nº
154
En este correo:
*ANDALUCÍA
*La inflación
subio en 2002 un 4%, doble de
lo previsto por el Gobierno.
El Remate:
La estadística es un cachondeo
*El
negocio de la construcción en Sevilla: beneficio económico frente a
necesidad, Rubén
Ibán
*Granada: Los políticos
recurren a las mismas
promesas electorales desde
hace 14 años, Amina
Nasser
El Remate:
Tras las consecuencias, las causas
*Granada: IU aspira a
revalidar sus concejalías y ve
'positivo' el pacto
tripartito
PSOE-IU-PSA
El
Remate. Más de lo
mismo
*Protestas
campesinas en Almería y
Granada - [Más
Enlaces]
*¿Hacia qué nueva PAC se encamina
Europa?. Víctor D.
Martínez Gómez
*Manifiesto por un Futuro para el Medio Rural,
Documento
*El
SOC avanza en el acuerdo con el
Gobierno español sobre el
subsidio
agrario
*Video
Asamblea Nacional del
SOC
*Opinión, La lucha por la paga. Andalucía
Libre - [Más
Enlaces]
*La
Junta destinará 164
millones a la reactivación de las
comarcas mineras de
Huelva
*GALICIA-ANDALUCÍA, Opinión, Lo que trajo el Chapapote.
Andalucía
Libre
*Enlaces
Gallegos - LAS
FUELCHUP - Paginas
Tecnicas
*SUGERENCIAS y
AVISOS:
-
Vieques y Puerto Rico
(Enlaces) - La
Guerra de las Cajas de Ahorro
en Andalucía - Cádiz
Rebelde 57
- Encuentro en
Jaén: Guerra Global,
Europa e izquierda
alternativa - Encuesta
Viva
*Solidaridad con
Palestina
*Directorio de
Andalucía - Música de fondo
--oOo--
Andalucíaíndice de precios de consumo
La inflación subió al 4% en 2002, el doble de la previsión
oficial del Gobierno español
AGENCIAS /MADRID
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un
0,3% en diciembre respecto al mes anterior, con lo que la inflación interanual
creció una décima y se situó en el conjunto de 2002 en el 4%, según datos hechos
públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por su parte, la inflación subyacente -sin
alimentos no elaborados ni productos energéticos- creció un 0,2% en diciembre,
aunque la interanual disminuyó en una décima y acabó el año en el 3,5%.
Asimismo, el IPC armonizado español (IPCA) subió un 0,3% el mes pasado, y
también se sitúa en tasa interanual en el 4%. El aumento de la inflación en diciembre se debió,
fundamentalmente, al incremento de precios de los grupos de ocio y cultura
(1,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas, enseñanza y transporte (0,6%). En
menor medida también aumentaron en hoteles, cafés y restaurantes, y menaje
(0,3%); en vivienda y otros (0,2%); y en medicina (0,1%). Por su parte, se mantuvieron sin variación el mes pasado en
bebidas alcohólicas y tabacos, y disminuyeron en vestido y calzado (-0,7%) y en
comunicaciones (-0,2%).
Respecto al comportamiento de los grupos
especiales en diciembre, destaca el aumento de precios de los carburantes y
combustibles (1,3%) y los productos energéticos (0,9%). Los alimentos no
elaborados aumentaron un 1,1%, mientras los elaborados lo hicieron más
moderadamente (0,2%); los precios de bienes de consumo duradero crecieron un
0,1%, y los de servicios (sin alquileres), un 0,5%.
En el conjunto de 2002, los grupos donde más
subieron los precios fueron hoteles, cafés y restaurantes (5,8%), vestido y
calzado (5,3%) y transporte (5% seguidos de enseñanza (4,7%), alimentos y
bebidas no alcohólicas, y bebidas alcohólicas y tabaco (4,6%), otros (3,9%),
vivienda (2,9%), medicina (2,6%), menaje (2,4%), y ocio y cultura (1,8%). En
comunicaciones, la inflación bajó un 5,1% el pasado
año. En el
índice estatal de rúbricas, los mayores descensos de precios se registraron en
carne de ave (-2,4%) y en prendas de vestir de mujer (-1%). En el capítulo de
subidas, destaca el aumento de precios del pescado (3,4%), la carne de ovino
(2,7%), la educación infantil y primaria (1,6%), los huevos (1,5%) y el marisco
(1,2%).
El
Remate: La estadística es un
cachondeo
¿Quien se cree que la
inflación ha subido este año en Andalucía sólo un 4%?. Seguramente habrá
algún oculto gabinete de estudios, trabajando para algún banco o
multinacional, que disponga de los datos reales. Y lo mismo ocurre con esto
como con los documentos oficiales de la CIA, que dentro de cincuenta años los
desclasifican y allá por 2053 algún estudioso le descubre a nuestros
nietos lo que realmente pasó a cuenta del euro. Pero hoy ya, los datos del INE
ni coinciden con la percepción social ni tienen credibilidad, tras las
múltiples reformas sufridas para cuantificar la inflación. Ocurre lo mismo que
con las cifras del desempleo en la Encuesta de Población Activa; que ya se
pierde la memoria de tantas modificaciones que ha sufrido para sacar gente de
las estadísticas y lavarle la cara a los datos. La diferencia entre una cuenta
y la otra es que los parados no se ven identificados y se
notan todos los días (hasta que perdida la vergüenza, se imponga lo de ir
por la calle con un cartel, que todo se andará, y entonces se vería
cual es el panorama) pero lo de la inflación lo sentimos todos cada vez que
vamos al supermercado, al bar o nos montamos en el autobus. Que no se
llega a fin de mes; que este dinero nuevo es de juguete; que
cunde menos... eso es lo que se escucha y se comenta en la calle. ¿Habrá
alguien que cuantifique el inmenso trasvase de rentas de los asalariados a las
grandes empresas que ha producido la introducción del Euro?. Lo decíamos en
ANDALUCÍA LIBRE a contracorriente cuando se vivía la inducida euforia
europeista de hace un año -¿se recuerda ahora?-: que la moneda única
significaba -entre otras muchas agresiones- que íbamos a
seguir cobrando salarios andaluces, pero con precios
europeos. Y nuestros
muy europeistas sindicatos oficiales -CCOO/UGT- vistiendo de
combativa la aceptación del referente del 4% para no afectar a la
competitividad... cuando, sólo para recuperar lo perdido,
tendríamos que estar pensando en demandas de subida salarial de dos digitos.
¡Toma
euro!.
Andalucía
El
negocio de la construcción en Sevilla: beneficio económico frente a
necesidad
Escapando, sorprendentemente, a la amenaza mundial de
desaceleración económica Sevilla ha seguido creciendo en su PIB un 3,1% este
año. El principal motor de este crecimiento sigue siendo la construcción, con
una tasa de crecimiento interanual del 7,2% en el segundo trimestre(1). Ante la
falta de otras actividades productivas, en Sevilla se pretende el crecimiento
económico a través de una economía desarrollista basada en la construcción, se
construyen pisos, polígonos, puentes, exposiciones universales,... La
administración local lo impulsa en la medida de sus posibilidades, y sin embargo
en Sevilla los barrios se caen a pedazos, sigue habiendo un buen numero de
núcleo chabolistas, los polígonos de viviendas se convierten en guetos,...
Mientras en la periferia, en el Palmete o en Torreblanca, hay zonas sin red de
saneamiento o los mínimos equipamientos públicos, el ayuntamiento se dedica a
obras faraónicas e innecesarias, mientras un buen numero de familias siguen
viviendo en condiciones pésimas en el El Vacie o en Los Bermejales,
desde 1997 no para de crecer el numero de viviendas libres construidas y su
precio, del 25% en el ultimo año(2). No es solo que se construya sin necesidad,
despilfarrando recursos aunque obteniendo beneficios, es que esos recursos
deberían invertirse mucho antes en otros lugares.
La importancia de
la construcción en Sevilla se inscribe en un contexto de políticas
desarrollistas, en cuanto a este sector, en todo el Estado español. La
construcción de vivienda lleva un ritmo frenético en los últimos años y sigue
aumentando 475.000 iniciadas en el 2001 en el Estado español lo que hace
alcanzar enormes cuotas de benéfico tanto a constructores como a
inmobiliarias.
Los precios del suelo
y la vivienda.
En los seis primeros meses del
2001 el precio de la vivienda creció en un 16´6%, un 13% más que los sueldos de
los trabajadores asalariados(3), desde julio del 2001 hasta julio del 2002
subieron un 15%(4). En el Estado español el pago de una hipoteca supone, hoy en
día un 47,5% de la renta familiar de media, y esto teniendo en cuenta que se han
multiplicado las familias en las que entran dos salarios en lugar de uno.
El Estado español ha vivido dos periodos de enorme auge
de los precios del suelo. El primero viene de 1985 hasta 1992, potenciado por la
gran cantidad de flujos de capital provenientes de Europa(5), durante este
periodo el precio de la vivienda creció un 97%. A este periodo de auge, por
supuesto, le siguió uno de crisis que duro hasta el 96, momento en el que
empieza la nueva inflación de la vivienda, en el periodo 97-01 el precio de la
vivienda crece un 50%. Sevilla no se queda atras, sus valores respectivos para
dichos periodos son subidas del 133% y del 48%, valores muy superiores ambos a
los obtenidos en el resto de Andalucía.(6)
La otra cara
de la moneda de la lógica neoliberal aplicada a la construcción es la cada vez
menor intervención de la administración publica en el tema de la vivienda. La
drástica reducción de las viviendas de protección social, no es un caso
exclusivo de Sevilla, es la tónica general de todo el Estado. En el Estado
español construcción de viviendas de protección oficial ha pasado de ser un 50%
en 1993 a un 7% en el 2001(7).
Mientras tanto según el
ultimo censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en
1991, una de cada seis viviendas permanecían desocupadas (un 16% del parque de
viviendas), la mayoría en el Casco Antiguo (24´47% del parque de viviendas
vacío). El despilfarro de recursos en cuanto a la construcción de viviendas es
un hecho constatado en Sevilla, y aun así no se consigue cubrir las necesidades
de la población.
Necesidad de
vivienda.
Aunque los indicadores estadísticos
nos dicen que el paro decrece en Sevilla, en gran medida gracias a la
construcción, las perspectivas de empleo no parecen muy alentadoras, tanto para
los trabajadores no cualificados como para la gran masa de universitarios que
salen a un mercado laboral saturado, en su mayor parte, de licenciados. No sólo
hablamos del gran numero de parados sino que también del gran numero de empleos
precarios, con escaso salario o poca seguridad, lo que no incita precisamente a
empezar a pagar una hipoteca. Esta generación de jóvenes que vive hasta una edad
muy elevada bajo el techo de sus progenitores o que depende económicamente de
estos, o que, en el mejor de los casos, ha de hacer enormes esfuerzos para
conseguir su propio techo, es especialmente numerosa en Andalucía y por que no
decirlo, en Sevilla. Aunque el gobierno adopte medidas para aumentar el consumo
de viviendas, como la reducción de los tipos de interés, este tipo medio de
consumidores no nos explica el consumo de la enorme oferta de vivienda (aunque
muchos pertenecientes a este grupo sí contribuyen mediante grandes sacrificios
personales). La verdad es que, a pesar de los problemas de la juventud sevillana
para comprar una vivienda, según los últimos datos que se atrevió a publicar la
delegación de urbanismo, 5.000 viviendas permanecen desocupadas en el casco
histórico y casi 20.000 familias carecen de techo
propio(8).
A la pregunta ¿por qué sigue aumentando
la demanda? responde el propio Instituto Nacional de Estadística, al
afirmar que un 10% de la demanda corresponde a la compra de segundas viviendas y
un 50% a inversiones de capital sin función de vivienda. El ladrillo se ha
convertido en el refugio seguro de grandes cantidades de capital en previsión de
futuras turbulencias en el mercado. La caída de la rentabilidad en los mercados
de valores y los fondos de inversión dirigen una y otra vez a los inversores
hacia la vivienda y el suelo se convierte en una segunda bolsa. Este tipo de
operaciones son una especulación con el suelo, ya que estos capitales no se
están revirtiendo en las actividades productivas, son por completo improductivos
y sin embargo pueden producir grandes beneficios a sus poseedores provenientes
de la imparable subida del precio de los suelos. La vivienda es un valor seguro
y mientras el precio del suelo no deje de aumentar será una enorme fuente de
beneficios para los especuladores.
Papel de la
administración.
El principal papel de la
administración en todo esto es la promoción de la construcción mediante
políticas públicas claramente desarrollistas. Constituyen estas, por una parte,
grandes operaciones propagandísticas para la reelección del partido en el poder
al nivel administrativos correspondiente, y por otra, grandes incentivos para el
sector de la construcción privada, bajo la pretensión de inyectar vitalidad a
las economías locales. Sevilla es un claro ejemplo de este tipo de políticas,
cuya necesidad en unos casos, o incluso utilidad y rentabilidad a largo plazo en
otros, es más que dudosa. Estamos hablando de la Exposición Universal del 92,
los puentes de Barqueta y Alamillo, el Tren de Alta Velocidad, los Mundiales de
Atletismo de 1999, etc... a lo que hemos de sumarle las grandes obras de
iniciativa privada que surgen de forma colateral a las publicas, hoteles de
lujo, campos de golf,... Política que tiene todas las posibilidades de continuar
en un segundo parque tecnológico, bajo la más que discutible excusa de falta de
espacio en Cartuja, el gran centro comercial proyectado en dicha isla o la
pretensión de acoger las Olimpiadas del año que les
dejen.
El Estado es uno de los grandes beneficiarios de
estas actividades (recalificación de suelos, impuesto sobre la vivienda,...) y
las potencia en la medida de sus posibilidades. La administración local recauda
impuestos de las constructoras por una parte y de la vivienda por otro. Al subir
el valor del suelo, alza en gran mediada promovida por la administración como es
por todos conocido, sube el valor catastral de la vivienda, se incrementa la
contribución y otros impuestos a recaudar. La construcción además crea empleo, y
el crecimiento paralelo de la construcción y el empleo es algo de lo que no duda
en vanagloriarse la administración local en el "Informe Socioeconómico de la
ciudad de Sevilla en el 2001”. El razonamiento se reduce a la simple
ecuación: construcción= empleo= bienestar, algo que podrían haber dicho también
los faraones cuando construyeron las pirámides. Es del todo cierto que la
construcción esta absorbiendo un gran numero de mano de obra, lo cual no
responde necesariamente al interés de los trabajadores. Es este un sector con
inmejorables condiciones para la sobreexplotación de la mano de trabajo por la
precariedad y temporalidad del empleo. Así que haciéndoles el juego a las
empresas de la construcción, la administración ayuda a la acumulación de
capitales y la transmisión del crecimiento a sectores relacionados como la
producción de cemento, ladrillos... cumpliendo obedientemente con los dictados
de la economía neoliberal “(...)poco importa si esto se lo gran en la
producción de alimentos básicos, viviendas, perfumes o bombas y
cañones”(9).
En Sevilla no hay
ninguna actividad realmente productiva que justifique el crecimiento de esta
urbe, así que tradicionalmente se ha optado por la especulación y la
construcción como principal negocio. La política de la administración se reduce
en ocasiones a mera comparsa del interés privado, cuando no principal promotor
de la barbarie desarrollista. El caso es que Andalucía, esquilmadas sus tierras,
sometida a procesos de desindustrialización total desde los ochenta, marginada
su población de jornaleros y desestructurada su flota pesquera, encuentra su
función para con el sistema capitalista en actividades económicas orientadas a
convertirla en un enorme parque de atracciones para Europa, tanto en su litoral,
ya completamente destrozado, como en sus ciudades. Lugar de ocio, de segundas
viviendas, de casas adosadas y de atracciones turísticas. Mientras tanto la
población despedida de sus actividades tradicionales no encontrará otro camino
de seguir para adelante, que poniendo ladrillos, sirviendo tapas a los
extranjeros y en un futuro cada vez mas cercano, la emigración.
Notas:
1. Así lo afirma el Informe
de Coyuntura Económica de la Provincia, elaborado por la Universidad de
Sevilla.
2. Diario de Sevilla, 17/12/02.
3. Ibídem.
4.
Ibídem de Julio del 2002.
5. La burbuja inmobiliario-financiera en la
coyuntura económica reciente (1985-1995). José Manuel Naredo.
6.
El mercado de la vivienda de compra en Andalucía: pasado, presente y
futuro, Luis Díaz Serrano.
7. Datos publicados por El País
(Julio del 2002).
8. Datos publicados en El Correo de
Andalucía.
9. Estructura de clases y política urbana en América
Latina (1974), Emilio Pradilla Cobos.
Andalucía
Granada: Los políticos recurren a las mismas promesas electorales
desde hace 14 años
Proyectos, maquetas y recortables de la autovía a la Costa y el
campus de la Salud resurgen en cada precampaña como una «prioridad». La oferta
de viviendas sociales aparece en todos los programas desde
1991
Granada:
Alhambra desde el Albayzin.
Cada año electoral
se construyen castillos en el aire. En vísperas de elecciones, los
representantes de los partidos políticos que tienen responsabilidades de
gobierno emprenden una frenética carrera de inauguraciones -aunque las
instalaciones ya hayan sido inauguradas-, primeras piedras, convenios
multimillonarios, maquetas, dibujos y
recortables.
Prometen el universo -porque las promesas
no cuestan dinero- y repiten los mismos compromisos de precampaña en precampaña:
la autovía a la Costa, el campus de la Salud, el museo de la ciudad, la
construcción de un gran espacio escénico, la promoción de miles de viviendas
sociales, el soterramiento de las vías del ferrocarril y la reforma de la
estación de Renfe, la rehabilitación del centro histórico y del Albaicín, el
teleférico a la Sierra, el «canal de aguas bravas» en el Genil... y
hasta la celebración del Campeonato Mundial de Piragüismo en el inexistente
«canal de aguas bravas».
Los políticos recurren a
las mismas promesas electorales desde hace hace catorce años. Pero pasadas las
elecciones, llega la amnesia. Las promesas se desmoronan como los castillos de
naipes. Las «aguas bravas» se vuelven mansas y el cauce urbano del Genil se
convierte en un río tan turbio que causa estrés a los patos. Así, hasta la
próxima convocatoria electoral, en que los proyectos resucitan y se presentan
nuevamente los dibujos, maquetas y recortables, cada vez más añejos, de la
anterior precampaña.
Se diría que el tiempo no ha
pasado desde 1989, año de elecciones generales. La autovía a la Costa merodeaba
por Granada desde tiempo inmemorial y aparecía, por primera vez, el dibujo del
campus de la Salud. En aquella confrontación electoral, el proyecto de la
autovía, aunque no existía, fue el tema estrella. El socialista Ángel Díaz Sol
(antes diputado, ahora, senador) había vuelto a prometer que presionaría por la
Bailén-Motril, y su adversario político del PP, Andrés Ollero (antes diputado,
ahora, diputado), prometía: «Votaré al PSOE si Díaz Sol me lleva a visitar
las obras de la autovía». Ollero no tuvo que votarle al PSOE. En 1996,
cuando el PP llegó al Gobierno de la nación, no se había iniciado ni un sólo
tramo de la autovía entre Granada y la Costa. El Gobierno socialista construyó
el tramo entre Bailén y Granada, pero fue un ministro del PP, Rafael Arias
Salgado, quien cortó la cinta, en 1997. En ese acto, el por entonces ministro
dijo: «La autovía hasta Motril es una prioridad para Andalucía y para el
PP».
La victoria del PP de 1996 llegó con euforia
y promesas. José Torres Hurtado, ahora candidato a la alcaldía de Granada,
aventuró, en 1998, que la obra estaría terminada en 2000. Un año después, aplazó
la terminación hasta 2003. En 2003, pese a las «prioridades», sólo hay
media autovía construida y las obras del tercer tramo en licitación.
La
Euroárabe
1990 fue año de elecciones autonómicas.
Granada iba a ser sede de la Universidad Euroárabe. «Hoy estoy especialmente
satisfecho y orgulloso de anunciar la creación de la Universidad Euroárabe, lo
que significa que de la raíz cultural de Granada salen nuevos brotes». Lo
anunció el por entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en un mitin
celebrado en Granada en víspera electoral. La creación de tal Universidad fue
uno de los tantos proyectos que resurgía en precampaña, hasta que en 1995 se
desmoronó el castillo: se creó la Fundación Euroárabe como alternativa a la
fracasada Universidad. De la «raíz cultural de Granada» no brotó la
Euroárabe ni llegaron a nacer otras tantas promesas realizadas en la precampaña
de las elecciones municipales de 1991. Aquel año aparecieron propuestas mágicas:
el museo de historia de Granada, la construcción de un gran teatro, la creación
de un centro de la imagen para «apoyar el cine y el video, la apertura del
Cuarto Real de Santo Domingo... Era parte de la oferta del PSOE para la
ciudad.
Y muchas más cosas. El por entonces candidato a
la alcaldía, Jesús Quero, se comprometía a resolver «la pesadilla» de
muchos granadinos que tenían que pagar un elevado precio por el alquiler de un
piso y a promover 300 viviendas al año a través de la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo (Emuvyssa). Llegada la hora de la gestión, el número de
viviendas menguó. La empresa municipal realizó unas pocas promociones y, al cabo
de un tiempo, vendió parte de ellas a un grupo inmobiliario, que las revendió a
particulares. Cuatro años después, el PP (que gobernó el municipio), prometería
más de lo mismo: la oferta de suelo público para abaratar el precio del suelo y
de la vivienda. Pero el coste de la vivienda siguió en ascenso hasta la
siguiente precampaña, en que el PSOE (que gobierna ahora en coalición) volvió a
prometer que traería rebajas y miles de VPO. Ni rebajas ni VPO. El precio de la
vivienda está por las nubes.
Parques y museos
Era en
la recta final del mandato del gobierno municipal de 1991. Los vecinos del
Albaicín y Haza Grande iban a disfrutar del mayor parque de la ciudad en el
Cerro de San Miguel, una obra que sería concluida en 1992. Granada, 2003. Los
vecinos del Albaicín y Haza Grande no tienen ni un minúsculo parque. Pero puede
que recuerden alguna que otra promesa que llegó en la precampaña de 1991, como
la creación de un paraíso cultural en la carrera del Darro, donde se iban a
rehabilitar edificios históricos para albergar museos de todo tipo. No hubo
museos, sino una rehabilitación de fachadas que se haría años
después.
Más generosa fue la precampaña de las
elecciones generales de 1993, el año de los grandes proyectos y de muchos
pequeños. El hospital militar iba a convertirse en un centro de salud, el barrio
de San Matías sería modelo de rehabilitación, y Granada, con su centro histórico
peatonalizado, se preparaba para conseguir la capitalidad cultural de Europa.
Pero no tenía ningún teatro.
«La presa de Otívar será
construida»
La precampaña de las elecciones
generales de 1993 llegó cargada de promesas y convenios que traerían el gordo de
la lotería. A finales de abril de ese año, José Borrell, por entonces, ministro
de Obras Públicas, y Manuel Chaves, presidente de la
Junta de
Andalucía, firmaban un convenio para mejorar las
infraestructuras en las grandes ciudades andaluzas. Granada estaba entre ellas.
Era el preámbulo de otro convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Granada y la
Junta de Andalucía, también en víspera electoral, que incluía inversiones
multimillonarias dentro del
«programa» bautizado con el nombre de
Ciudades del sur .
En la percha de ese plan fueron
colgando proyectos que se habían ido demorando: el parque periurbano de las
cuencas del Genil, Darro y Beiro, la rehabilitación del Albaicín, la estación de
autobuses -único proyecto desarrollado-, equipamientos culturales y deportivos y
la reforma de la estación de Renfe. La modernización de la estación de
ferrocarril fue entonces objeto de otro convenio institucional para promover una
operación urbanística, que incluía la construcción de una nueva terminal y el
compromiso de las administraciones central y autonómica de financiar parte de la
operación. De aquel asunto se habló durante algunos meses, y luego no se supo
más.
Esa convocatoria pre-electoral trajo una promesa
inversora de miles de millones. A principios de mayo de 1993, Borrell prometía
18.000 millones de pesetas (más de 108 millones de euros) para construir
simultáneamente las presas de Otívar y Rules. Diez años después, la presa de
Otívar sigue sin existir y las obras de Rules llevan años de retraso. También
prometía la autovía hasta Motril si el PSOE ganaba las elecciones. Los
socialistas consiguieron la victoria e iniciaron la autovía, pero desde Bailén
hasta Granada. Lo de Motril era otra historia, como la del cuento de la lechera
del campus de la Salud. Ese ha sido el proyecto más vendido desde los comicios
locales de 1995. En marzo de ese año, días después de fallarse el concurso de
ideas que se había convocado para desarrollar -y aplazar- el proyecto, la Junta
de Andalucía anunciaba que el nuevo hospital Clínico comenzaría dos años
después. No se puso ni una piedra, pero en la campaña de las elecciones
generales de 1996, el campus volvió a ser la gran promesa.
«Mi compromiso
para la próxima legislatura es tener finalizado el Clínico». Fue un
compromiso de Chaves. Lo único que terminó fue la maqueta para presentarla en
vísperas de las generales de 2000 y prometer que vendría a Granada inaugurarlo
en dos o tres años. Ese tiempo ya ha pasado.
El Remate: Tras las
consecuencias, las causas
Cartel de la Junta de Andalucía
-
Referendum 28-f
1980
La estafa está a la
vista...
Bien
está recordar que la mentira forma parte consustancial del sistema político
vigente. Bien también, denunciar como se mantiene la desvertebración de
Andalucía, visible en la relegación de Granada y otras ciudades y comarcas
andaluzas.
Pero
para que el cuadro sea completo no cabe quedarse sólo en las consecuencias,
sino que ha de apuntarse a las causas; a riesgo de que de no hacerlo,
quedándose truncado el análisis, se derive hacia el lamento o el agravio
intraandaluz, lo que nos volvería por otro camino al punto de partida y a la
impotencia.
Guste o no, Andalucía tiene una economía dependiente.
El grueso de la burguesía andaluza ha asumido el neoliberalismo sin por ello
abandonar su papel subordinado y su tradición de parasitismo de la
Administración, aprovechándose de privatizaciones y migajas que caen de la
gestión publica. No hay inversiones productivas publicas, importantes y
estables -prohibidas por el dogma y por los intereses y normas de la UE-; ni
capacidad ni voluntad desde el Gobierno andaluz de intervenir
políticamente condicionando de verdad el curso economico... todo lo más
contadas inversiones en infraestructuras siempre planeadas en coherencia
con la función adjudicada a Andalucía en el marco estatal y europeo. No
hay que extrañarse que la aceptación de un modelo que implica desigualdad
social y discriminación nacional contra Andalucía lleve consigo desequilibrios
territoriales internos, a la manera de los que ya provocaron en otra etapa las
actuaciones económicas del franquismo. Hay quejas por las carencias,
engaños, olvidos y retrasos pero en muchos de los que las
formulan no hay interés por recordar que estas son derivadas de la
ausencia de Poder político nacional. La escasez de fondos para afrontarlas
proviene de la aceptación política de la dependencia, que implica la ausencia
de devoluciones españolas realmente significativas, incluye la aceptación de
la sustracción regular de recursos que, según las propias normas vigentes
(véase fondos europeos robados y empleados fuera de Andalucía, PIE o FCI)
deberían invertirse aquí y conlleva la renuncia a
imponer políticas nacionales propias (fiscales, legislativas,
demográficas, comerciales...). La incompetencia que los acompaña no es más
que que el usual anexo del
servilismo.
Nadie nos regalara nada. Lo que nos viene hoy sólo nos
llega para mantenernos callados y quietos (porque somos siete millones y
medio y vivimos donde vivimos) y justo para ello. Admitir
que nuestros enemigos concretos y cercanos se llaman España y UE, es
precondición indispensable para superar nuestra dependencia. Y en tanto
la dependencia domine no sólo las instituciones sino también a la
sociedad andaluza y a sus fuerzas organizadas no habrá instrumentos para
erradicarla. Mirando los escaños del Parlamento andaluz, ¿cómo
extrañarse de lo que nos ocurre?. Y es que dan ganas de gritar también aquí, a
la argentina: "¡Que se vayan todos!"; en Granada y en toda
Andalucía.
Andalucía
Granada: IU aspira a revalidar sus dos concejalías y ve
'positivo' el pacto tripartito PSOE-IU-PSA
Lola Ruiz -centro-
La candidata a la Alcaldía por IU en la capital, Lola
Ruiz, [directora del Patronato Municipal de Educación designada por el Gobierno
tripartito PSOE-IU-PSA], dejó entrever el jueves en un encuentro con medios
informativos que su partido afronta las municipales de mayo con intención de
revalidar sus dos concejalías como expectativa electoral fundamental que les
permita seguir 'siendo decisivos' para gobernar. “Por supuesto que
pensamos en gobernar, pero siendo realistas no estaría mal repetir los
resultados de 1999”, señaló la aspirante, que reivindicó su condición de
mujer al señalar que “Granada merece una alcaldesa, pues no vamos a ser
menos que Córdoba”.
Ruiz entiende que la asamblea
que gestó la candidatura municipal, precedida de una fuerte división entre los
partidarios de Amelia Romacho y los de Baltasar Garzón –actuales concejales-
“no ha dejado tocada a la organización”; matizó que la lista final ha
sido fruto del consenso pese al enfrentamiento inicial y calificó de positivo la
integración de los dos ediles en el gobierno tripartito liderado por el PSOE:
“Ha salido adelante un plan de ordenación urbana –PGOU- y no debemos olvidar
que en IU gobernamos desde el compromiso con los ciudadanos”, aseguró
para justificar ese balance positivo. Ruiz reclamó mayor participación vecinal y
recordó con cierta nostalgia el tiempo de la transición “donde la
movilización era mayor y las conquistas,
también”.
Por su parte, el candidato de IU en
Motril, Felipe Villa, municipio donde la coalición también mantiene un pacto de
gobierno con los socialistas, advirtió que no permitirán “políticas de
derechas” en los pueblos de la Costa, “un feudo apetecible para el
PP”. Villa exigió las infraestructuras prometidas, pidió el tren para
Motril –“único puerto nacional sin conexión ferroviaria”, insistió- y
apostó por garantizar la gestión pública de los
servicios.
El coordinador provincial de IU, Pedro
Vaquero, presentó a ambos aspirantes y señaló que la coalición presentará
candidaturas el 25 de mayo en más de un centenar de municipios.
El Remate. Más de lo
mismo
¿Alguien se atreve a establecer qué perfiles palpables
han diferenciado sustancialmente la gestión del PCE-IU de la del PSA o de la
del PSOE en Granada, Córdoba, Jerez...?. El Urbanismo que se ha aprobado y que
se ha ejecutado en Granada, por ejemplo, es directo continuador del
planeado por el PP. [A modo de síntoma que nos recuerda la actualidad, no es
pequeño detalle que el hasta ahora gerente de la empresa municipal de
vivienda de Granada haya fichado sin problemas hace pocos días por la
Constructora Osuna]. El agua o el transporte publico siguen tan privatizados
como cuando gobernaba el PP. Las llamadas políticas de formación y
empleo (gestionadas por el PCE-IU, aplicando los principios reflejados en
su día por su dirigente Pedro Vaquero en un memorable texto*) están en
perfecta sintonía con las que diseña y practica el PSOE allá donde puede; con
sus mismos planteamientos políticos y éticos. La Toma sigue
celebrándose, con capitulación incluida ante las presiones de la reacción
semifascista y españolista, con el consentimiento de PSOE, PCE-IU y PSA,
(este ultimo, presunto partido nacionalista andaluz que para más inri tiene
como concejal corresponsable del asunto a su secretario general). Y así por el
estilo.
Granada puede ser un ejemplo tan bueno como
Córdoba, Málaga o como otro cualquiera. El PCE-IU se presenta cara a las
próximas elecciones en continuidad con su ultima trayectoria, dispuesto a
mantenerse, si los votos se lo permiten, como sostén de las políticas
municipales del PSOE. Lo mismo que el PSA o el PA; con la diferencia de que
este ultimo tampoco le hace ascos a hacer lo propio incluso también con el PP,
si los números lo aconsejan y así se le facilita el acceso a las poltronas. De
esta manera, pueden votarse en las ciudades andaluzas cuatro (o cinco)
candidaturas con siglas diferentes y estar apoyando a la vez una misma
política. El pluralismo se reduce a dilucidar quien la va a ejecutar.
Esta es hoy la democracia española en Andalucía. Así nos
va.
*Pedro
Vaquero del Pozo,
Quince ideas sobre el
Empleo en Andalucía, Area Ejecutiva de
Economia y Empleo de IULV-CA, Andalucía, 2001
Andalucía
Protestas
campesinas en Almería y Granada
EL CAMPO ALMERIENSE PARALIZA SU ACTIVIDAD EN PROTESTA POR
LOS BAJOS PRECIOS Y LA COMPETENCIA DE MARRUECOS
El sector
agrario de la provincia ha echado el cerrojo prácticamente en su totalidad
secundando el paro agrario convocado por
COAG y
ASAJA. En
algunas localidades del poniente los comercios también han cerrado sus puertas
en solidaridad con los agricultores. Cajamar ha tenido también sus oficinas
cerradas durante dos horas.
La actividad
agrícola ha sido nula hoy en la provincia tanto el Poniente como el Levante, las
principales cooperativas y alhóndigas han cerrado sus puertas secundando el paro
convocado por las organizaciones agrarias COAG y
ASAJA. La crisis de
los precios, el aumento del cupo de tomates a Marruecos y la refinanciación de
la deuda de los agricultores ha llevado a que los centros comerciales y tiendas
de algunas localidades como El Ejido cerrasen también sus puertas en solidaridad
con los agricultores.
Y es que la
crisis se comienza a sentir en los comercios. La huelga también ha dejado sentir
también colegios e institutos como este de José Salazar de El Ejido donde las
clases estaban prácticamente vacías. Los niños conocían perfectamente el porqué
de la ausencia de sus compañeros. Las oficinas de Cajamar han cerrado sus
puertas durante dos horas también en solidaridad con un sector agrícola que de
esta forma quiere dar un toque de atención al gobierno central para que atienda
sus reivindicaciones.
La Unión
Europea negocia en Rabat el acuerdo de exportación que permitirá aumentar los
cupos de Marruecos. Los agricultores dicen que puede ser la ruina del campo de
Almería. Una situación en la que el gobierno ha mantenido oscurantismo según el
sector que acusa al Ministro de Agricultura de no defender los intereses de
Almería.
El campo teme
a Marruecos pero las organizaciones agrarias están divididas. Ha habido dos
manifestaciones paralelas, COAG acusa a ASAJA de defender los intereses del
gobierno. ASAJA se defiende diciendo que no responderá a estas acusaciones y
acusa a COAG de provocadores.
La Junta prepara un
plan de ayuda al sector hortofrutícola
El ejecutivo
andaluz prepara un plan de ayuda al sector hortofrutícola de Almería, que ha
sido presentado hoy por el consejero de agricultura en la reunión del consejo de
gobierno. El plan, que se firmará con el sector el próximo mes, prevé una
inversión de 300 millones de euros de los que 120 son públicos. El consejero se
ha dirigido por carta al ministro del ramo para pedirle que, tanto el gobierno
central como la UE, colaboren en el necesario respaldo al sector.
Plata ha
solicitado al Gobierno central que defienda con eficacia ante la Unión Europea
(UE) los intereses de la horticultura mediterránea, frente a la posibilidad de
que se incremente el contingente de exportación de tomate marroquí por encima de
las 200.000 toneladas, y que promueva la elaboración de un plan de adaptación
para este sector de cara a los acuerdos de asociación. El consejero, que se ha
pronunciado de este modo sobre las negociaciones que abren mañana las
autoridades comunitarias y marroquíes sobre el capítulo agrícola, ha remitido
una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete,
en la que además de solicitar una reunión urgente, le pide que defienda al
sector,"sobre todo, en un año en que se va a plantear la reforma de la OCM
de frutas y hortalizas". Según la nota, la UE y Marruecos alcanzaron en
septiembre de 2001 un acuerdo para la campaña 2001-2002 que establecía un
contingente de tomate de 169.757 toneladas, distribuido un 66% entre enero y
mayo, y el resto en noviembre y diciembre, mientras que en las próximas
negociaciones se pretende incrementar en 60.000 toneladas el contingente, a
cambio de abrir el mercado marroquí a productos continentales como leche,
cereales y carne.
En su misiva,
Plata informa al ministro sobre la "preocupación" que han despertado en
Andalucía estas negociaciones y defiende que si se incrementa el contingente
debe ampliarse "paralelamente, el calendario de estas operaciones a fechas no
coincidentes con nuestras producciones", de modo que el conjunto de la UE
"comparta las consecuencias y no se perjudique exclusivamente a las zonas
mediterráneas".
En Rabat, Marruecos
presiona a la UE para abrir nuevos mercados
Precisamente
hoy en Rabat tiene lugar una nueva ronda negociadora entre la Unión Europea y
Marruecos. En la delegación comunitaria se niega que vayan a aceptar un aumento
de las importaciones de tomate marroquí. Sin embargo, algo tendrán que ceder
pues pretenden que Marruecos acepte aumentar las cantidades de carne, lácteos y
cereales que les exporta la UE.
"No vengo
a firmar un aumento de las exportaciones de tomate marroquí a la Unión Europea,
si ese es el motivo de la manifestación de los agricultores podrían quedarse en
sus casas". Son palabras del Director General de Agricultura de la Comisión
Europea, el español José Manuel Silva, momentos antes de iniciar una nueva ronda
en Rabat de las negociaciones para la renovación del protocolo agrícola del
Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. Según Silva hay muchas cosas más
sobre la mesa y en todo caso será en Bruselas dentro de unas semanas cuando se
firme el protocolo.
Sea en esta
reunión de hoy en Rabat o en otra posterior cuando se amplíen los cupos al
tomate marroquí, lo cierto es que la protección de nuestros productores tiene
los días contados. Como una Espada de Damocles figura la fecha del
2010, cuando está previsto que entre en vigor el Acuerdo de
Libre Comercio entre la Unión Europea y Marruecos. Entonces, no habrá barreras
para la exportación en ninguno de los dos sentidos.
COMARCA DE LA COSTA GRANADINA: MILES DE AGRICULTORES CORTAN LA
N-340 EN DEMANDA DE PRECIOS MÁS ALTOS Y ESTABLES
Se
vivieron momentos tensos al estar prohibido el acto por la subdelegación del
Gobierno. El paro en el campo fue general y los manifestantes cerraron una gran
superficie comercial. La mesa hortícola se sumó al paro de los 20.000
agricultores. Exigen que termine la especulación
MANUEL
PEDREIRA/MOTRIL - IDEAL
Corte de carretera en
Motril
«No pedimos nada del otro mundo, sólo lo que nos
corresponde, porque si vendemos un kilo de tomate cherry a 40 céntimos, cómo es
posible que en la calle valga casi 15 euros». Este discurso no es de un político
afín a la causa de los labradores, ni siquiera el del representante de una
organización agraria. Es el testimonio de Amalia Illescas, una agricultora de
Molvízar que ayer se sumó a la huelga y a la manifestación convocada por COAG en
Motril, que reunió a más de 3.000 personas y que incluyó el corte pacífico de la
carretera nacional 340 durante tres cuartos de hora.
El objetivo de
la movilización no por repetido dejó de escucharse una y otra vez por los
altavoces y en las conversaciones de los huelguistas. Los agricultores denuncian
que las grandes cadenas de distribución de alimentos y supermercados ofrecen
precios cada vez más bajos a quienes cultivan los frutos... y precios cada vez
más altos a los consumidores que los compran.
Los más de
tres mil agricultores que se manifestaron cortaron la carretera N-340 -a la
altura de uno de los accesos a Motril- durante 40 minutos y posteriormente
obligaron a cerrar una gran superficie comercial de la localidad.
Durante el tiempo en que
interrumpieron el tráfico se vivieron momentos de tensión tras advertir el jefe
del Servicio de Intervención Rápida de la Guardia Civil, al frente de medio
centenar de agentes, que el corte de la vía estaba expresamente prohibido por la
subdelegación del Gobierno de Granada.
Cierre de
hipermercado
Tras un breve
encuentro entre responsables de COAG, convocantes de la manifestación y agentes
de la Guardia Civil -con la mediación del alcalde de Motril, Luis Rubiales-, los
agricultores cortaron la carretera, leyeron un comunicado y tras arrojar al
asfalto productos agrícolas abandonaron la N-340, donde apenas se registraron
retenciones en ningún sentido pues el tráfico fue desviado por la carretera del
Puerto hasta el cruce de la N-340 y N-323. Posteriormente, los manifestantes se
dirigieron a una gran superficie comercial de Motril, donde había empezado la
marcha, y obligaron a sus responsables a cerrar sus puertas. En ninguno de los
dos actos de protesta se han registrado incidentes graves ni las fuerzas
antidisturbios de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional han tenido que
intervenir.
Según COAG, la
práctica totalidad de las empresas hortofrutícolas de la Costa pararon ayer su
actividad. La manifestación estaba encabezada por un féretro con una corona
confeccionada con productos agrícolas con la leyenda «Los agricultores no te
olvidan», junto a la cual se desplegados otras pancartas en las que se
podía leer «Por la concentración de la oferta frente a la gran
distribución», «No más concesiones agrícolas a países terceros»,
entre otras consignas.
Bajada de la renta
agraria
La indignación
se dejaba ver en los rostros de los manifestantes, que por un día abandonaron el
cuidado de sus explotaciones con la esperanza de que las administraciones
intervengan en un mercado feroz con los cherrys , pepinos y judías que con tanto
mimo cultivan. La «grave» situación económica por la que pasa el sector
se define por una causa fundamental. A saber: descenso continuado de los precios
en origen, a pesar del aumento progresivo de los precios en destino, que hace
que los costes se sitúen por encima de lo que el agricultor percibe. CPAG
estima que, de mantenerse esta situación, el 20% de las explotaciones cambiarán
de titular o habrán desaparecido en la próxima campaña al caer en manos de los
bancos o, peor aún, de los especuladores. La consecuencia de esta crisis de
precios es que la renta agraria media de las familias ha bajado un 31,54%, según
datos del informe anual de Unicaja correspondiente al año 2001.
El campo está
endeudado. La afirmación se sostiene, según los datos de COAG, por la brutal
carga financiera que soportan las explotaciones y que cifran en más de 1.800
millones de euros (300.000 millones de pesetas) para las provincias de Granada,
Almería y Murcia, principales productores de hortofrutícolas. Las organizaciones
agrarias demandan del Gobierno central y del resto de las administraciones una
ayuda para «al menos pagar los intereses de los préstamos». Sobre
la bajada de precios generalizada, Emilio Rodríguez, secretario de
COAG-Granada, indicó que es una tendencia que se mantiene desde hace años
pero que en los últimos ejercicios se ha acentuado hasta obligar a muchos
titulares de explotaciones a vender la tierra y tratar de buscarse la vida de
otra manera. COAG reclama la intervención estatal en la creación de redes de
distribución de productos que hagan frente a las grandes cadenas de
supermercados y la firma de un acuerdo marco con las grandes redes de
distribución internacionales, que garantice que los precios recibidos por el
labrador en situaciones de crisis superen los costos de
producción. «No se puede entender que los precios finales
de venta al público se mantengan y, al mismo tiempo, cada vez se le page menos
al cultivador», apostilló Rodríguez, que añadió que "los costes de las
explotaciones se han disparado ante las exigencias de calidad y productos
ecológicos que ahora imperan. Hace 12 o 14 años se vendía un kilo de judías
en una corrida a 1,7 euros y a día de hoy sigue al mismo precio. Sin embargo, en
las estanterías de los hipermercados los precios se han multiplicado".
Adónde va ese dinero y quién se lo queda es la pregunta que el campo lanzó
hoy en Motril.
[En declaraciones a la Prensa
hoy, COAG ha amenazado con bloquear los puertos de Algeciras, Almería y
Cádiz para impedir el desembarque y transito de los productos agrícolas
marroquíes y con establecer campamentos de bloqueo permanentes en la puerta de
Hipermercados si no son atendidas sus reivindicaciones]
Opinión-Análisis
El incierto futuro de la agricultura
andaluza ¿Hacia qué nueva PAC se encamina Europa?
Víctor D.
Martínez Gómez
(22/10/2002)
Departamento de
Economía y Ciencias Sociales
Universidad
Politécnica de Valencia
Este artículo consiste en un primer análisis de la
propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada por la
Comisión Europea en julio de 2002. En él se describen los instrumentos más
destacados de esta propuesta y los motivos que han llevado a la Comisión a
proponer una reforma “radical” en lugar de optar por cambios menos notorios.
Posteriormente, se discuten algunas de las críticas que ha recibido, tanto la
propuesta en conjunto como algunos de los instrumentos planteados: la previsible
falta de operatividad de la modulación y los inconvenientes de un pago directo
en función de las ayudas percibidas históricamente. A raíz de esta exposición,
las conclusiones básicas extraídas son (a) probablemente la Comisión ha acertado
en la dirección de las reformas planteadas, aun cuando los instrumentos son
susceptibles de mejora, y (b) una estrategia a nivel nacional es necesaria para
identificar y favorecer a los eventuales perdedores en España de una inevitable
reforma de la PAC.
El pasado 10
de julio, la Comisión Europea presentó su propuesta de revisión intermedia de la
Política Agrícola Común (PAC). Esta propuesta (o Mid Term Review en inglés,
llamada “MTR” en el argot comunitario ya antes de aparecer oficialmente) ha
abierto aún más, si cabe, la caja de Pandora en relación con el debate del
futuro de la PAC (1).
Desde hace
unos años, la PAC, antiguamente casi la única política europea común, está
siendo cuestionada tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea
(UE). Son tópicos las montañas de mantequilla –excedentes de leche–, las
toneladas de carne de ternera congelada, las subvenciones a las exportaciones
–restituciones– que deprimen los precios de los mercados mundiales de
alimentos.
Con motivo de
estas críticas desde las instituciones europeas se ha ido paulatinamente
modificando esta PAC para lograr dotarla de mayor legitimidad de cara a los
consumidores y a los contribuyentes europeos y, en cierta medida, ante la
comunidad internacional. Los escándalos relativos a la seguridad de los
alimentos –enfermedad de las vacas locas, fiebre aftosa, benzopirenos– han
supuesto un cuestionamiento adicional en los últimos años a una política
diseñada fundamentalmente para asegurar el abastecimiento de los mercados
europeos en los años cincuenta y sesenta.
Así, la
propuesta de reforma del pasado verano se podría inscribir dentro de esta
corriente de adaptación de la política a las nuevas situaciones, y para
analizarlo, describiremos a grandes rasgos los elementos más destacados de esta
MTR. Posteriormente pasaremos a mostrar las que pueden ser consideradas
motivaciones de tal reforma –tanto internas como externas– y, después,
examinaremos algunas de las críticas con las que se ha encontrado la propuesta
de la Comisión.
La propuesta de
revisión a medio plazo: Algunos aspectos
La propuesta
de reforma de la PAC se debe al mandato del Consejo Europeo de Berlín de marzo
de 1999 que estableció que “antes de que se produzca la primera ampliación
de la Unión, se revisará [la directriz agrícola] sobre la base de un informe que
la Comisión habrá de presentar al Consejo, con el fin de introducir los ajustes
que se consideren necesarios”.
Sin entrar en
detalles sobre los principales elementos de la propuesta, podemos destacar a
grandes rasgos que los objetivos e instrumentos previstos por la Comisión son:
1) Conseguir
mayor estabilidad en los mercados: revisión de la intervención en diversos
sectores, fundamentalmente producciones continentales, implicando en casi todos
los casos descensos en los precios de intervención con compensación mediante
otros pagos. Se proponen también cuatro escenarios de actuación futura para el
sector lácteo, mientras que otros sectores no se ven revisados.
2)
Continuar con el desacoplamiento de los pagos: con el
fin de orientar en mayor medida las producciones a los mercados, el enfoque de
dirigir las ayudas más al productor que a las producciones se pretende
profundizar. La idea lanzada por la Dirección General de Agricultura es un pago
único por explotación totalmente desligado de la producción, basándose en las
ayudas percibidas en periodos anteriores. Se permitiría libertad para la
transferencia de los derechos a estos cobros dentro de los Estados
Miembros.
3)
Eco-condicionalidad y respeto al medio ambiente:
continuando con el concepto puesto en marcha en la Agenda 2000, el derecho a
percibir ayudas directas seguirá estando condicionado a cumplir con determinados
estándares de “buenas prácticas agrarias” del tipo medioambiental, de seguridad
de los alimentos, protección de la salud y el bienestar de los animales y de
seguridad en el trabajo. Para asegurar el cumplimiento de estas prácticas, las
explotaciones europeas que perciban más de 5.000€ en ayudas directas deberán
realizar una auditoría de sus prácticas de forma obligatoria. Además, otras
medidas como el llamado “crédito carbono” – ayuda específica a los cultivos
energéticos para su eventual uso como biocombustibles – y la retirada del
cultivo durante un periodo prolongado de un porcentaje de las tierras proponen
potenciar los beneficios medioambientales de las ayudas directas.
4) Una
de las propuestas más llamativas de esta MTR es la de la modulación dinámica. Se
trata de una combinación de dos ideas ya planteadas con anterioridad: I) la
modulación como tal, recorte de las ayudas directas al superar un umbral de
ayuda percibida, concepto de aplicación voluntaria en los Estados Miembros tras
la Agenda 2000 –y con relativamente poca implantación– y II) la degresividad, o
reducción anual de las ayudas directas. La propuesta inicial consiste en la
reducción anual obligatoria del 3% de todos los pagos directos, teniendo como
límite el 20% máximo previsto en la Agenda 2000, mientras que las explotaciones
no podrán percibir más de 300.000€ anuales en pagos directos. Se establece una
franquicia general –exención de la reducción– de 5.000€ y 3.000€ más de
franquicia por puesto de trabajo creado por encima del segundo trabajador. El
dinero ahorrado con esta modulación se destinará, dentro del mismo Estado
Miembro, a medidas de desarrollo rural. Por tanto, podemos hablar de un intento
de redistribución del presupuesto comunitario.
5) Un
último objetivo confeso es el fortalecimiento, “consolidación y
potenciación” del segundo pilar de la PAC, esto es, el desarrollo rural.
Para ello se amplían las medidas de acompañamiento –entre las que se encuentran
las de apoyo al efecto multifuncional de la agricultura– que actualmente
representan alrededor del 10% del presupuesto de la PAC. Entre todas las nuevas
medidas propuestas destacamos las ayudas para la promoción de la calidad
alimentaria y la ayuda a los agricultores en la adopción de las cada vez más
estrictas condiciones de seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto al
medio ambiente. Otra novedad interesante es el incremento de la cofinanciación
en un 10% de los programas agroambientales.
El conjunto de
objetivos e instrumentos previstos pretende encajar en las perspectivas
financieras de gastos previstos hasta el año 2006, suponiendo incluso un ahorro
de 200 millones de euros frente a la situación de statu quo sin revisión
intermedia (2).
Las razones de fondo de
la propuesta
No cabe duda
de que la propuesta de MTR de la Comisión Europea ha obedecido a motivaciones
adicionales diferentes del mandato del Consejo. A continuación, pasamos a
enumerarlas explícitamente. Para simplificar el análisis, podemos distinguir
entre las motivaciones con origen exterior a la UE –las negociaciones de la OMC
y la ampliación de la Unión– y las de índole interna –razones presupuestarias y
de legitimidad social-. De “fuera” hacia “dentro” de la Unión, son las
siguientes:
1) Deseo de
fortalecimiento de la posición de la UE en las negociaciones de la
OMC: a partir de marzo de 2003 se empezarán a discutir las propuestas
aportadas por los países miembros en el seno de la OMC para alcanzar un
acuerdo de liberalización del comercio mundial a finales del año 2004. El
capítulo agrícola puede ser uno de los más espinosos para la UE en estas
negociaciones, ya que su agricultura disfruta de elevados niveles de
protección que distorsionan el comercio mundial de productos
agroalimentarios.
La MTR
pretende revertir la situación, puesto que las ayudas directas totalmente
desacopladas serían más difíciles de cuestionar por el resto de los miembros
de la OMC. En efecto, estas ayudas se podrían considerar como de “caja verde”
y permitirían a la UE no tener que defender la “caja azul” actual –donde están
las ayudas directas por hectárea y por cabeza de ganado actuales– y
concentrarse en la reducción de la “caja ámbar”, con lo que podría adoptar una
actitud más ofensiva frente a EEUU, cuya nueva Farm Bill aprobada este año ha
sido ampliamente criticada –y no sólo fuera de EEUU– como un retroceso en la
liberalización del comercio mundial de productos agrarios.
Con esta
nueva baza de negociación, la UE podría, además, defender con mayor éxito sus
propuestas de consideración de los llamados “aspectos no comerciales” como el
bienestar de los animales y también el papel multifuncional de la agricultura,
su punto de vista referido a las normas o denominaciones de origen, etc.
2)
Otro elemento que seguramente ha influido en la decisión de
lanzar una propuesta de reforma tan significativa ha sido la inminente
ampliación de la UE: como es sabido, si se cumplen los plazos es
posible que en 2004 se llegue a los 25 Estados Miembros. Muchos de estos
países tienen un marcado carácter rural y, en ese contexto, acometer una
reforma profunda de la Política Agrícola Común puede ser una tarea complicada,
aún más de lo que lo es en la actualidad, con 15 voces muchas veces
discordantes. Por ello es plausible plantearse acometer una revisión profunda
antes de la ampliación o, al menos, dejar sentadas unas “bases filosóficas” y
plantear instrumentos de puesta en práctica de las mismas, de forma que se
pueda clarificar el diseño de las políticas agrarias y rurales futuras.
3)
Un factor que presenta estrecha relación con la ampliación de
la Unión es el presupuestario. Los umbrales de gasto en cada
política de la UE se marcaron en (y tras) la Agenda 2000. La propuesta MTR
compromete ese gasto de forma efectiva con unas directrices más o menos claras
y lo estabiliza en los niveles actuales. No cabe duda de que a partir de 2006,
con una UE que tendrá que asumir los gastos de la ampliación, las presiones
para reducir la factura de la PAC serán grandes. Con las prioridades políticas
marcadas y orientadas a la legitimación social, esta estabilización de gastos
pretende funcionar como un “dique de contención” de descenso del gasto
agrario. De las múltiples aristas que presenta esta propuesta de revisión de
la PAC, ésta es en nuestra opinión la que más ha influido en la propuesta
actual.
4) Y
finalmente, una última razón de fondo que podría ser considerada más un
argumento filosófico de defensa de la Política Agrícola ante los
contribuyentes europeos que un motivo real de cambio. En efecto, son bien
conocidas las críticas a la PAC tradicional como una política únicamente
productivista que ha llevado a la acumulación de excedentes de algunos
productos, la degradación del medio ambiente en algunas zonas con elevada
intensidad en la producción, producciones ganaderas altamente intensificadas
con niveles insuficientes de bienestar de los animales, los últimos escándalos
alimentarios, la excesiva burocratización de la gestión, la inequidad en el
reparto de las ayudas, etc., y todo esto a un coste presupuestario muy
elevado.
La
legitimación social que dice buscar la Dirección General de Agricultura
estaría encaminada, entonces, a corregir estas deficiencias tal y como demanda
la sociedad, que es quien soporta la factura de la PAC: profundizar en la
eco-condicionalidad, la modulación de las ayudas directas, las auditorías
obligatorias que aumentarían la transparencia, las reformas de algunas
Organizaciones Comunes de Mercado, etc pretenden corregir los efectos
indeseados observados hasta ahora.
Las críticas
Una vez
descrita a grandes rasgos la propuesta de MTR y los principales factores
desencadenantes de la misma, podemos pasar a analizar las críticas
recibidas.
La primera
crítica que se ha planteado a esta propuesta es que la Comisión ha excedido el
mandato del Consejo, presentando una propuesta más ambiciosa que una simple
evaluación sectorial. Probablemente ha sido así, y las motivaciones de la
Comisión para hacerlo ya las hemos visto. Había diversas piezas en el tablero y
encajarlas todas requería algo más que un “lavado de cara de la PAC”.
También se ha
criticado a la Comisión por intentar modificar las reglas de la PAC mientras
está cerrando con los candidatos las negociaciones del capítulo agrícola. ¿Se
trata de una falta de lealtad hacia los futuros socios o debemos plantearlo en
los términos de facilitar el debate posterior?
Sin duda, los
aspectos de la propuesta más discutidos han sido la modulación dinámica y la
consolidación del derecho a un pago por explotación basado en los pagos
percibidos históricamente como medio de desvincular las ayudas totalmente de la
producción (3).
Por lo que
respecta a la modulación dinámica, las críticas proceden de dos frentes. La
incertidumbre asociada a la medida explica una primera reacción adversa: se sabe
quién va a perder con esta medida y no quién va a ser el beneficiado con la
redistribución de fondos. En general, los cambios de statu quo suelen suscitar
este tipo de dudas.
El segundo
frente de críticas es más rico conceptualmente. La modulación implica
redistribución de las ayudas desde las explotaciones que perciben más fondos
hacia otros objetivos de desarrollo rural, es decir, se plantea la introducción
de un elemento de equidad en el reparto de las ayudas. Así, es probable que el
límite máximo de 300.000€ (más franquicias) sea muy elevado y que afecte a muy
pocas explotaciones. De esta forma, el efecto redistributivo sería escaso. Por
otra parte, la reducción anual del 3% de las ayudas afectaría a todas las
explotaciones que perciban más de 5.000€ anuales, lo cual podría resultar más
dañino para las explotaciones de tamaño mediano y de tipo familiar que para
otras más profesionalizadas y con más mano de obra asalariada, que sería
computada en forma de franquicias. Probablemente, y jugando a ser adivinos, cabe
pensar que una medida tan lineal no sea aceptada y quizás al final se adopten
otras propuestas de modulación más acordes a las distintas realidades
productivas.
La
modificación de las ayudas directas, otorgándolas ahora en forma de un único
pago desacoplado de la producción, calculado en función de las ayudas históricas
es quizá la propuesta más arriesgada de la Comisión y la que merece una
discusión más profunda. Por un lado, presenta ciertas ventajas asociadas a mayor
simplicidad y homogeneidad en su gestión y a la mayor orientación al mercado de
las producciones, ya que no existiría obligación de producir para cobrarlas. En
el frente externo, este desacoplamiento colocaría a la UE en mejor posición para
defender la PAC en el escenario internacional.
Como
contrapartida o puntos débiles de este nuevo tipo de ayudas, se han citado
varias de alcance diverso. En primer lugar, está la crítica del “vicio de
origen”: la inspiración de la medida en una normativa que fracasó y que ya no
está en vigor: la FAIR Act -normativa agraria estadounidense– de 1996. Aún
cuando la referencia es correcta y oportuna, cabe puntualizar que la MTR no es
una mera transposición de dicha normativa. Las diferencias más notables son,
primero, que la MTR mantiene una red de seguridad para los mercados agrarios en
forma de intervención y (todavía) elevada protección en frontera y, en segundo
lugar, destacar que las ayudas
comunitarias incorporan la eco-condicionalidad a su percepción. La extinta FAIR
Act no contaba con ninguno de estos elementos.
Otra crítica
es que, al no estar ligada su percepción más que a la tenencia de la tierra –y
no a la actividad agraria en sí– fomentaría inactividad en zonas poco
productivas, dificultando los ajustes estructurales en este ya rígido sector. El
dilema planteado es que la forma actual de las ayudas desacopladas de la
producción –los pagos por hectárea en las producciones vegetales– son
inequívocamente distorsionadoras del mercado de la tierra, dificultando también
la reestructuración del sector, vía ampliación del tamaño de las explotaciones.
¿Cuál distorsiona menos?. Como afirma J. M. Sumpsi, sería interesante analizar
el efecto de la posibilidad de transferencias de las ayudas en caso de venta o
arrendamiento (dentro del Estado Miembro) a efectos de la evolución de las
estructuras agrarias.
Una de las
críticas de mayor calado a este aspecto de la propuesta es su base histórica de
cálculo. En efecto, el cálculo de las ayudas basándose en la situación actual
consolidaría derechos de percepción actuales cuya forma de adquisición puede ser
discutible: actualmente, las ayudas son mayores en las zonas más productivas;
además, en otros casos ha existido limitación a los derechos de producción que
han conducido a la limitación en los pagos directos percibidos. En todo caso,
sin tratar de justificar a la Comisión, sería difícil por motivos políticos
establecer otros criterios de cálculo que no tuviesen en cuenta las percepciones
históricas; así que si se quieren desacoplar de manera inequívoca los pagos
directos, va a ser difícil soslayar esta “inercia” histórica. Lo criticable en
nuestra opinión es que se pretenda “calcar” una situación que
actualmente no es justa.
Finalmente,
otra crítica a tener muy en cuenta para el futuro de la PAC es que los pagos
totalmente desacoplados pueden acentuar el carácter asistencial que actualmente
se atribuye algunas veces a las ayudas directas a los agricultores. Es cierto
que la eco-condicionalidad los reviste de legitimidad social interna y justifica
el argumento “multifuncional” con que se está revistiendo a la
agricultura europea, pero a más largo plazo su defensa podría verse debilitada
ante los contribuyentes europeos.
A modo de conclusión:
¿se encamina Europa hacia una nueva PAC?
Como hemos
visto, la Política Agrícola Común es una pieza que cada vez cuesta más
“encajar” tanto en el contexto interno como internacional. Mantener el
statu quo actual significaría, sin duda, un suicidio de la PAC a medio plazo.
Tampoco un desmantelamiento de la misma sería aceptado por la sociedad europea.
De modo que, ante esta necesidad de adecuación de la regulación, la Comisión ha
optado por una posición valiente que pretende soslayar bastantes de las amenazas
que pueden acechar a la PAC.
Así que una
primera conclusión sea que probablemente, la dirección propuesta por la MTR, con
la búsqueda de mayor legitimación social, la consolidación del gasto agrícola y
la mejora de posiciones de negociación en el exterior supongan apuntar en la
dirección correcta de futuro. Dicho de otra forma, es inevitable reformar la PAC
y cuanto antes se haga, mejor.
Sin embargo,
algunos de los instrumentos propuestos presentan deficiencias: una modulación
redistributiva con escasos efectos prácticos y un pago desconectado basado en
los pagos históricos son instrumentos mejorables. Del mismo modo, algunos
sectores pagan los platos que otros han roto. Pero los árboles no nos han de
impedir ver el bosque: renunciar a una reforma que siga estas directrices o
similares iría restando progresivamente grados de libertad a la PAC.
De todas
formas, la MTR es sólo una propuesta y finalmente será el Consejo quien decida
el futuro de la PAC. Ya se han establecido dos frentes en la UE al respecto y en
el horizonte se empiezan a vislumbrar alianzas para hacer una reforma que
acomode a los países. España tiene que ser capaz de situarse bien de cara a esas
negociaciones. Esto nos lleva al planteamiento de la situación a nivel interno.
En España, las
competencias en materia agrícola están distribuidas entre la Administración
Central y las Comunidades Autónomas; un acuerdo pragmático a nivel nacional
entre estos agentes podría contrarrestar los eventuales efectos negativos de los
cambios de política a su vez que ayudar a presentar una posición más firme en
Europa.
El acuerdo
podría basarse en la siguiente directriz: si se diagnostica que las
explotaciones familiares medianas nacionales van a resultar perjudicadas y
deseamos respaldarlas, los fondos procedentes de la modulación y diversas
políticas de competencia nacional pueden ser muy útiles para ayudarlas a
adaptarse a la nueva situación.
Naturalmente,
este acuerdo pragmático no sería fácil de alcanzar, ya que España presenta
realidades agrícolas muy diversas, con diferentes cultivos, tipología de
explotaciones, etc, y sería muy difícil encontrar un acuerdo en el que todos
ganasen o al menos nadie perdiese. ¿Es el momento de la alta política
agraria?
Notas
(2) El coste
neto de la PAC está situado en los últimos años en cifras de alrededor de
40.000 millones de euros, algo menos del 50% del presupuesto de la
UE.
(3) Además, ha habido otras críticas sectoriales –frutos secos, arroz,
forrajes,...- cuyo análisis excede los límites de este
artículo.
El estado de la
cuestión. Documento:
Manifiesto por un Futuro para el Medio
Rural
La reforma de la Política Agraria Común (PAC) europea
afecta a cuestiones esenciales: la vida en el medio rural, la sostenibilidad
de las explotaciones familiares, la producción de alimentos sanos y de calidad
para todos, el desarrollo de los países del Tercer Mundo y la conservación de
la naturaleza. La PAC ha fracasado en estos puntos por lo que se enfrenta a
una crisis de legitimidad. La sociedad y las instituciones europeas se ven en
la necesidad de reformar su política agraria, pero las propuestas de la
Comisión Europea y de algunos Estados miembros, no afrontan el necesario cambio de rumbo.
La propuesta de Revisión a Medio Plazo de la PAC refuerza la apuesta por un
modelo intensivo de producción agraria, más orientado a los mercados que a las
personas. Esta propuesta busca adecuar la PAC al Acuerdo sobre Agricultura
sobre Agricultura de la OMC, que, en nuestra opinión, es ilegítimo e injusto,
ya que protege los privilegios de un pequeño grupo de compañías y países, en
contra de los intereses del medio rural tanto en los países pobres como en los
ricos.
Lamentablemente, muchos quieren reducir el debate a
dos posturas: quienes buscan
consolidar sus privilegios manteniendo la situación actual con leves retoques,
y quienes pretenden abandonar el sector en manos del mercado, lo que dejaría
desprotegidos a una mayoría de pequeños y medianos agricultores. Frente a
ellos, un número creciente de organizaciones europeas planteamos la necesidad
de la reforma, pero de una reforma diferente, posición que está siendo
ignorada por los Estados miembros y por la Comisión Europea.
I. La necesidad de un medio rural vivo
En la Europa del siglo XXI, el medio rural ocupa un
80% del territorio. De sus habitantes depende la producción de alimentos de
calidad, la sostenibilidad del medio ambiente y el reparto equilibrado de la
población. En los países del Tercer Mundo, tres de cada cuatro personas pobres
dependen de la producción agraria, y más de dos terceras partes de los que hoy
pasan hambre son agricultores, ganaderos, pastores o pescadores.
El
modelo de protección agraria en los países ricos prima la producción intensiva
y los intereses del mercado. El resultado es un despoblamiento progresivo del
medio rural y un empobrecimiento creciente de los pequeños
agricultores.
II. Otra PAC es posible... y necesaria
Representantes de la agricultura familiar,
ecologistas, consumidores, sindicatos y organizaciones de lucha contra la
pobreza en el Tercer Mundo hemos unido nuestros esfuerzos para defender una
reforma en profundidad de la PAC que sea coherente y solidaria con el objetivo
de alcanzar la Soberanía Alimentaria y el esfuerzo de los países empobrecidos
por alcanzar su desarrollo, defienda un medio rural en el que se produzca y se
viva con dignidad, garantice la conservación de la naturaleza, y provea a los
consumidores con alimentos sanos, variados y de calidad. En concreto,
planteamos:
-
Acabar con las exportaciones a precios por debajo
del coste de producción (dumping), que han condenado a la pobreza a cientos
de miles de pequeños agricultores en todo el mundo,
incapaces de competir con los productos subvencionados. Exigimos un
calendario para eliminar todas las ayudas que facilitan la exportación de alimentos
en condiciones de competencia desleal.
-
Garantizar una remuneración digna a los agricultores
y ganaderos de todo el mundo que valore la función social que ejercen,
mediante precios y ayudas que permitan vivir con dignidad. Este objetivo
sólo es alcanzable con medidas que van desde el control de los volúmenes de
producción al complemento de rentas para regiones desfavorecidas,
priorizando los mercados y la comercialización locales.
-
Rechazamos la propuesta actual de la Comisión
Europea de desacoplar las ayudas a la producción, vinculándolas
a la explotación en base a niveles históricos de ayuda. Con ello se
consolidará un reparto injusto de las ayudas, favoreciendo a quienes más
tienen, y se estimulará el abandono de zonas menos productivas, perjudicando
el equilibrio ecológico y poblacional. Además, forzará a la baja los precios
de referencia tanto en el mercado interno como en el internacional, en un
intento declarado por beneficiar los intereses agroexportadores del poderoso
lobby de las grandes compañías
agroindustriales europeas.
-
La modulación en la distribución de las ayudas debe
primar el apoyo a las pequeñas
explotaciones familiares y a aquellas que desarrollan su actividad en
comarcas con deficiencias estructurales, estimulando la creación de empleo y
la producción ecológicamente sostenible. Entendemos que la propuesta de la
Comisión queda lejos de resolver las iniquidades del modelo
actual.
-
La PAC ampara una producción intensiva que fomenta
el uso de fertilizantes, plaguicidas y recursos para el engorde rápido de
los animales, favoreciendo al mismo tiempo el abandono de zonas menos
productivas. Todo ello ha dado lugar a la degradación de tierras, aguas y
alimentos, generando alarma social, e ignorando el más elemental principio
de precaución. Las ayudas de la PAC deben estar sujetas al cumplimiento
obligatorio de una serie de medidas que protejan la biodiversidad y eviten
el control de la propiedad intelectual de los recursos productivos
por parte de un pequeño grupo de compañías. La propuesta de la
Comisión incorpora un discurso
avanzado pero no establece mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los
Estados miembros.
-
Los consumidores debemos disponer de información
clara, así como de los medios necesarios para decidir los alimentos que
necesitamos consumir y la mejor
forma de alimentarse de una manera sana. Los consumidores deben estar mejor informados acerca de los
métodos de producción de los alimentos que consumen, para lo cual es
necesaria una normativa eficaz sobre la trazabilidad, el etiquetado y la
publicidad de propiedades nutritivas, funcionales o sanitarias, así como de
la posible presencia de ingredientes transgénicos o derivados de
ellos.
Invitamos a la sociedad española a sumarse a estas
propuestas, instando al Parlamento a
adoptar medidas que garanticen un debate sereno y en profundidad sobre un tema tan relevante
para el futuro de Europa y de países terceros. Pedimos al Gobierno que
abandone una posición defensiva que sólo beneficia los intereses de los
grandes productores y agroindustrias. El futuro del medio rural europeo y la
sostenibilidad de la agricultura familiar pasa por medidas valientes que
exigen el consenso con la sociedad civil, que tiende hoy la mano para trabajar
juntos por un futuro para el medio rural.
Diciembre 2002
Organizaciones firmantes.
Organizaciones de agricultores y ganaderos: COAG, UPA, Plataforma Rural.
Organizaciones ecologistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, WWF/ADENA. Organizaciones de
desarrollo: ACSUR-Las Segovias, Cáritas Española, Ingeniería sin
Fronteras, Intermón Oxfam, Prosalus, Veterinarios Sin Fronteras.
Organizaciones de consumidores: CECU, OCU. Organizaciones
sindicales: UGT, CCOO.
Andalucía
El SOC avanza en el acuerdo con el Gobierno español
sobre el subsidio
Asamblea Nacional del
SOC,
El Coronil,
Enero 2003
El
secretario general del
Sindicato de
Obreros del Campo, Diego Cañamero, mantuvo
ayer un encuentro en Sevilla con el secretario general de Empleo, Juan Chozas,
para avanzar en la propuesta sobre la reforma del subsidio agrario que el
Gobierno tiene previsto presentar la próxima semana.
Cañamero volvió a insistir ayer en
el buen clima en el que se celebran estos contactos, así como en la posibilidad
de alcanzar un acuerdo final sobre esta cuestión. En la jornada de ayer, el
secretario general de Empleo hizo llegar a este dirigente sindical nuevas
propuestas en relación a las condiciones para acceder al nuevo subsidio que está
preparando el Gobierno. Así, propuso que para los mayores de 45 años es
necesario haber cotizado diez años en la Seguridad Social, para los de más de 52
son necesarios 15 y para los más de 60, 20. Este extremo fue rechazado por el
SOC, según aseguró a ABC, Diego Cañamero.
Sin
embargo, a pesar de esta discrepancia, Cañamero manifestó en relación a la
reunión, según informa Efe, que «nos ha satisfecho mucho más porque hemos
visto todos los temas del subsidio. Si el Gobierno se compromete a dar
absolutamente todo lo que teníamos, los mismos derechos con las propuestas que
les hemos hecho al mismo tiempo, estaríamos en buen camino». Por su
parte, el secretario general de Empleo, Juan Chozas, mantuvo la línea de
«optimismo» en la que se ha manifestado el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana,
en los últimos días, destacando la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el
subsidio agrario.
El SOC
mantendrá los cortes de carretera para el día 22 de enero, mientras que
CCOO anunció ayer una campaña de agitación social previa a la
huelga general del medio rural del 20 de febrero.
Opinión
La lucha por la paga
Andalucía Libre
Hechos
Terminaba 2002 con la advertencia del SOC de
que convocaría una Huelga General
Indefinida a partir del 15 de Enero de 2003 en todo el campo
andaluz si por entonces no se había restablecido el Subsidio Agrario-PER en
su situación anterior al Decretazo.
El 3 de Enero, el Ministro Zaplana se reúne con
los jefes estatales de CCOO y UGT, Fidalgo y Mendez. Se les
plantea una nueva reformulación del subsidio, que según los medios
gubernamentales, satisface el grueso de las peticiones sindicales. Los dos
dirigentes sindicales se declaran insatisfechos y a renglón seguido anuncian
nuevas movilizaciones.
A continuación, Zaplana recibe en Madrid a
los presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura,
Chávez y Rodríguez Ibarra (ambos del PSOE). Los presidentes salen de la
entrevista afirmando, en resumen, que el Gobierno español lo que ofrece es
restaurar sustancialmente al Subsidio con otro nombre y que si
eso es así, no estaría mal. De momento, ofertas, contraofertas y
valoraciones sólo tienen soporte oral. No hay ningún papel que recoja la nueva
posición del Gobierno, aunque el ministro se comprometió a tenerla escrita
"en diez días", según Chaves
El 5 de Enero CCOO-UGT deciden convocar para el
20 de Febrero una Huelga General de un día en el medio rural andaluz (que
excluye a la mayoría de las ciudades andaluzas de más de 40.000
habitantes). Cañamero (SOC) dice que convocar
un único día de paro "es de blandengues, no le va a doler ni al
Gobierno central ni a los terratenientes". Antonio Romero, portavoz
parlamentario del PCE-IU declara
estar de acuerdo con la postura del SOC. El
PSOE dice que apoya a los trabajadores y a los sindicatos; pero no concreta si
esto significa que apoyará la Huelga de CCOO-UGT.
El 6 de Enero, EL MUNDO-Andalucía filtra lo que
dice ser lo que ha sido presentado por Zaplana: un nuevo programa de
inserción para quienes en adelante no puedan entrar en el antiguo
Subsidio a extinguir, con los mismos requisitos que el Subsidio y duración
semestral con igual paga que la del subsidio (75% del salario mínimo
interprofesional). Aparte, incluye como novedad sumarle los paripés
habituales ya aplicados por el INEM en otras ramas: planes de inserción,
tutorías para búsqueda de empleo, planes de formación...
Cañamero (SOC) comenta en relación a la
diferente postura de los presidentes en relación a la
de CCOO-UGT: "Habrán
visto algo distinto en la propuesta de Zaplana; aunque entendemos que hay que
agotar la vía del diálogo, ya llevamos 8 meses y hay ya 17.000 personas sin
subsidio agrario", y anuncia que el SOC se reunirá para ver qué hace
y qué movilizaciones plantea. No se volverá a escuchar nada más de
la proyectada y nonnata Huelga General Indefinida, auspiciada
anteriormente por el SOC.
El PSA se declara a favor de la Huelga
General de CCOO-UGT y critica la tibieza del PSOE. Méndez (UGT) aduce que las
diferencias de interpretación con el PSOE "son prueba de la independencia
sindical". Alcaraz (PCE-IU) afirma que el Gobierno quiere exigir 60
peonadas a los menores de 45 años -una cantidad casi imposible de
alcanzar-; no tener derecho a pensión y someterse a revisión
anual.
El 8 de Enero, el ministro Zaplana se
reúne con el SOC. A partir de ahí, vendrán dos nuevas reuniones con su vice
Chozas. Cañamero indica que "este sindicato está legitimado para hablar y
negociar con quien quiera", que las tres organizaciones no van juntas
porque "CCOO y UGT no quieren" pese a que el SOC se lo ha solicitado
en varias ocasiones y recuerda que esta organización ha sido el "único
sindicato, según ha reconocido el Gobierno central, que ha presentado una
propuesta alternativa" para mejorar el sistema. El SOC sigue con su plan
de movilizaciones, aunque se muestra abierto a converger el día 20 con
CCOO-UGT.
Después se irán sucediendo filtraciones y
versiones contradictorias y pullas mutuas partidarias y sindicales. Coinciden
en que los puntos de fricción a engrasar son las condiciones de
acceso, el carácter estable y no simplemente renovable del subsidio y si
se cuenta o no el neosubsidio-PER y de qué manera, a efectos de acceder a las
pensiones. A fecha de hoy no se dispone aún de la posición definitiva del
Gobierno español.
Claves
La sucesión de problemas, desastres y errores
políticos del PP en los últimos tiempos le inducen a intentar
rebobinar y calmar el frente andaluz. Ya es bastante Euskadi y el
Prestige. Necesita sobar algo a CCOO-UGT cara a la
próxima negociación colectiva, la primera post-euro, para revalidar el enésimo
pacto social. Además, el modelo del subsidio no tiene nada de
socialista aunque lo implantara el PSOE, como sabe bien; se pensó y
gestionó siempre como un instrumento al servicio del orden político y el
capitalismo dependiente en Andalucía. Y es muy barato. No obstante, no quiere
dar la impresión de una rendición incondicional (ni siquiera aparente) porque
también sabe que hay sectores sociales (muchos fuera de Andalucía, con los
tópicos y prejuicios antiandaluces de sustrato; otros también dentro,
especialmente en la Andalucía urbana, molestos por lo que entienden
privilegios rurales) que aunque no se manifiesten en publico, ven con
simpatía su eliminación. El grueso de las perdidas y ganancias electorales a
cuentas de este asunto están ya saldadas y son difícilmente
modificables.
CCOO y UGT están trabajando el asunto con el
rabillo del ojo fijo en el SOC. No quieren regalarle espacios y de ahí su
convocatoria de Huelga General; pensada para cuando el grueso de la
recogida de la aceituna (si el tiempo lo permite) este ya
hecha. El SOC se ha demostrado capaz de ganar
nuevamente con sus acciones espectaculares titulares de prensa; algunas,
además, las ha desarrollado en comarcas de nueva implantación como
las de Jaén. La pelea intersindical se realiza a la manera tradicional del
campo, en forma de movilizaciones organizadas desde los pueblos, utilizando
los respectivos aparatos municipales y sindicales (en este ultimo amarre,
CCOO-UGT cuentan con la ventaja adquirida que le confiere su red de liberados
colocados en instancias paraestatales y el apoyo del PSOE). Por su
parte, el SOC también ha reconocido de hecho que
no ve condiciones favorables para echarle un pulso a CCOO-UGT,
manteniendo viva su propuesta de Huelga General Indefinida (que ha
archivado sin mayores alharacas) que podía traer consigo los primeros
enfrentamientos perceptibles entre patronos y trabajadores desde que
empezó el conflicto, razón por la cual no contaba con el apoyo de
CCOO-UGT. El SOC ha conseguido ver reconocida institucionalmente su
existencia a través de las entrevistas con representantes del Gobierno
español. En cuanto a reivindicaciones y discurso, la diferencia esencial es
que el SOC ha aparecido más combativo en la exigencia de las mismas demandas
que CCOO-UGT: que se mantenga la paga y el acceso a
ella.
Para el Gobierno andaluz del PSOE (que cuenta
con la participación y el sostén del PA y Los Verdes),
todo han sido beneficios políticos hasta el momento. El PP se ha
desgastado a si mismo. Ningún sindicato le ha pedido cuentas o exigido
iniciativas políticas, legislativas o ejecutivas. Ninguna fuerza
parlamentaria -en un ejemplo de lealtad constitucional- ha
planteado nada que cuestione o supere el marco político y competencial que
permite la notoria dependencia de Andalucía en relación a
Madrid.
Dado que todo -aunque alguno se resista a
reconocerlo, queriendo ver lo que desgraciadamente no hay ni ha
habido- se ha reducido a reclamar el mantenimiento de la paga
del subsidio, se entienden perfectamente las dudas, faroles y requiebros de
los protagonistas principales y de los meritorios. PCE-IU, PSA y PA están
reducidos a este ultimo papel; con la particularidad en el caso de PCE-IU y
PSA, de sus notorios esfuerzos por intentar encontrar huecos
políticos, situándose en la estela del SOC.
La cuestión ahora es
simple de plantear aunque difícil de medir. ¿Hasta donde puede llegar el
Gobierno español para que, devolviendo el acceso a la paga, desactive la
protesta, quedándose en el camino con según qué terreno adquirido desde la
contrarreforma?. Desde los sindicatos, ¿donde situar el punto de
pacto para que puedan venderse como vencedores, sin peligro de que la
competencia sindical los tilde de flojos o traidores, con eco entre la
gente?. Como el asunto no va de dignidad ni de otras hierbas (en
ese caso estaríamos hablando de una lucha por la tierra y no
sólo por la paga o de exigencias de desarrollo
nacional y trabajo) el acierto exige especial cuidado por las
partes en la evaluación de la coyuntura política y la reacción social a
corto plazo. Chaves y la sucursal andaluza del PSOE así parecen haberlo
entendido cuando han planteado que, si se retorna el acceso a la paga, todo lo
demás puede ser negociable. CCOO-UGT tienen también presente, por su
lado, la preocupación de la gente mayor por asegurarse las pensiones de
jubilación y sobre todo que el nuevo envoltorio les asegure cierta
tranquilidad, no forzándoles cada año a replantear la cuestión. El SOC,
finalmente, quiere acreditarse como el mejor defensor del subsidio para
hacerse con la simpatía de quienes puedan verse perjudicados por los cambios,
pero últimamente también quiere demostrar que no sólo sabe protestar
sino también negociar. Los cuatro (PSOE, CCOO, UGT y SOC) andan,
en resumen, no queriendo quedarse ni demasiado delante ni demasiado
atras de las motivaciones y disposición de la gente, que además son muy
heterogéneas según tradiciones, comarcas y situaciones personales y
generacionales.
Previsiones
El Gobierno español ha vuelto a anunciar que en
próximos días hará público su esperado papel. Mucho dependerá de qué sea lo
que termine ofreciendo y de cómo lo presente. No debe olvidarse que cada
aspecto de los que se mantienen abiertos (acceso, seguridad en la percepción,
pensiones...) sensibiliza de forma desigual a unas franjas (jóvenes,
mujeres, maduros...) y comarcas (latifundistas, minifundistas, mixtas,
serranas, intensivas...) en relación a otras. Resulta bien difícil
adelantar que terminará ocurriendo.
Sí puede apreciarse que parece improbable un
giro desde los sindicatos y fuerzas parlamentarias hacia una política
realmente alternativa sobre la situación del campo andaluz, que
sea social y nacionalmente consecuente. CCOO-UGT son parte y
criaturas del sistema del subsidio y el SOC se ha acomodado a vivir
contra pero desde dentro. Toda la protesta y agitación se ha
realizado hasta ahora dentro de los márgenes políticos y programáticos del
subsidio-PER y de la subordinación política y económica de Andalucía. Todo se
ha centrado en asegurar un ingreso complementario público -aunque sea mísero-
que facilite -sumado a otros, sean declarados o irregulares- la
supervivencia. La línea de más vale pájaro en mano, que ciento
volando, se ha convertido en regla y principio y la cultura del
trapicheo -que tiene al PSOE como encarnación política y beneficiario
electoral-, con veinte años a la espalda, se ha vuelto a manifestar como una
pesada losa que mantiene paralizada a Andalucía.
Aunque quepa comprender la raíz de las
motivaciones individuales y familiares, si a todo lo dicho se suman los
cambios venideros por el tratado de libre comercio UE-Marruecos, más la
reforma de la PAC y la ampliación de la UE al Este (que implica gastos,
disminución de ingresos, aumento de la competencia interna en la UE y
abre la puerta a una inmigración masiva no legalmente restringible), la
impresión que resta es que las opciones escogidas hasta el
momento vuelven a colocar al campo andaluz y consecuentemente
a Andalucía reducida a la condición de objeto cuyo destino queda a
expensas de decisiones políticas ajenas; de juguete en los pactos consecuentes
en los cuales estaremos, como siempre, ausentes aunque suframos sus
consecuencias y del juego de los intereses y fuerzas del mercado. Con
todo esto encima, incluso la mejor de las hipótesis posibles desde el lado
sindical sigue quedando además, aunque al momento no se perciba, bien
tocada de fragilidad y provisionalidad.
La Cuestión del
Subsidio Agrario-PER en
ANDALUCIA LIBRE:
Recopilación de artículos de análisis publicados
en ANDALUCÍA LIBRE
Archivo de Documentos -
Carpeta Andalucía
Andalucía
La Junta destinará 164 millones a la reactivación de
las comarcas mineras de Huelva
Agencias
La Junta de
Andalucía, con la aportación de fondos de la Unión Europea, invertirá en 2003
más de 164 millones de euros en las comarcas onubenses afectadas por la crisis
de la minería metálica, dentro del denominado Plan Andévalo que
se aplicará hasta el 2006. El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Juan
Ceada, explicó en rueda de prensa que con estas inversión, en la que participan
hasta 10 consejerías de la Junta de Andalucía, se pretende crear empleo en los
28 pueblos onubenses afectados por esta crisis minera, conseguir un desarrollo
equilibrado y una diversificación económica.
El principal
sector que se potenciará será el de la agricultura de regadío con la puesta en
marcha de la presa del Andévalo, que dentro de un año dispondrá 900 hectómetros
cúbicos de agua para poner en explotación 11.000 hectáreas de
regadío. Además se pretende por parte de la Administración autonómica
potenciar las industrias transformadoras de los productos agrícolas y
especializar a los antiguos mineros y a la población de la zona en otras
actividades productivas.
El
delegado del Gobierno andaluz en Huelva pidió tanto al Gobierno central como a
los empresarios su colaboración para impulsar la diversificación económica de
esta zona de la provincia onubense, una de las más deprimidas de la Unión
Europea. Ceada incidió en que estas comarcas no pueden estar sólo dependiendo de
la actividad minera, más aún cuando en estos momentos pasa esta actividad por
unos "momentos difíciles", aunque puntualizó que desde la Junta de
Andalucía no se descarta que se pueda volver a la minería en la provincia de
Huelva.
Opinión
Lo que trajo el
Chapapote
Andalucía
Libre
Chapapote en costa
gallega
Cerca de dos meses después del hundimiento del
petrolero Prestige conviene señalar algunas
reflexiones a cuenta de los acontecimientos y de sus
consecuencias.
Un mismo hecho y una actitud pueden tener
lecturas y provechos distintos. La
catástrofe del Prestige evidencio la incompetencia y dejadez del Estado
español y del Gobierno gallego, ambos en manos del PP. La reacción de los
gallegos de tomar en sus manos, de forma espontánea y autoorganizada, la
limpieza de sus costas fue lógica, humana y loable. El trabajo voluntario
masivo, en la costa y en la mar, eran la forma de defender lo
suyo y a la vez de protestar contra la inutilidad de la Administración
del PP: Galiza nova frente a la Galicia de siempre. La
masiva manifestación en Santiago el 4 de Diciembre y las continuas actividades
de protesta de la plataforma Nunca
Mais y otras organizaciones, constituían el telón de
fondo de esa labor incesante de retirada de las mareas negras de
chapapote.
Ahora bien, la sustitución social del Estado ausente y
de la autonomía inútil no han de leerse más que como reflejos de una coyuntura
y respuestas a una situación política. Precisamente lo que se venia a
reivindicar era que la prevención y la actuación ante situaciones como la del
Prestige debían ser asumidas con eficacia por las
instituciones publicas gallegas. En otras palabras, el modelo reclamado no era
el de miles de voluntarios quitando improvisadamente mierda toxica de las
playas y acantilados sino el de una Administración capaz de evitar que el
vertido se produjera, independiente de los intereses de navieras y
petroleras y que caso de producirse, fuera capaz de eliminar
eficazmente por si misma el problema. Y esto exige cuerpos
especializados, medios materiales previstos, competencias políticas y de
gestión y contratación asalariada de trabajadores.
Es verdad que desde su inicio y aún hoy, el Gobierno
español del PP y su sucursal gallega han tenido especial interés por minimizar
el impacto de la tragedia, ocultando de forma esperpéntica su entidad y
repercusiones. Por ello, tiene algo de positiva la afluencia de voluntarios de
otras naciones del Estado -vista con extremo recelo por el PP- como forma de
extender una percepción real de lo acontecido. Sin embargo, esa riada de
personas bienintencionadas y solidarias, quizá ha contribuido indeseadamente a
instalar la errónea idea de que asuntos como este pueden apoyarse en el
trabajo voluntario, ahorrando salarios (una especie de traslación a la
ecología, de esa deformación que sustituye el antiimperialismo político o los
servicios públicos por el asistencialismo de las ONGs). También hay que
constatar la utilización política e ideológica de la afluencia. Una vez
fracasado el Estado español, sus medios informativos han capeado el temporal
político inmediato utilizando la imagen de los voluntarios catalanes,
castellanos, andaluces... como muestra de que "España estaba con
Galicia", mezclándola revuelta con las de los
soldados españoles enviados a trabajar a Galicia. Sumergido por
tanta foto de chapapote, es también notorio el interés gubernamental porque no
se produzca debate político y social sobre de donde van a salir
los miles de millones necesarios para recuperar lo destruido y quien los va a
pagar. [Hoy, por primera vez, Montoro -ministro español de Hacienda- se atreve
a adelantar la cantidad de mil millones de euros como importe de la factura,
aunque más bien parece que la cifra está sólo pensada a modo de aperitivo,
para ir haciendo cuerpo]. De igual modo, los anuncios
institucionales invitando a consumir productos del mar gallegos como muestra
de solidaridad -del tipo de los emitidos a cuenta de la Junta de Andalucía-
tienen un doble efecto perverso, no sólo porque minimizan el
impacto de los hechos y ayudan a superarlo mediaticamente sino también porque
facilitan autorizaciones de reemprender actividades extractivas cuando aún
sigue saliendo diariamente 80 Tm. de fuel del pecio y llegando chapapote
a la costa.
Aún así y con todo, está claro el calado social del
hecho y la solidaridad que ha provocado [Sólo hay que anotar a modo de
ejemplo que, a su cuenta, se hayan producido iniciativas de
cyber-antichapapote tan imaginativas como la de Las
Fuelchup]
La impotencia de la autonomia...
Durante los hechos, se ha constatado la función secundaria y
subordinada de la Xunta de Galicia. Las instituciones gallegas se han
demostrado incapaces de asumir la defensa de Galicia. Ahora, cuando el PP
convierte en una fachada vacía la Comisión de Investigación del Parlamento
gallego, por la vía de negarle el derecho a interrogar a todos aquellos
implicados cuyas labores dependen de competencias estatales, vuelve a
manifestarse en cuan poco pueden intervenir las instituciones autónomas en el
destino de las naciones forzosamente incluidas en el Estado español. Todo lo
realmente importante y determinante sigue en manos de Madrid. Esto no exculpa
en absoluto a la Xunta, al contrario. Sólo muestra que el problema no es sólo
de Gobierno sino también de Estado.
La entidad de la crisis y de su impacto
social y político en Galicia puede medirse por las informaciones
filtradas sobre los conflictos internos dentro del Gobierno gallego
y la forma en que el franquista Fraga plantea su remodelación, llevándose por
delante al que hasta ahora fuera su presunto delfín, el protocacique José
Cuiña. Según la agencia Colpisa,
el detonante de la salida del Gobierno de Cuiña tiene su origen en la
bronca que protagonizó en el consello extraordinario que la Xunta celebró el 1
de diciembre, en plena crisis del Prestige. Fuentes
de los asistentes aseguran que Cuiña provocó un cisma en el gabinete al
presentar una propuesta para que la Xunta se sumara a la manifestación de
Nunca Máis, pidiera la dimisión del
Gobierno central (!) y desarrollara una estrategia al margen de la
actuación del Ejecutivo de Aznar. Las mismas fuentes aseguran que Cuiña contó
con el apoyo de otros tres miembros del gabinete -Jesús Pérez Varela, Diz
Guedes y Miras Portugal-, que han variado sus alianzas en los últimos días. A
continuación se han hecho publicas informaciones que acusan a Cuiña
de haber hecho caja a cuenta de los suministros para combatir el chapapote
[ver AQUI].
La preocupación del PP es notoria. Fuera de
Galicia intenta recuperar pulso con una ristra de medidas de endurecimiento
penal contra la delincuencia y contra ETA. Dentro, extremadamente inquieto por
un posible ascenso nacionalista, usa sin reparos toda su fuerza
mediática, reutilizando recursos denigratorios con un claro tufo
franquista. Ahí es nada, por ejemplo, la campaña orquestada para
"desenmascarar" el protagonismo del BNG en la plataforma
Nunca Maís (como si no se supiera
desde un principio). La desesperación del PP puede percibirse en su patético
intento de criminalizar directamente a Nunca
Maís, utilizando la emisión en un telediario estatal de
TVE1 como pretendida noticia de acusaciones contra la plataforma
porque utiliza los fondos y donaciones que recibe para hacer
pancartas y no para limpiar chapapote; cuando sólo con acudir a
la pagina de la plataforma puede leerse con claridad: Se queres colaborar coas
iniciativas da Plataforma podes facer as tuas
aportacións... La reacción social ha podido medirse pronto: tras las
calumnias, los ingresos donados a Nunca
Mais se han quintuplicado. Y por si todo esto
fuera aún insuficiente, el fiscal general del Estado español Jesús
Cardenal ha ordenado a su subordinado en Galicia que emprenda diligencias
contra Nunca Mais [ver AQUÍ] por presunta estafa a cuenta de lo mismo. En
otro orden de cosas, el mismo día que CCOO-UGT entran en
Nunca Mais, una votación impide su
ingreso, de momento, a Nos-Unidade
Popular, AGIR y Asamblea da
Mocidade Independentista acceso, según informa Galiza
Livre. Estas organizaciones de izquierda
independentista hacen responsable al BNG de su
exclusión.
Por su parte, la sucursal gallega del PSOE
intenta en lo que puede no perder comba ni quedar fuera de
juego, intentando no desligarse del movimiento social y aprovecharse
del trato favorable de sus medios afines para compensar sus otras múltiples
debilidades. En esa táctica, los del PSOE tienen que sobrellevar la
espina punzante del ultraespañolismo de Paco Vázquez, alcalde de La
Coruña y su más destacado cargo publico, que ya ha demostrado por activa y por
pasiva que, aún hundiéndose en chapapote, prefiere siempre al PP que al
nacionalismo gallego. Otra de su misma cuerda, la eurodiputada vascoespañola
Rosa Diez impidió con su ausencia que el Parlamento Europeo abriera una
comisión de investigación sobre el hundimiento, para tranquilidad del PP (y es
que el amor, con amor se paga)
Andalucía: ¿Escarmentará en
cabeza ajena?. El PSOE ha utilizado lo del
Prestige para acosar estatalmente al PP e
intentar dificultar en Galicia el crecimiento electoral del BNG. Con toda
desenvoltura se han olvidado de sus culpas cuando los hundimientos de
anteriores petroleros como el Mar
Egeo.
Pero desde Andalucía
debemos unir a esa constatación un temor fundado. Conociendo a unos y a otros
y viviendo cotidianamente bajo la Administración del PSOE durante veinte años,
no tenemos porque sentir ninguna confianza en que la incompetencia y
servilismo de unos sea menor que la de los otros. Basta mirar un mapa y
acordarse del estrecho de Gibraltar para sentir pavor.
Nuestra Nación no sólo se encuentra ubicada en un punto estratégico de
importancia mundial; estamos en un lugar de trafico marítimo intenso (camino o
vuelta del canal de Suez). ¿Qué ocurriría si en el Estrecho o en la Bahía de
Algeciras se produjera un choque o un hundimiento?. Sólo con comparar nuestro
cerrado Mediterráneo con el Cantábrico, pueden intuirse que las
consecuencias serían ecológicamente aún más devastadoras y permanentes.
¿Qué sería de Andalucía con la Costa del Sol convertida en un estercolero
cenagoso?. Andalucía debería reclamar el control del trafico marítimo,
puertos y las competencias preventivas consecuentes y subsiguientes. Más
que en organizar excursiones a Galicia, he aquí una amplia tarea para el
movimiento ecologista andaluz y para el movimiento
nacionalista.
CYBER-ANTICHAPAPOTE: LAS FUELCHUP [Circula por la Red desde su origen
Marciano, reproduciéndose en varios sitios. Un corresponsal nos avisó,
buscamos uno de los lugares más tranquilos y realmente merece la
pena abrir los altavoces, esperar a que se cargue,
desplegar la pantalla completa y picar en el
centro...]
Sugerencias:
Puerto
Rico
Siguen
desarrollándose en Puerto
Rico continuas y cotidianas iniciativas y acciones
de protesta -algunas severamente reprimidas- contra el uso ilegitimo por parte
de la Armada yanqui de la isla portorriqueña de Vieques. Esta lucha,
que se inserta dentro del movimiento por los derechos democráticos y la
emancipación anticolonial, se ha convertido no sólo en un símbolo de la causa
portorriqueña y en un serio problema para la administración colonial yanqui
sino también en un estimulo para la toma de conciencia social. Es una buena
ocasión para conocer mejor la realidad de esta isla caribeña -la de la
bonita bandera- que pasó desde 1899 de soportar el colonialismo español a
hacerlo con el yanqui.
La
Red Betances, es un portal independentista puertorriqueño que ofrece excelente
información y múltiples enlaces; un buen muelle desde adonde atracar en
Puerto Rico. Puestos a profundizar en la
lucha nacionalista y antiimperialista de Puerto
Rico y ver sus diversas perspectivas, puede acudirse al sitio
del EPB-Macheteros. Visitas obligadas son la pagina del Movimiento Socialista de
Trabajadores (también
conocida como Bandera Roja
En Linea) y la del Taller de Formación
Politica (que aún con ese
singular nombre, es una organización política); ambos miembros del
Frente Socialista. El sitio del Partido Independentista
Puertorriqueño es
igualmente de lógico interés para hacerse un cuadro de la
situación.
Andalucía
*Atendiendo amablemente a nuestro requerimiento,
Antón Corpas nos ha remitido una recopilación escogida de
algunos de los artículos que sobre el culebrón de las Cajas de Ahorro
andaluzas ha venido publicado estos últimos años en Cádiz
Rebelde. De los primeros tanteos sobre la Caja Única a
la revuelta de Castillejo en CajaSur de Córdoba, pasando por la revuelta de
Benjumea y Beneroso en las Cajas de Sevilla y los pactos PSOE-IU, los hitos
esenciales de la historia pueden verse aquí analizados y relacionados. Una
forma sugerente de acercarse a los mecanismos y fundamentos del Gobierno PSOE
en Andalucía y su anexa corte de los milagros; no en balde, es sabido
que en las películas y novelas de detectives suele recurrirse al dicho: si
quieres descubrir al criminal, sigue al dinero. Apliquemos el cuento. El
Dossier La
Guerra de las Cajas de
Ahorro en Andalucía se
encuentra a vuestra disposición en nuestra pagina de Archivo de
Documentos - Carpeta
Andalucía.
*Cerrando este boletín, nos enteramos de que acaba de
salir el nº 57 de Cádiz Rebelde.
No tiene desperdicio. Como suele decirse, recomendamos vivamente la lectura de
todas sus secciones en una visita sin demoras (porque además cada nuevo numero
cambian los contenidos y los anteriores no son accesibles en su
pagina).
Avisos
*ENCUENTRO DE DEBATE POLÍTICO EN JAÉN.
Se nos remite con ruego de difusión -y así lo hacemos- la
convocatoria en Jaén del Encuentro Guerra
Global, Europa e izquierda
alternativa que organiza la Asamblea
Local de IU de Jaén para el próximo 17 de Enero, en el que tienen
anunciada su participación dirigentes de diversas corrientes de IU
como Jaime Pastor (Espacio
Alternativo), Nines Maestro (Corriente
Roja), Juan Manuel Sánchez Gordillo
(CUT-BAI), Manuel Monereo
(Movimiento de Izquierdas) y Concha
Caballero (diputada). [Pueden encontrarse datos prácticos y más
información en el enlace].
*ENCUESTA VIVA. Nuestra
Encuesta ¿Adonde llega ANDALUCÍA
LIBRE?, sigue necesitando de vuestra participación. Para
quienes se han suscrito después de su apertura o han perdido el correo,
siempre cabe votar visitando:
http://www.eListas.net/lista/andalucialibre/encuestas/1/votar.html. Es realmente importante que podamos tener los
más completos datos posibles sobre la distribución nacional y continental
de nuestra audiencia regular.
Por
cierto, comprobamos que, como preveíamos -en casa del herrero, cucharón de
palo- buena parte de los amigos, colegas y compañeros más cercanos
son de momento de los mas remolones en picar. ¡A ver si nos animamos!. Y
algo importante ha debido pasar o estar ocurriendo en Canarias a nuestros
suscriptores y corresponsales allá que los tiene muy ocupados/as porque,
a diferencia de encuestas anteriores en donde pronto se dejaron notar, todavía
mantienen su casillero sin estrenarse. De momento nos ha contestado sólo
un 11,9% de las direcciones suscritas. ¡Una mijita de marcha,
por favor!.
--oOo--
Solidaridad con Palestina
Música: Danza del
Fuego [El Amor Brujo],
Manuel de Falla
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a nombre de J.G.P., en la Cuenta Corriente del
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nº 154 - Crisis An
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