Desde hace años, el Gobierno español del PP y la Junta de Andalucía del PSOE han mantenido vivo un pertinaz enfrentamiento sobre las cantidades que se debían abonar a Andalucía a cuenta de los sucesivos cambios en el sistema de financiación autonómica. En plena precampaña, el PP ha reiterado su vieja propuesta de cantidades e insinuado que el hacerla efectiva depende de que gobierne en Andalucía tras las próximas elecciones. Y el PSOE, desdiciéndose de todo lo dicho durante ocho años, acepta el "lo tomas o lo dejas" del PP, si el Gobierno español se compromete a abonar los millones antes de las elecciones. En el cambio va implícita, la renuncia del PSOE a que Andalucía cobre más de 2.000 millones de euros. Estremece la desenvoltura y el cinismo de unos y otros.

 

Los porqués profundos. 

 

¿Porqué puede ocurrir esto?. ¿Porque Andalucía puede quedarse en sus ingresos al arbitrio de los caprichos de un Gobierno español?.

 

Andalucía no establece los impuestos que se cobran en su territorio. Andalucía ni siquiera cobra los impuestos españoles que se generan en Andalucía, quedándose con la parte de ellos que le reconoce el sistema español y remitiendo, en su caso, el resto a Madrid. La Junta sólo recauda directamente una parte de sus impuestos propios, que constituyen una parte marginal de sus ingresos. La Hacienda española cobra todos los impuestos españoles y luego el Gobierno español transfiere a Andalucía lo que le toca, según las normas vigentes interpretadas a su gusto y según su voluntad política; en las cantidades y plazos que estima oportunos. A Andalucía, cuando el Gobierno español no paga o no lo paga todo o paga tarde, sólo le queda recurrir a órganos españoles como el Tribunal Constitucional y similares, controlados por España y que dilatan sus sentencias durante años. Cuando gobernaba el PSOE en Madrid, la Junta admitía disciplinadamente sus ritmos y decisiones; cuando le sustituyó el PP en La Moncloa, San Telmo [el palacio donde reside la presidencia de la Junta] descubrió la aritmética y se construyó un ropaje reivindicativo.

 

La cuestión de fondo es simple. Andalucía no tiene soberanía fiscal. No dispone de un elemento clave para desarrollar una política economía propia; sólo puede gestionar las directrices españolas con algún añadido irrelevante o secundario. Andalucía, al no tener concierto económico, no sólo no tiene capacidad para establecer políticamente la cuantía de las devoluciones españolas sino siquiera para fijar y controlar la recaudación de los recursos que genera. Al no tener Agencia Tributaria propia que gestione todos los impuestos, tampoco tiene autonomía real para supervisar el cobro; aun aplicando criterios españoles; depende totalmente de hecho de las prioridades y arbitrariedades del Gobierno español. Esa es la "autonomía" estatutaria y constitucional.

 

¿De que deuda se está hablando?

 

La prensa habla de la polémica y denomina simplificadamente a la diferencia como relativa al cobro de la "deuda histórica". No es tal y hacerlo así distorsiona los términos de la controversia y de sus fundamentos básicos. Ni los 4.600 ni los 2.500 millones de euros agotan la deuda histórica de España con Andalucía; ni aún se acercan a lo que podríamos llamar "deuda autonómica", es decir, la generada desde el acceso en 1982 de Andalucía a su encorsetada autonomía actual.

 

Para referirnos a la deuda histórica, habríamos de sumar a las cantidades ahora en debate surgidas del cambio de sistema de financiación, otras partidas.

 

Tendríamos que incluir, primero, la deuda histórica secular acumulada desde el siglo XVI al XX por la Monarquía española y luego el Estado español en su rapiña de los recursos andaluces. Cuantificar y luego reconvertir a cantidades actuales los tributos y exacciones que sostuvieron al Imperio español desde Andalucía en proporción abusiva y desorbitada; los costes de las medidas arancelarias que perjudicaron a Andalucía; el valor de los recursos andaluces que sostuvieron el presupuesto español; que se fueron de Andalucía gracias a la Hacienda española, los bancos españoles o el intercambio desigual...   

 

Habría que añadir -entrando en el periodo autonómico- las cantidades compensatorias que no se cobraron cuando empezó a funcionar la Junta de Andalucía, derivadas de la tramposa valoración española de costes y recursos en las competencias transferidas y que se suponía que iban a hacerse efectivas paulatinamente (Disposición adicional 2ª del Estatuto).

 

Debería sumarse igualmente, la diferencia entre lo que ha venido realmente a Andalucía a cuenta del mezquino Fondo de Compensación Interterritorial español (Art. 158.2 CE), con porcentajes en torno a un ridículo 2% de los ingresos andaluces  y lo que se vendió políticamente en su momento, como instrumento de transferencia clave de recursos para la inversión para hacer posible la igualdad y el desarrollo. El FCI no sólo ha sido homericamente corto, sino que se ha transfigurado -como ya era previsible entonces- de recurso especifico para las naciones más pobres del Estado a canal generalizado y arbitrario de distribución de fondos complementarios.

 

Y no pueden olvidarse los 3.942.639.404 de euros de fondos europeos destinados a inversiones publicas en Andalucía, adjudicados al Estado español precisamente por la pobreza andaluza, que el Gobierno español -según denuncio en 2001 la misma Consejera Álvarez- empleo a su criterio en otras naciones y territorios del Estado. Y tampoco pueden echarse en saco roto los recursos perdidos por Andalucía por la forma en el Estado español negoció la entrada en la UE o los que se han ido, se están yendo y se irán por los acuerdos que el Gobierno español ha apoyado o priorizado en Bruselas...

 

¿Cuanto debe España a Andalucía, en resumen?. Haría falta que algunos buenos economistas hicieran la suma; pero, en cualquier caso, bastante más de 4.600 o 2.000 millones de euros.

 

¿Quien es el ladrón?

 

A la vista de la polémica vigente, cabe preguntarse, no ya sólo ¿quien es más ladrón? sino ¿quien es más despreciable?, si el que roba desde Madrid o quien se lo consiente desde Andalucía.

 

Lo que significa y representa la derecha españolista del PP es evidente. Son los herederos de los responsables y beneficiarios del expolio, la miseria, el hambre, la humillación, la emigración y la represión sangrienta que han asolado históricamente a nuestra Nación. España pura. El PSOE, por su parte, es la aceptación oportunista de la dependencia, la acomodación sumisa a la subordinación, la utilización mercenaria de Andalucía al servicio de España. Si ahora ofrecen 2.000 millones de los andaluces para quitarse de encima un chantaje en vísperas electorales es porque, en ultima instancia, participan de la misma perversión que reconvierte el derecho en petición y la justicia en caridad. El PSOE se ve reflejado en el espejo del PP y actúa automáticamente a su nivel, porque es el suyo. Si lo hacen porque prefieren "el pájaro en mano al ciento volando" o porque quieren quitarle de encima una deuda incomoda a un hipotético Gobierno futuro del PSOE (o de la "izquierda plural") en Madrid, es cuestión menor. PP y PSOE, así lo demuestra por enésima vez su comportamiento en la trifulca, comparten en ultima instancia la misma visión íntimamente despreciativa de Andalucía y de su lugar en España. Los dos están contra nuestra Soberanía Nacional; los dos quieren una Andalucía arrodillada. Y así nos va.