Inicio > Mis eListas > andalucialibre > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 121 al 150 
AsuntoAutor
nº 128 - Andalucía Andaluci
nº 129 - Luchas si Andaluci
nº 130 - Marruecos Andaluci
nº 131 - España oc Andaluci
nº 132 - Fortuna b Andaluci
nº 133 - Alternati Andaluci
nº 134 - Especial: Andaluci
nº 135 - Zapatismo Andaluci
nº 136 - Andalucía Andaluci
nº 137 - Economia Andaluci
nº 138 - Eleccione Andaluci
nº 139 - Andalucía Andaluci
nº 140 - Presupues Andaluci
nº 141 - Marinaled Andaluci
nº 142 - Brasil: G Andaluci
nº 143 - Chechenia Andaluci
nº 144 - La Crisis Andaluci
nº 145 - Asamblea Andaluci
nº 146 - Economia Andaluci
nº 147 - 4 de Dici Andaluci
nº 148 - Dos crisi Andaluci
nº 149 - Venezuela Andaluci
nº 150 - Noticias Andaluci
nº 151 - Puntadas Andaluci
nº 152 - Sumarios Andaluci
nº 153 - Palestina Andaluci
nº 154 - Crisis An Andaluci
nº 155 - Urgente: Andaluci
nº 156 - Andalucía Andaluci
nº 157 - Spanish H Andaluci
 << 30 ant. | 30 sig. >>
 
Andalucía Libre
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 180     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 154 - Crisis Andaluza - Municipios - Chapapote - Puer to Rico
Fecha:Jueves, 16 de Enero, 2003  20:34:50 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>


nº 154
 
En este correo:
 
*ANDALUCÍA
*La inflación subio en 2002 un 4%, doble de lo previsto por el Gobierno.
   El Remate: La estadística es un cachondeo
*El negocio de la construcción en Sevilla: beneficio económico frente a necesidad, Rubén Ibán
*Granada: Los políticos recurren a las mismas promesas electorales desde hace 14 años, Amina Nasser
   El Remate: Tras las consecuencias, las causas
*Granada: IU aspira a revalidar sus concejalías y ve 'positivo' el pacto tripartito PSOE-IU-PSA
   El Remate. Más de lo mismo
*Protestas campesinas en Almería y Granada - [Más Enlaces]
*¿Hacia qué nueva PAC se encamina Europa?. Víctor D. Martínez Gómez 
*Manifiesto por un Futuro para el Medio Rural, Documento
*El SOC avanza en el acuerdo con el Gobierno español sobre el subsidio agrario
*Video Asamblea Nacional del SOC
*Opinión, La lucha por la paga. Andalucía Libre - [Más Enlaces]
*La Junta destinará 164 millones a la reactivación de las comarcas mineras de Huelva   
*GALICIA-ANDALUCÍA, Opinión, Lo que trajo el Chapapote. Andalucía Libre
*Enlaces Gallegos - LAS FUELCHUP - Paginas Tecnicas
*SUGERENCIAS y AVISOS:
- Vieques y Puerto Rico (Enlaces)  - La Guerra de las Cajas de Ahorro en Andalucía - Cádiz Rebelde 57
- Encuentro en Jaén: Guerra Global, Europa e izquierda alternativa - Encuesta Viva
*Solidaridad con Palestina
*Directorio de Andalucía - Música de fondo
 
--oOo--
 
 
 Andalucía
índice de precios de consumo
La inflación subió al 4% en 2002, el doble de la previsión oficial del Gobierno español
AGENCIAS /MADRID
 
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,3% en diciembre respecto al mes anterior, con lo que la inflación interanual creció una décima y se situó en el conjunto de 2002 en el 4%, según datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
 
Por su parte, la inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- creció un 0,2% en diciembre, aunque la interanual disminuyó en una décima y acabó el año en el 3,5%. Asimismo, el IPC armonizado español (IPCA) subió un 0,3% el mes pasado, y también se sitúa en tasa interanual en el 4%. El aumento de la inflación en diciembre se debió, fundamentalmente, al incremento de precios de los grupos de ocio y cultura (1,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas, enseñanza y transporte (0,6%). En menor medida también aumentaron en hoteles, cafés y restaurantes, y menaje (0,3%); en vivienda y otros (0,2%); y en medicina (0,1%). Por su parte, se mantuvieron sin variación el mes pasado en bebidas alcohólicas y tabacos, y disminuyeron en vestido y calzado (-0,7%) y en comunicaciones (-0,2%).
 
Respecto al comportamiento de los grupos especiales en diciembre, destaca el aumento de precios de los carburantes y combustibles (1,3%) y los productos energéticos (0,9%). Los alimentos no elaborados aumentaron un 1,1%, mientras los elaborados lo hicieron más moderadamente (0,2%); los precios de bienes de consumo duradero crecieron un 0,1%, y los de servicios (sin alquileres), un 0,5%.
 
En el conjunto de 2002, los grupos donde más subieron los precios fueron hoteles, cafés y restaurantes (5,8%), vestido y calzado (5,3%) y transporte (5% seguidos de enseñanza (4,7%), alimentos y bebidas no alcohólicas, y bebidas alcohólicas y tabaco (4,6%), otros (3,9%), vivienda (2,9%), medicina (2,6%), menaje (2,4%), y ocio y cultura (1,8%). En comunicaciones, la inflación bajó un 5,1% el pasado año. En el índice estatal de rúbricas, los mayores descensos de precios se registraron en carne de ave (-2,4%) y en prendas de vestir de mujer (-1%). En el capítulo de subidas, destaca el aumento de precios del pescado (3,4%), la carne de ovino (2,7%), la educación infantil y primaria (1,6%), los huevos (1,5%) y el marisco (1,2%).
 
El Remate: La estadística es un cachondeo
¿Quien se cree que la inflación ha subido este año en Andalucía sólo un 4%?. Seguramente habrá algún oculto gabinete de estudios, trabajando para algún banco o multinacional, que disponga de los datos reales. Y lo mismo ocurre con esto como con los documentos oficiales de la CIA, que dentro de cincuenta años los desclasifican y allá por 2053 algún estudioso le descubre a nuestros nietos lo que realmente pasó a cuenta del euro. Pero hoy ya, los datos del INE ni coinciden con la percepción social ni tienen credibilidad, tras las múltiples reformas sufridas para cuantificar la inflación. Ocurre lo mismo que con las cifras del desempleo en la Encuesta de Población Activa; que ya se pierde la memoria de tantas modificaciones que ha sufrido para sacar gente de las estadísticas y lavarle la cara a los datos. La diferencia entre una cuenta y la otra es que los parados no se ven identificados y se notan todos los días (hasta que perdida la vergüenza, se imponga lo de ir por la calle con un cartel, que todo se andará, y entonces se vería cual es el panorama) pero lo de la inflación lo sentimos todos cada vez que vamos al supermercado, al bar o nos montamos en el autobus. Que no se llega a fin de mes; que este dinero nuevo es de juguete; que cunde menos... eso es lo que se escucha y se comenta en la calle. ¿Habrá alguien que cuantifique el inmenso trasvase de rentas de los asalariados a las grandes empresas que ha producido la introducción del Euro?. Lo decíamos en ANDALUCÍA LIBRE a contracorriente cuando se vivía la inducida euforia europeista de hace un año -¿se recuerda ahora?-: que la moneda única significaba -entre otras muchas agresiones- que íbamos a seguir cobrando salarios andaluces, pero con precios europeos. Y nuestros muy europeistas sindicatos oficiales -CCOO/UGT- vistiendo de combativa la aceptación del referente del 4% para no afectar a la competitividad... cuando, sólo para recuperar lo perdido, tendríamos que estar pensando en demandas de subida salarial de dos digitos.
¡Toma euro!.
 Andalucía
El negocio de la construcción en Sevilla: beneficio económico frente a necesidad
Rubén Ibán
La Haine
 
Escapando, sorprendentemente, a la amenaza mundial de desaceleración económica Sevilla ha seguido creciendo en su PIB un 3,1% este año. El principal motor de este crecimiento sigue siendo la construcción, con una tasa de crecimiento interanual del 7,2% en el segundo trimestre(1). Ante la falta de otras actividades productivas, en Sevilla se pretende el crecimiento económico a través de una economía desarrollista basada en la construcción, se construyen pisos, polígonos, puentes, exposiciones universales,... La administración local lo impulsa en la medida de sus posibilidades, y sin embargo en Sevilla los barrios se caen a pedazos, sigue habiendo un buen numero de núcleo chabolistas, los polígonos de viviendas se convierten en guetos,... Mientras en la periferia, en el Palmete o en Torreblanca, hay zonas sin red de saneamiento o los mínimos equipamientos públicos, el ayuntamiento se dedica a obras faraónicas e innecesarias, mientras un buen numero de familias siguen viviendo en condiciones pésimas en el El Vacie o en Los Bermejales, desde 1997 no para de crecer el numero de viviendas libres construidas y su precio, del 25% en el ultimo año(2). No es solo que se construya sin necesidad, despilfarrando recursos aunque obteniendo beneficios, es que esos recursos deberían invertirse mucho antes en otros lugares.
 
La importancia de la construcción en Sevilla se inscribe en un contexto de políticas desarrollistas, en cuanto a este sector, en todo el Estado español. La construcción de vivienda lleva un ritmo frenético en los últimos años y sigue aumentando 475.000 iniciadas en el 2001 en el Estado español lo que hace alcanzar enormes cuotas de benéfico tanto a constructores como a inmobiliarias.
 
Los precios del suelo y la vivienda.

En los seis primeros meses del 2001 el precio de la vivienda creció en un 16´6%, un 13% más que los sueldos de los trabajadores asalariados(3), desde julio del 2001 hasta julio del 2002 subieron un 15%(4). En el Estado español el pago de una hipoteca supone, hoy en día un 47,5% de la renta familiar de media, y esto teniendo en cuenta que se han multiplicado las familias en las que entran dos salarios en lugar de uno.

El Estado español ha vivido dos periodos de enorme auge de los precios del suelo. El primero viene de 1985 hasta 1992, potenciado por la gran cantidad de flujos de capital provenientes de Europa(5), durante este periodo el precio de la vivienda creció un 97%. A este periodo de auge, por supuesto, le siguió uno de crisis que duro hasta el 96, momento en el que empieza la nueva inflación de la vivienda, en el periodo 97-01 el precio de la vivienda crece un 50%. Sevilla no se queda atras, sus valores respectivos para dichos periodos son subidas del 133% y del 48%, valores muy superiores ambos a los obtenidos en el resto de Andalucía.(6)

La otra cara de la moneda de la lógica neoliberal aplicada a la construcción es la cada vez menor intervención de la administración publica en el tema de la vivienda. La drástica reducción de las viviendas de protección social, no es un caso exclusivo de Sevilla, es la tónica general de todo el Estado. En el Estado español construcción de viviendas de protección oficial ha pasado de ser un 50% en 1993 a un 7% en el 2001(7).

Mientras tanto según el ultimo censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en 1991, una de cada seis viviendas permanecían desocupadas (un 16% del parque de viviendas), la mayoría en el Casco Antiguo (24´47% del parque de viviendas vacío). El despilfarro de recursos en cuanto a la construcción de viviendas es un hecho constatado en Sevilla, y aun así no se consigue cubrir las necesidades de la población.
 
Necesidad de vivienda.

Aunque los indicadores estadísticos nos dicen que el paro decrece en Sevilla, en gran medida gracias a la construcción, las perspectivas de empleo no parecen muy alentadoras, tanto para los trabajadores no cualificados como para la gran masa de universitarios que salen a un mercado laboral saturado, en su mayor parte, de licenciados. No sólo hablamos del gran numero de parados sino que también del gran numero de empleos precarios, con escaso salario o poca seguridad, lo que no incita precisamente a empezar a pagar una hipoteca. Esta generación de jóvenes que vive hasta una edad muy elevada bajo el techo de sus progenitores o que depende económicamente de estos, o que, en el mejor de los casos, ha de hacer enormes esfuerzos para conseguir su propio techo, es especialmente numerosa en Andalucía y por que no decirlo, en Sevilla. Aunque el gobierno adopte medidas para aumentar el consumo de viviendas, como la reducción de los tipos de interés, este tipo medio de consumidores no nos explica el consumo de la enorme oferta de vivienda (aunque muchos pertenecientes a este grupo sí contribuyen mediante grandes sacrificios personales). La verdad es que, a pesar de los problemas de la juventud sevillana para comprar una vivienda, según los últimos datos que se atrevió a publicar la delegación de urbanismo, 5.000 viviendas permanecen desocupadas en el casco histórico y casi 20.000 familias carecen de techo propio(8).

A la pregunta ¿por qué sigue aumentando la demanda? responde el propio Instituto Nacional de Estadística, al afirmar que un 10% de la demanda corresponde a la compra de segundas viviendas y un 50% a inversiones de capital sin función de vivienda. El ladrillo se ha convertido en el refugio seguro de grandes cantidades de capital en previsión de futuras turbulencias en el mercado. La caída de la rentabilidad en los mercados de valores y los fondos de inversión dirigen una y otra vez a los inversores hacia la vivienda y el suelo se convierte en una segunda bolsa. Este tipo de operaciones son una especulación con el suelo, ya que estos capitales no se están revirtiendo en las actividades productivas, son por completo improductivos y sin embargo pueden producir grandes beneficios a sus poseedores provenientes de la imparable subida del precio de los suelos. La vivienda es un valor seguro y mientras el precio del suelo no deje de aumentar será una enorme fuente de beneficios para los especuladores.
 
Papel de la administración.

El principal papel de la administración en todo esto es la promoción de la construcción mediante políticas públicas claramente desarrollistas. Constituyen estas, por una parte, grandes operaciones propagandísticas para la reelección del partido en el poder al nivel administrativos correspondiente, y por otra, grandes incentivos para el sector de la construcción privada, bajo la pretensión de inyectar vitalidad a las economías locales. Sevilla es un claro ejemplo de este tipo de políticas, cuya necesidad en unos casos, o incluso utilidad y rentabilidad a largo plazo en otros, es más que dudosa. Estamos hablando de la Exposición Universal del 92, los puentes de Barqueta y Alamillo, el Tren de Alta Velocidad, los Mundiales de Atletismo de 1999, etc... a lo que hemos de sumarle las grandes obras de iniciativa privada que surgen de forma colateral a las publicas, hoteles de lujo, campos de golf,... Política que tiene todas las posibilidades de continuar en un segundo parque tecnológico, bajo la más que discutible excusa de falta de espacio en Cartuja, el gran centro comercial proyectado en dicha isla o la pretensión de acoger las Olimpiadas del año que les dejen.

El Estado es uno de los grandes beneficiarios de estas actividades (recalificación de suelos, impuesto sobre la vivienda,...) y las potencia en la medida de sus posibilidades. La administración local recauda impuestos de las constructoras por una parte y de la vivienda por otro. Al subir el valor del suelo, alza en gran mediada promovida por la administración como es por todos conocido, sube el valor catastral de la vivienda, se incrementa la contribución y otros impuestos a recaudar. La construcción además crea empleo, y el crecimiento paralelo de la construcción y el empleo es algo de lo que no duda en vanagloriarse la administración local en el "Informe Socioeconómico de la ciudad de Sevilla en el 2001”. El razonamiento se reduce a la simple ecuación: construcción= empleo= bienestar, algo que podrían haber dicho también los faraones cuando construyeron las pirámides. Es del todo cierto que la construcción esta absorbiendo un gran numero de mano de obra, lo cual no responde necesariamente al interés de los trabajadores. Es este un sector con inmejorables condiciones para la sobreexplotación de la mano de trabajo por la precariedad y temporalidad del empleo. Así que haciéndoles el juego a las empresas de la construcción, la administración ayuda a la acumulación de capitales y la transmisión del crecimiento a sectores relacionados como la producción de cemento, ladrillos... cumpliendo obedientemente con los dictados de la economía neoliberal “(...)poco importa si esto se lo gran en la producción de alimentos básicos, viviendas, perfumes o bombas y cañones”(9).
 
En Sevilla no hay ninguna actividad realmente productiva que justifique el crecimiento de esta urbe, así que tradicionalmente se ha optado por la especulación y la construcción como principal negocio. La política de la administración se reduce en ocasiones a mera comparsa del interés privado, cuando no principal promotor de la barbarie desarrollista. El caso es que Andalucía, esquilmadas sus tierras, sometida a procesos de desindustrialización total desde los ochenta, marginada su población de jornaleros y desestructurada su flota pesquera, encuentra su función para con el sistema capitalista en actividades económicas orientadas a convertirla en un enorme parque de atracciones para Europa, tanto en su litoral, ya completamente destrozado, como en sus ciudades. Lugar de ocio, de segundas viviendas, de casas adosadas y de atracciones turísticas. Mientras tanto la población despedida de sus actividades tradicionales no encontrará otro camino de seguir para adelante, que poniendo ladrillos, sirviendo tapas a los extranjeros y en un futuro cada vez mas cercano, la emigración.
Notas:
1. Así lo afirma el Informe de Coyuntura Económica de la Provincia, elaborado por la Universidad de Sevilla.
2. Diario de Sevilla, 17/12/02.
3. Ibídem.
4. Ibídem de Julio del 2002.
5. La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995). José Manuel Naredo.
6. El mercado de la vivienda de compra en Andalucía: pasado, presente y futuro, Luis Díaz Serrano.
7. Datos publicados por El País (Julio del 2002).
8. Datos publicados en El Correo de Andalucía.
9. Estructura de clases y política urbana en América Latina (1974), Emilio Pradilla Cobos.
 Andalucía 
Granada: Los políticos recurren a las mismas promesas electorales desde hace 14 años
Proyectos, maquetas y recortables de la autovía a la Costa y el campus de la Salud resurgen en cada precampaña como una «prioridad». La oferta de viviendas sociales aparece en todos los programas desde 1991
Amina Nasser - Ideal
 
Granada: Alhambra desde el Albayzin.
 
Cada año electoral se construyen castillos en el aire. En vísperas de elecciones, los representantes de los partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno emprenden una frenética carrera de inauguraciones -aunque las instalaciones ya hayan sido inauguradas-, primeras piedras, convenios multimillonarios, maquetas, dibujos y recortables.

Prometen el universo -porque las promesas no cuestan dinero- y repiten los mismos compromisos de precampaña en precampaña: la autovía a la Costa, el campus de la Salud, el museo de la ciudad, la construcción de un gran espacio escénico, la promoción de miles de viviendas sociales, el soterramiento de las vías del ferrocarril y la reforma de la estación de Renfe, la rehabilitación del centro histórico y del Albaicín, el teleférico a la Sierra, el «canal de aguas bravas» en el Genil... y hasta la celebración del Campeonato Mundial de Piragüismo en el inexistente «canal de aguas bravas».

Los políticos recurren a las mismas promesas electorales desde hace hace catorce años. Pero pasadas las elecciones, llega la amnesia. Las promesas se desmoronan como los castillos de naipes. Las «aguas bravas» se vuelven mansas y el cauce urbano del Genil se convierte en un río tan turbio que causa estrés a los patos. Así, hasta la próxima convocatoria electoral, en que los proyectos resucitan y se presentan nuevamente los dibujos, maquetas y recortables, cada vez más añejos, de la anterior precampaña.

Se diría que el tiempo no ha pasado desde 1989, año de elecciones generales. La autovía a la Costa merodeaba por Granada desde tiempo inmemorial y aparecía, por primera vez, el dibujo del campus de la Salud. En aquella confrontación electoral, el proyecto de la autovía, aunque no existía, fue el tema estrella. El socialista Ángel Díaz Sol (antes diputado, ahora, senador) había vuelto a prometer que presionaría por la Bailén-Motril, y su adversario político del PP, Andrés Ollero (antes diputado, ahora, diputado), prometía: «Votaré al PSOE si Díaz Sol me lleva a visitar las obras de la autovía». Ollero no tuvo que votarle al PSOE. En 1996, cuando el PP llegó al Gobierno de la nación, no se había iniciado ni un sólo tramo de la autovía entre Granada y la Costa. El Gobierno socialista construyó el tramo entre Bailén y Granada, pero fue un ministro del PP, Rafael Arias Salgado, quien cortó la cinta, en 1997. En ese acto, el por entonces ministro dijo: «La autovía hasta Motril es una prioridad para Andalucía y para el PP».

La victoria del PP de 1996 llegó con euforia y promesas. José Torres Hurtado, ahora candidato a la alcaldía de Granada, aventuró, en 1998, que la obra estaría terminada en 2000. Un año después, aplazó la terminación hasta 2003. En 2003, pese a las «prioridades», sólo hay media autovía construida y las obras del tercer tramo en licitación.

La Euroárabe

1990 fue año de elecciones autonómicas. Granada iba a ser sede de la Universidad Euroárabe. «Hoy estoy especialmente satisfecho y orgulloso de anunciar la creación de la Universidad Euroárabe, lo que significa que de la raíz cultural de Granada salen nuevos brotes». Lo anunció el por entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en un mitin celebrado en Granada en víspera electoral. La creación de tal Universidad fue uno de los tantos proyectos que resurgía en precampaña, hasta que en 1995 se desmoronó el castillo: se creó la Fundación Euroárabe como alternativa a la fracasada Universidad. De la «raíz cultural de Granada» no brotó la Euroárabe ni llegaron a nacer otras tantas promesas realizadas en la precampaña de las elecciones municipales de 1991. Aquel año aparecieron propuestas mágicas: el museo de historia de Granada, la construcción de un gran teatro, la creación de un centro de la imagen para «apoyar el cine y el video, la apertura del Cuarto Real de Santo Domingo... Era parte de la oferta del PSOE para la ciudad.

Y muchas más cosas. El por entonces candidato a la alcaldía, Jesús Quero, se comprometía a resolver «la pesadilla» de muchos granadinos que tenían que pagar un elevado precio por el alquiler de un piso y a promover 300 viviendas al año a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa). Llegada la hora de la gestión, el número de viviendas menguó. La empresa municipal realizó unas pocas promociones y, al cabo de un tiempo, vendió parte de ellas a un grupo inmobiliario, que las revendió a particulares. Cuatro años después, el PP (que gobernó el municipio), prometería más de lo mismo: la oferta de suelo público para abaratar el precio del suelo y de la vivienda. Pero el coste de la vivienda siguió en ascenso hasta la siguiente precampaña, en que el PSOE (que gobierna ahora en coalición) volvió a prometer que traería rebajas y miles de VPO. Ni rebajas ni VPO. El precio de la vivienda está por las nubes.

Parques y museos

Era en la recta final del mandato del gobierno municipal de 1991. Los vecinos del Albaicín y Haza Grande iban a disfrutar del mayor parque de la ciudad en el Cerro de San Miguel, una obra que sería concluida en 1992. Granada, 2003. Los vecinos del Albaicín y Haza Grande no tienen ni un minúsculo parque. Pero puede que recuerden alguna que otra promesa que llegó en la precampaña de 1991, como la creación de un paraíso cultural en la carrera del Darro, donde se iban a rehabilitar edificios históricos para albergar museos de todo tipo. No hubo museos, sino una rehabilitación de fachadas que se haría años después.

Más generosa fue la precampaña de las elecciones generales de 1993, el año de los grandes proyectos y de muchos pequeños. El hospital militar iba a convertirse en un centro de salud, el barrio de San Matías sería modelo de rehabilitación, y Granada, con su centro histórico peatonalizado, se preparaba para conseguir la capitalidad cultural de Europa. Pero no tenía ningún teatro.
 
«La presa de Otívar será construida»
 
La precampaña de las elecciones generales de 1993 llegó cargada de promesas y convenios que traerían el gordo de la lotería. A finales de abril de ese año, José Borrell, por entonces, ministro de Obras Públicas, y Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, firmaban un convenio para mejorar las infraestructuras en las grandes ciudades andaluzas. Granada estaba entre ellas. Era el preámbulo de otro convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, también en víspera electoral, que incluía inversiones multimillonarias dentro del «programa» bautizado con el nombre de Ciudades del sur .

En la percha de ese plan fueron colgando proyectos que se habían ido demorando: el parque periurbano de las cuencas del Genil, Darro y Beiro, la rehabilitación del Albaicín, la estación de autobuses -único proyecto desarrollado-, equipamientos culturales y deportivos y la reforma de la estación de Renfe. La modernización de la estación de ferrocarril fue entonces objeto de otro convenio institucional para promover una operación urbanística, que incluía la construcción de una nueva terminal y el compromiso de las administraciones central y autonómica de financiar parte de la operación. De aquel asunto se habló durante algunos meses, y luego no se supo más.

Esa convocatoria pre-electoral trajo una promesa inversora de miles de millones. A principios de mayo de 1993, Borrell prometía 18.000 millones de pesetas (más de 108 millones de euros) para construir simultáneamente las presas de Otívar y Rules. Diez años después, la presa de Otívar sigue sin existir y las obras de Rules llevan años de retraso. También prometía la autovía hasta Motril si el PSOE ganaba las elecciones. Los socialistas consiguieron la victoria e iniciaron la autovía, pero desde Bailén hasta Granada. Lo de Motril era otra historia, como la del cuento de la lechera del campus de la Salud. Ese ha sido el proyecto más vendido desde los comicios locales de 1995. En marzo de ese año, días después de fallarse el concurso de ideas que se había convocado para desarrollar -y aplazar- el proyecto, la Junta de Andalucía anunciaba que el nuevo hospital Clínico comenzaría dos años después. No se puso ni una piedra, pero en la campaña de las elecciones generales de 1996, el campus volvió a ser la gran promesa. «Mi compromiso para la próxima legislatura es tener finalizado el Clínico». Fue un compromiso de Chaves. Lo único que terminó fue la maqueta para presentarla en vísperas de las generales de 2000 y prometer que vendría a Granada inaugurarlo en dos o tres años. Ese tiempo ya ha pasado.
 
El Remate: Tras las consecuencias, las causas
 
Cartel de la Junta de Andalucía - 
Referendum 28-f 1980
La estafa está a la vista...
Bien está recordar que la mentira forma parte consustancial del sistema político vigente. Bien también, denunciar como se mantiene la desvertebración de Andalucía, visible en la relegación de Granada y otras ciudades y comarcas andaluzas.
 
Pero para que el cuadro sea completo no cabe quedarse sólo en las consecuencias, sino que ha de apuntarse a las causas; a riesgo de que de no hacerlo, quedándose truncado el análisis, se derive hacia el lamento o el agravio intraandaluz, lo que nos volvería por otro camino al punto de partida y a la impotencia.
 
Guste o no, Andalucía tiene una economía dependiente. El grueso de la burguesía andaluza ha asumido el neoliberalismo sin por ello abandonar su papel subordinado y su tradición de parasitismo de la Administración, aprovechándose de privatizaciones y migajas que caen de la gestión publica. No hay inversiones productivas publicas, importantes y estables -prohibidas por el dogma y por los intereses y normas de la UE-; ni capacidad ni voluntad desde el Gobierno andaluz de intervenir políticamente condicionando de verdad el curso economico... todo lo más contadas inversiones en infraestructuras siempre planeadas en coherencia con la función adjudicada a Andalucía en el marco estatal y europeo. No hay que extrañarse que la aceptación de un modelo que implica desigualdad social y discriminación nacional contra Andalucía lleve consigo desequilibrios territoriales internos, a la manera de los que ya provocaron en otra etapa las actuaciones económicas del franquismo.  Hay quejas por las carencias, engaños, olvidos y retrasos pero en muchos de los que las formulan no hay interés por recordar que estas son derivadas de la ausencia de Poder político nacional. La escasez de fondos para afrontarlas proviene de la aceptación política de la dependencia, que implica la ausencia de devoluciones españolas realmente significativas, incluye la aceptación de la sustracción regular de recursos que, según las propias normas vigentes (véase fondos europeos robados y empleados fuera de Andalucía, PIE o FCI) deberían invertirse aquí y conlleva la renuncia a imponer políticas nacionales propias (fiscales, legislativas, demográficas, comerciales...). La incompetencia que los acompaña no es más que que el usual anexo del servilismo.
 
Nadie nos regalara nada. Lo que nos viene hoy sólo nos llega para mantenernos callados y quietos (porque somos siete millones y medio y vivimos donde vivimos) y justo para ello. Admitir que nuestros enemigos concretos y cercanos se llaman España y UE, es precondición indispensable para superar nuestra dependencia. Y en tanto la dependencia domine no sólo las instituciones sino también a la sociedad andaluza y a sus fuerzas organizadas no habrá instrumentos para erradicarla. Mirando los escaños del Parlamento andaluz, ¿cómo extrañarse de lo que nos ocurre?. Y es que dan ganas de gritar también aquí, a la argentina: "¡Que se vayan todos!"; en Granada y en toda Andalucía.
 Andalucía
Granada: IU aspira a revalidar sus dos concejalías y ve 'positivo' el pacto tripartito PSOE-IU-PSA 
Manuel Oña - Granada Digital
 
Lola Ruiz -centro-
 
La candidata a la Alcaldía por IU en la capital, Lola Ruiz, [directora del Patronato Municipal de Educación designada por el Gobierno tripartito PSOE-IU-PSA], dejó entrever el jueves en un encuentro con medios informativos que su partido afronta las municipales de mayo con intención de revalidar sus dos concejalías como expectativa electoral fundamental que les permita seguir 'siendo decisivos' para gobernar. “Por supuesto que pensamos en gobernar, pero siendo realistas no estaría mal repetir los resultados de 1999”, señaló la aspirante, que reivindicó su condición de mujer al señalar que “Granada merece una alcaldesa, pues no vamos a ser menos que Córdoba”.

Ruiz entiende que la asamblea que gestó la candidatura municipal, precedida de una fuerte división entre los partidarios de Amelia Romacho y los de Baltasar Garzón –actuales concejales- “no ha dejado tocada a la organización”; matizó que la lista final ha sido fruto del consenso pese al enfrentamiento inicial y calificó de positivo la integración de los dos ediles en el gobierno tripartito liderado por el PSOE: “Ha salido adelante un plan de ordenación urbana –PGOU- y no debemos olvidar que en IU gobernamos desde el compromiso con los ciudadanos”, aseguró para justificar ese balance positivo. Ruiz reclamó mayor participación vecinal y recordó con cierta nostalgia el tiempo de la transición “donde la movilización era mayor y las conquistas, también”.

Por su parte, el candidato de IU en Motril, Felipe Villa, municipio donde la coalición también mantiene un pacto de gobierno con los socialistas, advirtió que no permitirán “políticas de derechas” en los pueblos de la Costa, “un feudo apetecible para el PP”. Villa exigió las infraestructuras prometidas, pidió el tren para Motril –“único puerto nacional sin conexión ferroviaria”, insistió- y apostó por garantizar la gestión pública de los servicios.

El coordinador provincial de IU, Pedro Vaquero, presentó a ambos aspirantes y señaló que la coalición presentará candidaturas el 25 de mayo en más de un centenar de municipios.
 
El Remate. Más de lo mismo
¿Alguien se atreve a establecer qué perfiles palpables han diferenciado sustancialmente la gestión del PCE-IU de la del PSA o de la del PSOE en Granada, Córdoba, Jerez...?. El Urbanismo que se ha aprobado y que se ha ejecutado en Granada, por ejemplo, es directo continuador del planeado por el PP. [A modo de síntoma que nos recuerda la actualidad, no es pequeño detalle que el hasta ahora gerente de la empresa municipal de vivienda de Granada haya fichado sin problemas hace pocos días por la Constructora Osuna]. El agua o el transporte publico siguen tan privatizados como cuando gobernaba el PP. Las llamadas políticas de formación y empleo (gestionadas por el PCE-IU, aplicando los principios reflejados en su día por su dirigente Pedro Vaquero en un memorable texto*) están en perfecta sintonía con las que diseña y practica el PSOE allá donde puede; con sus mismos planteamientos políticos y éticos. La Toma sigue celebrándose, con capitulación incluida ante las presiones de la reacción semifascista y españolista, con el consentimiento de PSOE, PCE-IU y PSA, (este ultimo, presunto partido nacionalista andaluz que para más inri tiene como concejal corresponsable del asunto a su secretario general). Y así por el estilo.
 
Granada puede ser un ejemplo tan bueno como Córdoba, Málaga o como otro cualquiera. El PCE-IU se presenta cara a las próximas elecciones en continuidad con su ultima trayectoria, dispuesto a mantenerse, si los votos se lo permiten, como sostén de las políticas municipales del PSOE. Lo mismo que el PSA o el PA; con la diferencia de que este ultimo tampoco le hace ascos a hacer lo propio incluso también con el PP, si los números lo aconsejan y así se le facilita el acceso a las poltronas. De esta manera, pueden votarse en las ciudades andaluzas cuatro (o cinco) candidaturas con siglas diferentes y estar apoyando a la vez una misma política. El pluralismo se reduce a dilucidar quien la va a ejecutar. Esta es hoy la democracia española en Andalucía. Así nos va.
 
*Pedro Vaquero del Pozo, Quince ideas sobre el Empleo en Andalucía, Area Ejecutiva de Economia y Empleo de IULV-CA, Andalucía, 2001
 Andalucía
Protestas campesinas en Almería y Granada
EL CAMPO ALMERIENSE PARALIZA SU ACTIVIDAD EN PROTESTA POR LOS BAJOS PRECIOS Y LA COMPETENCIA DE MARRUECOS
Canal Sur 14/01/03 
 
El sector agrario de la provincia ha echado el cerrojo prácticamente en su totalidad secundando el paro agrario convocado por COAG y ASAJA. En algunas localidades del poniente los comercios también han cerrado sus puertas en solidaridad con los agricultores. Cajamar ha tenido también sus oficinas cerradas durante dos horas.
 
La actividad agrícola ha sido nula hoy en la provincia tanto el Poniente como el Levante, las principales cooperativas y alhóndigas han cerrado sus puertas secundando el paro convocado por las organizaciones agrarias COAG y ASAJA. La crisis de los precios, el aumento del cupo de tomates a Marruecos y la refinanciación de la deuda de los agricultores ha llevado a que los centros comerciales y tiendas de algunas localidades como El Ejido cerrasen también sus puertas en solidaridad con los agricultores.
 
Y es que la crisis se comienza a sentir en los comercios. La huelga también ha dejado sentir también colegios e institutos como este de José Salazar de El Ejido donde las clases estaban prácticamente vacías. Los niños conocían perfectamente el porqué de la ausencia de sus compañeros. Las oficinas de Cajamar han cerrado sus puertas durante dos horas también en solidaridad con un sector agrícola que de esta forma quiere dar un toque de atención al gobierno central para que atienda sus reivindicaciones.
 
La Unión Europea negocia en Rabat el acuerdo de exportación que permitirá aumentar los cupos de Marruecos. Los agricultores dicen que puede ser la ruina del campo de Almería. Una situación en la que el gobierno ha mantenido oscurantismo según el sector que acusa al Ministro de Agricultura de no defender los intereses de Almería.
 
El campo teme a Marruecos pero las organizaciones agrarias están divididas. Ha habido dos manifestaciones paralelas, COAG acusa a ASAJA de defender los intereses del gobierno. ASAJA se defiende diciendo que no responderá a estas acusaciones y acusa a COAG de provocadores.
    
La Junta prepara un plan de ayuda al sector hortofrutícola
 
El ejecutivo andaluz prepara un plan de ayuda al sector hortofrutícola de Almería, que ha sido presentado hoy por el consejero de agricultura en la reunión del consejo de gobierno. El plan, que se firmará con el sector el próximo mes, prevé una inversión de 300 millones de euros de los que 120 son públicos. El consejero se ha dirigido por carta al ministro del ramo para pedirle que, tanto el gobierno central como la UE, colaboren en el necesario respaldo al sector.
 
Plata ha solicitado al Gobierno central que defienda con eficacia ante la Unión Europea (UE) los intereses de la horticultura mediterránea, frente a la posibilidad de que se incremente el contingente de exportación de tomate marroquí por encima de las 200.000 toneladas, y que promueva la elaboración de un plan de adaptación para este sector de cara a los acuerdos de asociación. El consejero, que se ha pronunciado de este modo sobre las negociaciones que abren mañana las autoridades comunitarias y marroquíes sobre el capítulo agrícola, ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, en la que además de solicitar una reunión urgente, le pide que defienda al sector,"sobre todo, en un año en que se va a plantear la reforma de la OCM de frutas y hortalizas". Según la nota, la UE y Marruecos alcanzaron en septiembre de 2001 un acuerdo para la campaña 2001-2002 que establecía un contingente de tomate de 169.757 toneladas, distribuido un 66% entre enero y mayo, y el resto en noviembre y diciembre, mientras que en las próximas negociaciones se pretende incrementar en 60.000 toneladas el contingente, a cambio de abrir el mercado marroquí a productos continentales como leche, cereales y carne.
 
En su misiva, Plata informa al ministro sobre la "preocupación" que han despertado en Andalucía estas negociaciones y defiende que si se incrementa el contingente debe ampliarse "paralelamente, el calendario de estas operaciones a fechas no coincidentes con nuestras producciones", de modo que el conjunto de la UE "comparta las consecuencias y no se perjudique exclusivamente a las zonas mediterráneas". 
 
En Rabat, Marruecos presiona a la UE para abrir nuevos mercados
 
Precisamente hoy en Rabat tiene lugar una nueva ronda negociadora entre la Unión Europea y Marruecos. En la delegación comunitaria se niega que vayan a aceptar un aumento de las importaciones de tomate marroquí. Sin embargo, algo tendrán que ceder pues pretenden que Marruecos acepte aumentar las cantidades de carne, lácteos y cereales que les exporta la UE.
 
"No vengo a firmar un aumento de las exportaciones de tomate marroquí a la Unión Europea, si ese es el motivo de la manifestación de los agricultores podrían quedarse en sus casas". Son palabras del Director General de Agricultura de la Comisión Europea, el español José Manuel Silva, momentos antes de iniciar una nueva ronda en Rabat de las negociaciones para la renovación del protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. Según Silva hay muchas cosas más sobre la mesa y en todo caso será en Bruselas dentro de unas semanas cuando se firme el protocolo.
 
Sea en esta reunión de hoy en Rabat o en otra posterior cuando se amplíen los cupos al tomate marroquí, lo cierto es que la protección de nuestros productores tiene los días contados. Como una Espada de Damocles figura la fecha del 2010, cuando está previsto que entre en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Marruecos. Entonces, no habrá barreras para la exportación en ninguno de los dos sentidos.
 
COMARCA DE LA COSTA GRANADINA: MILES DE AGRICULTORES CORTAN LA N-340 EN DEMANDA DE PRECIOS MÁS ALTOS Y ESTABLES
Se vivieron momentos tensos al estar prohibido el acto por la subdelegación del Gobierno. El paro en el campo fue general y los manifestantes cerraron una gran superficie comercial. La mesa hortícola se sumó al paro de los 20.000 agricultores. Exigen que termine la especulación
MANUEL PEDREIRA/MOTRIL - IDEAL
 
Corte de carretera en Motril
 
«No pedimos nada del otro mundo, sólo lo que nos corresponde, porque si vendemos un kilo de tomate cherry a 40 céntimos, cómo es posible que en la calle valga casi 15 euros». Este discurso no es de un político afín a la causa de los labradores, ni siquiera el del representante de una organización agraria. Es el testimonio de Amalia Illescas, una agricultora de Molvízar que ayer se sumó a la huelga y a la manifestación convocada por COAG en Motril, que reunió a más de 3.000 personas y que incluyó el corte pacífico de la carretera nacional 340 durante tres cuartos de hora.
 
El objetivo de la movilización no por repetido dejó de escucharse una y otra vez por los altavoces y en las conversaciones de los huelguistas. Los agricultores denuncian que las grandes cadenas de distribución de alimentos y supermercados ofrecen precios cada vez más bajos a quienes cultivan los frutos... y precios cada vez más altos a los consumidores que los compran.
 
Los más de tres mil agricultores que se manifestaron cortaron la carretera N-340 -a la altura de uno de los accesos a Motril- durante 40 minutos y posteriormente obligaron a cerrar una gran superficie comercial de la localidad.
 
Durante el tiempo en que interrumpieron el tráfico se vivieron momentos de tensión tras advertir el jefe del Servicio de Intervención Rápida de la Guardia Civil, al frente de medio centenar de agentes, que el corte de la vía estaba expresamente prohibido por la subdelegación del Gobierno de Granada.
 
Cierre de hipermercado
 
Tras un breve encuentro entre responsables de COAG, convocantes de la manifestación y agentes de la Guardia Civil -con la mediación del alcalde de Motril, Luis Rubiales-, los agricultores cortaron la carretera, leyeron un comunicado y tras arrojar al asfalto productos agrícolas abandonaron la N-340, donde apenas se registraron retenciones en ningún sentido pues el tráfico fue desviado por la carretera del Puerto hasta el cruce de la N-340 y N-323. Posteriormente, los manifestantes se dirigieron a una gran superficie comercial de Motril, donde había empezado la marcha, y obligaron a sus responsables a cerrar sus puertas. En ninguno de los dos actos de protesta se han registrado incidentes graves ni las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional han tenido que intervenir.
 
Según COAG, la práctica totalidad de las empresas hortofrutícolas de la Costa pararon ayer su actividad. La manifestación estaba encabezada por un féretro con una corona confeccionada con productos agrícolas con la leyenda «Los agricultores no te olvidan», junto a la cual se desplegados otras pancartas en las que se podía leer «Por la concentración de la oferta frente a la gran distribución», «No más concesiones agrícolas a países terceros», entre otras consignas.
 
Bajada de la renta agraria
 
La indignación se dejaba ver en los rostros de los manifestantes, que por un día abandonaron el cuidado de sus explotaciones con la esperanza de que las administraciones intervengan en un mercado feroz con los cherrys , pepinos y judías que con tanto mimo cultivan. La «grave» situación económica por la que pasa el sector se define por una causa fundamental. A saber: descenso continuado de los precios en origen, a pesar del aumento progresivo de los precios en destino, que hace que los costes se sitúen por encima de lo que el agricultor percibe. CPAG estima que, de mantenerse esta situación, el 20% de las explotaciones cambiarán de titular o habrán desaparecido en la próxima campaña al caer en manos de los bancos o, peor aún, de los especuladores. La consecuencia de esta crisis de precios es que la renta agraria media de las familias ha bajado un 31,54%, según datos del informe anual de Unicaja correspondiente al año 2001.
 
El campo está endeudado. La afirmación se sostiene, según los datos de COAG, por la brutal carga financiera que soportan las explotaciones y que cifran en más de 1.800 millones de euros (300.000 millones de pesetas) para las provincias de Granada, Almería y Murcia, principales productores de hortofrutícolas. Las organizaciones agrarias demandan del Gobierno central y del resto de las administraciones una ayuda para «al menos pagar los intereses de los préstamos». Sobre la bajada de precios generalizada, Emilio Rodríguez, secretario de COAG-Granada, indicó que es una tendencia que se mantiene desde hace años pero que en los últimos ejercicios se ha acentuado hasta obligar a muchos titulares de explotaciones a vender la tierra y tratar de buscarse la vida de otra manera. COAG reclama la intervención estatal en la creación de redes de distribución de productos que hagan frente a las grandes cadenas de supermercados y la firma de un acuerdo marco con las grandes redes de distribución internacionales, que garantice que los precios recibidos por el labrador en situaciones de crisis superen los costos de producción.   «No se puede entender que los precios finales de venta al público se mantengan y, al mismo tiempo, cada vez se le page menos al cultivador», apostilló Rodríguez, que añadió que "los costes de las explotaciones se han disparado ante las exigencias de calidad y productos ecológicos que ahora imperan. Hace 12 o 14 años se vendía un kilo de judías en una corrida a 1,7 euros y a día de hoy sigue al mismo precio. Sin embargo, en las estanterías de los hipermercados los precios se han multiplicado". Adónde va ese dinero y quién se lo queda es la pregunta que el campo lanzó hoy en Motril.
 
[En declaraciones a la Prensa hoy, COAG ha amenazado con bloquear los puertos de Algeciras, Almería y Cádiz para impedir el desembarque y transito de los productos agrícolas marroquíes y con establecer campamentos de bloqueo permanentes en la puerta de Hipermercados si no son atendidas sus reivindicaciones]
 
 
  Opinión-Análisis El incierto futuro de la agricultura andaluza 
¿Hacia qué nueva PAC se encamina Europa?
Víctor D. Martínez Gómez  (22/10/2002)
Departamento de Economía y Ciencias Sociales
Universidad Politécnica de Valencia
 
Este artículo consiste en un primer análisis de la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada por la Comisión Europea en julio de 2002. En él se describen los instrumentos más destacados de esta propuesta y los motivos que han llevado a la Comisión a proponer una reforma “radical” en lugar de optar por cambios menos notorios. Posteriormente, se discuten algunas de las críticas que ha recibido, tanto la propuesta en conjunto como algunos de los instrumentos planteados: la previsible falta de operatividad de la modulación y los inconvenientes de un pago directo en función de las ayudas percibidas históricamente. A raíz de esta exposición, las conclusiones básicas extraídas son (a) probablemente la Comisión ha acertado en la dirección de las reformas planteadas, aun cuando los instrumentos son susceptibles de mejora, y (b) una estrategia a nivel nacional es necesaria para identificar y favorecer a los eventuales perdedores en España de una inevitable reforma de la PAC.
 
El pasado 10 de julio, la Comisión Europea presentó su propuesta de revisión intermedia de la Política Agrícola Común (PAC). Esta propuesta (o Mid Term Review en inglés, llamada “MTR” en el argot comunitario ya antes de aparecer oficialmente) ha abierto aún más, si cabe, la caja de Pandora en relación con el debate del futuro de la PAC (1).
 
Desde hace unos años, la PAC, antiguamente casi la única política europea común, está siendo cuestionada tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea (UE). Son tópicos las montañas de mantequilla –excedentes de leche–, las toneladas de carne de ternera congelada, las subvenciones a las exportaciones –restituciones– que deprimen los precios de los mercados mundiales de alimentos.
 
Con motivo de estas críticas desde las instituciones europeas se ha ido paulatinamente modificando esta PAC para lograr dotarla de mayor legitimidad de cara a los consumidores y a los contribuyentes europeos y, en cierta medida, ante la comunidad internacional. Los escándalos relativos a la seguridad de los alimentos –enfermedad de las vacas locas, fiebre aftosa, benzopirenos– han supuesto un cuestionamiento adicional en los últimos años a una política diseñada fundamentalmente para asegurar el abastecimiento de los mercados europeos en los años cincuenta y sesenta.
 
Así, la propuesta de reforma del pasado verano se podría inscribir dentro de esta corriente de adaptación de la política a las nuevas situaciones, y para analizarlo, describiremos a grandes rasgos los elementos más destacados de esta MTR. Posteriormente pasaremos a mostrar las que pueden ser consideradas motivaciones de tal reforma –tanto internas como externas– y, después, examinaremos algunas de las críticas con las que se ha encontrado la propuesta de la Comisión.
 
La propuesta de revisión a medio plazo: Algunos aspectos
 
La propuesta de reforma de la PAC se debe al mandato del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 que estableció que “antes de que se produzca la primera ampliación de la Unión, se revisará [la directriz agrícola] sobre la base de un informe que la Comisión habrá de presentar al Consejo, con el fin de introducir los ajustes que se consideren necesarios”.
 
Sin entrar en detalles sobre los principales elementos de la propuesta, podemos destacar a grandes rasgos que los objetivos e instrumentos previstos por la Comisión son:
 
1)    Conseguir mayor estabilidad en los mercados: revisión de la intervención en diversos sectores, fundamentalmente producciones continentales, implicando en casi todos los casos descensos en los precios de intervención con compensación mediante otros pagos. Se proponen también cuatro escenarios de actuación futura para el sector lácteo, mientras que otros sectores no se ven revisados.
2)     Continuar con el desacoplamiento de los pagos: con el fin de orientar en mayor medida las producciones a los mercados, el enfoque de dirigir las ayudas más al productor que a las producciones se pretende profundizar. La idea lanzada por la Dirección General de Agricultura es un pago único por explotación totalmente desligado de la producción, basándose en las ayudas percibidas en periodos anteriores. Se permitiría libertad para la transferencia de los derechos a estos cobros dentro de los Estados Miembros.
3)     Eco-condicionalidad y respeto al medio ambiente: continuando con el concepto puesto en marcha en la Agenda 2000, el derecho a percibir ayudas directas seguirá estando condicionado a cumplir con determinados estándares de “buenas prácticas agrarias” del tipo medioambiental, de seguridad de los alimentos, protección de la salud y el bienestar de los animales y de seguridad en el trabajo. Para asegurar el cumplimiento de estas prácticas, las explotaciones europeas que perciban más de 5.000€ en ayudas directas deberán realizar una auditoría de sus prácticas de forma obligatoria. Además, otras medidas como el llamado “crédito carbono” – ayuda específica a los cultivos energéticos para su eventual uso como biocombustibles – y la retirada del cultivo durante un periodo prolongado de un porcentaje de las tierras proponen potenciar los beneficios medioambientales de las ayudas directas.
4)    Una de las propuestas más llamativas de esta MTR es la de la modulación dinámica. Se trata de una combinación de dos ideas ya planteadas con anterioridad: I) la modulación como tal, recorte de las ayudas directas al superar un umbral de ayuda percibida, concepto de aplicación voluntaria en los Estados Miembros tras la Agenda 2000 –y con relativamente poca implantación– y II) la degresividad, o reducción anual de las ayudas directas. La propuesta inicial consiste en la reducción anual obligatoria del 3% de todos los pagos directos, teniendo como límite el 20% máximo previsto en la Agenda 2000, mientras que las explotaciones no podrán percibir más de 300.000€ anuales en pagos directos. Se establece una franquicia general –exención de la reducción– de 5.000€ y 3.000€ más de franquicia por puesto de trabajo creado por encima del segundo trabajador. El dinero ahorrado con esta modulación se destinará, dentro del mismo Estado Miembro, a medidas de desarrollo rural. Por tanto, podemos hablar de un intento de redistribución del presupuesto comunitario.
5)    Un último objetivo confeso es el fortalecimiento, “consolidación y potenciación” del segundo pilar de la PAC, esto es, el desarrollo rural. Para ello se amplían las medidas de acompañamiento –entre las que se encuentran las de apoyo al efecto multifuncional de la agricultura– que actualmente representan alrededor del 10% del presupuesto de la PAC. Entre todas las nuevas medidas propuestas destacamos las ayudas para la promoción de la calidad alimentaria y la ayuda a los agricultores en la adopción de las cada vez más estrictas condiciones de seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto al medio ambiente. Otra novedad interesante es el incremento de la cofinanciación en un 10% de los programas agroambientales.
 
El conjunto de objetivos e instrumentos previstos pretende encajar en las perspectivas financieras de gastos previstos hasta el año 2006, suponiendo incluso un ahorro de 200 millones de euros frente a la situación de statu quo sin revisión intermedia (2).
 
Las razones de fondo de la propuesta
 
No cabe duda de que la propuesta de MTR de la Comisión Europea ha obedecido a motivaciones adicionales diferentes del mandato del Consejo. A continuación, pasamos a enumerarlas explícitamente. Para simplificar el análisis, podemos distinguir entre las motivaciones con origen exterior a la UE –las negociaciones de la OMC y la ampliación de la Unión– y las de índole interna –razones presupuestarias y de legitimidad social-. De “fuera” hacia “dentro” de la Unión, son las siguientes: 
1) Deseo de fortalecimiento de la posición de la UE en las negociaciones de la OMC: a partir de marzo de 2003 se empezarán a discutir las propuestas aportadas por los países miembros en el seno de la OMC para alcanzar un acuerdo de liberalización del comercio mundial a finales del año 2004. El capítulo agrícola puede ser uno de los más espinosos para la UE en estas negociaciones, ya que su agricultura disfruta de elevados niveles de protección que distorsionan el comercio mundial de productos agroalimentarios.
 
La MTR pretende revertir la situación, puesto que las ayudas directas totalmente desacopladas serían más difíciles de cuestionar por el resto de los miembros de la OMC. En efecto, estas ayudas se podrían considerar como de “caja verde” y permitirían a la UE no tener que defender la “caja azul” actual –donde están las ayudas directas por hectárea y por cabeza de ganado actuales– y concentrarse en la reducción de la “caja ámbar”, con lo que podría adoptar una actitud más ofensiva frente a EEUU, cuya nueva Farm Bill aprobada este año ha sido ampliamente criticada –y no sólo fuera de EEUU– como un retroceso en la liberalización del comercio mundial de productos agrarios.
 
Con esta nueva baza de negociación, la UE podría, además, defender con mayor éxito sus propuestas de consideración de los llamados “aspectos no comerciales” como el bienestar de los animales y también el papel multifuncional de la agricultura, su punto de vista referido a las normas o denominaciones de origen, etc.
 
2) Otro elemento que seguramente ha influido en la decisión de lanzar una propuesta de reforma tan significativa ha sido la inminente ampliación de la UE: como es sabido, si se cumplen los plazos es posible que en 2004 se llegue a los 25 Estados Miembros. Muchos de estos países tienen un marcado carácter rural y, en ese contexto, acometer una reforma profunda de la Política Agrícola Común puede ser una tarea complicada, aún más de lo que lo es en la actualidad, con 15 voces muchas veces discordantes. Por ello es plausible plantearse acometer una revisión profunda antes de la ampliación o, al menos, dejar sentadas unas “bases filosóficas” y plantear instrumentos de puesta en práctica de las mismas, de forma que se pueda clarificar el diseño de las políticas agrarias y rurales futuras.
 
3) Un factor que presenta estrecha relación con la ampliación de la Unión es el presupuestario. Los umbrales de gasto en cada política de la UE se marcaron en (y tras) la Agenda 2000. La propuesta MTR compromete ese gasto de forma efectiva con unas directrices más o menos claras y lo estabiliza en los niveles actuales. No cabe duda de que a partir de 2006, con una UE que tendrá que asumir los gastos de la ampliación, las presiones para reducir la factura de la PAC serán grandes. Con las prioridades políticas marcadas y orientadas a la legitimación social, esta estabilización de gastos pretende funcionar como un “dique de contención” de descenso del gasto agrario. De las múltiples aristas que presenta esta propuesta de revisión de la PAC, ésta es en nuestra opinión la que más ha influido en la propuesta actual.
 
4) Y finalmente, una última razón de fondo que podría ser considerada más un argumento filosófico de defensa de la Política Agrícola ante los contribuyentes europeos que un motivo real de cambio. En efecto, son bien conocidas las críticas a la PAC tradicional como una política únicamente productivista que ha llevado a la acumulación de excedentes de algunos productos, la degradación del medio ambiente en algunas zonas con elevada intensidad en la producción, producciones ganaderas altamente intensificadas con niveles insuficientes de bienestar de los animales, los últimos escándalos alimentarios, la excesiva burocratización de la gestión, la inequidad en el reparto de las ayudas, etc., y todo esto a un coste presupuestario muy elevado.
 
La legitimación social que dice buscar la Dirección General de Agricultura estaría encaminada, entonces, a corregir estas deficiencias tal y como demanda la sociedad, que es quien soporta la factura de la PAC: profundizar en la eco-condicionalidad, la modulación de las ayudas directas, las auditorías obligatorias que aumentarían la transparencia, las reformas de algunas Organizaciones Comunes de Mercado, etc pretenden corregir los efectos indeseados observados hasta ahora. 
Las críticas
 
Una vez descrita a grandes rasgos la propuesta de MTR y los principales factores desencadenantes de la misma, podemos pasar a analizar las críticas recibidas.
 
La primera crítica que se ha planteado a esta propuesta es que la Comisión ha excedido el mandato del Consejo, presentando una propuesta más ambiciosa que una simple evaluación sectorial. Probablemente ha sido así, y las motivaciones de la Comisión para hacerlo ya las hemos visto. Había diversas piezas en el tablero y encajarlas todas requería algo más que un “lavado de cara de la PAC”.
 
También se ha criticado a la Comisión por intentar modificar las reglas de la PAC mientras está cerrando con los candidatos las negociaciones del capítulo agrícola. ¿Se trata de una falta de lealtad hacia los futuros socios o debemos plantearlo en los términos de facilitar el debate posterior?
 
Sin duda, los aspectos de la propuesta más discutidos han sido la modulación dinámica y la consolidación del derecho a un pago por explotación basado en los pagos percibidos históricamente como medio de desvincular las ayudas totalmente de la producción (3).
 
Por lo que respecta a la modulación dinámica, las críticas proceden de dos frentes. La incertidumbre asociada a la medida explica una primera reacción adversa: se sabe quién va a perder con esta medida y no quién va a ser el beneficiado con la redistribución de fondos. En general, los cambios de statu quo suelen suscitar este tipo de dudas.
 
El segundo frente de críticas es más rico conceptualmente. La modulación implica redistribución de las ayudas desde las explotaciones que perciben más fondos hacia otros objetivos de desarrollo rural, es decir, se plantea la introducción de un elemento de equidad en el reparto de las ayudas. Así, es probable que el límite máximo de 300.000€ (más franquicias) sea muy elevado y que afecte a muy pocas explotaciones. De esta forma, el efecto redistributivo sería escaso. Por otra parte, la reducción anual del 3% de las ayudas afectaría a todas las explotaciones que perciban más de 5.000€ anuales, lo cual podría resultar más dañino para las explotaciones de tamaño mediano y de tipo familiar que para otras más profesionalizadas y con más mano de obra asalariada, que sería computada en forma de franquicias. Probablemente, y jugando a ser adivinos, cabe pensar que una medida tan lineal no sea aceptada y quizás al final se adopten otras propuestas de modulación más acordes a las distintas realidades productivas.
 
La modificación de las ayudas directas, otorgándolas ahora en forma de un único pago desacoplado de la producción, calculado en función de las ayudas históricas es quizá la propuesta más arriesgada de la Comisión y la que merece una discusión más profunda. Por un lado, presenta ciertas ventajas asociadas a mayor simplicidad y homogeneidad en su gestión y a la mayor orientación al mercado de las producciones, ya que no existiría obligación de producir para cobrarlas. En el frente externo, este desacoplamiento colocaría a la UE en mejor posición para defender la PAC en el escenario internacional.
 
Como contrapartida o puntos débiles de este nuevo tipo de ayudas, se han citado varias de alcance diverso. En primer lugar, está la crítica del “vicio de origen”: la inspiración de la medida en una normativa que fracasó y que ya no está en vigor: la FAIR Act -normativa agraria estadounidense– de 1996. Aún cuando la referencia es correcta y oportuna, cabe puntualizar que la MTR no es una mera transposición de dicha normativa. Las diferencias más notables son, primero, que la MTR mantiene una red de seguridad para los mercados agrarios en forma de intervención y (todavía) elevada protección en frontera y, en segundo lugar, destacar que las  ayudas comunitarias incorporan la eco-condicionalidad a su percepción. La extinta FAIR Act no contaba con ninguno de estos elementos.
 
Otra crítica es que, al no estar ligada su percepción más que a la tenencia de la tierra –y no a la actividad agraria en sí– fomentaría inactividad en zonas poco productivas, dificultando los ajustes estructurales en este ya rígido sector. El dilema planteado es que la forma actual de las ayudas desacopladas de la producción –los pagos por hectárea en las producciones vegetales– son inequívocamente distorsionadoras del mercado de la tierra, dificultando también la reestructuración del sector, vía ampliación del tamaño de las explotaciones. ¿Cuál distorsiona menos?. Como afirma J. M. Sumpsi, sería interesante analizar el efecto de la posibilidad de transferencias de las ayudas en caso de venta o arrendamiento (dentro del Estado Miembro) a efectos de la evolución de las estructuras agrarias.
 
Una de las críticas de mayor calado a este aspecto de la propuesta es su base histórica de cálculo. En efecto, el cálculo de las ayudas basándose en la situación actual consolidaría derechos de percepción actuales cuya forma de adquisición puede ser discutible: actualmente, las ayudas son mayores en las zonas más productivas; además, en otros casos ha existido limitación a los derechos de producción que han conducido a la limitación en los pagos directos percibidos. En todo caso, sin tratar de justificar a la Comisión, sería difícil por motivos políticos establecer otros criterios de cálculo que no tuviesen en cuenta las percepciones históricas; así que si se quieren desacoplar de manera inequívoca los pagos directos, va a ser difícil soslayar esta “inercia” histórica. Lo criticable en nuestra opinión es que se pretenda “calcar” una situación que actualmente no es justa.
 
Finalmente, otra crítica a tener muy en cuenta para el futuro de la PAC es que los pagos totalmente desacoplados pueden acentuar el carácter asistencial que actualmente se atribuye algunas veces a las ayudas directas a los agricultores. Es cierto que la eco-condicionalidad los reviste de legitimidad social interna y justifica el argumento “multifuncional” con que se está revistiendo a la agricultura europea, pero a más largo plazo su defensa podría verse debilitada ante los contribuyentes europeos.
 
A modo de conclusión: ¿se encamina Europa hacia una nueva PAC?
 
Como hemos visto, la Política Agrícola Común es una pieza que cada vez cuesta más “encajar” tanto en el contexto interno como internacional. Mantener el statu quo actual significaría, sin duda, un suicidio de la PAC a medio plazo. Tampoco un desmantelamiento de la misma sería aceptado por la sociedad europea. De modo que, ante esta necesidad de adecuación de la regulación, la Comisión ha optado por una posición valiente que pretende soslayar bastantes de las amenazas que pueden acechar a la PAC.
 
Así que una primera conclusión sea que probablemente, la dirección propuesta por la MTR, con la búsqueda de mayor legitimación social, la consolidación del gasto agrícola y la mejora de posiciones de negociación en el exterior supongan apuntar en la dirección correcta de futuro. Dicho de otra forma, es inevitable reformar la PAC y cuanto antes se haga, mejor.
 
Sin embargo, algunos de los instrumentos propuestos presentan deficiencias: una modulación redistributiva con escasos efectos prácticos y un pago desconectado basado en los pagos históricos son instrumentos mejorables. Del mismo modo, algunos sectores pagan los platos que otros han roto. Pero los árboles no nos han de impedir ver el bosque: renunciar a una reforma que siga estas directrices o similares iría restando progresivamente grados de libertad a la PAC.
 
De todas formas, la MTR es sólo una propuesta y finalmente será el Consejo quien decida el futuro de la PAC. Ya se han establecido dos frentes en la UE al respecto y en el horizonte se empiezan a vislumbrar alianzas para hacer una reforma que acomode a los países. España tiene que ser capaz de situarse bien de cara a esas negociaciones. Esto nos lleva al planteamiento de la situación a nivel interno.
 
En España, las competencias en materia agrícola están distribuidas entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas; un acuerdo pragmático a nivel nacional entre estos agentes podría contrarrestar los eventuales efectos negativos de los cambios de política a su vez que ayudar a presentar una posición más firme en Europa.
 
El acuerdo podría basarse en la siguiente directriz: si se diagnostica que las explotaciones familiares medianas nacionales van a resultar perjudicadas y deseamos respaldarlas, los fondos procedentes de la modulación y diversas políticas de competencia nacional pueden ser muy útiles para ayudarlas a adaptarse a la nueva situación.
 
Naturalmente, este acuerdo pragmático no sería fácil de alcanzar, ya que España presenta realidades agrícolas muy diversas, con diferentes cultivos, tipología de explotaciones, etc, y sería muy difícil encontrar un acuerdo en el que todos ganasen o al menos nadie perdiese. ¿Es el momento de la alta política agraria?
Notas
(1) El texto de la propuesta puede descargarse en: http://europa.eu.int/comm/agriculture/mtr/index_es.htm
(2) El coste neto de la PAC está situado en los últimos años en cifras de alrededor de 40.000 millones de euros, algo menos del 50% del presupuesto de la UE.
(3) Además, ha habido otras críticas sectoriales –frutos secos, arroz, forrajes,...- cuyo análisis excede los límites de este artículo.
El estado de la cuestión. Documento: 
Manifiesto por un Futuro para el Medio Rural
La reforma de la Política Agraria Común (PAC) europea afecta a cuestiones esenciales: la vida en el medio rural, la sostenibilidad de las explotaciones familiares, la producción de alimentos sanos y de calidad para todos, el desarrollo de los países del Tercer Mundo y la conservación de la naturaleza. La PAC ha fracasado en estos puntos por lo que se enfrenta a una crisis de legitimidad. La sociedad y las instituciones europeas se ven en la necesidad de reformar su política agraria, pero las propuestas de la Comisión Europea y de algunos Estados miembros, no  afrontan el necesario cambio de rumbo. La propuesta de Revisión a Medio Plazo de la PAC refuerza la apuesta por un modelo intensivo de producción agraria, más orientado a los mercados que a las personas. Esta propuesta busca adecuar la PAC al Acuerdo sobre Agricultura sobre Agricultura de la OMC, que, en nuestra opinión, es ilegítimo e injusto, ya que protege los privilegios de un pequeño grupo de compañías y países, en contra de los intereses del medio rural tanto en los países pobres como en los ricos.
 
Lamentablemente, muchos quieren reducir el debate a dos posturas: quienes buscan consolidar sus privilegios manteniendo la situación actual con leves retoques, y quienes pretenden abandonar el sector en manos del mercado, lo que dejaría desprotegidos a una mayoría de pequeños y medianos agricultores. Frente a ellos, un número creciente de organizaciones europeas planteamos la necesidad de la reforma, pero de una reforma diferente, posición que está siendo ignorada por los Estados miembros y por la Comisión Europea.
 
I. La necesidad de un medio rural vivo
     
En la Europa del siglo XXI, el medio rural ocupa un 80% del territorio. De sus habitantes depende la producción de alimentos de calidad, la sostenibilidad del medio ambiente y el reparto equilibrado de la población. En los países del Tercer Mundo, tres de cada cuatro personas pobres dependen de la producción agraria, y más de dos terceras partes de los que hoy pasan hambre son agricultores, ganaderos, pastores o pescadores.
 
El modelo de protección agraria en los países ricos prima la producción intensiva y los intereses del mercado. El resultado es un despoblamiento progresivo del medio rural y un empobrecimiento creciente de los pequeños agricultores.
 
II. Otra PAC es posible... y necesaria
 
Representantes de la agricultura familiar, ecologistas, consumidores, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza en el Tercer Mundo hemos unido nuestros esfuerzos para defender una reforma en profundidad de la PAC que sea coherente y solidaria con el objetivo de alcanzar la Soberanía Alimentaria y el esfuerzo de los países empobrecidos por alcanzar su desarrollo, defienda un medio rural en el que se produzca y se viva con dignidad, garantice la conservación de la naturaleza, y provea a los consumidores con alimentos sanos, variados y de calidad. En concreto, planteamos:
  • Acabar con las exportaciones a precios por debajo del coste de producción (dumping), que han condenado a la pobreza a cientos de miles de pequeños agricultores en todo el mundo, incapaces de competir con los productos subvencionados. Exigimos un calendario para eliminar todas las ayudas que facilitan la exportación de alimentos en condiciones de competencia desleal.    
  • Garantizar una remuneración digna a los agricultores y ganaderos de todo el mundo que valore la función social que ejercen, mediante precios y ayudas que permitan vivir con dignidad. Este objetivo sólo es alcanzable con medidas que van desde el control de los volúmenes de producción al complemento de rentas para regiones desfavorecidas, priorizando los mercados y la comercialización locales.      
  • Rechazamos la propuesta actual de la Comisión Europea de desacoplar las ayudas a la producción, vinculándolas a la explotación en base a niveles históricos de ayuda. Con ello se consolidará un reparto injusto de las ayudas, favoreciendo a quienes más tienen, y se estimulará el abandono de zonas menos productivas, perjudicando el equilibrio ecológico y poblacional. Además, forzará a la baja los precios de referencia tanto en el mercado interno como en el internacional, en un intento declarado por beneficiar los intereses agroexportadores del poderoso lobby de las grandes compañías agroindustriales europeas.  
  • La modulación en la distribución de las ayudas debe primar el apoyo a las  pequeñas explotaciones familiares y a aquellas que desarrollan su actividad en comarcas con deficiencias estructurales, estimulando la creación de empleo y la producción ecológicamente sostenible. Entendemos que la propuesta de la Comisión queda lejos de resolver las iniquidades del modelo actual.  
  • La PAC ampara una producción intensiva que fomenta el uso de fertilizantes, plaguicidas y recursos para el engorde rápido de los animales, favoreciendo al mismo tiempo el abandono de zonas menos productivas. Todo ello ha dado lugar a la degradación de tierras, aguas y alimentos, generando alarma social, e ignorando el más elemental principio de precaución. Las ayudas de la PAC deben estar sujetas al cumplimiento obligatorio de una serie de medidas que protejan la biodiversidad y eviten el control de la propiedad intelectual de los recursos productivos por parte de un pequeño grupo de compañías. La propuesta de la Comisión incorpora un discurso avanzado pero no establece mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los Estados miembros.  
  • Los consumidores debemos disponer de información clara, así como de los medios necesarios para decidir los alimentos que necesitamos consumir y la mejor forma de alimentarse de una manera sana. Los consumidores deben estar mejor informados acerca de los métodos de producción de los alimentos que consumen, para lo cual es necesaria una normativa eficaz sobre la trazabilidad, el etiquetado y la publicidad de propiedades nutritivas, funcionales o sanitarias, así como de la posible presencia de ingredientes transgénicos o derivados de ellos.
Invitamos a la sociedad española a sumarse a estas propuestas, instando al Parlamento a adoptar medidas que garanticen un debate sereno y en profundidad sobre un tema tan relevante para el futuro de Europa y de países terceros. Pedimos al Gobierno que abandone una posición defensiva que sólo beneficia los intereses de los grandes productores y agroindustrias. El futuro del medio rural europeo y la sostenibilidad de la agricultura familiar pasa por medidas valientes que exigen el consenso con la sociedad civil, que tiende hoy la mano para trabajar juntos por un futuro para el medio rural.
 
Diciembre 2002
 
Organizaciones firmantes. Organizaciones de agricultores y ganaderos: COAG, UPA, Plataforma Rural. Organizaciones ecologistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/ADENA. Organizaciones de desarrollo: ACSUR-Las Segovias, Cáritas Española, Ingeniería sin Fronteras, Intermón Oxfam, Prosalus, Veterinarios Sin Fronteras. Organizaciones de consumidores: CECU, OCU. Organizaciones sindicales: UGT, CCOO.
 Andalucía
El SOC avanza en el acuerdo con el Gobierno español sobre el subsidio
P. CERVILLA / ABC SEVILLA. 15/1/2003
 
Asamblea Nacional del SOC,
El Coronil, Enero 2003
 
El secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, Diego Cañamero, mantuvo ayer un encuentro en Sevilla con el secretario general de Empleo, Juan Chozas, para avanzar en la propuesta sobre la reforma del subsidio agrario que el Gobierno tiene previsto presentar la próxima semana.
 
Cañamero volvió a insistir ayer en el buen clima en el que se celebran estos contactos, así como en la posibilidad de alcanzar un acuerdo final sobre esta cuestión. En la jornada de ayer, el secretario general de Empleo hizo llegar a este dirigente sindical nuevas propuestas en relación a las condiciones para acceder al nuevo subsidio que está preparando el Gobierno. Así, propuso que para los mayores de 45 años es necesario haber cotizado diez años en la Seguridad Social, para los de más de 52 son necesarios 15 y para los más de 60, 20. Este extremo fue rechazado por el SOC, según aseguró a ABC, Diego Cañamero.
 
Sin embargo, a pesar de esta discrepancia, Cañamero manifestó en relación a la reunión, según informa Efe, que «nos ha satisfecho mucho más porque hemos visto todos los temas del subsidio. Si el Gobierno se compromete a dar absolutamente todo lo que teníamos, los mismos derechos con las propuestas que les hemos hecho al mismo tiempo, estaríamos en buen camino». Por su parte, el secretario general de Empleo, Juan Chozas, mantuvo la línea de «optimismo» en la que se ha manifestado el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en los últimos días, destacando la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el subsidio agrario.
 
El SOC mantendrá los cortes de carretera para el día 22 de enero, mientras que CCOO anunció ayer una campaña de agitación social previa a la huelga general del medio rural del 20 de febrero.
 
 
Opinión
La lucha por la paga
Andalucía Libre
Hechos
 
Terminaba 2002 con la advertencia del SOC de que convocaría una Huelga General Indefinida a partir del 15 de Enero de 2003 en todo el campo andaluz si por entonces no se había restablecido el Subsidio Agrario-PER en su situación anterior al Decretazo.
 
El 3 de Enero, el Ministro Zaplana se reúne con los jefes estatales de CCOO y UGT, Fidalgo y Mendez. Se les plantea una nueva reformulación del subsidio, que según los medios gubernamentales, satisface el grueso de las peticiones sindicales. Los dos dirigentes sindicales se declaran insatisfechos y a renglón seguido anuncian nuevas movilizaciones.
 
A continuación, Zaplana recibe en Madrid a los presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, Chávez y Rodríguez Ibarra (ambos del PSOE). Los presidentes salen de la entrevista afirmando, en resumen, que el Gobierno español lo que ofrece es restaurar sustancialmente al Subsidio con otro nombre y que si eso es así, no estaría mal. De momento, ofertas, contraofertas y valoraciones sólo tienen soporte oral. No hay ningún papel que recoja la nueva posición del Gobierno, aunque el ministro se comprometió a tenerla escrita "en diez días", según Chaves
 
El 5 de Enero CCOO-UGT deciden convocar para el 20 de Febrero una Huelga General de un día en el medio rural andaluz (que excluye a la mayoría de las ciudades andaluzas de más de 40.000 habitantes). Cañamero (SOC) dice que convocar un único día de paro "es de blandengues, no le va a doler ni al Gobierno central ni a los terratenientes". Antonio Romero, portavoz parlamentario del PCE-IU declara estar de acuerdo con la postura del SOC. El PSOE dice que apoya a los trabajadores y a los sindicatos; pero no concreta si esto significa que apoyará la Huelga de CCOO-UGT.
 
El 6 de Enero, EL MUNDO-Andalucía filtra lo que dice ser lo que ha sido presentado por Zaplana: un nuevo programa de inserción para quienes en adelante no puedan entrar en el antiguo Subsidio a extinguir, con los mismos requisitos que el Subsidio y duración semestral con igual paga que la del subsidio (75% del salario mínimo interprofesional). Aparte, incluye como novedad sumarle los paripés habituales ya aplicados por el INEM en otras ramas: planes de inserción, tutorías para búsqueda de empleo, planes de formación... 
 
Cañamero (SOC) comenta en relación a la diferente postura de los presidentes en relación a la de CCOO-UGT: "Habrán visto algo distinto en la propuesta de Zaplana; aunque entendemos que hay que agotar la vía del diálogo, ya llevamos 8 meses y hay ya 17.000 personas sin subsidio agrario", y anuncia que el SOC se reunirá para ver qué hace y qué movilizaciones plantea. No se volverá a escuchar nada más de la proyectada y nonnata Huelga General Indefinida, auspiciada anteriormente por el SOC.
 
El PSA se declara a favor de la Huelga General de CCOO-UGT y critica la tibieza del PSOE. Méndez (UGT) aduce que las diferencias de interpretación con el PSOE "son prueba de la independencia sindical". Alcaraz (PCE-IU) afirma que el Gobierno quiere exigir 60 peonadas a los menores de 45 años -una cantidad casi imposible de alcanzar-; no tener derecho a pensión y someterse a revisión anual.
 
El 8 de Enero, el ministro Zaplana se reúne con el SOC. A partir de ahí, vendrán dos nuevas reuniones con su vice Chozas. Cañamero indica que "este sindicato está legitimado para hablar y negociar con quien quiera", que las tres organizaciones no van juntas porque "CCOO y UGT no quieren" pese a que el SOC se lo ha solicitado en varias ocasiones y recuerda que esta organización ha sido el "único sindicato, según ha reconocido el Gobierno central, que ha presentado una propuesta alternativa" para mejorar el sistema. El SOC sigue con su plan de movilizaciones, aunque se muestra abierto a converger el día 20 con CCOO-UGT.
 
Después se irán sucediendo filtraciones y versiones contradictorias y pullas mutuas partidarias y sindicales. Coinciden en que los puntos de fricción a engrasar son las condiciones de acceso, el carácter estable y no simplemente renovable del subsidio y si se cuenta o no el neosubsidio-PER y de qué manera, a efectos de acceder a las pensiones. A fecha de hoy no se dispone aún de la posición definitiva del Gobierno español.
 
Claves
 
La sucesión de problemas, desastres y errores políticos del PP en los últimos tiempos le inducen a intentar rebobinar y calmar el frente andaluz. Ya es bastante Euskadi y el Prestige. Necesita sobar algo a CCOO-UGT cara a la próxima negociación colectiva, la primera post-euro, para revalidar el enésimo pacto social. Además, el modelo del subsidio no tiene nada de socialista aunque lo implantara el PSOE, como sabe bien; se pensó y gestionó siempre como un instrumento al servicio del orden político y el capitalismo dependiente en Andalucía. Y es muy barato. No obstante, no quiere dar la impresión de una rendición incondicional (ni siquiera aparente) porque también sabe que hay sectores sociales (muchos fuera de Andalucía, con los tópicos y prejuicios antiandaluces de sustrato; otros también dentro, especialmente en la Andalucía urbana, molestos por lo que entienden privilegios rurales) que aunque no se manifiesten en publico, ven con simpatía su eliminación. El grueso de las perdidas y ganancias electorales a cuentas de este asunto están ya saldadas y son difícilmente modificables.
 
CCOO y UGT están trabajando el asunto con el rabillo del ojo fijo en el SOC. No quieren regalarle espacios y de ahí su convocatoria de Huelga General; pensada para cuando el grueso de la recogida de la aceituna (si el tiempo lo permite) este ya hecha. El SOC se ha demostrado capaz de ganar nuevamente con sus acciones espectaculares titulares de prensa; algunas, además, las ha desarrollado en comarcas de nueva implantación como las de Jaén. La pelea intersindical se realiza a la manera tradicional del campo, en forma de movilizaciones organizadas desde los pueblos, utilizando los respectivos aparatos municipales y sindicales (en este ultimo amarre, CCOO-UGT cuentan con la ventaja adquirida que le confiere su red de liberados colocados en instancias paraestatales y el apoyo del PSOE). Por su parte, el SOC también ha reconocido de hecho que no ve condiciones favorables para echarle un pulso a CCOO-UGT, manteniendo viva su propuesta de Huelga General Indefinida (que ha archivado sin mayores alharacas) que podía traer consigo los primeros enfrentamientos perceptibles entre patronos y trabajadores desde que empezó el conflicto, razón por la cual no contaba con el apoyo de CCOO-UGT. El SOC ha conseguido ver reconocida institucionalmente su existencia a través de las entrevistas con representantes del Gobierno español. En cuanto a reivindicaciones y discurso, la diferencia esencial es que el SOC ha aparecido más combativo en la exigencia de las mismas demandas que CCOO-UGT: que se mantenga la paga y el acceso a ella.
 
Para el Gobierno andaluz del PSOE (que cuenta con la participación y el sostén del PA y Los Verdes), todo han sido beneficios políticos hasta el momento. El PP se ha desgastado a si mismo. Ningún sindicato le ha pedido cuentas o exigido iniciativas políticas, legislativas o ejecutivas. Ninguna fuerza parlamentaria -en un ejemplo de lealtad constitucional- ha planteado nada que cuestione o supere el marco político y competencial que permite la notoria dependencia de Andalucía en relación a Madrid.  
 
Dado que todo -aunque alguno se resista a reconocerlo, queriendo ver lo que desgraciadamente no hay ni ha habido- se ha reducido a reclamar el mantenimiento de la paga del subsidio, se entienden perfectamente las dudas, faroles y requiebros de los protagonistas principales y de los meritorios. PCE-IU, PSA y PA están reducidos a este ultimo papel; con la particularidad en el caso de PCE-IU y PSA, de sus notorios esfuerzos por intentar encontrar huecos políticos, situándose en la estela del SOC.
 
La cuestión ahora es simple de plantear aunque difícil de medir. ¿Hasta donde puede llegar el Gobierno español para que, devolviendo el acceso a la paga, desactive la protesta, quedándose en el camino con según qué terreno adquirido desde la contrarreforma?. Desde los sindicatos, ¿donde situar el punto de pacto para que puedan venderse como vencedores, sin peligro de que la competencia sindical los tilde de flojos o traidores, con eco entre la gente?. Como el asunto no va de dignidad ni de otras hierbas (en ese caso estaríamos hablando de una lucha por la tierra y no sólo por la paga o de exigencias de desarrollo nacional y trabajo) el acierto exige especial cuidado por las partes en la evaluación de la coyuntura política y la reacción social a corto plazo. Chaves y la sucursal andaluza del PSOE así parecen haberlo entendido cuando han planteado que, si se retorna el acceso a la paga, todo lo demás puede ser negociable. CCOO-UGT tienen también presente, por su lado, la preocupación de la gente mayor por asegurarse las pensiones de jubilación y sobre todo que el nuevo envoltorio les asegure cierta tranquilidad, no forzándoles cada año a replantear la cuestión. El SOC, finalmente, quiere acreditarse como el mejor defensor del subsidio para hacerse con la simpatía de quienes puedan verse perjudicados por los cambios, pero últimamente también quiere demostrar que no sólo sabe protestar sino también negociar. Los cuatro (PSOE, CCOO, UGT y SOC) andan, en resumen, no queriendo quedarse ni demasiado delante ni demasiado atras de las motivaciones y disposición de la gente, que además son muy heterogéneas según tradiciones, comarcas y situaciones personales y generacionales.
 
Previsiones
 
El Gobierno español ha vuelto a anunciar que en próximos días hará público su esperado papel. Mucho dependerá de qué sea lo que termine ofreciendo y de cómo lo presente. No debe olvidarse que cada aspecto de los que se mantienen abiertos (acceso, seguridad en la percepción, pensiones...) sensibiliza de forma desigual a unas franjas (jóvenes, mujeres, maduros...) y comarcas (latifundistas, minifundistas, mixtas, serranas, intensivas...) en relación a otras. Resulta bien difícil adelantar que terminará ocurriendo.
 
Sí puede apreciarse que parece improbable un giro desde los sindicatos y fuerzas parlamentarias hacia una política realmente alternativa sobre la situación del campo andaluz, que sea social y nacionalmente consecuente. CCOO-UGT son parte y criaturas del sistema del subsidio y el SOC se ha acomodado a vivir contra pero desde dentro. Toda la protesta y agitación se ha realizado hasta ahora dentro de los márgenes políticos y programáticos del subsidio-PER y de la subordinación política y económica de Andalucía. Todo se ha centrado en asegurar un ingreso complementario público -aunque sea mísero- que facilite -sumado a otros, sean declarados o irregulares- la supervivencia. La línea de más vale pájaro en mano, que ciento volando, se ha convertido en regla y principio y la cultura del trapicheo -que tiene al PSOE como encarnación política y beneficiario electoral-, con veinte años a la espalda, se ha vuelto a manifestar como una pesada losa que mantiene paralizada a Andalucía.
 
Aunque quepa comprender la raíz de las motivaciones individuales y familiares, si a todo lo dicho se suman los cambios venideros por el tratado de libre comercio UE-Marruecos, más la reforma de la PAC y la ampliación de la UE al Este (que implica gastos, disminución de ingresos, aumento de la competencia interna en la UE y abre la puerta a una inmigración masiva no legalmente restringible), la impresión que resta es que las opciones escogidas hasta el momento vuelven a colocar al campo andaluz y consecuentemente a Andalucía reducida a la condición de objeto cuyo destino queda a expensas de decisiones políticas ajenas; de juguete en los pactos consecuentes en los cuales estaremos, como siempre, ausentes aunque suframos sus consecuencias y del juego de los intereses y fuerzas del mercado. Con todo esto encima, incluso la mejor de las hipótesis posibles desde el lado sindical sigue quedando además, aunque al momento no se perciba, bien tocada de fragilidad y provisionalidad.
La Cuestión del Subsidio Agrario-PER en ANDALUCIA LIBRE:
Recopilación de artículos de análisis publicados en ANDALUCÍA LIBRE
Archivo de Documentos - Carpeta Andalucía
 
 Andalucía
La Junta destinará 164 millones a la reactivación de las comarcas mineras de Huelva   
Agencias
 
La Junta de Andalucía, con la aportación de fondos de la Unión Europea, invertirá en 2003 más de 164 millones de euros en las comarcas onubenses afectadas por la crisis de la minería metálica, dentro del denominado Plan Andévalo que se aplicará hasta el 2006. El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Juan Ceada, explicó en rueda de prensa que con estas inversión, en la que participan hasta 10 consejerías de la Junta de Andalucía, se pretende crear empleo en los 28 pueblos onubenses afectados por esta crisis minera, conseguir un desarrollo equilibrado y una diversificación económica.
 
El principal sector que se potenciará será el de la agricultura de regadío con la puesta en marcha de la presa del Andévalo, que dentro de un año dispondrá 900 hectómetros cúbicos de agua para poner en explotación 11.000 hectáreas de regadío. Además se pretende por parte de la Administración autonómica potenciar las industrias transformadoras de los productos agrícolas y especializar a los antiguos mineros y a la población de la zona en otras actividades productivas.
 
El delegado del Gobierno andaluz en Huelva pidió tanto al Gobierno central como a los empresarios su colaboración para impulsar la diversificación económica de esta zona de la provincia onubense, una de las más deprimidas de la Unión Europea. Ceada incidió en que estas comarcas no pueden estar sólo dependiendo de la actividad minera, más aún cuando en estos momentos pasa esta actividad por unos "momentos difíciles", aunque puntualizó que desde la Junta de Andalucía no se descarta que se pueda volver a la minería en la provincia de Huelva.
 
 
Opinión
Lo que trajo el Chapapote
Andalucía Libre
 
Chapapote en costa gallega
 
Cerca de dos meses después del hundimiento del petrolero Prestige conviene señalar algunas reflexiones a cuenta de los acontecimientos y de sus consecuencias.
 
Un mismo hecho y una actitud pueden tener lecturas y provechos distintos. La catástrofe del Prestige evidencio la incompetencia y dejadez del Estado español y del Gobierno gallego, ambos en manos del PP. La reacción de los gallegos de tomar en sus manos, de forma espontánea y autoorganizada, la limpieza de sus costas fue lógica, humana y loable. El trabajo voluntario masivo, en la costa y en la mar, eran la forma de defender lo suyo y a la vez de protestar contra la inutilidad de la Administración del PP: Galiza nova frente a la Galicia de siempre. La masiva manifestación en Santiago el 4 de Diciembre y las continuas actividades de protesta de la plataforma Nunca Mais y otras organizaciones, constituían el telón de fondo de esa labor incesante de retirada de las mareas negras de chapapote. 
 
Ahora bien, la sustitución social del Estado ausente y de la autonomía inútil no han de leerse más que como reflejos de una coyuntura y respuestas a una situación política. Precisamente lo que se venia a reivindicar era que la prevención y la actuación ante situaciones como la del Prestige debían ser asumidas con eficacia por las instituciones publicas gallegas. En otras palabras, el modelo reclamado no era el de miles de voluntarios quitando improvisadamente mierda toxica de las playas y acantilados sino el de una Administración capaz de evitar que el vertido se produjera, independiente de los intereses de navieras y petroleras y que caso de producirse, fuera capaz de eliminar eficazmente por si misma el problema. Y esto exige cuerpos especializados, medios materiales previstos, competencias políticas y de gestión y contratación asalariada de trabajadores.
 
Es verdad que desde su inicio y aún hoy, el Gobierno español del PP y su sucursal gallega han tenido especial interés por minimizar el impacto de la tragedia, ocultando de forma esperpéntica su entidad y repercusiones. Por ello, tiene algo de positiva la afluencia de voluntarios de otras naciones del Estado -vista con extremo recelo por el PP- como forma de extender una percepción real de lo acontecido. Sin embargo, esa riada de personas bienintencionadas y solidarias, quizá ha contribuido indeseadamente a instalar la errónea idea de que asuntos como este pueden apoyarse en el trabajo voluntario, ahorrando salarios (una especie de traslación a la ecología, de esa deformación que sustituye el antiimperialismo político o los servicios públicos por el asistencialismo de las ONGs). También hay que constatar la utilización política e ideológica de la afluencia. Una vez fracasado el Estado español, sus medios informativos han capeado el temporal político inmediato utilizando la imagen de los voluntarios catalanes, castellanos, andaluces... como muestra de que "España estaba con Galicia", mezclándola revuelta con las de los soldados españoles enviados a trabajar a Galicia. Sumergido por tanta foto de chapapote, es también notorio el interés gubernamental porque no se produzca debate político y social sobre de donde van a salir los miles de millones necesarios para recuperar lo destruido y quien los va a pagar. [Hoy, por primera vez, Montoro -ministro español de Hacienda- se atreve a adelantar la cantidad de mil millones de euros como importe de la factura, aunque más bien parece que la cifra está sólo pensada a modo de aperitivo, para ir haciendo cuerpo].  De igual modo, los anuncios institucionales invitando a consumir productos del mar gallegos como muestra de solidaridad -del tipo de los emitidos a cuenta de la Junta de Andalucía- tienen un doble efecto perverso, no sólo porque minimizan el impacto de los hechos y ayudan a superarlo mediaticamente sino también porque facilitan autorizaciones de reemprender actividades extractivas cuando aún sigue saliendo diariamente 80 Tm. de fuel del pecio y llegando chapapote a la costa.
 
Aún así y con todo, está claro el calado social del hecho y la solidaridad que ha provocado [Sólo hay que anotar a modo de ejemplo que, a su cuenta, se hayan producido iniciativas de cyber-antichapapote tan imaginativas como la de Las Fuelchup]
 
 
La impotencia de la autonomia... Durante los hechos, se ha constatado la función secundaria y subordinada de la Xunta de Galicia. Las instituciones gallegas se han demostrado incapaces de asumir la defensa de Galicia. Ahora, cuando el PP convierte en una fachada vacía la Comisión de Investigación del Parlamento gallego, por la vía de negarle el derecho a interrogar a todos aquellos implicados cuyas labores dependen de competencias estatales, vuelve a manifestarse en cuan poco pueden intervenir las instituciones autónomas en el destino de las naciones forzosamente incluidas en el Estado español. Todo lo realmente importante y determinante sigue en manos de Madrid. Esto no exculpa en absoluto a la Xunta, al contrario. Sólo muestra que el problema no es sólo de Gobierno sino también de Estado.
 
La entidad de la crisis y de su impacto social y político en Galicia puede medirse por las informaciones filtradas sobre los conflictos internos dentro del Gobierno gallego y la forma en que el franquista Fraga plantea su remodelación, llevándose por delante al que hasta ahora fuera su presunto delfín, el protocacique José Cuiña. Según la agencia Colpisa, el detonante de la salida del Gobierno de Cuiña tiene su origen en la bronca que protagonizó en el consello extraordinario que la Xunta celebró el 1 de diciembre, en plena crisis del Prestige. Fuentes de los asistentes aseguran que Cuiña provocó un cisma en el gabinete al presentar una propuesta para que la Xunta se sumara a la manifestación de Nunca Máis, pidiera la dimisión del Gobierno central (!) y desarrollara una estrategia al margen de la actuación del Ejecutivo de Aznar. Las mismas fuentes aseguran que Cuiña contó con el apoyo de otros tres miembros del gabinete -Jesús Pérez Varela, Diz Guedes y Miras Portugal-, que han variado sus alianzas en los últimos días. A continuación se han hecho publicas informaciones que acusan a Cuiña de haber hecho caja a cuenta de los suministros para combatir el chapapote [ver AQUI]. 
 
La preocupación del PP es notoria. Fuera de Galicia intenta recuperar pulso con una ristra de medidas de endurecimiento penal contra la delincuencia y contra ETA. Dentro, extremadamente inquieto por un posible ascenso nacionalista, usa sin reparos toda su fuerza mediática, reutilizando recursos denigratorios con un claro tufo franquista. Ahí es nada, por ejemplo, la campaña orquestada para "desenmascarar" el protagonismo del BNG en la plataforma Nunca Maís (como si no se supiera desde un principio). La desesperación del PP puede percibirse en su patético intento de criminalizar directamente a Nunca Maís, utilizando la emisión en un telediario estatal de TVE1 como pretendida noticia de acusaciones contra la plataforma porque utiliza los fondos y donaciones que recibe para hacer pancartas y no para limpiar chapapote; cuando sólo con acudir a la pagina de la plataforma puede leerse con claridad: Se queres colaborar coas iniciativas da Plataforma podes facer as tuas aportacións... La reacción social ha podido medirse pronto: tras las calumnias, los ingresos donados a Nunca Mais se han quintuplicado. Y por si todo esto fuera aún insuficiente, el fiscal general del Estado español Jesús Cardenal ha ordenado a su subordinado en Galicia que emprenda diligencias contra Nunca Mais [ver AQUÍ] por presunta estafa a cuenta de lo mismo. En otro orden de cosas, el mismo día que CCOO-UGT entran en Nunca Mais, una votación impide su ingreso, de momento, a Nos-Unidade Popular, AGIR y Asamblea da Mocidade Independentista acceso, según informa Galiza Livre. Estas organizaciones de izquierda independentista hacen responsable al BNG de su exclusión. 
 
Por su parte, la sucursal gallega del PSOE intenta en lo que puede no perder comba ni quedar fuera de juego, intentando no desligarse del movimiento social y aprovecharse del trato favorable de sus medios afines para compensar sus otras múltiples debilidades. En esa táctica, los del PSOE tienen que sobrellevar la espina punzante del ultraespañolismo de Paco Vázquez, alcalde de La Coruña y su más destacado cargo publico, que ya ha demostrado por activa y por pasiva que, aún hundiéndose en chapapote, prefiere siempre al PP que al nacionalismo gallego. Otra de su misma cuerda, la eurodiputada vascoespañola Rosa Diez impidió con su ausencia que el Parlamento Europeo abriera una comisión de investigación sobre el hundimiento, para tranquilidad del PP (y es que el amor, con amor se paga)
 
Andalucía: ¿Escarmentará en cabeza ajena?. El PSOE ha utilizado lo del Prestige para acosar estatalmente al PP e intentar dificultar en Galicia el crecimiento electoral del BNG. Con toda desenvoltura se han olvidado de sus culpas cuando los hundimientos de anteriores petroleros como el Mar Egeo.
 
Pero desde Andalucía debemos unir a esa constatación un temor fundado. Conociendo a unos y a otros y viviendo cotidianamente bajo la Administración del PSOE durante veinte años, no tenemos porque sentir ninguna confianza en que la incompetencia y servilismo de unos sea menor que la de los otros. Basta mirar un mapa y acordarse del estrecho de Gibraltar para sentir pavor. Nuestra Nación no sólo se encuentra ubicada en un punto estratégico de importancia mundial; estamos en un lugar de trafico marítimo intenso (camino o vuelta del canal de Suez). ¿Qué ocurriría si en el Estrecho o en la Bahía de Algeciras se produjera un choque o un hundimiento?. Sólo con comparar nuestro cerrado Mediterráneo con el Cantábrico, pueden intuirse que las consecuencias serían ecológicamente aún más devastadoras y permanentes. ¿Qué sería de Andalucía con la Costa del Sol convertida en un estercolero cenagoso?. Andalucía debería reclamar el control del trafico marítimo, puertos y las competencias preventivas consecuentes y subsiguientes. Más que en organizar excursiones a Galicia, he aquí una amplia tarea para el movimiento ecologista andaluz y para el movimiento nacionalista.
 
 
 
CYBER-ANTICHAPAPOTE: LAS FUELCHUP  [Circula  por la Red desde su origen Marciano, reproduciéndose en varios sitios. Un corresponsal nos avisó, buscamos uno de los lugares más tranquilos  y realmente merece la pena abrir los altavoces,  esperar a  que se cargue, desplegar la pantalla completa y picar en el centro...] 
 
Sugerencias:
 
 Puerto Rico
Siguen desarrollándose en Puerto Rico continuas y cotidianas iniciativas y acciones de protesta -algunas severamente reprimidas- contra el uso ilegitimo por parte de la Armada yanqui de la isla portorriqueña de Vieques. Esta lucha, que se inserta dentro del movimiento por los derechos democráticos y la emancipación anticolonial, se ha convertido no sólo en un símbolo de la causa portorriqueña y en un serio problema para la administración colonial yanqui sino también en un estimulo para la toma de conciencia social. Es una buena ocasión para conocer mejor la realidad de esta isla caribeña -la de la bonita bandera- que pasó desde 1899 de soportar el colonialismo español a hacerlo con el yanqui.
 
La Red Betances, es un portal independentista puertorriqueño que ofrece excelente información y múltiples enlaces; un buen muelle desde adonde atracar en Puerto Rico. Puestos a profundizar en la lucha nacionalista y antiimperialista de Puerto Rico y ver sus diversas perspectivas, puede acudirse al sitio del EPB-Macheteros. Visitas obligadas son la pagina del Movimiento Socialista de Trabajadores (también conocida como Bandera Roja En Linea) y la del Taller de Formación Politica (que aún con ese singular nombre, es una organización política); ambos miembros del Frente Socialista. El sitio del Partido Independentista Puertorriqueño es igualmente de lógico interés para hacerse un cuadro de la situación.
 Andalucía
*Atendiendo amablemente a nuestro requerimiento, Antón Corpas nos ha remitido una recopilación escogida de algunos de los artículos que sobre el culebrón de las Cajas de Ahorro andaluzas ha venido publicado estos últimos años en Cádiz Rebelde. De los primeros tanteos sobre la Caja Única a la revuelta de Castillejo en CajaSur de Córdoba, pasando por la revuelta de Benjumea y Beneroso en las Cajas de Sevilla y los pactos PSOE-IU, los hitos esenciales de la historia pueden verse aquí analizados y relacionados. Una forma sugerente de acercarse a los mecanismos y fundamentos del Gobierno PSOE en Andalucía y su anexa corte de los milagros; no en balde, es sabido que en las películas y novelas de detectives suele recurrirse al dicho: si quieres descubrir al criminal, sigue al dinero. Apliquemos el cuento. El Dossier La Guerra de las Cajas de Ahorro en Andalucía se encuentra a vuestra disposición en nuestra pagina de Archivo de Documentos - Carpeta Andalucía.
 
*Cerrando este boletín, nos enteramos de que acaba de salir el nº 57 de Cádiz Rebelde. No tiene desperdicio. Como suele decirse, recomendamos vivamente la lectura de todas sus secciones en una visita sin demoras (porque además cada nuevo numero cambian los contenidos y los anteriores no son accesibles en su pagina).
Avisos
*ENCUENTRO DE DEBATE POLÍTICO EN JAÉN. Se nos remite con ruego de difusión -y así lo hacemos- la convocatoria en Jaén del Encuentro Guerra Global, Europa e izquierda alternativa que organiza la Asamblea Local de IU de Jaén para el próximo 17 de Enero, en el que tienen anunciada su participación dirigentes de diversas corrientes de IU como Jaime Pastor (Espacio Alternativo), Nines Maestro (Corriente Roja), Juan Manuel Sánchez Gordillo (CUT-BAI), Manuel Monereo (Movimiento de Izquierdas) y Concha Caballero (diputada). [Pueden encontrarse datos prácticos y más información en el enlace].
 
*ENCUESTA VIVANuestra Encuesta ¿Adonde llega ANDALUCÍA LIBRE?, sigue necesitando de vuestra participación. Para quienes  se han suscrito después de su apertura o han perdido el correo, siempre cabe votar visitando:
http://www.eListas.net/lista/andalucialibre/encuestas/1/votar.html. Es realmente importante que podamos tener los más completos datos posibles sobre la distribución nacional y continental de nuestra audiencia regular.
Por cierto, comprobamos que, como preveíamos -en casa del herrero, cucharón de palo- buena parte de los amigos, colegas y compañeros más cercanos son de momento de los mas remolones en picar. ¡A ver si nos animamos!. Y algo importante ha debido pasar o estar ocurriendo en Canarias a nuestros suscriptores y corresponsales allá que los tiene muy ocupados/as porque, a diferencia de encuestas anteriores en donde pronto se dejaron notar, todavía mantienen su casillero sin estrenarse. De momento nos ha contestado sólo un 11,9% de las direcciones suscritas. ¡Una mijita de marcha, por favor!.
--oOo-- 
 
Solidaridad con Palestina
 
Música: Danza del Fuego [El Amor Brujo], Manuel de Falla
 
Suscripciones-ayuda a ANDALUCÍA LIBRE

a nombre de J.G.P., en la Cuenta Corriente del BBVA:

0182  3344  24  0202889151

Nos hace falta vuestra ayuda para mantenernos en la Red en 2003..  

 
Publicidad del Servidor E-Listas:














[Adjunto no mostrado: Galicia.bmp (image/bmp) ]






[Adjunto no mostrado: And Falla, Danza del Fuego.mid (audio/mid) ]

Free Website Counter
Hit Counters