Hoy la España oficial celebra el 25 Aniversario de su
Constitución y culmina con discursos reaccionarios y españolistas la enésima
campaña de manipulación. Hemos podido ver a su calor en nuestra Patria en las
ultimas semanas diversos actos indignos de pleitesía y vasallaje.
Tambien hoy, como
cuando se impuso, sigue siendo ajustado a la realidad, considerar la
actitud ante la Constitución española como elemento clave de delimitación
política entre demócratas y serviles, entre patriotas andaluces y
traidores leales a España, entre izquierda consecuente y colaboracionistas.
Desde hace ya 25 años, a un lado estamos quienes no le conferimos ninguna
legitimidad; quienes la soportamos pero no la acatamos; quienes la
consideramos un instrumento contra Andalucía; quienes la combatimos; quienes
no admitimos sus reglas. Al otro, quienes la sirven y con ello se ubican del
lado de quienes nos explotan y nos oprimen. A modo de manifestación de
Resistencia, hemos editado este Boletin especial.
Hoy es un buen día
pues, para reafirmar nuestro compromiso por la Independencia Nacional y el
Socialismo para Andalucía; por la República Andaluza. Una buena
ocasión para reiterar que sólo contemplamos nuestro horizonte
nacional bajo las banderas que simbolizan a nuestra nación y a la
fraternidad universal y que lucharemos contra cualquiera otra que quieran
imponernos.
Una jornada para
la memoria. Para ello, recuperamos un fragmento de nuestro Manifiesto de 1996,
que pese al tiempo transcurrido y a que el aznarismo siguiera al
felipismo imperante en el momento en que fue redactado, nos
sigue pareciendo sustancialmente vigente.
Saludos
ANDALUCÍA
LIBRE
La Transición la dirigió y la ganó la derecha. Se
sepultó el pasado; se desmovilizó conscientemente a la izquierda; se impuso el
secreto y el pacto entre elites. Las grandes fortunas hechas durante la
Dictadura salieron indemnes; los torturadores intocados; las jerarquías del
Régimen, políticamente ilesas. No hubo aquí nada parecido siquiera a los muy
prudentes procesos de depuración vividos en Europa occidental tras la derrota
del fascismo. La Monarquía, la bandera roja y gualda y la indisoluble unidad del
Estado -que negaba el derecho a la soberanía y autodeterminación- transitaron
del franquismo a la nueva situación como condiciones infranqueables e
incuestionables. Permaneció la tutela norteamericana. Partiendo del Pacto de La
Moncloa, el proyecto de integración subordinada en la Europa Comunitaria se
impuso bajo la dinámica neoliberal imperante -luego plasmada en Maastricht- y
ello llevó al desmantelamiento productivo y al recorte de los derechos
laborales. Las nuevas elites políticas encontraron a unos intactos aparatos del
Estado bien dispuestos a colaborar en una política que les resultaba familiar y
propia. Los poderes económicos y fácticos hallaron, por su parte, en los
sucesivos equipos a una gente extremadamente receptiva a sus propuestas e
indicaciones. La única contraprestación importante recibida por la derrotada
izquierda política y social fue su legalidad; indispensable, por lo demás, para
dar credibilidad y legitimidad al proceso de Reforma.
Cuando, desde la izquierda entonces mayoritaria, se
decía que "la cuestión no era Monarquía o República, sino democracia o
dictadura", se planteaba falsamente el dilema. Incluso, aún cuando la fuerza
acumulada hubiera sido coyunturalmente insuficiente para imponer la ruptura,
esto no tenía porqué conducir a aceptar una reforma recortada en condición de
satélite a cambio de auspiciar la desmovilización de la izquierda social. Por
contra, cabía la opción alternativa de mantener, adaptadas a las nuevas
circunstancias, las demandas y la dinámica social precedente desde una oposición
enérgica que no dilapidara la implantación y el vigor tan trabajosamente
adquiridos. Esas fuerzas y esta actitud democráticamente consecuente, hubieran
sido fundamentales para situar sin traumas a la izquierda en el nuevo Régimen y
dificultar sucesivos retrocesos.
A partir de los elementos triunfantes se conformó un
falso consenso o pensamiento único que condenaba a priori a quien se atreviera a
recordar, criticar o proponer alternativas de fondo. Lo ocurrido se presentó
como inevitable o incluso benéfico. Así, los que fueron fuertes durante el
franquismo resultaron no sólo rehabilitados, sino aún más fuertes tras la
Transición.
La simbiosis resultante tuvo lógicas consecuencias
posteriores. La corrupción de los últimos años ha sido un hito más de la
ininterrumpida intimidad tradicional entre los Gobiernos y la gran burguesía.
Resulta infinitamente más grave esa fácil y rutinaria colusión entre banqueros y
grandes empresas con quienes hicieron a su dictado la reconversión industrial,
la contrarreforma laboral o defendieron el ingreso en la OTAN, que las propinas
obtenidas para provecho personal o financiación de aparatos
electorales.
Los escándalos de los GAL, CESID, Intxaurrondo,
Roldán.., sin que ello aminore un ápice su gravedad, son la ultima entrega hasta
la fecha de una realidad política heredada. Hechos terribles; no por los fondos
evadidos sino por lo que manifiestan de continuidad, en lo fundamental, en los
medios y en los objetivos políticos con los del tardofranquismo. Ha de ser
motivo de alarma y reflexión sobre los limites del Estado de derecho lo
cerca que estuvieron de ser absolutamente archivados y como sólo una casual y
difícilmente repetible concatenación de circunstancias político judiciales,
venganzas personales variadas y sobre todo un ya evidente declive gubernamental,
hicieron posible su reapertura. Resultan indignantes e ilustrativas tanto su
descarada impunidad como las amplias complicidades políticas recibidas por
acción u omisión cuando se pusieron en practica. Igualmente esclarecedoras son
las operaciones en curso para conseguir que sus máximos responsables políticos
queden sin castigo o las actitudes exculpatorias de quienes minusvaloran el
alcance y la entidad de la cuestión. Merece reflexión que, si bien hasta ahora
el asesinato premeditado sólo se ha usado en la acción antiETA, tanto el
espionaje como la infiltración de movimientos sociales y fuerzas de izquierda se
han demostrado ya practicas habituales; siendo consideradas legítimas formas de
autoprotección del Estado español frente a sus enemigos, aunque estos se
atuvieran a la legalidad.
Franco y Juan Carlos en la Plaza
de Oriente de Madrid
Concentración fascista tras el
fusilamiento de 5 antifranquistas
1ē octubre 1975
Toda institución monárquica, al estar fundamentada sobre
un privilegio de nacimiento, es ya de por sí profundamente antidemocrática.
La dinastía borbónica española, de oprobioso
pasado, expulsada del poder por voluntad popular en 1931, debe su reinstauración
a una decisión política del Régimen franquista. La trayectoria política de Juan
Carlos de Borbón, heredero y colaborador sumiso de Franco entre 1969 y 1975,
preocupado básicamente por asegurarse el trono eludiendo un referéndum sobre
Monarquía o República; sirve tanto a la burguesía como a los aparatos de Estado
de garantía de continuidad y estabilidad. Mantiene así hilo directo con los
poderes económicos, las Fuerzas Armadas y el imperialismo. En los momentos
clave, advierte y orienta, siempre en sentido reaccionario: defensa reiterada de
la unidad de España; integración subordinada en la CEE o recientemente en la
estructura militar de la OTAN, etc. Disponiendo del mando supremo del Ejército y
situado por encima de las pendencias partidarias; convertido en tabú, sin
sujeción a responsabilidad penal y protegido por el silencio o la adulación,
actúa como arbitro político máximo, encarnando la unidad indisoluble del Estado
y sus intereses esenciales. La Monarquía actúa políticamente como carta de
seguridad ante la aparición de conflictos políticos y sociales
graves.
Parlamento español
La Constitución española, como texto y como
pacto político, es fiel reflejo de la Transición descrita. Nació, no para garantizar libertades
sino para limitar sus alcances.
La Constitución permite el recorte efectivo de derechos civiles
y políticos formalmente recogidos en su articulado. Unos, se incumplen de hecho
(aconfesionalidad, fiscalidad justa); otros, se congelan, escamoteándolos en las
leyes que presuntamente habrían de desarrollarlos (derechos individuales) sin
contar con la posibilidad de su supresión en caso de situación de excepción; o
quedan como meras afirmaciones sin consecuencias por la estructura económica, el
control gubernamental (libertad de expresión reconvertida en libertad de
edición) o el desinterés (reinserción social de presos). En tanto los derechos
sociales básicos aparecen como meras declaraciones de intenciones sin
virtualidad alguna, la protección de la propiedad privada sobre los medios de
producción y la libre empresa se blindan, contando a su favor no sólo con las
relaciones de producción actuantes sino también con los códigos y toda la fuerza
coactiva del Estado. El sistema electoral no respeta la proporcionalidad; el
Senado es una cámara de elección antidemocrática que excluye a las minorías,
cuya función es servir de artilugio dilatorio o bastión reaccionario. Como
seguro adicional, el Tribunal Constitucional ejerce de hecho como tercera cámara
supletoria. El Gobierno cuenta con gran autonomía frente al parlamento. Es una
Constitución cerrada, que para ser reformada según sus propias disposiciones,
exige superar una carrera de obstáculos: 2/3 del Congreso y Senado; nuevas
elecciones, nuevos 2/3 (228 diputados) y referéndum; de tal manera que la
derecha españolista disponga siempre de capacidad de boicoteo.
Casi todas las constituciones -incluidas las de las
dictaduras- suelen contener en su articulado algunas bellas afirmaciones
predestinadas a quedarse en el limbo de los principios inaplicados. La izquierda
puede y debe utilizar las contradicciones existentes entre lo formal y lo real;
confrontando los principios retóricamente asumidos con su violación cotidiana en
las políticas practicas, pero sin olvidar que ese engaño no es algo accesorio
sino esencial a la función política de la Constitución española. Esta permite
gobernar cómodamente sólo a un Gobierno que haga política de derechas; un
Gobierno de izquierdas -más bien antes que después- tendría que modificarla para
hacer una política de izquierda. Así pues, no puede ser el núcleo central o el
argumento justificador ultimo de una estrategia de
izquierda.
La izquierda no debe confundir la democracia con las
instituciones actuales; por el contrario, debemos trabajar por convencer que la
democracia requiere bien depurar unas, eliminar otras o modificar
sustancialmente las restantes.