BRUSELAS. La Comisión Europea (CE) prevé declarar ilegales el próximo miércoles cerca de 500 millones de euros de los préstamos e inyecciones de capital concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a los astilleros públicos integrados en el actual grupo en Izar, según informaron a Europa Press fuentes de la CE. Bruselas exigirá el reembolso del capital aún no devuelto a las arcas públicas, es decir, 308 millones de euros. Se trata de una serie de préstamos por un importe de 194,4 millones de euros a las antiguas empresas públicas de construcción naval Cádiz, Juliana y Manises; inyecciones de capital por 68,2 millones a estas tres empresas y a la también pública Astano; y una aportación de capital al holding de astilleros públicos Astilleros Españoles (AESA) por 252,4 millones de euros, transferida finalmente a las empresas Puerto Real, Sestao y Sevilla.

Distorsión del mercado

Tras casi un año de investigación, los servicios del comisario europeo de Competencia, Mario Monti, han concluido que estas ayudas suponen una distorsión de mercado y no se ajustan al régimen específico de ayudas a los astilleros, que sólo permiten conceder determinadas subvenciones a los astilleros afectados por la competencia desleal surcoreana. Por tanto, Monti ha propuesto al conjunto de la CE que las declare ilegales y exija su reembolso a las arcas estatales. Las fuentes aseguraron que no hay oposición en el colegio de comisarios a la propuesta de Monti. Además precisaron que 192 millones de euros ya han sido devueltos, por lo que la medida sólo afectará a los 308 millones restantes.

El marco de las investigación comunitaria se remonta a 1997, cuando la Comisión autorizó al Gobierno a conceder ayudas a la reestructuración de los astilleros públicos por valor de 811 millones de euros, con la condición prevista por la regulación europea de que en lo sucesivo no le proporcionase ayudas adicionales. Sin embargo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales realizó varias operaciones de transacción entre AESA, holding de astilleros públicos, y Bazán, grupo militar de construcción naval, que desembocaron en la fusión de todos los astilleros españoles en una sociedad llamada inicialmente Bazán y actualmente Izar.

En julio de 2000, la Comisión puso bajo lupa algunas de estas transacciones -la adquisición por la SEPI de los astilleros Juliana y Cádiz, y de la fábrica de motores diesel de Manises, propiedad de su filial Astilleros Españoles por 60 millones de euros- al sospechar que no se trataba de operaciones reales de mercado sino de ayudas de Estado encubiertas.

En mayo de 2003, amplió el dossier para investigar las inyecciones de la SEPI a empresas hoy integradas en Izar. Se trata de los mencionados préstamos e inyecciones a Cádiz, Juliana y Manises y Astano, y de la aportación de capital a Puerto Real, Sestao y Sevilla. Monti ha confirmado su sospecha y ha propuesto declararlas ilegales en la reunión plenaria que la CE celebrará el miércoles.

Encuentro con Solbes

La víspera, Monti se entrevistará en Bruselas con el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, quien visita por primera vez la capital comunitaria desde que dejase el Ejecutivo europeo para representar a España en el Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin). Un portavoz de Monti consideró «poco probable» que Solbes y el comisario europeo de la competencia aborden en esta reunión este dossier de ayudas a los astilleros públicos españoles. Además de este proceso, la CE investiga desde mayo de 2003 las inyecciones de capital por un importe cercano a 1.477 millones de euros aportados por SEPI a Izar, después de la la constitución formal de esta, durante los años 2000 a 2002. Bruselas tiene constancia de que la empresa de astilleros públicos españoles recibió inyecciones por valor de 1.322 millones de euros en 2000, 105 millones de euros en 2001 y 50 millones de euros en 2002.

Dudas sobre las ayudas de Estado

La Comisión duda de que estas partidas se ajusten a la normativa sobre ayudas de estado que sólo permiten subvenciones a astilleros civiles que concedan a estos, beneficios económicos imposibles de obtener en otras fuentes comerciales. Según la Comisión Europea, el Gobierno español informó en el momento de su concesión de que se trata de ayudas para la construcción de buques militares. Basándose en esta afirmación, los servicios del comisario europeo Monti anticipan que las ayudas e inyecciones de capital pueden ser incompatibles con la normativa europea que vela porque no se vulnere la libre competencia.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha convocado una reunión para el próximo lunes con representantes de Izar para retomar las negociaciones del convenio colectivo y sobre el futuro de los astilleros españoles. Se trata de la primera cita entre ambos tras la celebración de las elecciones y el cambio de Gobierno central. Según informó la Sepi ayer, este encuentro pretende «abrir una nueva etapa en las relaciones con los sindicatos e informar sobre aquellas cuestiones que afectan al futuro de la compañía».

Por su parte, los sindicatos de astilleros andaluces se reunieron esta semana con el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, José Antonio Viera, al que pidieron el cese de la consejera delegada de Izar, Esther Rituerto, porque consideran que es un «obstáculo» en la crisis que atraviesan los astilleros y en la interlocución laboral. Este encuentro fue el primero que tuvo Viera con trabajadores de Andalucía y se produjo escasos días después de tomar posesión del cargo. Con anterioridad había sido consejero de Empleo y, como tal, apostó fuertemente por el mantenimiento del empleo en los astilleros públicos andaluces. A pesar de estos encuentros, los trabajadores anunciaron hace unos días que las movilizaciones se retomarían tras el paréntesis electoral. Protestas que ahora podrían recrudecerse tras anunciarse que deberán devolverse las ayudas.