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| Asunto: | [BoletinAndaluciaLibre] nş 140 - Presupuestos - Inmigracion - Venezuela Urgente | | Fecha: | Lunes, 21 de Octubre, 2002 03:40:36 (+0200) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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nş 140
En este
Correo:
*Andalucía: Presupuestos, La
Junta traga con el deficit cero
*Andalucía: Inmigración,
Enseñanza, Población
*Andalucía: Basurero
Nuclear de El Cabril cumple
diez años
*Andalucía: Comisión UE abre
investigación para acabar con
paraiso fiscal de
Gibraltar
*Opinión,
Cambios en el Decretazo: una operación de
maquillaje. Teo
Navarro
*Andalucía, El Decretazo en
marcha
*Venezuela - 21 de Octubre,
Nuevo paro: ¿nuevo
golpe?, Política
Urgente
*Venezuela - Movilización
popular
antigolpista
*Venezuela: ¿quién se queda
con el Estado?, Heinz Dieterich
Steffan - Enlaces
*Sugerencias: 35
Aniversario de la Muerte del
Che
*Solidaridad con Palestina,
*Directorio, Música,
Suscripciones-Apoyo
--oOo--
 Andalucía La
Junta asume el déficit cero ante el 'riesgo' de que Hacienda impida sus
operaciones de endeudamiento
Los Presupuestos andaluces para 2003
prevén 20.708 millones de euros, un 9% más
La Junta
de Andalucía 'no da por cerrado' el debate para
modificar el objetivo de déficit cero, pero sus números reflejan ya el
equilibrio presupuestario, como le reclamaba el Gobierno. La consejera
de Economía, Magdalena Álvarez, indicó ayer que el Ejecutivo andaluz ha adoptado
esta decisión ante la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda 'impidiera'
las operaciones de endeudamiento autonómicas si la Administración andaluza no
presentaba unas cuentas equilibradas. 'No podemos poner en riesgo las finanzas
andaluzas', explicó Álvarez.
La consejera
de Economía aseguró que, aunque se había visto obligada a elaborar los
Presupuestos de 2003 con déficit cero ante la 'imposición ilegal' del Gobierno,
la Junta aún se reserva un 'amplio margen de maniobra política'. Álvarez mantuvo
que la Junta insistirá en las próximas semanas en que el Ejecutivo central debe
convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para revisar su
política presupuestaria y permitir a las Administracioner programar un déficit
controlado en la cuentas públicas de 2003. De hecho, el proyecto de ley de
Presupuestos de Andalucía incluirá una disposición que autorizará a la Junta a
operaciones adicionales de endeudamiento si esa reunión se celebra, algo que,
hasta ahora, el Gobierno ha descartado.
'No quieren
escuchar a nadie, ni a los expertos, ni a otros países europeos, tendrán que
explicar a los ciudadanos porqué', indicó Álvarez, quien recalcó que la Ley de
Estabilidad Presupuestaria obliga a convocar el CPFF para revisar los objetivos
de déficit en caso de cambios en la situación socioeconómica. La
consejera recordó entonces que la Comisión Europea había retrasado el
cumplimiento del pacto de estabilidad hasta 2006 ante la decisión de varios
países europeos de no reducir su déficit. Y que ese pacto sólo establece un
límite de déficit del 3% del PIB, no un déficit cero. 'Aznar nos ha estado
contando mentiras todo este tiempo', afirmó.
En cualquier
caso, la Junta ha tenido que plegarse ante la posibilidad de que el Gobierno
central ponga en práctica alguno de los mecanismos que le reserva la Ley de
Estabilidad para corregir a aquellas comunidades que se desvíen de los objetivos
presupuestarios, que según el Ministerio de Hacienda ya se fijaron en una
reunión del CPFF en marzo. Entre esos mecanismos, la Ley permite a Hacienda
condicionar la autorización de operaciones autonómicas de emisión de deuda 'al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad'.
Familia y
tecnología
Álvarez hizo
ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, un exposición más detallada sobre
los Presupuestos andaluces para 2003, cuyas líneas generales ya adelantó hace
dos semanas. De las dudas que expresó entonces sobre la cantidad que asignaría
el Gobierno a Andalucía por el nuevo modelo de financiación autonómica, la
consejera de Economía indicó que el Ministerio había resuelto una de las
incógnitas, la dotación de recursos por la cesta de impuestos (33% de IRPF, 35%
de IVA, 40% de impuestos especiales y 100% en tributos sobre matriculación y
electricidad): como había previsto la Junta, se incrementarán en un 6,1% hasta
llegar a los 5.490 millones de euros.
En la otra
pata del modelo, el fondo de suficiencia, se mantienen las discrepancias: el
Gobierno prevé un incremento del 3,5%, pero los cálculos de la Junta sobre datos
del propio Ministerio de Hacienda reflejan que el crecimiento debe ser del 6,3%,
hasta los 6.751 millones. 'Hemos aplicado la evolución que se espera del IRPF,
el IVA y los impuestos especiales, que es lo que dice el modelo de
financiación', explicó Álvarez. La consejera se mostró confiada en que
finalmente el Gobierno reconozca la diferencia -'son sus datos', apostilló- y la
atribuyó al 'maquillaje' de las cuentas del Gobierno para lograr 'un falso
déficit cero'.
Con las
previsiones de ingresos ya definidas, los Presupuestos andaluces contarán
definitivamente con 20.708 millones de euros, un 9% más que los de 2002. En las
cuentas autonómicas tendrá un especial reflejo el plan autonómico de familia, al
que se dotará con 171 millones de euros (un 43% más), y las partidas destinadas
(60 millones) a difundir la sociedad de la información. Asuntos Sociales y
Empleo y Desarrollo Tecnológico serán las Consejerías que más crecen.
Álvarez defiende que el alza en
impuestos indirectos se compensa con bonificaciones a 'rentas medias y
bajas'
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de
Andalucía para 2003 incluye una subida en los tipos de gravamen de dos de los
tributos que gestiona la Junta: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales,
cuando se trate de operaciones inmobiliarias, y el impuesto sobre actos
jurídicos documentados (escrituras y actas notariales). La consejera de
Economía, Magdalena Álvarez defendió ayer tras el Consejo de Gobierno que esta
reforma fiscal busca aumentar la 'progresividad del sistema' al establecer, en
paralelo, bonificaciones para las 'rentas medias y bajas' en estos mismos
impuestos.
La Ley de Acompañamiento prevé un aumento del tipo de
gravamen del impuesto sobre transmisiones patrimoniales del 6% al 7%
específicamente en la transmisión de bienes inmuebles así 'como en la
constitución de derechos reales que recaigan sobre los mismos'. Al mismo
tiempo, se establece una reducción del tipo hasta el 3,5% en la adquisión de
viviendas que 'se hayan beneficiado de ayudas económicas percibidas de la
Administración de la Junta' y también para la adquisición de vivienda
habitual, cuando se trate de menores de 35 años, siempre que el valor de la
compra no supere los 130.000 euros.
Igualmente, en los actos jurídicos documentados se
eleva el tipo del 0,5% al 1%, pero se incluye la misma salvaguarda que
permitirá reducir el tipo hasta el 0,3% en los mismos supuestos que el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
'No creo que
estas sean medidas regresivas', aseguró la consejera de Economía, que replicó
así a preguntas de los periodistas sobre un primer dictamen del Consejo
Económico y Social sobre la Ley de Acompañamiento. En el dictamen definitivo,
el CES siguió apreciando una 'importante subida de los impuestos indirectos'
que, a juicio de este órgano de consulta de la Junta, 'minoraba' su valoración
'altamente positiva sobre el conjunto de medidas tributarias tendentes a
paliar los efectos gravosos de la tributación sobre un conjunto de ayudas
sociales' previstas por la Junta.
La Ley de Acompañamiento incluye diversas medidas para
neutralizar el efecto fiscal de estas ayudas sociales, que al aumentar la
renta de familias con pocos recursos podía llevarlas a pagar más impuestos.
'La neutralización fiscal ha sido nuestro único objetivo', indicó Álvarez,
quien recalcó que la Junta ha optado por centrar su plan de familia en ayudas
directas y no en desgravaciones fiscales 'para favorecer a colectivos que, por
falta de recursos, no tributan'.
Andalucía
Inmigración
La población escolar inmigrante en Andalucía aumenta un 142% en
tan sólo tres años
La población escolar inmigrante en Andalucía aumentó
un 142% en tan sólo tres años, al pasar de los 10.987 alumnos inmigrantes
escolarizados en el curso escolar 1999-2000 a los 26.623 registrados en el presente año, según
refleja un estudio elaborado por la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía para el curso escolar 2002-2003.
Asimismo, y tras analizar la evolución de este
colectivo de alumnos desde el curso escolar 1995-1996 hasta la fecha, se
observa que se ha pasado de los 3.724 estudiantes escolarizados en el citado
período, hasta los 26.623 actuales, siendo el período académico 2001-2002 -con
un total de 22.494 alumnos-, el que mayor incremento registró con respecto al
anterior año escolar con casi 8.000 nuevos alumnos.
En este sentido, y dentro del "Plan de Atención al
Alumnado Inmigrante" que promueve la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta, para este curso escolar 2002-2003 se incorporarán 47 nuevos profesores
a las tareas de apoyo a este alumnado -que en la actualidad procede de 140
países de los cinco continentes-, con lo que serán 109 los profesionales
dedicados específicamente a esta tarea.
En cuanto a la asignación de recursos específicos cabe
señalar una partida económica "especial" de 185.400 euros, que se destinará
para actividades de educación intercultural, y que ya se ha distribuido entre
278 centros con alumnado inmigrante.
Además, la Consejería de Educación ha autorizado a un
total de 24 centros de Educación de Personas Adultas para desarrollar un "Plan
de Educación Intercultural", cuyo objetivo será "facilitar a este colectivo la
adquisición de capacidades básicas para su normal integración en la
comunidad". Para ello, la Administración autonómica también ha firmado
convenios con la federación "Andalucía Acoge", con la asociación "Jaén Acoge"
y con la Asociación de Chinos de Andalucía.
De otro lado, durante este curso se pondrá en marcha
el "Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia". A tenor
de ello, para impulsar su coordinación e implantación en los centros
educativos se han creado en cada una de las delegaciones provinciales de
Educación y Ciencia que existen en el territorio andaluz, gabinetes de
asesoramiento. Así, en estas áreas trabajarán un total de 17 profesionales
-dos por cada gabinete más un coordinador regional-, de la educación
especializados y sensibilizados en la materia. También, durante este curso
escolar 2002-2003 se destinarán a los centros educativos andaluces 168.720
euros para proyectos de actividades relacionados con los objetivos del citado
plan. Por último, y también durante este curso se elaborarán una serie de
materiales teóricos y didácticos relacionados con la cultura de la paz y la no
violencia, entre los que destaca un "Diccionario de términos de Paz", una
"Guía pedagógica" para la prevención de la violencia y un "Manual de Cultura
de Paz".
La población extranjera se duplicó en Andalucía en 10 años
por el auge de la inmigración africana
Un
estudio del Instituto de Estadística muestra que los europeos aún forman el
grupo mayoritario
T. C.
| Sevilla 22 de Febrero de 2002
La presencia de extranjeros que residen en Andalucía
se ha duplicado en una década (1991-2001), según recoge el estudio del
Instituto de
Estadística de
Andalucía (IEA) Inmigración
extranjera en Andalucía. Aunque su
crecimiento ha sido constante en ese periodo, su peso regional -los 138.000
residentes representan el 1,4% de la población- es aún menor que en el
promedio estatal (1,6%). El gran auge obedece a la llegada intensiva de
inmigrantes norteafricanos que buscan trabajo, aunque el perfil mayoritario
entre los extranjeros sigue siendo el europeo.
Cerca de 138.000 extranjeros residían en Andalucía al
1 de enero de 2001. Esta cifra, que apenas representa el 1,4% de la población
andaluza, revela, sin embargo, un incremento espectacular en sólo una década,
al haberse duplicado la cantidad respecto a 1991. En el informe del IEA, sin
embargo, se deja constancia de la dificultad para proporcionar datos exactos
sobre el verdadero alcance del fenómeno demográfico en el territorio andaluz.
El principal escollo reside en la inexistencia de fuentes fiables para
determinar el número de inmigrantes que están afincados en alguna provincia y
que no tienen su situación regularizada.
La publicación del IEA recopila estadísticas de
fuentes oficiales, aunque en una estimación realizada para el informe elevan
la cifra a 172.000 personas. La década analizada (1991-2001)
demuestra, por un lado, que se ha mantenido el flujo de la inmigración de
jubilados y estudiantes procedentes de Europa y, por otro, el gran salto en la
llegada de extranjeros procedentes de África, especialmente de
Marruecos.
Aunque la procedencia europea sigue siendo
mayoritaria, las distancias respecto a la inmigración africana se acortan cada
vez más debido al intenso crecimiento de los movimientos de población desde
países africanos. Este hecho queda patente en el crecimiento interanual entre
1991 y 2001 que ha experimentado la población africana en Andalucía, que ha
sido del 23%, frente al europeo, del
5,4%.
En el estudio se destaca que el aumento de inmigrantes
africanos en la comunidad autónoma supera al registrado en el conjunto estatal
en esa década, que fue del 17,7%. Este hecho, señalan en la publicación, es
uno de los rasgos más sobresalientes de la década: 'La intensidad de la
llegada de africanos en los últimos años está reformando las distribuciones de
las características básicas del conjunto de extranjeros en Andalucía que,
hasta los años noventa, ha estado compuesto en su mayor parte por inmigrantes
europeos jubilados'.
Este hecho no sólo afecta a la procedencia geográfica.
También los perfiles varían notablemente. Entre los europeos predominaban los
pensionistas que habían elegido la costa andaluza para pasar su jubilación:
los mayores de 64 años son el 25% de los europeos afincados en la comunidad
autónoma, donde sobresale Málaga como la provincia con mayor presencia de este
grupo.
La inmigración africana, sin embargo, está dominada
claramente por personas más jóvenes que buscan trabajo y es mayoritariamente
masculina. Almería es, a gran distancia de Huelva y Jaén, la provincia que
cuenta con más residentes procedentes de ese continente. El estudio del IEA
destaca el notable peso demográfico de los extranjeros en Málaga y Almería,
donde residen tres de cada cuatro de los llegados a Andalucía. En cuanto
a la formación, el 60% de los extranjeros mayores de 10 años había aprobado el
graduado escolar y un tercio cuenta con título de bachiller
superior
[Segun el mismo IEA en su publicación
Andalucia, Datos
Basicos 2002, a 1 de Enero de 2001, la
población residente en Andalucía reconocida segun el Padron Municipal de
Habitantes, ascendía a 7.403.968 personas. Segun datos del
INE, de la revisión del Padron Municipal de
Habitantes de 1999 los nacidos fuera del Estado español
residentes en Andalucía, eran 190.832. Las 18.832 personas de
más en relación a las 172.000 estimadas por el IEA cabe que sean andaluces
nacidos fuera y retornados a Andalucía. En cualquier caso, resulta notorio que
la población inmigrada residente es muy superior a la oficialmente
registrada.
Tambien hay que anotar que en
Andalucía -segun INE, Revisión PMH 1999- residen
446.483 personas inmigrantes nacidas en España (el
6,03% de la población de
Andalucía). No hemos podido obtener datos que aclaren cuantas de ellas son
andaluces retornados y cuantos inmigrantes españoles que, como es sabido,
suelen ocupar plazas de funcionarios o puestos de media o alta categoria en
las empresas. Nota
de Andalucía Libre]
Andalucía
El Basurero Nuclear de El Cabril cumple diez años con el 44,6%
de su ocupación
El centro de almacenamiento de residuos
radiactivos de baja y media intensidad de El Cabril está al 44,6% de su
capacidad al 30 de septiembre de 2002, lo que supone 3.997 contenedores, según
los datos facilitados por el centro con motivo de su décimo aniversario.
El Cabril inició su vida operativa en octubre de
1992 tras obtener el permiso de explotación y en la actualidad trabajan en la
instalación más de 200 vecinos de las poblaciones próximas y en estos diez años
más de 45.000 personas han visitado sus instalaciones. En abril de 1993 comenzó
a llenarse la primera de las 28 celdas de almacenamiento distribuidas en dos
plataformas de hormigón, mientras que en abril de 2002 se completó la
décimosegunda. El Ministerio de Industria y Energía otorgó el 8 de octubre de
1996, un nuevo permiso provisional con una vigencia de cinco años.
El 8 de octubre de 2001 entró en vigor una nueva
autorización de explotación válida "hasta que se complete el volumen disponible
para el almacenamiento en las celdas existentes, debiendo realizar el titular
revisiones periódicas de la seguridad que permitirán la actualización de las
condiciones de explotación si la experiencia de operación o nuevas
circunstancias tecnológicas o reguladoras lo aconsejan".
El Centro de Almacenamiento de El Cabril,
construido y controlado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA), es parte destacada del programa de gestión de residuos radiactivos en
España ya que se trata de la única instalación para el
almacenamiento de este tipo de residuos de baja y media actividad.
 Andalucía La Comisión Europea abre
una investigación para acabar con el paraíso fiscal de
Gibraltar
El
Peñón figura como el quinto inversor extranjero en Rusia, por delante de España
o Italia
Miércoles, 16 de
octubre de 2002
Conurbación Gibraltar-La Linea
La Comisión
Europea está dispuesta a poner fin al paraíso fiscal de Gibraltar. El Ejecutivo
comunitario abrirá hoy un procedimiento de investigación contra el Reino Unido
por ese motivo, lo que supondrá un tercer aviso en ese terreno, aunque esta vez
más contundente. Para Bruselas, las enormes ayudas fiscales que reciben las
29.000 sociedades y empresas radicadas en el Peñón son incompatibles con el
régimen europeo de ayudas de Estado. Según datos oficiales manejados por el
Gobierno español, Gibraltar es el quinto inversor en Rusia, sólo por detrás de
Estados Unidos, Chipre, Alemania y Holanda, y por encima de España o
Italia.
La primera
investigación sobre Gibraltar ya la inició la Comisión el 11 de julio de 2001,
cuando también cuestionó sistemas fiscales ventajosos en Alemania, Francia,
Irlanda, Luxemburgo o Bélgica. En el caso de Gibraltar, Bruselas denunciaba los
dos regímenes fiscales todavía hoy vigentes en el Peñón, según los cuales muchas
firmas estaban exentas de pagar el impuesto de sociedades (el 30% sobre
beneficios en Reino Unido o del 35% en España) y otras se limitaban a pagar una
mínima tasa de unos 400 euros al año.
Ante ese
primer aldabonazo, las autoridades gibraltareñas presentaron a Londres una
reforma fiscal y el Reino Unido la hizo llegar a Bruselas. De acuerdo con esa
reforma, la mayoría de las sociedades instaladas en Gibraltar pagarán impuestos
en función del número de empleados que tengan (apenas tienen empleados, porque
casi todas ellas simplemente están inscritas, pero no tienen actividad real) y
no de los beneficios que logren. Es más, estarán exentas en el caso de que no
tengan beneficios, algo aplicable a un elevadísimo porcentaje de sociedades allí
radicadas.
En caso de
tener que pagar impuestos, la reforma prevé que la cantidad máxima sea
equivalente al 15% de los beneficios, y en ningún caso podrá superarse la
cantidad de 750.000 euros.
Para el
comisario de la Competencia, el italiano Mario Monti, el proyecto presentado por
Gibraltar contiene fórmulas que difícilmente pueden ser compatibles con el
derecho comunitario. De hecho, fuentes de su departamento sostienen que la
reforma fiscal va en contra del artículo 87 del Tratado: 'Salvo que el presente
Tratado disponga otra cosa , serán incompatibles con el mercado común las ayudas
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que
falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas
o producciones'.
A partir de
ahora, el Reino Unido tendrá que presentar sus observaciones o alegaciones, pero
también podrán hacerlo otras instituciones o gobiernos que, como el español,
pueden sostener que están siendo perjudicados por el paraíso fiscal de
Gibraltar. En efecto, y según datos que maneja el Gobierno español,
las enormes inversiones procedentes de Gibraltar en Rusia ponen de relieve uno
de los aspectos más oscuros del contencioso. Siempre según esas informaciones,
en Rusia se lavan al año un total de 11.000 millones de euros, de los que una
cuarta parte procede de Gibraltar. Muchos de esos fondos, añaden las mismas
fuentes, tienen su origen en grandes magnates conectados a la mafia rusa que
viven en la Costa del Sol.
Fuentes de la
Comisión señalaron ayer que las ayudas de Estado que reciben las empresas y
sociedades en Gibraltar, en forma de bajísimos o inexistentes impuestos,
'distorsionan gravemente' el mercado único europeo porque esas empresas compiten
'con unas ventajas abusivas' sobre las demás. A esos efectos, explicaron,
Gibraltar es un territorio como cualquier otro de la UE y debe aplicar un
régimen fiscal similar al resto.
Una vez
analizadas todas las observaciones que puedan presentarse, la Comisión emitirá
un informe con las alternativas fiscales que, en su opinión, deben figurar en la
reforma fiscal gibraltareña. Si el expediente siguiera hasta sus últimas
consecuencias, Bruselas podría ordenar que las sociedades instaladas en El Peñón
devuelvan todo el dinero que se han ahorrado en estos años y que debían haber
entregado como impuestos a las autoridades gibraltareñas.
Al lanzar Monti en julio de
2001 su campaña contra ese tipo de regímenes fiscales afirmó que su iniciativa
'no supone en modo alguno una interferencia con las competencias de los Estados
en asuntos fiscales'. 'La Comisión, como guardiana de las normas de la
Competencia', agregó, 'debe controlar las ayudas estatales en cualquiera de sus
formas: subvenciones, garantías, regímenes fiscales favorables,
etc.'.
Opinión
Cambios en el Decretazo:
una operación de maquillaje
La propuesta del Ministro Zaplana a los
dirigentes de CCOO y UGT ha cosechado un titular unánime: "El gobierno
retrocedió en todo el Decretazo salvo en el subsidio agrario". La
satisfacción habría sido casi general si no fuera por el descarado agravio
contra los jornaleros andaluces y extremeños.
Frente a los escépticos, los acontecimientos
muestran que la lucha masiva de los trabajadores puede echar atrás el
decretazo y hacer retroceder al Gobierno, aún con su mayoría absoluta. Aznar
comenzó diciendo que "en este partido no habrá empate", que la huelga
general fue un fracaso y que no iba a mover una coma del Decretazo,
para acabar tragándose su fanfarronería.
La masiva concentración del pasado 5 de
octubre mostró, pese a las limitaciones que le impusieron los dirigentes de
CCOO y UGT, que se mantiene la combatividad que destapó la huelga general. Al
mismo tiempo, al Gobierno se le comienzan a acumular los problemas económicos,
con un creciente estancamiento, la subida del paro y de la inflación y unas
perspectivas cada vez más pesimistas. Y a este cuadro hay que sumarle la
fuerte agudización de la "guerra del Norte" contra el País Vasco, que exige la
mayor concentración de fuerzas del gobierno, incapaz de sostener tantos
frentes abiertos. Por último el clima de movilización obrera y de
insatisfacción social empieza también a reflejarse en las encuestas
electorales. Es todo esto lo que explica la "flexibilidad" de Zaplana.
Pero hay que llamar a las cosas por su nombre
y afirmar que no es cierto lo que predican Fidalgo y Méndez desde el 7 de
octubre dando a entender que, con la excepción del subsidio de los jornaleros
andaluces y extremeños, el Decretazo fue retirado y los derechos
restituidos porque, aparte de la retirada de la medida contra los trabajadores
fijos discontinuos, sólo ha habido modificaciones que no alteran lo sustancial
del Decretazo.
¿CUÁLES SON LAS "RECONSIDERACIONES
SUSTANCIALES" DEL DECRETAZO?
Entre las numerosas agresiones del
Decretazo, tres fueron siempre señaladas como especialmente graves y
así fueron asumidas por los dirigentes de CCOO y UGT:
1.- La primera
era que abarataba y facilitaba el despido, al
suprimir los salarios de tramitación del despido improcedente.
Pero la modificación de Zaplana dice que si el
empresario reconoce el despido como improcedente y en el plazo de 48 horas
deposita la indemnización en el juzgado, dejará de pagar los salarios de
tramitación, al margen de la fecha del acto de conciliación y de la sentencia.
¿Qué empresario no usará esa fórmula si sabe que le ahorra los salarios de
tramitación? Además, tampoco le computará al trabajador, a efectos de
cotización y del seguro de desempleo, el tiempo hasta la sentencia.
La propuesta tiene el agravante de que no es
retroactiva y excluye sin remisión a los 86.000 trabajadores/as que han
perdido los salarios de tramitación desde la entrada en vigor del decretazo.
2. La segunda era que convertía el
derecho al desempleo en una concesión, penalizada con la pérdida de la
prestación si no se aceptaban empleos-basura (bajo salario, eventual, a larga
distancia sin garantía de transporte...).
Pero la "propuesta Zaplana" mantiene la mayor
parte de las condiciones del Decretazo a la hora de considerar una
"oferta de empleo adecuada": temporal, a tiempo parcial, a 30 Km., bajo
salario y categoría...
El cambio sólo afecta a la inclusión de un
tiempo de gracia de 100 días, en que el parado no estaría obligado a asumir un
empleo "adecuado", y a que sólo será a partir de un año cobrando cuando esté
obligado a aceptar cualquier oferta de empleo (mientras cubra el
Salario Mínimo y los gastos de desplazamiento). Pero hay que tener en cuenta,
además, que, en la actualidad, están transcurriendo tres y cuatro meses hasta
percibir el desempleo, lo que supera los 100 días de gracia.
3. La tercera gran agresión era que
suprimía el subsidio agrario especial (PER) para los jornaleros andaluces y
extremeños, implantando en su lugar un modelo inaccesible para los
trabajadores del campo: se necesita una media de 7 años trabajando para
alcanzar la cotización que dé derecho a 4 meses de desempleo.
Este punto quedó directamente excluido de las
modificaciones de Zaplana y conviene recordar que son más de 4.000 los
jornaleros que se han quedado sin subsidio desde la entrada en vigor del
decretazo.
Por último, la propuesta de Zaplana
tampoco modifica otros puntos del Decretazo a los que nadie parece prestar
ahora atención, como la extensión del "contrato de inserción" a la empresa
privada, la apertura del INEM a la "iniciativa privada" o la compatibilidad
entre subsidio y salario para algunos colectivos de parados.
BUSCAN DESACTIVAR LA MOVILIZACIÓN
OBRERA
Con los "cambios" del
Decretazo, Aznar busca desactivar la movilización y facilitar a las
direcciones de CCOO y UGT su regreso al diálogo social. Otros gestos
del Gobierno apuntan en la misma dirección: reactivación de la mesa de salud
laboral, aumentos a los empleados públicos por encima del IPC "oficial",
renegociación de los suculentos fondos de Formación Continua y renuncia –de
momento- a la reforma unilateral de la negociación colectiva.
Pieza clave de esta política es la renovación
del vigente acuerdo de negociación colectiva (ANC 2002), prolongando una paz
social en las empresas que, en palabras del presidente de la CEOE,
"disminuyó notablemente la conflictividad laboral salvo la huelga
general". Un acuerdo que, según datos del Banco de España, hizo disminuir
los costes laborales desde el 4,8% del año 2001 al 2,8% del 2002, con una
pérdida del poder adquisitivo de los salarios cercana a un punto. No es
extraño que el dirigente patronal Jiménez Aguilar señale que el acuerdo
"ha sido muy positivo, por lo que estamos en
disposición para prolongarlo".
Tanto Méndez como Fidalgo ya ha señalado su
disposición favorable al pacto, una vez el gobierno "restituyó los derechos"
con los cambios anunciados en el Decretazo. ¿Dónde quedan sus palabras de hace
sólo dos meses denunciando que los trabajadores "están perdiendo poder
adquisitivo ante la irresponsable política fiscal del Gobierno y la voracidad
de algunos empresarios que intentan mantener sus beneficios"? A los dirigentes
de CCOO y UGT les ha bastado un "gesto" para correr a garantizar la paz
social, a costa de moderar los salarios, mientras el gobierno se dispone a
seguir desmantelando derechos laborales (Ley Concursal, pensiones públicas...)
y sociales de los trabajadores (Ley del Castillo de la enseñanza pública...).
LA MOVILIZACIÓN DEBE CONTINUAR HASTA
LA RETIRADA DEL DECRETAZO
Aunque como vimos los derechos no han sido
debidamente restituidos, los esfuerzos del gobierno por salir del atolladero
muestran que el Decretazo se podía y se puede echar atrás. Su retirada,
a pesar de lo que dicen los dirigentes sindicales, sigue siendo la tarea de
todos los trabajadores. Y el camino para lograrlo, el que los trabajadores
abrimos el 20-J.
El objetivo del 20-J y el 5-0 fue derogar el
decretazo, no aceptarlo con modificaciones que no cambian su sustancia.
Declarar la tregua al Gobierno dando por buenos los cambios es liquidar el 20J
y hacerse cómplice de un nuevo atentado contra los derechos de los
trabajadores, aunque se haya suavizado en algunos puntos, dejar abandonados a
los jornaleros –precisamente quienes más se movilizaron contra el Decretazo- y
facilitar el camino a nuevas agresiones.
Por eso, es hora de que el Sector Crítico de
CCOO, los compañeros del SOC, de CGT, CIGA... y los activistas sindicales
dispuestos a ello, luchemos juntos para rechazar el Plan Zaplana y retomar la
vía del 20-J, hasta acabar realmente con el Decretazo. En asamblea y
reuniones debemos desvelar el fraude que se prepara; impulsar acuerdos de
Comités, Secciones y Asambleas rechazando la propuesta de Zaplana; exigir de
las direcciones de CCOO y UGT que repudien el engaño y convoquen un pleno de
organizaciones sindicales del Estado para elaborar un plan de lucha unitario
hasta la total derogación del decretazo, que debería culminar en otra Huelga
General si el gobierno se niega a ceder.
*Periodico del
PRT-IR
Andalucía
El
Decretazo en marcha
Gobierno central ha rechazado un 72%
más de solicitudes de subsidio agrario tras el
'decretazo'
EL PAÍS | Sevilla
Jornaleros del SOC ocupan aeropuerto de
Sevilla
12 de octubre de 2002
Los
efectos del decretazo ya empiezan a percibirse en el campo andaluz y extremeño.
El Ministerio de Trabajo ha denegado un total de 9.450 solicitudes de subsidio
agrario en estas dos comunidades en los cuatro primeros meses de aplicación del
decretazo (de junio a septiembre), lo que supone un incremento del 72% respecto
al mismo periodo de 2001, según un informe del departamento dirigido por Eduardo
Zaplana sobre el impacto de la reforma del sistema de protección por
desempleo.
Las denegaciones del subsidio agrario han ido creciendo
desde la entrada en vigor de la reforma laboral, y en septiembre se
incrementaron en un 138,5% en relación al mismo mes del año anterior, según
informa Europa Press. Trabajo admite en su informe que el incremento de
solicitudes denegadas en el subsidio agrario tiene su origen parcialmente en la
reforma, 'y en buena medida en el reconocimiento de solicitudes del derecho
transitorio del sistema, con un alto porcentaje de denegaciones, que estaban
pendientes tras la promulgación' del decretazo. No obstante, según el Ministerio
de Trabajo, 'previsiblemente una parte importante de estas denegaciones podrá
acceder a la protección y a las medidas de inserción a través del Programa de
Renta Activa de Inserción', enmiendas introducidas a la reforma laboral. En
cuanto a las prestaciones contributivas y asistenciales, el número total de
solicitudes en septiembre ascendió a 286.231, lo que supone un aumento del 3,3%.
De ellas, un 4,4% fueron denegadas, un 2,3% más que en el mismo mes del año
anterior.
[Al tiempo, la Tesorería General de la Seguridad Social
ha remitido una carta en la que comunica a los eventuales agrarios que podrá
darles de baja aunque no lo soliciten expresamente "cuando se dedique, con
carácter exclusivo, a otras actividades no agrarias durante más de tres meses
consecutivos; cuando la inactividad en labores agraria se mantenga
ininterrumpidamente por un periodo de más de seis meses; y cuando no realice
labores agrarias durante tres meses consecutivos y durante los mismos no pague
el importe de sus cotizaciones".]
 Venezuela - 21 de
OctubreNuevo paro: ¿nuevo golpe?
Caracas, 18 de
octubre
Movilización antigolpista en
Abril
La patronal
venezolana (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
han llamado, por tercera vez, a un paro nacional. La intención es exigirle al
presidente Chávez su renuncia, o en su defecto la convocatoria inmediata a
elecciones generales. El llamado fue realizado de manera atropellada en la
pasada marcha del jueves 10 de octubre, cuando las masas antichavistas exigían
al presidente de la CTV la declaración de un paro que comenzara a efectuarse
desde ese preciso momento. Este viejo personaje del sindicalismo corrupto, al
que la derecha conspirativa viene exigiéndole desde el fracasado golpe de abril
que convoque el paro, no podía atender tal solicitud: apenas cuenta con
influencia en el mundo obrero, ha perdido incluso en el sindicato de su
procedencia, y además tiene que negociar con Fedecámaras, que en definitiva es
quien paga la paralización de actividades. Ante el clamor y los abucheos de los
más radicales, por fin decidió llamar a paro el lunes 21 de octubre, sin
consultar con ningún otro sector. Adicionalmente, condicionó la convocatoria a
un ultimátum muy “democrático”: o Chávez renunciaba en tres días, o la oposición
le paraba el país.
¿Quiénes pagan el
paro?
El paro será
este lunes 21, y tendrá un éxito relativo. Se parará básicamente la empresa
privada del país, por iniciativa de los empresarios, que han anunciado pagarán
el día de trabajo a sus empleados -en las anteriores convocatorias, no
cumplieron con ello-. También se parará en parte el sector comercio, sobre todos
los grandes centros comerciales. Los grandes comerciantes han rechazado
públicamente un nuevo reglamento de etiquetado con el cual el gobierno pretende
frenar el contrabando, que es la principal fuente de los productos que venden
estos sectores. Se parará la mayoría de la clase media alta, y las avenidas que
rodean sus barrios seguramente estarán vacías de coches y personas, pero
repletas de cámaras de televisión. Por último, se pararan los ganaderos y
terratenientes –vinculados con grupos paramilitares que han asesinado numerosos
dirigentes campesinos en los últimos días– quienes están entre los más férreos
opositores al gobierno y su política de redistribución de la tierra.
¿Quiénes no se
paran?
Sin embargo, y a
pesar de la enorme fuerza económica que los sustenta, los sindicatos de las
principales empresas del Estado, lejos de acatar el paro han decidido
enfrentarlo activamente. Es así como el sindicato de los trabajadores
petroleros, el del aluminio, el de la energía eléctrica, el de empleados
públicos, el del transporte público, el del metro de Caracas, el petroquímico,
el del hierro, el farmacéutico, así como los trabajadores informales, sindicatos
de profesores, trabajadores aduaneros, microempresarios, cámaras de pequeña y
mediana industria han declarado públicamente contra el paro patronal. De la
misma forma, sectores del comercio, empresarios farmacéuticos y cámaras
empresariales de algunos estados del país también han rechazado la convocatoria
y cualquiera de las intenciones que la soportan. Como dato anecdótico, cabe
destacar que la mismísima empresa trasnacional MacDonalds afirmó que no
secundaría el paro – lo cual ha desatado una de las campañas más pintorescas
imaginables: voceros de la derecha llamando a boicotear a la cadena de comidas
rápidas.
Posibles escenarios de un
paro patronal con fines antidemocráticos
Como puede
observarse, dicho paro no perjudica al Estado de una manera directa sino
solamente, al menos en un primer momento, a los sectores que lo están llamando,
lo que impide que por sí mismo pueda causar alguna fuerte presión sobre el
ejecutivo. Es por esto que podemos imaginarnos dos escenarios posibles para el
día lunes: 1) los medios hablaran de un éxito rotundo mientras los financistas
claudican de cualquier otra acción de este tipo y los militantes de la oposición
sufren nuevamente la resaca de la derrota, que los dejará mucho más lejos de sus
pretensiones; y 2) observaremos el desarrollo de una nueva acción de pretensión
golpista que inicie un proceso de agitación y deje la puerta abierta a una
intervención militar o incluso internacional, ya veladamente anunciada en los
pasados días por Alejandro Toledo, el presidente peruano, quien en un acto
organizado por sectores ultraconservadores de Miami mostró su preocupación por
la situación en Venezuela y sugirió la intervención de la OEA para atender el
caso.
Esta segunda
opción puede contar con las bandas armadas de la derecha y las policías de la
oposición, quienes pudieran generar acciones de saqueo, disturbios o
enfrentamientos, magnificados por la televisión, con la intención de
multiplicarlos a escala nacional para crear un estados de alta conflictividad.
Algo de eso estaría pensando Manuel Cova, secretario general de la CTV, cuando
expresó públicamente que ese día “habrá una sorpresita”. Asimismo, se han
denunciado presiones en algunos sectores populares por parte de sectores afines
a partidos de oposición, para forzar un clima e iniciativa de saqueo a los
comercios.
También puede
presentarse el hecho de que trabajadores de fábricas privadas, aduciendo su
derecho al trabajo, penetren en sus puestos de trabajo con el fin de tomar el
control de esas empresas. Ante el fundamento netamente político y
antidemocrático de la convocatoria, varios sindicatos de base así como un sector
relevante del movimiento popular están considerando este tipo de acciones. De la
misma forma, el Frente de Trabajadores Bolivarianos pidió al Ejecutivo la
aprobación de un decreto que
permita la toma de las empresas y fábricas cerradas. Según se rumoreó los
últimos días, el gobierno tendría listo ese decreto, aunque voceros oficiales lo
han negado y han llamado a la tranquilidad ciudadana con el fin de que no
existan focos de disturbios.
No obstante, la
consigna “negocio cerrado, negocio saqueado” ha rondado por las mentes de
sectores del chavismo radical y también de los comerciantes, que han sido
llamados por el presidente de Consecomercio a defender sus propiedades.
El Estado, por
su parte, tiene sus propios planes. Su intención es decretar al paro como
ilegal, desplegar fuerzas policiales que eviten disturbios, preparar fuerza
militar para doblegar cualquier intento de golpe de Estado, y sobre todo,
preparar acciones que impidan la prolongación del paro que puede llegar a ser
decretado como indefinido (tal como hicieron en abril) hecho que implicaría un
llamado a los sectores golpistas para que intervengan nuevamente en la vida
pública del país.
La oposición fracturada y
antidemocrática
Vale recordar
que la legitimidad de los convocantes al paro se tambalea por sus dos pilares.
El presidente de Fedecámaras no ha sido elegido por medio del voto, ya que
resultó ser presidente al suceder a Pedro Carmona Estanga (el presidente
golpista). Por su parte, Carlos Ortega aun no ha presentado al Poder Electoral
las actas que lo dan como presidente, debido al masivo fraude que ejecutó en las
elecciones sindicales, lo que le ha valido el desconocimiento por parte del
gobierno y de federaciones sindicales importantes. A esto se le suma, el
fraccionamiento interno que ha sufrido la Coordinadora Democrática, espacio que
recoge los más disímiles sectores de oposición, desde una suerte de centro
derecha hasta la más recalcitrante extrema derecha. En todo caso, una
coordinadora cuyas acciones están marcadas por un irrespirable aire de golpismo
permanente, aupado por la mayoría de medios, que entrompan contra cualquiera que
se le ocurra discutir la línea hegemónica de desconocimiento de las reglas
democráticas. Estas divisiones y las pretensiones de poder de algunos de los más
siniestros personajes del régimen anterior han llevado a un nivel de fractura
tal, que en la marcha reciente se produjo un bochornoso forcejeo público en la
tarima para determinar quien tomaba la palabra. Después de algunos disparos y la
intervención de la policía, dieron por zanjada la cuestión callándose todos.
El último
cartucho
Como podemos
observar, la situación en Venezuela sigue siendo delicada. Un mensaje de un
militante de la oposición que circula por la red, dice textualmente: “le hemos
puesto fecha a la bala que nos queda en el revólver”. Por todo esto, hacemos un
nuevo llamado a todos los amigos con que cuenta el proceso venezolano en el
exterior, a los solidarios del mundo, a los sectores de izquierda y a los hermanos latinoamericanos para que
estén pendientes de los sucesos y preparados ante cualquier eventualidad. El
escenario político inmediato ha despejado todas las dudas posibles: lo que está
en juego no es sólo la continuidad de un proceso revolucionario, sino la
continuidad de la democracia.
Si bien en caso
de que la oposición lograr sus objetivos golpistas, los pronósticos serían
sombríos, consideramos que el pueblo venezolano está hoy más cerca de la
victoria que antes, sobre todo después de la marcha del domingo 13 en apoyo al
proceso y la democracia, la más grande de la historia venezolana. Hoy se vive
una profunda convicción y orgullo por la revolución, y ahora más que nunca, el
pueblo está seguro de que no le quitarán sus logros y que seguirá avanzando en
paz y en democracia ante cualquier obstáculo.
Sectores populares se movilizan para
hacer fracasar el paro convocado por empresarios y oposición
golpista
Con el objeto de hacer frente
al paro convocado por toda la oposición, desde diferentes ámbitos populares se
están desarrollando iniciativas y proponiendo actuaciones que sirvan para
hacer fracasar dicha acción desestabilizadora.
Trabajadores aduaneros no acatarán
llamado a paro
El presidente de la Asociación de
Agentes Aduanales (Asonaga), Hugo Mijares instó a sus trabajadores a través de
un comunicado a permanecer en sus puestos de trabajo, "pues sólo con el
trabajo creador se hace grande la Patria". En el documento
se expresa que en el sector aduanal ven con suma preocupación que elementos
carentes de toda autoridad moral como Fedecámaras y la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV) pretendan ahora "erigirse en doctores e
intérpretes de una sociedad que ellos mismos han contribuido en esquilmar,
abusar de sus ilusiones, desmoralizar y sumir en la miseria". Además agrega el comunicado: “Ese liderazgo podrido y profundamente
comprometido con un pasado pletórico de vergüenzas, intenta posicionarse en
vocero del sentir de los empresarios honestos, emprendedores y abnegados
generadores de riquezas. Quienes han vivido a la sombra del marasmo, la
corrupción y los favores de las bandas organizadas del poder, quieren simular
liderazgo y sembrar la confusión en el pueblo, buscando su espaldarazo para
volver al pasado”, así fija su posición Mijares en el documento.
Metro de Caracas no respaldará el
paro cívico
Francisco Torrealba, presidente del
Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, informó que el servicio de
transporte subterráneo no se paralizará el próximo lunes, 21 de octubre, día
en el que la Confederación de trabajadores de Venezuela y sectores de
oposición convocó un paro cívico nacional. El
representante del Metro aseguró que “ todas las estaciones del Metro, al igual
que las unidades de Metrobus, funcionarán con absoluta normalidad”. Asimismo,
informó que esta decisión fue consultada con los integrantes de este sindicato
que, además, consideró la opinión de los trabajadores del resto de las áreas
en este organismo. “No está del todo claro cuáles son las
intenciones que se ocultan detrás de una medida como esa que pretende,
eventualmente, dar al traste con las instituciones democráticas e instaurar
otro régimen distinto al establecido constitucionalmente por decisión
soberana”, destacó Torrealba al ser entrevistado por la emisora local Unión
Radio.
Caravana y autocine popular contra
el paro empresarial en Maracaibo
Este lunes 21, después del trabajo
(que ese día es una forma de lucha) a las 4.30 PM en el Paseo Ciencias
(Mirador del Lago), Maracaibo, habrá una: Caravana y
autocine popular, contra el paro empresarial por la paz y la defensa de la
Constitución Bolivariana. ¡A MARACAIBO NO LA PARA NADIE!
La caravana llegará a la 7.30 al
elevado de la Av. Padilla, Av. Delicias, frente a la sede del diario Panorama.
Se proyectarán en una evocación combativa de los
desaparecidos autocines, varios micros documentales sobre el proceso
revolucionario venezolano y un micro contra el paro elaborado por
Articulación/Agencia Popular de Noticias. Lleva tus
banderas y pancartas, lleva a tus niños y a tu familia, llevas tus
instrumentos musicales.
Comunicado de Profesores UC
Le estoy enviando un comunicado de los
profesores universitarios que estamos agremiados en la Asociación de
Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC). Este
comunicado fija la posición de la APUC respecto al paro convocado por FAPUV
para esta miércoles y jueves (mañana y pasado mañana). Este paro fue rechazado
por 7 asociaciones de profesores de Venezuela y un núcleo de otra: APUC, APUZ
(Universidad del Zulia), APULA (Universidad de Los Andes), APUCV (UCV),
Universidad Rómulo Gallegos, UCLA (Universidad Centro-Occ identalLisandro
Alvarado), UNET (Universidad Nacional Experimental del Táchira), UDO- Núcleo
Nueva Esparta (Universidad de Oriente). A pesar de que
estas siete universidades rechazaron la convocatoria al paro, la FAPUV tiene
una campaña mediática que muestra el supuesto apoyo total a parar la educación
universitaria en las próximas horas. Rechazamos totalmente
esta mentira golpista y decidimos sacar por todos los medios, que sean
posibles, la verdad respecto a la verdadera posición de la mayor parte de los
profesores universitarios venezolanos. Estamos dispuestos a defender a viva
voz el sistema democrático que todos los venezolanos gozamos y deseamos
profundizar. Esperando su apoyo en la publicación de este
comunicado, quedo de usted. ¡Venezuela es Libre!
Prof(a). Elsa Tovar (Docente de la Universidad de
Carabobo)
Fedepetrol: 85% de los trabajadores
rechaza el paro
A juicio del presidente de Fedepetrol,
Rafael Rosales, “casi el 85% de los trabajadores petroleros no se sumarán a la
paro cívico nacional convocado para este lunes 21 de octubre. Así lo indicó durante una entrevista realizada en una conocida emisora
de noticias y agregó que “hay 42 sindicatos afiliados y es natural que según
la tolda política de los secretarios generales de esas organizaciones se apoye
o no a la medida”. Ante tal situación, Fedepetrol está
convocando a un comité directivo nacional para tomar una posición.
Sindicatos de Guayana manifestan
que no le pararán al paro
Sindicatos de la electricidad,
construcción, gandoleros, siderúrgica, aluminio, hierro, entre otras, así como
representantes de la Coordinadora Bolivariana por la Unidad popular, Grupo de
Opinión Guayana y de los estudiantes realizaron una rueda de prensa para
manifestar su posición ante el paro convocado por la oposición. El planteamiento que más ha tomado fuerza es que si se paralizan
algunas empresas, en ellas se deben realizar asambleas populares, para que
juntos obreros y comunidad, decidan el destino de las mismas y la forma como
ponerlas a funcionar para el bienestar colectivo. Por otro lado, los
estudiantes universitarios han tomado como consigna fundamental, apoyados
ahora por los demás sectores, concretar la toma de las escuelas donde los
maestros no vayan a trabajar, de manera que sea la comunidad junto a ellos las
que tomen el control de las mismas. Los trabajadores
manifestaron que si el 21 alguien tranca las vías de acceso a los puestos de
trabajo, los trabajadores se bajarán de las unidades de transporte para
apartar a quienes traten de imponer un paro inmoral y absurdo, cuyo único
objetivo es crear las condiciones para "justificar" un Golpe de Estado.
Mircroempresarios de Maracaibo
promocionarán el 21 como el "Dïa del Mercado Popular"
Los pequeños empresarios y
microempresarios de Maracaibo han ideado un plan para aprovechar el paro del
dia 21. Han elaborado miles de volantes y algunas
pancartas para promocionar el dia del paro como el "DIA del MERCADO POPULAR".
Ese dia harán grandes ofertas desde las 7:00 AM hasta las 7:00 PM; serán 12
horas para que las clases populares compren a precio de gallina flaca, algunos
negocios ofrecen descuentos de hasta el 40%, en los negocios de comida no se
cobraran las bebidas gaseosas. Cada negocio ha hecho un programa para atraer
gente ese dia a sus negocios.
Autonomía Sindical convoca a estar
en las puertas de las empresas
Caracas. "Hacemos un llamado a los
trabajadores a mantenerse alertas y a permanecer en una actitud pacífica y
democrática en las puertas de sus respectivas empresas si el lunes 21 de
octubre cuando asistan a sus puestos de trabajo, las encuentran cerradas".
Así lo señaló Orlando Castillo, coordinador de Autonomía
Sindical y miembro de la dirección nacional del PPT, quien entiende el paro
por la CTV más "como un desespero electo ralista de Carlos Ortega quien ya
comenzó a promocionar su candidatura presidencial". Castillo no le augura
ninguna posibilidad de éxito a la convocatoria del paro, "sobre todo después
de la masiva participación de obreros y dirigentes sindicales de todo el país
en la marcha en apoyo al Gobierno del pasado 13 de octubre". Para el dirigente pepetista el paro "es una excusa y una máscara detrás
de la cual se esconden las aspiraciones golpistas de Acción Democrática. Es
evidente que éste no es un paro de trabajadores, pues es obvio que no tienen
incidencia en las bases. Si Fedecámaras no cierra sus
empresas a través de un 'lockout', la CTV no tendrá fuerza alguna para parar
ninguna empresa y mucho menos al país", manifestó. Por
otro lado, Castillo criticó la actitud asumida por la cúpula empresarial que
durante la Quincuagésima Asamblea de Fedecámaras, celebrada en Barquisimeto,
hizo un llamado a un pacto nacional por la productividad, "pero paradójica y
contradictoriamente ahora convocan también al paro". Finalmente, señaló que la supuesta paralización se llevará a cabo "sin
pena ni gloria", pero que los organizadores podrían hacer intentos por "sacar
debajo de la manga la salida golpista".
Listo decreto contra el paro
El Gobierno Nacional ya tiene listo un
decreto presidencial para garantizar el derecho al trabajo y el cual será
ejecutado en previsión del paro convocado por la CTV, Fedecámaras y la
Coordinadora Democrática, según lo anunció Darío Vivas, presidente de la
Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. El decreto garantiza la propiedad privada y asegura el funcionamiento
de las empresas que se sumen al paro bajo la figura de cogestión, es decir,
una administración compartida por dueños y trabajadores, aseguró el
parlamentario. La Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT)
acordó solicitar al Ejecutivo la aplicación de dicho decreto. Al hacer un
llamado a los trabajadores para que acudan a laborar el próximo lunes, Oswaldo
Vera, coordinador nacional de la FBT, dijo estar convencido de que el llamado
a paro no tendrá efecto a menos que se utilice la violencia, ya que tal acción
tiene un carácter netamente po lítico y no reivindicativo. Aseguran que servicios vitales como el transporte, incluido el Metro,
la electricidad, las comunicaciones, salud y las industrias básicas,
petroleras y de alimentos, operarán con normalidad. Por otra parte, el alcalde
de Caracas, Freddy Bernal, aseguró que funcionarios de la Guardia Nacional,
Policía de Caracas y Policía Metropolitana garantizarán el orden público y la
seguridad de los comerciantes y transeúntes el próximo lunes
21.
Venezuela: ¿quién se
queda con el Estado?
Heinz Dieterich
Steffan Rebelion, 28 de septiembre del
2000
El futuro de Venezuela se decide en la lucha
por el Estado. Múltiples actores políticos internos y externos participan en la
carrera por su control. Algunos actúan con intenciones revolucionarias, otros
por intereses oligárquicos o imperiales. Determinadas fuerzas operan de manera
abierta y hasta escandalosa, otras prefieren modos silenciosos o palaciegos en
la acumulación del poder.
La razón de ser de esta
dinámica es el golpe de Estado transnacional petrolero del 11 de abril del 2002.
Las reservas probadas de crudos extrapesados de Venezuela representan el
cincuenta por ciento (¡!) de las reservas del total mundial; con las tecnologías
de conversión adecuadas, esos yacimientos son equiparables a las reservas
probadas de crudos convencionales de Arabia Saudita, 270 mil millones de
barriles, que son las mayores del globo.
El golpe en
Venezuela fue parte integral de un plan maestro de tres operaciones estratégicas
de Washington, concebido por el gobierno de Bush: 1. El
sometimiento definitivo del mundo árabe-islámico donde yacen tres cuartas partes
del crudo convencional y la mitad de las reservas mundiales de gas. La agresión
a Irak, la intimidación de Arabia Saudita e Irán y la destrucción del Estado
palestino cumplen este objetivo. 2. La conquista militar de
Asia Central, donde existe el 40% de las reservas mundiales de gas y, cerca del
Mar Caspio, enormes reservas petrolíferas. La guerra contra Afganistán alcanzó
esta meta. 3. La apropiación violenta del petróleo venezolano
mediante el coup d´etat del 11 de abril, frustrado -en su momento- por la
heroica acción del pueblo y los militares patrióticos quienes, además de
defender a la democracia, salvaron la vida de cinco mil ciudadanos, cuyos
nombres aparecieron en las listas de los que iban ser asesinados y
desaparecidos.
El golpe de Estado fue un parteaguas en
el proceso bolivariano, en múltiples sentidos: redefinió la relación con Estados
Unidos, en el sentido de debilitar sustancialmente la capacidad nacional de una
política soberana y latinoamericanista en la arena internacional; despertó y
radicalizó a las masas que finalmente entraron en el proceso de autoasumirse
como sujetos del proceso bolivariano; aceleró el deterioro de parámetros
económicos fundamentales; des-cubrió a los actores políticos oportunistas,
ineficientes y antirrevolucionarios dentro de los aparatos políticos y sociales
del sistema; fortaleció la popularidad del presidente Hugo Chávez entre las
mayorías populares y redujo la capacidad de convocatoria manipulativa de los
conspiradores entre las clases medias; finalmente, hizo nacer -entre los
sectores más avanzados de las mayorías y los principales protagonistas del
sistema de liderazgo- la pregunta acerca de las responsabilidades de la debacle
del 11 de abril y, por lo tanto, la interrogante sobre la sustitución de
personajes y modos de operación del proceso.
El choque
del Titanic con el iceberg imperial ha desatado, meses después de la fatídica
fecha, un intenso debate sobre la conducción del barco. Ese debate que atañe a
sus más importantes operadores, desde el capitán hasta el timonel, los
especialistas de los radares y los principales oficiales del equipo, ha
evidenciado que existe coincidencia de criterio entre muchos líderes de las
fuerzas socio-políticas que sostienen el proceso bolivariano, acerca de la
necesidad de constituir una nueva dirección estratégica con un nuevo proyecto
estratégico.
El golpe de abril mostró la necesidad de
una "dirección colectiva socialmente reconocida, lo imprescindible de un centro
de dirección revolucionaria que organice y conduzca al pueblo. Que evite los
excesos que caminan hacia la conciliación o el anarquismo, que en última
instancia son expresiones claras de la ausencia de una dirección con un rumbo
claro", formula uno de los protagonistas más importantes de la vanguardia
bolivariana ese consenso sobre la impostergable reconfiguración del
liderazgo.
El sistema de conduccíon del bolivarianismo
venezolano ha pasado por dos etapas, desde su constitución. En su génesis
militar-cívica como Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, durante los
ochenta, fue un sistema colectivo horizontal que llevó el movimiento desde la
clandestinidad hacia la conquista electoral del Estado venezolano, en febrero de
1999. En la segunda fase, que se inicio con esta fecha y terminó con el golpe
del 11 de abril del 2002, el sistema horizontal se verticalizó, convirtiéndose
el presidente en el centro de gravitación de la política estatal y partidista.
Esa personalización de la gestión del proceso -que fue una co-responsabilidad de
todos los sujetos políticos involucrados- se pagó con una extraordinaria pérdida
de capacidad gerencial del Estado y de los entes político-sociales respectivos.
Fue esa dramática deficiencia de conducción que permitió la asonada
militar.
La tercera etapa en la configuración de un
centro de dirección estratégica capaz de enfrentar las múltiples operaciones de
una sofisticada conspiración transnacional que pretende derrotar al presidente
Chávez antes de fin de año, es el eje de la dinámica política-social-militar en
la Venezuela de hoy. La presión para esa reconfiguración cuyo objetivo principal
es el control del Estado, nace tanto de los sectores y organizaciones populares
-las "masas" como se dice aquí- como de sectores de poder progresistas y
reaccionarios.
En este complicado rompecabezas de
política real hay tres requisitos axiomáticos que son fundamentales para el
éxito de la revolución bolivariana: a) el regreso a una conducción colectiva que
reúna las mejores cabezas y las conciencias más ética del país; b) la
sincronización entre la creciente radicalización de las masas y el creciente
control del Estado, porque el avance descoordinado de cualquiera de las dos
fuerzas significaría el fin del proceso y, c) el mantenimiento de la unidad
entre los actores de las cúpulas y de las bases.
El
control del Estado y la conciencia de las masas son los dos factores decisivos
en todo proceso revolucionario. La tarea de la vanguardia consiste en
vincularlas de una manera orgánica. Ahí se define el destino de la Revolución
Bolivariana.
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