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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 205 - 4D - Mamporreros de España - IU: Fiasco crí tico
Fecha:Jueves, 4 de Diciembre, 2003  00:32:21 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>

Por la Soberanía Nacional; por la República de Andalucía: NO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
nº 205
 
En este Correo:
 
Andalucía
*Actos del 4 de Diciembre - Día Nacional de Andalucía - [Enlaces para su Historia]
*Parlamento andaluz rechaza por mayoría el Plan Ibarretxe
*Parlamento andaluz: mamporrero de España, Andalucía Libre
*Andalucía aprueba tres decretos para complementar pensiones asistenciales
*Parlamento español impide a las Comunidades que complementen las pensiones
*Cruce de recursos ante el Tribunal Constitucional por el control de la investigación biotecnológica - Enlaces
*Ejemplos de Dependencia, Andalucía Libre
*Sucursal andaluza de IU: Fiasco Crítico, Andalucía Libre
Euskadi - España
*Aznar revisa el Código Penal para poder encarcelar a los presidentes del Gobierno y Parlamento vascos
*Breverias
Iraq
*La Resistencia iraquí abate siete espías españoles, Andalucía Libre
*La ocupación es ilegal, resistir no es terrorismo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
*Venezuela, Oposición escualida fracasa en intento de revocar a Chavez - Enlaces
*SUGERENCIAS: Un Rey Golpe a Golpe - Patriotas Andaluces - Foro Andaluz  
*Solidaridad con Palestina,
*Directorio de Andalucía en Internet,
*Música de fondo - Ayuda
--oOo-- 
 
 Andalucía
Actos del 4 de Diciembre - Día Nacional de Andalucía
Andalucía Libre
 
Málaga - Sábado 6 de Diciembre, 12 horas, Esquina Puente Tetuán-Alameda de Colón (donde fue asesinado García Caparros) CONCENTRACIÓN, Convocan: Jaleo, SOC, Alternativa Mijeña; Asamblea de Andalucía. Intervienen: José Herrera, Juan Manuel Sánchez Gordillo; Alonso Alarcón, Julio Conejo, Tomás Gutierrez. Mijas: Concierto Mitin Fiesta, en la Plaza Virgen de la Peña, a las 18 horas (Flamenco, Rock etc).
 
Otros actos: En la Fundación CentrA de Málaga se expondrá, entre los días 1 al 11 de diciembre la muestra "Málaga por Andalucía". La inauguración tendrá lugar el día 1 de diciembre a las 20.00h. Además se impartirán dos conferencias: Día 1 de diciembre a las 20.00h. Manuel Hijano del Río "Málaga por Andalucía. El papel de Málaga en el proceso autonómico andaluz". Día 2 de diciembre a las 20.00h. José García Pérez "Del 4 de diciembre de 1977 al 6 de diciembre de 1978". CENTRA Málaga C/. Larios 3, 1º izda.
 
Sevilla - LA ANDALUCÍA QUE QUEREMOS. Jornada conmemorativa del Día 4 de Diciembre. Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide. 4 de diciembre 12 horas. Mesa Redonda. Intervienen: Pilar Távora (cineasta); Fernando Madina (cantante de Reincidentes); Manuel Matés (arquitecto). Huan Porrah (antropólogo). A las 18 horas: Andalucía en la copla: Pepe Suero, Taller de Flamenco, Chirigota gaditana. Exposición “Homenaje a Carlos Cano”, Edificio Celestino Mutis, Del 1 al 6 de diciembre
 
Jaén. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES: "Andalucía y el 4 de Diciembre de 1977". Andalucía en la calle: Imágenes del 4 de diciembre de 1977. Conferencias: 4-D. Día Nacional de Andalucía, A cargo de Francisco José Aguilera, Jueves día 4  de diciembre a las 20,00 horas.  C/ Ramón y Cajal, 1 (Antigua Casa Almansa) Jaén.
Sobre la historia del 4 de Diciembre y del proceso autonómico andaluz:
*A. 25 Aniversario del 4 de Diciembre [Cómo fue realmente el 4-D],  Andalucía Libre nº 147- 
*B. Ya pasó el 28 de Febrero [Cómo y porqué se llegó al referéndum de iniciativa autonómica], Andalucía Libre nº 165 
*C. Memoria de Andalucía [El Pacto de Antequera, Los pasteleos de la elaboración estatutaria],Andalucía Libre nº 120.
*D. La Propuesta Nacionalista, Andalucía Libre nº 94
 
 Andalucía
El Parlamento andaluz rechaza por mayoría el Plan Ibarretxe
SEVILLA. - De la Prensa
 
 
El Parlamento de Andalucía manifestó su compromiso en defensa de la Constitución española y su rechazo al Plan Ibarretxe, cuestión esta última que no contó con el voto favorable de IU, que se abstuvo, mientras que el PSA se ausentó del salón de plenos durante la votación. Este pronunciamiento político se obtuvo mediante la aprobación de sendas iniciativas presentadas por PSOE y PP, apoyadas por el PA. La iniciativa del PP no contó con el apoyo del grupo parlamentario de IU mientras que la presentada por el PSOE recibió el voto positivo de IU en sus tres primeros puntos pero no en el cuarto, en el que se hacía referencia explícita al rechazo a la iniciativa del lehendakari vasco.

El portavoz del PSOE, Manuel Gracia, justificó la inclusión en la iniciativa de su grupo del rechazo al plan Ibarretxe con el argumento de que «tenemos derecho a preguntar qué pasa con algo que está poniendo en peligro la Constitución». Gracia consideró que, dado que el Parlamento andaluz es fruto del autogobierno que consagra la Constitución y que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, la Cámara andaluza está legitimada para debatir sobre el Plan Ibarretxe. No obstante, lamentó que el PP haya «perdido una oportunidad» al hacer en este debate una «utilización más de la Constitución con fines partidarios y sectarios», ya que «no se puede utilizar como línea divisoria entre quienes son los buenos y quienes los malos, ni se puede crear una alarma sobre la ruptura de la unidad de España, que está más que garantizada». En este sentido, remarcó que el PSOE no está dispuesto a «mover ni una coma de la Constitución sobre la articulación territorial del Estado». El portavoz del PSOE subrayo que su partido ha propuesto la reforma del Senado "pero nada más, y que quede claro". Se dirigió además a IU, que sí apoyo los puntos relativos al compromiso con la Constitución, para advertirle que «no se pueden mantener posiciones equivocas en este tema, no se puede estar a favor o en contra del plan según donde se esté». Gracia, también encontró una fórmula para desmontar la arremetida del PP y de Antonio Romero por la incoherencia en la que incurre el PSOE al demonizar un proyecto que tiene el respaldo de ERC, con quien negocian un futuro gobierno los socialistas catalanes. «¿Renuncia el PP a su acuerdo con Pacheco en Jerez porque él no rechace hoy aquí el Plan Ibarretxe?», preguntó Gracia.

El portavoz del PP, Antonio Sanz, justificó la conveniencia de que el Parlamento andaluz se pronuncie con el argumento de que la Constitución «se ve amenazada por unos cuantos dirigentes nacionalistas que pretenden decidir unilateralmente el futuro de los ciudadanos del País Vasco». Lamentó que «lo que debería haber sido una declaración unánime de este Parlamento» haya tenido que convertirse en la defensa de dos iniciativas por «la decisión unilateral de IU de no apoyarla», aunque consideró que «más que no hayan querido hacerlo, no han podido, porque IU es cómplice en el País Vasco de las ideas y los procedimientos contenidos en el plan». Después de criticar a IU, Sanz se dirigió al presidente de la Junta, Manuel Chaves, para preguntarse «cómo es posible que usted se permita el lujo de pedir a IU que aclare sus contradicciones teniendo el patio como lo tiene en el seno de su partido». En este sentido, calificó de «incomprensible» que el PSOE promueva iniciativas en los ayuntamientos a favor de la Constitución y en contra del Plan Ibarretexe y que «hayan sido incapaces de aprobar una declaración en el mismo sentido en la FEMP».

El portavoz de IU, Antonio Romero, justificó su rechazo a la declaración institucional promovida inicialmente ante la negativa a que se incluyeran otras propuestas de su grupo, como las relativas a la reforma de la Constitución o del Estatuto de Autonomía, pero «se nos dijo que el PP no estaba dispuesto a quitar ni una coma de la Constitución o el Estatuto», remarcó. Subrayó que «estamos contra la apropiación partidaria por el PP de la Constitución en su exclusivo beneficio político», al tiempo que rechazó la «interpretación rígida de la Constitución y la oposición a toda reforma». «No aceptamos que los herederos de los carceleros den lecciones de democracia a los que sufrimos el presidio por defenderla», sentenció Romero. IU presentó una docena de enmiendas a las proposiciones no de ley defendidas por el PSOE y el PP; enmiendas que fueron consideradas como una «salida por la tangente» por parte de los grupos proponentes, que recriminaron a IU que su negativa impidiera la elaboración de una declaración institucional de la Cámara en favor de la Constitución y contra el Plan Ibarretxe.  No obstante, aunque evitó votar expresamente condenando el plan Ibarretxe, manifestó verbalmente por enésima vez su rechazo a la propuesta del lehendakari vasco. Diego Valderas, por su parte, coordinador de la sucursal andaluza de IU, habia declarado a la prensa que IU lo que pide es un Estado español «federal, solidario y cooperativo», para lo que, explicó, es necesario profundizar «de forma pausada y consensuada en la reforma de la Constitución». Añadió que esta reforma debe hacerse desde el «marco de la unidad de los pueblos de España», por lo que, dijo, «rechazamos con firmeza el Plan Ibarretxe». «El Gobierno de Aznar se aprovecha de esta propuesta soberanista con tintes independentistas para producir un estancamiento en el desarrollo del mapa autonómico y de la Constitución», aseveró Valderas, quien dijo que la reforma de la Carta Magna es posible si se hace de forma «consensuada y constructiva».

José Calvo, portavoz del PA, que apoyó el rechazo del Plan Ibarretxe, dijo que «no es el momento de declaraciones rimbombantes para ver quién llega más lejos en la defensa de los valores, sino que es un momento para recuperar el espíritu del consenso que alumbró la Constitución y el Estatuto», tras lo que recalcó que un texto legislativo «por muy importante que sea, por mucha cobertura jurídica que pueda darle a un Estado no es algo intocable». El andalucista Calvo Poyato emplazó al Pleno a no tener miedo y no cerrar la puerta a las modificaciones que vengan, si son por consenso.

El portavoz del PSA, Pedro Pacheco, tras confirmar su apoyo a la Constitución y el Estatuto andaluz, centró su discurso en la no procedencia de una sesión para posicionarse sobre un asunto ajeno a Andalucía. Dijo que la lealtad constitucional «no debería requerir pronunciamientos específicos llenos de solemnidad pero también de hipocresía». «Es un espectáculo que este país se mire al espejo todos los días para preguntarse qué tipo de Estado es». Luego de pronunciado su discurso, los dos diputados del PSA se ausentaron del Pleno para evitar tener que votar.
 
El Remate
Parlamento andaluz: mamporrero de España
Andalucía Libre
La presentación y aprobación de las iniciativas del PSOE-PP -con la complicidad y apoyo del PA- en defensa de la Constitución española y contra el Plan Ibarretxe han situado al Parlamento andaluz a la misma altura vergonzosa que las asambleas de Cantabria o Extremadura, las Diputaciones provinciales de Huesca o Ávila o los ayuntamientos de Zaragoza, Albacete o la colonia española de Melilla. No hay forma más grafica y dolorosa de evidenciar el lugar indigno y el nulo valor autónomo del Parlamento andaluz y por extensión de Andalucía en el contexto español. Andalucía, a traves de su institución representativa, se mostró nuevamente reducida a ser una pieza más al servicio de una campaña de exaltación españolista y constitucional (que tanto recuerda a añejas campañas de pronunciamientos similares en 1918 o 1932).
 
Ni un sólo grupo parlamentario; ni un sólo diputado o diputada de los 109, tuvieron la mínima dignidad o valentía para votar en contra de las propuestas de rechazo y condena del Plan Ibarretxe. El PSA de Pacheco huyó. El PCE-IU -comprometido por la presencia de EB-IU en el Gobierno vasco- simplemente expresó su lealtad constitucional y su rechazo a cualquier afirmación de Soberanía Nacional andaluza mediante la abstención. Los diputados de IU en el Parlamento andaluz no llegaron a la altura de la concejala de IU del Ayuntamiento de Torrelavega (Santander) que votó en contra de una moción similar.
 
Lo dijo alto y claro el portavoz del PSOE: "dado que el Parlamento andaluz es fruto del autogobierno que consagra la Constitución y que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, la Cámara andaluza está legitimada para debatir sobre el Plan Ibarretxe". Al no votar en contra, todos admitieron el carácter otorgado y limitado del autogobierno andaluz; todos validaron la estafa estatutaria y la Transición; todos eludieron afirmar la Soberanía Nacional de Andalucía y su derecho a la autodeterminación; todos coincidieron en situar sus mezquinas disputas dentro del sometimiento y la subordinación a España.
 
Podía haber sido una ocasión para que se expresara una voz andaluza que representara los intereses nacionales de Andalucía, pero no hubo ninguna que asumiera el compromiso. Era el momento de votar contra las propuestas de PP-PSOE (y PA) y de expresar con nitidez la solidaridad democrática de Andalucía con el derecho de todas las naciones a definir soberanamente su destino. Era la ocasión también de expresar las propias reivindicaciones nacionales de Andalucía. Desde esa previa oposición a la maniobra españolista hubiera sido correcto y legitimo acompañar al resumen de un proyecto nacional propio con la critica a los proyectos de inserción privilegiada en España a costa de Andalucía en los que pueden concluir los discursos y propuestas presuntamente soberanistas tanto del PNV como de ERC. Nadie tuvo el valor cívico, el patriotismo y la coherencia política para hacerlo. Todos admitieron el marco trucado y tramposo de la Constitución española. Todos, en resumen, ejercieron de mamporreros de España en un nueva manifestación de vileza y oportunismo. Ya se sabe como paga España estos favores...
 
Para que no hubiera dudas, pocos días después, el Parlamento andaluz homenajeaba institucionalmente a los ponentes redactores de la Constitución española, con medalla de oro incluida.
 
El Parlamento andaluz volvió a ser la imagen representativa de la Andalucía Española que contamina a todo el pueblo andaluz con su vergüenza y su impotencia. Ante ese cuadro deprimente de sometimiento servil, cómo extrañarse luego del desprecio que levantamos los andaluces, de los insultos que recibimos desde el Estado español o de nuestro persistente subdesarrollo...
 Andalucía
Andalucía aprueba tres decretos para complementar pensiones asistenciales

La Junta de Andalucía desafía al Gobierno central. El Consejo de Gobierno ha aprobado el viernes ayudas sociales de carácter extraordinario para los beneficiarios de las pensiones asistenciales, no contributivas y de viudedad, con el fin de proporcionar un aumento real de sus recursos económicos. La cuantía total de estas ayudas adicionales alcanza los 42,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 150% respecto a la inversión destinada por la Junta en 2002 a mejorar las pensiones más bajas. La medida beneficiará a más de 285.000 familias andaluzas.
 
El Ejecutivo de Manuel Chaves toma esta medida después de que el jueves el Congreso aprobara una ley para que las pensiones sean iguales en todas las Comunidades. En cualquier caso, los decretos andaluces se adelantan a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley aprobada el jueves en el Congreso. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, dijo que estas ayudas no se ven afectadas por la ley aprobada en el Congreso ya que se trata de "ayudas sociales contempladas en el Estatuto de Autonomía" y aseguró que el Gobierno español "será el hazmerreír del Tribunal Constitucional" si vuelve a recurrir la decisión de la Junta. La Generalitat de Cataluña también ha anunciado que seguirá pagando complementos a las pensiones no contributivas y de viudedad y que recurrirá la medida, que califican de “ataque al autogobierno de las autonomías”.
 
La primera de las ayudas aprobadas se dirige a los 29.400 perceptores en Andalucía de las pensiones asistenciales o del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos. Su cuantía media individual será de 585 euros, lo que supone una revalorización del 28% respecto a la cuantía fijada por el Gobierno central para 2004. El importe total, que se fraccionará en cuatro pagas trimestrales, supera los 17,19 millones de euros. En cuanto a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que perciben 111.000 ciudadanos en la comunidad autónoma, la ayuda aprobada por la Junta se traduce en una cuantía media individual de 75,26 euros. Esta cantidad, que se abonará mediante pago único en los primeros días de diciembre, alcanza una cifra global de 8,35 millones de euros.  Finalmente, el Gobierno andaluz ha aprobado una ayuda social adicional de 112 euros para las más de 145.000 personas con pensiones de viudedad que perciben la cuantía mínima. La aportación de la Junta, que supera los 16,24 millones de euros, se abonará también mediante pago único.
 
Desde 1990, la Junta de Andalucía viene aprobando ayudas extraordinarias para las pensiones asistenciales que perciben las personas mayores, enfermas y discapacitadas que carecen de posibilidades laborales. En el caso de las pensiones no contributivas, el Gobierno andaluz ya aprobó ayudas de este tipo en 1998 y 2002, mientras que las de viudedad se abonarán por primera vez el próximo año. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, ha recordado que, de acuerdo con la vigente normativa autonómica en materia de servicios sociales, respaldada por la doctrina del Tribunal Constitucional, el Gobierno andaluz puede establecer prestaciones económicas para que las personas con escasos recursos puedan atender sus necesidades básicas. Pérez Saldaña ha defendido esta postura al explicar que la ley de Servicios Sociales permite dar complementos económicos a los sectores más desfavorecidos, que el Gobierno central calificó en su día de colectivos "de riesgo" a los perceptores de pensiones mínimas, y que la Junta ha garantizado en sus proyectos de acción social los ingresos económicos de estos colectivos. "El marco asistencial es competencia de la comunidad autónoma", ha asegurado el consejero, "Y ni siquiera una ley básica del Estado puede cambiar eso". Pérez Saldaña ha afirmado que el respaldo legal de esta iniciativa está "sentenciado y fallado" y ha subrayado que "Andalucía no rompe ningún acuerdo ni usa la caja nacional de la Seguridad Social". "No estamos dispuestos a que casi 300.000 familias se sientan inquietas", ha señalado, en alusión a la ley aprobada en el Congreso de los Diputados que restringe la potestad autonómica de complementar las pensiones. "Si alguien tiene que mover ficha, que sea el Gobierno de la nación", ha añadido. 

Parlamento español impide a las Comunidades que complementen las pensiones, como ya hizo Andalucía
27/11/2003

El Pleno del Congreso aprobó definitivamente el proyecto de Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, que establece que las pensiones deben ser iguales en todas las comunidades autónomas, e impide a las autonomías complementar las pensiones no contributivas, como ya hizo Andalucía. La Ley de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social, que viene a fijar que las pensiones han de ser iguales en todas las Comunidades Autónomas “choca de frente con las competencias reconocidas por el Estatuto de Autonomía andaluz”, según fuentes del Gobierno andaluz.
 
El Gobierno andaluz, según indico José Caballo, "va a seguir adelante" con el complemento de las pensiones asistenciales, las no contributivas y las de viudedad, pese a la aprobación de la Ley. El proyecto de Ley, aprobado con los votos de PP y CC, defiende un sistema de la Seguridad Social basado en los criterios de "universalidad", "unidad" e "igualdad". Con la ratificación por el Pleno de la Cámara Baja de las enmiendas introducidas en el texto en el Senado, la Ley de Seguridad Social entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
 
Los grupos nacionalistas y el PSOE criticaron duramente el proyecto de Ley, pues su principio de "unidad" impide a las comunidades complementar las pensiones no contributivas, lo que, en su opinión, "vulnera" el reparto competencial, pues las comunidades tienen asumida las competencias de asistencia social. De este modo consideran que en esta materia se enmarca cuestiones de prestaciones sociales. Durante su tramitación en el Congreso antes de que el texto se remitiese al Senado, el portavoz del PSOE ya advirtió de que si este texto se aprobaba los socialistas se plantearían recurrir al Tribunal Constitucional.
 
En diciembre de 2002, hace ahora casi un año, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un incremento del 2% de las pensiones no contributivas en 2003, mediante una ayuda complementaria de 73,78 euros (12.265 pesetas) que se abonaría en un sólo pago a las 109.000 personas que las cobran en Andalucía.
 
El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Caballos, dijo a los periodistas que "pese a la aprobación en el Congreso de esta ley, la Junta va a seguir adelante con nuestra iniciativa, con nuestra decisión y con nuestra política porque estamos amparados por una sentencia del Tribunal Constitucional". "Definidos unos colectivos con pensiones tan bajas como estas y oponerse a que la Junta de Andalucía mejore estas pensiones con un complemento es sencillamente una actuación derechista y que demuestra la falta de sensibilidad social del Partido Popular", indicó el portavoz del PSOE.
 
Por su parte, el Secretario General del Partido Andalucista y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ortega, ha afirmado en una nota remitida a Andalucía24Horas que la Ley “choca de frente con las competencias reconocidas por el Estatuto de Autonomía andaluz”. Para Ortega asistimos a una etapa en la que “el Gobierno del Partido Popular muestra una obsesión enfermiza por controlarlo todo, no importándole invadir y restar competencias cuya conquista ha llevado un arduo camino y es fruto del consenso”. El Secretario General andalucista recordó que “en Andalucía estamos capacitados y legitimados por nuestro Estatuto de Autonomía para asumir mayor número de competencias de las que transfiere el Gobierno de Madrid y no vamos a consentir que las competencias que son de los andaluces sean invadidas por el Gobierno de España”. 
 
 Andalucía
Cruce de recursos ante el Tribunal Constitucional por el control de la investigación biotecnológica
30/11/2003

La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, afirmó el domingo que "los servicios jurídicos del Estado han visto que la ley andaluza" sobre reproducción humana asistida "puede vulnerar competencias del Estado".
Pastor se refería así a la polémica entre su Departamento y la Junta, que han promovido dos normativas diferentes sobre la manipulación de embriones humanos para la reproducción. Ana Pastor explicó que las recientes modificaciones en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que promueve el Estado, pretenden "evitar los partos múltiples y sus problemas para madres y niños". Según la ministra, se trata de una ley "equilibrada, con principios éticos que todos debemos preservar". El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley aprobada por la Junta de Andalucía por la que se regula la investigación con embriones. El Gobierno recurrirá al Constitucional al entender que esta comunidad autónoma se ha excedido en sus competencias.  El Ejecutivo andaluz ha afirmado que las críticas del Gobierno español a esta ley se deben a causas políticas.
 
En respuesta, el consejero de salud, Francisco Vallejo, aseguró que "la investigación con células madres embrionarias es imparable aunque el gobierno intente boicotearla", ya que según el artículo 13 del Estatuto de Autonomía "tenemos competencias exclusivas para llevar a cabo esta investigación".
 
PSOE, IU, PA y PSA solicitarán por su parte, la convocatoria de un pleno extraordinario del Parlamento andaluz el próximo 10 de diciembre para debatir y, en su caso, aprobar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley sobre Reproducción Asistida del Gobierno español que regula la investigación con células madre por considerar que la norma "invade competencias" de la comunidad reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
 
Según ha avanzado el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, José Caballos, el recurso ante el TC, que promoverá la Cámara autonómica "con independencia" de la decisión que pueda adoptar el propio Gobierno andaluz, responde al intento del Ejecutivo de Aznar de "impedir que se investigue en Andalucía y que Granada acoja el Banco de Células Madre". El recurso ante el TC del Parlamento andaluz, que saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del PP, se produce después de que el Consejo de Ministros acordase el pasado viernes interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Junta que regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro al entender el Gobierno que dicha norma "menoscaba las competencias del Estado" en materia de investigación.

La Junta de Andalucía además ha calificado como un "desprecio" que el Ministerio de Sanidad esté negociando con la Generalitat de Cataluña la posible instalación de un centro para la investigación con células madre en Barcelona, después de que el Gobierno haya decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley andaluza que regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro y de haber rechazado la oferta del Ejecutivo autonómico para que el Gobierno central liderase esta línea de investigación tomando como eje el banco de células de Granada.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, ha valorado de este modo, en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la información que publica hoy el diario 'La Vanguardia', relativa a las negociaciones abiertas por el Ministerio de Sanidad con la Generalitat catalana y el Gobierno valenciano para promover la investigación con células madre en Barcelona. Según Cervera, la actitud del Gobierno central evidencia un claro "desprecio" hacia Andalucía, ya que ha recordado que el consejero de Salud, Francisco Vallejo, propuso en julio a la titular de Sanidad, Ana Pastor, que el Ministerio liderase la línea de investigación con células madre impulsada por el Ejecutivo autonómico, propuesta que primero sólo fue respondida con "silencio" y meses después con un recurso ante el TC contra la Ley aprobada por la Junta. En este sentido, el portavoz ha criticado duramente que el Ejecutivo de Aznar "desoiga primero una oferta de la Junta para llegar luego a acuerdos con otras comunidades autónomas" y se ha preguntado "por qué el Gobierno negocia con Cataluña y Valencia lo que no se puede hacer en Granada". "El Gobierno tiene un problema de prejuicio político con Andalucía", ha denunciado Cervera, que recomienda a los dirigentes del PP que "abandonen la idea de que Andalucía seguirá siendo la comunidad subordinada y sumisa de hace 20 años porque esa Andalucía se ha perdido para siempre". Por último, el portavoz ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central actúe "con responsabilidad y respeto hacia Andalucía" y les ha aconsejado que "reflexionen y rectifiquen" sus últimas decisiones en materias como los complementos a las pensiones mínimas o la fiscalidad ambiental promovida por la Junta.

Más Información:
 
El Remate 
Ejemplos de Dependencia
Andalucía Libre
En los ultimos días se han sucedido y superpuesto dos conflictos políticos entre las instituciones andaluzas y el Gobierno español.
 
El Gobierno español del PP ha tomado medidas para asegurarse el control pleno de las pensiones asistenciales, de manera que sea sólo desde Madrid desde donde pueda fijarse su cuantía, administrando a conveniencia sus recursos. La decisión busca reafirmar desde el punto de vista de los principios el marco político estatal como único determinante -también en este campo- y en el más pedestre y coyuntural, impedirle al Gobierno andaluz del PSOE (y por extensión a otros) que usen electoralmente, como les es habitual, el mecanismo de decretar "complementos" autonómicos, por menudos que sean, para subir puntualmente las miserables pensiones no contributivas cuando se acercan las elecciones. 
 
Simultáneamente, el Gobierno español del PP -luego de someterse por largo tiempo a las presiones integristas vaticanas para impedir el avance científico- ha echado mano de sus recursos para remarcar su aspiración a controlar el desarrollo de la investigación biotecnológica, determinando su desarrollo y ubicación de forma que pueda, también en este campo, decidir y reiterar el reparto de papeles economicos preestablecido dentro del Estado español. La iniciativa boicotea directamente los planes del Gobierno andaluz para el Campus de Ciencias de la Salud de Granada y para mayor escarnio coincide con la filtración de que mientras le niega a Andalucía invertir y avanzar en este campo, negocia su ubicación en Cataluña (centro económico tradicional) y el País Valenciano (donde gobierna el PP).
 
El PSOE -incluso con anuncios pagados en radio- se ha envuelto en la bandera andaluza para denunciar las agresiones del Gobierno del PP. Su esquema es: "el PSOE defiende Andalucía; el PP la desprecia". El asunto es tan flagrante que incluso los dirigentes de la sucursal andaluza del PP, empezando por su líder la castellana Teofila Martinez, no hacen más que balbucear incoherencias para arrostrar el trago.
 
La agresión es obvia. Pero cuando los episodios se desarrollan coincidiendo con la orgía de españoleo y apología constitucional impulsada al unísono por PSOE-PP, conviene ir más allá y al fondo de la cuestión.
 
Resulta que tanto PSOE como PP defienden un marco estatal constitucional que impide a Andalucía la competencia exclusiva y plena sobre la Seguridad Social. El escándalo autentico es que Andalucía no pueda tener un régimen propio de pensiones dignas; que no pueda resistir los sucesivos recortes de derechos y percepciones en las pensiones que han ido imponiendo los gobiernos neoliberales españoles (primero del PSOE y luego del PP) y que no cuente con Hacienda Nacional y recursos para sostenerlo mediante un Concierto Económico que devuelva lo históricamente expoliado a Andalucía por España. Tanto PSOE como PP admiten la mayor -el control español de las pensiones contributivas y la cuantía mísera de las asistenciales- y sólo discuten el patronazgo sobre la marginalidad del asunto. Ahí y en ese contexto, el PP simplemente se apunta a la lectura constitucional más restrictiva que, por una parte, coyunturalmente le conviene y que además coincide con su profundo españolismo antiandaluz.
 
Igualmente, en la pelea sobre la biotecnologia lo que procede preguntarse es ¿con qué derecho puede pretender inmiscuirse el Gobierno español en las iniciativas de desarrollo cientifico que pueda tomar Andalucía?. ¿Con qué derecho puede pretender impedir que Andalucía fomente, promueva y financie lo que considere oportuno fomentar, promover o financiar?. El PSOE ahora protesta por el desprecio... pero lo que pretendía con anterioridad era simplemente negociar con Madrid su anuencia y amparo al proyecto andaluz. Se indignan ahora por la enesima muestra del lugar subordinado y secundario que España tiene adjudicado a Andalucía pero tampoco admiten que el problema central radica en que el Gobierno español simplemente no tendría que tener voz ni competencia alguna en este asunto -segun establece la Constitución española que tanto como uno como otro tanto defienden- y por tanto no debería tener posibilidad alguna ni de frustrar o condicionar iniciativas andaluzas ni de favorecer a otros en nuestro detrimento.
 
El PSOE pone ahora el grito en el cielo pero lleva decadas apoyando el sometimiento andaluz; callando ante los robos reiterados de recursos andaluces destinados a financiar infraestructuras en Madrid y otros lugares y defendiendo el regimen constitucional que impide a Andalucía emanciparse. La diferencia entre PP y PSOE en estos asuntos deriva esencialmente del lugar institucional que ocupan en el momento presente -donde son Gobierno y donde oposición- y de la diferente valoración de sus prioridades electorales; porque ambos comparten el mismo marco constitucional que condena a Andalucía a la dependencia.
 Andalucía
Sucursal andaluza de IU:
Fiasco Crítico
Andalucía Libre
 
La sucursal andaluza de IU ha concluido su fase de asambleas provinciales preparatorias de su próxima Asamblea/Congreso nacional. Los resultados han revalidado la mayoría oficialista, que ha ganado en 7 de las 8 "provincias".
 
En Almería, los oficialistas han obtenido un 90% sin oposición. En Cádiz, un 80%. En Córdoba, los oficialistas han arrebatado la coordinación provincial a los críticos con un 52% frente al 48% critico. En Granada, el sector oficialista suma un 84% pese a comparecer dividido por ambiciones personales en dos listas: la de Pedro Vaquero (70%) y la auspiciada por Baltasar Garzón (14%). Otra lista de oposición en la que, a falta de fuerza propia, se refugiaron los afines a los críticos, obtuvo el 15% restante. En Huelva, los oficialistas dominan con un 95%. En Jaén el sector oficialista gana raspado por un 51% frente al 49% de la lista critica. En Málaga, el sector oficialista mantiene una hegemonía confortable al contar con un 70% frente al 30% que apoya a los criticos. Finalmente, en Sevilla, gracias esencialmente a los votos que le aporta CUT-BAI, los críticos obtienen un 68% frente al 32% oficialista. En el proceso de consulta sobre la candidatura a la presidencia de la Junta, el oficialista Valderas -según datos suministrados por el sector oficialista- superaría en más de 3.000 votos a la candidatura que lideraba la critica Concha Caballero, que perdería en todas las provincias menos en Sevilla, en la que conseguiría algo más de 1.000 votos que Valderas. La participación de la afiliación en el proceso ha sido baja; sirva como ejemplo el caso de la asamblea local de Granada en la que sólo participó -pese a la confrontación- un 15% de la afiliación registrada.
 
Los críticos han denunciado reiteradamente que el proceso ha carecido de garantías democráticas, haciendo hincapié en todo tipo de irregularidades, aunque no se han planteado abandonarlo. El sector oficial ha recriminado a los críticos estas declaraciones, reprobándolas expresamente en los órganos de la coalición. Las normas del proceso han contado con la bendición expresa de la dirección española de IU.
 
A la hora del balance, la disputa se salda con un claro fiasco político cuantitativo y cualitativo para el sector critico. Territorialmente, han perdido en Córdoba y su ascenso en Jaén no compensa ese retroceso tan simbólico en el que ha sido hasta ahora su bastión. Su victoria en Sevilla se debe exclusivamente a los votos que le aportan las localidades que controla CUT-BAI, en las que proyecta sobre los censos de IU su afiliación al SOC. En Málaga se ha confirmado su condición minoritaria y en el resto, su marginalidad o practica inexistencia. La identificación de IU con el sector oficial se ha revalidado así como se ha evidenciado la incapacidad del sector critico para responder a la contundente actuación del aparato oficialista.
 
A las carencias notorias de proyecto político diferenciado mostradas con anterioridad por la corriente critica se le han sumado además el desmarque pragmático por parte de Rosa Aguilar -alcaldesa de Córdoba- que ni siquiera acudió a la asamblea provincial para no verse derrotada y el abandono notorio de Llamazares a su suerte a sus antaño afines en Andalucía, una vez pactada en Madrid una lista común con Frutos y con los que aquí son oficialistas.
 
El remate de esta trayectoria desafortunada lo aportó en persona Concha Caballero, anunciando la retirada de su candidatura -tras tanto bombo previo- sin siquiera consultar previamente a sus compañeros de corriente una vez que los datos le anunciaban una clara derrota. La forma de este desistimiento agudiza más si cabe la mala imagen ya que Caballero desistió en principio sin explicar sus razones y sólo tras las exigencias de los oficialistas, concedió en justificarla aduciendo "la falta de garantías democráticas". Sin embargo, la misma Caballero mantiene su postulación para repetir como diputada en el Parlamento andaluz y en contradicción con su discurso previo de defensa de la renovación y rigor estatutario, se ampara en una interpretación favorable para eludir las consecuencias de haber superado el tope de mandatos sucesivos posibles según los estatutos de IU y asegurar su continuidad como diputada. Caballero ha llamado, además, a "cerrar filas en torno a Valderas", cuando aún resuenan las sonoras criticas y descalificaciones emanadas de su corriente y el relato de las irregularidades achacadas al aparato de IU. Oficialistas como el exjesuita Vaquero no han desaprovechado la ocasión para manifestar públicamente la inconsistencia y contradicciones de la postura de Caballero. La corriente critica ha anunciado, que aún así, presentará lista propia a los órganos de dirección de la sucursal andaluza de IU en la asamblea a celebrar los días 13 y 14 de Diciembre.
 
La nominación de Caballero como diputada -en el caso de que los oficialistas no aprovechen su abultada mayoría y la desmoralización critica para aprobar normas que transfieran el numero 1 por Sevilla a Valderas pese a sus promesas previas- así como la elección de Martín Recio como coordinador provincial de Sevilla se deberán en cualquier caso a la opción de CUT-BAI por apoyarles. Cabe pensar que esta decisión se debe, entre otras razones con mayor enjundia política, a un pacto de compensaciones organizativas y a la convicción de CUT-BAI de que, pese a aportarles el grueso de los apoyos, no sería sensato esperar de su parte proporcionalidad ni reciprocidad, es decir, que fueran los afines a Caballero y Martín Recio los que apoyaran un nº 1 de CUT-BAI y un/una coordinador provincial con esta adscripción y no al contrario como ocurre ahora y viene ocurriendo.
 
Todo el proceso ha remarcado la clara identificación en composición, cultura y comportamiento entre PCE e IU; su compromiso españolista (a modo de ejemplo, en Almería aprobaron una resolución de condena al Plan Ibarretxe con un 90% de apoyo) y la predisposición del PCE-IU para participar en un Gobierno de coalición con el PSOE tras las próximas elecciones si a este ultimo le resulta interesante cambiar de socio, dejando en la cuneta al PA (a lo que pueden apuntar alguna recientes declaraciones de la numero 2 del PSOE andaluz, Mar Moreno, cuando acusaba a los andalucistas de actuar como "bastón del PP a poco que pueden"). Una incorporación de la sucursal de IU al Gobierno PSOE andaluz tendría obvias repercusiones que podrían incluso afectar al estatus de EB-IU. Por otro lado, a titulo de anécdota, hace algunas semanas que Los Verdes aprobaron repetir su acogimiento en las listas del PSOE para continuar a su amparo en el Gobierno.
 
Un balance político de las posiciones confrontadas en:
 
Más información detallada en:
 
 Euskadi
Aznar revisa el Código Penal para poder encarcelar a Ibarretxe y Atutxa
• Convocar un referendo y no disolver el grupo de Batasuna se castigará con hasta 5 años de prisión
• El PP cuela la reforma en el Senado sin pactarla antes con el PSOE, que la califica de "disparate"
ENRIC HERNÀNDEZ - MADRID El Periodico.
 
 
El Gobierno de José María Aznar impulsó ayer su primera reforma legal destinada a abortar el plan Ibarretxe. Sin contar con el PSOE, el PP revisará el Código Penal en el Senado para crear dos nuevos delitos: la convocatoria del referendo con el que el lendakari quiere legitimar su proyecto soberanista; y la negativa del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atuxa, a disolver el grupo de Batasuna, por la que ya está imputado. Ambos nuevos delitos serán castigados con entre tres y cinco años de cárcel. Ni la inminente finalización de la legislatura, el próximo enero, ha disuadido al Ejecutivo. El titular de Justicia, José María Michavila, elevó ayer al Consejo de Ministros un informe que, cuando se convierta en ley, permitirá al Gobierno encarcelar a Juan José Ibarretxe si sigue adelante con su reforma estatutaria.
 
El Código Penal en vigor ya impone hasta tres años de prisión a las autoridades que cometan el delito de "usurpación de funciones", en el que incurriría Ibarretxe de convocar un referendo sin la autorización del Gobierno. Aun así, Aznar ha decidido regular en el perentorio plazo de un mes un tipo penal específico para amenazar a Ibarretxe con un castigo todavía más severo: de tres a cinco años de cárcel y hasta 10 de inhabilitación para ejercer cargo público. Se aplicará esta figura penal a la "autoridad o cargo público" que, atribuyéndose competencias que no le corresponden, convoque o autorice unas elecciones o "consultas populares por vía de referendo". A los cargos públicos o funcionarios que colaboren en la celebración de la consulta popular, "una vez acordada la ilegalidad del proceso", se les podrán imponer hasta tres años de prisión y seis de inhabilitación, y a los interventores que supervisen el referendo, hasta 12 meses de cárcel.

A estos dos nuevos artículos del Código Penal se sumará un tercero orientado a procesar a Atutxa si persiste en su negativa a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna en el Parlamento vasco. Por desoír la orden del Tribunal Supremo de dejar sin grupo a los diputados abertzales, el presidente de la Cámara de Vitoria y otros dos miembros de la Mesa acudirán el próximo miércoles al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Los tres están imputados por un delito de desobediencia, penado con hasta 12 meses de multa y un máximo de dos años de inhabilitación.
Pero antes de que concluya este año, cuando entre en vigor la reforma penal impulsada por el Gobierno, Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU/EB) podrán ser procesados por un nuevo delito castigado con una pena de entre tres y cinco años cárcel. No por azar, la conducta descrita en este nuevo artículo del Código Penal se ajusta como un guante a la que hasta ahora ha protagonizado el presidente del Parlamento vasco.
 
Se tipifica como delito la actitud de la "autoridad o funcionario que allegara fondos o bienes de naturaleza pública" a un partido ilegalizado o a las entidades, y "en particular grupos parlamentarios", que "continúen o sucedan" su actividad política. Si Atutxa no disuelve Sozialista Abertzaleak, podrá ser condenado a la pena más alta de las fijadas --cinco años de prisión-- por incumplir la sentencia del Supremo que le ordenaba hacerlo.

En circunstancias normales, tan relevante proyecto penal exigiría al menos un año de tramitación parlamentaria. Un calendario demasiado dilatado para el PP, que, en vísperas de las elecciones generales, quiere exhibir la máxima firmeza contra el plan Ibarretxe. El debate, por tanto, se sustanciará en menos de un mes.
En vez de dejar la iniciativa en manos del Gobierno que surja de las urnas, Michavila ordenó ayer al PP que la cuele en el Senado a través de un proyecto en fase de conclusión: la ley orgánica de arbitraje. Norma que no guarda relación alguna con la reforma penal, pero cuyo carácter orgánico permite, al menos formalmente, acometer cambios en otras leyes de su mismo rango, como el Código Penal. El ministro también anunció que la reforma se aplicará en cuanto se apruebe, aunque los nuevos tipos penales suelen tardar seis meses en entrar en vigor. Una vez más, el Gobierno rompió ayer su compromiso, recogido en el pacto antiterrorista, de acordar con el PSOE toda reforma legal que afecte a ETA y a su entorno. Precisó Michavila que ayer mismo había "informado" a los socialistas, lo que negó el dirigente del PSOE Juan Fernando López Aguilar
 
RÉPLICA DEL GOBIERNO VASCO
Ibarretxe avisa de que hará un referendo pese a la amenaza
• El lendakari acusa al PP de negar a los vascos el derecho a decidir su futuro
• Ofrece diálogo a los socialistas y les recuerda que el PSC negocia con ERC
AITOR UBARRETXENA - SAN SEBASTIÁN
 
 
El lendakari Juan José Ibarretxe mostró ayer su "firme" compromiso de realizar una consulta a la sociedad vasca en caso de que el Parlamento autonómico "crea oportuno plantear un nuevo Estatuto", pese a la amenaza legal que pende sobre él. Durante el debate celebrado en la Cámara de Vitoria, Ibarretxe quiso "dejar bien claro, con serenidad y con fuerza" que se convocará un referendo en Euskadi si cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria. El diputado del PNV Emilio Olabarria, por otra parte, acusó al Gobierno de Aznar de utilizar el Código Penal para "criminalizar ideas y proyectos políticos legítimos al estilo de los estados totalitarios y fascistas". Añadió que para el PP "vale todo y prescinde definitivamente de la legalidad y los principios democráticos más elementales".

El lendakari aprovechó el turno de réplica en el debate sobre las mociones de censura presentadas por el PP y el PSOE contra la consejera vasca de Educación, Anjeles Iztueta, para pronunciarse acerca de la reforma del Código Penal aprobada ayer. El lendakari se pronunció mientras se dirigía al parlamentario del PP Iñaki Oyarzabal, a quien transmitió su extrañeza porque el PP se preocupe de los derechos educativos vascos cuando ese mismo partido está diciendo "que los vascos y vascas no tienen derecho a decidir su futuro, ni siquiera a ser preguntados". Ibarretxe recordó a populares y socialistas que son tres las instituciones legitimadas para realizar propuestas para modificar el Estatuto actual: el Gobierno vasco y el lendakari, el Parlamento vasco con un quinto de sus miembros y las Cortes españolas. "Yo no niego legitimidad a ninguno de los otros dos actores, así que por favor no nieguen ustedes tampoco legitimidad a mi Ejecutivo para poner sobre la mesa de este Parlamento ese debate", sentenció. Ibarretxe tendió la mano "abiertamente" al PSOE "para realizar de manera ordenada y serena un debate" sobre autogobierno, "como ustedes están haciendo en estos momentos en Catalunya con CIU o ERC, partido con el que quieren gobernar". Extendió la invitación al PP, aunque tachó de "impresentable" que desde su nombramiento como lendakari no hayan querido hablar con él. Durante el pleno, el tripartito enmarcó "en una campaña de acoso y desprestigio" las mociones contra la consejera de Educación, por la circular en la que se calificaba como inmigrantes a los estudiantes procedentes de otras comunidades.
 
Zapatero rechaza la reforma que amenaza a Ibarretxe con la cárcel
• Argumenta que el plan del lendakari no se neutraliza con "esperpentos legales"
• Maragall acusa al PP de desestabilizar el país por interés electoral
MARGARITA SÁENZ-DIEZ / MADRID - MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / S'AGARÓ
 
El PSOE rechaza de plano la revisión del Código Penal impulsada por el Gobierno del PP para encarcelar a Juan José Ibarretxe si éste convoca un referendo sobre su plan soberanista y al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, si persiste en su negativa a disolver el grupo de Batasuna. El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que su grupo votará en contra en el Senado. "La irresponsabilidad del lendakari no se neutraliza con más irresponsabilidad, ni con esperpentos legales", declaró. Zapatero, que reiteró su oposición al plan Ibarretxe, acusó al Gobierno de actuar con precipitación y deslealtad, y de no respetar los precedentes legislativos. A su juicio, la reforma "abre interrogantes muy serios sobre la intención que abriga". El PSOE ve con "gran inquietud" los sucesivos planes que pueda tener el Gobierno respecto a Euskadi. La propuesta de reformar el Código Penal, que se colará en el Senado a través de la ley orgánica de arbitraje, ha ignorado el pacto antiterrorista que vincula al PP y al PSOE. El Gobierno guardó en secreto su iniciativa hasta el momento de su anuncio. Su tramitación en la Cámara Alta impedirá la presentación de enmiendas. "No caben transacciones, ni por tanto cabe negociación alguna", protestó Zapatero ayer. En opinión de los juristas consultados por el PSOE, el nuevo tipo penal relativo a la convocatoria de un referendo no era necesario, puesto que convocarlo a espaldas del Gobierno ya es delito ahora.
 
Como Zapatero, Pasqual Maragall, candidato del PSOE a la presidencia de la Generalitat, se mostró particularmente crítico con los planes de José María Aznar de reformar el Código Penal. En el transcurso de la Novena Trobada d'Economia de S'Agaró, dijo que la actitud del Gobierno "amenaza con desestabilizar la política española". Maragall fue muy crítico con la utilización de la vía penal para afrontar un conflicto que, en su opinión, debería resolverse con un procedimiento administrativo, lo que evitaría "caer en la crispación a la que el PP está llevando a este país". El líder del PSOE catalán insistió en que la tensión creada no tiene precedentes desde 1981 y que en ella el PP "busca un rendimiento electoral" que confía en que "no se confirme". Además, censuró el alarmismo de Aznar y Mariano Rajoy respecto a un Gobierno de izquierdas en Cataluña. "Me parece un intento de vasquizar la política catalana, dirigido a desestabilizar la política española".
 
En línea con el rechazo de toda la oposición, Gaspar Llamazares (IU) calificó ayer la reforma de "barbaridad política". Y Javier Madrazo (IU-EB) llamó a "frenar a la derecha cavernícola antes de que acabe con la democracia".

El líder del PP, Mariano Rajoy, replicó que en el conflicto vasco no se puede ser "pusilánime" y justificó la iniciativa de modificar el Código Penal en un intento del Ejecutivo de ser "eficaz". Y el ministro de Justicia, José María Michavila, contraatacó al líder del PSOE asegurando que le da "mucha pena ver que Zapatero está más cerca de ERC que de las víctimas del terrorismo".
El Gobierno español calcula que el Senado aprobará la modificación en el pleno del próximo 23 de diciembre. Posteriormente, se enviará al Congreso, cuyo último pleno del año está previsto para el 30 de diciembre. Según Michavila, la reforma puede entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque indicó que la decisión corresponderá al Parlamento. Dieron la bienvenida a la iniciativa el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Foro de Ermua y Basta Ya, entre otros
 
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Breverías
Andalucía Libre
 
Ibarra reivindica el GAL: El presidente de Extremadura y miembro del comité de estrategia y del comité federal del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hizo una abierta apología de la «guerra sucia» contra el independentismo vasco. Rodríguez Ibarra volvió a ser muy claro en sus palabras: «el PP tenía la responsabilidad histórica de haber terminado con ETA. Nosotros no, porque cuando quisimos nos metieron en la cárcel. Pero el PP hubiera podido terminar porque nosotros no hubiéramos metido en la cárcel a nadie. Incluso hubiéramos mirado para otro lado». Es evidente que los únicos dirigentes del PSOE y del Gobierno español encarcelados por cuestiones relacionadas con ETA fueron el ex ministro del Interior José Barrionuevo y otros altos cargos de su ministerio, acusados del secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL, organización que mató a decenas de vascos.- Príncipe Felipe hace apología de la Constitución en acto organizado por sindicatos monárquicos: El Príncipe Felipe destacó el papel de los sindicatos en la consolidación de la democracia en los actos organizados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) con motivo del 25 aniversario de la Constitución española. En su discurso elogió el papel de la Constitución 'como soporte básico de nuestro desarrollo y la mejor herramienta para seguir progresando hacia las mayores cotas de bienestar social'. Además, en referencia a CCOO y UGT resaltó 'su actitud constructiva en los momentos más difíciles'.- PP tacha de 'revival de naftalina' homenaje a las víctimas de Franco: Para darle lustre y maquillar de izquierda los actos conmemorativos de la Constitución monárquica, la oposición incluyo un acto de homenaje a los luchadores antifranquistas. El PP, en un acto de coherencia con sus precedentes franquistas, se negó a asistir. Habiendo ganado en 1939 y nuevamente en 1975-1978, los del PP debieron concluir que no había motivo para darle gusto a los doblemente derrotados.- PSOE presenta propuestas de reforma constitucional: Acogotado por el PP y presionado por las propuestas nacionalistas, el PSOE ha intentado hacerse un hueco proponiendo cuatro reformas constitucionales, a cual más reaccionaria: 1ª. Revalidar la Monarquía igualando en sus derechos a la sucesión al trono a varones y hembras, eliminando para los herederos de Felipe y Letizia la discriminación actualmente vigente favorable a los hombres; 2ª. Reformar el Senado para hacerlo operativo como cámara de integración territorial; 3ª. Recoger en el texto constitucional los nombres de todas las comunidades autónomas (artificiales incluidas) con expresa referencia y reafirmación de la españolidad de las colonias de Ceuta y Melilla; 4ª. Citar expresamente a la reaccionaria Constitución europea y situarse bajo su patronazgo.
 
 
Nuevo golpe de la guerrilla a la ocupación colonial
La Resistencia iraquí abate siete espías españoles
Andalucía Libre
 
Cura católico bendice féretros de militares españoles abatidos
 
El pasado 29 de Noviembre, patriotas iraquíes emboscaron en la ruta entre Bagdad y la sede del destacamento español de ocupación en Iraq a un convoy de militares españoles destinados en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, espionaje). Los agentes abatidos trabajaban en misión de contrainsurgencia al servicio de la Brigada española en Iraq instalada en Diwaniya. Esta acción de guerra de la resistencia iraqui tuvo como resultado la muerte de siete militares españoles, elevando el numero de bajas militares españolas en Iraq a 9. El operativo de los patriotas iraquíes ha evidenciado, además, sensibles carencias en el dispositivo militar y policial español en Iraq. 
 
La reacción política pública del Gobierno español ante el golpe dado por la guerrilla iraquí a las tropas coloniales ha sido reafirmar su compromiso con la ocupación de Iraq por el imperialismo yanqui, reproducir su discurso propagandístico antiterrorista habitual y negarse a reconocer el estado de guerra del Estado español con Iraq. Sin embargo, el Gobierno español no se ha atrevido a convocar ningún acto público de masas en solidaridad con la ocupación. Según su posicionamiento en el debate parlamentario convocado el mismo día de los funerales, parece claro también que el Gobierno español -al momento presente- no contempla cambio de su política y retirada de su despliegue militar en Iraq; salvo que allí reciba nuevos golpes militares directos de mayor entidad y bajas en mayor numero que puedan desgastarle electoralmente cara a la convocatoria de Marzo. La línea oficial del Gobierno español es apoyar el dominio colonial yanqui en Iraq bajo la futura cobertura de un Gobierno títere iraquí.
 
Por otra lado, una parte de la oposición (PSOE, Labordeta y otros) expresan ahora explícitamente su negativa a asumir la retirada inmediata, incondicional, total y unilateral de todas las tropas invasoras de Iraq; persistiendo en la defensa de una presencia de tutela neocolonial bajo amparo de la ONU como garantía de control imperialista de una hipotética transición. La tenacidad y contundencia de la Resistencia en sus acciones militares será pues elemento clave para que tanto unos como otros tengan que rectificar, abandonando la ocupación de la Nación Árabe.
 
En estos mismos días, han muerto combatientes y civiles iraquíes por la acción de los ocupantes sin una repercusión similar.
 
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
 
 Venezuela
Oposición escualida fracasa en intento de revocar a Chavez
 
 
Más información y análisis:
 
 
Sugerencias
Andanzas Borbónicas 
La biografia no autorizada de Juan Carlos de Borbón en castellano. Sus historias, sus negocios ... en formato PDF (que se descarga con alguna paciencia):
 
Nueva Pagina Nacionalista 
Se incorpora a la Red un nuevo sitio nacionalista: Patriotas Andaluces. Incorpora Enlaces, Historia de Andalucía, Simbolos, Foros nacionalistas y un recado para visitantes españolistas.
 
Lista de Correo para Debate Nacionalista.
Bueno es recordar que existe una lista de correo plural y abierta para debatir e intercambiar informaciones sobre todo lo que afecta a Andalucía. Es la Lista Andalucía - Foro Abierto Andaluz.
 
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Solidaridad con Palestina
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