Andalucía

 

Pastrana (UGT); Pte. Chaves (PSOE); Ruiz (CCOO)

 

 

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró que "hoy es un gran día para Andalucía" tras la nueva propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, para la reforma del subsidio agrario. 

 

En rueda de prensa, Chaves afirmó que "un gobernante, y en este caso yo como presidente de la Junta de Andalucía, me siento feliz y satisfecho porque estoy convencido de que hemos resuelto un gran problema que, de no resolverse, iba a afectar muy negativamente a decenas de miles de trabajadores del campo de Andalucía y de Extremadura". Chaves manifestó que el texto remitido hoy por Zaplana se corresponde "escrupulosamente" con la propuesta verbal que el ministro les hizo llegar en la reunión del pasado 5 de enero al propio Chaves y al presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y también con las mejoras que ambos presidentes autonómicos le plantearon la semana pasada.

 

Por tanto, Chaves realizó una valoración "positiva" de esa propuesta, "al igual", según dijo, que la valoración que hizo de la propuesta verbal, que "coincide exactamente" con la de hoy. "Espero que en esta ocasión, cuando hago esta valoración positiva que coincide con la anterior, nadie pueda alegar que provoco confusión, ojalá todas las confusiones fueran como ésta", añadió.

 

Asimismo, Chaves precisó que los sindicatos han hecho una valoración "razonablemente buena" de la propuesta del decreto remitido hoy por Zaplana, y destacó la desconvocatoria de la huelga en el ámbito rural prevista para el próximo mes de febrero. Según el presidente de la Junta, "nadie quería una huelga en el campo, ni siquiera los propios sindicatos, y todos hemos hecho un esfuerzo considerable para buscar una solución, y por tanto para que la huelga no se produjera, a cambio lógicamente de una satisfacción de los derechos de los trabajadores del campo de Andalucía y de Extremadura".

 

En su intervención, el presidente andaluz también se refirió a los tres puntos sobre los que los sindicatos van a presentar alegaciones al documento de Zaplana que, según dijo, "no afectan a los elementos sustanciales del decreto" y que son "el que las jornadas en empleo público no coticen, la exigencia de diez años de empadronamiento como requisito para acceder al subsidio, y también el periodo de seis años que se ha establecido". De estos puntos, el que "preocupa realmente" a Chaves, según expresó, es el referido a que los trabajos por obras del PER no contabilicen en el nuevo sistema, un aspecto que la Junta "va a plantear" al Gobierno para que pueda ser cambiado. En este sentido, Chaves recordó que en la última reunión que mantuvo con Zaplana, "le hice una propuesta flexible, en el sentido de que las comisiones mixtas Junta-Gobierno pudieran determinar en función de las zonas, de las comarcas, y en función de las cosechas aquellos sitios donde las jornadas del PER podían o no cotizar", algo en lo que la Junta va a insistir y que trasladará por escrito a Zaplana, sentenció. En cuanto a la fecha de seis años recogida en la propuesta de Zaplana, Chaves afirmó que entiende que se trata, "no de un plazo de extinción del sistema, sino de un plazo en el cual el sistema tiene que converger con el sistema contributivo del régimen general de la Seguridad Social, y entiendo que esa convergencia se tiene que dar no sólo en las cotizaciones sino también en las prestaciones, es decir, que sean las mismas cotizaciones y las mismas prestaciones". Así, dijo que si esa convergencia no se alcanza durante los seis años, el Gobierno "no va a tener más remedio que ampliar ese plazo".

 

Por otra parte, Chaves afirmó que "todo el sistema de protección que existía se ha modificado para que permanezca el mismo sistema de protección". "Los aspectos sustanciales que se recogen en el nuevo decreto son prácticamente los mismos que existían en el anterior sistema, los derechos de los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura son los mismos que tenían en el sistema anterior, es decir, sus derechos han sido reconocidos y restituidos", añadió. Por todo ello, Chaves aseguró que "por mucho que el nuevo decreto haya cambiado la denominación del sistema, en el campo se va a seguir conociendo al sistema con los nombres del PER y del subsidio agrario, va a ser exactamente igual".

 

 Declaraciones de Chaves

 Declaraciones de Ruiz (CCOO) y Pastrana (UGT) en su reunión con PSOE, PCE-IU, PA y PSA

 Andalucía

 VIDEO DEL DEBATE EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL SOC

Chaves canta victoria y tras el no sólo el PSOE sino también el PCE-IU, PSA y PA.  A CCOO-UGT, les falta tiempo para desconvocar aquella extraña Huelga prevista para el 20 de Febrero y proclamarse vencedores. Todos coinciden -aparte de en las felicitaciones mutuas- en que los flecos se han de resolver por la vía legal o institucional; incluso el PSA se permite recomendar al empecinado SOC -que aún afirma que se podía conseguir más y mantiene de momento movilizaciones abiertas- que no ejerza de aguafiestas. Se acabó el conflicto; Andalucía vuelve a la normalidad.

 

La Renta Agraria

 

Un nuevo nombre -Renta Agraria- a sumar a PER, AEPSA etc. Se reabre el Subsidio con casi los mismos requisito y retribuciones para los nuevos que puedan incorporarse, eso si, sólo por seis convocatorias anuales.  Al menos de momento. Los sindicatos CCOO-UGT leen la prorroga a modo de cuan largo me lo fiáis, pensando en cambios de Gobiernos... El Gobierno español con el limite temporal, subraya  el carácter transitorio, provisional, irregular... del Subsidio/Renta Agraria (RA). No es políticamente un derecho algo que se establece desde un principio con plazo de caducidad. La cuantía sigue siendo miserable: el 75% del ridículo salario mínimo interprofesional por seis meses. Para ahondar en su temporalidad y hacer evidente que responde a una concesión discrecional, el Gobierno establece ahora tramos de incremento -que tampoco van más allá del 100% del SMI teniendo la enormidad de 180 peonadas trabajadas- con la idea implícita de que aparezca como respuesta a una presunta necesidad de estimular el trabajo. La extensión de la obligación de seguir y participar en los conocidos paripés (obligación de formación, itinerarios de inserción etc) vienen a reincidir en la concepción de que los parados lo son no porque no haya actividad económica susceptible de emplearlos, sino porque no están lo suficientemente formados o sufren de desorientación a la hora de buscar trabajo. Esta cláusula, si se invierten fondos y según cómo se organice y quien la controle, puede generar más de un problema para algunos de quienes hasta ahora han compatibilizado subsidio y trabajo negro. La RA sigue computando a la hora de generar derechos de pensión (algo fundamental para mayores y mujeres), aunque tenga impresas muchas dificultades y restricciones. Siguen aplicándose las condiciones de renta familiar mínima e incompatibilidades que han provocado tantos casos de picaresca (hasta divorcios ficticias han llegado a darse) y que de ser reales situarían al sujeto entre la austeridad, la pobreza o la indigencia. Como novedades destacables, las peonadas trabajadas en el PER (las obras en los pueblos gestionadas por los Ayuntamientos) dejan de contar, generándose con ello una dificultad adicional para las mujeres y según en que comarcas. También, se exige ahora 10 años de residencia en Andalucía para acceder a la RA, con lo que de un plumazo se quitan de enmedio a los inmigrantes legales, más pensando en el futuro que en el pasado (el SOC ha informado que sólo 2.900, esencialmente marroquíes, cobraban el Subsidio agrario).

 

¿En qué quedó?

 

El Gobierno español se ha visto forzado a retornar a la situación precedente, eso sí, con el maquillaje justo para hacerlo pudiéndolo presentar -básicamente fuera de Andalucía- de la forma más digerible (plazo, formación, etc) para tantos que comparten allá prejuicios antiandaluces. Ciertamente es una derrota pero no un desastre. Cierra con la RA la amenaza de crisis y conflictividad en Andalucía, justo cuando la guerra se suma a Euskadi y al Prestige como posible elemento de desgaste del Gobierno.

 

La rutina vuelve pero es difícil saber si con todo lo ocurrido, el sistema resta fortalecido o más bien más deslegetimado. Lo que desde luego si parece notorio es que queda visto socialmente más como concesión-contraprestación que como derecho objetivo. Nadie, por otra parte, ha tenido el menor interés por explicitar y difundir que el SA-PER por sus efectos indirectos sobre la negociación colectiva a la baja y sobre la oferta y la contratación, constituye un elemento clave en la subvención de la patronal agraria. Tampoco se ha relacionado su existencia en su mísera cuantía (75% del SMI más descuentos) con lo que debería ser realmente llamativo e importante: que más de 200.000 personas adultas en un país de siete millones y medio tienen que recurrir a depender del SA para vertebrar en su torno su renta familiar;lo que a todas luces es un alegato inobjetable contra la estructura de propiedad de la tierra en Andalucía y en general sobre el papel económico y social que se le ha impuesto. El componente PER del SA-RA queda tocado de descrédito por su utilización clientelista. Finalmente, se introduce una cuña perversa entre inmigrantes legales residentes y el resto de trabajadores andaluces, al privárseles de la posibilidad de acceder a la RA, remachando la conexión inmigración-temporalidad-precariedad. Aunque no sea su objetivo, esta discriminación gubernamental implica un reconocimiento político de que el SA-RA es una concesión política y que sus raíces históricas se asientan en la defensa de la injusta estructura agraria andaluza. No deja de tener su lógica, limitarlo sólo a los andaluces para cuya domesticación fue gestado y planificado en su día, con notorio éxito, como puede verse.

 

Reacciones

 

El PSOE es el gran triunfador del episodio y del error de valoración del PP, como ya hemos descrito en anteriores boletines.

 

CCOO-UGT también salen fortalecidas, con un claro reconocimiento de su papel como interlocutores privilegiados cogestores y corresponsables  necesarios de la política neoliberal y de la dependencia (casi simultáneamente a las celebraciones por lo del subsidio refrendaban un nuevo pacto social leonino). Ya se relamen algunos pensando en las nuevas fuentes de ingreso que pueden derivarse de los paripes, más si cabe si se acaban transfiriendo de una vez las políticas activas de empleo. Los aparatos sindicales han mostrado una especial habilidad para gestionar el conflicto con el Gobierno sin por ello molestar ni afectar en lo más mínimo los intereses terratenientes (lo que puede pasar a los anales de la lucha de clases). Incluso los amagos de recursos y alegaciones en torno a los flecos les valen para reforzar y limpiar su imagen, contando con que -aun cuando resulten molestos- no son suficientemente esenciales como para reactivar la confrontación.

 

La recua PCE-IU, PA, PSA hasta el ultimo minuto han seguido la estela mayoritaria. Particularmente llamativo resulta el rápido abandono del PCE-IU y del PSA del SOC, tras haberse refugiado a su amparo mediático durante meses para chupar algo de camara.

 

Las cosas del SOC...

 

El SOC, de momento, mantiene la convocatoria de movilizaciones. Sigue recurriendo a protestas para demandar lo mismo que su competencia sindical reclama también pero sólo desde despachos y tras los microfonos. Continua la tónica: mismos objetivos, diferentes metodos.

 

El SOC queda como el más combativo y consecuente defensor del  subsidio agrario; lo que en si mismo no es mucho, aunque le haya podido proporcionar más simpatía en el campo. Corriendo con el gasto de la actividad y la represión, ha quedado al final apartado por el Gobierno como referente con el que contar para avalar o no la efectividad del pacto. Esto viene a decir que, hasta nueva orden, Madrid no considera que el SOC -sin el respaldo del PSOE y la no-beligerancia de la competencia- sea capaz de alterar por si sólo la paz andaluza.

 

A la hora del balance, su actuación puede medirse a conveniencia utilizando dos parametros.  Si se opta por el sociológico -sea en sus versiones aséptica o telúrica- su línea quedaría explicada por las renuncias y aspiraciones reales de la inmensa mayoría de la actual clase trabajadora del campo andaluz. Sería sólo la expresión de que eso que le gusta tanto repetir a Gordillo (que los jornaleros andaluces son esencialmente revolucionarios, vanguardia social, etc etc) está bien superado por la historia y las derrotas y que como pretendido análisis ha quedado hoy reducido a chiste. Si se opta por el enfoque político y se atiende al hecho de que -aún siendo de campo o del magisterio- los dirigentes fundamentales del SOC llevan ya a la espalda su buen cuarto de siglo ejerciendo y orientándolo -con lo que se presupone que experiencia no les falta y que algo han aprendido en este tiempo- el balance tiende a resultar aún menos benévolo. Han desaprovechado una ocasión única -que no se había presentado desde 1986- para poner de nuevo de actualidad la Reforma Agraria, sumarle la oposición a la Unión Europea y adjuntarle un programa de construcción y soberanía nacional -ahí es poco- y tampoco han sido capaces en consecuencia de soldar la cesura interna campo-ciudad dentro de Andalucía. No se han enfrentado ni desgastado al entramado PSOE; se han dejado instrumentalizar por sus compañeros del PCE-IU y todo al final para quedarse de nuevo de mirones con derecho al pataleo. Incluso, aún partiendo de que sus acciones ejemplares se sitúan a años luz del apoltronamiento amodorrado de CCOO-UGT no vendría nada mal tampoco una actualización reflexiva sobre los limites políticos de sus pautas de actuación simbólica.

 

En conclusión, desde nuestra visión de los intereses nacionales de Andalucía, hemos pasado de una forma de derrota a otra, perdiéndose una buena oportunidad para generar condiciones y bases para acercar la victoria final. Pero todo se andará...

 

 Andalucía

Fraude económico en los cursos de formación gestionados por sindicatos y patronal

El caso de la masiva estafa al Forcem se salda sin detenidos - El fraude se estima en 84 millones de euros, se falsearon más de medio millar de identidades - las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía

OSCAR LOBATO Diario de Cádiz

 

PUERTO REAL. La Guardia Civil ha dado por concluidas las investigaciones respecto a un masivo caso de fraude a los fondos de la Fundación para la Formación Continua (Forcem), cuyo monto asciende a 84 millones de euros sólo en la provincia de Cádiz. Pese a que el escándalo ha implicado a mas de medio millar de personas -quienes figuraban como perceptores de cursillos realizados con cargo a dichas partidas y que nunca realizaron-, no se ha producido ninguna detención en ninguno de los estamentos o entidades relacionadas con el asunto.

 

Forcem desarrolla un acuerdo estatal para la formación continua de trabajadores, rubricado por el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios.Este pacto preveía destinar fondos procedentes de la Unión Europea a mejorar los conocimientos de los trabajadores españoles, a fin de permitirles ocupar mejores empleos.

 

El escándalo en la provincia de Cádiz estalló en abril del pasado año, cuando la Guardia Civil supo de la existencia de una empresa denominada 'Formación de Nuevas Generaciones'. Dicha entidad había contratado a un grupo de encuestadores para obtener datos de trabajadores que, en teoría, iban a ser beneficiarios de nuevos cursos Forcem. 'Formación de Nuevas Generaciones' era, sin embargo, una razón social inexistente de la que no ha podido precisarse siquiera su domicilio social.

 

Sí ha quedado claro que al menos 500 trabajadores gaditanos, especialmente vinculados a los sectores de la hostelería y la construcción, aparecían como participantes en cursillos impartidos y facturados con cargo a estos fondos comunitarios. Algunos de los 'beneficiarios' aparecían incluso como alumnos hasta en nueve cursillos diferentes. La realidad era que ninguno de los supuestos educandos había acudido nunca a seminario alguno.

 

Como ya informó en su día DIARIO DE CÁDIZ, las investigaciones de la Guardia Civil apreciaron rápidamente numerosas irregularidades en la documentación examinada por sus agentes, la cual abarcaba tres años. Estas anomalías eran de diverso tipo pues había numerosas falsificaciones de las firmas del parte diario de asistencia de los cursillistas que debían acudir a clases presenciales. Se habían empleado también identidades de personas que sí habían realizado algún cursillo como beneficiarios de otros que jamás llegaron a realizar. Los guardias civiles detectaron además numerosas alteraciones en los números de DNI y de las tarjetas de afiliación a la Seguridad Social, así como manipulaciones en las fechas de nacimiento. Otra anomalía era que beneficiarios que tenían nombres compuestos, eran consignados dos o más veces, aunque modificando el orden de sus nombres y apellidos.

 

Las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional de Formación Continua son las patronales CEOE y Cepyme, así como los sindicatos CCOO, UGT y CIG. Estos acuerdos preveían el seguimiento, verificación y control de los cursillos impartidos, que "debían ser realizados por las empresas particulares contratadas por las federaciones estatales de los sindicatos", según informó la Guardia Civil. Para el citado instituto armado, "existen indicios de que se ha producido una presunta estafa en connivencia con determinadas empresas colaboradoras". La Guardia Civil reconoce que "debido al gran volumen de documentación y de personas implicadas, hasta el momento sólo se ha podido analizar el 2% de los documentos correspondientes a cursos de formación continua realizados en la provincia de Cádiz desde 1997 a 2000". La Guardía Civil ha remitido ahora el resultado de tales investigaciones a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, para que se adopten las acciones oportunas. Unas medidas sobre las que la citada Fiscalía no parece muy apremiada a instruir acciones algunas, como ya se ha evidenciado a lo largo del proceso de investigación del presunto fraude.

 

 Andalucía 

La Agricultura Intensiva Almeriense: Los Limites del Modelo.

Manuel Delgado e  Isidoro Moreno

(Catedráticos de Economía y Antropología Social-Universidad de Sevilla) 

Le Monde Diplomatique, Enero 2002.

 

Invernaderos en El Ejido 

 

Dentro de la división “natural” del trabajo, Andalucía viene especializándose de manera creciente en la producción agraria, con un sector primario que, frente al localizado en el Norte, centrado en cultivos industriales, carne y leche, se dedica cada vez más a la “fabricación” de productos hortofrutícolas gracias a la abundancia de sol y mano de obra. Se trata de un modelo hiperintensivo en el uso de energía, capital y trabajo, que comenzó aprovechando la flexibilidad y capacidad de adaptación de la explotación familiar y funciona hoy en base a la disponibilidad de mano de obra inmigrante. Un modelo que supone la disposición de todos los recursos del sistema productivo local al servicio de intereses lejanos y ajenos.

 

Más de la mitad de la producción hortofrutícola andaluza, un 57,6% en 1999, es obtenida de la provincia de Almería lo que significa la cuarta parte de la producción total agraria de Andalucía, un 23,8%. Y ello tiene lugar en el 1,4% de la superficie cultivada. Esta altísima concentración espacial  sucede en la zona más árida de Europa, por lo que es necesario un gran consumo de agua y, en general, de recursos, con fuertes impactos ambientales. Dentro de la provincia, el mar de plástico conformado por esta agricultura intensiva se concentra en sólo nueve municipios (Níjar, Almería, Adra, Berja, Roquetas, Vícar, La Mojonera, Dalías y El Ejido), ocupando los invernaderos un total de aproximadamente 30.000 hectáreas, a las que se ha llegado en apenas 15 años, a pesar de que en 1984, 1985 y 1986 diversas Leyes y Decretos declararon sobreexplotados los acuíferos y prohibieron la expansión del regadío. Desde entonces, no obstante, éste ha crecido incontroladamente en un 225%, llegando incluso a penetrar en terrenos protegidos del Parque Natural del Cabo de Gata.

 

Este crecimiento del regadío se ha apoyado, en gran medida, en las posibilidades proporcionadas por las nuevas técnicas en materia de perforaciones e instalaciones de bombeo, habiendo llegado dicha intensificación “hasta límites que han puesto de manifiesto un grado de sobreexplotación de los acuíferos que hace peligrar la sostenibilidad del regadío que éstos han hecho posible”, evidenciándose así “el riesgo de un crecimiento vegetativo del regadío incapaz de sostener su desarrollo racional”(1) El Plan Hidrológico que ha elaborado el gobierno del Estado, cuyo objetivo es el traslado del agua de unas a otras regiones de España por medio de grandes obras -contradiciendo los principios recogidos en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea-, vendría a alimentar este enclave con agua traída desde el río Ebro, a 600 km. de distancia.

 

Es este un modelo “productivo” en el que el rápido crecimiento de los costes en relación a la lenta evolución de los precios ha hecho que los gastos corrientes hayan pasado de suponer un 48,3% de los ingresos, en 1990, a un 63,2%, al final de la década. Dentro de esta tendencia de costes crecientes, el volumen de inversión necesaria se ha más que duplicado en los últimos diez años, de modo que, ahora, antes de que empiece a producir una hectárea de invernadero hace falta invertir en ella alrededor de 240.000€. El precio de la tierra, otro de los factores limitantes de la expansión del modelo, se ha multiplicado por cuatro en el mismo período, alcanzando hoy los 108.000€ a 120.000€ por hectárea, e incluso los 180.000€, lo que representa un 45% de los gastos de inversión(2).

 

Junto a esto, los precios de los productos hortícolas están controlados por las grandes empresas de distribución que acaparan cuotas de mercado cada vez mayores, por lo que están en condiciones de imponer sus condiciones de compra a los productores. Como consecuencia de esta pinza, conformada por unos costes de producción en ascenso y unos precios que no avanzan al mismo ritmo, tiene lugar una tendencia a la baja de los márgenes de beneficio. La tasa de rendimiento del capital ha caído durante los noventa desde alrededor de un 16% a un 2%, siendo ya el plazo de recuperación de la inversión superior a su vida útil(3).

 

Dentro de este modelo, para intentar contrarrestar la disminución progresiva de los márgenes de ganancia, los agricultores están “obligados” a adoptar una doble estrategia: por una parte, intensificar el uso de los recursos naturales en busca de mayores rendimientos por unidad de superficie; y, por otra, disminuir los costes del trabajo.

 

Respecto a lo primero, el agricultor ha de incorporar los últimos “avances” en productos y procesos, convirtiéndose en cliente permanente de los grandes grupos empresariales del agrobussines, que imponen sus paquetes tecnológicos. Con ello, la moderna agricultura intensiva de frutas y hortalizas se ha convertido en una fábrica de vegetales inserta en un modelo de producción industrial en el que, al ser el primer eslabón de la cadena, adapta sus pautas a las exigencias de procesos de crecimiento y acumulación ajenas y lejanas al sistema productivo local.

 

Este modelo de agricultura induce también a una utilización de los recursos naturales que va en dirección opuesta a la sostenibilidad. Como se señaló anteriormente, la mitad de los regadíos actuales del poniente almeriense se han instalado ilegalmente y con sobreexplotación de los acuíferos. Una situación sólo explicable por el desinterés, e incluso el desconocimiento, de las administraciones públicas respecto a la gestión y control de cuestiones tan trascendentes como la extensión de superficie regada, el agua que tienen concedida los regadíos, el agua que utilizan de hecho, y la que podrían utilizar si se usara más eficientemente.

 

Junto al problema del volumen de agua existente y al de la intrusión marina en los acuíferos, ya detectados a mitad de los 80, viene a añadirse una nueva dimensión cualitativa. Ante la dificultad para la expansión de la superficie, la búsqueda de mayores rendimientos físicos por hectárea está imponiendo técnicas de cultivo cada vez más agresivas con el medio físico, sustituyendo el sistema de enarenado por el de sustrato o suelo artificial. Y éste demanda una media de un 70% más de agua y casi el doble de fertilizantes para obtener sólo un 25% más de cosecha. Aún más grave, multiplica el agua lixiviada por 6 o 7 y los residuos de fertilizantes por 10 y hasta 15(4). De modo que el factor limitante ya no es sólo la cantidad de agua necesaria para alimentar esta agricultura sino también, y sobre todo, la magnitud de los costes ambientales asociados al modelo

 

Respecto a los costes del factor trabajo, la fuerte dependencia de éste que comporta la agricultura intensiva se atendíó, en un primer período, con mano de obra familiar. Todavía en 1986 más del 90% de la mano de obra era familiar: utilizada de manera flexible y adaptada a las necesidades de la producción a lo largo del año. Con estrategias  que tendían más hacia la reproducción social del grupo doméstico que a la acumulación, en estas unidades familiares no se contabilizaban como costes salariales la dedicación, los saberes o el nivel de especialización de sus miembros, de modo que la autoexplotación de esta fuerza de trabajo fue uno de los mecanismos para conseguir la viabilidad del modelo. Sin embargo, y como resultado en gran parte de su propio éxito inicial, las explotaciones familiares fueron convirtiéndose en explotaciones empresariales, lo que conllevó un rápido crecimiento de la mano de obra asalariada, cuyos costes se sitúan hoy en torno al 40% de los gastos totales. Por ello, en esta “nueva agricultura”, en la que los mercados de trabajo  “reproducen las viejas pautas de eventualidad y máxima flexibilidad que han caracterizado a los mercados de trabajo agrícolas”(5), la reducción de los costes salariales se ha convertido en pieza clave para el mantenimiento de la competitividad.

 

Para lograr esta reducción, se recurre principalmente a una mano de obra inmigrante, precarizada y muy vulnerable. La segmentación étnica de los mercados de trabajo, el control del empresariado sobre la situación legal del inmigrante y otros varios factores son mecanismos que presionan a la baja los salarios, que en el caso de la inmigración “ilegalizada” llegan a niveles de más de un 30% por debajo de los estipulados en los convenios(6).

 

Es en este contexto donde hay que inscribir los sucesos de El Ejido de febrero del año 2000. Sus motivaciones y la continuidad, más de un año después, de una situación éticamente inaceptable, descansan en el hecho de que los inmigrantes, sobre todo los ilegalizados, son, a la vez, imprescindibles y rechazados. Imprescindibles, porque sólo ellos están dispuestos a soportar unos salarios y unas condiciones de trabajo que los jornaleros andaluces no aceptan. Y rechazados, porque, una vez que cada día terminan su trabajo, se les quisiera hacer desaparecer hasta la jornada siguiente para que la “sociedad local” pudiera funcionar como si ellos no existiesen y no formasen parte también de ella.

 

Esta permanente “esquizofrenia” explica, por ejemplo, la vergonzosa carencia de política de viviendas para los inmigrantes(7) no sólo del ayuntamiento de El Ejido sino de todos los ayuntamientos de la comarca, sin distinción entre los regidos por mayoría popular o psocialista. Y es que, si en los núcleos urbanos se construyeran viviendas para inmigrantes, ello sería tanto como admitir que estos forman parte de la sociedad local; que la situación pluriétnica es un dato irreversible de la realidad, independientemente de cómo pueda ser leída por los diferentes colectivos. La residencia de autóctonos e inmigrantes en unos mismos núcleos urbanos, en situaciones de fuerte desigualdad, reflejaría de forma objetiva la existencia de una única y muy segmentada sociedad local, que sería visibilizada como real e irreversible. Se intenta, en cambio, mantener la ficción contraria de una sociedad local formada exclusivamente por un nosotros, que se afirma homogéneo, de agricultores familiares que están obligados a acudir a la mano de obra inmigrante para hacer posible sus empresas agrícolas, pero sin que ello afecte a otras dimensiones de la vida social local que no sea la estrictamente económica en el ámbito físico de los invernaderos.

 

Es el imposible objetivo de mantener una supuesta “sociedad local” integrada sólo por autóctonos, supuestamente homogéneos, lo que explica las posiciones cerradas de los alcaldes de la zona, apoyados por la mayoría de sus poblaciones, que se niegan a ceder terrenos en los pueblos para construir  viviendas para inmigrantes, y el empeño en que estos vivan  junto a los invernaderos mismos, en cortijos, chabolas u otras infraviviendas. Esto supone una política de verdadero appartheid  basada en la negación de la propia realidad de que los inmigrantes no son solamente factores productivos sino personas que existen veinticuatro horas cada día y, por ello, tienen vida social, tiempo de ocio, tendencias sexuales, creencias religiosas, sentimientos de pertenencia a colectivos concretos... Todo esto se intenta ignorar mediante el expeditivo procedimiento de mantener a los inmigrantes fuera de los núcleos urbanos; de los lugares, contextos y relaciones en los que se desarrolla la vida social local.

 

Para la mayoría de los “emprendedores” del Poniente almeriense y de otros lugares de agricultura hiperintensiva, dentro y fuera de Andalucía, el objetivo a conseguir no es la integración de los inmigrantes, aunque esta fuera muy desigualitaria, sino que los inmigrantes aceptaran mantenerse alejados de todos los ámbitos salvo el del trabajo. Porque, al realizarse este en el campo, en los invernaderos, no tendría por qué afectar –supuestamente- a ningún otro ámbito. No es casual que la violencia racista se centrara principalmente, durante los terribles incidentes, precisamente en quienes, por su propia presencia, mostraban lo imposible de ese objetivo: los propietarios de pequeños negocios, los casados con mujeres blancas..., es decir, contra aquellos inmigrantes más realmente integrados en la sociedad local (8).

 

El modelo, pues, se acerca a sus límites y puede hacer crisis en alguno de sus factores centrales: energía, capital y trabajo, o en todos a la vez. No debería sorprender esto, porque ello ha ocurrido muchas veces en otras zonas de Andalucía y en otros lugares del mundo, dependientes económicamente y subalternos políticamente. Allí donde la vida de una comarca, o de regiones enteras, se pusieron al servicio de intereses foráneos que, durante un tiempo, orientaron la utilización de los recursos locales en su exclusivo beneficio. La situación de profunda depresión en que quedaron esos espacios al dejar de ser “objetos del deseo” del capital exterior, puede ser un buen elemento para la reflexión. Una reflexión que ha de hacerse tanto sobre la situación de Andalucía como sobre la comunidad de intereses que comparten todos los pueblos a los que se ha impuesto este modelo por un sistema guiado por la ceguera de una única razón, la de la “eficiencia económica” expresada en términos monetarios. Una “razón”, que, como nos recordaba Saramago al recoger el Nobel “usamos perversamente cuando humillamos la vida”.

Notas:

1. José López Gálvez  et Juan Losada, in José López Gálvez et José Manuel Naredo, La gestión del agua de riego. Ed. Fundación Argentaria, Madrid, 1997.
2. José López Gálvez, Agustín Molina, Manuel Jaén et Jósé Francisco  Salazar, Análisis económico y ambiental en Agronomia. Editorial Unicaja, Málaga, 2000.
3. Ibidem
4. Du latin lixivia: “lessive
5. José López Gálvez et José Manuel Naredo, Sistemas de producción e incidencia ambiental del cultivo en suelos enarenados y en sustratos. Editorial Fundación Argentaria, Madrid, 1996
6. Andrés Pedreño,  “Taylor y Ford en los campos”. Sociología del Trabajo, nº 35, Madrid, 1999
7. Emma Martín Díaz (Directora), Ángeles Castaño et Margarita Rodríguez, Procesos migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía. Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1999
8. Victor Ángel Lluch, “En Espagne, un apratheid sous plastique”, Le Monde diplomatique, mars 2000.
9. Ángeles Castaño, Informe 2000 sobre la inmigración en Almería. Ed. Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2000 y Ubaldo Martínez Veiga, U. El Ejido. Discriminación, exclusión social y racismo. Ed. Los Libros de la Catarata, Madrid, 2002
10. Hace unos meses, ha aparecido el libro Estampas de El Ejido (Ed. Taurus, Madrid, 2001) cuyo autor, Mikel Azurmendi, niega la gravedad de los sucesos de febrero de 2000 y, sobre todo, que tuvieran base alguna racista, llegando, incluso, a responsabilizar a los propios inmigrantes del deterioro de las relaciones interétnicas en la zona. La obra supone una defensa acrítica de los agricultores almerienses y de las autoridades municipales y roza la apología del racismo. Lo más inaceptable es que el autor, que afirma estar amenazado por la organización terrorista ETA, sea un profesor de Antropología, en la Universidad del País Vasco. Significativamente, poco tiempo después de publicado el libro, Azurmendi ha sido nombrado por el gobierno español presidente del “Foro de la Inmigración”, máximo órgano consultivo para las políticas sobre el tema.

 Andalucía

• 1. ¿Cómo se puede mantener en una celda a personas que no han cometido más delito que carecer de documentos con otras acusadas formalmente de traficar con vidas humanas y con un expediente delictivo previo en su haber? Como dice J. Luis Rodríguez Candela, presidente de Andalucía Acoge ¿Qué pensaríamos si las autoridades españolas ingresaran en el mismo calabozo a violada y violador? (EL PAIS 18-1-03).
• 2. La verdad la saben ocho inmigrantes, pero no están ¿Cómo es posible que el día 28, el siguiente al incendio, fueran expulsados a Marruecos ocho inmigrantes del grupo, que son los testigos que mejor pueden aportar datos sobre este confuso suceso?.
• 3. ¿Por qué no se facilitó la información necesaria ni la colaboración urgente al Servicio Emergencias Sanitarias 061 por parte de los agentes, según denunció el delegado provincial de Salud?.
• 4. ¿Por qué las informaciones del Delegado de Gobierno no coinciden con las aportadas con los bomberos?
• 5. Si en el incendio no pasó de siete minutos desde su inicio ¿Cómo es posible que hayan terminado calcinados ya siete personas?.

• 1. Un esclarecimiento de los hechos que aporten luz cómo han sido estas muertes.
• 2. Las responsabilidades penales pertinentes por negligencia y responsabilidad civil al Estado por sus muertes.

Encierro de Inmigrantes en la UPO,

Sevilla - Verano 2002

 

La Plataforma malagueña de solidaridad con los inmigrantes ha descrito acertada y gráficamente la actitud de la sociedad andaluza ante las muertes de inmigrantes en la Comisaría central de Málaga como "indiferencia despreciable". El hecho en sí y las reacciones que ha provocado es, no obstante,  sólo un síntoma más a sumar a otros muchos, de diversa cualificación, que han venido aconteciendo en los últimos meses: las reiteradas y ya rutinarias muertes por hundimiento de pateras en el Estrecho o en las costas andaluzas; los problemas de alojamientos en comarcas de temporada; la desarticulación policial de una red chino-senegalesa de producción y venta de música pirateada (el llamado top-manta); el desalojo parcial de un asentamiento gitano-rumano en Sevilla, tras años de protestas vecinales desoídas; la misma y reciente exclusión de los inmigrantes legales por parte del Gobierno español de la recién aprobada nueva Renta Agraria,  mediante el requisito de diez años de empadronamiento previo en Andalucía, que no ha impedido en absoluto que CCOO-UGT y la Junta consideren de hecho políticamente saldado el conflicto del Subsidio-PER... Y sobrevolándolo todo, el goteo de encuestas [de las que en algún caso nos hemos hecho eco en Andalucía Libre]  que recogen, pese a las sabidas autorestricciones que vician en buena medida los resultados, como en todos los sectores (jóvenes, universitarios, población en general) aumenta en Andalucía el rechazo, no por soterrado menos consistente, al crecimiento de la inmigración.  El fracaso del encierro de inmigrantes en la UPO de Sevilla el pasado verano, organizado bajo la consigna de Papeles para Todos, amen de todas las enseñanzas* que conllevó la actuación de todos los diversos actores implicados, su desarrollo y conclusión; toma a posteriori claro carácter de hito simbólico y gozne con relación a la situación presente y a la por venir. 

 

Pese a todo lo apuntado, la presión de múltiples intereses, la dependencia política, organizativa e ideológica y el temor a salirse de los cauces aceptados por lo políticamente correcto, mantiene congelado entre la izquierda andaluza el debate sobre la posición a adoptar ante la inmigración.  Con el agravante de que la evolución imparable de la realidad social, la degradación paulatina de la situación económico-social y la consolidación de fenómenos que ya se percibieron en torno a lo ocurrido en la UPO, agudizan el tono ritual, retórico, doctrinario o simplemente hipócrita de los pronunciamientos y posicionamientos al uso. Quizá nos excedamos, pero lo que intuimos es que se están generando condiciones para que, con cualquier excusa, puedan reproducirse en no se sabe qué pueblo o barrio de Andalucía -y no necesariamente en las comarcas agrarias intensivas- episodios del estilo del Progrom racista de El Ejido; con un riesgo especial en aquellos barrios en donde a las circunstancias generales se le han de añadir los negativos efectos de la cínica acción corruptora y clientelar de los llamados servicios sociales (incluidos ONGs). Lo más preocupante del momento es, desde nuestro punto de vista, el creciente y dramático alejamiento existente entre el discurso progresista oficial (del que participan ONGs y colectivos de solidaridad, en sus variopintas tendencias y también el grueso del llamado movimiento antiglobalización, bien afectado en su dirección de cosmopolitismo extremo) y la percepción social; especialmente entre los sectores urbanos andaluces más desfavorecidos (que son precisamente de los que conviven de forma más cotidiana con las diferentes minorías inmigradas). Vemos con inquietud que mientras la izquierda política y social andaluza sigue instalada o callada o recitando frases, consecuencia de su carencia de visión global, análisis y proyecto nacional, se generan condiciones que pueden ser bien aprovechadas por la extrema derecha españolista para construirse y consolidarse en Andalucía bajo un nuevo ciclo de Gobierno PSOE en Madrid, bien otorgar al PP un sólido piso de sustentación entre bases a priori imprevistas. 

 

El cambio de actitud social es innegable, pero no se toma aparentemente en cuenta para extraer las debidas conclusiones. Cuando la primera reforma restrictiva por el PP de la Ley de Extranjería, el rechazo a la nueva norma y la solidaridad con los inmigrantes fueron amplias y constatables. En aquel entonces la oposición social estaba sustentada y legitimada porque se entendía que quienes ya estaban aquí tenían derecho a quedarse sin discriminación. Esta actitud ha cambiado a causa de la continuidad de las llegadas y de las nuevas y sucesivas regularizaciones, que han sustentado la impresión de encontrarse frente a una espiral sin fin. De esta manera, si Papeles para Todos resumió con éxito en aquel primer momento el apoyo a todos los que estaban, su irresponsable y absurdo mantenimiento como consigna identitaria (aunque sea en unos casos con consecuencias practicas y en otros meramente formales) ha derivado semánticamente en su percepción general como  Papeles para Todos  (todos los que vengan; todos los que quieran; todo Marruecos, Argelia, Senegal, Ecuador...) con un efecto social destructivo que trasciende ampliamente los limitados ámbitos de influencia directa de sus propulsores y mantenedores. Lo que fue un día símbolo de reparación, preservación y voluntad de integración, se ha transmutado en una amenazante, ilógica e insostenible reclamación de desmesura. Las concepciones que sostienen la consigna -mezcla de caridad cristiana con su inevitable e irracional carga autoexpiatoria y de una esquemática y lineal visión sucursalista de la actual realidad mundial-  han confluido dando lugar a una desafortunada síntesis impregnada de neoliberalismo humano y de consecuencias perversas. Entre estas, cabe citar incidentalmente la toma de partido por unos inmigrantes frente a otros o la absoluta inoperancia para afectar en alguna medida efectiva las condiciones  de sobrexplotación que sostienen la inmigración a nuestra Nación. De esta forma, se ha construido la paradoja de que los beneficiarios y responsables del crecimiento y consolidación del fenómeno -el Gobierno del PP y las fuerzas sociales que representa- hayan conseguido a la vez, ser vistos como sus mejores adversarios; obteniendo réditos por ambos extremos.

 

Se impone partir de reconocer sin duplicidad ni reserva que Andalucía no necesita hoy más inmigrantes. No vale ya decir una cosa y hacer otra o simplemente eludir o aplazar el asunto. Quien puede necesitar hoy la inmigración es el modelo vigente de Andalucía dependiente, que implica su coexistencia con un alto desempleo (tanto de licenciados como de trabajadores en general), extrema precariedad, bajos salarios con altos precios, economía sumergida, desvertebración y supeditación política y economica. Es ya hora de que las cifras económicas y sociales andaluzas dejen de reproducirse como meras ilustraciones regionales a insertar en un esquema importado; es el momento de que los datos andaluces se analicen no en clave de comparaciones abstractas con otras muy diferentes situaciones históricas o nacionales sino en relación a la concreta realidad andaluza contemporánea de 2003. Es de todo punto necesaria una visión nacional global en la que las especificidades de las comarcas de temporada sea articulada con la totalidad nacional desde el punto de vista analítico, político, económico, social y en la que queden claras las prioridades.  No se puede, en concreto, atacar la estructura imperante en las comarcas freseras o en el mar de plástico y su papel en el conjunto nacional, que aparte de dignificarlas avance en el objetivo de una reorientación que las convierta en punta de lanza andaluza contra Madrid y Bruselas sin propugnar el cese del recurso a la inmigración extraandaluza que sostiene su funcionamiento actual. No se puede atacar las practicas de contratación estacional con baja retribución y soporte subsidiado unidas a la continuidad latifundista en el resto de Andalucía sin cegar el flujo vital que constituye la inmigración foránea para su rentabilidad. Nada cambiará en sentido positivo para Andalucía mientras unos sólo estén preocupados por el subsidio y los otros por los papeles. Más aún, conviene recordar y reconocer que el mantenimiento ininterrumpido del flujo inmigratorio en las condiciones específicas de la Andalucía dependiente -con los sucesivos escalones de status legal y dedicación- pone en serio peligro la deseable integración y asimilación efectiva en el pueblo andaluz de los inmigrantes ya residentes, en todos sus planos políticos, simbólicos, culturales y sociales, amenazando con abrir paso a concepciones y practicas escisionistas y excluyentes de preferencia nacional o similares.

 

Esta constatación se ha de aplicar a todas las inmigraciones; sean del Sur, del Este, del Oeste o del Norte (incluido especialmente nuestro Norte inmediato), aunque, obviamente, el ritmo y el orden los impongan las circunstancias reales, incluidas las que se derivan de nuestra actual inclusión en el Estado español y en la Unión Europea, presente o ampliada. En otras palabras y hablando claro, los inmigrantes extracomunitarios irregulares presentes hoy en Andalucía han de ser identificados y reunidos, hasta ser devueltos en su totalidad a sus países de origen (la única manera de evitar la reproducción indefinida del problema y de sus trágicos anexos de mafias, muertes y sobreexplotación por la vía de una disuasión para la venida realmente efectiva) lo que implica exigir una actuación continua, general y no dosificada de la administración competente del mismo tenor que la que también hay que reclamar a la inspección de trabajo o fiscal para erradicar los otros pilotes de la irregularidad.  Aún así, no por ello se soluciona la cuestión si son sustituidos los irregulares espontáneos por contingentes contratados en origen para reproducir la situación. Sin detenerse en detalles sobre los recursos a usar en este ultimo supuesto, para situar lo que significa, ha de recordarse al respecto que la prevención de estos fenómenos estuvo en el origen de la fundación de la I Internacional y en otra dimensión, inspiró en su día la llamada ley de términos municipales de los años 30: facilitar fuerza de presión a los trabajadores autóctonos o residentes frente a los intereses capitalistas o foraneos. Obviamente, exige la planificación y desarrollo de otro tipo de acción sindical alternativa al colaboracionismo de los mayoritarios, que asumiendo estas premisas las tome no como objetivos en si sino como medios para desarrollar otra practica reivindicativa general y que atienda preferentemente no a recibir parabienes de organizaciones llamadas humanitarias sino a actuar como instrumento eficaz para la emancipación social y la liberación nacional del pueblo andaluz (entendido como el conjunto de todos los residentes estables en Andalucía). Teniendo presente además los cambios que traerán consigo la nueva PAC, la anexión europea del Este o el tratado de libre comercio con Marruecos.

 

Adelantemos ahora una replica sintetica. Es  previsible que estas ideas expuestas simplificadamente puedan ser tachadas por algunos de xenófobas o inhumanas. No hay que extrañarse de que esto ocurra en tiempos donde pasan por progresistas nociones como  el comercio justo, la cooperación para el desarrollo o tantos se refugien aún tras palmarios fraudes como el Derecho Internacional, el papel de la ONU o el Estado de derecho; por no extender indefinidamente la lista de ejemplos. Años de retroceso e intoxicación no pasan en balde. Esta época y esta nación nuestras están repletas de tragedias y seguirán estándolo aún por largo tiempo. La inmigración -como solución individual- esta tan claro que proviene de una situación de injusticia como que recala en otras situaciones injustas, que viene a consolidar indeseadamente. Hace tiempo que aquí** hemos dicho que ha de comprenderse la opción individual de emigrar, de igual modo que también puede entenderse que haya quienes se vean obligados a recurrir al destajo, al trabajo por debajo de convenio o incluso a quedarse afiliado a un partido o sindicato para asegurarse un contrato... Nadie niega que la vida es dura e injusta; pero entender no es justificar ni convertir la salida personal en orientación y respuesta general. Pero no es siquiera esta la cuestión esencial. No es sólo que por encima de esa opción individual se encuentre siempre como criterio el derecho de la nación receptora a determinar quienes y en qué cuantía vienen a integrarse en ella para compartir su destino y construir su futuro colectivo y a requerir que quienes se incorporen lo hagan favoreciendo su mejora y no siendo útiles inertes para su dominio. Es, básicamente, que la solidaridad y el internacionalismo -que no son lo mismo que la caridad o el cosmopolitismo en cualquiera de sus versiones- conlleva recordar realidades muy amargas como que los intereses colectivos han de sobreponerse a los individuales; tanto en los países receptores como en los emisores. Es tambien trabajar -aun siendo nacionalistas- no sobre la Andalucia que nos gustaría sino sobre la que existe, con todas sus muchas miserias y debilidades.  Es afirmar con nitidez que la emancipación nacional y social de Andalucía está por encima de las humanas aspiraciones inmediatas  a una vida mejor de unos cuantos centenares de miles de inmigrantes y que su conquista es un objetivo con una carga solidaria cualitativamente superior, no sólo para los implicados sino tambien para todas sus naciones de origen. Es reconocer igualmente que la solución a los problemas de Marruecos, Ecuador o Senegal no está en que los mejores de entre sus nacionales huyan de sus países para tranquilidad política de sus regímenes y alivio de su balanza de pagos sino en que se queden y no para embellecer la dependencia con utópicos librecambismos justos Norte-Sur sino para conseguir luchando el desconocimiento de la deuda externa, la nacionalización de los recursos y empresas expoliadas, el uso irrestricto y sin compensación de todas las patentes disponibles... Lo que está sobre la mesa, en resumen, es qué concepto de lo que se requiere para avanzar hacia la ruptura con el orden injusto vigente sirve para avanzar en su derrocamiento, si el realismo desagradable que inspira nuestra reflexión y todo lo que conlleva, explicita o implícitamente o la confianza en que con la estampita de Gandhi en una mano y la papeleta de voto en la otra, otro mundo y otra Andalucía son posibles. Nuestra opción está clara.

 

Notas:

*Recomendamos al efecto especialmente la lectura detenida de la Polemica tras el encierro en la UPO de Sevilla a traves de los enlaces que abajo reproducimos.

**Ver la recopilación de articulos de opinión de ANDALUCIA LIBRE:  Andalucia y la Inmigración; ubicada en nuestro Archivo de Documentos-Carpeta Andalucía

Polémica tras el Encierro en la UPO de Sevilla sobre balance y futuro de las protestas y de la inmigración:

1. Carta abierta a IU desde la Red de Apoyo; 2. Informe-Balance de la Red de Apoyo sobre el Encierro y la Inmigración; 3. Balance y replica desde la APDHA a la Red de Apoyo; 4. Respuesta a la APDHA desde la Red de Apoyo; 5. CGT: Balance tras dos años de Ley de Extranjeria

 

*Información: Inmigración y Extranjería - *Instituciones: Defensor del Pueblo andaluz  - *Ala moderada: Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Postmaoistas postmodernos de Acción Alternativa-ExMC; Cristianos; otros); Andalucía Acoge (Cristianos) - *Ala radical: El Encierro-Red de Apoyo (PRT-IR/CUT-BAI; Espacio Alternativo; otros...)

 Andalucía

   Andalucía

Andalucía sufre en su territorio la presencia de tres importantes bases imperialistas: Rota, Morón y Gibraltar. Las dos primeras como consecuencia de su entrega por el Estado español a los EEUU; la ultima en su condición de enclave colonial ocupado por Gran Bretaña.

 

La base aereonaval de Rota es el apoyo logístico esencial de la VI Flota; la de Morón sirve como escalón en el despliegue y transporte aéreo yanqui desde la Metrópoli hacia las zonas de agresión. En Gibraltar están instalados sofisticados servicios de escucha y vigilancia electrónica que, en combinación con Rota, facilitan a Estados Unidos el control del Estrecho. El territorio andaluz es fundamental, como ha demostrado la historia, para la cobertura de las agresiones militares norteamericanas en África y Próximo Oriente.

 

Desde hace días, la prensa andaluza se hace eco del incremento sustancial de actividad de ambas bases y de las obras de acondicionamiento en curso en su interior para adecuarse a las necesidades que puedan derivarse de la prevista intervención yanqui en Iraq. Millones de andaluces viven en el entorno de estas amplias bases en las que -sobre todo en el caso de Rota- es muy posible que los EEUU mantengan almacenado o en transito armamento nuclear. 

 

En anteriores guerras imperialistas, el Gobierno andaluz del PSOE mantuvo silencio al respecto. En este caso y siguiendo su línea actual, el Presidente Chaves ha remitido una carta a Aznar pidiéndole que no autorice el uso de las bases por los EEUU para el ataque a Iraq; un mero acto formal cara a la galería ya que Andalucía no tiene potestad alguna para controlar la utilización de su territorio al carecer de Soberanía Nacional, situación que avala y apoya Chaves y su Gobierno. Las bases militares en Andalucía desde todo punto de vista constituyen un obvio objetivo militar de primer orden, con todo lo que ello implica de riesgo cierto para la seguridad de la población andaluza.

 

Para el próximo 15 de Febrero está proyectada la realización en las ciudades andaluzas de actos y manifestaciones de protesta contra la guerra contra Iraq, el apoyo español a EEUU y el uso ilegitimo para la agresión de territorio andaluz.

 

Foto aérea de la Base de Rota  -  Foto aérea de la Base de Morón

 Estado español

DOCUMENTO: POSICIÓN DEL SECTOR CRÍTICO DE CC.OO

SOBRE EL ACUERDO PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2003

Consejo Confederal de CC.OO. 28-1-03

 

Ante la propuesta de acuerdo, que se pretende firmar entre los sindicatos y la patronal, para la negociación colectiva de 2003, el Sector Crítico de CC.OO. quiere manifestar su más enérgico rechazo porque limita los salarios de los trabajadores/as, no avanza en la reducción de la jornada ni en medidas concretas para aumentar el empleo y su calidad o en derechos de intervención sindical en las empresas. Además, consideramos muy preocupante que se esté instalando un modelo de concertación salarial y de negociación colectiva sin un debate con la suficiente amplitud y profundidad en todo el sindicato. No podemos respaldar una estrategia que nunca arroja beneficios en empleo, derechos sociales, legislación laboral positiva, reducción de jornada o mejoras salariales y que acepta sacrificios de los trabajadores cuando cada vez estamos más lejos de la Europa social (retroceso de 4 puntos del PIB en los últimos 8 años).  

 

La oposición a la  firma de dicho acuerdo se basa en lo siguiente: 

• El año pasado se suscribió un acuerdo para la negociación colectiva entre la patronal, CC.OO. y UGT, con el ánimo de evitar una negativa reforma gubernamental de la legislación sobre negociación colectiva. El balance de dicho acuerdo del 2002 se ha demostrado claramente negativo para los trabajadores y trabajadoras: pérdida de poder adquisitivo de los salarios (incremento medio en torno al 3% frente a una inflación del 4%; 1,4 millones de trabajadores sin revisión salarial, empleados públicos y Salario Mínimo Interprofesional con el 2%), la temporalidad en el empleo (31%) sigue sin reducirse, la disminución de la jornada laboral ha sido prácticamente nula, no ha servido para frenar los accidentes laborales y el paro ha aumentado en 271.000 personas según la EPA. El ANC 2002 ha quitado fuerza al proceso de negociación colectiva, hasta dejarlo prácticamente sin pulso.
• A pesar de que está archidemostrado que la moderación salarial no tiene ninguna relación directa con la creación de empleo, y menos aún con el empleo de calidad, de nuevo se pretende volver a insistir en la misma estrategia fracasada y contraria a los intereses laborales. También se ha practicado con el reciente acuerdo para las administraciones públicas.  
• Lo único concreto que se pacta son incrementos salariales que conducen a una nueva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. No se puede seguir pactando los salarios aceptando las previsiones siempre erróneas del gobierno (2% frente al 4% real) justamente cuando más se han disparado los precios, la vivienda está por las nubes, se aplica una fiscalidad regresiva o se ignora a los sindicatos en el Salario Mínimo Interprofesional. No hay cláusula de garantía salarial sino una referencia a su inclusión cuando se acepte trabajar con la base del 2%.  
• El resto del texto del acuerdo son declaraciones genéricas: no se concreta nada de empleo ni de reducción de jornada o de mayor poder de intervención laboral en las condiciones de trabajo. También textos demasiado generales y sin mejoras concretas sobre igualdad de oportunidades, salud laboral, etc.  
• No estamos de acuerdo con la apuesta que se hace para reforzar la competitividad de la economía española en base a la moderación salarial. Además, es escandalosa la falta de simetría existente: moderación salarial para los salarios cuando crece la economía y los beneficios empresariales (siempre inmoderados) y descuelgues salariales por la sola previsión de pérdidas en las empresas.  

Ante esta situación, el Sector Crítico de CC.OO.:

• Reclamamos una política de negociación colectiva que se base en la recuperación y mejora del poder adquisitivo de los salarios, cuyo incremento  no deberían ser inferior al 5%, teniendo en cuenta la inflación del 2002(4%), la participación en los aumentos de productividad y en los beneficios empresariales, al objeto de que los salarios no retrocedan en su participación en el PIB. Acompañada de cláusulas de revisión salarial automáticas, retroactivas que aseguren la mejora real pactada. Así mismo, urge una política de reparto del trabajo y de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción de salarios y la consolidación del empleo temporal en fijo y una mayor participación sindical en la organización del trabajo. Hay que conseguir mejoras reales para las mujeres en materia de acceso al empleo, de promoción, de retribuciones... Para ello es preciso revitalizar la negociación colectiva con la unidad sindical, la participación de los trabajadores y la movilización que, como ha demostrado el 20-J, siempre deja sus frutos. 
• Pedimos el respeto a la democracia en el sindicato. Para ello, y antes de que se firme nada, exigimos una amplia campaña de información a los trabajadores y trabajadoras, con asambleas en los centros de trabajo, sobre un acuerdo que les va a afectar de manera directa en sus salarios y condiciones de trabajo, porque persigue apaciguar a los colectivos más reivindicativos, sin dar ventajas a los más débiles. Posteriormente debe realizarse una consulta a toda la estructura y a los afiliados/as del sindicato. Pretender cerrar este tema con la simple discusión en los órganos, desde la falta de información, de debate y sin otorgar la capacidad de decisión a los afiliados/as, reflejaría una actitud poco democrática y participativa  de la actual dirección del sindicato. En el sindicato debe fomentarse la máxima participación de los trabajadores, debe recuperarse la unidad interna y debe establecerse, de una vez la norma: Nunca Más Represión Sindical  por tener otras posiciones. 
• También debería intensificarse una mayor presión sobre un gobierno del Partido Popular que sigue aplicando en el terreno económico una política neoliberal (aumento de la fiscalidad indirecta, recorte del SMI, ley Concursal, reformas laborales no pactadas, etc.) y en el de las libertades una política de derecha pura y dura. Esto último se refleja en el ataque a la enseñaza pública (LOU, LOCE...), en iniciativas legislativas tan reaccionarias como la reforma del Código Penal o en el apoyo incondicional al intervencionismo USA en el ataque contra Irak; por no hablar de la desastrosa gestión de la crisis del “Prestige”.  La dirección del sindicato no debe apoyar una política de pactos con la patronal que, por su ausencia de contrapartidas, en nada benefician a la clase trabajadora y que solo sirven para asegurar una paz social de la que, además, se beneficia políticamente el gobierno de la derecha.  

Madrid, 28 de enero de 2003

 Estado español

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