| Asunto: | [BoletinAndaluciaLibre] nș 208 - La Burla Chaves - Cataluña Maragall/Carod - E uropa en crisis | | Fecha: | Martes, 23 de Diciembre, 2003 22:17:31 (+0100) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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Por la Soberanía
Nacional; por la República de
Andalucía: NO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
nș 208
En este Correo:
Andalucía
*PSOE presenta sus bases de reforma estatutaria, La Burla Chaves,
Andalucía Libre - Enlaces
*La ayuda
estatal y europea aporta el 19,6% del PIB per cápita andaluz
*EEUU movió 3.448 toneladas de
armas a través de su Base en Rota para
sus guerras en Afganistán e
Iraq
Unión Europea
*La CE da por sentado que no habrá
Constitución Europea antes de la
ampliación
*La guerra
presupuestaria de la UE amenaza las ayudas al Estado
español
*Opinión, La crisis
europea,
Antonio Papell
Cataluña
*Acuerdo
PSOE-ERC-ICV. Maragall y Carod en
Luna de Miel, Andalucía Libre -
Enlaces
*Sugerencias:
Miniwatt-Philips, la memoria
obrera
*Solidaridad
con Palestina,
*Directorio de Andalucía en Internet,
*Música
de fondo - Ayuda: ¡¡LA
EXTRA!!
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 AndalucíaEl PSOE presenta las Bases de
su Reforma Estatutaria
La Burla
Chaves
Andalucía
Libre
Si Euskadi
tiene su Propuesta Ibarretxe y Cataluña su Programa Maragall-Carod;
Andalucía aporta ahora -más de dos años después de anunciarse- la
Burla Chaves.
Presidente
Chaves (PSOE)
El PSOE presentó el pasado 16
de diciembre sus Bases para la Reforma del Estatuto. Un repaso del
contenido sustancial del documento, aligerado de la sucesión de vaguedades,
nuevos órganos consultivos inútiles y surtidas declaraciones
retóricas, nos ofrece lo siguiente:
Ideología y Planteamiento.
Reafirmación repetida del
origen, delimitación y supeditación constitucional del autogobierno andaluz.
"El autogobierno de Andalucía se fundamenta en el derecho fundamental
de sus ciudadanos y ciudadanas a decidir sobre sus propios asuntos e intereses
en el marco jurídico-político establecido por la Constitución española
de 1978".
"Andalucía es una
nacionalidad integrada en la unidad de España". Veintidós años
después, reconoce a Andalucía sin eufemismos como
"nacionalidad" -cuando esta declaración devaluada ya figura en varios
estatutos- pero nuevamente restringida en su condición, dependiente en su
concepto y limitada en su derecho a la integración a la unidad
española.
Reiteración
neoliberal. "La Junta de Andalucía protege y
ampara la libertad de empresa en el marco de la economía social de mercado
(...) favorecerá el desarrollo de la actividad empresarial en el marco de la
libre iniciativa económica". Este compromiso se complementa con el énfasis
en los emprendedores y con la identificación con los mecanismos de
colaboración, clientelismo y concertación social, extensivos a sindicatos y
ONGs.
Instrumentalización
española. "Sobre la base de un principio de igualdad
de status (...) Las propuestas que se formulen desde
Andalucía deben ser modelo para el resto de Comunidades autónomas, punto de
referencia para un funcionamiento armónico del Estado autonómico en su
conjunto". Aquí hay que inscribir sus sugerencias para una reforma
constitucional del Senado o la instauración de una Conferencia de presidentes
autonómicos en la que puedan sentarse al mismo nivel Andalucía,
Euskadi, Cataluña y... Madrid, La Rioja o Ceuta.
Reformas internas
propuestas.
Paridad de sexos en las listas
electorales, manteniendo la provincia como circunscripción electoral y la
distorsión de la proporcionalidad entre voto y representación ("ninguna
tendrá más del doble de diputados que las otras"). Permanencia de las
provincias y sus Diputaciones y sólo posible creación de
otras "agrupaciones de municipios"; es decir en la practica,
comarcas no. Inclusión explicita en el Estatuto de la potestad del presidente de
disolver el Parlamento (ya asumida por Ley postestautaria) y de la posibilidad
del Parlamento andaluz de nombrar senadores que no sean a su vez diputados
andaluces.
Nuevas competencias
reclamadas.
Cuencas hidrográficas
andaluzas; Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada;
Tráfico y Seguridad Vial; Puertos, aeropuertos y ferrocarriles andaluces.
No se cita ninguna más. Tampoco hay ninguna referencia a
clarificación de las delimitaciones competenciales.
Financiación.
Una posible
Agencia Tributaria andaluza, encargada de la
gestión y recaudación de los impuestos ya cedidos a Andalucía (es decir, una
reordenación administrativa de lo ya existente). La citada Agencia podrá
asociarse con otras, formula que puede suponerse que quizá quiera decir que
podría actuar como sucursal administrativa de la Agencia española, bajo su
supervisión, para cogestionar la recaudación española en Andalucía. Lo que
las Bases denominan "espacio fiscal propio" (definido como los
tributos y porcentajes cedidos sobre los que tiene capacidad normativa) pensado
en "condiciones de homogeneidad con el resto de Comunidades", o lo
que es lo mismo, renuncia expresa a una política fiscal propia en lo interno y a
una relación reparadora y devolutiva en lo externo. Petición al Estado español
de que tenga a bien admitir que la participación de Andalucía en sus
ingresos tenga en cuenta el ultimo censo de su población (y no el que le
interese al Gobierno español para reducir sus transferencias). Sugerencia al
Estado español para que establezca la equivalencia en términos financieros de
los ingresos de las CCAA y para que "progresivamente se igualen los
resultados entre el régimen común y el foral". Reclamación incuantificada
de la deuda autonomica. Omisión de toda referencia a la deuda histórica secular,
a la sustracción española de fondos europeos destinados a
Andalucía y a la discriminación negativa de inversiones españolas.
Otras sugerencias de Chaves al
Estado español.
Que tenga en cuenta a las
instituciones andaluzas a la hora de determinar sus inversiones en Andalucía y
que informe, invite y escuche a Andalucía cuando trate de sus asuntos en la
Unión Europea... aunque la decisión sobre cuanto, donde y en qué invertir siga
siendo española así como la potestad para representar internacionalmente a
Andalucía -y por tanto para votar y acordar en su nombre- siga en manos
exclusivas del Gobierno español (incluso en el caso de incluir como
oyente en su delegación a un andaluz).
Una lectura política.
La propuesta Chaves sólo puede
ser calificada como la Burla Chaves. Defendida oficialmente como la respuesta
andaluza a los retos del siglo XXI, sobrecoge lo insustancial de su contenido,
el cinismo que la impregna y la apuesta por la dependencia que la sostiene.
Compararla no ya con la Propuesta Ibarretxe sino incluso con el Programa
Maragall-Carod, deprime hasta el más profundo e intimo desasosiego.
Formalmente, ni siquiera llega a presentarse como texto articulado.
Políticamente, expresa gráficamente que el proyecto del PSOE para Andalucía es
simplemente mantenerla como reserva subordinada y plataforma instrumental
española. La insignificante y marginal relación de competencias a reclamar,
la repetición de peticiones en forma de sugerencias inconcretas, el lacayuno
planteamiento sobre la financiación o la expresa supeditación a la voluntad
del Parlamento español sin ninguna prevención de posible respuesta andaluza
para la legitimación nacional de la propuesta describen bien su
enfoque servil y la condena implícita que encierra para el destino andaluz.
No extraña en absoluto que la
Burla Chaves haya recibido parabienes y halagos envenenados como los
proferidos por Maragall o Carod. Sólo las cercanías electorales explican
que la ultraderecha españolista del PP no la haya asumido con entusiasmo
como ejemplo de la Andalucía sumisa. El modelo Chaves niega la
condición de sujeto nacional a Andalucía y la deja al arbitrio ajeno; maniatada
de antemano para ser usada a conveniencia bien como ariete español, bien
para ser nuevamente sacrificada en un reactualizado pacto entre el
Norte y el Estado español.
Lo más grave del momento, sin
embargo, no es siquiera esto; con serlo ya bastante. Lo peor es la ausencia de
alternativas políticas efectivas. Las propuestas del Partido Andalucista, PSA y PCE-IU al respecto
son patéticamente inconsistentes, faltas de coherencia y de credibilidad
política y ética. Los discursos políticos del PA, PSA y
PCE-IU, sobrados hasta la saturación de oportunismo politiquero y carentes
de patriotismo, comparten con el PSOE su españolismo y su ausencia de todo
proyecto nacional andaluz. Todos participan de variaciones diversas sobre el
federalismo o el agravio comparativo que dejan a Andalucía inerte frente a
España. Al no asumir la reclamación de Soberanía Nacional para
Andalucía renuncian a espacio y fuerza política, a competencias efectivas y
determinantes para el futuro andaluz en lo económico, social e
identitario y a los soportes financieros y económicos inexcusables
para posibilitar la salida de Andalucía del subdesarrollo y la subordinación.
Miran en todo momento
obsesivamente a Cataluña y Euskadi pero con ojos españoles, no andaluces (y
con un punto de estrabismo selectivo, pues siempre se olvidan de la
promoción española de Madrid). Miran pero no ven; miran pero no aprenden.
Cataluña y Euskadi se sitúan como interlocutoras frente a España, sea para
reclamar su independencia nacional; sea incluso como cuando ahora fuerzas
catalanas o vascas plantean una renegociación de su estatus privilegiado en
su seno, dejando gustosamente a España la tarea de resolver la
acomodación posterior. Andalucía debería hacer lo propio: enfrentarse a España y
que sea esta quien repartiera y administrara los costes si quisiera llegar a un
acuerdo con Andalucía; que fuera España quien se entendiera con Cataluña,
Euskadi y el resto. El problema para Andalucía no es primariamente lo
que Cataluña o Euskadi reclamen a España -que es asunto suyo- sino lo que
Andalucía quiera ser y decida exigir en consecuencia a España (aunque
esto determine, obviamente, su propio posicionamiento ante otras demandas
nacionales que puedan enfrentarse a sus derechos e intereses).
Entretanto, el grueso de la
izquierda social andaluza, instalada en el limbo cosmopolita o directamente
inoculada de españolismo, al no asumir una perspectiva política nacional se
declara a priori ausente y se apunta a la impotencia y a la esterilidad
para influir en el destino de Andalucía.
Andalucía sigue inerme.
Sobre el debate de la
Reforma Estatutaria
Andalucía
Libre [Recopilación]
Historia del
proceso autonómico andaluz.
Financiación, Desigualdad, Dependencia.
Andalucía
Realidad y discurso dominante sobre la
desigualdad y la dependencia andaluzas.
La
ayuda estatal y europea aporta el 19,6% del PIB per cápita
andaluz
Andalucía es la segunda comunidad
con menor producción por habitante y la cuarta con mejor saldo en las
subvenciones de Madrid y Bruselas.
De la Prensa
El 19,64% del PIB per cápita de
Andalucía lo sustentan las transferencias recibidas desde la Administración
central y la Unión Europea, según se desprende del estudio presentado por la
Fundación BBVA, realizado por Ezequiel Uriel, catedrático de la
Universidad de Valencia y que, aunque abarca el periodo 1991-1996, se considera
uno de los estudios más completos hasta la actualidad referido a las economías
autonómicas y al flujo de solidaridad entre ellas y las administraciones central
y europea.
Este estudio revela que Andalucía es la penúltima comunidad
autónoma de España en PIB per cápita (1.203.743 pesetas anuales -7.234 euros,
sólo superada por Extremadura) y la cuarta con una mayor aportación de las
administraciones central y europea (236.482 pesetas-1,421 euros por
habitante y año), cantidad denominada saldo fiscal, que refleja la diferencia
entre lo recibido por Andalucía desde el Estado y la UE y lo aportado por los
andaluces a dichas administraciones central y europea. La comparación entre
ambas cifras coloca a Andalucía como la segunda comunidad autónoma más
subvencionada de España, ya que las transferencias estatal y comunitaria
equivalen al 19,6% de su PIB per cápita, porcentaje sólo superado por
Extremadura, comunidad en la que lo recibido desde Madrid y Bruselas representa
nada menos que el 30,8% de su PIB per cápita.
El hecho de que Andalucía
sea la segunda comunidad autónoma con un mayor peso de las transferencias
públicas en su PIB por habitante, pese a ser sólo la cuarta en la cuantía de
dichas ayudas, responde a que Asturias y Castilla-La Mancha, que perciben más
transferencias por habitante de Madrid y Bruselas que Andalucía, también
producen más, lo que diluye el impacto final de las aportaciones
públicas.
El informe revela que Madrid, Baleares y Cataluña se colocan en
el lado opuesto de esta clasificación, pues aportan más a las haciendas estatal
y comunitaria de lo que reciben de ellas, hasta el punto de que padecen un saldo
negativo de 213.956-1.285 e, 148.259 - 891e y 65.926 -396 e pesetas/euros
por habitante y año, cantidad que merma su PIB per cápita en el 10,8; el 6,99 y
el 3,32 por ciento, respectivamente. Madrid, Baleares y Cataluña son las únicas
autonomías que tienen saldos negativos en sus relaciones con la Administración
Pública Central, es decir que tributan más al Estado de lo que reciben, mientras
que los saldos per cápita de mayor cuantía, con signo positivo, corresponden a
Extremadura y Asturias. Según el estudio elaborado por la Fundación BBVA, un
madrileño, por ejemplo, aportaría a la Administración Pública Central un total
de 206.835 pesetas/ 1.243 e más de lo que recibe de ella. En el caso de un
balear, ese saldo negativo sería de 144.973 pesetas/ 871 e.y en el de un
catalán, de 65.574 pesetas/395 euros. Por el contrario, un extremeño recibe
284.929 pesetas/1.712 euros más del Estado de lo que tributa; un asturiano,
232.176/1.395 e; un castellano-manchego, 213.245/1.281 euros y un andaluz
recibe del Estado 211.089 pesetas/1.268 euros más de las que
paga.
Madrid, Cataluña y Baleares son las comunidades con más renta per
cápita, pero también las que registran saldos fiscales más negativos, pues son
las que más aportan a las que menos tienen. Entre 1991 y 1996, Madrid registró
un saldo negativo de 1,037 billones de pesetas, seguido de Cataluña, con 401.170
millones de pesetas, y Baleares, con 108.288 millones de pesetas. Al lado
contrario se sitúan Andalucía, que alcanzó un saldo positivo de 1,503 billones
de pesetas, seguido por Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias
y Extremadura.
Ver Enlaces:
Financiación,
Desigualdad, Dependencia
 Andalucía
EEUU movió 3.448 toneladas de armamento a través de
Rota
Los especialistas estadounidenses de municionamiento en
la Base realizaron jornadas de hasta 17 horas de trabajo al día durante la
guerra, divididos en tres turnos
OSCAR
LOBATO. DIARIO DE CÁDIZ
ROTA. La Armada de los Estados Unidos (US Navy)
ha movido a través de la Base de Rota 3.448 toneladas de armamento y municiones
para uso de sus fuerzas militares en Afganistán e Iraq. Fuentes oficiales de la
US Navy han informado que esta cifra es el total de cargas acarreadas por vía
naval durante las operaciones denominadas 'Libertad Perdurable' y 'Libertad para
Iraq'. La Armada estadounidense desglosa a su vez esta suma en dos capítulos:
'suministro' (singladura desde EE.UU. hasta el destinatario final) y 'recepción'
(reexpedición hacia territorio norteamericano del armamento desplegado y del
municionamiento no utilizado). La US Navy transportó a través de la Base roteña
y dentro del primer apartado un total de 1.185 toneladas de cargamentos con
destino a 37 mandos diferentes, desplegados durante ambas guerras. Las partidas
de armamento reexpedidas vía Rota superaron levemente las 2.263 toneladas,
procedentes de 42 mandos militares distintos.
Esta notoria diferencia entre un mayor
volumen de material retornado que expedido radica en dos razones. Una es que los
datos facilitados por la US Navy atañen sólo a transporte marítimo y excluyen el
tráfico aéreo, la vía más rápida y usual de suministro en los primeros días de
un conflicto. La segunda razón es que el Pentágono tiene diseñado su circuito
urgente de abastecimiento de armas y municiones según un esquema de 'hipódromo'
(las trayectorias de aviones despachados desde EE.UU. con pertrechos bélicos
discurren por aerovías en paralelo aunque separadas de las seguidas por
aeronaves que retornan desde las zonas de combate).
La Fuerza Aérea
norteamericana (USAF) intenta evitar así la congestión total del espacio aéreo
de los países sobrevolados por las flotas del Mando Aéreo de Movilidad
(encargado de operar los aviones de transporte) y eludir el peligro de
saturaciones en un mismo pasillo aéreo por tráfico en doble sentido, con el
consiguiente riesgo de colisión entre aeronaves.
En Andalucía, la
trayectoria o 'avenida de entrada' de los grandes bombarderos y los aviones con
suministros bélicos suele realizarse a través de Morón. El aeródromo de Rota
acoge, por el contrario, el tráfico 'de salida' de aeronaves en regreso desde
las zonas en conflicto o que repatrían a tropas heridas. Este esquema no se
repite por vía marítima, donde recalan en Rota tanto los buques logísticos
militares (no se computa a los navíos de combate) zarpados desde Norteamérica,
como a los que regresan de las áreas de conflicto.
La US Navy mantiene
desplegado en la Base roteña a un equipo designado como División de Suministros
y Armamento, integrada por 30 personas, pertenecientes a todas las ramas de las
fuerzas armadas (torpedistas, artilleros, armeros de aviación....), para
asegurar el adecuado conocimiento y manejo exacto de cada partida. El trabajo de
esta unidad -formada por 26 militares en activo y cuatro reservistas- ha sido
reconocido públicamente por la US Navy, pues han triplicado el nivel cotidiano
de trabajo de tales equipos en los meses del conflicto. Estos especialistas
militares han llegado a trabajar en jornadas de hasta 17 horas diarias,
divididos en tres turnos.
La CE
da por sentado que no habrá Constitución Europea antes de la
ampliación
Bélgica y Luxemburgo se unen a Alemania y
Francia para lanzar la Europa de las dos velocidades
BRUSELAS, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Tras el fiasco de los líderes europeos el pasado
fin de semana, la Comisión Europea (CE) da prácticamente por seguro que la UE no
contará con una Constitución antes del próximo 1 de mayo, fecha de adhesión de
los diez nuevos Estados miembros. Mientras, los países contribuyentes abogaron
hoy por rebajar su contribución financiera a la Unión, y Bélgica y Luxemburgo,
se sumaron los flirteos de Francia y Alemania con la posible constitución de un
"grupo de países pioneros".
"No es necesario acabar en presidencia irlandesa",
afirmó el portavoz de la Comisión, Reijo Kempinen. Hasta el pasado sábado, el
objetivo común de la Conferencia Intergubernamental (CIG) donde se negocia la
Constitución Europea era acabar antes del 1 de mayo, de forma que los europeos
conociesen el texto antes de la ampliación y de las elecciones a la Eurocámara
de junio. Varios países, entre ellos España, preveían de hecho aprovechar los
comicios europeos para someter la Constitución a referéndum.
Pero el Ejecutivo comunitario -habitualmente
ambicioso en el proceso constitucional- cree ahora "muy difícil" conseguir ese
objetivo. Entre otras cosas, porque el Gobierno irlandés --que ostentará la
presidencia comunitaria en el primer semestre de 2004--, no prevé reanudar los
trabajos de la CIG antes de marzo. Las elecciones de España, en marzo, y de
Reino Unido, en otoño, también hacen pensar a Bruselas que el ritmo del proceso
será mucho más pausado a partir de ahora, y que la verdadera negociación no
arrancará hasta la presidencia holandesa, en el segundo semestre del año.
El nuevo objetivo es pues, acabar "antes de fin de
2004" y sólo porque "políticamente no sería bueno que CIG durase años", según
subrayó Kemppinen. De cumplirse, este plazo evitaría que el debate de la CIG
fuese paralelo a las negociaciones formales sobre las perspectivas financieras
de la Comunidad tras 2007 -del que dependen las ayudas que reciben España o
Polonia, entre otros-. Pero esto no bastará para evitar que ambas cuestiones
acaben mezcladas. Pese a que el debate legal sobre las perspectivas no arrancará
hasta 2005, el debate informal lo hará bastante antes. La propia Comisión planea
presentar una comunicación con su visión sobre cuál ha de ser el futuro de la
política presupuestaria "antes del 20 de enero" -"Nos parece más útil que
nunca", dijo hoy Kempinnen-.
Francia y Alemania, principal contribuyente al
presupuesto de la UE, han dado señales de que su grado de satisfacción en las
negociaciones constitucionales puede repercutir en su generosidad en el debate
presupuestario, un claro mensaje a España y Polonia, a quienes París y Berlín
acusan de bloquear el debate constitucional por su negativa a cambiar el sistema
de voto del Consejo, en favor de los Estados grandes.
En este contexto, apenas 48 horas después del
desencuentro en la CIG, París y Berlín, junto con el resto de países
contribuyentes -Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Austria-, enviaron una carta
al presidente de la Comisión Europea en la que apuestan por rebajar del 1,25 al
1 por ciento del PIB, el techo de su aportación. Todo esto, con el trasfondo que
conforman los coqueteos del canciller alemán, Gerhard Schroeder, y el presidente
francés, Jacques Chirac, con la idea de formar un 'club' de Estados dentro de la
Unión, que se integre antes que el resto, en cuestiones como la Economía, la
Justicia o la Defensa.
El primer ministro belga, Guy Verhofstadt, se
apuntó hoy en la lista de posibles pioneros. Verhofstatd, tal vez el líder
europeo más entusiasta con la construcción comunitaria, advirtió de que si "no
se llega rápido a una solución" en la CIG, "será necesario desde los primeros
meses del año que viene que busquemos una colaboración mucho más estrecha con
otros que como nosotros creen necesario intensificar la integración europea".
Por su parte, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, consideró,
en una entrevista que publica el 'Financial Times Deutschland', que es posible
un encuentro entre los Estados europeos que deseen trabajar juntos más
estrechamente en algunos terrenos políticos, aunque precisó que esto no debería
ser "un fin en sí mismo". "La cuestión central es la siguiente: construimos una
autopista europea de una sola vía, o construimos una autovía de tal forma que
otras vías puedan agregarse", apuntó.
Como si predicase en el desierto, el comisario
europeo de Agricultura, el austriaco Franz Fischler, advirtió hoy contra el
proyecto de crear un "núcleo duro" de países de la UE ante la falta de acuerdo
para la Constitución europea. "Eso sería el principio del fin de una Europa
común", declaró. Fischler se mostró en contra de la creación de un "núcleo duro"
que "no se preocuparía de los otros países" y afirmó temer que "Chirac y
Schroeder desean crear su propia Europa". Advirtió también contra la posibilidad
de que se creen en el seno de la UE "dos o tres grupos" que quieran "seguir sus
propios intereses".
La guerra presupuestaria de la UE amenaza las ayudas al Estado
español
De la
Prensa
La pretendida congelación del
presupuesto de la UE amenaza con mermar sensiblemente los casi 9.000 millones de
euros anuales que España recibe en fondos comunitarios. Los principales
contribuyentes quieren, además, orientar el gasto hacia unas partidas
horizontales en las que España capta ahora la mitad que París y la cuarta parte
que Berlín.
Seis de los principales contribuyentes del presupuesto
comunitario (Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia, Suecia y
Austria) exigieron anteayer a la Comisión Europea el recorte del techo
presupuestario de la UE fijado ahora en el 1,27%. 'El gasto medio
durante el próximo periodo financiero a partir de 2007 no debe exceder el 1% del
PIB', afirman por escrito esos países. Todos ellos añaden que
'el gasto de la UE debe suponer un auténtico valor añadido y aspirar más
activamente a transformar la Unión en la zona más competitiva e innovadora del
mundo'. Esa nueva prioridad deja en segundo plano la política estructural y
de cohesión que sólo en 2002 reportó a España 8.833
millones de euros. El nuevo objetivo, en cambio, obligará a
Bruselas a concentrar el gasto en partidas como I+D, educación o formación
continua, a las cuales sólo se dedica ahora el 6,5% (unos 6.000 millones de
euros para 15 Estados) del presupuesto anual.
España apenas capta el 6,4%
de esas partidas, en las que Alemania (con el 22%), Francia (12%) y Reino Unido
(11,7%) demuestran mayor capacidad de absorción. La más que previsible reducción
de subsidios para infraestructuras se agrava en el caso de España por la pérdida
del fondo de cohesión, reservado a los países cuya renta per cápita no alcance
el 90% de la comunitaria. España, que recibe más de 2.000 millones de euros al
año con cargo a ese fondo, superará el umbral antes de 2007.
Aparte del canciller alemán, Gerhard
Schröder, y el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, la carta de los seis
ha sido firmada por el mandatario francés, Jacques Chirac, el holandés, Jan
Peter Balkenende, el canciller austríaco, Wolfgang Schüssel, y su colega sueco,
Göran Persson, quien preparó el documento. Alemania y Gran
Bretaña son los dos mayores contribuyentes al presupuesto de la UE: Su
aportación neta representa el 47,8 por ciento del total. El Ministerio de
Finanzas en Alemania explica que el propósito de la carta es el de aclarar que
"los recursos disponibles de los contribuyentes son limitados". Y que dichos
países también están trabajando en consolidar sus propios
presupuestos.
Después de que España y Polonia
bloquearon el acuerdo para redactar la primera Constitución Europea, el gobierno
alemán dejó claro que presionaría para poner un límite al presupuesto. Malas
perspectivas para ambos países: A Polonia, el más grande de los países próximos
a integrarse en la UE, le correspondería la mayor parte de las subvenciones. Tal
como hasta ahora España recibió los subsidios más altos.
La petición de recortes en el gasto comunitario no ha
caído muy bien en Bruselas. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi,
instó ayer a los seis líderes europeos que han exigido la congelación del
presupuesto de la UE a que aclaren a los ciudadanos 'qué gastos quieren
suprimir'. Prodi reclamó 'cautela' a la hora de 'mezclar con el debate
institucional argumentos que no son pertinentes'. 'Por ello', añadió que 'todos
los que quieren ver reducida la capacidad de gasto de la Unión deben al mismo
tiempo asumir la responsabilidad de dar cuenta de qué sectores pretenden
suprimir del presupuesto y sustraerlos a la responsabilidad de la UE'. La
Comisión Europea confirmó hoy que tiene la intención de presentar "antes de
finales de enero" su informe inicial sobre las próximas "perspectivas
financieras" (marco financiero plurianual) para el período que comenzará en
2007, pese a que el comienzo del debate sobre los presupuestos corre el peligro
de solaparse, y dificultar, la eventual reanudación de las negociaciones sobre
la Constitución. A principios de mes, la CE, en medio de una fuerte división
interna, tuvo que retrasar dicha "comunicación" para no coincidir con la cumbre
celebrada en Bruselas el viernes y sábado pasados.
Desde España, el secretario de Estado de Presupuestos
(Ministerio de Hacienda), Ricardo Martínez Rico, consideró 'incongruente' la
postura de los que, como Francia y Alemania, pretenden recortar recursos, y a la
vez son 'máximos impulsores de una Europa ampliada y de fondos estructurales
para su desarrollo'.
Opinión
La
crisis europea
ANTONIO PAPELL
EL FRACASO de
la cumbre de Bruselas, debido en apariencia a un simple disenso sobre el
reparto del poder interno, tiene en realidad mucho mayor calado porque es la
prueba explosiva de una grave desorientación sobre los rumbos que debe
emprender la Europa ampliada. Francia y Alemania, países estrechamente
vinculados entre sí en los últimos tiempos, consideran que su alianza
indisoluble es la columna vertebral de una Unión Europea que surge sin embargo
sin criterios sólidos y con grandes vacilaciones.
El desprecio de
franceses y alemanes al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impuesto en su
momento por Alemania para asegurarse la disciplina presupuestaria de sus
socios, no es la única sinrazón que el «eje» ha introducido en el devenir
europeo.
El propio texto articulado del proyecto de Constitución que
no ha sido aprobado por el Consejo en Bruselas revela un nuevo episodio de la
política zigzagueante de los dos grandes países, que improvisan constantemente
su relación y que quieren envolver a los demás en sus vaivenes. El Tratado de
Niza, demonizado antes incluso de entrar en vigor, es la prueba de este
desconcierto. Para entender el presente conviene recapitular los últimos hitos
solemnes de la historia reciente de Europa: en 1992 se aprobaba el Tratado de
Maastricht, que consolidaba la Unión Económica y Monetaria, base de la moneda
única, uno de los grandes logros de la integración continental.
Posteriormente, el Tratado de Amsterdam intentaba avanzar en la unión
política, que no llegó a cuajar por las debilidades del acuerdo.
De
ahí que, en diciembre del 2000, bajo presidencia francesa, se aprobase el
Tratado de Niza, con un doble objetivo: asentar la unión política y reformar
el sistema institucional de la UE con vistas a la ampliación de la Unión
mediante el ingreso de diez países de la Europa del Este y del Sur en el 2004.
Otros dos ingresarán en 2007 y, finalmente, Turquía, cuando se den las
condiciones necesarias.
En Niza, Chirac presionó hasta conseguir lo
que París consideraba irrenunciable: la paridad franco alemana en el Consejo
Europeo, aunque fuese a costa de sacrificar algunos escaños del Parlamento
Europeo; y, para lograrlo, mejoró el estatuto de los países medianos, España y
Polonia.
Aquel designio, resuelto felizmente para Francia, supuso el
rechazo frontal a la propuesta alemana de la «doble mayoría» de Estados y de
población, que hubiese consagrado la gran hegemonía alemana. Las hemerotecas
guardan los juicios de Chirac sobre Niza: permitiría «progresos considerables»
en la evolución de Europa porque «es el mejor texto europeo que ha sido
firmado desde la existencia del Mercado Común».
Pero ya en el 2001, en
la cumbre de Laeken, se convocaba la Convención para redactar una Constitución
europea que remediase las carencias de Niza e institucionalizase una Carta
Magna que diera visibilidad a la «comunidad de Estados y ciudadanos» que es la
Unión. No se dio un mandato preciso a los comisionados, que sin embargo
revisaron unilateralmente el sistema de toma de decisiones, introduciendo el
sistema de doble mayoría. Mientras tanto, los países candidatos ratificaban el
Tratado de Niza, en algún caso -como el polaco- mediante referéndum.
Si éste ha sido el proceso, cargado de vacilaciones por parte de
Francia y de Alemania, ¿cómo puede extrañar que en Bruselas se haya producido
la franca disconformidad de los países que saldrían seriamente damnificados
por la introducción del sistema decisorio propuesto por la Convención, sobre
el que no se ha conseguido consenso en el seno de la Conferencia
Intergubernamental? ¿Cómo no entender la irritación de Polonia, obligada a
pronunciarse plebiscitariamente sobre un Tratado que ahora se considera
«impracticable»? Y ¿cómo se podía esperar que España renunciase a la posición
ventajosa que consiguió en Niza?
El disparate adquiere ribetes
estridentes cuando se piensa que, en todo caso, el Tratado de Niza -éste que
franceses y alemanes consideran inservible por ineficaz- tiene todavía que
entrar en vigor (lo hará el primero de mayo del 2004, al mismo tiempo que la
ampliación) y se mantendrá vigente, incluso si se aprueba en el 2004 el
proyecto de Constitución, hasta el 2009. Si son ciertas las carencias de Niza
que ahora denuncia el eje franco-alemán, no acaba de verse cómo podrán
salvarse estos inexorables cinco años de provisionalidad.
En suma,
Europa se debate en las contradicciones franco alemanas, y bajo la amenaza de
una seria fractura que surgiría de las «cooperaciones reforzadas» que
pretenden ambos países. Aunque quizá, al cabo, ésta sea la única manera de que
Berlín y París consigan marcar unas pautas rectilíneas sin involucrar a los
demás en sus vaivenes.
 CataluñaERC optó por el PSOE
Acuerdo de Gobierno
PSOE-ERC-ICV
Maragall y Carod en Luna de
Miel
Andalucía
Libre
Tras las elecciones, ERC inicio una
negociación paralela y simultanea con CiU y con el PSOE. Inmediatamente quedó
clara la inviabilidad de su propuesta de campaña de Gobierno de
Concentración Nacional (todos menos el PP). Tampoco cuajó el Gobierno
Tripartito PSOE-ERC-CiU. Durante el proceso, CiU fue diciendo "sí a todo"
lo que le proponía ERC, mientras que los avances con el PSOE se producían a
traves de una discusión detallista; muy posiblemente facilitada por los acuerdos
previos de 2001. Finalmente, ERC optó por el PSOE y el derrotado Maragall
consiguió la presidencia del Gobierno catalán, con Carod Rovira -el
líder de ERC- como su primer ministro. ICV-EUiA (las formaciones herederas del PSUC-PCE,
hoy referentes catalanes de IU) se incorporaron encantadas y de inmediato
al Acuerdo para formar Gobierno.
Maragall y Zapatero (PSOE) con
Carod (ERC)
en el balcón de la
Generalitat
En la
trastienda del Pacto ocurrieron muchos episodios. ERC, por
ejemplo, se inventó una encuesta entre organizaciones sociales para
fundamentar y legitimar su elección de socio, descartando a CiU. En el PSOE se afirmó cara al
publico con rotundidad que la política catalana la fijaba su organización
catalana mientras el andaluz-catalán Montilla (uno de sus más importantes
jerarcas) dejaba claro ante Zapatero y Chaves que si el PSOE central vetaba
el acuerdo con ERC las consecuencias serían igualmente desastrosas tanto si
se sometían en Cataluña (un desplome por descomposición) como si se producía una
insumisión catalana que conduciría a la ruptura del PSOE. CiU, por su
parte, a la vez que negociaba en Barcelona con ERC trataba en Madrid con
Zapatero (y con Felipe González) advirtiendo que si el PSOE
catalán la expulsaba del Gobierno ya podía despedirse en España de
cualquier esperanza de sostén o apoyo parlamentario. CiU para
permanecer, defendía como salida incluso un Gobierno CiU-PSOE-ERC. A
la vez, Más -el delfín de Pujol- tomaba el camino de Euskadi para entrevistarse
con el Lehendakari Ibarretxe a fin de que mediara ante ERC para convencerla de
las bondades de un Gobierno nacionalista CiU-ERC.
La ultraderecha
españolista del PP, por su lado, desarrollaba una línea de condena
radical. Luego de confirmado el pacto, el PP produciría en
cascada declaraciones valorando al acuerdo como
"inconstitucional", amenazando a Maragall con la cárcel si se atrevía a
convocar un referéndum (ministro Zaplana, portavoz), adelantando su
oposición y bloqueo a las iniciativas de reforma que pudieran emprenderse o
incluso recordando el Art. 8 de la Constitución española que encarga al Ejército
defender la unidad de España (Fraga).
Las razones de Carod. ¿Porqué
escogió ERC al PSOE y no a CiU?.
En el
plano interno ERC ha priorizado evitar la posibilidad de una polarización
social por orígenes nacionales a la que podía dar lugar un Gobierno CiU-ERC
(identificado con los catalanes de origen) que dejara fuera al PSOE e ICV
(identificados en parte con los andaluces y demás inmigrados, aunque sus
direcciones sean mayoritariamente autóctonas). En el proyecto de Carod es clave
soldar la fisura interna catalana -que existe pese a su negación persistente por
el pensamiento políticamente correcto catalán- asegurando la retaguardia
nacional, incluyendo en su proyecto de Cataluña a los que antaño se denominaba
"otros catalanes". A este objeto se utilizan dos recursos: incorporarlos
simbólicamente a la gestión y atraerlos a partir del énfasis en un "patriotismo
del interés" en el que la reivindicación nacional se asocie a la mejora de
servicios y al disfrute de las repercusiones de la condición desarrollada e
industrial de Cataluña en el contexto español.
En esta línea ERC ha
valorado como más provechoso un Gobierno que pudiera contar desde un principio
como mínimo con la neutralización, cuando no con la complicidad de
agentes estructurantes como los sindicatos. Al pactar con los referentes
políticos de CCOO y UGT (dada la debilidad comparativa de los sindicatos
nacionales catalanes) asegura este frente, dificulta una hipotética
oposición social de izquierda y evita la repetición de fenómenos lerrouxistas
(demagogia social con proyectos españolistas). Obviamente, ha considerado que el
peso político de este tejido social es superior al que articulan hoy los
convergentes.
En el plano exterior,
ERC ha preferido ganarse un aliado como el PSOE a reproducir el escenario
vasco. El acuerdo con Maragall vincula al PSOE español al nuevo Gobierno catalán
y lo compromete a apoyar sus propuestas y demandas en Madrid. Si el PSOE fuera
Gobierno en España le facilita obtener sus reivindicaciones y si fuera
oposición le evita el aislamiento en su pugna con el PP. Si el PSOE español
incumpliera su trato, dejaría en mal lugar a Maragall y le abocaría a una seria
crisis de credibilidad y si lo cumple, se entenderá que es como consecuencia de
las exigencias y de la fuerza obtenida por ERC. De hecho ya pueden percibirse
algunas consecuencias del pacto al ver a los medios afines al PSOE (Prisa,
Zeta...) defendiendo al nuevo Gobierno catalán de las embestidas
españolistas de los adscritos al PP.
Además, ERC ha tenido
bien en cuenta las debilidades presentes de CiU. Primero, su ultimo periodo de
alianza parlamentaria en Cataluña y en España con el PP (y antes con el PSOE) le
restan credibilidad e impacto a sus acusaciones a ERC de ceder al
sucursalismo. A ERC le bastara durante un tiempo con recordarle a CiU su
trayectoria y sus anteriores rechazos a pactar con ERC para sacudirse el
efecto de estas criticas sobre su coherencia nacional. Segundo, ERC cuenta con
los efectos disolventes de la perdida del poder (el reverso en negativo del
fenómeno que ha facilitado su acuerdo con el PSOE). Más de 3.000 cargos de CiU
en la Generalitat han ido
a la calle con el cambio de Gobierno; CiU se encuentra limitada a gobernar en un
par de grandes ayuntamientos y poco más y aparte ha de soportar la espada de
Damocles de las investigaciones pendientes de diversos escándalos o casos de
corrupción que la implican tras 23 años de Gobierno ininterrumpido y que había
sorteado gracias a su mayoría parlamentaria. Para entender el caso y sus
consecuencias, hagamos el simple ejercicio de imaginarnos al PSOE en Andalucía
fuera de la Junta y de los grandes ayuntamientos y diputaciones,
sufriendo la misma situación que ahora soporta CiU y a la cantidad de
gente que vería sus puestos y negocios en peligro. Tercero, políticamente CiU
sólo puede presionar a ERC reclamándole mayor contundencia y radicalidad en la
elaboración estatutaria o en la obtención de ventajas especificas para Cataluña,
adquiriendo con ello perfiles y compromisos de difícil retorno, lo que
paradójicamente fortalece y consolida el papel central de ERC en relación al
PSOE en el Gobierno de coalición. ERC siempre puede amenazar al PSOE con
cambiar de pareja si el PSOE le disgusta en exceso y juntarse a una CiU que ya
no podrá actuar como en la era pujolista. De hecho, CiU ya se ha comprometido a
no apoyar eventualmente en Madrid ni a PP ni a PSOE, rompiendo con ello una
tradición fenicia consustancial a la imagen y practica de CiU desde el
comienzo de la Transición.
Los fundamentos políticos del
Acuerdo
El acuerdo ERC-PSOE (al
que se ha apuntado ICV-IU) ha sido posible porque no es un acuerdo
independentista, ni siquiera soberanista. No es un acuerdo rupturista. Es un
pacto sustentado en el proyecto de una Cataluña privilegiada, con tratamiento
singular, dentro de España. Un nuevo ejercicio austrohungaro (en el que
catalanes y vascos hacen el papel de magiares mientras que a los andaluces
se les adjudica el rol de ucranianos o eslovenos), que entra dentro de
lo tradicionalmente admisible para fuerzas españolistas y reformistas como
son el PSOE o las versiones catalanas de IU. A fin de cuentas, entre
Canovas (el armador de la reaccionaria Restauración borbónica en el XIX)
que se inventó los Conciertos economicos vascos en 1878 y la
Constitución española de 1978 existe un subterráneo hilo de continuidad en
cuanto a la aceptación de la posibilidad de una excepcionalidad vascocatalana de
hecho o de derecho en España (que hoy abandera doctrinalmente Herrero de Miñon)
como compensación contante y sonante a su renuncia a abandonarla.
La letra del acuerdo
recuerda muy mucho a las propuestas del PSOE catalán, aunque sea transcritas con
un vigor y claridad renovados que pueden adjudicársele a ERC. Para ERC
posiblemente sea un escalón transitorio o se justifique desde el
posibilismo. A fin de cuentas, se trata de obtener algunas de las ventajas
de la independencia -las más pedestres- sin arrostrar ni sus costes ni sus
riesgos.
Para el PSOE e ICV-IU
es, sin embargo, su máximo estratégico. Aún así, no deja de ser extremadamente
instructivo que las organizaciones que agitan y hacen gala de su
"no-nacionalismo" o incluso de su "internacionalismo", a la
hora de la verdad, asumen en Cataluña (y por extensión en sus matrices
españolas y en sus sucursales andaluzas) un proyecto que se resume en "pagar
menos para recibir más", en un país al que el desarrollo desigual
y combinado del capitalismo español colocó donde está. No son
nacionalistas (salvo de España) porque no reclaman ni la Soberanía Nacional
ni la Autodeterminación de Cataluña y se ubican dentro del
marco constitucional del régimen español pero -al mismo estilo y nivel
de Pujol- sí son lo suficientemente particularistas para, tras el
escudo del federalismo y el hecho diferencial, apostar porque Cataluña tenga lo
que le niegan a otros (o los que sus afines se cuidan muy mucho de
reclamar) de tal manera que la desigualdad no disminuya sino que se consolide y
aún se incremente. Tampoco hay que extrañarse en exceso de esta extraña
amalgama: en la sobornada Navarra española, por ejemplo, hace años que se
combina el españolismo feroz (sea por parte de PP-PSOE) o el nihilismo
nacional (sea el caso de IU o Batzarre) oponiéndose al proyecto
nacional vasco mientras paralelamente con excelsa
desfachatez se disfruta del privilegio fiscal y económico del
Convenio. Que en Cataluña, PSOE e ICV-IU impongan que el proyecto ha de
obtenerse con el beneplácito español y
no materializarse soberanamente es sólo una muestra de su lealtad y
vínculos con el Estado español y en absoluto atenúa la entidad y
contenidos de su opción. Si actúan así en la actual coyuntura cabe
imaginarse cual sería su posición si Andalucía en lugar de seguir domada y
dominada por sus extensiones aquí, tuviera voz propia y reclamara lo que en
justicia le corresponde; también cabe pensar que pueden comportarse así
precisamente porque Andalucía está falta de representación nacional. Ni siquiera
pueden excusarse bajo el argumento de que optan así sólo ante el desgobierno y
la mala administración española que se interponen para una solidaridad directa,
ya que en todo momento aceptan que España sea quien represente a todo lo que no
es Cataluña.
Los ejes del
acuerdo
El acuerdo tripartito
apuesta por una ampliación del autogobierno catalán a traves de varios planos
paralelos, simultáneos y políticamente interrelacionados.
Primero, se compromete
a elaborar un nuevo Estatuto antes de la primavera de 2005 que recoja las nuevas
competencias y la nueva financiación. El estatuto se procesaría bajo la
legalidad española, guardando como reserva el compromiso de llevarlo a "consulta
general" de Cataluña en caso de no ser aceptado, bloqueado o especialmente
deformado por las instituciones españolas. Se elude la referencia expresa a la
convocatoria de un referéndum para escapar a las amenazas de cárcel que conlleva
tras la ultima reforma por el PP del Código penal español, abriendo la baraja de
posibilidades en cuanto a las formas de plasmación de esa "consulta":
encuesta y pronunciamiento a los ayuntamientos, nuevas elecciones...
Segundo, se plantea una
batería de compromisos de reforma de leyes españolas -que implican el apoyo del
PSOE en Madrid- de tal manera que se asegure una presencia condicionante de
Cataluña en órganos estatales (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de
Valores etc) y que son dependientes de los resultados estatales del PSOE.
Ahí se inscribe la reforma constitucional del Senado.
Tercero,
se comprometen a exprimir las posibilidades de definición legislativa que
ofrece el actual estatuto de tal manera que resulte inevitable el conflicto
con la sucesión de leyes y normas limitadoras que se han ido amontonando tras
los periodos de González y Aznar, de tal manera que sea previsible un colapso
por saturación del Tribunal Constitucional español, en el caso de que el PP
mantenga su mayoría en Madrid. A la hora de las reclamaciones competenciales,
concretan la demanda de que la administración catalana sea la única ejerciente
en Cataluña; que el Tribunal Superior catalán agote los recursos de casación de
su territorio; que el Gobierno catalán ejerza el mando único de las fuerzas
policiales o de las telecomunicaciones apuntando otras posibles áreas
competenciales exclusivas aunque sin el nivel de clarificación que puede
encontrarse en el Plan Ibarretxe.
En cuanto a la
situación de la lengua catalana, el sometimiento al orden constitucional español
impide que asuman el propósito de conferirle la cualificación de única lengua
oficial en Cataluña. En compensación, adelantan una sostenida política de
fomento y acción positiva y para encubrir la cuestión de fondo una
peregrina reivindicación -proveniente de los doctrinarios federalistas- de que
sea reconocida como oficial en todo el territorio del Estado
español.
En la ordenación
interna asumen el compromiso de aprobar una nueva ley electoral proporcional con
lista nacional combinada con circunscripciones y un umbral mínimo del 3%
nacional para entrar en el reparto de escaños.
La nueva financiación
propuesta (ver documento) depende para su establecimiento de obtener el
asentimiento de las instituciones españolas. Plantean modificar en Madrid el
ultimo acuerdo de financiación vigente a partir de una negociación bilateral
España-Cataluña que luego se avalara por el resto de Comunidades. El objetivo es
reducir hasta eliminar el llamado "déficit fiscal" catalán de tal modo
que se reduzcan sensiblemente las transferencias fiscales desde Cataluña.
Nuevamente la aceptación del orden constitucional por el PSOE impide una expresa
reivindicación del sistema de concierto, tan extremadamente beneficioso para sus
titulares, que se resuelve por la vía de intentar conseguir sus mismos
efectos paulatinamente por otras vias. Ahí se inscribe la Agencia Tributaria
Catalana -encargada de la recaudación de todos los impuestos-;
la participación normativa en todos los tributos y la
vinculación de la inversión estatal en infraestructuras al porcentaje
catalán del PIB español.
En el terreno social,
las convicciones socialdemócratas de las tres fuerzas coaligadas, bien escoradas
hoy hacia el social-liberalismo, limitan el alcance estratégico de las medidas
propuestas pese al expreso interés por consolidar una base social para el
proyecto tripartito. De hecho, el pacto admite la privatización de la gestión de
servicios públicos (a la manera que tan bien conocemos en Andalucía) y en ningún
momento vincula, por ejemplo, las demandas tributarias con compromisos
programáticos de reequilibrio fiscal progresivo. El tono general de las
propuestas recuerda bien la línea del PSOE con algunas incrustaciones achacables
a ERC.
Asi plantean reclamar
la transferencia de la Inspección de Trabajo -para limitar y controlar la
precariedad y la economía sumergida- y promover -previo consentimiento de
patronal y sindicatos mayoritarios- un marco catalán de negociación colectiva,
de hecho ya existente en parte. En este contexto, el acuerdo habla de establecer
un salario mínimo interprofesional catalán y de subir las pensiones más bajas
hasta un arco de entre el 80 y el 100% del SMI. El nuevo Gobierno catalán se
declara favorable a las 35 horas, pero deja su implantación al acuerdo entre
patronal y sindicatos. Se declara igualmente preocupado por la precariedad, pero
en relación a las subcontratistas ETT se limita a avanzar que no las utilizará
desde la administración.
La promesa de construir
42.000 viviendas protegidas, el hincapié en unificar la matriculación y por
tanto el acceso entre la red de enseñanza publica y la privada subvencionada y
aumentar significativamente las inversiones en educación, sanidad, universidades
e investigación, son otros elementos destacados del programa y del discurso del
nuevo Gobierno.
El pacto prohíbe a las
tres fuerzas cualquier acuerdo en Cataluña o en Madrid con el PP y las obliga a
defender en Madrid los acuerdos adquiridos en Cataluña.
El reparto
El nuevo Gobierno
catalán cuenta con un presidente (Maragall, PSOE); un primer ministro (Carod,
ERC) y 14 consejeros. El PSOE se ha quedado con Agricultura,
Economía y Finanzas, Industria y trabajo, Interior (Policía catalana), Justicia
(servicios penitenciarios, rehabilitación de delincuentes), Obras Públicas y
Urbanismo y Sanidad. ERC, con Servicios Sociales,
Enseñanza, Gobernación y Municipios, Comercio y Turismo y Universidades e
Investigación; aparte de que Carod tendrá, por ejemplo, bajo su dirección
directa el Diari Oficial de la Generalitat y será quien tutele las
políticas de la Generalitat en materia de inmigración, juventud, mujer, asuntos
religiosos o deportes, además de la dirección del Consell Tècnic (que prepara y
filtra los acuerdos que luego aprueba el Gobierno) o los delegados
territoriales. Tambien controlará la concesión de licencias de radio y de
televisión digital terrestre, la actividad inspectora de la Administración
catalana y las relaciones con los medios de comunicación de la Generalitat, esto
es, TV3 y Catalunya Ràdio. ICV-IU, por su parte, dispone de
dos: Relaciones Institucionales (encargada de supervisar la redacción del
nuevo Estatuto) y Medio Ambiente-Vivienda.
En resumen, un Gobierno
que puede merecer respeto pero ninguna solidaridad política desde la izquierda
independentista andaluza. Esa solidaridad se la reservamos a quienes en Cataluña
luchan por la Independencia y el Socialismo.
Sobre Cataluña en
Andalucía Libre
Documento
ACUERDO DE GOBIERNO PSOE-ERC-ICV
V. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Cataluña
todavía no cuenta con un sistema de financiación satisfactorio para el buen
funcionamiento de su autogobierno. La Generalitat se compromete a adoptar las
medidas apropiadas en el sentido de los puntos que siguen, iniciándose el
proceso de solución definitiva en la presente legislatura.
1.
Constatamos
el fracaso del acuerdo de financiación de 2001.
La Generalitat adoptará las medidas apropiadas para proceder de forma inmediata
a su revisión, y en todo caso en la presente legislatura.
2.
La
necesaria revisión del acuerdo de financiación actual se realizará a partir de
la labor de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat establecida en
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dentro de las responsabilidades que éste
le encomienda como órgano bilateral de negociación y aprobación de las
relaciones fiscales entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno
central.
3.
La
Generalitat creará la
Agencia Tributaria de Cataluña. Esta agencia será responsable
de la recaudación de los tributos propios, cedidos y
compartidos. La agencia establecerá las formas de coordinación y
consorcio que sean necesarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y, si procede, con los responsables de la gestión de los impuestos en
el resto del Estado. Anualmente, el Gobierno de Cataluña publicará un informe
sobre los flujos económicos, distinguiendo entre la aportación a la prestación
de servicios por parte del Estado y la aportación a los mecanismos de
solidaridad con el resto de las comunidades
autónomas.
4.
La
Generalitat tendrá una
participación, en porcentajes por determinar, en la
totalidad de los impuestos pagados por los ciudadanos de
Cataluña (IRPF, IVA, sociedades, especiales y otros). En estos impuestos la
Generalitat dispondrá de responsabilidad tributaria y capacidad
normativa.
5.
Los
ingresos por habitante de la Generalitat tenderán a equipararse
progresivamente con los obtenidos por la aplicación de los sistemas de
concierto y convenio vigentes en las comunidades autónomas
forales.
6.
Los
ingresos de que disponga la Generalitat para la prestación de sus servicios se
atendrán a lo que establece el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Cataluña
y responderán a un
criterio de igualdad de ingresos per cápita, rectificados por
tres factores que influyen en ellos determinantemente: 1) costes
diferenciales; 2) nivel efectivo de necesidades; y 3) factores demográficos,
incluido el factor migratorio. En el caso de la sanidad, será
necesario prever también la existencia de centros de excelencia y el número de
usuarios desplazados de otras comunidades autónomas.
7.
La
inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña se fijará con tendencia a
equipararse al porcentaje del PIB, teniendo en cuenta la compensación apropiada
por los déficit acumulados. Este cómputo se realizará con carácter plurianual y
se creará una comisión integrada por los representantes de los tres niveles de
administración. La comisión, que estará presidida por la Generalitat, programará
la inversión de infraestructuras de Cataluña (incluidas las infraestructuras de
transporte y comunicaciones, de telecomunicaciones y la inversión en I+D) y
velará por el cumplimiento de este acuerdo.
8.
La
Generalitat contribuirá a la solidaridad con las otras comunidades autónomas del
Estado, de manera que los servicios prestados por las diferentes comunidades
autónomas a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares realizando un esfuerzo
fiscal similar. A efectos de calcular este esfuerzo de
solidaridad, se computará como contribución al Estado el exceso de precios
públicos y peajes pagados por Cataluña por encima de lo que le corresponde a la
vista de la media española por estos conceptos. El resultado de la aplicación de
los mecanismos de solidaridad será revisado quinquenalmente para verificar sus
efectos.
9.
La
aplicación de estos criterios ha de permitir avanzar progresivamente en la reducción del
déficit fiscal de Cataluña con el Estado, de manera que en el plazo de diez años
éste se equipare al de territorios de nivel de renta relativa similar en otros
países europeos. Asimismo, el Gobierno de la Generalitat se
compromete a plantear la superación del actual déficit de Cataluña con el
presupuesto comunitario, situación que no se da en ningún otro territorio de un
nivel de renta similar al de Cataluña con relación a la media europea. El
Gobierno se compromete a la publicación y actualización anual de los estudios
sobre la balanza fiscal de Cataluña, así como a una amplia divulgación de sus
resultados.
10. Este
acuerdo vincula al Gobierno en la negociación de la reforma del nuevo modelo de
financiación autonómica durante la
próxima legislatura. La incorporación de sus contenidos en el proceso de reforma
del estatuto se realizará de acuerdo con los mecanismos y procedimientos
previstos en este mismo documento en el apartado correspondiente a la
profundización del autogobierno y la elaboración de un nuevo estatuto, que
incluyen la participación de la sociedad civil y un acuerdo amplio de la mayoría
de las fuerzas políticas del Parlamento de
Cataluña.
La opinión de la izquierda
independentista catalana:
(Endavant, MDT, Maulets, PSAN)
Sugerencias
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topo", el libro Miniwatt-Philips, la memoria obrera,
redactado por Pepe Gutierrez. Una crónica colectiva de lucha y resistencia y un
esfuerzo por rescatar la memoria del movimiento obrero de izquierda, con toda su
intensidad humana y política, bien descrito en la Nota
introductoria escrita al efecto por el autor de esta obra coral
por sus fuentes y protagonistas y que Pedro Montes amplia y sitúa en su Prologo. Para pedidos (10
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