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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nș 208 - La Burla Chaves - Cataluña Maragall/Carod - E uropa en crisis
Fecha:Martes, 23 de Diciembre, 2003  22:17:31 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>

Por la Soberanía Nacional; por la República de Andalucía: NO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

nș 208
 
En este Correo:
Andalucía
*PSOE presenta sus bases de reforma estatutaria, La Burla Chaves, Andalucía Libre - Enlaces
*La ayuda estatal y europea aporta el 19,6% del PIB per cápita andaluz
*EEUU movió 3.448 toneladas de armas a través de su Base en Rota para sus guerras en Afganistán e Iraq
Unión Europea
*La CE da por sentado que no habrá Constitución Europea antes de la ampliación
*La guerra presupuestaria de la UE amenaza las ayudas al Estado español
*Opinión, La crisis europea, Antonio Papell
Cataluña
*Acuerdo PSOE-ERC-ICV. Maragall y Carod en Luna de Miel, Andalucía Libre - Enlaces
*Sugerencias: Miniwatt-Philips, la memoria obrera
*Solidaridad con Palestina,
*Directorio de Andalucía en Internet,
*Música de fondo - Ayuda: ¡¡LA EXTRA!!
--oOo-- 
 
 Andalucía
El PSOE presenta las Bases de su Reforma Estatutaria
La Burla Chaves
Andalucía Libre
 
Si Euskadi tiene su Propuesta Ibarretxe y Cataluña su Programa Maragall-Carod; Andalucía aporta ahora -más de dos años después de anunciarse- la Burla Chaves. 
 
Presidente Chaves (PSOE)
 
El PSOE presentó el pasado 16 de diciembre sus Bases para la Reforma del Estatuto. Un repaso del contenido sustancial del documento, aligerado de la sucesión de vaguedades, nuevos órganos consultivos inútiles y surtidas declaraciones retóricas, nos ofrece lo siguiente:
 
Ideología y Planteamiento.
 
Reafirmación repetida del origen, delimitación y supeditación constitucional del autogobierno andaluz. "El autogobierno de Andalucía se fundamenta en el derecho fundamental de sus ciudadanos y ciudadanas a decidir sobre sus propios asuntos e intereses en el marco jurídico-político establecido por la Constitución española de 1978".
 
"Andalucía es una nacionalidad integrada en la unidad de España". Veintidós años después, reconoce a Andalucía sin eufemismos como "nacionalidad" -cuando esta declaración devaluada ya figura en varios estatutos- pero nuevamente restringida en su condición, dependiente en su concepto y limitada en su derecho a la integración a la unidad española.
 
Reiteración neoliberal. "La Junta de Andalucía protege y ampara la libertad de empresa en el marco de la economía social de mercado (...) favorecerá el desarrollo de la actividad empresarial en el marco de la libre iniciativa económica". Este compromiso se complementa con el énfasis en los emprendedores y con la identificación con los mecanismos de colaboración, clientelismo y concertación social, extensivos a sindicatos y ONGs.
 
Instrumentalización española. "Sobre la base de un principio de igualdad de status (...) Las propuestas que se formulen desde Andalucía deben ser modelo para el resto de Comunidades autónomas, punto de referencia para un funcionamiento armónico del Estado autonómico en su conjunto". Aquí hay que inscribir sus sugerencias para una reforma constitucional del Senado o la instauración de una Conferencia de presidentes autonómicos en la que puedan sentarse al mismo nivel Andalucía, Euskadi, Cataluña y... Madrid, La Rioja o Ceuta.
 
Reformas internas propuestas.
 
Paridad de sexos en las listas electorales, manteniendo la provincia como circunscripción electoral y la distorsión de la proporcionalidad entre voto y representación ("ninguna tendrá más del doble de diputados que las otras"). Permanencia de las provincias y sus Diputaciones y sólo posible creación de otras "agrupaciones de municipios"; es decir en la practica, comarcas no. Inclusión explicita en el Estatuto de la potestad del presidente de disolver el Parlamento (ya asumida por Ley postestautaria) y de la posibilidad del Parlamento andaluz de nombrar senadores que no sean a su vez diputados andaluces.
 
Nuevas competencias reclamadas.
 
Cuencas hidrográficas andaluzas; Parques Nacionales de DoñanaSierra Nevada; Tráfico y Seguridad Vial; Puertos, aeropuertos y ferrocarriles andaluces. No se cita ninguna más. Tampoco hay ninguna referencia a clarificación de las delimitaciones competenciales.
 
Financiación. 
 
Una posible Agencia Tributaria andaluza, encargada de la gestión y recaudación de los impuestos ya cedidos a Andalucía (es decir, una reordenación administrativa de lo ya existente). La citada Agencia podrá asociarse con otras, formula que puede suponerse que quizá quiera decir que podría actuar como sucursal administrativa de la Agencia española, bajo su supervisión, para cogestionar la recaudación española en Andalucía. Lo que las Bases denominan "espacio fiscal propio" (definido como los tributos y porcentajes cedidos sobre los que tiene capacidad normativa) pensado en "condiciones de homogeneidad con el resto de Comunidades", o lo que es lo mismo, renuncia expresa a una política fiscal propia en lo interno y a una relación reparadora y devolutiva en lo externo. Petición al Estado español de que tenga a bien admitir que la participación de Andalucía en sus ingresos tenga en cuenta el ultimo censo de su población (y no el que le interese al Gobierno español para reducir sus transferencias). Sugerencia al Estado español para que establezca la equivalencia en términos financieros de los ingresos de las CCAA y para que "progresivamente se igualen los resultados entre el régimen común y el foral". Reclamación incuantificada de la deuda autonomica. Omisión de toda referencia a la deuda histórica secular, a la sustracción española de fondos europeos destinados a Andalucía y a la discriminación negativa de inversiones españolas.
 
Otras sugerencias de Chaves al Estado español.
 
Que tenga en cuenta a las instituciones andaluzas a la hora de determinar sus inversiones en Andalucía y que informe, invite y escuche a Andalucía cuando trate de sus asuntos en la Unión Europea... aunque la decisión sobre cuanto, donde y en qué invertir siga siendo española así como la potestad para representar internacionalmente a Andalucía -y por tanto para votar y acordar en su nombre- siga en manos exclusivas del Gobierno español (incluso en el caso de incluir como oyente en su delegación a un andaluz).
 
Una lectura política.
 
La propuesta Chaves sólo puede ser calificada como la Burla Chaves. Defendida oficialmente como la respuesta andaluza a los retos del siglo XXI, sobrecoge lo insustancial de su contenido, el cinismo que la impregna y la apuesta por la dependencia que la sostiene. Compararla no ya con la Propuesta Ibarretxe sino incluso con el Programa Maragall-Carod, deprime hasta el más profundo e intimo desasosiego. Formalmente, ni siquiera llega a presentarse como texto articulado. Políticamente, expresa gráficamente que el proyecto del PSOE para Andalucía es simplemente mantenerla como reserva subordinada y plataforma instrumental española. La insignificante y marginal relación de competencias a reclamar, la repetición de peticiones en forma de sugerencias inconcretas, el lacayuno planteamiento sobre la financiación o la expresa supeditación a la voluntad del Parlamento español sin ninguna prevención de posible respuesta andaluza para la legitimación nacional de la propuesta describen bien su enfoque servil y la condena implícita que encierra para el destino andaluz.
 
No extraña en absoluto que la Burla Chaves haya recibido parabienes y halagos envenenados como los proferidos por Maragall o Carod. Sólo las cercanías electorales explican que la ultraderecha españolista del PP no la haya asumido con entusiasmo como ejemplo de la Andalucía sumisa. El modelo Chaves niega la condición de sujeto nacional a Andalucía y la deja al arbitrio ajeno; maniatada de antemano para ser usada a conveniencia bien como ariete español, bien para ser nuevamente sacrificada en un reactualizado pacto entre el Norte y el Estado español. 
 
Lo más grave del momento, sin embargo, no es siquiera esto; con serlo ya bastante. Lo peor es la ausencia de alternativas políticas efectivas. Las propuestas del Partido Andalucista, PSA y PCE-IU al respecto son patéticamente inconsistentes, faltas de coherencia y de credibilidad política y ética. Los discursos políticos del PA, PSA y PCE-IU, sobrados hasta la saturación de oportunismo politiquero y carentes de patriotismo, comparten con el PSOE su españolismo y su ausencia de todo proyecto nacional andaluz. Todos participan de variaciones diversas sobre el federalismo o el agravio comparativo que dejan a Andalucía inerte frente a España. Al no asumir la reclamación de Soberanía Nacional para Andalucía renuncian a espacio y fuerza política, a competencias efectivas y determinantes para el futuro andaluz en lo económico, social e identitario y a los soportes financieros y económicos inexcusables para posibilitar la salida de Andalucía del subdesarrollo y la subordinación.
 
Miran en todo momento obsesivamente a Cataluña y Euskadi pero con ojos españoles, no andaluces (y con un punto de estrabismo selectivo, pues siempre se olvidan de la promoción española de Madrid). Miran pero no ven; miran pero no aprenden. Cataluña y Euskadi se sitúan como interlocutoras frente a España, sea para reclamar su independencia nacional; sea incluso como cuando ahora fuerzas catalanas o vascas plantean una renegociación de su estatus privilegiado en su seno, dejando gustosamente a España la tarea de resolver la acomodación posterior. Andalucía debería hacer lo propio: enfrentarse a España y que sea esta quien repartiera y administrara los costes si quisiera llegar a un acuerdo con Andalucía; que fuera España quien se entendiera con Cataluña, Euskadi y el resto. El problema para Andalucía no es primariamente lo que Cataluña o Euskadi reclamen a España -que es asunto suyo- sino lo que Andalucía quiera ser y decida exigir en consecuencia a España (aunque esto determine, obviamente, su propio posicionamiento ante otras demandas nacionales que puedan enfrentarse a sus derechos e intereses).
 
Entretanto, el grueso de la izquierda social andaluza, instalada en el limbo cosmopolita o directamente inoculada de españolismo, al no asumir una perspectiva política nacional se declara a priori ausente y se apunta a la impotencia y a la esterilidad para influir en el destino de Andalucía. 
 
Andalucía sigue inerme. 
 
Sobre el debate de la Reforma Estatutaria
 
Andalucía Libre [Recopilación]
Historia del proceso autonómico andaluz.
Financiación, Desigualdad, Dependencia.
 
 Andalucía
Realidad y discurso dominante sobre la desigualdad y la dependencia andaluzas.
La ayuda estatal y europea aporta el 19,6% del PIB per cápita andaluz
Andalucía es la segunda comunidad con menor producción por habitante y la cuarta con mejor saldo en las subvenciones de Madrid y Bruselas. 
De la Prensa

El 19,64% del PIB per cápita de Andalucía lo sustentan las transferencias recibidas desde la Administración central y la Unión Europea, según se desprende del estudio presentado por la Fundación BBVA, realizado por Ezequiel Uriel, catedrático de la Universidad de Valencia y que, aunque abarca el periodo 1991-1996, se considera uno de los estudios más completos hasta la actualidad referido a las economías autonómicas y al flujo de solidaridad entre ellas y las administraciones central y europea.

Este estudio revela que Andalucía es la penúltima comunidad autónoma de España en PIB per cápita (1.203.743 pesetas anuales -7.234 euros, sólo superada por Extremadura) y la cuarta con una mayor aportación de las administraciones central y europea (236.482 pesetas-1,421 euros por habitante y año), cantidad denominada saldo fiscal, que refleja la diferencia entre lo recibido por Andalucía desde el Estado y la UE y lo aportado por los andaluces a dichas administraciones central y europea. La comparación entre ambas cifras coloca a Andalucía como la segunda comunidad autónoma más subvencionada de España, ya que las transferencias estatal y comunitaria equivalen al 19,6% de su PIB per cápita, porcentaje sólo superado por Extremadura, comunidad en la que lo recibido desde Madrid y Bruselas representa nada menos que el 30,8% de su PIB per cápita.

El hecho de que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma con un mayor peso de las transferencias públicas en su PIB por habitante, pese a ser sólo la cuarta en la cuantía de dichas ayudas, responde a que Asturias y Castilla-La Mancha, que perciben más transferencias por habitante de Madrid y Bruselas que Andalucía, también producen más, lo que diluye el impacto final de las aportaciones públicas.

El informe revela que Madrid, Baleares y Cataluña se colocan en el lado opuesto de esta clasificación, pues aportan más a las haciendas estatal y comunitaria de lo que reciben de ellas, hasta el punto de que padecen un saldo negativo de 213.956-1.285 e, 148.259 - 891e y 65.926 -396 e pesetas/euros por habitante y año, cantidad que merma su PIB per cápita en el 10,8; el 6,99 y el 3,32 por ciento, respectivamente. Madrid, Baleares y Cataluña son las únicas autonomías que tienen saldos negativos en sus relaciones con la Administración Pública Central, es decir que tributan más al Estado de lo que reciben, mientras que los saldos per cápita de mayor cuantía, con signo positivo, corresponden a Extremadura y Asturias. Según el estudio elaborado por la Fundación BBVA, un madrileño, por ejemplo, aportaría a la Administración Pública Central un total de 206.835 pesetas/ 1.243 e más de lo que recibe de ella. En el caso de un balear, ese saldo negativo sería de 144.973 pesetas/ 871 e.y en el de un catalán, de 65.574 pesetas/395 euros. Por el contrario, un extremeño recibe 284.929 pesetas/1.712 euros más del Estado de lo que tributa; un asturiano, 232.176/1.395 e; un castellano-manchego, 213.245/1.281 euros y un andaluz recibe del Estado 211.089 pesetas/1.268 euros más de las que paga.

Madrid, Cataluña y Baleares son las comunidades con más renta per cápita, pero también las que registran saldos fiscales más negativos, pues son las que más aportan a las que menos tienen. Entre 1991 y 1996, Madrid registró un saldo negativo de 1,037 billones de pesetas, seguido de Cataluña, con 401.170 millones de pesetas, y Baleares, con 108.288 millones de pesetas. Al lado contrario se sitúan Andalucía, que alcanzó un saldo positivo de 1,503 billones de pesetas, seguido por Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias y Extremadura.
 
Ver Enlaces:
Financiación, Desigualdad, Dependencia
 
  Andalucía
EEUU movió 3.448 toneladas de armamento a través de Rota
Los especialistas estadounidenses de municionamiento en la Base realizaron jornadas de hasta 17 horas de trabajo al día durante la guerra, divididos en tres turnos
OSCAR LOBATO. DIARIO DE CÁDIZ
 

ROTA. La Armada de los Estados Unidos (US Navy) ha movido a través de la Base de Rota 3.448 toneladas de armamento y municiones para uso de sus fuerzas militares en Afganistán e Iraq. Fuentes oficiales de la US Navy han informado que esta cifra es el total de cargas acarreadas por vía naval durante las operaciones denominadas 'Libertad Perdurable' y 'Libertad para Iraq'. La Armada estadounidense desglosa a su vez esta suma en dos capítulos: 'suministro' (singladura desde EE.UU. hasta el destinatario final) y 'recepción' (reexpedición hacia territorio norteamericano del armamento desplegado y del municionamiento no utilizado). La US Navy transportó a través de la Base roteña y dentro del primer apartado un total de 1.185 toneladas de cargamentos con destino a 37 mandos diferentes, desplegados durante ambas guerras. Las partidas de armamento reexpedidas vía Rota superaron levemente las 2.263 toneladas, procedentes de 42 mandos militares distintos.
 
Esta notoria diferencia entre un mayor volumen de material retornado que expedido radica en dos razones. Una es que los datos facilitados por la US Navy atañen sólo a transporte marítimo y excluyen el tráfico aéreo, la vía más rápida y usual de suministro en los primeros días de un conflicto. La segunda razón es que el Pentágono tiene diseñado su circuito urgente de abastecimiento de armas y municiones según un esquema de 'hipódromo' (las trayectorias de aviones despachados desde EE.UU. con pertrechos bélicos discurren por aerovías en paralelo aunque separadas de las seguidas por aeronaves que retornan desde las zonas de combate).

La Fuerza Aérea norteamericana (USAF) intenta evitar así la congestión total del espacio aéreo de los países sobrevolados por las flotas del Mando Aéreo de Movilidad (encargado de operar los aviones de transporte) y eludir el peligro de saturaciones en un mismo pasillo aéreo por tráfico en doble sentido, con el consiguiente riesgo de colisión entre aeronaves.

En Andalucía, la trayectoria o 'avenida de entrada' de los grandes bombarderos y los aviones con suministros bélicos suele realizarse a través de Morón. El aeródromo de Rota acoge, por el contrario, el tráfico 'de salida' de aeronaves en regreso desde las zonas en conflicto o que repatrían a tropas heridas. Este esquema no se repite por vía marítima, donde recalan en Rota tanto los buques logísticos militares (no se computa a los navíos de combate) zarpados desde Norteamérica, como a los que regresan de las áreas de conflicto.

La US Navy mantiene desplegado en la Base roteña a un equipo designado como División de Suministros y Armamento, integrada por 30 personas, pertenecientes a todas las ramas de las fuerzas armadas (torpedistas, artilleros, armeros de aviación....), para asegurar el adecuado conocimiento y manejo exacto de cada partida. El trabajo de esta unidad -formada por 26 militares en activo y cuatro reservistas- ha sido reconocido públicamente por la US Navy, pues han triplicado el nivel cotidiano de trabajo de tales equipos en los meses del conflicto. Estos especialistas militares han llegado a trabajar en jornadas de hasta 17 horas diarias, divididos en tres turnos.
 
  
La CE da por sentado que no habrá Constitución Europea antes de la ampliación
Bélgica y Luxemburgo se unen a Alemania y Francia para lanzar la Europa de las dos velocidades
BRUSELAS, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras el fiasco de los líderes europeos el pasado fin de semana, la Comisión Europea (CE) da prácticamente por seguro que la UE no contará con una Constitución antes del próximo 1 de mayo, fecha de adhesión de los diez nuevos Estados miembros. Mientras, los países contribuyentes abogaron hoy por rebajar su contribución financiera a la Unión, y Bélgica y Luxemburgo, se sumaron los flirteos de Francia y Alemania con la posible constitución de un "grupo de países pioneros".

"No es necesario acabar en presidencia irlandesa", afirmó el portavoz de la Comisión, Reijo Kempinen. Hasta el pasado sábado, el objetivo común de la Conferencia Intergubernamental (CIG) donde se negocia la Constitución Europea era acabar antes del 1 de mayo, de forma que los europeos conociesen el texto antes de la ampliación y de las elecciones a la Eurocámara de junio. Varios países, entre ellos España, preveían de hecho aprovechar los comicios europeos para someter la Constitución a referéndum.

Pero el Ejecutivo comunitario -habitualmente ambicioso en el proceso constitucional- cree ahora "muy difícil" conseguir ese objetivo. Entre otras cosas, porque el Gobierno irlandés --que ostentará la presidencia comunitaria en el primer semestre de 2004--, no prevé reanudar los trabajos de la CIG antes de marzo. Las elecciones de España, en marzo, y de Reino Unido, en otoño, también hacen pensar a Bruselas que el ritmo del proceso será mucho más pausado a partir de ahora, y que la verdadera negociación no arrancará hasta la presidencia holandesa, en el segundo semestre del año.

El nuevo objetivo es pues, acabar "antes de fin de 2004" y sólo porque "políticamente no sería bueno que CIG durase años", según subrayó Kemppinen. De cumplirse, este plazo evitaría que el debate de la CIG fuese paralelo a las negociaciones formales sobre las perspectivas financieras de la Comunidad tras 2007 -del que dependen las ayudas que reciben España o Polonia, entre otros-. Pero esto no bastará para evitar que ambas cuestiones acaben mezcladas. Pese a que el debate legal sobre las perspectivas no arrancará hasta 2005, el debate informal lo hará bastante antes. La propia Comisión planea presentar una comunicación con su visión sobre cuál ha de ser el futuro de la política presupuestaria "antes del 20 de enero" -"Nos parece más útil que nunca", dijo hoy Kempinnen-.

Francia y Alemania, principal contribuyente al presupuesto de la UE, han dado señales de que su grado de satisfacción en las negociaciones constitucionales puede repercutir en su generosidad en el debate presupuestario, un claro mensaje a España y Polonia, a quienes París y Berlín acusan de bloquear el debate constitucional por su negativa a cambiar el sistema de voto del Consejo, en favor de los Estados grandes.

En este contexto, apenas 48 horas después del desencuentro en la CIG, París y Berlín, junto con el resto de países contribuyentes -Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Austria-, enviaron una carta al presidente de la Comisión Europea en la que apuestan por rebajar del 1,25 al 1 por ciento del PIB, el techo de su aportación. Todo esto, con el trasfondo que conforman los coqueteos del canciller alemán, Gerhard Schroeder, y el presidente francés, Jacques Chirac, con la idea de formar un 'club' de Estados dentro de la Unión, que se integre antes que el resto, en cuestiones como la Economía, la Justicia o la Defensa.

El primer ministro belga, Guy Verhofstadt, se apuntó hoy en la lista de posibles pioneros. Verhofstatd, tal vez el líder europeo más entusiasta con la construcción comunitaria, advirtió de que si "no se llega rápido a una solución" en la CIG, "será necesario desde los primeros meses del año que viene que busquemos una colaboración mucho más estrecha con otros que como nosotros creen necesario intensificar la integración europea". Por su parte, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, consideró, en una entrevista que publica el 'Financial Times Deutschland', que es posible un encuentro entre los Estados europeos que deseen trabajar juntos más estrechamente en algunos terrenos políticos, aunque precisó que esto no debería ser "un fin en sí mismo". "La cuestión central es la siguiente: construimos una autopista europea de una sola vía, o construimos una autovía de tal forma que otras vías puedan agregarse", apuntó.

Como si predicase en el desierto, el comisario europeo de Agricultura, el austriaco Franz Fischler, advirtió hoy contra el proyecto de crear un "núcleo duro" de países de la UE ante la falta de acuerdo para la Constitución europea. "Eso sería el principio del fin de una Europa común", declaró. Fischler se mostró en contra de la creación de un "núcleo duro" que "no se preocuparía de los otros países" y afirmó temer que "Chirac y Schroeder desean crear su propia Europa". Advirtió también contra la posibilidad de que se creen en el seno de la UE "dos o tres grupos" que quieran "seguir sus propios intereses".

La guerra presupuestaria de la UE amenaza las ayudas al Estado español
De la Prensa

La pretendida congelación del presupuesto de la UE amenaza con mermar sensiblemente los casi 9.000 millones de euros anuales que España recibe en fondos comunitarios. Los principales contribuyentes quieren, además, orientar el gasto hacia unas partidas horizontales en las que España capta ahora la mitad que París y la cuarta parte que Berlín.

Seis de los principales contribuyentes del presupuesto comunitario (Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia, Suecia y Austria) exigieron anteayer a la Comisión Europea el recorte del techo presupuestario de la UE fijado ahora en el 1,27%. 'El gasto medio durante el próximo periodo financiero a partir de 2007 no debe exceder el 1% del PIB', afirman por escrito esos países. Todos ellos añaden que 'el gasto de la UE debe suponer un auténtico valor añadido y aspirar más activamente a transformar la Unión en la zona más competitiva e innovadora del mundo'. Esa nueva prioridad deja en segundo plano la política estructural y de cohesión que sólo en 2002 reportó a España 8.833 millones de euros. El nuevo objetivo, en cambio, obligará a Bruselas a concentrar el gasto en partidas como I+D, educación o formación continua, a las cuales sólo se dedica ahora el 6,5% (unos 6.000 millones de euros para 15 Estados) del presupuesto anual.
 
España apenas capta el 6,4% de esas partidas, en las que Alemania (con el 22%), Francia (12%) y Reino Unido (11,7%) demuestran mayor capacidad de absorción. La más que previsible reducción de subsidios para infraestructuras se agrava en el caso de España por la pérdida del fondo de cohesión, reservado a los países cuya renta per cápita no alcance el 90% de la comunitaria. España, que recibe más de 2.000 millones de euros al año con cargo a ese fondo, superará el umbral antes de 2007.
 
Aparte del canciller alemán, Gerhard Schröder, y el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, la carta de los seis ha sido firmada por el mandatario francés, Jacques Chirac, el holandés, Jan Peter Balkenende, el canciller austríaco, Wolfgang Schüssel, y su colega sueco, Göran Persson, quien preparó el documento. Alemania y Gran Bretaña son los dos mayores contribuyentes al presupuesto de la UE: Su aportación neta representa el 47,8 por ciento del total. El Ministerio de Finanzas en Alemania explica que el propósito de la carta es el de aclarar que "los recursos disponibles de los contribuyentes son limitados". Y que dichos países también están trabajando en consolidar sus propios presupuestos.
 
Después de que España y Polonia bloquearon el acuerdo para redactar la primera Constitución Europea, el gobierno alemán dejó claro que presionaría para poner un límite al presupuesto. Malas perspectivas para ambos países: A Polonia, el más grande de los países próximos a integrarse en la UE, le correspondería la mayor parte de las subvenciones. Tal como hasta ahora España recibió los subsidios más altos.
 
La petición de recortes en el gasto comunitario no ha caído muy bien en Bruselas. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, instó ayer a los seis líderes europeos que han exigido la congelación del presupuesto de la UE a que aclaren a los ciudadanos 'qué gastos quieren suprimir'. Prodi reclamó 'cautela' a la hora de 'mezclar con el debate institucional argumentos que no son pertinentes'. 'Por ello', añadió que 'todos los que quieren ver reducida la capacidad de gasto de la Unión deben al mismo tiempo asumir la responsabilidad de dar cuenta de qué sectores pretenden suprimir del presupuesto y sustraerlos a la responsabilidad de la UE'. La Comisión Europea confirmó hoy que tiene la intención de presentar "antes de finales de enero" su informe inicial sobre las próximas "perspectivas financieras" (marco financiero plurianual) para el período que comenzará en 2007, pese a que el comienzo del debate sobre los presupuestos corre el peligro de solaparse, y dificultar, la eventual reanudación de las negociaciones sobre la Constitución. A principios de mes, la CE, en medio de una fuerte división interna, tuvo que retrasar dicha "comunicación" para no coincidir con la cumbre celebrada en Bruselas el viernes y sábado pasados.
 
Desde España, el secretario de Estado de Presupuestos (Ministerio de Hacienda), Ricardo Martínez Rico, consideró 'incongruente' la postura de los que, como Francia y Alemania, pretenden recortar recursos, y a la vez son 'máximos impulsores de una Europa ampliada y de fondos estructurales para su desarrollo'.
 
Opinión
La crisis europea
ANTONIO PAPELL
EL FRACASO de la cumbre de Bruselas, debido en apariencia a un simple disenso sobre el reparto del poder interno, tiene en realidad mucho mayor calado porque es la prueba explosiva de una grave desorientación sobre los rumbos que debe emprender la Europa ampliada. Francia y Alemania, países estrechamente vinculados entre sí en los últimos tiempos, consideran que su alianza indisoluble es la columna vertebral de una Unión Europea que surge sin embargo sin criterios sólidos y con grandes vacilaciones.

El desprecio de franceses y alemanes al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impuesto en su momento por Alemania para asegurarse la disciplina presupuestaria de sus socios, no es la única sinrazón que el «eje» ha introducido en el devenir europeo.

El propio texto articulado del proyecto de Constitución que no ha sido aprobado por el Consejo en Bruselas revela un nuevo episodio de la política zigzagueante de los dos grandes países, que improvisan constantemente su relación y que quieren envolver a los demás en sus vaivenes. El Tratado de Niza, demonizado antes incluso de entrar en vigor, es la prueba de este desconcierto. Para entender el presente conviene recapitular los últimos hitos solemnes de la historia reciente de Europa: en 1992 se aprobaba el Tratado de Maastricht, que consolidaba la Unión Económica y Monetaria, base de la moneda única, uno de los grandes logros de la integración continental. Posteriormente, el Tratado de Amsterdam intentaba avanzar en la unión política, que no llegó a cuajar por las debilidades del acuerdo.

De ahí que, en diciembre del 2000, bajo presidencia francesa, se aprobase el Tratado de Niza, con un doble objetivo: asentar la unión política y reformar el sistema institucional de la UE con vistas a la ampliación de la Unión mediante el ingreso de diez países de la Europa del Este y del Sur en el 2004. Otros dos ingresarán en 2007 y, finalmente, Turquía, cuando se den las condiciones necesarias.

En Niza, Chirac presionó hasta conseguir lo que París consideraba irrenunciable: la paridad franco alemana en el Consejo Europeo, aunque fuese a costa de sacrificar algunos escaños del Parlamento Europeo; y, para lograrlo, mejoró el estatuto de los países medianos, España y Polonia.

Aquel designio, resuelto felizmente para Francia, supuso el rechazo frontal a la propuesta alemana de la «doble mayoría» de Estados y de población, que hubiese consagrado la gran hegemonía alemana. Las hemerotecas guardan los juicios de Chirac sobre Niza: permitiría «progresos considerables» en la evolución de Europa porque «es el mejor texto europeo que ha sido firmado desde la existencia del Mercado Común».

Pero ya en el 2001, en la cumbre de Laeken, se convocaba la Convención para redactar una Constitución europea que remediase las carencias de Niza e institucionalizase una Carta Magna que diera visibilidad a la «comunidad de Estados y ciudadanos» que es la Unión. No se dio un mandato preciso a los comisionados, que sin embargo revisaron unilateralmente el sistema de toma de decisiones, introduciendo el sistema de doble mayoría. Mientras tanto, los países candidatos ratificaban el Tratado de Niza, en algún caso -como el polaco- mediante referéndum.

Si éste ha sido el proceso, cargado de vacilaciones por parte de Francia y de Alemania, ¿cómo puede extrañar que en Bruselas se haya producido la franca disconformidad de los países que saldrían seriamente damnificados por la introducción del sistema decisorio propuesto por la Convención, sobre el que no se ha conseguido consenso en el seno de la Conferencia Intergubernamental? ¿Cómo no entender la irritación de Polonia, obligada a pronunciarse plebiscitariamente sobre un Tratado que ahora se considera «impracticable»? Y ¿cómo se podía esperar que España renunciase a la posición ventajosa que consiguió en Niza?

El disparate adquiere ribetes estridentes cuando se piensa que, en todo caso, el Tratado de Niza -éste que franceses y alemanes consideran inservible por ineficaz- tiene todavía que entrar en vigor (lo hará el primero de mayo del 2004, al mismo tiempo que la ampliación) y se mantendrá vigente, incluso si se aprueba en el 2004 el proyecto de Constitución, hasta el 2009. Si son ciertas las carencias de Niza que ahora denuncia el eje franco-alemán, no acaba de verse cómo podrán salvarse estos inexorables cinco años de provisionalidad.

En suma, Europa se debate en las contradicciones franco alemanas, y bajo la amenaza de una seria fractura que surgiría de las «cooperaciones reforzadas» que pretenden ambos países. Aunque quizá, al cabo, ésta sea la única manera de que Berlín y París consigan marcar unas pautas rectilíneas sin involucrar a los demás en sus vaivenes.
 Cataluña
ERC optó por el PSOE
Acuerdo de Gobierno PSOE-ERC-ICV
Maragall y Carod en Luna de Miel
Andalucía Libre
 
Tras las elecciones, ERC inicio una negociación paralela y simultanea con CiU y con el PSOE. Inmediatamente quedó clara la inviabilidad de su propuesta de campaña de Gobierno de Concentración Nacional (todos menos el PP). Tampoco cuajó el Gobierno Tripartito PSOE-ERC-CiU. Durante el proceso, CiU fue diciendo "sí a todo" lo que le proponía ERC, mientras que los avances con el PSOE se producían a traves de una discusión detallista; muy posiblemente facilitada por los acuerdos previos de 2001. Finalmente, ERC optó por el PSOE y el derrotado Maragall consiguió la presidencia del Gobierno catalán, con Carod Rovira -el líder de ERC- como su primer ministro. ICV-EUiA (las formaciones herederas del PSUC-PCE, hoy referentes catalanes de IU) se incorporaron encantadas y de inmediato al Acuerdo para formar Gobierno.
 
Maragall y Zapatero (PSOE)  con Carod (ERC)
en el balcón de la Generalitat
 
En la trastienda del Pacto ocurrieron muchos episodios. ERC, por ejemplo, se inventó una encuesta entre organizaciones sociales para fundamentar y legitimar su elección de socio, descartando a CiU. En el PSOE se afirmó cara al publico con rotundidad que la política catalana la fijaba su organización catalana mientras el andaluz-catalán Montilla (uno de sus más importantes jerarcas) dejaba claro ante Zapatero y Chaves que si el PSOE central vetaba el acuerdo con ERC las consecuencias serían igualmente desastrosas tanto si se sometían en Cataluña (un desplome por descomposición) como si se producía una insumisión catalana que conduciría a la ruptura del PSOE. CiU, por su parte, a la vez que negociaba en Barcelona con ERC trataba en Madrid con Zapatero (y con Felipe González) advirtiendo que si el PSOE catalán la expulsaba del Gobierno ya podía despedirse en España de cualquier esperanza de sostén o apoyo parlamentario. CiU para permanecer, defendía como salida incluso un Gobierno CiU-PSOE-ERC. A la vez, Más -el delfín de Pujol- tomaba el camino de Euskadi para entrevistarse con el Lehendakari Ibarretxe a fin de que mediara ante ERC para convencerla de las bondades de un Gobierno nacionalista CiU-ERC.
 
La ultraderecha españolista del PP, por su lado, desarrollaba una línea de condena radical. Luego de confirmado el pacto, el PP produciría en cascada declaraciones valorando al acuerdo como "inconstitucional", amenazando a Maragall con la cárcel si se atrevía a convocar un referéndum (ministro Zaplana, portavoz), adelantando su oposición y bloqueo a las iniciativas de reforma que pudieran emprenderse o incluso recordando el Art. 8 de la Constitución española que encarga al Ejército defender la unidad de España (Fraga).
 
Las razones de Carod. ¿Porqué escogió ERC al PSOE y no a CiU?.
 
En el plano interno ERC ha priorizado evitar la posibilidad de una polarización social por orígenes nacionales a la que podía dar lugar un Gobierno CiU-ERC (identificado con los catalanes de origen) que dejara fuera al PSOE e ICV (identificados en parte con los andaluces y demás inmigrados, aunque sus direcciones sean mayoritariamente autóctonas). En el proyecto de Carod es clave soldar la fisura interna catalana -que existe pese a su negación persistente por el pensamiento políticamente correcto catalán- asegurando la retaguardia nacional, incluyendo en su proyecto de Cataluña a los que antaño se denominaba "otros catalanes". A este objeto se utilizan dos recursos: incorporarlos simbólicamente a la gestión y atraerlos a partir del énfasis en un "patriotismo del interés" en el que la reivindicación nacional se asocie a la mejora de servicios y al disfrute de las repercusiones de la condición desarrollada e industrial de Cataluña en el contexto español.
 
En esta línea ERC ha valorado como más provechoso un Gobierno que pudiera contar desde un principio como mínimo con la neutralización, cuando no con la complicidad de agentes estructurantes como los sindicatos. Al pactar con los referentes políticos de CCOO y UGT (dada la debilidad comparativa de los sindicatos nacionales catalanes) asegura este frente, dificulta una hipotética oposición social de izquierda y evita la repetición de fenómenos lerrouxistas (demagogia social con proyectos españolistas). Obviamente, ha considerado que el peso político de este tejido social es superior al que articulan hoy los convergentes.
 
En el plano exterior, ERC ha preferido ganarse un aliado como el PSOE a reproducir el escenario vasco. El acuerdo con Maragall vincula al PSOE español al nuevo Gobierno catalán y lo compromete a apoyar sus propuestas y demandas en Madrid. Si el PSOE fuera Gobierno en España le facilita obtener sus reivindicaciones y si fuera oposición le evita el aislamiento en su pugna con el PP. Si el PSOE español incumpliera su trato, dejaría en mal lugar a Maragall y le abocaría a una seria crisis de credibilidad y si lo cumple, se entenderá que es como consecuencia de las exigencias y de la fuerza obtenida por ERC. De hecho ya pueden percibirse algunas consecuencias del pacto al ver a los medios afines al PSOE (Prisa, Zeta...) defendiendo al nuevo Gobierno catalán de las embestidas españolistas de los adscritos al PP.
 
Además, ERC ha tenido bien en cuenta las debilidades presentes de CiU. Primero, su ultimo periodo de alianza parlamentaria en Cataluña y en España con el PP (y antes con el PSOE) le restan credibilidad e impacto a sus acusaciones a ERC de ceder al sucursalismo. A ERC le bastara durante un tiempo con recordarle a CiU su trayectoria y sus anteriores rechazos a pactar con ERC para sacudirse el efecto de estas criticas sobre su coherencia nacional. Segundo, ERC cuenta con los efectos disolventes de la perdida del poder (el reverso en negativo del fenómeno que ha facilitado su acuerdo con el PSOE). Más de 3.000 cargos de CiU en la Generalitat han ido a la calle con el cambio de Gobierno; CiU se encuentra limitada a gobernar en un par de grandes ayuntamientos y poco más y aparte ha de soportar la espada de Damocles de las investigaciones pendientes de diversos escándalos o casos de corrupción que la implican tras 23 años de Gobierno ininterrumpido y que había sorteado gracias a su mayoría parlamentaria. Para entender el caso y sus consecuencias, hagamos el simple ejercicio de imaginarnos al PSOE en Andalucía fuera de la Junta y de los grandes ayuntamientos y diputaciones, sufriendo la misma situación que ahora soporta CiU y a la cantidad de gente que vería sus puestos y negocios en peligro. Tercero, políticamente CiU sólo puede presionar a ERC reclamándole mayor contundencia y radicalidad en la elaboración estatutaria o en la obtención de ventajas especificas para Cataluña, adquiriendo con ello perfiles y compromisos de difícil retorno, lo que paradójicamente fortalece y consolida el papel central de ERC en relación al PSOE en el Gobierno de coalición. ERC siempre puede amenazar al PSOE con cambiar de pareja si el PSOE le disgusta en exceso y juntarse a una CiU que ya no podrá actuar como en la era pujolista. De hecho, CiU ya se ha comprometido a no apoyar eventualmente en Madrid ni a PP ni a PSOE, rompiendo con ello una tradición fenicia consustancial a la imagen y practica de CiU desde el comienzo de la Transición.
 
Los fundamentos políticos del Acuerdo
 
El acuerdo ERC-PSOE (al que se ha apuntado ICV-IU) ha sido posible porque no es un acuerdo independentista, ni siquiera soberanista. No es un acuerdo rupturista. Es un pacto sustentado en el proyecto de una Cataluña privilegiada, con tratamiento singular, dentro de España. Un nuevo ejercicio austrohungaro (en el que catalanes y vascos hacen el papel de magiares mientras que a los andaluces se les adjudica el rol de ucranianos o eslovenos), que entra dentro de lo tradicionalmente admisible para fuerzas españolistas y reformistas como son el PSOE o las versiones catalanas de IU. A fin de cuentas, entre Canovas (el armador de la reaccionaria Restauración borbónica en el XIX) que se inventó los Conciertos economicos vascos en 1878 y la Constitución española de 1978 existe un subterráneo hilo de continuidad en cuanto a la aceptación de la posibilidad de una excepcionalidad vascocatalana de hecho o de derecho en España (que hoy abandera doctrinalmente Herrero de Miñon) como compensación contante y sonante a su renuncia a abandonarla.
 
La letra del acuerdo recuerda muy mucho a las propuestas del PSOE catalán, aunque sea transcritas con un vigor y claridad renovados que pueden adjudicársele a ERC. Para ERC posiblemente sea un escalón transitorio o se justifique desde el posibilismo. A fin de cuentas, se trata de obtener algunas de las ventajas de la independencia -las más pedestres- sin arrostrar ni sus costes ni sus riesgos.
 
Para el PSOE e ICV-IU es, sin embargo, su máximo estratégico. Aún así, no deja de ser extremadamente instructivo que las organizaciones que agitan y hacen gala de su "no-nacionalismo" o incluso de su "internacionalismo", a la hora de la verdad, asumen en Cataluña (y por extensión en sus matrices españolas y en sus sucursales andaluzas) un proyecto que se resume en "pagar menos para recibir más", en un país al que el desarrollo desigual y combinado del capitalismo español colocó donde está. No son nacionalistas (salvo de España) porque no reclaman ni la Soberanía Nacional ni la Autodeterminación de Cataluña y se ubican dentro del marco constitucional del régimen español pero -al mismo estilo y nivel de Pujol- sí son lo suficientemente particularistas para, tras el escudo del federalismo y el hecho diferencial, apostar porque Cataluña tenga lo que le niegan a otros (o los que sus afines se cuidan muy mucho de reclamar) de tal manera que la desigualdad no disminuya sino que se consolide y aún se incremente. Tampoco hay que extrañarse en exceso de esta extraña amalgama: en la sobornada Navarra española, por ejemplo, hace años que se combina el españolismo feroz (sea por parte de PP-PSOE) o el nihilismo nacional (sea el caso de IU o Batzarre) oponiéndose al proyecto nacional vasco mientras paralelamente con excelsa desfachatez se disfruta del privilegio fiscal y económico del Convenio. Que en Cataluña, PSOE e ICV-IU impongan que el proyecto ha de obtenerse con el beneplácito español y no materializarse soberanamente es sólo una muestra de su lealtad y vínculos con el Estado español y en absoluto atenúa la entidad y contenidos de su opción. Si actúan así en la actual coyuntura cabe imaginarse cual sería su posición si Andalucía en lugar de seguir domada y dominada por sus extensiones aquí, tuviera voz propia y reclamara lo que en justicia le corresponde; también cabe pensar que pueden comportarse así precisamente porque Andalucía está falta de representación nacional. Ni siquiera pueden excusarse bajo el argumento de que optan así sólo ante el desgobierno y la mala administración española que se interponen para una solidaridad directa, ya que en todo momento aceptan que España sea quien represente a todo lo que no es Cataluña.
 
Los ejes del acuerdo
 
El acuerdo tripartito apuesta por una ampliación del autogobierno catalán a traves de varios planos paralelos, simultáneos y políticamente interrelacionados.
 
Primero, se compromete a elaborar un nuevo Estatuto antes de la primavera de 2005 que recoja las nuevas competencias y la nueva financiación. El estatuto se procesaría bajo la legalidad española, guardando como reserva el compromiso de llevarlo a "consulta general" de Cataluña en caso de no ser aceptado, bloqueado o especialmente deformado por las instituciones españolas. Se elude la referencia expresa a la convocatoria de un referéndum para escapar a las amenazas de cárcel que conlleva tras la ultima reforma por el PP del Código penal español, abriendo la baraja de posibilidades en cuanto a las formas de plasmación de esa "consulta": encuesta y pronunciamiento a los ayuntamientos, nuevas elecciones...
 
Segundo, se plantea una batería de compromisos de reforma de leyes españolas -que implican el apoyo del PSOE en Madrid- de tal manera que se asegure una presencia condicionante de Cataluña en órganos estatales (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores etc) y que son dependientes de los resultados estatales del PSOE. Ahí se inscribe la reforma constitucional del Senado.
 
Tercero, se comprometen a exprimir las posibilidades de definición legislativa que ofrece el actual estatuto de tal manera que resulte inevitable el conflicto con la sucesión de leyes y normas limitadoras que se han ido amontonando tras los periodos de González y Aznar, de tal manera que sea previsible un colapso por saturación del Tribunal Constitucional español, en el caso de que el PP mantenga su mayoría en Madrid. A la hora de las reclamaciones competenciales, concretan la demanda de que la administración catalana sea la única ejerciente en Cataluña; que el Tribunal Superior catalán agote los recursos de casación de su territorio; que el Gobierno catalán ejerza el mando único de las fuerzas policiales o de las telecomunicaciones apuntando otras posibles áreas competenciales exclusivas aunque sin el nivel de clarificación que puede encontrarse en el Plan Ibarretxe.
 
En cuanto a la situación de la lengua catalana, el sometimiento al orden constitucional español impide que asuman el propósito de conferirle la cualificación de única lengua oficial en Cataluña. En compensación, adelantan una sostenida política de fomento y acción positiva y para encubrir la cuestión de fondo una peregrina reivindicación -proveniente de los doctrinarios federalistas- de que sea reconocida como oficial en todo el territorio del Estado español.
 
En la ordenación interna asumen el compromiso de aprobar una nueva ley electoral proporcional con lista nacional combinada con circunscripciones y un umbral mínimo del 3% nacional para entrar en el reparto de escaños.
 
La nueva financiación propuesta (ver documento) depende para su establecimiento de obtener el asentimiento de las instituciones españolas. Plantean modificar en Madrid el ultimo acuerdo de financiación vigente a partir de una negociación bilateral España-Cataluña que luego se avalara por el resto de Comunidades. El objetivo es reducir hasta eliminar el llamado "déficit fiscal" catalán de tal modo que se reduzcan sensiblemente las transferencias fiscales desde Cataluña. Nuevamente la aceptación del orden constitucional por el PSOE impide una expresa reivindicación del sistema de concierto, tan extremadamente beneficioso para sus titulares, que se resuelve por la vía de intentar conseguir sus mismos efectos paulatinamente por otras vias. Ahí se inscribe la Agencia Tributaria Catalana -encargada de la recaudación de todos los impuestos-; la participación normativa en todos los tributos y la vinculación de la inversión estatal en infraestructuras al porcentaje catalán del PIB español.
 
En el terreno social, las convicciones socialdemócratas de las tres fuerzas coaligadas, bien escoradas hoy hacia el social-liberalismo, limitan el alcance estratégico de las medidas propuestas pese al expreso interés por consolidar una base social para el proyecto tripartito. De hecho, el pacto admite la privatización de la gestión de servicios públicos (a la manera que tan bien conocemos en Andalucía) y en ningún momento vincula, por ejemplo, las demandas tributarias con compromisos programáticos de reequilibrio fiscal progresivo. El tono general de las propuestas recuerda bien la línea del PSOE con algunas incrustaciones achacables a ERC.
 
Asi plantean reclamar la transferencia de la Inspección de Trabajo -para limitar y controlar la precariedad y la economía sumergida- y promover -previo consentimiento de patronal y sindicatos mayoritarios- un marco catalán de negociación colectiva, de hecho ya existente en parte. En este contexto, el acuerdo habla de establecer un salario mínimo interprofesional catalán y de subir las pensiones más bajas hasta un arco de entre el 80 y el 100% del SMI. El nuevo Gobierno catalán se declara favorable a las 35 horas, pero deja su implantación al acuerdo entre patronal y sindicatos. Se declara igualmente preocupado por la precariedad, pero en relación a las subcontratistas ETT se limita a avanzar que no las utilizará desde la administración.
 
La promesa de construir 42.000 viviendas protegidas, el hincapié en unificar la matriculación y por tanto el acceso entre la red de enseñanza publica y la privada subvencionada y aumentar significativamente las inversiones en educación, sanidad, universidades e investigación, son otros elementos destacados del programa y del discurso del nuevo Gobierno.
 
El pacto prohíbe a las tres fuerzas cualquier acuerdo en Cataluña o en Madrid con el PP y las obliga a defender en Madrid los acuerdos adquiridos en Cataluña.
 
El reparto
 
El nuevo Gobierno catalán cuenta con un presidente (Maragall, PSOE); un primer ministro (Carod, ERC) y 14 consejeros. El PSOE se ha quedado con Agricultura, Economía y Finanzas, Industria y trabajo, Interior (Policía catalana), Justicia (servicios penitenciarios, rehabilitación de delincuentes), Obras Públicas y Urbanismo y Sanidad. ERC, con Servicios Sociales, Enseñanza, Gobernación y Municipios, Comercio y Turismo y Universidades e Investigación; aparte de que Carod tendrá, por ejemplo, bajo su dirección directa el “Diari Oficial de la Generalitat” y será quien tutele las políticas de la Generalitat en materia de inmigración, juventud, mujer, asuntos religiosos o deportes, además de la dirección del Consell Tècnic (que prepara y filtra los acuerdos que luego aprueba el Gobierno) o los delegados territoriales. Tambien controlará la concesión de licencias de radio y de televisión digital terrestre, la actividad inspectora de la Administración catalana y las relaciones con los medios de comunicación de la Generalitat, esto es, TV3 y Catalunya Ràdio. ICV-IU, por su parte, dispone de dos: Relaciones Institucionales (encargada de supervisar la redacción del nuevo Estatuto) y Medio Ambiente-Vivienda.
 
En resumen, un Gobierno que puede merecer respeto pero ninguna solidaridad política desde la izquierda independentista andaluza. Esa solidaridad se la reservamos a quienes en Cataluña luchan por la Independencia y el Socialismo.
 
Documento

ACUERDO DE GOBIERNO PSOE-ERC-ICV

V. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

 

Cataluña todavía no cuenta con un sistema de financiación satisfactorio para el buen funcionamiento de su autogobierno. La Generalitat se compromete a adoptar las medidas apropiadas en el sentido de los puntos que siguen, iniciándose el proceso de solución definitiva en la presente legislatura.

 

1.       Constatamos el fracaso del acuerdo de financiación de 2001. La Generalitat adoptará las medidas apropiadas para proceder de forma inmediata a su revisión, y en todo caso en la presente legislatura.

2.       La necesaria revisión del acuerdo de financiación actual se realizará a partir de la labor de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat establecida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dentro de las responsabilidades que éste le encomienda como órgano bilateral de negociación y aprobación de las relaciones fiscales entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central.

3.       La Generalitat creará la Agencia Tributaria de Cataluña. Esta agencia será responsable de la recaudación de los tributos propios, cedidos y compartidos. La agencia establecerá las formas de coordinación y consorcio que sean necesarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, si procede, con los responsables de la gestión de los impuestos en el resto del Estado. Anualmente, el Gobierno de Cataluña publicará un informe sobre los flujos económicos, distinguiendo entre la aportación a la prestación de servicios por parte del Estado y la aportación a los mecanismos de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.

4.       La Generalitat tendrá una participación, en porcentajes por determinar, en la totalidad de los impuestos pagados por los ciudadanos de Cataluña (IRPF, IVA, sociedades, especiales y otros). En estos impuestos la Generalitat dispondrá de responsabilidad tributaria y capacidad normativa.

5.       Los ingresos por habitante de la Generalitat tenderán a equipararse progresivamente con los obtenidos por la aplicación de los sistemas de concierto y convenio vigentes en las comunidades autónomas forales.

6.       Los ingresos de que disponga la Generalitat para la prestación de sus servicios se atendrán a lo que establece el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y responderán a un criterio de igualdad de ingresos per cápita, rectificados por tres factores que influyen en ellos determinantemente: 1) costes diferenciales; 2) nivel efectivo de necesidades; y 3) factores demográficos, incluido el factor migratorio. En el caso de la sanidad, será necesario prever también la existencia de centros de excelencia y el número de usuarios desplazados de otras comunidades autónomas.

7.       La inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña se fijará con tendencia a equipararse al porcentaje del PIB, teniendo en cuenta la compensación apropiada por los déficit acumulados. Este cómputo se realizará con carácter plurianual y se creará una comisión integrada por los representantes de los tres niveles de administración. La comisión, que estará presidida por la Generalitat, programará la inversión de infraestructuras de Cataluña (incluidas las infraestructuras de transporte y comunicaciones, de telecomunicaciones y la inversión en I+D) y velará por el cumplimiento de este acuerdo.

8.       La Generalitat contribuirá a la solidaridad con las otras comunidades autónomas del Estado, de manera que los servicios prestados por las diferentes comunidades autónomas a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares realizando un esfuerzo fiscal similar. A efectos de calcular este esfuerzo de solidaridad, se computará como contribución al Estado el exceso de precios públicos y peajes pagados por Cataluña por encima de lo que le corresponde a la vista de la media española por estos conceptos. El resultado de la aplicación de los mecanismos de solidaridad será revisado quinquenalmente para verificar sus efectos.

9.       La aplicación de estos criterios ha de permitir avanzar progresivamente en la reducción del déficit fiscal de Cataluña con el Estado, de manera que en el plazo de diez años éste se equipare al de territorios de nivel de renta relativa similar en otros países europeos. Asimismo, el Gobierno de la Generalitat se compromete a plantear la superación del actual déficit de Cataluña con el presupuesto comunitario, situación que no se da en ningún otro territorio de un nivel de renta similar al de Cataluña con relación a la media europea. El Gobierno se compromete a la publicación y actualización anual de los estudios sobre la balanza fiscal de Cataluña, así como a una amplia divulgación de sus resultados.

10.   Este acuerdo vincula al Gobierno en la negociación de la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica durante la próxima legislatura. La incorporación de sus contenidos en el proceso de reforma del estatuto se realizará de acuerdo con los mecanismos y procedimientos previstos en este mismo documento en el apartado correspondiente a la profundización del autogobierno y la elaboración de un nuevo estatuto, que incluyen la participación de la sociedad civil y un acuerdo amplio de la mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña.

 
 
La opinión de la izquierda independentista catalana:
(Endavant, MDT, Maulets, PSAN)
 
Sugerencias
 
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Solidaridad con Palestina
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 Música de fondo: Luna de Miel, Gloria Lasso
 
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