Somos republicanos/as a fuer de socialistas y nacionalistas; de ser radicalmente demócratas. Creemos que una izquierda monárquica o accidentalista es una contradicción en sus propios términos. Nuestro republicanismo no se asienta en la abstracción o la nostalgia. Nada tenemos que ver con el republicanismo burgués o españolista de otros tiempos. El republicanismo que nos inspira nos conecta no sólo con la memoria y las aspiraciones de la izquierda antifranquista, también es consecuencia expresa del análisis concreto del actual Estado español y expresión de su alternativa.

                La izquierda está obligada para ser eficaz a recuperar el fondo de las cosas. El felipismo es incomprensible sin la Transición; es tan heredero de los gobiernos de UCD, como estos a su vez lo fueron de los últimos del franquismo. Pasado, presente y futuro no son compartimentos estancos. Sin la semilla no es posible explicar el fruto.

                La Transición la dirigió y la ganó la derecha. Se sepultó el pasado; se desmovilizó conscientemente a la izquierda; se impuso el secreto y el pacto entre elites. Las grandes fortunas hechas durante la Dictadura salieron indemnes; los torturadores intocados; las jerarquías del Régimen, políticamente ilesas. No hubo aquí nada parecido siquiera a los muy prudentes procesos de depuración vividos en Europa occidental tras la derrota del fascismo. La Monarquía, la bandera roja y gualda y la indisoluble unidad del Estado -que negaba el derecho a la soberanía y autodeterminación- transitaron del franquismo a la nueva situación como condiciones infranqueables e incuestionables. Permaneció la tutela norteamericana. Partiendo del Pacto de La Moncloa, el proyecto de integración subordinada en la Europa Comunitaria se impuso bajo la dinámica neoliberal imperante -luego plasmada en Maastricht- y ello llevó al desmantelamiento productivo y al recorte de los derechos laborales. Las nuevas elites políticas encontraron a unos intactos aparatos del Estado bien dispuestos a colaborar en una política que les resultaba familiar y propia. Los poderes económicos y fácticos hallaron, por su parte, en los sucesivos equipos a una gente extremadamente receptiva a sus propuestas e indicaciones. La única contraprestación importante recibida por la derrotada izquierda política y social fue su legalidad; indispensable, por lo demás, para dar credibilidad y legitimidad al proceso de Reforma.

                Cuando, desde la izquierda entonces mayoritaria, se decía que "la cuestión no era Monarquía o República, sino democracia o dictadura", se planteaba falsamente el dilema. Incluso, aún cuando la fuerza acumulada hubiera sido coyunturalmente insuficiente para imponer la ruptura, esto no tenía porqué conducir a aceptar una reforma recortada en condición de satélite a cambio de auspiciar la desmovilización de la izquierda social. Por contra, cabía la opción alternativa de mantener, adaptadas a las nuevas circunstancias, las demandas y la dinámica social precedente desde una oposición enérgica que no dilapidara la implantación y el vigor tan trabajosamente adquiridos. Esas fuerzas y esta actitud democráticamente consecuente, hubieran sido fundamentales para situar sin traumas a la izquierda en el nuevo Régimen y dificultar sucesivos retrocesos.

                A partir de los elementos triunfantes se conformó un falso consenso o pensamiento único que condenaba a priori a quien se atreviera a recordar, criticar o proponer alternativas de fondo. Lo ocurrido se presentó como inevitable o incluso benéfico. Así, los que fueron fuertes durante el franquismo resultaron no sólo rehabilitados, sino aún más fuertes tras la Transición.

                La simbiosis resultante tuvo lógicas consecuencias posteriores. La corrupción de los últimos años ha sido un hito más de la ininterrumpida intimidad tradicional entre los Gobiernos y la gran burguesía. Resulta infinitamente más grave esa fácil y rutinaria colusión entre banqueros y grandes empresas con quienes hicieron a su dictado la reconversión industrial, la contrarreforma laboral o defendieron el ingreso en la OTAN, que las propinas obtenidas para provecho personal o financiación de aparatos electorales.

                Los escándalos de los GAL, CESID, Intxaurrondo, Roldán.., sin que ello aminore un ápice su gravedad, son la ultima entrega hasta la fecha de una realidad política heredada. Hechos terribles; no por los fondos evadidos sino por lo que manifiestan de continuidad, en lo fundamental, en los medios y en los objetivos políticos con los del tardofranquismo. Ha de ser motivo de alarma y reflexión sobre los limites del Estado de derecho lo cerca que estuvieron de ser absolutamente archivados y como sólo una casual y difícilmente repetible concatenación de circunstancias político judiciales, venganzas personales variadas y sobre todo un ya evidente declive gubernamental, hicieron posible su reapertura. Resultan indignantes e ilustrativas tanto su descarada impunidad como las amplias complicidades políticas recibidas por acción u omisión cuando se pusieron en practica. Igualmente esclarecedoras son las operaciones en curso para conseguir que sus máximos responsables políticos queden sin castigo o las actitudes exculpatorias de quienes minusvaloran el alcance y la entidad de la cuestión. Merece reflexión que, si bien hasta ahora el asesinato premeditado sólo se ha usado en la acción antiETA, tanto el espionaje como la infiltración de movimientos sociales y fuerzas de izquierda se han demostrado ya practicas habituales; siendo consideradas legítimas formas de autoprotección del Estado español frente a sus enemigos, aunque estos se atuvieran a la legalidad.

Franco y  Juan Carlos en la Plaza de Oriente de Madrid

Concentración fascista tras el fusilamiento de 5 antifranquistas

1º octubre 1975

                Toda institución monárquica, al estar fundamentada sobre un privilegio de nacimiento, es ya de por sí profundamente antidemocrática.

                La dinastía borbónica española, de oprobioso pasado, expulsada del poder por voluntad popular en 1931, debe su reinstauración a una decisión política del Régimen franquista. La trayectoria política de Juan Carlos de Borbón, heredero y colaborador sumiso de Franco entre 1969 y 1975, preocupado básicamente por asegurarse el trono eludiendo un referéndum sobre Monarquía o República; sirve tanto a la burguesía como a los aparatos de Estado de garantía de continuidad y estabilidad. Mantiene así hilo directo con los poderes económicos, las Fuerzas Armadas y el imperialismo. En los momentos clave, advierte y orienta, siempre en sentido reaccionario: defensa reiterada de la unidad de España; integración subordinada en la CEE o recientemente en la estructura militar de la OTAN, etc. Disponiendo del mando supremo del Ejército y situado por encima de las pendencias partidarias; convertido en tabú, sin sujeción a responsabilidad penal y protegido por el silencio o la adulación, actúa como arbitro político máximo, encarnando la unidad indisoluble del Estado y sus intereses esenciales. La Monarquía actúa políticamente como carta de seguridad ante la aparición de conflictos políticos y sociales graves. 

 

Parlamento español

               

                La Constitución española, como texto y como pacto político, es fiel reflejo de la Transición descrita.  Nació, no para garantizar libertades sino para limitar sus alcances.

 

                 La Constitución permite el recorte efectivo de derechos civiles y políticos formalmente recogidos en su articulado. Unos, se incumplen de hecho (aconfesionalidad, fiscalidad justa); otros, se congelan, escamoteándolos en las leyes que presuntamente habrían de desarrollarlos (derechos individuales) sin contar con la posibilidad de su supresión en caso de situación de excepción; o quedan como meras afirmaciones sin consecuencias por la estructura económica, el control gubernamental (libertad de expresión reconvertida en libertad de edición) o el desinterés (reinserción social de presos). En tanto los derechos sociales básicos aparecen como meras declaraciones de intenciones sin virtualidad alguna, la protección de la propiedad privada sobre los medios de producción y la libre empresa se blindan, contando a su favor no sólo con las relaciones de producción actuantes sino también con los códigos y toda la fuerza coactiva del Estado. El sistema electoral no respeta la proporcionalidad; el Senado es una cámara de elección antidemocrática que excluye a las minorías, cuya función es servir de artilugio dilatorio o bastión reaccionario. Como seguro adicional, el Tribunal Constitucional ejerce de hecho como tercera cámara supletoria. El Gobierno cuenta con gran autonomía frente al parlamento. Es una Constitución cerrada, que para ser reformada según sus propias disposiciones, exige superar una carrera de obstáculos: 2/3 del Congreso y Senado; nuevas elecciones, nuevos 2/3 (228 diputados) y referéndum; de tal manera que la derecha españolista disponga siempre de capacidad de boicoteo.

 

                Casi todas las constituciones -incluidas las de las dictaduras- suelen contener en su articulado algunas bellas afirmaciones predestinadas a quedarse en el limbo de los principios inaplicados. La izquierda puede y debe utilizar las contradicciones existentes entre lo formal y lo real; confrontando los principios retóricamente asumidos con su violación cotidiana en las políticas practicas, pero sin olvidar que ese engaño no es algo accesorio sino esencial a la función política de la Constitución española. Esta permite gobernar cómodamente sólo a un Gobierno que haga política de derechas; un Gobierno de izquierdas -más bien antes que después- tendría que modificarla para hacer una política de izquierda. Así pues, no puede ser el núcleo central o el argumento justificador ultimo de una estrategia de izquierda.

 

                La izquierda no debe confundir la democracia con las instituciones actuales; por el contrario, debemos trabajar por convencer que la democracia requiere bien depurar unas, eliminar otras o modificar sustancialmente las restantes.