Euskal Herria en un marco de partición territorial y de colaboración con un Estado que lo que busca es aniquilar al pueblo vasco. Lo que necesita este país es confrontación con el Estado fascista español, no confrontación entre abertzales. Y la respuesta ha sido que han mandando a la Ertzaintza a golpearnos y cerrar nuestras sedes.
 
Dirigentes de distintas fuerzas abertzales están haciendo llamamientos a no situar el conflicto entre abertzales. ¿Cree que las bases de la izquierda abertzale buscarán la colaboración de las de otros sectores en el día a día, pueblo a pueblo?
 
Históricamente, siempre se ha hecho una distinción entre las bases populares y las direcciones de los partidos. No tengo ninguna duda de que las bases populares de EA, IU y PNV quieren un acuerdo entre abertzales y progresistas para la independencia de este país. El problema reside en que sus direcciones no están apuntando precisamente hacia esa dinámica, sino en dirección contraria. La izquierda abertzale siempre, siempre, va a tener la mano tendida a todos los sectores populares que buscan el cambio político. Otra cosa muy diferente es que alguien se empeñe en dinamitar la posible colaboración entre partidos, y ésa es la labor que está haciendo el Gobierno tripartito. La izquierda abertzale ha demostrado que tiene suficiente capacidad como para anteponer los intereses del pueblo vasco por encima de los intereses propios. Desgraciadamente, ésa es una lección que otros sectores abertzales aún no han aprendido.
 
Esta semana se ha hablado ya de contactos, como el que usted y Antton Morcillo mantuvieron públicamente con ELA... ¿Para qué se habla? ¿tendrá alguna traducción práctica?
 
En este ciclo político y en este momento histórico el diálogo tiene un objetivo claro: responder al Estado y, además, buscar vías de entendimiento en clave de soberanía. En virtud del margen de maniobra y nivel de actuación que tenemos, es evidente que no estamos dispuestos al diálogo estéril ni de entretenimiento político. Ha llegado el momento de poner encima de la mesa las recetas y los proyectos que cada cual tiene.
 
El lehendakari Juan José Ibarretxe no hizo acto de presencia en la palestra política hasta el viernes. ¿Cómo valora ese silencio de cuatro días?
 
Eso retrata al lehendakari de las tres provincias. ¡Que mejor retrato que ése, con la que está cayendo! Siendo el máximo responsable político de la Ertzaintza, es el que tiene que asumir la actuación de la Ertzaintza contra la izquierda abertzale. Y como no tiene nada que decir sobre eso, probablemente en los próximos días hará declaraciones para darle cosmética soberanista a su actuación. Pero hay que tener clara una cosa en esta situación política: hay que valorar lo que se hace, y no lo que se dice. Creo que ha quedado meridiana y gráficamente expresado con la actuación de la Ertzaintza; eso es lo que se hace. Estar a la altura de las circunstancias exige un plante al Estado fascista español en clave de proceso de soberanía. Todo lo demás es literatura política.
 
¿Y cómo se concretaría ese plante al Estado?
 
El Estado, el Estatuto de autonomía, ya no permite que cientos de miles de ciudadanos vascos mantengamos en nuestro país una actividad política regular, normalizada, en igualdad de oportunidades. Frente a esa situación hay que resolver una pregunta muy sencilla: ¿vamos a seguir legitimando ese régimen o vamos a combatirlo construyendo realmente los pilares de la democracia de Euskal Herria?. Seguir jugando a autonomías, a Parlamento español y a cumplir 'como es debido' la legalidad española es ser cómplice de un régimen antidemocrático que impide al pueblo vasco decidir su futuro.
 
Se marcó setiembre en la agenda política para, entre otras cosas, evaluar el dictamen de autogobierno aprobado en Gasteiz ¿Ese calendario sigue vigente?
 
Quiero hacer una matización. Efectivamente, se aprobó un dictamen en el Parlamento de las tres provincias con la abstención de Batasuna. Hay que hacer un primer balance de lo que han hecho desde su aprobación: no ha habido un solo portavoz, ni uno solo, de ese Gobierno que haya hablado en clave de autodeterminación; se han centrado exclusivamente en un discurso de reivindicación del Estatuto. Eso es lo que han hecho. Otra cosa es lo que se escribió. Ahora, quizás necesiten hacer otros pinitos en el discurso para seguir realimentando una expectativa.
 
Si se quiere hacer un proceso soberanista, la autonomía va a estar en riesgo por una sencilla razón, porque es un instrumento del Estado. Pretender hacer proceso soberanista sin poner en riesgo la autonomía es imposible, no porque lo quiera así la izquierda abertzale, sino porque lo quiere el Estado. Eso no quiere decir que los instrumentos de que se han dotado tres provincias a través de ese Estatuto no puedan ser utilizables, sino que en el momento en que se utilicen para hacer camino de emancipación nacional, van a ser desactivados por parte del Estado. La cruda realidad es que en el PNV, los michelines, que son los que mandan, no están dispuestos a perder su estatus por plantear una dinámica de soberanía.
 
La próxima cita electoral en Hego Euskal Herria está fijada para la primavera de 2003. ¿Cómo ve ese escenario?
 
¿Cuál es la estrategia que el PNV diseñó tras el triunfo electoral del 13-M?. Seguir gestionando la ambigüedad, seguir manteniendo de cara al público una confrontación con el Estado en términos semánticos mientras en las cosas importantes llegan a acuerdos, como en Interior o el Concierto Económico. En definitiva, lo que busca es la hegemonía del movimiento abertzale y el cálculo que hace es el siguiente: con una izquierda abertzale ilegalizada y que no puede presentarse a las elecciones, el PNV vuelve a engordar y vuelve a plantear con el Estado una interlocución partidista para renovar el pacto estatutario. Ese era y ése sigue siendo el plan.
 
¿Qué es lo que ocurre?. Que la intervención del Estado voltea el plan y ahora tienen muchas más dificultades para mantener su discurso. Yo planteo una interrogante razonable: ¿con esos sectores populares imposibilitados de concurrir a las elecciones, los sectores de este país que se reclaman abertzales van a legitimar unas elecciones que dejan fuera a la segunda fuerza política en las últimas municipales?. Tienen que responder a ese reto, porque, si no, se debería entender que hay partidos dispuestos a sacar rentabilidad del intento de aniquilamiento de la izquierda abertzale, lo que sería suficientemente grave como para que a cualquiera que sea responsable en el terreno político de este país ni se le pasara por la cabeza.
 
El auto de Garzón deja una puerta semiabierta, o semicerrada, a la actividad de los parlamentarios. ¿Asumir ese escenario como «Plan B» no sería entrar en una ratonera cuando ya se está buscando la inhabilitación de los electos e incluso su procesamiento y detención?
 
Hay que tener claro que, además de efectos electorales y políticos, el Estado busca descabezar a la izquierda independentista. Creo que las gentes de izquierda y abertzales cometeríamos un grave error si medimos los márgenes de maniobra según el espacio que dejan los autos de Garzón. En Euskal Herria existen centenares de miles de mujeres y hombres que son independentistas y de izquierdas que sabrán encontrar los mecanismos de articulación para plantear propuestas y seguir manteniendo su dinámica política y social. Adoptarán las formas que en determinadas coyunturas decidan. Este pueblo y el motor de este proceso de emancipación nacional tienen que perder muy poco tiempo en la lectura de los autos judiciales; eso lo tienen que hacer los juristas. Lo que corresponde hacer a esos sectores populares es garantizar que se sigue manteniendo la actividad de la izquierda abertzale. Eso es lo fundamental.
 
Pero la Ertzaintza, en Durango, o la Guardia Civil, en Lizarra, ya han denunciando a militantes abertzales por mantener «reuniones ilegales». ¿La militancia de la izquierda abertzale estaba preparada para asumir de golpe esta situación?
 
Eso en principio ya denota un hecho extremadamente grave, que la Ertzaintza no se limita a ejecutar los autos de Garzón. Estaríamos ante la tesitura de comprobar que el Gobierno de Gasteiz lejos de garantizar los derechos de los vascos, que no lo puede hacer, incluso colabora con el Estado en la persecución de derechos internacionalmente reconocidos como el de manifestación, reunión o de participación política. En cuanto a si estaba preparada la militancia para encajar este golpe, creo que la izquierda abertzale no es un sector político que desconozca la clandestinidad o la factura que pueda suponer el compromiso con la liberación nacional. Si algo ha tenido y tiene la izquierda abertzale es capital humano preparado.
 
Hay muchos discursos como el suyo, también lo repite Arzalluz, que inciden en esos tiempos peores que ha vivido Euskal Herria ¿Cómo cree que están recibiendo esos mensajes las generaciones más jóvenes, que no vivieron la dictadura franquista?
 
Este pueblo no ha perdido la memoria histórica. Existe caudal humano suficiente, en la juventud, en el movimiento cultural, obrero, internacionalista... como para hacer frente a la actual situación. Unas circunstancias duras como las que está imponiendo el régimen fascista español en Hego Euskal Herria no van a abortar el proceso de emancipación nacional, ni van a impedir que miles de hombres y mujeres defiendan el proyecto político de la izquierda independentista. Y el tiempo será testigo. Cuando digo que Euskal Herria va a ser el Stalingrado político de los fascistas españoles lo digo con absoluta seguridad. No van a someter al chantaje ni al miedo al sector popular que busca la liberación nacional y social. Al contrario, van a fortalecer la necesidad del cambio político.
 
¿Que mensaje les dirige a quienes han elegido una opción política ahora ilegalizada de facto y que pueden pensar que se les va a arrebatar lo que han logrado con sacrificios personales?
 
Siempre ha sido muy duro pelear por Euskal Herria. Tenemos ejemplos en el pasado y en el presente. Siempre ha habido quienes, por encima de intereses personales, han sabido anteponer los intereses de este pueblo. Yo lo único que les digo es que merece la pena el compromiso con Euskal Herria, merece la pena luchar, merece la pena el sacrificio, porque la mayor irresponsabilidad sería legar este conflicto a la siguiente generación.
 
He apelado muchas veces a la memoria histórica. A nuestros bisabuelos les quitaron los fueros, les quitaron los bienes. Unas décadas después volvieron a perder la II Guerra Carlista. A nuestros abuelos y padres les confiscaron los bienes y les encarcelaron. Y a nosotros ya nos han confiscado y nos han encarcelado varias veces. Los sectores independentistas y de izquierda no están dispuestos al sacrificio de los de siempre para que pueda ser posible el negocio de los de siempre. No están dispuestos a que la siguiente generación viva en conflicto político y, por lo tanto, vamos a hacer todo para que no sea así.
 
¿Qué valoración hace de la respuesta que está ofreciendo la militancia de la izquierda abertzale durante estas jornadas tan especiales?
 
A nivel personal tengo el deber de agradecer a las mujeres y hombres que han estado defendiendo las sedes de Batasuna en pueblos y capitales. Hemos vivido escenas auténticamente emocionantes, comprobando cómo la gente es capaz de mantener en alto la dignidad de un pueblo. Quiero agradecérselo de corazón. Nos ha llegado al corazón a todos, porque al final es el calor popular el que mantiene alta la moral. Y quiero animar a la gente a que mantenga esa posición de dignidad y a que responda a las agresiones y participe en las movilizaciones que, a nivel individual y de plataformas populares, están siendo convocadas tanto en los pueblos como el día 7 en Bilbo. Son citas con la dignidad nacional y con Euskal Herria, en las que se va a comprobar que hay confianza en el futuro. El futuro es del pueblo vasco. Hay que seguir construyendo Euskal Herria en el día a día. Este pueblo tiene cita con la libertad y con la dignidad nacional, y a esa cita tenemos que acudir todos. Ahí va a estar también la izquierda abertzale.
 
La repercusión internacional de lo que está sucediendo en Euskal Herria está siendo grande, al menos en los medios de comunicación.
 
Siempre ha sido una labor prioritaria de la izquierda independentista situar el conflicto en el terreno internacional. El señor Aznar ha hecho una gran contribución en ese sentido. El pueblo vasco está en las portadas de todos los periódicos de todo el planeta, y percibo que en muchos la medida ha sido criticada. El último dato evidente es que iban a presentar una moción en el Parlamento Europeo a favor de la ilegalización y la han tenido que retirar. El Estado busca cercar a Euskal Herria en su actividad política dentro de sus propios límites geográficos, y lo que tienen que hacer los independentistas de izquierda es situar el conflicto con el Estado francés y el Estado español en el mapa europeo. Hay que aprovechar ese eco mediático para poner encima de la mesa las soluciones en clave de paz, democracia y soberanía para el pueblo vasco. -
 
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 Opinion  
Ilegalizar: una tarea inútil
Juan Manuel Sánchez Gordillo*
 
Manifestación de protesta contra la ilegalización de Batasuna,
convocada en Donosti por dos personas. 
Las siguientes han sido prohibidas 
 
Prohibir es siempre reprimir. Prohibir la realidad es propio de esquizofrénicos y una tarea inútil que no puede conducirnos más que al fracaso y al abismo.
 
En estos momentos tan ultraconservadores donde no hay más discurso que el pensamiento único es imprescindible decir la verdad no solo porque sea revolucionaria sino porque es el único asidero del pensamiento crítico que pueda romper con tantas alienaciones impuestas por los señores que controlan el poder.
 
Decir la verdad de lo que uno piensa y siente es por otra parte en esta sociedad de encefalograma plano peligroso y hasta temerario porque los "torquemadas" de lo "políticamente correcto" te pueden señalar con el dedo y mandarte directamente a la cárcel o propiciar tu linchamiento público.
 
Pero a pesar de esto y otros muchos pesares diré lo que pienso, les guste o les disguste a los señores del orden establecido y cueste lo que me cueste porque el silencio aquí y ahora es complicidad y un hecho política y humanamente abominable.
 
La ilegalización de Batasuna es una barbaridad política propia tan solo de los ciegos que no quieren ver. Y es una barbaridad se siga el camino de "la ley de partidos políticos" que atenta contra derechos esenciales que la propia Constitución consagra como son la libertad de expresión y la libertad de asociación o sea por el camino seudojurídico del Juez Garzón que con sus exhibiciones no hace más que demostrar que la ley y su aplicación no es más que la dictadura miserable de la clase dominante.
 
Yo no voté la Constitución porque había y hay aspectos fundamentales que no comparto y porque en aquellos momentos estaba en la cárcel, pero me da mucha rabia que los fundamentalistas que consideran la Constitución como un dogma inamovible sean quienes la pisotean cada vez que le sale de sus caprichos y de sus intereses. No creen ni en sus propias leyes, tal vez porque la burguesía no tenga más creencias, ni más sentimientos ni más ley que la de sus cajas fuertes.
 
La Ley de Partidos Políticos es un golpe de Estado a la propia legalidad que dicen proteger las fuerzas más reaccionarias que van de la mano de las consignas del imperialismo desde el 11 de Septiembre con una arrogancia y chulería muy cercanas al fascismo.
 
Y si esta ley de partidos es golpista y liberticida no puede ser inocua su aplicación, por eso es normal que no se pueda entender para nada a los partidos que como Izquierda Unida dijeron no a la ley y ahora no sabemos por qué miedos, presiones o incoherencias se abstienen, ya que la ética más elemental exige cambiar esa ley en cuantas ocasiones se pueda y por todos los medios a nuestro alcance ya que estamos hablando de dejar sin expresión política a más de 200.000 personas, nada más y nada menos.
 
Pero además ilegalizar Batasuna no sirve absolutamente para nada, si acaso para echar leña al fuego, romper puentes y radicalizar un conflicto político que de una puñetera vez debe ser reconocido como tal. No reconocer la naturaleza política del conflicto existente en Euskadi es como el avestruz meter la cabeza bajo el ala y desde ahí es imposible construir ninguna salida hacía la paz.
 
Y ese conflicto radica en que una parte más o menos importante de la nación vasca quiere que se reconozca al pueblo vasco el derecho de autodeterminación que le permita decidir su futuro desde sí mismo.
 
Creo que la solución a este conflicto político tiene que pasar por tanto por una solución política en la que puedan dialogar todas las partes en conflicto para intentar encontrar una salida que desde luego ha de pasar por el reconocimiento de este derecho democrático admitido internacionalmente entendido "como la libertad que tiene cada pueblo a decidir en cada momento la cantidad de soberanía que quiere ejercer y si quiere federarse o confederarse al Estado español o a cualquier otro Estado o si por el contrario quiere la independencia absoluta y formar Estado propio".
 
Si para reconocer este derecho ha de reformarse la actual constitución en sus títulos Preliminar, II, III, IV, VII, VIII, IX y X y el Estatuto, para llegar a un estadio político realmente diferente al actual que permita otras reglas del juego donde todas las opciones políticas tengan espacio suficiente desde donde actuar no ya en Euskadi sino en cualquier otra nación de las que forman el Estado español... hágase sin tantos complejos ni tantas monsergas.
 
Creo que rompiendo el mito de que la Constitución y los Estatutos son inamovibles estaremos en muchas mejores condiciones para abordar no solo el problema en Euskal Herria sino en el Estado español donde las otras naciones que lo componen necesitan tener la posibilidad real de ejercer su soberanía hasta donde sus pueblos decidan.
 
El actual estado de las autonomías está ya más que obsoleto y querer imponerlo por la fuerza choca con la realidad y los sentimientos de unas naciones más o menos emergentes que en cualquier caso deben gozar de la libertad que les permita fijar por sí mismas sus horizontes futuros y sus señas de identidad.
 
Desde ahí si puede abordarse el problema hoy de la violencia en Euskadi y llegar al abandono de las armas por parte de ETA pero también estaremos evitando otros conflictos que más temprano o más tarde pueden darse en Cataluña, Galicia o Andalucía.
 
La Globalización entre otros efectos trae el recorte de soberanía a los pueblos y naciones de este planeta ya que hay un trasvase continuado de esta soberanía, de la capacidad real de decidir que está pasando de la esfera de lo político al Mercado que es quien realmente a través de sus multinacionales, FMI, Banca Mundial, OMC o la Trilateral deciden los cultivos que se han de sembrar, las industrias que tienen que desaparecer, el hambre que se tiene que sufrir o las guerra que hay que declarar y en el lugar concreto de este planeta que habitamos donde se tienen que producir. No es ninguna tontería en este contexto de perdida de soberanía de los pueblos y naciones de reclamar espacios reales de decisión... para hacer posible otro modelo de desarrollo y otro modelo de sociedad... pero en cualquier caso lo que me parece estúpido es aferrarse a unas estructuras donde no se sientan cómodos los pueblos entre otras cosas porque los pueblos tendrán siempre el derecho a subvertir.
 
Pero además es que la paz no tiene otro camino que el de la libertad y el crecimiento de los derechos sociales y nacionales de los pueblos, nunca desde su prohibición, represión, recorte o ignorancia.
 
Algunos partidos defienden un Estado Federal pero ese Estado no es posible desde la actual Constitución española y desde luego es evidente que cualquier forma de federalidad tiene que venir previamente desde un referéndum en el que cada uno de los pueblos y naciones manifiesten su voluntad para dar lugar a esa federalidad y puede haber naciones que no quieren acogerse a esa federación y desde luego esas naciones tendrán siempre el derecho innegociable a ser independientes.
 
Cualquier modelo de Estado que se defienda ya sea federal o confederal pasa por esta libertad esencial que indudablemente no se le puede negar a ningún pueblo ni hoy, ni mañana, ni nunca.
 
Por tanto el camino de la paz no puede nunca venir desde la negación del contrincante o del enemigo y mucho menos de su derrota o aplastamiento sino desde el diálogo, la negociación y el encuentro por muy duro que este sea y aunque la distancia entre esos oponentes o enemigos sea aparentemente insalvable.
 
Ilegalizar lo que no le gusta, odia o teme ha sido siempre una tentación del poder que no es solo rematadamente inútil para la paz sino una magnífica estupidez cuyos efectos han sido siempre contrarios a lo que se busca. La paz es algo mucho más complicado y desde luego infinitamente más serio.  
 
La paz solo puede venir desde la tolerancia, la generosidad, la inteligencia y la justicia.
*Juan Manuel Sánchez Gordillo es Alcalde de Marinaleda por IU-CA; Coordinador Nacional de CUT-BAI; miembro de la dirección nacional del SOC y de la Presidencia Federal de IU, electo por las listas de la Plataforma Critica (hoy Corriente Roja de IU).
 Opinión
Euskadi: El Estado español ilegaliza a Batasuna
Andalucía Libre
El 26 de Agosto de 2002 el Congreso de los Diputados español aprobó iniciar la ilegalización de Batasuna. Ese mismo día, el Juez Baltasar Garzón suspendió de forma inmediata la legalidad de Batasuna. A partir de esta coincidencia, casual o coordinada, una fuerza política con 200.000 votos, más del 10%; miles de militantes; diputados, alcaldes... quedó remitida a la clandestinidad. Sus locales han sido clausurados, sus bienes y cuentas corrientes embargadas. No puede convocar actos o manifestaciones, ni directa ni indirectamente. Sus grupos parlamentarios actuales, limitados en acción y con peligro de disolución; su web amenazada.Ya se anuncian iniciativas para encausar y detener a sus sucesivas direcciones. La Ley, hecha a medida para ilegalizar Batasuna, la hace extensiva a cualquier otra formación política nacional -o incluso local- que se entienda su sucesora y a sus precedentes HB y EH, impidiéndole concurrir a todo tipo de elecciones; convirtiendo con ello en social y  políticamente fraudulentos todos los futuros resultados electorales que puedan producirse en Euskadi bajo esas condiciones de excepción.
 
Una manifestación de Batasuna, de antes de su prohibición
Cuando la democracia deja traslucir la dictadura
 
Aún prevista, la ilegalización de Batasuna es un acto de fuerza antidemocrático del Estado español de enorme trascendencia y  repercusión política, tanto en Euskadi como en el conjunto de naciones del Estado y por tanto en Andalucía. El 26 de Agosto de 2002 cierra una etapa y abre otra de imprevisible desarrollo. Ayudado por la estrategia suicida y las acciones irracionales de ETA, el Gobierno español postfranquista del PP (con el PSOE a su cola) no ha dudado en dar un paso inscrito en su proyecto de reespañolización; sin arredrarse ante las contradicciones e incoherencias que conlleva su decisión con el mismo discurso ideológico legitimador de la democracia parlamentaria. Como si se extrajera de un manual, ha podido comprobarse como el Gobierno manda, los jueces actúan como su prolongación y complemento y el parlamento sirve como un teatro.
 
No estamos en el fascismo, pero eso no significa que no vivamos bajo una dictadura soterrada y sutil, en forma de democracia homologada, perfectamente funcional a los intereses dominantes, que sólo permite la organización, la discrepancia y la resistencia en tanto su control sobre ellas sea lo suficientemente efectivo como para que no resulte un riesgo al Estado español. El franquismo nació con un golpe militar del Ejercito de la II República española, gracias a la colaboración de buena parte de su aparato de estado, heredado a su vez de la Monarquía borbónica. Y la Monarquía parlamentaria actual, surgió de las mismas entrañas del franquismo. Aquí no hubo ni un amago de Nüremberg o de depuración; ni siquiera se concedió como sustitutivo una mísera Comisión de la Verdad. En el momento clave, los reformistas (PCE) se encargaron de facilitar el transito para procurarse un lugar al sol y luego -ya con la desigualdad de fuerzas instaurada y la continuidad asegurada- se establecieron los restringidos y leoninos márgenes de juego. Y el orden español vigente dejó de remitirse como legitimación al 18 de Julio para hacerlo a la Constitución.  Y los antidemocratas y chauvinistas españoles que niegan un principio democrático elemental como el de la autodeterminación se travistieron de democratas
 
Entre fascismo y democracia -según se entienden al uso- hay profundas diferencias, desde luego, pero también notorias concomitancias. Las democracias toman medidas fascistas cuando interesa (guerras de agresión, ilegalizaciones, prohibición de prensa);  el fascismo no necesariamente ha de instaurarse en contra de las llamadas instituciones democráticas o incluso del mismo parlamento, sino que incluso historicamente solio imponerse a su amparo y con su aval (Italia, 1922; Alemania, 1933; Francia, 1940) o incluso coexistio duraderamente con el parlamento (Hungría, años 30). Y si no es expresamente el fascismo, las democracias llegado el caso pueden, gracias a la amenaza de unos cuantos centuriones insubordinados, dar cortésmente el paso a un régimen democrático fuerte (Francia, 1958) que  -aunque mantenga elecciones- reinstaure el control.  Las democracias colonialistas han podido asesinar a mansalva en Marruecos, Argelia, India, Indochina; bombardear impunemente, antes con cañoneras y ahora con B-52 y misiles. Impolutos regímenes democráticos se han dedicado a infiltrar y destrozar organizaciones populares mientras recurrían al fraude (EEUU) o a prohibir fuerzas políticas molestas (Francia, 1939-1970; RFA, 1956) o a dividir países pese a otros parlamentos incómodos (Gran Bretaña a Irlanda, 1921) o a usar el terrorismo de estado (SAC, BVE-GAL, SAS). La democracia puede ser muy dictatorial si se necesita y sin dejar por ello de ser democracia. Por eso es igualmente estúpido tanto asumir sus reglas (que no es lo mismo que usarlas o acatarlas, provisionalmente) o creerse su discurso, como no tenerlas en cuenta a unas y a otro, a la hora de actuar. Por eso son tan políticamente criminales los que pretenden creerse que es posible realmente cambiar algo y llegar a la ruptura mediante la no-violencia como estrategia -convirtiendo la cobardía en ética- como quienes convierten a su impotencia en impaciencia, pretenden ganarle al Estado jugando en su plano y con sus armas y olvidan que medios y fines forman una unidad dialectica. Sabiendo siempre también que una cosa es esta democracia y otras bien distintas la democracia y el pluralismo imprescindibles en las organizaciones populares y después de la victoria y la independencia. 
 
La ilegalización de Batasuna -vía Ley de Partidos y vía las sucesivas actuaciones del ambicioso Juez Garzón- es una medida destinada a Euskadi, pero que afecta a todas las naciones del Estado -y especialmente a la izquierda nacionalista, la única que preocupa al Estado- como amenaza y recordatorio. El Estado español está diciendo: si dejas de ser marginal y te haces lo suficientemente fuerte, cuenta con que intentaremos aplastarte. Una vez que para ser considerado terrorista no es necesario ni robar, ni matar, ni secuestrar, ni colaborar directamente a la ejecución de estos actos, sino que basta compartir ideas y organizarse políticamente en forma y manera que a criterio del Estado español se forme parte del proyecto terrorista, la veda esta abierta y que se ejecute o no queda a discrección y conveniencia del Estado. El Art. 9 de la nueva Ley de partidos es tan versátil y omnicomprensivo como el Art. 58 del Código Penal soviético de 1926 con el que Stalin amparó sus purgas.  El Estado español está recordando con esta Ley y con las actuaciones de Garzón que una vez que falle el fomento y protección de las organizaciones españolas (de derecha o de izquierda), los dineros, el monopolio informativo, la ley electoral...; una vez que sean insuficientes las listas negras, la precariedad, el paro... siempre quedara el contundente uso del Derecho democrático. El Gobierno español del PP ha impuesto además el voto en el Parlamento de la ilegalización al objeto de forzar un retrato y una corresponsabilización por parte del resto de fuerzas políticas, lo que no ha dejado de resulta especialmente incomodo para quienes -como CiU o IU- preferían en principio no ensuciarse  las manos y dejarle la tarea al aparato judicial.
 
Cuando se dispone del Poder real y este es irresponsable por permanente, no hay que tener miedo al ridículo o a la incoherencia formal y si no véase: la ilegalización de Batasuna como colectivo se argumenta aduciendo que Batasuna forma parte de ETA -que es tan ETA como la misma ETA- y sin embargo no parece que, de momento, el Estado español esté dispuesto a detener inmediata y sistemáticamente a todos esos miles de militantes de Batasuna que, según su tesis, por serlo son de ETA o aún más, a esas decenas de miles que, por votar Batasuna, habría de entenderse que apoyan y por tanto colaboran con ETA. Tate. El Estado español -que es democrático y está en Europa- no quiere llenar los estadios de  San Mames o Anoeta con presos; prefiere tener vía libre para pescar a su arbitrio a aquellos que considere oportuno en cada momento. No para afectar a la actividad de ETA, es obvio, sino para impedir o al menos dificultar la acción política de la izquierda abertzale civil.
 
Hay que recordar, además, que el Estado español hoy ya dispone de abundantes resortes desde el Código Penal, las sucesivas leyes antiterroristas, de seguridad ciudadana, la LSSI, etc hasta las aparentemente inocuas ordenanzas municipales de limpieza u ocupación de vía pública, para reducir al mínimo si se quiere la actividad política, sindical y social; acogotándola a multas y detenciones. Que la situación social y la correlación de fuerzas haya hecho innecesario en general hasta ahora -por ejemplo en nuestra Nación- el uso de este arsenal no significa que no este ahí a la espera, validado por el parlamento, dispuesto a ser utilizado para que los islotes democráticos en esta democracia española sean reducidos, en el pleno sentido físico de la palabra, a la virtualidad.
 
 
Contexto profundo y coyuntura.
 
Todavía en 1995 el mismo Aznar decía que la hipotética ilegalización de la izquierda abertzale era inútil para acabar con el terrorismo vasco y que había otras prioridades.
 
La Tregua de ETA de 1998-99 y el Pacto de Lizarra-Garazi, alteraron forzosamente los planes iniciales de Aznar. Nunca hubo desde 1975  hasta entonces en las cúpulas del PP, PSOE y PCE mayor preocupación y nerviosismo por el cariz que tomaban los acontecimientos. ETA entonces no mataba, pero el tono del discurso españolista no por ello se atenuó, antes al contrario. No había terrorismo pero el nacionalismo español estaba mucho más inquieto que cuando ETA actuaba. Sin el recurso a la critica de la violencia y con el discurso democrático claramente del otro lado, al Estado español sólo le quedaba recurrir en la propaganda a espantajos de presunta limpieza étnica y a la amenaza de la fuerza contra las instituciones vascas.
 
El boicoteo de la tregua desde Madrid fue exitoso gracias a la torpeza y prepotencia de ETA y a la duplicidad y cobardía del PNV. El Gobierno extrajo las enseñanzas debidas del trago pasado y se dedicó a elaborar un diseño político hecho exprofeso para intentar evitar la reedición del periodo de Lizarra-Garazi. Un eje del proyecto gubernamental español era la neutralización y supresión políticas del independentismo socialista vasco. Suprimir a Batasuna para impedir cualquier posibilidad de acuerdo con el PNV; para favorecer la hegemonía en la izquierda abertzale de los sectores más militaristas y para facilitar con su ausencia forzada, primero el acoso y luego la toma por las fuerzas españolistas de las instituciones vascongadas gracias a mayorías fraudulentas. Los antiguos franquistas e hijos del franquismo que nutren el PP -aún están frescas las declaraciones ultraespañolistas de Mayor Oreja diciendo que Euskadi no existe- tienen claro -más que el mismo nacionalismo vasco- el riesgo que supone Euskadi para la unidad y preservación del Estado español y consecuentemente para el orden social que lo sostiene y al que ampara y no están dispuestos a negociar nada que no asegure -aunque sea en condición de privilegio- la continuidad vasca en el Estado español. Estratégicamente, quieren colocar un dique a unas aguas que si caen en Euskadi saben que también lo harán a continuación en Cataluña y luego ya de forma incontenible aquí o allá; hasta llevar a España al basurero de la historia, a reunirse con el Imperio otomano o el austrohungaro. De ahí que no quepa extrañarse de que no estén dispuestos a detenerse ante nada ni ante nadie. 
 
este objeto, el bloque PP-PSOE ha pretendido descubrir ahora que entre ETA y Batasuna existe una relación política, como si no fuera un hecho sobradamente conocido y obvia su existencia desde siempre y como si esa misma relación no hubiera sido usada y tenida en cuenta en innumerables ocasiones por unos y otros. Durante años era ETA quien exigía ser el interlocutor del Estado español (y de ahí las negociaciones de Argel con el Gobierno PSOE) y eran los españolistas los que decían que sólo hablarían, en su caso y sin terrorismo actuando, con la izquierda abertzale civil. La relación política existente entre ETA y Batasuna deriva de la misma historia de Euskadi y de la izquierda abertzale y es también notorio que no se asienta en vínculos operativos (que siempre han sido perseguidos y castigados penalmente) sino en la comunidad -conflictiva y paulatinamente más plural- de objetivos políticos e ideología y en la condición de expresión política compartida de un sector social realmente existente en Euskadi. 
 
En esta etapa, la degradación política, ética y militar de ETA ha servido altamente para facilitar la consumación de los objetivos del Gobierno y el Estado español. Progresivamente aislada dentro de Euskadi; recurriendo al terror indiscriminado de hecho fuera de Euskadi (hemos tenido ejemplos en Andalucía de ello) sin la menor consideración política con ninguna otra nación del Estado; baste recordar como botón de muestra -una vez ya aprobada la Ley de partidos- el ultimo y reciente atentado de Santa Pola (Países Catalanes). La colocación de una bomba junto a una Casa-Cuartel de la Guardia Civil tuvo como resultado la muerte de una niña de 6 años, hija de un guardia civil, y la de una persona mayor que esperaba el autobús en una parada cercana.  El comunicado en el que ETA reivindicaba y justificaba la acción (ver enlace) aparte de rellenarlo con la sutil  amenaza a todos los partidos que no votaran NO a la ilegalización de Batasuna, decía que no era responsable de que las familias de guardias civiles vivieran en casas-cuartel y que quien no quisiera arriesgarse a ser coste colateral de ETA que no se acercara a lo que ETA considera sus objetivos (una larga lista, ciertamente). Esta declaración evidenciando nuevamente que la responsabilidad de estos asesinatos no podía adjudicarse meramente a la fatalidad o a la chapucería militar últimamente dominante en ETA, sino que derivaba directamente del autismo y empobrecimiento políticos, del egocentrismo, la irracionalidad  y la perdida de criterios éticos dominantes en la dirección de ETA. El comunicado de Batasuna (ver enlace) en relación al atentado de ETA, de otra parte, donde lamenta los hechos pero no los critica, muestra como la renuencia a romper explícitamente con una estrategia agotada ha contribuido enormemente y de forma decisiva a facilitarle políticamente la faena al Estado español. Este curso, gestado en años, explica que el Estado español (tras haberse dedicado con empeño a asociar ETA y Batasuna) haya podido dar el salto que implica la Ley de partidos, justificándose tras ETA cuando su objetivo político real era Batasuna, sin temor a tener que responder a una reacción solidaria significativa fuera de Euskadi.
 
La ilegalización de Batasuna ha tenido de momento en Euskadi una respuesta movilizadora moderada. Cabe considerar que se piense en el medio más que en el corto plazo, aparte de las nuevas dificultades que conlleva la clandestinidad. Tanto política como socialmente la mayoría de Euskadi -a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado español- está contra la ilegalización.
 
Con todo, la prohibición no ha dejado de provocar sus efectos. El PNV sigue con sus dos almas de toda la vida a cuestas -la independentista de fin de semana o de milenio y la autonomista negociante de los días de labor- pero que opte ahora por la vía de la reforma estatutaria en lugar de por la asunción unilateral de competencias usurpadas denota que los michelines(1) ganan grasa. Que haya sido la policía autónoma a su mando la encargada de clausurar las sedes de Batasuna es un signo posible de que en Lakua(2) no descartaban que La Moncloa estuviera esperando un pase foral(3) para quitarles el mando de la Ertzantza(4), pero al margen de estas u otras presunciones no deja de ser un acto de sometimiento impresentable a Madrid.
 
De las otras dos fuerzas representadas en el Gobierno, cabe destacar que EA ha organizado por su parte una concentración de protesta contra la ilegalización en Guernica y que junto a declaraciones de fe independentista, ha difundido criticas recias al Juez Garzón. Queda por ver qué hechos sucederán a estas palabras. EB-IU, de una parte ha vuelto a tener que reproducir su espectáculo habitual: defender el no a la ilegalización en Euskadi pero entender que su central española a la hora de la verdad realice una abstención cómplice en Madrid. También ha terminado plegándose a la presión de sus mandos en Madrid a la hora de rectificar la propuesta de someter a voto en el Parlamento vascongado un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Partidos, reconvirtiéndola en lo propio pero desde el Gobierno vasco, para evitar una contaminante coincidencia de voto con Batasuna. Ahora bien, la propuesta carroñera sobre el nuevo modelo federal (ver enlace) como nuevo Abrazo de Vergara(5) esa sí  parece ser de cosecha vasca, aunque más que una pretendida solución sea una auténtica distorsion.
 
Lo que ni PNV ni EA ni IU-EB han dicho es que, a partir de considerar previamente trucadas las próximas elecciones, no comparecerán en esos comicios, salvo que Batasuna (o su herencia) pueda presentarse. Eso no.
 
ELA -primer sindicato de Euskadi y que con LAB tiene mayoría nacional- en un interesante comunicado (ver enlace) se posiciona afirmando que «un proceso soberanista no avanzará sin confrontación con el Estado español, aunque ello suponga hacer frente a la amenaza de retirada de las esferas de poder 'otorgadas' por Madrid'», criticando al Gobierno PNV-EA-IU por «dar preferencia a la obediencia debida sobre la defensa de los derechos y libertades y el cumplimiento de la voluntad de la ciudadanía a la que representan lo que es, no sólo un error democrático, sino también un suicidio político». Para ELA, el acatamiento de las órdenes recibidas desde Madrid «degradan y erosionan la condición de órganos políticos de las instituciones vascas y las reduce a eslabones de una cadena administrativa». 
 
Batasuna -o mejor dicho las personas que actúan como referencia de ese sector político- mantiene en público de momento un discurso optimista y voluntarista y se muestra especialmente sensible en la preocupación por preservar su electorado y evitar que haya fugas hacia PNV y EA.
 
La mejor noticia que podría provenir de Euskadi en esta coyuntura, la que cambiaria automáticamente el escenario político y la más temida en Madrid porque transmutaria la defensiva en ofensiva políticas -una declaración de tregua indefinida por parte de ETA- es, a fecha de hoy, poco previsible.(6)
  1. Michelines, se usa -recordando la imagen de marca del muñeco de los neumáticos Michelín- en referencia a los anillos de grasa en las caderas y políticamente en Euskadi a partir de una expresión del líder del PNV Arzalluz en los que con esta palabra definía a los  sectores acomodados y acomodaticios de su propio partido, prestos a pactar con Madrid y a dedicarse a los negocios.
  2. Lakua, sede del Gobierno vasco.
  3. Pase foral, procedimiento tradicional en el Antiguo Régimen cuando llegaban a las provincias vascas leyes de la Corona española para avalar o para acatar pero no cumplir.
  4. Ertzantza, Policia autónoma vasca
  5. Abrazo de Vergara, pacto con el que termino la Guerra carlista (siglo XIX) entre liberales y absolutistas.
  6. Sobre el proceso de ilegalización , ver ANDALUCIA LIBRE nº 115, 118, 126 (Archivo de Boletines) o Sobre Euskadi
 
Retratos parlamentarios
Las fuerzas políticas ante la ilegalización de Batasuna
Andalucía Libre
 
Momentos trascendentales como la votación parlamentaria para ilegalizar Batasuna y los posicionamientos previos (ver enlace) definen bien a cada fuerza política.
 
Votaron a favor 295, PP-PSOE, Partido Andalucista y Coalición Canaria. Se abstuvieron 29, Convergencia y Unió; Chunta Aragonesista, Bloque Nacionalista Gallego e Izquierda Unida. Votaron en contra 10, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds
 
De quienes votaron a favor, no vamos a ocuparnos de los españolistas expresos y confesos. De los regionalistas canarios (nuevamente representados en la tribuna por J.C. Mauricio, antiguo secretario general del PCE en Canarias)  sólo apuntar que en cada ocasión que se le escucha, sorprende su capacidad para revalidar y elevar niveles de cinismo y reaccionarismo que difícilmente parecen superables. Hay quien dice que el portavoz del insularismo canario suele explicar con su verbo desenvuelto mejor la política del PP que el propio PP. Para observadores ajenos no deja de resultar llamativa la armonía discursiva resultante de una síntesis en donde se mezcla la experiencia de un exestalinista renegado con el manejo de una banda de tránsfugas de la UCD. Escuchar a Mauricio defender que no hay presunto nacionalismo valido más que dentro de la defensa de España, porque eso es lo moderno, no tiene desperdicio. A anotar su cuidado de la imagen en televisión, puesto de manifiesto cuando al cruzarse en la escalera con Anasagasti (PNV) siendo canario, se hizo el sueco descaradamente para no responder al saludo del vasco.
 
José Núñez, diputado del PA y candidato a la alcaldía de Sevilla, por contra, al explicar su alineamiento contra los derechos democráticos y detrás de las fuerzas españolistas volvió a demostrar que la oratoria no es lo suyo. Que nuevamente hubiéramos de escuchar como se usaba el nombre de Andalucía, para hacer españolismo por parte de un partido llamado andalucista producía no se sabe si más pena que asco o más indignación que hartura. Sería parcial sólo decir que el PA volvió a juntarse con quienes les aseguran las poltronas, los sueldos y los negocios en la Junta y en los Ayuntamientos. Siendo esto seguramente una razón de entidad -como cuando apoyaron últimamente la invasión de Afganistán, la expedición colonialista española en el Perejil o antes el mismo Pacto españolista PP-PSOE- hay que considerar también el peso de la historia y que esta fuerza siempre ha confundido interesadamente su presunta versión del nacionalismo andaluz con el españolismo alienante y paralizador del agravio comparativo y siempre se ha manifestado incapaz de hacer avanzar un milímetro la conciencia nacional andaluza. Y es que si a los del PP si se les rasca les sale el discurso joseantoniano, a los del PA les sale un híbrido entre PP-PSOE; puede que por tanto rebotado de por ahí refugiado en sus filas o porque el grueso de sus mentores -Rojas Marcos, Arredonda, De los Santos, Uruñuela...- iban de jóvenes para esto y se quedaron en una cosa como el PA. Para colmo de cutrez y servilismo y para ser más españolistas que los españolistas, el PA anda indignado ahora porque PSOE-PP no le dejan -de momento- someter a voto en el Parlamento andaluz una resolución de apoyo a la ilegalización de Batasuna. Así les va y así nos va a Andalucía con semejantes piezas.
 
De los abstencionistas, CiU -que había votado a favor de la ley- se explicoteo en términos jurídicos, dando consejos de cómo es aconsejable ponerse guantes antes de meter las manos en la mierda, de como hubiera sido mejor dejar que los jueces se ganasen el sueldo, de los riesgos no fuera a ser que, por casualidad, algún Tribunal internacional de esos tan inútiles que hay por Europa le diera por ponerse proteston y lo mal que iba a quedar entonces la democracia española, toda pringada ella... En fin, el partido de Pujol hizo de su abstención un sí, pero, buscando no perder demasiados puntos en Cataluña ni a un lado ni a otro y mantener abiertas sus tradicionales relaciones con el PNV.
 
Del BNG -que había votado NO a la Ley y ahora se pasaba a la abstención- decir que escuchándole parecía que su sitio precisamente estaba donde votaba: a medio camino entre Labordeta, el PCE-IU y CiU. Apoyo al proceso judicial; Galicia ante todo (o lo que es lo mismo, no vamos a pagar costes por asuntos ajenos), temor ante la presión mediática, etc. Triste discurso para un diputado -Rodríguez- que ya de por si desprende tristeza y triste situación para una fuerza que pretenda algún día liberar su país -si es todavía el caso- reconocer que no se tiene valor para hacer lo debido.
 
A Llamazares (PCE-IU) hay que agradecerle la claridad para situar a IU en su sitio -como heredera del PCE- aunque su rigor histórico sea tan escaso como abundante su desverguenza. Ahí que vino a decir que -ojo- que el PCE había estado contra la el uso de la violencia hasta contra el franquismo, con lo que de un plumazo rescribió la relación del PCE con el Maquis antifranquista hasta que este fue exterminado por el Régimen mediados los años cincuenta  (que por entonces el PCE combinara la lucha armada con la búsqueda de pactos políticos que prefiguraban el que después hizo en la Transición, es otro asunto).  Un caluroso apoyo a Garzón (al que le falto llamarle compañero); una defensa del Pacto de Ajuria-Enea y de la Constitución española; un recordatorio dolido de los meritos adquiridos por el PCE acompañado de un llamamiento a PP-PSOE para restablecer puentes y que se les perdonara que no se sumaban a la ilegalización con banderas desplegadas, para terminar con un ejercicio de incoherencia supina al afirmar que la ley en cuestión era inconstitucional  -por lo que habían votado antes que NO- pero llegado el caso de aplicarla no se oponían a que así fuera, que ese es aquí el sentido de la abstención. En resumen, un punto de encuentro (quizá sea a esto a lo que llamen tercer espacio) entre la cagalera ante el acoso mediático y el españolismo congénito; la revalida de que al PCE-IU no puede comprársele un coche usado; la pena, al recordar que sin los votos andaluces lo que quedaba del PCE-IU no aguantaba un chubasco y estos estarían pronto en su casa (o en la casa común) y un interrogante, ¿como puede alguien de izquierda y andaluz  -si es consecuentemente de izquierda y nacionalmente andaluz- aguantar dentro del PCE-IU?. ¿Hacen falta más pruebas de que las formaciones españolas (o de referencia y ámbito español, si le damos al eufemismo) son esencialmente inútiles y no digamos si son como el PCE-IU?. Por cierto, su antigua sucursal y próximo referente en Cataluña -IC/Verds- tuvo la astucia, al menos, de hacer el mismo discurso casi, pero votando NO.
 
Los vascos -PNV y EA- que votaron NO, no tuvieron su día. Lagasabaster (EA) en el poco tiempo disponible apunto algunas criticas democráticas a la ley, recordó la mayoritaria oposición política, parlamentaria y social vasca a la ley y desperdicio segundos con un llamamiento contra la crispación y por el dialogo, que no tocaba y con el que, además, no le iban a perdonar desde los bancos españolistas anteriores intervenciones más contundentes. Lo de Anasagasti (PNV), simplemente, es para leerlo (mejor escucharlo). Y es que al hombre -que se le nota que no traga a Batasuna ni en pintura- le pone de los nervios las acusaciones del PP-PSOE de que el honesto PNV son casi como ellos (aunque en este debate, al PSOE le tocaba el papel de policía bueno, por aquello de mantener los puentes) y así se adelantó un tanto inquiriendo si tras ilegalizar a Batasuna estaban pensando también en ilegalizar al PNV.
 
La mejor intervención del día corrió de la mano de Puigcercós (ERC). Desde la legitimidad de quien no venia de la dictadura franquista (andanada al PP) ni había sido autista con el terrorismo de estado (andanada al PSOE) remarcó que lo de Euskadi era un conflicto político (como Irlanda del Norte o Córcega) que tenía que tener soluciones políticas, posicionándose hacia una salida irlandesa. Rechazó que se aplicara una ley española a una nación como la vasca que la rechaza; refirió los intereses electorales existentes tras el asunto y las motivaciones orientadas a desgastar también al Gobierno vasco y terminó constatando que ningún partido catalán, vasco o gallego había votado que sí, lo que era un favor forzado por la retórica, vistas las posturas citadas, pero al que no pudo resistirse para disociar Euskadi, Cataluña y Galicia del resto (dado que es catalán y el partido andaluz que había allí mejor que no estuviera -porque cada vez que habla sube el pan- no se le puede reprochar a priori que no tuviera en cuenta a Andalucía).
 
Y así quedaron retratados para la historia.
 
Nota:
Batasuna boicoteo las ultimas elecciones generales españolas
Textos de analisis y opinión de ANDALUCIA LIBRE sobre Euskadi -
Publicados entre 2000 y septiembre de 2002 
 
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Solidaridad con Palestina

Enlaces:
 
MúsicaBraveheart, James Hornes
 
 
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