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En este correo:
*ANDALUCIA
*Chaves:
"hoy es un gran día para
Andalucía"
*Enlaces-Video:
Nueva versión del Subsidio
agrario y reacciones.
*Enlace:
Texto de la nueva Renta
Agraria
*El SOC se
queda solo en su oposición
activa a la
Reforma, bendecida por PSOE, CCOO,
UGT, PCE-IU, PA y PSA
*Enlaces del SOC - Video de su Asamblea
Nacional en La Lantejuela.
*Opinión:
De
derrota en derrota... hasta
la victoria final.
Andalucía
Libre
*Fraude económico en los
cursos de formación
gestionados por sindicatos y
patronal
*La Agricultura Intensiva Almeriense: Los Limites del
Modelo. Manuel Delgado,
Isidoro Moreno
*Inmigrantes abrasados en Málaga,
Indiferencia despreciable,
Plataforma solidaridad
con inmigrantes de
Málaga
*Opinión, Andalucía: Hablemos
claro sobre la Inmigración.
Andalucía
Libre
*Enlaces sobre Inmigración:
Polemica y balance tras el encierro en la UPO;
Información; Organizaciones.
*Andalucia recibio 21
millones de turistas en 2002
*Andalucía en la Guerra,
Andalucía Libre
*Estado español, CCOO y UGT ratifican nuevo
Pacto Social para 2003 - Enlace: ANC
2003
*Documento: La posición del Sector Critico de
CCOO
*Escandalo:
Las Propinas del
Santander Central
Hispano
*Solidaridad con
Palestina
*Directorio de
Andalucía - Música de fondo
--oOo--
Andalucía
Chaves: "hoy es un
gran día para Andalucía"
Pastrana (UGT); Pte. Chaves (PSOE); Ruiz
(CCOO)
El presidente
de la
Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, aseguró que
"hoy es un gran día para Andalucía" tras la nueva
propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, para la
reforma del subsidio agrario.
En rueda de
prensa, Chaves afirmó que "un gobernante, y en este caso yo como presidente
de la Junta de Andalucía, me siento feliz y satisfecho porque estoy convencido
de que hemos resuelto un gran problema que, de no resolverse, iba a afectar muy
negativamente a decenas de miles de trabajadores del campo de Andalucía y de
Extremadura". Chaves manifestó que el texto remitido hoy por Zaplana se
corresponde "escrupulosamente" con la propuesta verbal que el ministro
les hizo llegar en la reunión del pasado 5 de enero al propio Chaves y al
presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y también con las mejoras
que ambos presidentes autonómicos le plantearon la semana pasada.
Por tanto,
Chaves realizó una valoración "positiva" de esa propuesta, "al
igual", según dijo, que la valoración que hizo de la propuesta verbal, que
"coincide exactamente" con la de hoy. "Espero que en esta ocasión, cuando
hago esta valoración positiva que coincide con la anterior, nadie pueda alegar
que provoco confusión, ojalá todas las confusiones fueran como ésta",
añadió.
Asimismo,
Chaves precisó que los sindicatos han hecho una valoración "razonablemente
buena" de la propuesta del decreto remitido hoy por Zaplana, y destacó la
desconvocatoria de la huelga en el ámbito rural prevista para el próximo mes de
febrero. Según el presidente de la Junta, "nadie quería una huelga en el
campo, ni siquiera los propios sindicatos, y todos hemos hecho un esfuerzo
considerable para buscar una solución, y por tanto para que la huelga no se
produjera, a cambio lógicamente de una satisfacción de los derechos de los
trabajadores del campo de Andalucía y de Extremadura".
En su
intervención, el presidente andaluz también se refirió a los tres puntos sobre
los que los sindicatos van a presentar alegaciones al documento de Zaplana que,
según dijo, "no afectan a los elementos sustanciales del decreto" y que
son "el que las jornadas en empleo público no coticen, la exigencia de diez
años de empadronamiento como requisito para acceder al subsidio, y también el
periodo de seis años que se ha establecido". De estos puntos, el que
"preocupa realmente" a Chaves, según expresó, es el referido a que los
trabajos por obras del PER no contabilicen en el nuevo sistema, un aspecto que
la Junta "va a plantear" al Gobierno para que pueda ser cambiado. En
este sentido, Chaves recordó que en la última reunión que mantuvo con Zaplana,
"le hice una propuesta flexible, en el sentido de que las comisiones mixtas
Junta-Gobierno pudieran determinar en función de las zonas, de las comarcas, y
en función de las cosechas aquellos sitios donde las jornadas del PER podían o
no cotizar", algo en lo que la Junta va a insistir y que trasladará por
escrito a Zaplana, sentenció. En cuanto a la fecha de seis años recogida en la
propuesta de Zaplana, Chaves afirmó que entiende que se trata, "no de un
plazo de extinción del sistema, sino de un plazo en el cual el sistema tiene que
converger con el sistema contributivo del régimen general de la Seguridad
Social, y entiendo que esa convergencia se tiene que dar no sólo en las
cotizaciones sino también en las prestaciones, es decir, que sean las mismas
cotizaciones y las mismas prestaciones". Así, dijo que si esa convergencia
no se alcanza durante los seis años, el Gobierno "no va a tener más remedio
que ampliar ese plazo".
Por otra
parte, Chaves afirmó que "todo el sistema de protección que existía se ha
modificado para que permanezca el mismo sistema de protección". "Los
aspectos sustanciales que se recogen en el nuevo decreto son prácticamente los
mismos que existían en el anterior sistema, los derechos de los trabajadores del
campo de Andalucía y Extremadura son los mismos que tenían en el sistema
anterior, es decir, sus derechos han sido reconocidos y restituidos",
añadió. Por todo ello, Chaves aseguró que "por mucho que el nuevo decreto
haya cambiado la denominación del sistema, en el campo se va a seguir conociendo
al sistema con los nombres del PER y del subsidio agrario, va a ser exactamente
igual".
Para
Chaves, "el camino que se ha recorrido hasta aquí, ha sido un camino difícil
y que ha estado salpicado de huelgas y de movilizaciones", algo que
"tiene que hacer ver al Gobierno del PP que cualquier reforma del mercado
laboral del alcance de ésta no puede imponerse y que sólo puede llegar a buen
término si es el resultado de un proceso de negociación con los representantes
de los trabajadores, con los sindicatos".
Enlaces y
Videos:
Andalucía
El SOC se queda solo en su oposición activa a la
Reforma, bendecida por PSOE, CCOO, UGT, PCE-IU, PA y PSA
El SOC mantiene las movilizaciones
contra la reforma del subsidio agrario
SEVILLA. Agencias
Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez
Gordillo
Dirigentes del SOC, CUT-BAI e
IU
El Sindicato de
Obreros del Campo (SOC) seguirá las
movilizaciones contra la reforma del subsidio agrario por considerar deficiente
el acuerdo logrado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios y un "error
de cálculo" haber desconvocado la huelga general convocada en el medio rural el
20 de febrero.
El
día 25, Diego Cañamero, secretario general del SOC, ya adelanto que consideraba
una "precipitación absurda y gratuita" la decisión tomada esa mañana
por los sindicatos UGT y CCOO de no seguir con la idea de convocar una huelga en
el campo andaluz tras haber recibido la nueva propuesta del Gobierno para la
reforma del subsidio. Cañamero manifestó que es una "barbaridad" que
los sindicatos hayan aceptado la propuesta del Ejecutivo Central y calificó de
"irresponsable" la decisión de desconvocar la movilización prevista
para el próximo 20 de febrero.
Cañamero realizando "una primera
valoración personal", anunció que el SOC "de ninguna forma puede
aceptar que se liquide a los seis años el sistema del subsidio. No podemos
aceptar bajo ningún concepto esta decisión porque eso es preparar el
enterramiento de un sistema que no ha nacido todavía", aunque precisó que
todavía "hay un margen de quince o veinte días hasta que salga el decreto",
ya que "lo presentado por el Gobierno solamente es un borrador".

Asamblea Nacional del
SOC
La Lantejuela
Casi 400 representantes jornaleros
procedentes de 110 pueblos decidieron el domingo 26 de Enero en una asamblea
celebrada en La Lantejuela proseguir las movilizaciones "por
unanimidad", según dijo a Efe el secretario general del SOC, Diego
Cañamero. La Asamblea Nacional de este sindicato anunció cortes de carretera
durante dos horas a partir de las 17.30 horas en toda Andalucía el próximo 31 de
enero con el objetivo de “paralizar Andalucía”
Cañamero admitió que en las negociaciones
con el Gobierno "lo que se ha conseguido es muy importante, casi el 90%,
pero el Gobierno todavía tiene margen" para satisfacer el resto de las
demandas de los trabajadores, que también consideró "muy importantes".
Cañamero explicó que hay una idea profunda en la gente de que "con la lucha
se pueden conseguir más cosas".
El SOC considera inaceptable que para
acceder al subsidio haya que acreditar estar censado en Andalucía diez años
"porque hay trabajadores que vienen a vivir aquí de otras regiones o por
estar casados", según Cañamero, quien calificó la exigencia de "casi
xenófoba o racista", ya que impedirá que los trabajadores inmigrantes
puedan reclamarlo.
Tampoco acepta el SOC que las peonadas de
trabajos públicos correspondientes al antiguo Plan de Empleo Rural (PER) no
cuenten para solicitar el subsidio agrario, ya que en algunos pueblos de la
sierra no existe otra posibilidad de empleo.
Cañamero también rechazó que el subsidio
sólo se pueda solicitar seis veces por parte de los jornaleros a lo largo de su
vida laboral, por lo que aseguró que este punto debería haberse sujetado a una
cláusula de revisión. "Somos
partidarios de revisar el subsidio, pero cuando haya una reforma agraria y
planes de desarrollo para los pueblos, porque para qué un subsidio si hay
trabajo", añadió Cañamero, quien también rechazó que los cooperativistas
agrarios no puedan acceder a la prestación, ya que muchos de ellos no tienen
empleo durante todo el año, por estar sujetos a la estacionalidad de su
labor. El SOC se muestra dispuesto a
proseguir la negociación con el Gobierno español y Cañamero añadió
que se pondrán en comunicación con el Ministerio de Trabajo para insistir
en estas reivindicaciones.
Opinión
Lo del subsidio
De
derrota en derrota... hasta
la victoria
final
Andalucía
Libre
Chaves canta
victoria y tras el no sólo el PSOE sino también el PCE-IU, PSA y
PA. A CCOO-UGT, les falta tiempo para desconvocar aquella extraña
Huelga prevista para el 20 de Febrero y proclamarse vencedores.
Todos coinciden -aparte de en las felicitaciones mutuas- en que
los flecos se han de resolver por la vía legal o
institucional; incluso el PSA se permite recomendar al empecinado SOC -que aún
afirma que se podía conseguir más y mantiene de momento movilizaciones
abiertas- que no ejerza de aguafiestas. Se acabó el conflicto; Andalucía
vuelve a la normalidad.
La Renta Agraria
Un nuevo nombre
-Renta Agraria- a sumar a PER, AEPSA etc. Se reabre el Subsidio con casi los
mismos requisito y retribuciones para los nuevos que puedan incorporarse,
eso si, sólo por seis convocatorias anuales. Al menos de momento. Los
sindicatos CCOO-UGT leen la prorroga a modo de cuan largo me lo fiáis,
pensando en cambios de Gobiernos... El Gobierno español con el limite
temporal, subraya el carácter transitorio, provisional, irregular... del
Subsidio/Renta Agraria (RA). No es políticamente un derecho algo que se
establece desde un principio con plazo de caducidad. La cuantía sigue siendo
miserable: el 75% del ridículo salario mínimo interprofesional por seis meses.
Para ahondar en su temporalidad y hacer evidente que responde a una concesión
discrecional, el Gobierno establece ahora tramos de incremento -que tampoco
van más allá del 100% del SMI teniendo la enormidad de 180 peonadas
trabajadas- con la idea implícita de que aparezca como respuesta a
una presunta necesidad de estimular el trabajo. La extensión de la
obligación de seguir y participar en los conocidos paripés (obligación de
formación, itinerarios de inserción etc) vienen a reincidir en la concepción
de que los parados lo son no porque no haya actividad económica susceptible de
emplearlos, sino porque no están lo suficientemente formados o sufren de
desorientación a la hora de buscar trabajo. Esta cláusula, si se invierten
fondos y según cómo se organice y quien la controle, puede generar más de un
problema para algunos de quienes hasta ahora han compatibilizado subsidio y
trabajo negro. La RA sigue computando a la hora de generar derechos de pensión
(algo fundamental para mayores y mujeres), aunque tenga impresas muchas
dificultades y restricciones. Siguen aplicándose las condiciones de renta
familiar mínima e incompatibilidades que han provocado tantos casos de
picaresca (hasta divorcios ficticias han llegado a darse) y que de ser reales
situarían al sujeto entre la austeridad, la pobreza o la indigencia. Como
novedades destacables, las peonadas trabajadas en el PER (las obras en los
pueblos gestionadas por los Ayuntamientos) dejan de contar, generándose con
ello una dificultad adicional para las mujeres y según en que comarcas.
También, se exige ahora 10 años de residencia en Andalucía para acceder a la
RA, con lo que de un plumazo se quitan de enmedio a los inmigrantes legales,
más pensando en el futuro que en el pasado (el SOC ha informado que sólo
2.900, esencialmente marroquíes, cobraban el Subsidio
agrario).
¿En qué quedó?
El Gobierno español se ha visto forzado a
retornar a la situación precedente, eso sí, con el maquillaje justo para
hacerlo pudiéndolo presentar -básicamente fuera de Andalucía- de la forma más
digerible (plazo, formación, etc) para tantos que comparten allá
prejuicios antiandaluces. Ciertamente es una derrota pero no un desastre.
Cierra con la RA la amenaza de crisis y conflictividad en Andalucía, justo
cuando la guerra se suma a Euskadi y al Prestige
como posible elemento de desgaste del Gobierno.
La rutina vuelve pero es
difícil saber si con todo lo ocurrido, el sistema resta fortalecido o más bien
más deslegetimado. Lo que desde luego si parece notorio es que queda visto
socialmente más como concesión-contraprestación que como derecho objetivo.
Nadie, por otra parte, ha tenido el menor interés por explicitar y difundir
que el SA-PER por sus efectos indirectos sobre la negociación colectiva a la
baja y sobre la oferta y la contratación, constituye un elemento clave en la
subvención de la patronal agraria. Tampoco se ha relacionado su existencia en
su mísera cuantía (75% del SMI más descuentos) con lo que debería ser
realmente llamativo e importante: que más de 200.000 personas adultas en un
país de siete millones y medio tienen que recurrir a depender del SA para
vertebrar en su torno su renta familiar;lo que a todas luces es un alegato
inobjetable contra la estructura de propiedad de la tierra en Andalucía y en
general sobre el papel económico y social que se le ha impuesto. El componente
PER del SA-RA queda tocado de descrédito por su utilización clientelista.
Finalmente, se introduce una cuña perversa entre inmigrantes legales
residentes y el resto de trabajadores andaluces, al privárseles de la
posibilidad de acceder a la RA, remachando la conexión
inmigración-temporalidad-precariedad. Aunque no sea su objetivo, esta
discriminación gubernamental implica un reconocimiento político de que el
SA-RA es una concesión política y que sus raíces históricas se asientan en la
defensa de la injusta estructura agraria andaluza. No deja de tener su lógica,
limitarlo sólo a los andaluces para cuya domesticación fue gestado y
planificado en su día, con notorio éxito, como puede verse.
Reacciones
El PSOE es el gran
triunfador del episodio y del error de valoración del PP, como ya hemos
descrito en anteriores boletines.
CCOO-UGT también salen
fortalecidas, con un claro reconocimiento de su papel como interlocutores
privilegiados cogestores y corresponsables necesarios de la política
neoliberal y de la dependencia (casi simultáneamente a las celebraciones por
lo del subsidio refrendaban un nuevo pacto social leonino). Ya se relamen
algunos pensando en las nuevas fuentes de ingreso que pueden derivarse de los
paripes, más si cabe si se acaban transfiriendo de una vez las
políticas activas de empleo. Los aparatos sindicales han mostrado una
especial habilidad para gestionar el conflicto con el Gobierno sin por ello
molestar ni afectar en lo más mínimo los intereses terratenientes (lo que
puede pasar a los anales de la lucha de clases). Incluso los amagos de
recursos y alegaciones en torno a los flecos les valen para reforzar
y limpiar su imagen, contando con que -aun cuando resulten molestos- no son
suficientemente esenciales como para reactivar la confrontación.
La recua PCE-IU, PA, PSA
hasta el ultimo minuto han seguido la estela mayoritaria. Particularmente
llamativo resulta el rápido abandono del PCE-IU y del PSA del SOC, tras
haberse refugiado a su amparo mediático durante meses para chupar algo de
camara.
Las cosas del
SOC...
El SOC, de momento,
mantiene la convocatoria de movilizaciones. Sigue recurriendo a protestas para
demandar lo mismo que su competencia sindical reclama también pero sólo desde
despachos y tras los microfonos. Continua la tónica: mismos objetivos,
diferentes metodos.
El SOC queda como el más
combativo y consecuente defensor del subsidio agrario; lo que en si
mismo no es mucho, aunque le haya podido proporcionar más simpatía en el
campo. Corriendo con el gasto de la actividad y la represión, ha quedado al
final apartado por el Gobierno como referente con el que contar para avalar o
no la efectividad del pacto. Esto viene a decir que, hasta nueva orden, Madrid
no considera que el SOC -sin el respaldo del PSOE y la no-beligerancia de la
competencia- sea capaz de alterar por si sólo la paz andaluza.
A la hora del balance, su
actuación puede medirse a conveniencia utilizando dos parametros. Si se
opta por el sociológico -sea en sus versiones aséptica o
telúrica- su línea quedaría explicada por las renuncias y aspiraciones reales
de la inmensa mayoría de la actual clase trabajadora del campo andaluz. Sería
sólo la expresión de que eso que le gusta tanto repetir a Gordillo (que
los jornaleros andaluces son esencialmente revolucionarios, vanguardia social,
etc etc) está bien superado por la historia y las derrotas y que como
pretendido análisis ha quedado hoy reducido a chiste. Si se opta por el
enfoque político y se atiende al hecho de que -aún siendo de
campo o del magisterio- los dirigentes fundamentales del SOC llevan ya a la
espalda su buen cuarto de siglo ejerciendo y orientándolo -con lo que se
presupone que experiencia no les falta y que algo han aprendido en este
tiempo- el balance tiende a resultar aún menos benévolo. Han desaprovechado
una ocasión única -que no se había presentado desde 1986- para poner de
nuevo de actualidad la Reforma Agraria, sumarle la oposición a la Unión
Europea y adjuntarle un programa de construcción y soberanía nacional -ahí es
poco- y tampoco han sido capaces en consecuencia de soldar la cesura interna
campo-ciudad dentro de Andalucía. No se han enfrentado ni desgastado al
entramado PSOE; se han dejado instrumentalizar por sus compañeros del PCE-IU y
todo al final para quedarse de nuevo de mirones con derecho al pataleo.
Incluso, aún partiendo de que sus acciones ejemplares se sitúan a años luz del
apoltronamiento amodorrado de CCOO-UGT no vendría nada mal tampoco una
actualización reflexiva sobre los limites políticos de sus pautas de actuación
simbólica.
En conclusión, desde nuestra visión de los
intereses nacionales de Andalucía, hemos pasado de una forma de derrota a
otra, perdiéndose una buena oportunidad para generar condiciones y bases para
acercar la victoria final. Pero todo se andará...
Andalucía
Fraude económico en los
cursos de formación gestionados por sindicatos y patronal
El caso de la masiva estafa al Forcem se salda sin detenidos - El fraude
se estima en 84 millones de euros, se falsearon más de medio millar de
identidades - las diligencias han sido remitidas a la
Fiscalía
PUERTO REAL. La Guardia Civil
ha dado por concluidas las investigaciones respecto a un masivo caso de fraude a
los fondos de la Fundación para la Formación Continua (Forcem), cuyo monto
asciende a 84 millones de euros sólo en la provincia de Cádiz. Pese a que
el escándalo ha implicado a mas de medio millar de personas -quienes figuraban
como perceptores de cursillos realizados con cargo a dichas partidas y que nunca
realizaron-, no se ha producido ninguna detención en ninguno de los estamentos o
entidades relacionadas con el asunto.
Forcem desarrolla un acuerdo
estatal para la formación continua de trabajadores, rubricado por el Gobierno,
las organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios.Este pacto
preveía destinar fondos procedentes de la Unión Europea a mejorar los
conocimientos de los trabajadores españoles, a fin de permitirles ocupar mejores
empleos.
El escándalo en la provincia de
Cádiz estalló en abril del pasado año, cuando la Guardia Civil supo de la
existencia de una empresa denominada 'Formación de Nuevas
Generaciones'. Dicha entidad había contratado a un grupo de
encuestadores para obtener datos de trabajadores que, en teoría, iban a ser
beneficiarios de nuevos cursos Forcem. 'Formación de Nuevas Generaciones'
era, sin embargo, una razón social inexistente de la que no ha podido precisarse
siquiera su domicilio social.
Sí ha quedado claro que al
menos 500 trabajadores gaditanos, especialmente vinculados a los sectores de la
hostelería y la construcción, aparecían como participantes en cursillos
impartidos y facturados con cargo a estos fondos comunitarios. Algunos de
los 'beneficiarios' aparecían incluso como alumnos hasta en nueve cursillos
diferentes. La realidad era que ninguno de los supuestos educandos había acudido
nunca a seminario alguno.
Como ya informó en su día DIARIO DE CÁDIZ, las investigaciones de la Guardia Civil
apreciaron rápidamente numerosas irregularidades en la documentación examinada
por sus agentes, la cual abarcaba tres años. Estas anomalías eran de
diverso tipo pues había numerosas falsificaciones de las firmas del parte diario
de asistencia de los cursillistas que debían acudir a clases
presenciales. Se habían empleado también identidades de personas que sí
habían realizado algún cursillo como beneficiarios de otros que jamás llegaron a
realizar. Los guardias civiles detectaron además numerosas alteraciones en
los números de DNI y de las tarjetas de afiliación a la Seguridad Social, así
como manipulaciones en las fechas de nacimiento. Otra anomalía era que
beneficiarios que tenían nombres compuestos, eran consignados dos o más veces,
aunque modificando el orden de sus nombres y apellidos.
Las organizaciones firmantes
del Acuerdo Nacional de Formación Continua son las patronales CEOE y
Cepyme, así como los sindicatos CCOO, UGT y CIG. Estos acuerdos preveían el
seguimiento, verificación y control de los cursillos impartidos, que "debían
ser realizados por las empresas particulares contratadas por las federaciones
estatales de los sindicatos", según informó la Guardia Civil. Para el
citado instituto armado, "existen indicios de que se ha producido una
presunta estafa en connivencia con determinadas empresas
colaboradoras". La Guardia Civil reconoce que "debido al gran
volumen de documentación y de personas implicadas, hasta el momento sólo se ha
podido analizar el 2% de los documentos correspondientes a cursos de formación
continua realizados en la provincia de Cádiz desde 1997 a 2000". La
Guardía Civil ha remitido ahora el resultado de tales investigaciones a la
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, para que se adopten las acciones
oportunas. Unas medidas sobre las que la citada Fiscalía no parece muy apremiada
a instruir acciones algunas, como ya se ha evidenciado a lo largo del proceso de
investigación del presunto fraude.
Ni
los sindicatos, ni confederaciones empresariales en Cádiz se han apresurado
tampoco a realizar comentarios al respecto.
Andalucía
La Agricultura Intensiva
Almeriense: Los Limites del Modelo.
Manuel
Delgado e Isidoro
Moreno
(Catedráticos de Economía y Antropología Social-Universidad de
Sevilla)
Invernaderos en El
Ejido
Dentro de la división “natural” del trabajo,
Andalucía viene especializándose de manera creciente en la producción agraria,
con un sector primario que, frente al localizado en el Norte, centrado en
cultivos industriales, carne y leche, se dedica cada vez más a la “fabricación”
de productos hortofrutícolas gracias a la abundancia de sol y mano de obra. Se
trata de un modelo hiperintensivo en el uso de energía, capital y trabajo, que
comenzó aprovechando la flexibilidad y capacidad de adaptación de la explotación
familiar y funciona hoy en base a la disponibilidad de mano de obra inmigrante.
Un modelo que supone la disposición de todos los recursos del sistema productivo
local al servicio de intereses lejanos y ajenos.
Más de la mitad de la
producción hortofrutícola andaluza, un 57,6% en 1999, es obtenida de la
provincia de Almería lo que significa la cuarta parte de la producción total
agraria de Andalucía, un 23,8%. Y ello tiene lugar en el 1,4% de la superficie
cultivada. Esta altísima concentración espacial sucede en la zona más árida de Europa,
por lo que es necesario un gran consumo de agua y, en general, de recursos, con
fuertes impactos ambientales. Dentro de la provincia, el mar de plástico
conformado por esta agricultura intensiva se concentra en sólo nueve municipios
(Níjar, Almería, Adra, Berja, Roquetas, Vícar, La Mojonera, Dalías y El Ejido),
ocupando los invernaderos un total de aproximadamente 30.000 hectáreas, a las
que se ha llegado en apenas 15 años, a pesar de que en 1984, 1985 y 1986
diversas Leyes y Decretos declararon sobreexplotados los acuíferos y prohibieron
la expansión del regadío. Desde entonces, no obstante, éste ha crecido
incontroladamente en un 225%, llegando incluso a penetrar en terrenos protegidos
del Parque Natural del Cabo de Gata.
Este crecimiento del
regadío se ha apoyado, en gran medida, en las posibilidades proporcionadas por
las nuevas técnicas en materia de perforaciones e instalaciones de bombeo,
habiendo llegado dicha intensificación “hasta límites que han puesto de
manifiesto un grado de sobreexplotación de los acuíferos que hace peligrar la
sostenibilidad del regadío que éstos han hecho posible”, evidenciándose
así “el riesgo de un crecimiento vegetativo del regadío incapaz de sostener
su desarrollo racional”(1) El Plan Hidrológico que ha elaborado el gobierno
del Estado, cuyo objetivo es el traslado del agua de unas a otras regiones de
España por medio de grandes obras -contradiciendo los principios recogidos en la
Directiva Marco del Agua de la Unión Europea-, vendría a alimentar este enclave
con agua traída desde el río Ebro, a 600 km. de distancia.
Es este un modelo
“productivo” en el que el rápido crecimiento de los costes en relación a la
lenta evolución de los precios ha hecho que los gastos corrientes hayan pasado
de suponer un 48,3% de los ingresos, en 1990, a un 63,2%, al final de la década.
Dentro de esta tendencia de costes crecientes, el volumen de inversión necesaria
se ha más que duplicado en los últimos diez años, de modo que, ahora, antes de
que empiece a producir una hectárea de invernadero hace falta invertir en ella
alrededor de 240.000€. El precio de la tierra, otro de los factores limitantes
de la expansión del modelo, se ha multiplicado por cuatro en el mismo período,
alcanzando hoy los 108.000€ a 120.000€ por hectárea, e incluso los
180.000€, lo que representa un 45% de los gastos de inversión(2).
Junto a esto, los
precios de los productos hortícolas están controlados por las grandes empresas
de distribución que acaparan cuotas de mercado cada vez mayores, por lo que
están en condiciones de imponer sus condiciones de compra a los productores.
Como consecuencia de esta pinza, conformada por unos costes de producción en
ascenso y unos precios que no avanzan al mismo ritmo, tiene lugar una tendencia
a la baja de los márgenes de beneficio. La tasa de rendimiento del capital ha
caído durante los noventa desde alrededor de un 16% a un 2%, siendo ya el plazo
de recuperación de la inversión superior a su vida útil(3).
Dentro de este modelo,
para intentar contrarrestar la disminución progresiva de los márgenes de
ganancia, los agricultores están “obligados” a adoptar una doble estrategia: por
una parte, intensificar el uso de los recursos naturales en busca de mayores
rendimientos por unidad de superficie; y, por otra, disminuir los costes del
trabajo.
Respecto a lo primero,
el agricultor ha de incorporar los últimos “avances” en productos y
procesos, convirtiéndose en cliente permanente de los grandes grupos
empresariales del agrobussines, que imponen sus paquetes tecnológicos.
Con ello, la moderna agricultura intensiva de frutas y hortalizas se ha
convertido en una fábrica de vegetales inserta en un modelo de producción
industrial en el que, al ser el primer eslabón de la cadena, adapta sus pautas a
las exigencias de procesos de crecimiento y acumulación ajenas y lejanas al
sistema productivo local.
Este modelo de
agricultura induce también a una utilización de los recursos naturales que va en
dirección opuesta a la sostenibilidad. Como se señaló anteriormente, la mitad de
los regadíos actuales del poniente almeriense se han instalado ilegalmente y con
sobreexplotación de los acuíferos. Una situación sólo explicable por el
desinterés, e incluso el desconocimiento, de las administraciones públicas
respecto a la gestión y control de cuestiones tan trascendentes como la
extensión de superficie regada, el agua que tienen concedida los regadíos, el
agua que utilizan de hecho, y la que podrían utilizar si se usara más
eficientemente.
Junto al problema del
volumen de agua existente y al de la intrusión marina en los acuíferos, ya
detectados a mitad de los 80, viene a añadirse una nueva dimensión cualitativa.
Ante la dificultad para la expansión de la superficie, la búsqueda de mayores
rendimientos físicos por hectárea está imponiendo técnicas de cultivo cada vez
más agresivas con el medio físico, sustituyendo el sistema de enarenado por el
de sustrato o suelo artificial. Y éste demanda una media de un 70% más de agua y
casi el doble de fertilizantes para obtener sólo un 25% más de cosecha. Aún más
grave, multiplica el agua lixiviada por 6 o 7 y los residuos de fertilizantes
por 10 y hasta 15(4). De modo que el factor limitante ya no es sólo la cantidad
de agua necesaria para alimentar esta agricultura sino también, y sobre todo, la
magnitud de los costes ambientales asociados al modelo
Respecto a los costes
del factor trabajo, la fuerte dependencia de éste que comporta la agricultura
intensiva se atendíó, en un primer período, con mano de obra familiar. Todavía
en 1986 más del 90% de la mano de obra era familiar: utilizada de manera
flexible y adaptada a las necesidades de la producción a lo largo del año. Con
estrategias que tendían más hacia
la reproducción social del grupo doméstico que a la acumulación, en estas
unidades familiares no se contabilizaban como costes salariales la dedicación,
los saberes o el nivel de especialización de sus miembros, de modo que la
autoexplotación de esta fuerza de trabajo fue uno de los mecanismos para
conseguir la viabilidad del modelo. Sin embargo, y como resultado en gran parte
de su propio éxito inicial, las explotaciones familiares fueron convirtiéndose
en explotaciones empresariales, lo que conllevó un rápido crecimiento de la mano
de obra asalariada, cuyos costes se sitúan hoy en torno al 40% de los gastos
totales. Por ello, en esta “nueva agricultura”, en la que los mercados de
trabajo “reproducen las viejas
pautas de eventualidad y máxima flexibilidad que han caracterizado a los
mercados de trabajo agrícolas”(5), la reducción de los costes salariales se
ha convertido en pieza clave para el mantenimiento de la
competitividad.
Para lograr esta
reducción, se recurre principalmente a una mano de obra inmigrante, precarizada
y muy vulnerable. La segmentación étnica de los mercados de trabajo, el control
del empresariado sobre la situación legal del inmigrante y otros varios factores
son mecanismos que presionan a la baja los salarios, que en el caso de la
inmigración “ilegalizada” llegan a niveles de más de un 30% por debajo de los
estipulados en los convenios(6).
Es en este contexto
donde hay que inscribir los sucesos de El Ejido de febrero del año 2000. Sus
motivaciones y la continuidad, más de un año después, de una situación
éticamente inaceptable, descansan en el hecho de que los inmigrantes, sobre todo
los ilegalizados, son, a la vez, imprescindibles y rechazados. Imprescindibles,
porque sólo ellos están dispuestos a soportar unos salarios y unas condiciones
de trabajo que los jornaleros andaluces no aceptan. Y rechazados, porque, una
vez que cada día terminan su trabajo, se les quisiera hacer desaparecer hasta la
jornada siguiente para que la “sociedad local” pudiera funcionar como si ellos
no existiesen y no formasen parte también de ella.
Esta permanente “esquizofrenia” explica, por
ejemplo, la vergonzosa carencia de política de viviendas para los inmigrantes(7)
no sólo del ayuntamiento de El Ejido sino de todos los ayuntamientos de la
comarca, sin distinción entre los regidos por mayoría popular o
psocialista. Y es que, si en los núcleos urbanos se construyeran
viviendas para inmigrantes, ello sería tanto como admitir que estos forman parte
de la sociedad local; que la situación pluriétnica es un dato irreversible de la
realidad, independientemente de cómo pueda ser leída por los diferentes
colectivos. La residencia de autóctonos e inmigrantes en unos mismos núcleos
urbanos, en situaciones de fuerte desigualdad, reflejaría de forma objetiva la
existencia de una única y muy segmentada sociedad local, que sería visibilizada
como real e irreversible. Se intenta, en cambio, mantener la ficción contraria
de una sociedad local formada exclusivamente por un nosotros, que se
afirma homogéneo, de agricultores familiares que están obligados a acudir a la
mano de obra inmigrante para hacer posible sus empresas agrícolas, pero sin que
ello afecte a otras dimensiones de la vida social local que no sea la
estrictamente económica en el ámbito físico de los
invernaderos.
Es el imposible objetivo de mantener una supuesta
“sociedad local” integrada sólo por autóctonos, supuestamente homogéneos, lo que
explica las posiciones cerradas de los alcaldes de la zona, apoyados por la
mayoría de sus poblaciones, que se niegan a ceder terrenos en los pueblos para
construir viviendas para
inmigrantes, y el empeño en que estos vivan junto a los invernaderos mismos, en
cortijos, chabolas u otras infraviviendas. Esto supone una política de verdadero
appartheid basada en la
negación de la propia realidad de que los inmigrantes no son solamente factores
productivos sino personas que existen veinticuatro horas cada día y, por ello,
tienen vida social, tiempo de ocio, tendencias sexuales, creencias religiosas,
sentimientos de pertenencia a colectivos concretos... Todo esto se intenta
ignorar mediante el expeditivo procedimiento de mantener a los inmigrantes fuera
de los núcleos urbanos; de los lugares, contextos y relaciones en los que se
desarrolla la vida social local.
Para la mayoría de los “emprendedores” del Poniente
almeriense y de otros lugares de agricultura hiperintensiva, dentro y fuera de
Andalucía, el objetivo a conseguir no es la integración de los inmigrantes,
aunque esta fuera muy desigualitaria, sino que los inmigrantes aceptaran
mantenerse alejados de todos los ámbitos salvo el del trabajo. Porque, al
realizarse este en el campo, en los invernaderos, no tendría por qué afectar
–supuestamente- a ningún otro ámbito. No es casual que la violencia racista se
centrara principalmente, durante los terribles incidentes, precisamente en
quienes, por su propia presencia, mostraban lo imposible de ese objetivo: los
propietarios de pequeños negocios, los casados con mujeres blancas..., es
decir, contra aquellos inmigrantes más realmente integrados en la sociedad local
(8).
El
modelo, pues, se acerca a sus límites y puede hacer crisis en alguno de sus
factores centrales: energía, capital y trabajo, o en todos a la vez. No debería
sorprender esto, porque ello ha ocurrido muchas veces en otras zonas de
Andalucía y en otros lugares del mundo, dependientes económicamente y
subalternos políticamente. Allí donde la vida de una comarca, o de regiones
enteras, se pusieron al servicio de intereses foráneos que, durante un tiempo,
orientaron la utilización de los recursos locales en su exclusivo beneficio. La
situación de profunda depresión en que quedaron esos espacios al dejar de ser
“objetos del deseo” del capital exterior, puede ser un buen elemento para la
reflexión. Una reflexión que ha de hacerse tanto sobre la situación de Andalucía
como sobre la comunidad de intereses que comparten todos los pueblos a los que
se ha impuesto este modelo por un sistema guiado por la ceguera de una única
razón, la de la “eficiencia económica” expresada en términos monetarios. Una
“razón”, que, como nos recordaba Saramago al recoger el Nobel “usamos
perversamente cuando humillamos la vida”.
Notas:
-
José López Gálvez et Juan Losada, in José López Gálvez
et José Manuel Naredo, La gestión del agua de riego. Ed. Fundación
Argentaria, Madrid, 1997.
-
José
López Gálvez, Agustín
Molina, Manuel Jaén et Jósé Francisco
Salazar, Análisis económico y ambiental en Agronomia. Editorial
Unicaja, Málaga, 2000.
-
Ibidem
-
Du latin lixivia: “lessive
-
José
López Gálvez et José Manuel Naredo, Sistemas de producción e incidencia
ambiental del cultivo en suelos enarenados y en sustratos. Editorial
Fundación Argentaria, Madrid, 1996
-
Andrés Pedreño, “Taylor y
Ford en los campos”. Sociología del Trabajo, nş 35, Madrid,
1999
-
Emma Martín Díaz (Directora), Ángeles Castaño et
Margarita Rodríguez, Procesos migratorios y relaciones interétnicas en
Andalucía. Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Sevilla,
1999
-
Victor Ángel Lluch, “En Espagne, un
apratheid sous plastique”, Le Monde diplomatique, mars
2000.
-
Ángeles Castaño, Informe 2000 sobre la
inmigración en Almería. Ed. Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía, Sevilla, 2000 y Ubaldo Martínez Veiga, U. El Ejido.
Discriminación, exclusión social y racismo. Ed. Los Libros de la Catarata,
Madrid, 2002
-
Hace unos meses, ha aparecido el libro
Estampas de El Ejido (Ed. Taurus, Madrid, 2001) cuyo autor, Mikel
Azurmendi, niega la gravedad de los sucesos de febrero de 2000 y, sobre todo,
que tuvieran base alguna racista, llegando, incluso, a responsabilizar a los
propios inmigrantes del deterioro de las relaciones interétnicas en la zona.
La obra supone una defensa acrítica de los agricultores almerienses y de las
autoridades municipales y roza la apología del racismo. Lo más inaceptable es
que el autor, que afirma estar amenazado por la organización terrorista ETA,
sea un profesor de Antropología, en la Universidad del País Vasco.
Significativamente, poco tiempo después de publicado el libro, Azurmendi ha
sido nombrado por el gobierno español presidente del “Foro de la Inmigración”,
máximo órgano consultivo para las políticas sobre el
tema.
Andalucía
Inmigrantes abrasados en el incendio de la Comisaría de
Málaga
Indiferencia
despreciable
Plataforma
de solidaridad con los/las inmigrantes de
Málaga
Conviene hacer memoria de este suceso donde en el sentir
de todos surge una la pregunta obvia: ¿la reacción hubiera sido igual si los
muertos no hubieran sido inmigrantes?. Cronológicamente los fallecimientos
comenzaron el 30 de diciembre de 2002 cuando muere el presunto autor del
incendio Ahmed Ahagan y por la noche del mismo día muere Mohamed Karim Ahagan;
el 1 de enero de 2003 a las 18 horas se produce la tercera víctima; el 2 de
enero muere un cuarto inmigrante en Sevilla; el 7 de enero el Hospital Clínico
anuncia la quinta muerte; el día 12 muere otro inmigrante en Sevilla; y el día
14 de enero se produce la séptima víctima, Mohamed El Bakali.
Hay diferentes puntos de vista sobre los hechos. Sobre
el registro el Gobierno mantiene que no se realizó un registro integral porque
se desconocía que el jefe de la red estaba en el grupo y que rea peligroso,
mientras la oposición mantiene que la falta de personal impidió hacer registros
más exhaustivos y por ello pudieron introducir mecheros. En relación a la
actuación el Gobierno mantiene que el policía actuó correctamente, abrió la
puerta, fue agredido y llamó a los bomberos; mientras la oposición dice que esa
tarde había solo cinco agentes para custodiar toda la Comisaría de tal manera
que si hubieran existido más efectivos en los calabozos la respuesta hubiera
sido más eficaz. Sobre la identificación el Gobierno aduce que los inmigrantes
dieron nombres falsos y no llevaban documentos y la identificación es
complicada, necesitando medios técnicos y tiempo; mientras que la oposición
indica que no se explica cómo la policía tardó tanto en detectar la presencia de
un delincuente que estuvo detenido en Málaga por asesinato y cuyas huellas
debían tener. Finalmente sobre la custodia el Gobierno aduce que la mafia seguía
dominando a los inmigrantes incluso en los calabozos; mientras la oposición
subraya que la mafia terminó su trabajo cuando la embarcación fue detectada, ya
que a partir de ese momento la responsabilidad es de la policía y evidentemente
la responsabilidad en los calabozos es de la policía no de las
mafias.
Ha sido un goteo trágico e incesante de muertes. La
tragedia se inició el jueves 26 de diciembre de 2002, a las 18.00 horas,
Salvamento Marítimo detectó una barca a la deriva a 20 millas de Marbella. Al
parecer había salido de Ceuta tres días antes de Navidad. A las 19.00 horas una
lancha del servicio marítimo de la Guardia Civil la interceptó 25 millas al sur
de Fuengirola y la remolcó hasta el puerto de Málaga capital, a donde llegó a
las 23.00 horas. Los inmigrantes que ocupaban la embarcación, una mujer y 19
hombres, en su mayoría jóvenes, fueron sometidos a una supervisión de rutina.
Tres de ellos se declararon menores, pero tras una prueba osométrica uno de
ellos fue considerado adulto y devuelto al grupo y los otros dos, entregados a
los servicios sociales de la Junta de Andalucía. Según la Policía el grupo llegó
a la Comisaría Central de Málaga a las 4.10 horas del viernes. La zona de
calabozos está situada en un sótano. Hay 12 calabozos a ambos lados de un largo
pasillo de 2,5 metros de ancho. Los 17 hombres que acababa de entregar la
Guardia Civil –la mujer fue a otro calabozo- fueron instalados en la primera
celda a la izquierda, que mide 31 metros cuadrados. El frontal que da al pasillo
es una reja. La policía afirma que entregó una colchoneta y una manta a cada uno
de los inmigrantes.
El viernes 27 se puso en marcha el procedimiento para
devolverlos a Marruecos. A las 14.00 horas fue avisado el abogado de oficio.
Fuentes del Colegio de Abogados afirman que a las 14.45, ante dos funcionarios
de Policía, en una pequeña sala junto a los calabozos, empezó a notificarse a
los inmigrantes que iban a ser devueltos a Marruecos. Uno a uno, con la ayuda de
una intérprete árabe, se les informó de sus derechos y se les leyó y explicó el
expedient4 de devolución. El abogado, que les hizo un pequeño interrogatorio, se
fijó en que les habían retirado los cordones de los zapatos. A las 19.30 subió a
las dependencias de extranjería porque faltaba por comparecer uno de los
inmigrantes.
A las 19 horas 37’ 35’’, según el reloj de la cámara que
controla el pasillo de los calabozos, se nota un pequeño resplandor. Según el
comisario jefe de Málaga, Florentino Villabona, a los 18’’ se ve entrar al
policía que está de guardia en la puerta, que en ese momento se halla solo. El
otro agente de guardia bajará un minuto más tarde. Siempre según el mismo reloj,
a las 19 horas 38’ 45’’ se ve al policía abrir la puerta. En las declaraciones
posteriores de los inmigrantes, según distintas fuentes policiales, se acusa al
guía de la expedición, Patrick Ajardan, de haber prendido las colchonetas y
mantas, situadas a la entrada de la celda, hacia la izquierda. Villabona insiste
en que Ajardan, el patrón de la patera, Abderrahman Bouzin y una tercera persona
consiguieron durante un cierto tiempo que los otros 14 ocupantes del calabozo no
salieran. A las 19 horas 38’ 50’’ un gran resplandor ilumina al agente. La
policía especula con que otro compañero ha abierto la puerta de la estancia y el
oxígeno que entra aviva el fuego. El humo empieza a cegar la grabación. El
policía parece retirarse y a las 19 horas 39’14’’ se ve salir al primer
inmigrante del calabozo. Resulta sorprendente que el paterista y el guía
consiguieran retener a los demás dentro de la celda, pero Villabona insiste en
que “Ajardan era un delincuente –fue el primer muerto- y los demás no sólo
tenían miedo, sino que habían pagado 5.000 euros por el viaje y eso es un
billete para tres oportunidades. Necesitaban seguir en contacto con la
organización”.
A las 19 horas’ 46’’ llegan los bomberos. El jefe del
servicio, José Cruz, explica: “La estancia estaba llena de humo, que fue
llenando el techo y ya estaba a medio metro del suelo”. Los bomberos se
encontraron en el primer calabozo a una persona sin sentido en el suelo y a “dos
o tres agazapados en el extremo contrario a donde se produjo el incendio”.
También abrieron, con una llave maestra el resto de calabozos, en donde estaban
otras 10 personas, y encontraron a los 14 que habían salido de la celda
incendiada en los calabozos del fondo del pasillo (EL PAIS 3-1-03).
Al hacer un juicio de valor hay que tener en cuenta
varias premisas. En primer lugar la indiferencia institucional pues la petición
hecha al ministro Acebes sigue los trámites de un asunto ordinario, a pesar de
los procedimientos de urgencia presentados por el PSOE e IU, esperando que se
reúna la Mesa de la Comisión de Interior que podría concretar la fecha en
febrero cuando se reúna la actividad parlamentaria. En segundo lugar está la
insensibilidad humana, pues después de los días trascurridos ninguno de los
cadáveres ha sido repatriado a Marruecos debido al freno burocrático. En tercer
lugar, los inmigrantes fallecidos estaban a disposición de las autoridades
españolas, por tanto ahí una responsabilidad que hay que dilucidar.
Después de estas premisas cabe
preguntarnos:
-
1.
¿Cómo se puede mantener en una celda a personas que no han
cometido más delito que carecer de documentos con otras acusadas formalmente
de traficar con vidas humanas y con un expediente delictivo previo en su
haber? Como dice J. Luis Rodríguez Candela, presidente de Andalucía Acoge ¿Qué
pensaríamos si las autoridades españolas ingresaran en el mismo calabozo a
violada y violador? (EL PAIS 18-1-03).
-
2.
La verdad la saben ocho inmigrantes, pero no están ¿Cómo es
posible que el día 28, el siguiente al incendio, fueran expulsados a Marruecos
ocho inmigrantes del grupo, que son los testigos que mejor pueden aportar
datos sobre este confuso suceso?.
-
3.
¿Por qué no se facilitó la información necesaria ni la
colaboración urgente al Servicio Emergencias Sanitarias 061 por parte de los
agentes, según denunció el delegado provincial de Salud?.
-
4.
¿Por qué las informaciones del Delegado de Gobierno no
coinciden con las aportadas con los bomberos?
-
5.
Si en el incendio no pasó de siete minutos desde su inicio
¿Cómo es posible que hayan terminado calcinados ya siete
personas?.
Siete personas mueren y otras siete resultan heridas
bajo la custodia del Gobierno y ningún miembro del mismo comparece en el
Congreso de Diputados para ofrecer una mínima explicación a la sociedad. Además
el Gobierno está demostrando una gran insensibilidad humana porque de su boca no
ha salido ni una sola palabra para pedir disculpas a las familias de los
fallecidos, muchos de los cuales residen legalmente en nuestro país, pagan
impuestos y tienen sus derechos.
Por eso en nombre de su dignidad como personas y en
nombre del dolor humano de sus familias desde la Plataforma de solidaridad con
los/las inmigrantes de Málaga exigimos:
Con la familia de Mohamed El Bakali asentimos: “Este
incendio nos ha quemado por dentro. Necesitamos saber la verdad”.
Opinión
Andalucía: Hablemos claro sobre la
Inmigración.
Andalucía Libre
Encierro de Inmigrantes en la UPO,
Sevilla - Verano 2002
La
Plataforma malagueña de solidaridad con los inmigrantes ha descrito acertada y
gráficamente la actitud de la sociedad andaluza ante las muertes de
inmigrantes en la Comisaría central de Málaga como "indiferencia
despreciable". El hecho en sí y las reacciones que ha
provocado es, no obstante, sólo un síntoma más a sumar a otros muchos,
de diversa cualificación, que han venido aconteciendo en los últimos
meses: las reiteradas y ya rutinarias muertes por hundimiento de pateras en el
Estrecho o en las costas andaluzas; los problemas de alojamientos en comarcas
de temporada; la desarticulación policial de una red chino-senegalesa
de producción y venta de música pirateada (el llamado
top-manta); el desalojo parcial de un asentamiento gitano-rumano en
Sevilla, tras años de protestas vecinales desoídas; la misma y reciente
exclusión de los inmigrantes legales por parte del Gobierno español de la
recién aprobada nueva Renta
Agraria, mediante el requisito de diez años
de empadronamiento previo en Andalucía, que no ha impedido en
absoluto que CCOO-UGT y la Junta consideren de
hecho políticamente saldado el conflicto del Subsidio-PER... Y
sobrevolándolo todo, el goteo de encuestas [de las que en algún caso nos hemos
hecho eco en Andalucía
Libre] que recogen, pese a las sabidas
autorestricciones que vician en buena medida los resultados, como en
todos los sectores (jóvenes, universitarios, población en general) aumenta en
Andalucía el rechazo, no por soterrado menos consistente, al
crecimiento de la inmigración. El fracaso del encierro de
inmigrantes en la UPO de Sevilla el pasado verano, organizado bajo la consigna
de Papeles para Todos, amen de
todas las enseñanzas* que conllevó la actuación de todos los diversos
actores implicados, su desarrollo y conclusión; toma a posteriori claro
carácter de hito simbólico y gozne con relación a la situación presente y a la
por venir.
Pese a
todo lo apuntado, la presión de múltiples intereses, la dependencia política,
organizativa e ideológica y el temor a salirse de los cauces
aceptados por lo políticamente correcto, mantiene congelado entre la
izquierda andaluza el debate sobre la posición a adoptar ante la
inmigración. Con el agravante de que la evolución imparable de la
realidad social, la degradación paulatina de la situación
económico-social y la consolidación de fenómenos que ya se percibieron en
torno a lo ocurrido en la UPO, agudizan el tono ritual, retórico, doctrinario
o simplemente hipócrita de los pronunciamientos y posicionamientos al uso.
Quizá nos excedamos, pero lo que intuimos es que se están
generando condiciones para que, con cualquier excusa, puedan reproducirse
en no se sabe qué pueblo o barrio de Andalucía -y no necesariamente en las
comarcas agrarias intensivas- episodios del estilo del Progrom racista de
El Ejido; con un riesgo especial en aquellos barrios en donde a las
circunstancias generales se le han de añadir los negativos efectos de la
cínica acción corruptora y clientelar de los llamados servicios
sociales (incluidos ONGs). Lo más preocupante del momento es, desde
nuestro punto de vista, el creciente y dramático alejamiento existente
entre el discurso progresista oficial (del que participan ONGs y
colectivos de solidaridad, en sus variopintas tendencias y también el grueso
del llamado movimiento antiglobalización, bien afectado en su dirección
de cosmopolitismo extremo) y la percepción social; especialmente entre los
sectores urbanos andaluces más desfavorecidos (que son precisamente
de los que conviven de forma más cotidiana con las diferentes minorías
inmigradas). Vemos con inquietud que mientras la izquierda política
y social andaluza sigue instalada o callada o recitando
frases, consecuencia de su carencia de visión global, análisis y
proyecto nacional, se generan condiciones que pueden ser bien
aprovechadas por la extrema derecha españolista para construirse y
consolidarse en Andalucía bajo un nuevo ciclo de Gobierno PSOE en Madrid,
bien otorgar al PP un sólido piso de sustentación entre bases a priori
imprevistas.
El cambio
de actitud social es innegable, pero no se toma aparentemente en cuenta para
extraer las debidas conclusiones. Cuando la primera reforma restrictiva por el
PP de la Ley de Extranjería, el rechazo a la nueva norma y la solidaridad
con los inmigrantes fueron amplias y constatables. En aquel entonces
la oposición social estaba sustentada y legitimada porque se entendía que
quienes ya estaban aquí tenían derecho a quedarse sin discriminación. Esta
actitud ha cambiado a causa de la continuidad de las llegadas y de las
nuevas y sucesivas regularizaciones, que han sustentado la impresión de
encontrarse frente a una espiral sin fin. De esta manera, si
Papeles para Todos resumió con
éxito en aquel primer momento el apoyo a todos los que estaban,
su irresponsable y absurdo mantenimiento como consigna identitaria
(aunque sea en unos casos con consecuencias practicas y en otros meramente
formales) ha derivado semánticamente en su percepción general
como Papeles para
Todos (todos los que vengan; todos los que
quieran; todo Marruecos, Argelia, Senegal, Ecuador...) con un efecto
social destructivo que trasciende ampliamente los limitados ámbitos de
influencia directa de sus propulsores y mantenedores. Lo que fue un
día símbolo de reparación, preservación y voluntad de integración, se ha
transmutado en una amenazante, ilógica e insostenible reclamación de
desmesura. Las concepciones que sostienen la consigna -mezcla de caridad
cristiana con su inevitable e irracional carga autoexpiatoria y de una
esquemática y lineal visión sucursalista de la actual realidad
mundial- han confluido dando lugar a una desafortunada síntesis
impregnada de neoliberalismo humano y de consecuencias
perversas. Entre estas, cabe citar incidentalmente la toma de partido por
unos inmigrantes frente a otros o la absoluta inoperancia para afectar en
alguna medida efectiva las condiciones de sobrexplotación que sostienen
la inmigración a nuestra Nación. De esta forma, se ha construido la paradoja
de que los beneficiarios y responsables del crecimiento y consolidación del
fenómeno -el Gobierno del PP y las fuerzas sociales que representa- hayan
conseguido a la vez, ser vistos como sus mejores adversarios; obteniendo
réditos por ambos extremos.
Se impone
partir de reconocer sin duplicidad ni reserva que Andalucía
no necesita hoy más inmigrantes. No vale ya decir una
cosa y hacer otra o simplemente eludir o aplazar el asunto.
Quien puede necesitar hoy la inmigración es el modelo vigente de Andalucía
dependiente, que implica su coexistencia con un alto desempleo (tanto de
licenciados como de trabajadores en general), extrema precariedad, bajos
salarios con altos precios, economía sumergida, desvertebración y supeditación
política y economica. Es ya hora de que las cifras económicas y sociales
andaluzas dejen de reproducirse como
meras ilustraciones regionales a insertar en un
esquema importado; es el momento de que los datos andaluces se analicen
no en clave de comparaciones abstractas con otras muy diferentes situaciones
históricas o nacionales sino en relación a la concreta realidad andaluza
contemporánea de 2003. Es de todo punto necesaria una visión nacional global
en la que las especificidades de las comarcas de temporada sea articulada con
la totalidad nacional desde el punto de vista analítico, político, económico,
social y en la que queden claras las prioridades. No se puede, en
concreto, atacar la estructura imperante en las comarcas freseras o en el
mar de plástico y su papel en el conjunto nacional, que
aparte de dignificarlas avance en el objetivo de una reorientación que las
convierta en punta de lanza andaluza contra Madrid y Bruselas sin
propugnar el cese del recurso a la inmigración extraandaluza que sostiene su
funcionamiento actual. No se puede atacar las practicas de contratación
estacional con baja retribución y soporte subsidiado unidas a la continuidad
latifundista en el resto de Andalucía sin cegar el flujo vital que
constituye la inmigración foránea para su rentabilidad. Nada cambiará en
sentido positivo para Andalucía mientras unos sólo estén preocupados por el
subsidio y los otros por los papeles. Más aún, conviene
recordar y reconocer que el mantenimiento ininterrumpido del flujo
inmigratorio en las condiciones específicas de la Andalucía
dependiente -con los sucesivos escalones de status legal y
dedicación- pone en serio peligro la deseable integración y asimilación
efectiva en el pueblo andaluz de los inmigrantes ya residentes, en todos sus
planos políticos, simbólicos, culturales y sociales, amenazando con abrir paso
a concepciones y practicas escisionistas y excluyentes de preferencia
nacional o similares.
Esta
constatación se ha de aplicar a todas las inmigraciones; sean del Sur, del
Este, del Oeste o del Norte (incluido especialmente nuestro Norte
inmediato), aunque, obviamente, el ritmo y el orden los impongan las
circunstancias reales, incluidas las que se derivan de nuestra
actual inclusión en el Estado español y en la Unión Europea, presente o
ampliada. En otras palabras y hablando claro, los inmigrantes
extracomunitarios irregulares presentes hoy en Andalucía han de ser
identificados y reunidos, hasta ser devueltos en su totalidad a sus países de
origen (la única manera de evitar la reproducción indefinida del problema
y de sus trágicos anexos de mafias, muertes y sobreexplotación por la vía de
una disuasión para la venida realmente efectiva) lo que implica exigir
una actuación continua, general y no dosificada de la administración
competente del mismo tenor que la que también hay que reclamar a la
inspección de trabajo o fiscal para erradicar los otros pilotes de la
irregularidad. Aún así, no por ello se soluciona la cuestión si son
sustituidos los irregulares espontáneos por contingentes contratados en origen para reproducir la
situación. Sin detenerse en detalles sobre los recursos a usar en este ultimo
supuesto, para situar lo que significa, ha de recordarse al respecto que
la prevención de estos fenómenos estuvo en el origen de la fundación de la I
Internacional y en otra dimensión, inspiró en su día la llamada ley de
términos municipales de los años 30: facilitar fuerza de presión a
los trabajadores autóctonos o residentes frente a los intereses capitalistas o
foraneos. Obviamente, exige la planificación y desarrollo de otro tipo de
acción sindical alternativa al colaboracionismo de los mayoritarios,
que asumiendo estas premisas las tome no como objetivos en si sino como
medios para desarrollar otra practica reivindicativa general y que
atienda preferentemente no a recibir parabienes de organizaciones llamadas
humanitarias sino a actuar como instrumento eficaz para la emancipación social
y la liberación nacional del pueblo andaluz (entendido como el conjunto de
todos los residentes estables en Andalucía). Teniendo presente además los
cambios que traerán consigo la nueva PAC, la anexión europea del Este o el
tratado de libre comercio con Marruecos.
Adelantemos ahora una replica sintetica. Es previsible
que estas ideas expuestas simplificadamente puedan ser tachadas por
algunos de xenófobas o inhumanas. No hay que extrañarse
de que esto ocurra en tiempos donde pasan por
progresistas nociones como el comercio justo,
la cooperación para el desarrollo o tantos se refugien aún tras
palmarios fraudes como el Derecho Internacional, el papel de la ONU o
el Estado de derecho; por no extender indefinidamente la lista de
ejemplos. Años de retroceso e intoxicación no pasan en balde. Esta época y
esta nación nuestras están repletas de tragedias y seguirán estándolo aún por
largo tiempo. La inmigración -como solución individual- esta tan claro que
proviene de una situación de injusticia como que recala en otras
situaciones injustas, que viene a consolidar indeseadamente. Hace tiempo que
aquí** hemos dicho que ha de comprenderse la
opción individual de emigrar, de igual modo que también puede entenderse
que haya quienes se vean obligados a recurrir al destajo, al trabajo por
debajo de convenio o incluso a quedarse afiliado a un partido o sindicato para
asegurarse un contrato... Nadie niega que la vida es dura e injusta; pero
entender no es justificar ni convertir la salida personal en
orientación y respuesta general. Pero no es siquiera esta la cuestión
esencial. No es sólo que por encima de esa opción individual se encuentre
siempre como criterio el derecho de la nación receptora a determinar quienes y
en qué cuantía vienen a integrarse en ella para compartir su destino y
construir su futuro colectivo y a requerir que quienes se incorporen lo hagan
favoreciendo su mejora y no siendo útiles inertes para su dominio. Es,
básicamente, que la solidaridad y el internacionalismo -que no son lo mismo
que la caridad o el cosmopolitismo en cualquiera de sus
versiones- conlleva recordar realidades muy amargas como que los intereses
colectivos han de sobreponerse a los individuales; tanto en los países
receptores como en los emisores. Es tambien trabajar -aun siendo
nacionalistas- no sobre la Andalucia que nos gustaría sino sobre la
que existe, con todas sus muchas miserias y debilidades. Es
afirmar con nitidez que la emancipación nacional y social de Andalucía está
por encima de las humanas aspiraciones inmediatas a una vida mejor de
unos cuantos centenares de miles de inmigrantes y que su conquista es un
objetivo con una carga solidaria cualitativamente superior, no sólo para
los implicados sino tambien para todas sus naciones de origen. Es reconocer
igualmente que la solución a los problemas de Marruecos, Ecuador o Senegal no
está en que los mejores de entre sus nacionales huyan de sus países para
tranquilidad política de sus regímenes y alivio de su balanza de pagos sino en
que se queden y no para embellecer la dependencia con utópicos
librecambismos justos Norte-Sur sino para conseguir luchando el
desconocimiento de la deuda externa, la nacionalización de los recursos y
empresas expoliadas, el uso irrestricto y sin compensación de todas las
patentes disponibles... Lo que está sobre la mesa, en resumen, es qué
concepto de lo que se requiere para avanzar hacia la ruptura con el orden
injusto vigente sirve para avanzar en su derrocamiento, si el realismo
desagradable que inspira nuestra reflexión y todo lo que conlleva, explicita o
implícitamente o la confianza en que con la estampita de Gandhi en una mano y
la papeleta de voto en la otra, otro mundo y otra Andalucía son
posibles. Nuestra opción está clara.
Notas:
*Recomendamos al efecto especialmente la
lectura detenida de la Polemica tras
el encierro en la UPO de
Sevilla a traves de los
enlaces que abajo reproducimos.
Enlaces
de Inmigración:
Polémica tras el Encierro en la UPO de Sevilla
sobre balance y futuro de las protestas y de la inmigración:
Andalucía
Andalucia recibio 21 millones de turistas en 2002
SUPONE UN
1,2% MÁS RESPECTO A 2001 - El
crecimiento previsto para este año oscila entre el 1,72% y el 3,95%, según ha
informado el consejero Antonio Ortega en Fitur
Andalucía recibió unos 21 millones de turistas en 2002, lo que
supone un 1,2% más que en 2001, aunque se produjo un descenso en la llegada de
viajeros extranjeros del 2,53%, según los datos ofrecidos por el consejero de
Turismo y Deporte, Antonio Ortega, en la Feria Internacional de Tuirismo (Fitur)
en Madrid. Estos datos surgen de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía
realizada por el Instituto de
Estadística de Andalucía a falta de
cerrar el último trimestre del año, y fueron valorados positivamente por el
consejero, quien destacó que destinos competidores de Andalucía, como Baleares o
Canarias, han sufrido descensos en su sector turístico en un año marcado por la
"incertidumbre" internacional.
Del total de viajeros, -alojados en establecimientos tanto
hoteleros como residenciales-
recibidos por Andalucía, el 55,77 % fueron del Estado español y el 42,24
%, extranjeros. Ello supone que el
mercado estatall subió un 4,18 %, mientras que el foráneo descendió un
2,53 %.Ortega achacó esta bajada a la recesión
económica alemana, que hizo que este mercado descendiera un 4% en 2002. Sin
embargo, el principal emisor extranjero de turistas a Andalucía, el Reino Unido,
subió un 6%. "La economía británica está en un buen momento, la libra tiene
una posición de liderazgo y ha sido un mercado en el que no ha habido
desaceleración", ha explicado el consejero, que ha destacado la
"estabilidad" del turismo nacional y su buen comportamiento en
2002.
Respecto a los ingresos, éstos ascendieron a 13.200 millones de
euros, un 1% más que el año anterior en términos nominales, mientras que en
términos reales -sin tener en cuenta el efecto precios- supuso una pérdida de
ingresos del 4,1 %.
En cuanto al movimiento hotelero, el consejero aseguró que el
número de pernoctaciones fue de 35,3 millones. Sin embargo, el grado de
ocupación de todas las provincias andaluzas, a excepción de Huelva, bajó en
2002. En el informe elaborado por el Sistema de
Análisis y Estadística del Turismo en Andalucía (Saeta) se destaca que tanto
provincialmente como a nivel andaluz, se produce un "desajuste entre la
demanda y la oferta hotelera", ya que el crecimiento del número de plazas
"no se han visto compensados por crecimientos de igual intensidad en las
pernoctaciones, exceptuando las provincias de Cádiz y Sevilla que en el año 2002
ofrecen un buen ajuste". En Huelva, al contrario que el resto de las
provincias andaluzas, la tasa de crecimiento de la demanda en 2002 fue superior
al de la oferta hotelera.Durante 2002 se produjo un
incremento de 7.363 plazas en Andalucía, lo que supone un incremento del 4,3 %,
"crecimiento que no ha sido compensado por la demanda", que creció sólo
un 0,15 %. Respecto al movimiento en los aeropuertos, el número de viajeros
ascendió al 14,3 %, un 1,7 % más, lo que contrasta con el comportamiento a nivel
estatal, donde el número de pasajeros bajó un 1,1%.
Las previsiones sobre el comportamiento del turismo en Andalucía
en 2003, "a pesar de lo arriesgado que resulta hacer previsiones en un
entorno tan cambiante como el actual" debido al posible ataque de Estados
Unidos a Irak, son que este sector crezca, en el escenario más pesimista, un
1,72 % y, en el más optimista, un 3,95 %.
Ortega ha destacado que el sector turístico andaluz tiene ante sí
un "excelente futuro", aunque ha matizado que "es necesario" estar
pendientes a las dos "incertidumbres que acechan actualmente al sector
turístico andaluz" y que son "los riesgos geopolíticos y la evolución
económica de Alemania. El consejero ha asegurado
que Andalucía aspira ser "líder" en el sector turístico y que, para
ello, invertirá 70 millones de euros en la promoción de la Comunidad en 2002 y
un total de 295 millones hasta 2006. El Gobierno
andaluz intentará abrir nuevos mercados, como el de China, país en el que
realizará por primera vez una campaña de promoción en el próximo mes de abril
para empezar a posicionarse en él. Ortega ha explicado que hay entre 40 y 50
millones de chinos con posibilidad de viajar al exterior, lo que representa
"una gran potencialidad" para este mercado.
Andalucía en la
Guerra
Andalucía
Libre

Andalucía sufre
en su territorio la presencia de tres importantes bases imperialistas:
Rota, Morón y Gibraltar. Las dos primeras como consecuencia de su entrega por
el Estado español a los EEUU; la ultima en su condición de enclave colonial
ocupado por Gran Bretaña.
La base
aereonaval de Rota es el apoyo logístico esencial de la VI Flota; la de Morón
sirve como escalón en el despliegue y transporte aéreo yanqui desde la
Metrópoli hacia las zonas de agresión. En Gibraltar están instalados
sofisticados servicios de escucha y vigilancia electrónica que, en
combinación con Rota, facilitan a Estados Unidos el control del Estrecho. El
territorio andaluz es fundamental, como ha demostrado la historia, para la
cobertura de las agresiones militares norteamericanas en África y Próximo
Oriente.
Desde hace días,
la prensa andaluza se hace eco del incremento sustancial de actividad de ambas
bases y de las obras de acondicionamiento en curso en su interior para
adecuarse a las necesidades que puedan derivarse de la prevista intervención
yanqui en Iraq. Millones de andaluces viven en el entorno de estas amplias
bases en las que -sobre todo en el caso de Rota- es muy posible que los EEUU
mantengan almacenado o en transito armamento nuclear.
En anteriores
guerras imperialistas, el Gobierno andaluz del PSOE mantuvo silencio al
respecto. En este caso y siguiendo su línea actual, el Presidente Chaves ha
remitido una carta a Aznar pidiéndole que no autorice el uso de las bases por
los EEUU para el ataque a Iraq; un mero acto formal cara a la galería ya que
Andalucía no tiene potestad alguna para controlar la utilización de su
territorio al carecer de Soberanía Nacional, situación que avala y apoya
Chaves y su Gobierno. Las bases militares en Andalucía desde todo punto de
vista constituyen un obvio objetivo militar de primer orden, con todo lo que
ello implica de riesgo cierto para la seguridad de la población
andaluza.
Para el próximo
15 de Febrero está proyectada la realización en las ciudades
andaluzas de actos y manifestaciones de protesta contra la guerra contra
Iraq, el apoyo español a EEUU y el uso ilegitimo para la agresión de
territorio andaluz.
Estado español
CCOO y UGT
ratifican nuevo Pacto Social para 2003
Fidalgo (CCOO) y Mendez (UGT)
El Consejo Confederal de CC.OO. ratifica el pacto
de convenios con el 61% de los votos
El Consejo Confederal de CC.OO., máximo órgano entre congresos,
ratificó hoy el acuerdo interconfederal de negociación colectiva para 2003
(ANC-2003) por 83 votos a favor (61%), 27 votos en contra (19,8%) y 26
abstenciones (19,1%). Los votos negativos fueron
emitidos por el llamado 'sector crítico', mientras que las abstenciones
correspondieron a los partidarios del ex 'número dos' de CCOO Rodolfo
Benito.
Fuentes del sector afín a Benito denunciaron que el acuerdo de convenios
no ha sido analizado "extensa y rigurosamente", mientras que el portavoz del
llamado 'sector crítico' de CC.OO., Agustín Moreno, explicó que la
negativa del mismo a ratificar el pacto obecede a que recorta el poder
adquisitivo de los salarios, no hay compromisos claros a favor del empleo, y
"no revitaliza" la negociación colectiva. En su opinión, el contenido
de este acuerdo debería ser sometido a consulta entre los afiliados al
sindicato.
Asimismo, el Consejo dio el visto bueno al informe presentado por el
secretario general del sindicato, José María Fidalgo, que recibió 81 votos a
favor (59,5%), 21 votos en contra (15,4%), y 34 abstenciones (25%).
En este sentido, el portavoz de los críticos consideró que los
sindicatos "han entregado las armas demasiado pronto" en el tema del
PER, sin que se haya dado una solución del todo satisfactoria a este conflicto.
Además, señaló que CC.OO. debería haber seguido
presionando al Gobierno, porque "se están cerrando muchos acuerdos",
con el único fin de recuperar la paz social, sin contrapartidas para los
trabajadores.
UGT ratifica por unanimidad el Acuerdo de Convenios
y da por zanjado el conflicto del 'decretazo'
El
Comité Confederal de UGT ratificó hoy por unanimidad el Acuerdo
Interconfederal de Negociación Colectiva para 2003 (162 votos a favor y una sola
abstención) y dio por zanjado el conflicto abierto por el 'decretazo', una vez
que el Gobierno ha restituido el subsidio agrario para los trabajadores del
campo de Andalucía y Extremadura, según señaló el secretario general de UGT,
Cándido Méndez.
Méndez afirmó que el acuerdo de negociación colectiva supone un
reforzamiento de la autonomía colectiva, acrecienta el peso de los agentes
sociales en las relaciones colectivas y, al mismo tiempo, refuerza el carácter
regulador de la negociación. En cuanto a su
contenido, considera que define un marco para los convenios más equilibrado y
homogéneo para hacer frente al deterioro de la economía. En concreto, valoró
especialmente la estabilidad en el empleo y la igualdad, así como la
consolidación del modelo de revisión salarial, manteniendo la cláusula de
revisión a pesar del frente ofensivo lanzado por el Gobierno y otras instancias
económicas
DOCUMENTO: POSICIÓN DEL SECTOR CRÍTICO DE
CC.OO
SOBRE EL ACUERDO PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
2003
Consejo Confederal de CC.OO.
28-1-03
Ante la propuesta de acuerdo, que se pretende
firmar entre los sindicatos y la patronal, para la negociación colectiva de
2003, el Sector Crítico de CC.OO.
quiere manifestar su más enérgico rechazo porque limita los salarios de los
trabajadores/as, no avanza en la reducción de la jornada ni en medidas
concretas para aumentar el empleo y su calidad o en derechos de intervención
sindical en las empresas. Además, consideramos muy preocupante que se esté
instalando un modelo de concertación salarial y de negociación colectiva sin
un debate con la suficiente amplitud y profundidad en todo el sindicato. No
podemos respaldar una estrategia que nunca arroja beneficios en empleo,
derechos sociales, legislación laboral positiva, reducción de jornada o
mejoras salariales y que acepta sacrificios de los trabajadores cuando cada
vez estamos más lejos de la Europa social (retroceso de 4 puntos del PIB en
los últimos 8 años).
La oposición a la firma de dicho acuerdo se basa en lo
siguiente:
-
El año pasado se suscribió un acuerdo para la negociación
colectiva entre la patronal, CC.OO. y UGT, con el ánimo de evitar una
negativa reforma gubernamental de la legislación sobre negociación
colectiva. El balance de dicho acuerdo del 2002 se ha demostrado claramente
negativo para los trabajadores y trabajadoras: pérdida de poder adquisitivo
de los salarios (incremento medio en torno al 3% frente a una inflación del
4%; 1,4 millones de trabajadores sin revisión salarial, empleados públicos y
Salario Mínimo Interprofesional con el 2%), la temporalidad en el empleo
(31%) sigue sin reducirse, la disminución de la jornada laboral ha sido
prácticamente nula, no ha servido para frenar los accidentes laborales y el
paro ha aumentado en 271.000 personas según la EPA. El ANC 2002 ha quitado
fuerza al proceso de negociación colectiva, hasta dejarlo prácticamente sin
pulso.
-
A pesar de que está archidemostrado que la moderación salarial
no tiene ninguna relación directa con la creación de empleo, y menos aún con
el empleo de calidad, de nuevo se pretende volver a insistir en la misma
estrategia fracasada y contraria a los intereses laborales. También se ha
practicado con el reciente acuerdo para las administraciones
públicas.
-
Lo único concreto que se pacta son incrementos salariales que
conducen a una nueva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. No se
puede seguir pactando los salarios aceptando las previsiones siempre
erróneas del gobierno (2% frente al 4% real) justamente cuando más se han
disparado los precios, la vivienda está por las nubes, se aplica una
fiscalidad regresiva o se ignora a los sindicatos en el Salario Mínimo
Interprofesional. No hay cláusula de garantía salarial sino una referencia a
su inclusión cuando se acepte trabajar con la base del
2%.
-
El resto del texto del acuerdo son declaraciones genéricas: no
se concreta nada de empleo ni de reducción de jornada o de mayor poder de
intervención laboral en las condiciones de trabajo. También textos demasiado
generales y sin mejoras concretas sobre igualdad de oportunidades, salud
laboral, etc.
-
No estamos de acuerdo con la apuesta que se hace para reforzar
la competitividad de la economía española en base a la moderación salarial.
Además, es escandalosa la falta de simetría existente: moderación salarial
para los salarios cuando crece la economía y los beneficios empresariales
(siempre inmoderados) y descuelgues salariales por la sola previsión de
pérdidas en las empresas.
Ante esta situación, el Sector Crítico de
CC.OO.:
-
Reclamamos una política de negociación colectiva que se base en la
recuperación y mejora del poder adquisitivo de los salarios, cuyo
incremento no deberían ser
inferior al 5%, teniendo en cuenta la inflación del 2002(4%), la
participación en los aumentos de productividad y en los beneficios
empresariales, al objeto de que los salarios no retrocedan en su
participación en el PIB. Acompañada de cláusulas de revisión salarial
automáticas, retroactivas que aseguren la mejora real pactada. Así mismo,
urge una política de reparto del trabajo y de reducción de la jornada
laboral a 35 horas semanales, sin reducción de salarios y la consolidación
del empleo temporal en fijo y una mayor participación sindical en la
organización del trabajo. Hay que conseguir mejoras reales para las mujeres
en materia de acceso al empleo, de promoción, de retribuciones... Para ello
es preciso revitalizar la negociación colectiva con la unidad sindical, la
participación de los trabajadores y la movilización que, como ha demostrado
el 20-J, siempre deja sus frutos.
-
Pedimos el respeto a la democracia en el sindicato. Para ello, y
antes de que se firme nada, exigimos una amplia campaña de información a los
trabajadores y trabajadoras, con asambleas en los centros de trabajo, sobre
un acuerdo que les va a afectar de manera directa en sus salarios y
condiciones de trabajo, porque persigue apaciguar a los colectivos más
reivindicativos, sin dar ventajas a los más débiles. Posteriormente debe
realizarse una consulta a toda la estructura y a los afiliados/as del
sindicato. Pretender cerrar este tema con la simple discusión en los
órganos, desde la falta de información, de debate y sin otorgar la capacidad
de decisión a los afiliados/as, reflejaría una actitud poco democrática y
participativa de la actual
dirección del sindicato. En el sindicato debe fomentarse la máxima
participación de los trabajadores, debe recuperarse la unidad interna y debe
establecerse, de una vez la norma: Nunca Más Represión Sindical por tener otras
posiciones.
-
También debería intensificarse una mayor presión sobre un
gobierno del Partido Popular que sigue aplicando en el terreno económico una
política neoliberal (aumento de la fiscalidad indirecta, recorte del SMI,
ley Concursal, reformas laborales no pactadas, etc.) y en el de las
libertades una política de derecha pura y dura. Esto último se refleja en el
ataque a la enseñaza pública (LOU, LOCE...), en iniciativas legislativas tan
reaccionarias como la reforma del Código Penal o en el apoyo incondicional
al intervencionismo USA en el ataque contra Irak; por no hablar de la
desastrosa gestión de la crisis del “Prestige”. La dirección del sindicato no debe
apoyar una política de pactos con la patronal que, por su ausencia de
contrapartidas, en nada benefician a la clase trabajadora y que solo sirven
para asegurar una paz social de la que, además, se beneficia políticamente
el gobierno de la derecha.
Madrid, 28 de enero de 2003
Estado
español
Escandalo: Las
Propinas del Santander Central
Hispano
Botín declara que el pago a
Amusátegui respondió a un "bonus de jubilación" y no se derivó de la
fusión
Los imputados reconocen que el contrato no se
sometió a la Junta de Accionistas porque bastaba con aprobarlo en consejo de
administración
El
presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y el que fuera
copresidente de la entidad, José María Amusátegui, concidieron hoy en señalar
ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios que los 43,7
millones de euros percibidos por el segundo respondieron a un "bonus de
jubilación" que había sido previamente pactado. Ambos insistieron en desvincular
este contrato de los acuerdos de fusión en 1999 del Banco Santander y el Banco
Central Hispano, según fuentes jurídicas.
Botín fue el primero en declarar hoy en el Juzgado Central de
Instrucción número 3 como imputado en la querella interpuesta por un accionista
del SCH por un presunto delito societario en la disposición de los 43,7 millones
de euros. Acompañado de su abogado, Gonzalo
Rodríguez Mourullo, Botín permaneció casi una hora declarando ante la juez, el
fiscal y la acusación particular, y luego permaneció otra hora en las oficinas
del Juzgado releyendo sus afirmaciones. A la salida de las dependencias
judiciales, el banquero manifestó hasta tres veces a los periodistas, en tono
visiblemente airado, que no había ningún comentario que hacer al
respecto.
Posteriormente prestó declaración también como imputado Amusátegui. Al
término de su comparecencia, indicó que no tenía nada que decir en cuanto al
fondo del asunto, aunque se sentía "muy satisfecho" de como había transcurrido
la vista.
Las mismas fuentes señalaron que los dos financieros habían sido
muy coincidentes en sus manifestaciones ante la juez, en las que insistieron en
que no hubo irregularidad en el cobro de los 43,7 millones de euros por parte de
Amusátegui y que el Banco de España, que estaba informado, no puso objección de
legalidad alguna. Reconocieron que el contrato en
el que se establecía el "bonus" -cuya fecha de suscripción, el 15 de enero de
1999, coincide con la fusión empresarial que dió lugar al SCH-, no fue sometido
a la Junta de Accionistas, aunque aseguraron que este pago podía decidirlo por
sí solo el Consejo de Administración.
Ante
las preguntas del fiscal, que se interesó sobre todo por conocer si el contrato
debía haber estado incluído en los proyectos de fusión del banco, tanto Botín
como Amusátegui contestaron negativamente, puesto que el pago no era en ningun
caso una ventaja derivada de tal fusión. Ninguno de los imputados contestó a las
preguntas del abogado del querellante.
CONTENIDO DEL "BONUS"
Según fuentes de la acusación, además de los 43,7 millones de euros
percibidos, el "bonus" del que se benefició Amusátegui incluye el cobro de
5,1 millones de euros anuales, de un 70% de lo que ingresa mensualmente
un consejero de su nivel, despacho y dos secretarias, servicio de seguridad y
mantenimiento de las 'stock options'. Según la acusación, el contrato de Amusátegui dice que el "bonus"
se cobraría en caso de jubilación, pero también contempla los supuestos de
fallecimiento (repatiendo la cantidad entre sus esposas en función del tiempo de
convivencia), invalidez o cese. Una de las preguntas no contestadas por Botín
fue si él dispone también de un "bonus" similar para el caso de que abandone la
presidencia del SCH.
El cobro de este "bonus" se justifica en el contrato "en pago
por los servicios prestados" por Amusátegui en el Central Hispano y el SCH.
Entre estos servicios, Botín citó a la juez el buen resultado de la denominada
"Operación Airtel", dirigida por Amusátegui, y de la que el banco obtuvo unas
plusvalías de 800.000 millones de pesetas. Preguntado por qué no se contestó en las Juntas de Accionistas a
ninguna pregunta sobre el contrato en cuestión, Botín respondió, según las
mismas fuentes, que había que salvaguardar la "intimidad y seguridad" de los
afectados. Otro dato que ha salido en la declaración es que la cantidad de 43,7
millones de euros en concepto de jubilación venía manuscrito en el contrato, una
circunstancia que se ha justificado "en razón de la discrección"
necesaria de cara a los empleados que transcribieron el
documento.
En fuentes de la defensa se manifestó al término de las
declaraciones que el contrato pasó hasta en cuatro ocasiones por el Consejo de
Administración del SCH, la última a raíz de la presentación de la querella, y
que respondió a la previsión que existía de que Amusátegui iba a jubilarse
coincidiendo con la Junta de 2000. Esta parte
quiso rebatir también la tesis del querellante de que el pago sirvió para zanjar
una lucha de poder entre los dos copresidentes del SCH con el dato de que todos
los acuerdos del Consejo de Administración durante la copresidencia fueron
aprobados por unanimidad. La juez proseguirá mañana
las diligencias en esta causa con la toma de declaración como testigo del
secretario general del banco, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, citado a petición
del fiscal.
Según la querella, presentada por el accionista y abogado Francisco
Franco Otegui, los 43,7 millones de euros percibidos por Amusátegui como
compensación por su salida del banco en agosto de 2001, figuraban en las cuentas
anuales del SCH correspondientes a ese año en el subapartado "compromisos
por pensiones y otros seguros". Junto a esta anotación figuraba una nota que señalaba que el importe
total "no incluye 43,75 millones de euros satisfechos con carácter
extraordinario y no recurrente", y luego se desveló que dicho apunte
correspondía a la indemnización por el cese del
copresidente
--oOo--
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