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 Andalucía y el Mundo

 

 

 

En Julio se hizo publico en la prensa el enésimo estudio socioeconómico que volvía a afirmar que el 30% de la población andaluza se encontraba por debajo del índice de pobreza. No tuvo demasiado eco. Noticia conocida y además desagradable, pasó desapercibida. Nuestra pobreza, ya se sabe, es una pobreza oculta, discreta, clandestina, vergonzante. Es una pobreza primermundista que, por supuesto, no puede compararse en parámetros absolutos con las de África o América Latina pero que no por ello es menos real. En estos tiempos de atomización social y desarticulación política el desempleo (ahora nos reconocen un 18,17% de paro), la precariedad o la sobreexplotación se venden y se viven como fracasos individuales o como maldiciones bíblicas... En obscena y significativa coincidencia, grandes bancos y multinacionales españolas alardeaban esos mismos días de sus abultados incrementos semestrales de beneficios.

 

Por las mismas fechas también se informó qué el peso relativo de la construcción en el PIB andaluz superaba al de la industria situándose en torno al 9% directo y elevándose con los sectores relacionados al 20%. El dato denota hasta que punto es irracional y dependiente la estructura económica andaluza y muestra la magnitud del dinero negro proveniente del narcotráfico y la evasión fiscal que nutren este sector y la pompa inmobiliaria. El protagonismo económico de estas inversiones especulativas es obvio. Financieramente, es notorio el sustancioso papel de los créditos hipotecarios en los balances de resultados de las cajas de ahorro andaluzas, dominadas en sus órganos de gobierno por PSOE, PCE-IU y PA. Mientras tanto, el pago de la vivienda se come la mayor parte de los ingresos familiares de los asalariados convirtiendo en un propósito imposible acceder a una casa cuando sólo se depende de un sueldo medio. No hay que ser un lince para deducir que con todo esto se desvía capital necesario para inversiones productivas que desarrollen realmente el país. Si en los años veinte del siglo XX en EEUU se jugaba convulsivamente a la bolsa hasta que el crack de 1929 dio cuenta de la espiral especulativa; en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI en Andalucía se compran al mismo ritmo terrenos y pisos y se construyen urbanizaciones. El correlato político del boom de la construcción en estos años, iniciado bajo predominio del PSOE, ha sido la paulatina implantación de grupos de derecha mafiosa en el litoral que han venido a sustituir al PSOE en los gobiernos municipales y últimamente también la formación de varias coaliciones contranatura. Esta derecha mafiosa en unos casos se articula a través de partidos locales, en otros en el PP y en otros trabaja con la actitud comprensiva del PSOE. Los fundamentos y apoyos externos del fenómeno son difícilmente aprensibles dada la turbiedad del ambiente y los múltiples intereses económicos y políticos de alto nivel implicados. La ultima moción de censura en Marbella (una parte de la derecha mafiosa local más una parte del PSOE local más el PA contra otra parte de la derecha mafiosa local más el PSOE andaluz y el PP de espectador) se inscribe en este contexto, por mucho que coyunturalmente juegue en perjuicio de la imagen del PSOE, ya bien tocada por lo de Madrid y tambien de la del PA. Aunque usualmente tienda a olvidarse -endosándose la responsabilidad sólo a los Ayuntamientos- procede tener presente que formal y estatutariamente la Junta de Andalucía es titular de la competencia ultima en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, aunque sea a la manera tramposa que establece el sistema constitucional español. Al respecto, la línea habitual del Gobierno andaluz PSOE-PA-Verdes es deslindar la siempre sospechosa trama urbanística de la respetable política macroeconómica y refugiarse tras las centésimas de crecimiento diferencial positivo que aporta estadísticamente esta situación perversa frente a los datos estatales oficiales como presunta prueba de que el diferencial de bienestar y desarrollo andaluz con relación al español o europeo se acorta. Que repetidos y muy diversos informes economicos manifiesten que este foso no se reduce en términos reales y que incluso con la lectura más favorable de los indicadores convertida en tendencia sostenida e ininterrumpida se requeriría -según esas mismas cifras- cerca de medio siglo para acercar Andalucía a esas medias de referencia es reiteradamente ocultado o deformado.

 

El articulo que publicamos abajo sobre el cierre de Altadis (antigua Tabacalera) -que se suma a las reducciones de plantilla en telefónica y RENFE y las amenazas sobre otras plantas industriales- nos exime de entrar en más detalles en esta cronica. Entretanto, los jefes de las sucursales andaluzas de los sindicatos españoles CCOO y UGT volvían a salir por televisión firmando con la Junta otro acuerdo más sobre política de industria y empleo.

 

En resumen, miremos por donde miremos, nos encontramos con el griterío optimista omnipresente de realistas, enchufados, instalados, triunfadores, aprovechados, emprendedores y oportunistas. Su imagen de Andalucía satisfecha y en progreso se remacha a cada instante hasta el punto de que, de vez en cuando, se ha de retornar a algunos de los datos apuntados y otros para descontaminarse de manipulaciones y espejismos y apreciar que la visión de una Andalucía dependiente, impotente, subdesarrollada y precaria no es una construcción forzada, propia de arcaicos, frustrados, fracasados y agoreros, sino mero reflejo estricto de la realidad institucional, económica y social de la nación, por mucho que desgraciadamente aún sea políticamente irrelevante. Miremos donde miremos, situaciones y políticas en marcha nos vuelven a conducir inexorablemente a la imperiosa necesidad para Andalucía de disponer de Soberanía Nacional plena -y en ultima instancia, Estado nacional propio- para conseguir capacidades e instrumentos efectivos para defenderse de las agresiones, romper los corsés limitadores e impulsar políticas de justicia y desarrollo realmente propias y efectivas.

 

 

 

Como todos los veranos, es noticia común bien la muerte de inmigrantes en el Estrecho de Gibraltar o en las costas andaluzas por hundimiento de pateras bien el apresamiento o la fuga de ilegales. La tragedia se hace rutina. Los marroquíes detenidos son devueltos a su país en tanto los que el lenguaje políticamente correcto denomina subsaharianos, tras un periodo de internamiento y dado que no se les deporta a sus países de origen por ausencia de acuerdos al respecto, son puestos en libertad instalándose en Andalucía como irregulares. El parto de mujeres inmigrantes africanas recién desembarcadas ya es también noticia habitual de color humano, muy adecuada para rellenar la sequía informativa estival. 

 

Aprovechando estas circunstancias, Rafael Lara -presidente de la APDHA y antiguo dirigente del MC en Andalucía, ahora Acción Alternativa- se buscó un hueco en la prensa en Julio para reiterar -aunque sea en su versión moderada y conciliadora- el discurso de Papeles para Todos, es decir, la apertura irrestricta de fronteras. Junto a las letanías morales abstractas conocidas subrayó que la inmigración económicamente "nos hace falta". Al punto, cabe preguntarse a quien se refería o a qué incluía en ese plural mayestático. Dada la realidad de desempleo y precariedad de los trabajadores andaluces y de sobreexplotación y semiesclavismo a la que es sometida en este contexto la inmigración del Este y del Sur (porque la que viene del Norte de Despeñaperros, que ocupa puestos de mando o responsabilidad o plazas de funcionario, no se incluye nunca usualmente en estos debates) parecería cómo si con su afirmación se dieran por estables y aún naturales la temporalidad, infraremuneración y precariedad en la fresa o los invernaderos, la subcontratación en la construcción, la sobreexplotación en la hostelería, la prostitución o la servidumbre en el servicio doméstico que son las circunstancias y actividades reales que acogen mayoritariamente en infames condiciones a estos inmigrantes y para cuya continuidad y sostenimiento son funcionales y aún necesarios. Cabria inferir que el Sr. Lara hacia extensivo al conjunto de los andaluces de forma indiscriminada el beneficio y consecuentemente la responsabilidad por estas situaciones. Ciertamente, para quienes los contratan y explotan en estas condiciones sí "hacen falta" estos inmigrantes; ciertamente, para el modelo de Andalucía dependiente, precaria y subdesarrollada que es incapaz de defenderse a si misma en Madrid y en Bruselas, sí "hacen falta". Pero con centenares de miles de andaluces desempleados o inestables no sólo procede indignarse por hacer extensivo al conjunto de Andalucía lo que es empresa e interés de unos pocos. Cabe preguntarse también, por contraste y en concreto, que si en la agricultura se implantara el régimen de fijos-discontinuos y salarios decentes -no ya la Reforma Agraria, para que no se nos tache de maximalistas-; si en la construcción y los servicios se recuperara la regularización y desapareciera la precariedad y la economía sumergida y se eliminaran el resto de lacras y humillaciones sociales; si, en dos palabras, Andalucía fuera un país mínimamente digno y justo, ¿seguiría "haciendo falta" esta inmigración que tan bien le viene hoy a quienes organizan y se aprovechan de esta situación?. Puede que el Sr. Lara ni siquiera contemple esa posibilidad de cambio nacional y social (lo mismo se entretiene demasiado preguntándose ¿qué es cambio, qué es nacional, qué es social...?, para no ceder ante periclitados esquemas iluministas o decimonónicos) o puede que sólo vea a nuestra nación como una mera prolongación regional de la España y Europa ricas e imperialistas y no advierta que no somos ni EEUU ni Australia -que fueron países de inmigración tras robarse la tierra a sus dueños indios y aborígenes-; ni la Alemania de la postguerra, ni siquiera la Cataluña industrializada de los años 60. Puede que si el Sr. Lara atendiera preferentemente a las causas de aquí que al tiempo que amparan la inmigración sustentan la explotación y precariedad de los andaluces y no se restringiera sólo a las consecuencias, moviéndose en parámetros tan inútiles como aceptables al uso y atacará a sus responsables políticos y beneficiarios económicos en términos socialistas -aunque quizá al Sr. Lara esta referencia le suene poco critica y antigua- el Sr. Lara (como el Sr. Chamizo y tantos otros del estilo) no tendría huecos en la prensa ni siquiera aprovechando el verano y la ultima masacre de inmigrantes. Aún así, ¿no resulta paradójico que al amparo de la defensa de una igualdad e integración genéricas, en los hechos y marcos reales se favorezca por omisión y acción la estabilización de la desigualdad y de la discriminación; con riesgo y peligro incluso para los inmigrantes ya establecidos y regularizados?. En cualquier caso, quizá siga siendo pertinente -aunque políticamente incorrecto- interrogarse críticamente: ¿por que el PP-PSOE hacen lo que hacen -todo lo que hacen y todo lo que no hacen- en relación a la inmigración?. ¿Qué es más coherente con el injusto modelo vigente en nuestra nación y útil para su reproducción: mantener o incluso ampliar sin limites la inmigración(1) o detenerla?. De momento, a este particular, parece que el Sr. Lara comparte conclusiones con el Circulo de Empresarios.

 

 

En plena canícula, Luis Carlos Rejón -diputado en Madrid, excoordinador general de la sucursal andaluza de IU y dirigente de su corriente critica- soltó su lengua para calentar aún más el ambiente interno de IU y se despachó a gusto en una entrevista difundida por Europa Press. Véase, a partir de algunas perlas seleccionadas: *"La actual dirección de IULV-CA se está entregando al PSOE, porque está esperando a que con cuatro o cinco diputados, aunque bajemos más, se pueda coger consejería y media, tipo PA, y se pueda colocar a mucha gente con buenos sueldos aunque no sepan hacer la 'o' con un canuto, lo que les posibilitaría crear una red clientelar que les permita permanecer en el poder durante mucho tiempo". *"No sé con qué fin quieren ganar puntos antes el PSOE, cuando lo que está claro es que Chaves nos desprecia, y cuanto más nos inclinamos ante él, más nos humilla; prefiero que Chaves me diga barbaridades a que nos humille como hizo con Antonio Romero con eso de los nudillos o como hizo posteriormente asegurando que con nosotros no va ni a la esquina". *"La actual dirección de IULV-CA en vez de haber tenido la valentía de reconocer que se han tenido unos resultados malos en las municipales, ha dicho que todo ha ido muy bien. Diciendo que los resultados de las elecciones municipales han sido buenos nos estamos engañando, y la realidad nos va a dar un aviso en las autonómicas".

 

Para acotar el ámbito político real de la filípica del prócer de Baena, baste anotar que Rejón inmediatamente a continuación de estas denuncias afirmó su lealtad al coordinador estatal Llamazares, destacado impulsor del seguidismo de IU en relación al PSOE. Más aún, indignado por el realineamiento de Valderas -coordinador actual y candidato de los oficiales a la presidencia de la Junta- con Llamazares, proclamó sus derechos por antigüedad al respaldo de Llamazares de forma casi conmovedora: "aunque me alegro de que Valderas cambie en tan poco tiempo, lo que ya he visto es que se cambia la chaqueta continuamente. Hace tres años hizo lo imposible y lo posible para que ganara Frutos, pero como perdió, pues ahora cambian a caballo ganador algo que me parece muy bien, pero que tendrá que explicar, ya que no podemos permitir que la gente nos vea dar esos bandazos. Llamazares es un político y un señor que no va a traicionar a su gente. Entre el apoyo que le da la dirección andaluza y el del sector crítico hay muy poca diferencia y Gaspar Llamazares no va a traicionar a su gente, así que aunque buscará la mayoría con todos, primero con su gente".

 

Tamañas descargas (2) -que aquí sólo hemos resumido- sustentan unas demandas concretas de la corriente critica que se centran en que el candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas sea electo mediante primarias por referéndum mientras que la corriente oficialista prefiere que sea elegido en su próxima Asamblea (Congreso). Cada uno, lógicamente, defiende el mecanismo que presume más favorable para sus aspiraciones. Unos cuentan con que la imagen torpe de Valderas jugara en su favor transfiriendo votos hacia un cartel más presentable y otros confian en su control del aparato. Además, hay que tener presente el dato de que las modestas perspectivas electorales de la sucursal andaluza de IU obligarían a que de ser Valderas el candidato a la presidencia tuviera que mudarse su ubicación desde la cabecera de la lista de IU de la circunscripción electoral de Huelva -donde lo tiene muy crudo para salir- a la de Sevilla, provocando como efecto colateral que Concha Caballero -actual diputada andaluza, coordinadora de Sevilla y líder de los críticos- pasará del nº 1 al nº 2, ya de muy difícil salida y que consecuentemente Sánchez Gordillo, que hasta la fecha ha sólido aceptar ir tras Caballero, quedara desplazado al nº 3, cuya elección sería francamente milagrosa dadas las circunstancias. Sabiendo que IU lo que es, dice y hace en política es lo que dicen y hacen sus cargos públicos y que el resto es relleno, se entiende la virulencia del envite.

 

A la hora de la cobertura política de la pelea, los críticos presentan como modelo y referencia la labor en Córdoba de Rosa Aguilar y de Caballero en Sevilla; en un sitio, porque han ganado la alcaldía y en el otro porque han perdido menos que en otros. Tambien reclaman el retorno a IU de los expulsados, especialmente los de Almería. Y en lo tocante a otros asuntos, inciden en que estaba de más un acuerdo general con el PSOE andaluz cocinado desde arriba para la formación de los Ayuntamientos, prefiriendo en su caso los acuerdos locales, con el razonable argumento de que no esta fundado legitimar globalmente al PSOE como opción de izquierda. De no aceptar apoyos para gobernar del PP o de no formar parte de coaliciones imaginativas, no dicen nada, por razones históricas obvias. Al respecto, se nos sugiere lo mismo que ya dijimos en su día refiriéndonos a la versatilidad pactista de PA y PSA: muy extraños izquierdistas y/o nacionalistas andaluces han de ser aquellos a los que -incluso a nivel municipal- el PP no encuentre problemas en sostener. ¿Alguien se imagina al PP apoyando no ya a la izquierda abertzale o al PNV-EA sino incluso al BNG o a ERC frente al PSOE?. Pues eso mismo; aplíquese antes en Carmona, Osuna... como ahora en Camas o La Algaba o donde encarte.

 

Para acabar de liar el asunto, procede recordar que en la corriente critica andaluza conviven sin aparente dificultad ni contradicción la extrema derecha -Rosa Aguilar- y la extrema izquierda -Sánchez Gordillo y la CUT- de IU. Más complejo aún, la CUT-BAI forma parte a su vez estatalmente de la Corriente Roja, formada precisamente en su día a la izquierda y en conflicto con lo que representaban Frutos/Llamazares, referentes políticos, organizativos y programáticos de la mayoría de los socios críticos de la CUT. Más aún, y a titulo de anécdota, dentro de la CUT-BAI se integran militantes del PRT-IR (la sección española de la LIT-CI) en Andalucía que a su vez se encuentran en la coordinación nacional y estatal de la Corriente Roja y que dada su pertenencia a la CUT son aliados en Andalucía de Rejón y Rosa Aguilar mientras que en Madrid deben ser simultáneamente sus adversarios. Todo un ejemplo de flexibilidad. Más lío todavía; mientras Corriente Roja se afirma reiteradamente como proyecto de ámbito español -sea dentro o fuera de IU- Sánchez Gordillo -pese a pertenecer formalmente a esa misma Corriente- afirma que en Madrid "la alianza de CUT-BAI debería estar en Corriente Roja, pero desde nuestra total soberanía e independencia"(3). Es decir, es de Corriente Roja pero desde fuera de Corriente Roja. Nacionalmente, ve a Corriente Roja meramente como unos aliados a sumar junto a otros -entre los que cita, por ejemplo, tanto a Nación Andaluza como a, ¡ojito!, a Acción Alternativa (la sucursal andaluza del entramado postMC, la Federación de Asociaciones de Dinamización Sociocultural) dentro de un maremagnum diverso- pronosticando que la izquierda que requiere Andalucía "hoy es difícilmente realizable dentro de IU-LV-CA, aunque tenemos que intentarlo por todos los medios, pero al mismo tiempo hemos de ir creando fuera en pie de igualdad de otras fuerzas políticas y colectivos que  estén interesados en la construcción en Andalucía de una izquierda alternativa. El famoso bloque andaluz de izquierdas debe ser algo más que la continuación de nuestras siglas para darle forma y contenido sin pausa ya que los virajes de la actual dirección de IU nos dejan al borde de la calle. Para ello hemos de llamar a las puertas del movimiento Antiglobalización para ir configurando esta izquierda hoy más necesaria que nunca en Andalucía". ¿Va a solicitar a estas alturas que las fuerzas requeridas se integren en IU?. No lo parece. ¿A lo mejor cree compatible trabajar con ellas establemente en un proyecto político nacional que simultanee la labor dentro y fuera de IU?. No suena sólido ni creible. ¿Como conciliar todo esto con su relación con Rejón, Martín Recio, Caballero o Aguilar?. ¿Los ve quizá contemplando la posibilidad de salirse de IU si se confirman sus temores, que no son precisamente los de ellos?. No es presumible. ¿Aprecia Gordillo que su posición ante el PSOE es estratégica y de principios mientras que la de Rejón es sólo táctica y coyuntural?. No hay manera de aclararse al respecto. ¿Sabe políticamente Sánchez Gordillo y la CUT donde están?. Es de suponer. ¿Y adonde quieren ir?. Cabe dudarlo. ¿Apuestan todavía por IU o no?. Ni si ni no, depende de como les vaya y de lo que hagan otros. ¿Es consciente Gordillo de que para muchos su llamamiento retórico a la refundación de IU o de la izquierda andaluza es leído como sinónimo de los anhelos e ilusiones de Corriente Roja por una Refundación Comunista a la española?. Puede que no le importe. ¿Piensa Gordillo y la CUT en una fuerza de izquierda nacional o en una nueva sucursal andaluza de la izquierda española?. No se sabe o según los días... ¿Y qué dice de todo esto Cañamero...?. Ante este cúmulo de apuestas diversas y contradictorias y de interrogantes abiertos, la opción que -por citar otro caso de sonada duplicidad en IU- mantuvo en su momento Espacio Alternativo de presentarse como izquierda dentro de IU mientras apoyaba a la vez a Llamazares aparece comparativamente como un éxtasis de simplicidad lineal. Quizá sólo el transcurrir del tiempo decante a la CUT y corte, sumando acciones propias y ajenas y por la fuerza fatal de los acontecimientos, este nudo gordiano. Sólo cabe desear que sea para bien.

 

 

Además, en Julio pasaron por Madrid, Lula el presidente de Brasil que de socialista se ha pasado ahora al librecambismo liberal y por ello recibió premios, loas y halagos y Kirchner -el de Argentina- que sólo por decir en una reunión con grandes empresarios con intereses allá que no iban a robar en las proporciones de los tiempos de Menem, mereció pescozones varios en prensa, atenuados por la explicación tranquilizadora ad-hoc de que era una pose destinada al consumo interno argentino. De Brasil y Argentina (y de Venezuela...) habrá que ocuparse en Septiembre.

 

Además, también en Julio se filtró -ABC mediante- un borrador articulado del Plan Ibarretxe, provocando una escandalera españolista de aupa. El texto -muy interesante y que merece comentario en si mismo si se confirma como base articulada- no iba, en todo caso mucho más allá de lo que ya analizamos en su día (4).

 

De telediario en telediario fuimos viendo imágenes atroces de Liberia teniendo que soportar además el sonsonete de las llamadas de auxilio pidiendo la intervención militar yanqui en el país, que sumadas a las que no vimos de Uganda, el Congo o Sierra Leona o a lo que sabemos de Nigeria o Guinea Ecuatorial o en otro plano, Sudáfrica, llaman, eso sí, la atención sobre el fracaso de África tras una media de cuarenta años de independencia neocolonial. Fracaso no sólo por la situación o por no emanciparse sino por la ausencia de movimientos visibles de lucha por esa emancipación.

 

En Julio, también, Mohamed VI de Marruecos anunció mano dura con los islamistas a cuenta de los atentados de Casablanca, generando escalofríos entre los comentaristas bien informados por la imagen de fragilidad y el temor a una escalada de inestabilidad a 8 millas de las costas andaluzas. Cuando Argelia (y consecuentemente el Polisario) confirmó su aceptación de la ultima versión del Plan Baker atendiendo las sugerencias de Washington, el Consejo de Seguridad lo avaló y el régimen de Marruecos no lo considero válido, el escalofrío se reprodujo. El Plan establece una autonomía por cinco años en el territorio del antiguo Sahara español, electa mediante votación del censo colonial trucado de 1974 -el que le gusta al Polisario- y referéndum de autodeterminación con el censo de residentes actuales -el que prefiere Marruecos- incluyendo autóctonos reconocidos o no en el censo de 1974 e inmigrantes de otras zonas de Marruecos. La preocupación insinuada se motivaba no sólo por las posibles reacciones del Majzen frente a intereses españoles sino sobre todo por la señal de impotencia y fragilidad que transmitía la negativa del Régimen marroquí. Si el Majzen se reconoce incapaz de convivir e integrar en las condiciones dadas al Polisario, teme el uso que este pueda hacer de las controladas competencias autonómicas y sus efectos en el resto de Marruecos; no se ve capaz de sobrellevar ese quinquenio y duda del resultado del referéndum final, es que el Régimen reconoce que carece de confianza en si mismo. Tambien habrá que volver sobre la cuestión a partir de Septiembre.

 

 

La ultima noticia sobre el contingente militar español en transito hacia Iraq es que va a ser dotado de blindados con artillería reforzada y que los mandos yanquis ya han advertido que debe ir preparado para el combate, es decir, que no va restringido a tácticas de defensa pasiva -como decía inicialmente el Gobierno español- sino que se les requiere como coparticipes en su zona de operaciones de las tareas de control y contrainsurgencia. Recientemente también se ha informado de acciones por parte de la resistencia iraquí (5) en las provincias adjudicadas a las tropas españolas, desmintiéndose así las afirmaciones del Gobierno español de que iban remitidos a una zona tranquila.

 

El Gobierno español destaca 1.300 militares a sueldo para participar en la ocupación de Iraq e implicarse en la represión de la resistencia iraquí ante el dominio colonial(6). Es una acción de alcance político crucial. La decisión, que es equivalente por enésima vez a una declaración de guerra a Iraq, se ha tomado de forma ilegal sin previa votación en el pleno del parlamento español, ciscándose en la propia letra de la Constitución española que tan ardientemente defienden los españolistas a la hora de negar el derecho a la autodeterminación. La debilidad militar del Ejército español hace que sus fuerzas partan a una zona bajo mando operativo polaco y teniéndose que reforzar con contingentes de apoyo de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana (que acuden al matadero a cambio de que el Estado español condone 1.000 millones de dólares de su deuda externa).

 

Salvo el PP ninguna otra fuerza parlamentaria avala y apoya el envío (aunque el PSOE se declara solidario de los militares enviados). La fecha escogida ha hecho que las protestas hayan sido escasas. Obviamente, el movimiento popular andaluz no debe asumir la posición del PSOE. Los militares españoles son profesionales y al participar en una guerra de ocupación injusta e ilegal son objetivos legítimos de guerra para la resistencia iraquí. En ese enfrentamiento entre un ejercito de ocupación y una nación humillada no cabe la neutralidad ni menos aún la menor solidaridad o apoyo a quienes contribuyen como auxiliares al dominio yanqui sobre Iraq. Más aún, conviene tener presente que precisamente los militares españoles -junto a los japoneses- constituyen el eslabón débil de la coalición ocupante. No vienen de un país del Este o del Tercer Mundo, por lo que sus hipotéticas bajas tendrían un efecto político y mediático objetivo, rápido y cualitativamente distinto a las del resto; debilitando así por efecto colateral el arrope político y el esfuerzo militar angloyanqui aunque su peso militar sea incomparablemente secundario en relación al de yanquis y británicos. La demanda central del movimiento antiguerra ha de ser pues su retirada inmediata, total e incondicional.

 

A este respecto conviene tener presente que la composición, orígenes y objetivos políticos de la resistencia iraquí -sea realmente la que finalmente sea- es irrelevante. Cualquier fuerza iraquí o kurda -sea la que fuere- tiene pleno derecho a luchar por expulsar a los ocupantes de su país. El futuro de Iraq sólo compete a los iraquíes así como el de Kurdistán a los kurdos.

 

Los posibles beneficios políticos que la derrota de la iniciativa militar de Aznar podría conferir al PSOE son absolutamente secundarios en esta tesitura y en nada deben disminuir el énfasis a partir de septiembre en conseguir el retorno urgente de la fuerza colonial expedicionaria española.

 

De momento, sigue haciendo calor...

 Andalucía

Ruben Iban

 

G. Buster

 

1. Introducción

Debe ser el signo de los tiempos cuando 'The Economist' (2003) acusa a las inversiones extranjeras de ser las responsables de la crisis argentina y en general del estancamiento económico actual en América Latina: "El fallo singular más importante fue la dependencia de la región de los volátiles flujos de capital. El crecimiento antes de 1997 coincidió con unas entradas masivas de capital, algunas atraídas por las privatizaciones. Como resultado, las monedas se sobre-apreciaron, dañando a las exportaciones y a los productores locales y provocando grandes déficits por cuenta corriente (...) Para compensar, los gobiernos tuvieron que ajustar la tasa real de cambio (p.e. devaluando la moneda o abaratando la producción a través de deflación de precios). Como la mayoría de los países habían derrotado la inflación anclando sus tipos de cambio, fue muy difícil. En muchos países la mayor parte de los ahorros y las deudas estaban en dólares. Y la devaluación amenazó con provocar un caos financiero. Para complicar aun más las cosas, el servicio de la deuda de los gobiernos se hizo más cara. Y por lo tanto tuvieron que cortar otros gastos, exacerbando la recesión".

La tesis que quiero defender mantiene la mayoría de estos factores, pero altera su orden y por lo tanto las causas de la crisis. Porque el elemento clave a mi entender es que fue la incapacidad política de los gobiernos latinoamericanos para hacer una reforma fiscal profunda y su progresivo endeudamiento el que alentó el flujo de capitales extranjeros a través de las privatizaciones, para financiarse y garantizar el funcionamiento de un sistema favorable a sus intereses pero cada vez más incapaz de satisfacer las necesidades de sus poblaciones.

Que una parte importante de esas inversiones fuera de origen europeo, y muy en particular español, se explica a su vez por el retraso de la modernización y reestructuración de los grandes grupos empresariales españoles y sus dificultades en los 90 para alcanzar economías de escala en el mercado único europeo frente a competidores mucho más establecidos. Como consecuencia, este proceso ha cambiado de manera sustancial el tejido productivo y la estructura de intereses en América Latina así como la posición de España en la UE, en un momento de crecientes tensiones inter-imperialistas entre la UE y la Administración Bush en EE.UU.

Haré primero un recorrido por el mapa de las inversiones europeas en América Latina en los últimos 10 años, para identificar después las líneas estratégicas generales de las empresas multinacionales europeas. Intentaré ver cómo ha desarrollado la UE un marco institucional de relaciones políticas y económicas con las diferentes sub-regiones de América Latina para acompañar estas inversiones. Posteriormente trataré de apuntar los efectos de la crisis argentina en las empresas europeas y, finalmente, señalaré algunas contradicciones en la alternativa MERCOSUR o ALCA.

2. Las inversiones europeas en América Latina en los 90

De 1995 al 2000 se ha producido un cambio cualitativo en el volumen de las inversiones directas (IED) europeas en América Latina, que han hecho de la UE el primer inversor en la región, en especial en Brasil y Argentina. La UE es además el segundo socio comercial –el primero de MERCOSUR y Chile- y el primer donante, por encima de EEUU. En el 2000, techo de este ciclo, las inversiones comunitarias superaron en un año los 38.000 millones de euros. De acuerdo con el carácter pro-cíclico de la IED en América Latina, señalado por numerosos autores, se produjo una contracción del flujo total a partir de 1999 (88.220 millones de dólares) -que afectó a las inversiones europeas un año más tarde-, hasta situarse en la mitad (44.402 millones de dólares) el año pasado (CEPAL 2002), en lo que Guillermo Calvo ha calificado de "parón" (The Economist 2003) Aunque este ciclo de inversiones se concentró fundamentalmente en Brasil, Argentina y México, un 61% del total, con las dirigidas a Chile, Venezuela y Colombia, alcanza el 84%.

Ello fue posible por las reformas económicas neoliberales de "segunda generación" -especialmente las privatizaciones del sector público- impulsadas por los gobiernos de la región, con el decidido apoyo del FMI y el Banco Mundial, en el marco del llamado "Consenso de Washington" (Williamson 1990 y 1999).

La inversión por sectores en los tres principales países señalados da una primera idea de la estrategia inversora de las multinacionales, que analizaremos posteriormente con más detalle. Históricamente, antes de los 90, la IED en América Latina se concentró en la manufactura para los mercados internos fuertemente protegidos o hacia la explotación de recursos mineros y energéticos, sobre todo en los países miembros de la Comunidad Andina. En 1997, seis sectores suponían el 84% de todas las inversiones: automóvil (26%), alimentación y tabaco (19%), comercio (11%), electrónica (10%), petróleo (9%) y química (9%).

México, como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y Canadá, vio pasar su acervo de inversiones de 22.000 millones de dólares en 1990 a 41.000 millones en 1995 y 72.000 millones en 1999, multiplicándose por 3,3. El sector manufacturero representó el 61% de las inversiones, los servicios financieros el 13%, el comercio el 12% y otras industrias un 14%. Y ello debido a las restricciones políticas a las inversiones extranjeras en sectores como el petróleo, los servicios públicos o las telecomunicaciones. A partir de 1998, el 50% de la IED ha estado destinada a la compra de bancos privados. Las inversiones de EE UU supusieron el 60% frente al 22% de la UE.

En Brasil, el acervo de las inversiones se cuadriplicó entre 1990 y 1999, siendo el principal receptor en América Latina. A fines de 1995, el 55% correspondía a inversiones manufactureras para el mercado interno y el 43% a los servicios. En el 2000, estas cifras han pasado al 29% y al 70% respectivamente y el sector manufacturero, sobre todo automovilístico, busca mercados de exportación en México y la UE. La política de privatizaciones hizo que las telecomunicaciones pasaran a suponer el 36% y el sistema financiero el 21%. Las inversiones de la UE supusieron el 45% del total –el 11,2% de España- frente a un 24,2% de EE UU.

En Argentina, el acervo de inversiones se multiplicó por 4,5 en dos fases entre 1992 y el 2000. La primera fase a través de las privatizaciones y la segunda por la compra de grandes empresas privadas argentinas. Así en 1992, el 36% de la IED se dirigió a la manufactura, el 19% al petróleo y el 14% a los servicios públicos. En el 2000, el porcentaje era 29% para la industria manufacturera, el 24% para el petróleo, el 12% para las telecomunicaciones, el 12% para los servicios públicos y el 10% al sector bancario. Las inversiones de la UE supusieron el 53,4% -el 25,6% para España- del total frente a un 23,2% de EEUU (Calcagno 2001, CEPAL 2001).

2.1 Las inversiones españolas

Un monto muy importante de las inversiones europeas en América Latina corresponde a las de origen español, como hemos señalado. Tras el ingreso de España en la CEE y la consiguiente reforma del régimen de inversiones exteriores en 1986, las IED españolas pasaron de 1988 a 1992, acompañando el ciclo alcista internacional, de 1.969 a 6.511 millones de dólares. Pero solo el 12% del total se dirigió a América Latina, mientras que el 50% fue a la CEE. En América Latina, el destino fundamental fue Panamá, como paraíso fiscal, y en menor medida Argentina, Chile, México, Brasil y Venezuela. Por sectores, el bancario alcanzó el 53,4% -con la creación de grupos financieros por grupos industriales y turísticos españoles no vinculados a la banca- desplazando a las inversiones manufactureras, orientadas hacia los mercados internos latino-americanos, y turísticas tradicionales (Arahuetes y Argüelles 1996).

Tras el primer "parón" de primera mitad de los 90 por la recesión internacional, las inversiones españolas crecen espectacularmente a partir de 1995, en los sectores financiero, petróleo, telecomunicaciones, energía eléctrica y transporte aéreo (aunque en este último con malos resultados, que llevaron a Iberia a revender Aerolíneas Argentinas).

En Argentina, el acervo inversor español creció de 1.809 millones de dólares en 1995 a 18.726 millones en el 2000. Las empresas españolas participaron en las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas; Telefónica (1.338 millones de dólares); Edenor, Edesur y Dock Sur en el sector eléctrico; los bancos Francés (509 millones), Río de la Plata (1.631 millones), Tornquist, Galicia y Buenos Aires, a cargo del BSCH y el BBVA. En el 2000, Repsol compró la petrolera YPF por 15.168 millones de dólares (Kulfas, Porta y Ramos 2002, CEPAL 2002).

En Brasil, Telefónica de España compró la brasileña por 10.423 millones de dólares y Tele Sudeste Celular SA por 2.419 millones, y Endesa esta desarrollando el grupo Enersis con la construcción de una central térmica en Ceará (CEPAL 2002).

En México, la influencia española fue menor, pasando de 82 a 312 millones de dólares en 1998, para aumentar tras la compra por el BSCH en el 2000 del grupo financiero Servin por 1.560 millones de dólares y la adquisición por Iberdrola en el 2002 del 13% de Gas Natural de México, con inversiones planeadas de 2.350 millones de dólares (Mattar, Moreno-Brid y Pérez 2002, CEPAL 2002)

También ha habido inversiones importantes en Chile (telecomunicaciones, banca y energía eléctrica), Perú (adquisición de Copertel y Entel por Telefónica) y Venezuela (sector bancario) (CEPAL 2002).

3. Estrategias de las empresas multinacionales

El carácter fuertemente cíclico de las IED en América Latina debe enmarcarse en la situación de la economía internacional a comienzos de los años 90 y la reacción de las clases dominantes con la aplicación de las políticas de ajuste, reestructuración y privatización neoliberales, el llamado "Consenso de Washington", que crearon las condiciones para atraer hacia la región los flujos de IED.

Brenner (1998 y 2002) ha explicado como la recuperación de la economía de EEUU tras la recesión de 1990-91 se realizó no sobre la base de un aumento de las inversiones en capital fijo y tecnología, sino a través de un aumento de la productividad basada en congelaciones salariales, recortes fiscales, retirada de la capacidad productiva de baja rentabilidad y devaluación del dólar. Lo que fue acompañado por la Administración Clinton por una dura política de ajuste fiscal y una imposición internacional de los modelos neoliberales a través de la OMC, el FMI y el Banco Mundial. En la UE, la recesión se prolongó por la combinación de las políticas de ajuste y convergencia ligadas a la Unión Monetaria, que redujeron el mercado interno y una fuerte perdida de competitividad frente al dólar, que limitó una estrategia basada en las exportaciones. La enorme liquidez de capital de todo el sistema internacional buscó nuevas inversiones, a partir del mismo modelo de reestructuración, que permitiese reducir los precios de los productos en el mercado internacional gracias a los bajos salarios y la presión fiscal u orientándose a la ocupación de parcelas de los mercados internos de las economías emergentes. Es decir, hay que entender las características de la IED internacional de los 90 a partir de la sobreproducción y sobrecapacidad existente a nivel internacional.

Para atraer a la IED, en dura competencia con China y la región de Asia-Pacífico, los gobiernos latino-americanos tenían que garantizar además una estabilidad financiera condicionada por el pago de los intereses de la apabullante deuda externa, que en 1990 suponían un flujo anual de 18.800 millones de dólares. Tras la llamada "década perdida" y la crisis de la deuda externa de los 80, el Plan Brady permitió una reestructuración de la deuda sobre la base de su estatificación y la creación de un mercado de bonos, tanto públicos como privados, que permitió abrir un nuevo ciclo de endeudamiento (Toussaint 1998), que en el 2000 alcanzó los 750.855 millones de dólares. Pero ello no fue suficiente y exigió dos medidas adicionales, además de los planes de ajuste: las privatizaciones del sector público y, finalmente, la dolarización de una parte sustancial, cuando no de toda la economía interna. Más adelante veremos las consecuencias de estas opciones en el caso de la crisis argentina.

El resultado final fue que América Latina atrajo en el periodo 1990-95 22.000 millones de dólares en inversiones frente a 48.000 de Asía–Pacífico y 19.000 de China. Y en 1999, momento culminante para América Latina, 108.000 millones frente a 103.000 de Asía- Pacífico y 41.000 de China. Después, ha perdido claramente su capacidad de competencia, situándose en 56.000 millones en el 2002, frente a los 90.000 de Asía-Pacífico y los 50.000 de China (CEPAL 2002).

En líneas generales, y en este contexto, la estrategia de las empresas multinacionales puede agruparse en tres grandes grupos:

La saturación del proceso privatizador y la recesión internacional iniciada en el 2001, así como, uno de sus prolegómenos, la crisis argentina, están suponiendo importantes cambios, que son aun difíciles de definir.

Aunque las empresas europeas están presentes en la mayoría de los sectores y sus estrategias pueden encuadrarse en estos tres grupos, aparece una clara diferencia entre el capital de origen español y el de los otros estados miembros de la UE. Las empresas españolas se encuentran básicamente en el tercer grupo, con la importante excepción de Repsol tras la compra de YPF y de las compañías eléctricas que buscan asegurarse una cuota de la producción de gas natural para abastecer a sus centrales. El capital de otros países europeos tiene un mayor componente industrial (Michelín, Renault, Volkswagen, Philips, FIAT, Daymler) y extractor (Shell, BP, Phillips Petroleum) y son multinacionales "globales", para las que América Latina es una parte de su IED. Pero las empresas españolas son multinacionales fundamentalmente por su inversión en América Latina. Incluso en el sector bancario, los grupos españoles han adoptado el modelo de "banca universal", mientras que el resto de los europeos ha buscado nichos especializados, sobre todo la banca de negocios.

La transnacionalización en América Latina de los grandes grupos empresariales españoles es producto de la estrategia seguida por el capital y los sucesivos gobiernos españoles desde los años 80 para prepararse a la competencia del mercado único europeo. La privatización, fusiones y creación de grandes grupos de finales de los 80 y los 90 prepararon a las empresas españolas para aguantar la competencia de los grandes grupos europeos en su propio mercado. Pero su alternativa estratégica se limitaba a buscar fusiones con estos grupos para alcanzar las economías de escala necesarias para poder competir en todo el mercado único o buscar un nicho de especialización propio en el mercado internacional que le proporcionase esas escalas. Esta segunda opción fue la impulsada por el capital español. Fue el retraso del proceso de reestructuración y las dificultades para arañar cuotas de mercado en la UE frente a sus competidores europeos lo que forzó al capital español a volver a dirigir su mirada a América Latina.

3.1. Las empresas europeas y las "maquilas"

Basta con enumerar las principales filiales de las empresas europeas en México para comprender su localización como plataforma exportadora hacia EEUU: Daimler-Chrysler, Volkswagen, Michelin, Unilever, Siemens, Philips Electronics, BASF y Nokia. Todas ellas en el sector automotriz o la electrónica.

A pesar de la "Crisis Tequila" en 1995 y la caída de las inversiones en un 5%, ello no afectó al sector exportador de ensamblaje que, gracias a la devaluación en un 31% del peso en relación con el dólar, vio aumentar su competitividad en el mercado de EEUU y sus expectativas de beneficio (Mattar, Moreno-Brid y Peres 2002). La recesión en EEUU a partir del 2001 ha tenido, sin embargo, un efecto desastroso en las "maquilas", que han reaccionado despidiendo al 27,1% de los trabajadores del sector electrónica y al 6,7% del automotriz. Pero las empresas europeas del automóvil han mantenido su presencia y algunas como Daimler-Chrysler y Michelín han anunciado ya nuevas inversiones para hacer frente al aumento de la demanda interna, sobre todo de coches pequeños (un 11%), a la espera de la recuperación del mercado de EEUU. El sector de la electrónica parece haber escogido una opción más radical y Philips ha anunciado que cerrará su producción este año para trasladarla a China.

Hay que constatar que las empresas con un mayor componente tecnológico son las que han aguantado mejor los efectos recesivos del mercado de EE UU, lo que explica la diferente reacción entre los sectores automotriz y electrónico. Si todas parten de la diferencia salarial con EE UU, su única defensa frente a la competencia de salarios aun más bajos en China ha sido el margen que proporciona una productividad más alta gracias a una mayor inversión tecnológica en el sector del automóvil, mientras que las fábricas electrónicas son, en la mayoría de los casos, meras plantas de ensamblaje de componentes.

En Costa Rica se ha producido un crecimiento de la inversión europea a partir de estos últimos dos años y, aunque la IED sigue siendo mayoritariamente de EEUU y México, alcanza ya el 37% del total, impulsando una diversificación de las maquilas de exportación a EEUU (CEPAL 2001 y 2002).

3.2 Las empresas europeas en el sector extractor

Aunque la presencia de empresas europeas como la Shell y BP ha sido tradicional en América Latina, a finales de los años 90 ha tenido lugar una importante avalancha de inversiones en el sector petrolero, muy especialmente con la compra de la compañía estatal argentina YPF por la española Repsol. La razón de estas inversiones es estratégica y no cíclica, en un momento de importante redefinición del mercado petrolero internacional tras la I Guerra del Golfo y las crecientes exportaciones rusas. Las compañías europeas han buscado asegurarse fuentes de producción propias y ampliar su diversificación. Pero las inversiones en América Latina han estado muy limitadas tradicionalmente por la nacionalización del sector. De ahí las expectativas creadas por la privatización de YPF en Argentina, la dura competencia por su compra, y las nuevas inversiones en servicios e infraestructuras petroleras, además de gas natural, para crear presión y situarse ante la posible privatización del sector en países claves como Venezuela o México, de surgir las condiciones políticas para ello.

En muy pocos años, a partir de las inversiones en Argentina y en menor medida en Brasil –donde la empresa nacional PETROBAS es un importante competidor en toda la región-, se ha creado una nueva estructura extractora y comercial orientada tanto a las exportaciones como al importante mercado interno de MERCOSUR. Repsol-YPF, Shell, Pan América Energy (Bridas y BP), Metrogas (British Gas y Repsol-YPF) y Total en Argentina y Shell Brasil son las principales compañías europeas en el sector.

La crisis argentina y la desdolarización han provocado una importante crisis, dada la fuerte deuda de las empresas extranjeras en dólares para financiar su rápida expansión, en especial de Repsol-YPF. La salida ha sido buscar una alianza estratégica con PETROBAS, que se ha convertido en la segunda compañía petrolera argentina tras la compra en el 2002 de PeCOM Energía. Así, en el intercambio de activos, Repsol ha concentrado y reestructurado su línea de negocios, aumentando su presencia en Brasil y transfiriendo la red de gasolineras argentinas Eg3 a PETROBAS.

En los países de la Comunidad Andina se han producido además importantes inversiones en Colombia, donde BP lidera el consorcio para la explotación de Cusiana y Cupiagua, y está presente las italianas Technip y Camuzzi; Bolivia, para la explotación de las enormes reservas de gas natural; Perú, también en gas natural en los yacimientos de Camisea; y el gigantesco proyecto Mariscal Sucre, en Venezuela, liderado por la empresa estatal, pero con participación de Shell con un 10% del capital.

En México, el único sector abierto a las empresas extranjeras es el del gas natural, especialmente en la cuenca de Baja California. Las expectativas creadas han supuesto una avalancha de proyectos, que suman ya 18, tanto para exportación del gas licuado como para su transformación en energía eléctrica. Las principales empresas europeas son Shell, Iberdrola y Phillips Petroleum, en algunos proyectos en consorcio con empresas de EE UU (CEPAL 2001 y 2002).

3.3. Las empresas europeas y el acceso a los mercados latinoamericanos

En el sector industrial, un número importante de grupos europeos se habían instalado o reforzado sus operaciones tradicionales en Argentina y Brasil a comienzos de los 90, con las expectativas creadas por la recuperación del mercado interno y el desarrollo de MERCOSUR. En el sector automotriz, Volkswagen, FIAT y Renault concentraban el 69% de la producción y más del 70% de las ventas internas. La caída de la demanda interna en Brasil a partir de 1998 y el desplome de la argentina en el 2001 ha obligado a una reestructuración muy importante de las estrategias empresariales.

A ello hay que sumar el efecto de las devaluaciones del real y el peso en el coste de los componentes importados para la fabricación de los vehículos. Las empresas europeas han intentado reorientar su producción hacia la exportación, con nuevos modelos –como coches pequeños y camiones industriales- hacia México y utilizar su red distribuidora en Europa para colocar los excedentes acumulados. Muchas fábricas han reducido drásticamente sus plantillas.

Pero las empresas europeas se han enfrentan con la competencia de empresas japonesas como Toyota u Honda y de EEUU, como la Ford y General Motors, que intentan ocupar sus cuotas de mercado. Lo que ha obligado a los grupos europeos a reconsiderar el cierre de algunas plantas e incluso a realizar nuevas inversiones en tecnología para acompañar el proceso reestructurador con la fabricación de nuevos modelos de vehículos, más pequeños para el mercado interno, y aumentar a la vez su cuota exportadora, con un esquema de "maquila".

En el sector eléctrico, la situación es casi opuesta entre los países del MERCOSUR y México. En el primer caso, la devaluación esta provocando una salida de capital extranjero, tras la fase de privatizaciones y ventas de grandes grupos locales que se extendió hasta 1998, a favor de grupos brasileños. En el segundo caso, hay un despliegue inversor a la espera de que se desmonte el control estatal de la distribución eléctrica, especialmente de la española Iberdrola. Hay que constatar una vez más la diferencia entre los grupos españoles –y también aquí portugueses- y el resto de los europeos. EdF intenta salir de Brasil, por ejemplo, mientras que Endesa España y Electricidade de Portugal están invirtiendo en nuevas centrales térmicas, con proyectos de 200 y 450 millones de dólares.

En el mercado de las telecomunicaciones, Telefónica de España ha sido uno de los principales beneficiarios de las privatizaciones, con adquisiciones de las Telefónicas de Brasil, Argentina, CTC de Chile, Perú y CANT de Venezuela. En la telefonía móvil, Telefónica de España, sola o en consorcio, también esta ocupando parcelas decisivas en Brasil (Telesp y Tele Sudeste), Argentina (TCP) y México (Pegaso). France Telecom, que también se posicionó en Argentina (Telecom) y Brasil (Intelig), parece buscar reducir ahora su presencia. Portugal Telecom ha reestructurado sus operaciones en Brasil y buscado una alianza con Telefónica de España.

3.3.1 La estrategia de los grupos bancarios europeos en América Latina

La banca es el sector, junto al de las telecomunicaciones, en el que las privatizaciones han tenido un efecto más radical. En doce años, la IED ha pasado a controlar del 10% al 60% de los activos del sector en toda América Latina. Pero las cifras por países son aun más impresionantes: 90% en México, 62% en Chile, 61% en Argentina, 61% en Uruguay, 59% en Venezuela, 49% en Brasil y 34% en Colombia.

Los gobiernos latinoamericanos liberalizaron sus sectores bancarios como consecuencia de los efectos de la "crisis del tequila" en 1995, instaurando legislaciones similares a las de los países de la OCDE. Su intención era recapitalizar el sistema, aumentar el volumen de créditos y reducir las altas tasas de interés, ligadas históricamente a la financiación de la deuda externa. Los bancos extranjeros parecían ofrecer además un respaldo frente a posibles nuevas crisis. Para grupos como el BSCH y el BBVA era la posibilidad de exportar su modelo de banca universal, con grandes redes de oficinas y diversidad de productos y servicios financieros, utilizando el mismo idioma, en un momento en el que su otra opción estratégica era buscar la fusión con grupos bancarios europeos para ampliar sus operaciones en la UE.

El BSCH invirtió 16.400 millones de dólares en la región y el BBVA 9.600 millones, convirtiéndose en muy pocos años en los principales grupos en América Latina. El único banco que compitió con ellos fue el Citigroup, que adquirió en el 2001 BANAMEX por 12.500 millones de dólares, además de expandir su red en el resto de América Latina. Otros tres grandes grupos europeos continuaron desarrollando su implantación como bancos de negocios: el holandés ABN Amro, el británico HSBC y el italiano Banca Commerciale. El total de los activos consolidados en América Latina de los cinco grandes grupos bancarios europeos es de 149.511 millones de dólares, de los que 108.616 corresponden a los españoles.

Sin embargo, ni los objetivos gubernamentales se han cumplido ni las expectativas a medio plazo de los bancos extranjeros. El volumen de crédito no ha aumentado en los niveles esperados, ya que se sitúan por debajo de las cifras asiáticas y los bancos extranjeros son más conservadores en su evaluación de riesgos. Tampoco se han reducido sustancialmente las tasas de interés, ni el coste de los servicios financieros. Por parte de la banca extranjera, la rentabilidad sobre el capital era ligeramente superior en el caso del BSCH (13.4% frente al 12.8% general) e inferior en el del BBVA (7.6% frente al 12,6%), muy superior para el ABM Amor (17.2% frente al 10,9%) y bastante inferior para el HSBC (6.6% frente al 13%). El 37% de las ganancias totales del BSCH y el 27% del BBVA proceden ya de América Latina.

En este contexto, la crisis argentina ha supuesto un tremendo revulsivo, porque los gobiernos latinoamericanos descubrieron que las garantías de los bancos extranjeros no eran suficientes para evitar el desplome del sistema y que, además, se convertían en poderosísimos grupos de presión en defensa de sus intereses, reduciendo considerablemente su margen de maniobra para actuar en la crisis. Para la banca extranjera, el "corralito" y la desdolarización de la deuda ha supuesto un ataque a su derecho de propiedad sin precedentes desde los Acuerdos de Basilea de 1988 que iniciaron la reforma del sector internacionalmente. A pesar de ello, los grandes bancos han continuado manteniendo posiciones y ampliando inversiones en Brasil y México (CEPAL 2001 y 2002, Calcagno 2001).

4.-Las relaciones entre la UE y América Latina: el marco institucional

Las relaciones institucionales entre la UE y América Latina se estructuran en tres niveles:

1.Diálogo político bi-regional: UE-Grupo de Rió y las Cumbre UE-América Latina y el Caribe. El Grupo de Rió se constituyó en 1986 con seis miembros iniciales que firmaron la declaración de Rió, ampliándose después en 1990 y el 2000 hasta integrar a todos los países de la región. Aunque cuenta con dos niveles de reuniones, Cumbres de jefes de estado y gobierno y reuniones ministeriales, son estas últimas las que estructuran el diálogo político bi-regional. La última Cumbre tuvo lugar en Chile en el 2001, y la XI reunión ministerial en Atenas, en marzo del 2003. De hecho, las Cumbres UE-América Latina y el Caribe se han convertido en el nivel político más alto en las relaciones, desplazando a las Cumbre UE-Grupo de Rió. Se han celebrado dos hasta el momento (en Rió en 1999 y en Madrid en el 2002) y la tercera tendrá lugar en México en el 2004. Las relaciones bi-regionales se califican de "partenariado estratégico" (Comisión Europea 2003).

2.Diálogo sub-regional: UE-MERCOSUR, UE-Comunidad Andina y UE-Centro América.

-MERCOSUR se constituyó en 1991 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y la aspiración de llegar a formar un mercado económico único en un plazo de 15 años. En 1992 la UE firmó con MERCOSUR un acuerdo institucional de apoyo a este objetivo de integración. En 1995 ambas partes ratificaron un Acuerdo de Cooperación que institucionalizó un diálogo político privilegiado, a nivel ministerial desde 1996 y un Consejo de Cooperación ministerial desde 1999. En el terreno de la cooperación técnica, la UE apoya financiera y técnicamente el funcionamiento de los órganos de MERCOSUR, su proceso de armonización legislativa interna y su sistema estadístico.

El objetivo más importante del Acuerdo de Cooperación de 1995 es la negociación de un Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR, en el marco de la OMC. Tras los preparativos técnicos, las negociaciones se iniciaron en 1999 en la Cumbre de Rió. Hasta el momento han tenido lugar nueve rondas negociadoras. La propuesta comunitaria fue presentada en julio del 2001 y la contrapropuesta de MERCOSUR en octubre de ese año. La Cumbre de Madrid de 2002, con los efectos evidentes de la crisis argentina, dio un fuerte impulso político a las negociaciones, que deben entrar en su fase decisiva a mediados del 2003 tras el relanzamiento del proyecto por Lula y Duhalde y el anuncio de una estrategia de integración monetaria de MERCOSUR. En agosto del 2002, la Comisión Europea anunció un paquete financiero de ayudas para la modernización del estado de 18,6 millones de euros para Uruguay, 51,7 para Paraguay, 64 para Brasil y 65,7 para Argentina.

-Las relaciones entre la UE y la Comunidad Andina se basan en el Acuerdo de Cooperación de 1993 y la Declaración de Roma de 1996 que institucionalizó el diálogo político. En la Cumbre de Madrid de 2002, ambas partes se comprometieron a concluir un nuevo Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político para finales del 2004, dependiendo del resultado de la ronda de Doha de la OMC, para el que ha habido dos rondas negociadoras.

La cooperación contra el narcotráfico, incluyendo el llamado GSP drogas, el apoyo al Plan Colombia y la ambigüedad de la UE en relación a la situación interna venezolana han sido ejes de las relaciones bilaterales.

-La UE inició su dialogo político con Centro América a través del Grupo de San José en 1984. En 1993 firmo un Acuerdo de Cooperación, apoyando institucionalmente el Mercado Común Centro Americano (MCCA). En mayo del 2002, la UE aprobó la negociación de nuevo Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político, cuya primera ronda tuvo lugar en marzo del 2003.

3. Relaciones bilaterales con México y Chile: Los nuevos Acuerdos de Asociación con México y Chile datan respectivamente de 1997, aunque entró en vigor en el 2000, y de 2002. Además de un importante impulso del diálogo político, sobre todo con México, los acuerdos implican una progresiva liberalización para la constitución de zonas de libre comercio con la UE. En el caso de México, los productos industriales estarán liberalizados a finales del 2003 para la UE y el 2007 para México, con una tarifa máxima del 5% desde el 2003. El periodo transitorio previsto para Chile es de 10 años, que conservará una pequeña producción para los productos de la pesca y algo mayor para los agrícolas (Comisión Europea 2003).

Como es fácil deducir de este repaso de las relaciones institucionales, la UE ha centrado claramente sus prioridades en acompañar la nueva presencia inversora comunitaria, y en especial española, en América Latina apoyando la integración regional a partir de su propia experiencia y asegurándose un marco de actuación comercial en las mismas condiciones que los acuerdos de libre comercio firmados por EEUU con los países de América Latina. Los Acuerdos de Asociación con México y Chile y la conclusión de la negociación con MERCOSUR son el eje de esta estrategia. Su principal problema es que responde en buena medida al impulso político interior en la UE de España, con el apoyo más matizado de Francia, Portugal e Italia, que en algunos casos aparece como una diversificación de esfuerzos excesiva de las zonas de interés comunitario prioritarias como Europa del Este y el Mediterráneo.

A mediados de los años 90 el gran debate era si la ampliación de la UE a Europa Central podía suponer una desviación de las corrientes comerciales y de IED europeas en América Latina.

Los principales estudios realizados señalaron ya, sin poder prever las fuertes inversiones españolas, que los flujos comerciales y de IED dependían sobre todo de las condiciones internas de oferta latinoamericanas (Nunnenkamp 2000). Sin embargo, la reorientación actual de parte de las inversiones industriales europeas hacia un modelo de "maquilas", amparadas por la liberalización prevista en los nuevos Acuerdos de Asociación, puede crear una nueva situación, alimentada por el interés político de reforzar los procesos de integración regionales como MERCOSUR frente a ALCA.

5. Deuda, inversiones europeas y crisis argentina

El ciclo de las inversiones europeas en América Latina en los años 90 ha terminado con la experiencia traumática de la crisis argentina, que sin duda será determinante para el futuro de la IED en la región así como las políticas gubernamentales y las estrategias empresariales.

Como se ha señalado, la IED europea comenzó a decaer después de 1999 tras la devaluación en Brasil y la profundización de la recesión en Argentina. El fin del anclaje del peso al dólar y su devaluación en un 70% tras su flotación cortó en secó las expectativas de las empresas privatizadas de servicios públicos, que tenían las facturas de sus servicios dolarizadas. El "corralito" impuso fuertes limitaciones a la libertad de operación de los bancos, a los que el Banco Central prohibió la repatriación de dividendos y se exigió a los exportadores la liquidación en el país de las divisas obtenidas. El gobierno impuso a los exportadores un impuesto que trasfiriera al presupuesto, aunque fuese de manera muy limitada, las ventajas obtenidas con la devaluación. El mercado interno colapso y la mayoría de la población tuvo que contentarse con sobrevivir sin dinero legal, con bonos emitidos localmente.

Gran parte de las inversiones realizadas por las empresas extranjeras en las privatizaciones y las adquisiciones de empresas se habían llevado a cabo con un fuerte endeudamiento en dólares, calculado en 23.000 millones, aunque de 1992 al 2001 giraron al exterior como beneficios 19.009 millones de dólares (CEPAL 2002). Cinco de las doce sucursales de bancos extranjeros quebraron y tuvieron que ser nacionalizadas o absorbidas por otros bancos. De ellas tres eran propiedad del Credit Agricole de Francia y otra del Intesa BCI italiano. Las casas matrices europeas dejaron de inyectar capital y retiraron todo el que pudieron. Las empresas de servicios públicos europeas quebraron en masa.

El anclaje del peso al dólar con paridad de 1:1 en abril de 1991 no correspondía, desde luego, a que Argentina cumpliese las condiciones óptimas de una zona monetaria común con EE UU.

Era una respuesta desesperada para acabar con la hiperinflación y dotar de garantías al sistema económico, aunque fuese abandonando cualquier pretensión de soberanía, para disciplinar la economía desde fuera, con la aplicación de un duro programa de ajuste neoliberal. Las reformas de primera generación no pudieron evitar los efectos de la "crisis de la tequila" en 1995, con una caída de los depósitos de un 20% en dos semanas, que estuvo a punto de acabar ya entonces con el sistema.

Las reformas de segunda generación, lejos de abordar los dos problemas claves de la financiación de la deuda externa y del presupuesto con una profunda reforma fiscal, buscaron en la banca internacional un aval doble para el anclaje del peso al dólar. Para ello, el gobierno argentino adoptó la legislación bancaria de los países de la OCDE e inició un profundo programa de privatizaciones, que las empresas extranjeras financiaron en buena parte con un nuevo ciclo de endeudamiento sobre los activos y la facturación futura dolarizada. El ahorro interno fue sustituido por el endeudamiento externo de quienes tenían que garantizar el conjunto del sistema, en un ciclo vicioso.

Cavallo había teorizado públicamente en 1991 que la salida de la dolarización sería un peso fuerte. Pero la dolarización del sistema financiero, por el contrario, creo expectativas universales de una devaluación del peso. Cualquier medida regulatoria que adoptase el gobierno solo podía confirmar esta impresión, postergando para más adelante su capacidad de intervención. De ahí que el gobierno siguiera endeudándose en dólares sin recurrir a la emisión de deuda en pesos en el mercado interno, alegando además que la tasa de interés del peso era más alta. La reforma del sistema de pensiones se hizo en dólares, con especiales beneficios para el BBVA.

La revaluación del dólar a partir de 1999 tuvo efectos desastrosos para el sector exportador, en especial hacia la UE y Brasil, combinándose con la recesión iniciada en 1998. La falta de flexibilidad de tipo de cambio no dejaba otro margen de actuación en el marco de la ortodoxia neoliberal que un ajuste fiscal que, junto a la caída en capacidad adquisitiva de la población, hundió aun más al país en la recesión. Cavallo, de nuevo ministro de economía desde abril del 2001, recibió poderes especiales para su programa, que además incluía subvenciones para los exportadores, impuestos sobre las importaciones y una campaña de relaciones públicas en Europa, anunciando el anclaje común del peso al dólar y al euro cuando el cambio de ambas divisas fuera paritario. Fue en este momento cuando el FMI y la Secretaria del Tesoro de EEUU empezaron a poner en duda la estrategia de Cavallo de crecimiento a través de las exportaciones.

Paralelamente, Cavallo enmendó la ley del Banco Central para que pudiera inyectar dinero en el sistema más allá del 33% de sus reservas internacionales y obligó a la banca privada a comprar 2.000 millones de dólares en bonos en pesos, que podían utilizar para cubrir el coeficiente de reservas estipulado de un 18%. Para finales del 2001, el 20% del activo de los bancos estaba constituido por bonos y otros tipos de deuda pública. Ante el peligro de un derrumbe de los bancos que hiciese quebrar al gobierno, este acabó por imponer el "corralito" y más adelante el "corralón" para garantizar con el resto de los dólares en el sistema su propia deuda y el anclaje del peso. La conmoción política que siguió acabó provocando finalmente la quiebra de la deuda pública, el fin del anclaje del peso al dólar y la devaluación.

Las grandes empresas europeas, en especial las españolas, se encontraron en la intemperie e intentaron aumentar su presión sobre el gobierno argentino para asegurarse una "pesificación asimétrica" lo más favorable posible y que hiciese recaer sobre los consumidores de los servicios públicos privatizados y los detentadores de las cuentas y cartillas de ahorro el peso de la devaluación, con el argumento de su propio endeudamiento exterior en dólares. Repsol, BSCH y BBVA recurrieron a los buenos oficios de Aznar y el Gobierno del PP, que descubrió la impotencia de la UE como garante último de las inversiones españolas, papel que encontró parcialmente, según sus propios intereses ligados al Citigroup, en la Secretaria del Tesoro de EEUU y su influencia a través del FMI y el Banco Mundial.

El resultado fueron los llamados "bonos de compensación" por 14.600 millones de pesos a la banca extranjera, de los que 13.800 millones de pesos lo fueron en dólares (9.800 millones). Repsol, por su parte, vio la "pesificación" de sus ingresos por exportaciones reducidas a un 30% de su valor nominal y nuevas concesiones de exploración y explotación (De la Torre, Levy y Schmukler 2003).

6. La UE, MERCOSUR y ALCA

La competencia entre los intereses europeos y estadounidenses en América Latina han tendido a concentrarse en los últimos años en la propuesta de modelos distintos de integración regional, en especial en la alternativa MERCOSUR o ALCA. Se han realizado numerosos estudios para defender argumentos a favor o en contra de una de estas opciones, con lo que implican en cuanto a modelos reguladores, fiscales, comerciales e incluso sociales para América Latina.

Como se ha señalado, una parte muy importante de la cooperación técnica de la UE con América Latina, y en especial con MERCOSUR, que como grupo es la cuarta economía del mundo, esta destinada a defender un proceso e integración regional para la creación de un mercado común único entre Argentina, Brasil y Uruguay ligado por un tratado de libre comercio con la UE. Su importancia política la resume la UE en que "constituiría un nuevo modelo de relaciones Norte-Sur". Según la Comisión Europea, el impacto de una zona de libre comercio UE-MERCOSUR supondría, incluso con el mantenimiento de barreras proteccionistas en el sector agrícola compatibles con la actual PAC, unos 4.800 millones de dólares adicionales para la UE en su balanza comercial y de 3.500 millones para los países de MERCOSUR (Comisión Staff 2002).

El obstáculo fundamental a este proceso hasta la crisis argentina ha sido la creciente dolarización y apertura de la economía argentina frente al proteccionismo relativo y la defensa de la moneda nacional en Brasil. Pero tras la flotación de los tipos de cambio en Uruguay (junio del 2001) y Argentina (enero del 2002), junto a la elección del Presidente Lula en Brasil, ha habido nuevas manifestaciones de interés por avanzar progresivamente hacia una unión monetaria en MERCOSUR.

Temprano Arroyo (2002), al aplicar los criterios tradicionales de una zona optima monetaria a los países de MERCOSUR, a la luz de la experiencia del euro, muestra un nivel de apertura comercial regional bajo, del 14,4% frente al 35,5% de la zona euro y el 25,3% del TLC norteamericano. La interdependencia comercial sobre el comercio total es del 36% para MERCOSUR, 55% en la UE y 65% en el TLC. El aumento del comercio interno regional en los 90 se ha debido, además, sobre todo al efecto global de liberalización más que a una estrategia regional. La correlación en los ciclos económicos también es muy baja, según todos los estudios realizados y, por lo tanto, mayor las posibles consecuencias de choques asimétricos, agravados por la extrema dependencia de la financiación exterior y la carencia de cualquier sistema de redistribución fiscal regional, para no hablar de la convergencia macroeconómica.

Como hemos visto en el caso argentino, la política de dolarización de las economías en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú y Uruguay, intentaba resolver mediante la garantía y la presión exterior del anclaje en el dólar los problemas de financiación de la deuda y estabilización económica a costa de fuerte ajuste fiscal, caída de los salarios y privatizaciones. A pesar de que las autoridades de EEUU no han querido responsabilizarse como últimos garantes de la dolarización de estas economías, el modelo de integración del ALCA implica en buena medida tanto la dolarización como las políticas económicas a ella ligadas, con una asimetría frente a EEUU muy superior que la que pueda existir actualmente entre los países de MERCOSUR (SELA 2001). Las barreras arancelarias y no arancelarias, en especial los subsidios para las exportaciones agrícolas de EEUU y el bajo componente tecnológico de las exportaciones de MERCOSUR a los países del TLC son otros argumentos sobre los efectos negativos que tendrían la disolución de MERCOSUR y la firma del ALCA.

Para el capital europeo, el atractivo de la dolarización ha disminuido también de manera significativa tras las lecciones de la crisis argentina y la devaluación del dólar frente al euro. Más allá del problema más global de lo que representa en términos de la competencia inter-imperialista la devaluación del dólar, para grupos como el BSCH y el BBVA ha supuesto una reducción de sus beneficios globales por el peso de sus inversiones en América Latina del 8,6% y el 12.5%, respectivamente (El País 29-4-03 y 1-5-03). En estas circunstancias, la tentación de un apoyo más decidido a un proceso de integración monetaria de MERCOSUR por parte de la UE puede crecer en el futuro.

La política económica de Lula y posiblemente de Kichner, es buscar un reforzamiento de los lazos regionales de MERCOSUR como una alternativa al ALCA. Una estrategia que le permita a la vez una alianza con las empresas europeas mayoritarias en la zona, el capital nacional -que vería aumentar tanto la demanda interna como cuotas de mercado exterior en la UE tras la firma del Acuerdo de Asociación- y los sindicatos a través del pacto social. Para que ello sea concebible, esta política implica el mantenimiento de unos tipos de cambio creíbles, el control de la inflación y una reforma radical del sistema fiscal para hacer frente a la vez al financiamiento de la deuda y unos programas asistenciales mínimos. MERCOSUR se convertiría así en el paradigma de una gestión social-demócrata que respetase los derechos de propiedad y la recomposición del capital europeo y local tras la crisis iniciada en 1998, a pesar de las enormes tensiones redistributivas que implicaría.

Tanto el capital europeo, y en especial el español, como la Unión Europea se mantienen por el momento a la expectativa, a la espera de garantías políticas y de una capacidad de gestión demostrada de los nuevos gobiernos brasileño y argentino. Por el contrario, el gobierno de EEUU parece haber hecho una opción radical por impulsar la negociación del ALCA, mientras que a través de su control del FMI y el Banco Mundial presiona de manera directa sobre la política de los nuevos gobiernos y, a través del Plan Colombia muestra una capacidad militar desplegada en la zona como garante de última instancia.

Frente a estas contradicciones de intereses, y el fantasma de una tercera salida menos respetuosa con los derechos de propiedad pero más con la satisfacción urgente de las necesidades de la población, Aznar y el gobierno español han optado por una visión de subordinación de la construcción europea a la hegemonía de los EEUU y al vínculo trasatlántico como el mejor de los mundos posibles donde se concilie tanto la defensa de sus fuertes intereses latino-americanos (que suponen el 30% del valor de la Bolsa de Madrid) como integración en el mercado único europeo, lo que esta teniendo repercusiones y aumentando las contradicciones de la política hacia América Latina de la UE (Buster 2001 y 2003).

Mayo del 2003