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Asunto:[AndaluciaLibre] nş 257 - Por Andalucía: VOTA NO a la Constitución eu ropea
Fecha:Miercoles, 16 de Febrero, 2005  01:07:41 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>

Contra España y Europa, que nos explotan y humillan: VOTA NO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

nş 257
 
En este Correo:
 
Andalucía
*Opinión, El Secuestro de Europa, Isidoro Moreno - Enlaces
*Opinión, Bienvenida Mss. Hübner, Antón Corpas
*Enlaces: Andalucía y la Unión Europea; Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria; Andalucía versus UE;
*Por Andalucía; Vota No a la Constitución Europea, Andalucía Libre
*Legalidad y Soberanía: Mayoría y Minoría del Tribunal Constitucional ante Constitución europea
*Euskadi, Por coherencia, no, José Elorrieta
*Constitución Europea: Conocerla Bien con doce toques 
*Enlaces-Sitios por el NO: Documentación, Artículos, Plataformas;
*Gobierno español, Junta y sindicatos buscan otra protección social para jornaleros - Enlaces
*Diamantino García, 10ş Aniversario.
*Sugerencias: La 'Catalanofobia'...; MLNA, Revolucionarios de Andalucía; SOC-SAT de Prado del Rey; Boicot Preventivo; Red Voltaire; Disidencia polisaria
*Solidaridad con Palestina
*Música de fondo
*Directorio de Andalucía en Internet
--oOo--
 
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  Opinión
El secuestro de Europa
Isidoro Moreno
Europa Sur, 18/12/2004
 

En contra de lo que se nos quiere hacer ver, el referéndum al que estamos convocados el próximo 20 de febrero no consiste en dar un sí o un no a Europa, sino en respaldar o rechazar un determinado modelo de Europa. Si el Tratado Constitucional fuera rechazado, sólo supondría que sería necesario preparar un nuevo texto y se abriría la posibilidad de un proceso más transparente y democrático en su elaboración y más respetuoso con los derechos en su contenido. Los catastrofismos, pues, sólo pueden atribuirse a la ignorancia o a una descarada voluntad de confundir, e incluso de chantajear, a los ciudadanos.

Aunque escribieran hace unos días Shröder, Rodríguez Zapatero y el presidente checo, en un artículo en El País, que esta Constitución "sólo comporta avances y no introduce ningún paso atrás", ello no es cierto, porque sus supuestos aspectos positivos quedan reducidos a mera retórica o a cuestiones insignificantes, al no establecerse garantías para su puesta en práctica, mientras que se constitucionaliza el más descarnado modelo neoliberal, tecnocrático, militarista y con gravísimos déficits democráticos: énfasis en el "mercado libre y no falseado, altamente competitivo", independencia -o sea, no control- del Banco Central Europeo, compromiso de los Estados en mejorar sus capacidades militares y en "prevenir conflictos" en estrecha colaboración con la OTAN, concentración de las funciones legislativas y ejecutivas en el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, relegando a la Comisión y, sobre todo, al Parlamento (única institución elegida) a un papel secundario, y -lo que es, quizá, más grave de todo- devaluación de los derechos sociales y culturales que sí están recogidos en las constituciones de los Estados miembros, por ejemplo en la española, y que a partir de ahora, si se aprueba el texto que nos presentan, se verán recortados.

Tres ejemplos de esta devaluación, entre otros muchos, son la sustitución del derecho al trabajo y a tener un empleo digno por el simple derecho (de mucho menor alcance) "a trabajar y a buscar empleo", la sustitución del derecho a una vivienda digna por "una ayuda en materia de vivienda" y la sustitución del concepto de "servicios públicos" por el de "servicios de interés económico general", abriendo de par en par la puerta a las privatizaciones en todos los ámbitos.

En cuanto al grado de progresismo de las innovaciones, bastaría señalar, sobre la más publicitada de todas, la de "iniciativa popular", que después de la necesaria recogida de un millón de firmas "procedentes de un número significativo de Estados"(?), no hay obligación alguna de someterla a consulta popular, porque no es vinculante, ni de respetar su contenido. Su significado no es otro que el de "solicitar a la Comisión que presente una propuesta"; es decir, se trata sólo del viejo buzón de sugerencias .

Ante todo esto, que puede comprobar quien tenga la paciencia de leerse los cientos de páginas de esta Constitución europea y sus protocolos adjuntos, resulta una falsedad evidente la afirmación repetida días atrás por el secretario general del PS francés, para convencer a sus propios afiliados de que apoyaran el sí, de que "la Constitución no impone un modelo" por lo que dentro de ella, si en el futuro "los ciudadanos votan a mayorías de izquierda, se podrá dar un giro de izquierda a la construcción europea". Por el contrario, establece un rígido marco neoliberal, con un modelo económico, social, político y cultural que es incompatible con una Europa social, plural y democrática, basada en los derechos humanos y de los pueblos que la componen. Y como para variar cualquier punto de mediana importancia se prescribe la unanimidad de los 25 Estados actuales, más los que entren en el futuro, resulta prácticamente imposible modificar dicho marco o realizar desde él políticas que no sean neoliberales, militaristas y escasamente democráticas.

Por eso resulta lamentable, por demagógico, aunque ello sólo pueda sorprender ya a los ingenuos, que la Confederación Europea de Sindicatos [donde están CCOO y UGT] considere que esta Constitución, aunque sea "imperfecta y con algunos (?) puntos débiles, debe ser considerada como el punto de partida de un largo proceso y no como el final". Ello podría ser así si el texto fuera menos rígidamente neoliberal, si instituyera un Parlamento con plenas funciones legislativas y si no estableciese condiciones imposibles para su modificación. Pero como esto no es así, el señalar que hay que apoyarla porque "es la única que tenemos encima de la mesa" es justamente renunciar a otro texto alternativo que hiciera posible una Unión Europea diferente.

Y tampoco es cierto que sea mejor esta Constitución que ninguna: el argumento sólo podría considerarse si Europa se encontrara en una situación de excepcionalidad política que no existe. La unanimidad entre los partidos de la derecha, la cúpula de los partidos socialistas europeos y la burocracia sindical a favor de esta Constitución, que impide cualquier otro proyecto para nuestro viejo continente, debería ser, ya de por sí, sospechosa. Como sospechosa, por sectaria, es también la posición de cierta izquierda que, sobre la base de un antinorteamericanismo visceral, piensa que cualquier Europa fuerte, como no sería buena para Estados Unidos, es buena para el mundo. Aunque el modelo de esa Europa se acerque, cada día más, al modelo supuestamente rechazado y sea otra punta de lanza para el avance de la globalización mercantilista.
 
Contra la Constitución europea en ANDALUCÍA LIBRE
Andalucía Libre nş 254 - NO Andaluz a Constitución europea (16/1/2005)
Andalucía Libre nş 192 - ¡Jodeles!: No a la Constitución europea (30/6/2003)
 
  Opinión
La visita: Bienvenida Mss. Hübner
Antón Corpas,
 
[en la imagen, Botín,
presidente del BSCH]

Elecciones europeas y fondos estructurales

Parece que de alguna manera ha llegado el momento de hacer balance, después de 30 años de Estado de las autonomías, y casi 20 de adhesión a la UE, suficiente para evaluar un periodo histórico de mas o menos un cuarto de siglo. Desde las instituciones que ejecutan y representan el marco político y el programa económico dominante, ese balance se hace como una apología.

Hace unas semanas el Consejo de Ministros estabilizaba las condiciones para cobrar el subsidio agrario, confirmando que "se da una continuidad en la concurrencia de las circunstancias que lo motivaron", o sea, las situaciones de subdesarrollo en gran parte del campo andaluz y extremeño se mantienen pasadas dos décadas. Era la confirmación del fraude histórico-político del proyecto desarrollista, respecto a las necesidades y las carencias del medio rural andaluz y extremeño. Pero después del intento del gobierno Aznar de desmantelar el sistema de protección social en el medio rural, se convertía en una prueba de la responsabilidad social del gobierno de Zapatero.
 
Ahora, en plena campaña de propaganda institucional por el Si a la Constitución Europea, Danuta Hübner, comisaria europea de las regiones, visita una de las naciones sin estado mas pobres y precarizadas de la UE, y con poco sentido del rubor, afirma que "Andalucía tiene un potencial enorme de desarrollo y un día será víctima de su éxito" (ABC, 15/1/05, de Andalucía Libre nş 254). Se refiere a la posición andaluza en la clasificación de fondos estructurales y de cohesión, actualmente en el Objetivo 1, que corresponde a las zonas con mayor subdesarrollo en comparación al resto, y al futuro en el que dejará de recibirlos porque será prospera.

En Bruselas como en San Telmo, hoy no se ignora un secreto a voces, que es el temor fundado de sectores, el de la agricultura por ejemplo, a que la ampliación de la UE, menoscabe de forma significativa los fondos para Andalucía. En este sentido la comisaria se negaba a "hablar de reducciones cuando hay que iniciar la discusión sobre el nivel de presupuesto y sobre los objetivos de la política de cohesión". Un requiebro significativo, cuando a lo que Bruselas no deja ningún margen de discusión, es a la definición de "los objetivos de la política de cohesión". Desde las condiciones de adhesión a la UE de 1986 -y a través de los sucesivos tratados y acuerdos de Maastricht, Amsterdam o Niza a la reforma de la PAC- la división económica, productiva y del trabajo dentro del espacio comunitario han variado poco. Las imposiciones de política económica y de gasto estatal, asociadas a la financiación comunitaria, mantienen un mismo programa de "reformas e inversiones" y un control burocrático bastante rígido, para unos más que para otros. La comisaria trata de eludir la cuestión fundamental, qué cantidad de fondos que dejará de percibir Andalucía, escudándose en una discusión en marcha sobre lo intocable.

Visto que se hablará de lo indiscutible y lo negociable se dejará de lado, y vistas las declaraciones y las conclusiones de "la visita", en las que tanto la comisaria como el propio equipo de Chaves, se han deshecho en ambigüedades, buenas intenciones y mejores presagios, la caída de Hübner parece un intento de amansar incertidumbres y hacer propaganda institucional aprovechando la visita oficial. Para eso, la comisaria ha dicho que "en el periodo 2007-2013 Andalucía continuará siendo Objetivo 1 -insistió-, pero un día va a pasar a ser Objetivo 2, tendrá otros desafíos de desarrollo y tendrá que prepararse para ello".

Objetivo 1 - Objetivo 2

No vamos a entrar aquí en cuestiones de táctica política y diplomática. Si Andalucía continúa siendo Objetivo 1, no es por la generosidad o la sensibilidad territorial de París o Berlín, por la habilidad de los negociadores de Madrid, ni desde luego por la combatividad de la Junta de Andalucía. No hay "milagro andaluz" ni "Andalucía imparable". Cantan las cifras y lo reiteran todos los estudios sobre la economía andaluza: que a pesar de las relativas mejoras, tanto la diferencia comparativa respecto a España y Europa, como los niveles de desigualdad internos, se mantienen pasado el tiempo. A eso se añade el crecimiento de la competencia desde el Magreb o América Latina, precisamente en la agricultura, uno de los sectores a los que se ha restringido la economía andaluza y quizás el mas dependiente de las ayudas. Es algo que denuncia directamente al marco político y las condiciones económicas impuestas desde la UE, aunque el tono marcadamente paternalista Hübner lo escenifica como un: "chico, lo estás haciendo muy bien, y nosotros seguiremos ayudándote, pero un día tendrás que aprender a andar solo".

Se da por sabido y asumido que aunque Andalucía permanezca como Objetivo 1, recibirá menos fondos, pero parece que a nadie les interesa cifrarlo. Y en el fondo hay algo menos evidente, que nadie da por sabido, que es una sospecha, casi un tabú, y es que el momento en que Andalucía salga de la clasificación Objetivo 1, no será porque haya solucionado en una década lo que no ha hecho en tres, sino porque con la ampliación varíen los criterios y los intereses de clasificación y adjudicación. La antigua zona soviética es ahora un ring político y mercantil decisivo en la disputa neocolonial entre Europa (con Alemania y Francia, a la cabeza) y la alianza anglosajona entre Estados Unidos y Reino Unido. Así, no será difícil que la desviación de fondos estructurales y de cohesión al Este, para consolidar la posición económica y política de la UE en la zona, se convierta en no mucho tiempo en un argumento de peso, que determine quién se queda fuera de juego entre las actuales "regiones Objetivo 1".

A pesar de la actitud, mas bien sumisa y entreguista de la mayoría social y electoral andaluza, nadie quiere correr el riesgo de una sorpresa. Por ejemplo, que a una parte de la gente de los pueblos, que va desde pequeños propietarios a buena parte de la red clientelar institucional, los alcaldes y las cuadrillas que los rodean, "le de por pensar" que si vota No, puede frenar el proceso y aplazar el tiempo de vacas flacas y números rojos que promete un futuro incierto pero demasiado cercano. La visita de Hübner reproduce la dinámica de palo y zanahoria inseparable de los fondos europeos, prometiendo una prorroga para mas de lo mismo, y luego veremos. Administra las ayudas como un somnífero, una inversión en estabilidad política. Frente a esto, hay que pensar en lo que ha supuesto el sistema de ayudas y su funcionamiento, revisar las promesas, la historia de las promesas, y las consecuencias de las promesas.  

La cara B de los fondos europeos

Hay que desarmar un lugar común que afecta a la definición de estas subvenciones. El de su "contribución al desarrollo económico", que tiene dos y hasta tres caras. Lo sustancial de los fondos estructurales y de cohesión, es su condición de prestamos financieros a pagar en moneda política. Es básicamente un chantaje refinado y burocrático por el que las "regiones" empobrecidas aceptan recursos a cambio de aplicar una política económica, que genera ciertos beneficios temporales, pero que en el fondo y estratégicamente es contraproducente para sus intereses. Los fondos son también un colchón financiero que amortigüe precisamente las consecuencias a medio plazo de la política económica, una divisa con la que de alguna manera se compra el voto, un pago por la estabilidad política y paz social. Todo repercute en una hipoteca programática y en una falsa percepción de la realidad.  Mientras corre el dinero existe una cierta sensación de desarrollo económico, repercute en la coyuntura, en los niveles de gasto público en infraestructuras, y el nivel de consumo de algunos sectores de población. Pero ese mismo dinero profundiza en las carencias del tejido productivo, el desequilibrio territorial, social y productivo interno, y la dependencia económica.

En el caso andaluz y en términos generales, la restricción al turismo, los servicios, la agricultura y la construcción o las cuotas a la producción de productos agrícolas y ganaderos con sus correspondientes penalizaciones (que hacen que muchas de las ayudas se vayan de vuelta), son reglas del juego que establecen unos claros límites a la evolución y la transformación de la economía productiva. En el medio rural, algunos pequeños agricultores consiguen paliar los efectos de las cuotas a la producción gracias a las subvenciones, pero el modelo de subvención, que por ejemplo en el olivar ha primado la extensión sobre la producción, ha beneficiado a la gran propiedad terrateniente.
 
Los fondos también se han empleado para sostener lo que podemos llamar el modelo de paz social andaluz, basado en la hipertrofia financiera de los llamados interlocutores sociales, de los sindicatos o los empresarios a las asociaciones de vecinos o de gitanos, generando un sistema de mediadores acríticos dedicados a desdibujar conflictos y a socializar la versión oficial, burocratizada y despolitizada de los problemas. También ha disimulado la externalización de servicios sociales, con la financiación de proyectos en barrios y con sectores empobrecidos, a través de asociaciones y ONG's, generando la ficción de un alto presupuesto social que en realidad está eludiendo la creación y el mantenimiento económico de infraestructuras y necesidades básicas y estratégicas, en los aspectos sanitario, educativo, productivo..., generando o disimulando el terreno abonado para la privatización de los servicios. Eso, a cambio de proyectos que por definición solo pueden paliar circunstancialmente y a veces ni eso, las situaciones de pobreza y precariedad. 
 
En otros aspectos, buena parte de los fondos se han gastado en costosas infraestructuras como el AVE, la A-92, o la hiperinversión en carreteras en zonas de alta densidad turística como la Costa del Sol, mientras se desmantelaba la red de ferrocarriles de cercanías y se degradaba la red de carreteras comarcales en todo el territorio andaluz (aspectos que en Cataluña o Euskadi, lejos de abandonarse, se fomentan y se multiplican cada año).

La modernización andaluza y la contribución de los fondos europeos, ha sido la puesta a punto y al día de las carencias: la desvertebración territorial, las desigualdades sociales, el clientelismo político, la ausencia de capacidad de desarrollo endógeno o la consolidación de la estructura de propiedad de la tierra. En este sentido hay que relativizar la apuesta del discurso institucional por el "desarrollo tecnológico". Ese énfasis en las tecnologías de la información y la "sociedad del conocimiento" es el mismo en Maragall, Hübner, Chaves, Fraga, Ibarretxe o Berlusconni, un latiguillo que evita contextualizar y concretar lo que se está diciendo. En el lenguaje eurocomunitario, desarrollo tecnológico puede tener el mismo significado vacío, cínico o retorcido, que adoptan según las necesidades y las circunstancias, términos como cohesión o solidaridad. Si observamos, por ejemplo, el programa Guadalinfo, que invertirá 5 millones de euros en abrir salas de Internet "de acceso público" en "25 pequeñas localidades especialmente desfavorecidas" para romper "la fractura digital" y tenemos en cuenta que precisamente las poblaciones pequeñas "especialmente desfavorecidas" son víctimas de una política de infraestructuras faraónica y territorialmente desequilibrada, podemos intuir mas o menos que significa en este caso el concepto de "desarrollo tecnológico": la configuración del "mapa tecnológico" andaluz, no en función de necesidades económicas, sociales y estratégicas propias, sino como el máximo aprovechamiento de un mercado de más de 7.000.000 de potenciales consumidores.

Este caso concreto ilustra lo que, con nuevos discursos y paradigmas, supondrá la continuidad de la práctica política institucional. La sobrevaloración de proyectos faraónicos como la Expo'92 o el AVE y semifaraónicos como el Palacio de Congresos o el Campus de la Salud en Granada; el mantenimiento de viejos problemas con nuevas formas y  el desmantelamiento de los derechos sociales.

Ante esto, sigue ausente un cuerpo social con la picardía colectiva capaz para elaborar la crítica y la alternativa, tan desestructurado que incluso es incapaz de reconocer cuando hay dolor debajo de la propia piel.
 
Enlaces Relacionados
Materiales para el NO Andaluz a la Constitución Europea - Artículos publicados en ANDALUCÍA LIBRE (2000-2004) que ofrecen datos, cifras y análisis
sobre la situación de Andalucía -sectorial y globalmente- desde la perspectiva de su relación con la Unión Europea. (96 pags; 467 kb)
 
Texto del coordinador general de CUT-BAI, dirigente del SOC y alcalde de Marinaleda. (26 pags; 1.258 KB)
 
Análisis sobre la dependencia de Andalucía en el marco de la UE y razones para el NO andaluz a la Constitución europea
Articulo publicado en Independencia nş45 - Septiembre 2004 (5 pags; 41 KB)
 
  El Remate
Contra España y Europa, que nos explotan y humillan
Por Andalucía: Vota NO a la Constitución Europea
Andalucía Libre
 
La campaña para el referéndum sobre la Constitución europea da sus ultimas boqueadas entre la atonía y la manipulación extrema. La desigualdad de recursos económicos y de cobertura mediática entre las fuerzas del SI y del NO es abrumadora a favor del SI. Todas las radios y televisiones -publicas y privadas- cantan ininterrumpidamente loas al carácter benéfico del nuevo Tratado; toda la prensa remacha a coro simplificaciones y mentiras -que la Constitución europea es sinónimo de estabilidad, bienestar, derechospaz, inversiones...- para motivar la participación y el voto positivo. Ningún embuste se descarta por burdo que sea; ningún recurso se desprecia por parte de los poderosos en este combate desigual*. PSOE y PP -acompañados en incoherente coherencia por CiU, PNV, CC y PA- animan a votar SI explícitamente aunque se desconozcan las 431 paginas de farragoso texto legal -redactado en forma voluntariamente confusa- que ocupa el Tratado Constitucional. Reclaman el voto ciego, el cheque en blanco...
 
Recientemente, el Presidente Zapatero ha resumido su discurso: "Con el gana Europa y gana España; con el NO se debilita Europa y se debilita España". Por una vez ha dicho verdad. Precisamente por lo que dice -porque con el SI ganan la Europa y la España realmente existentes que subdesarrollan y desindustrializan Andalucía y que la niegan como Nación, que precarizan y empobrecen a la clase obrera y arruinan a campesinos y pequeñas empresas, es la hora y la ocasión de decirles rotundamente NO.
 
Lo que España, la UE y su Constitución le niegan a Andalucía:
Andalucía es una Nación, ¡Soberanía ya!. Tierra, Trabajo y Libertad
Pancarta y Cortejo de la LCR.- Granada, 1ş de Mayo de 1985
 
Bastaría para fundar el rechazo a la Constitución europea constatar hasta que punto condena a Andalucía como Nación al expolio y la impotencia. El nuevo Tratado -a petición española por cierto- apoya la intangibilidad de la integridad territorial de los Estados existentes -a los que adjudica en exclusiva identidad nacional- contra el derecho a la autodeterminación e independencia de las naciones que pugnan por su Soberanía Nacional. Además, excluye expresamente a las naciones sin Estado propio de cualquier capacidad de intervención y defensa efectiva en la Unión Europea. Deja a Andalucía humillada, maniatada y sin voz propia; reducida al nivel de moneda de cambio. Nos rebaja al estatus de un juguete en manos de los intereses conciliados o contrapuestos del gran capital multinacional, el capitalismo español o los grandes Estados imperialistas de la Unión.
 
La nueva estructura institucional europea -sintetizando su trayectoria y dando aquí un salto cualitativo- es un complicadísimo organigrama que encarna las aspiraciones doctrinales del neoliberalismo más rabioso y responde cabalmente a los intereses prácticos del gran capital multinacional. Supone la plasmación institucional -con las justas dosis de empirismo debidas al momento- del programa reaccionario del federalismo económico paneuropeo, gestado por la ultraderecha liberal ya durante la II Guerra Mundial como proyecto antisocialista. La medida adscripción acordada en el Tratado según temas de mayorías cualificadas y unanimidades, el reparto de potestades específicas y concurrentes atribuidas a la Unión y a los Estados miembros y la distribución de competencias entre los diversos órganos comunitarios -bajo la supremacía general de la Unión- están hechas con extremo cuidado de manera que siempre beneficien en cada caso a una practica darwinista feroz en beneficio del gran capital y la desigualdad social y nacional, dificultando al máximo y en cada circunstancia la defensa de los derechos de la clase obrera, los campesinos y las naciones empobrecidas.
 
El resultado de esta jungla institucional es despojarnos de hecho de los últimos restos de ciudadanía, reconvirtiéndonos realmente en súbditos. La sustracción de poder y competencias alcanza proporciones homéricas. El desarrollo de un "mercado competitivo abierto y libre", es el eje vertebrador y omnipresente del proyecto, en una forma que recuerda a los más aterradores diseños de la más infernal utopía negativa esbozada en las obras de anticipación. Su modelo y su horizonte es un híbrido entre un recuperado Manchester decimonónico inhumano y un 1984 cibernético de control totalitario. Ya decía Jacques Delors hace algunos años que el objetivo de la UE era conseguir que "el 80% de la legislación estuviera fuera del control de los Parlamentos estatales", ahora esta meta se acerca, para contento de bancos, lobbys y multinacionales. La Unión encorseta, vigila, dispone, patrocina, mandata, sanciona, ejecuta directa o indirectamente... y cuando no lo hace, inspira y sirve siempre de cobertura exculpatoria, cuando no de amenaza. Estados y Unión; Unión y Estados, se convierten ambos en facetas gemelas del mismo mastodonte público-privado inaprensible y viscoso.
 
En este proyecto, el Parlamento europeo no es en absoluto corrector ni delimitador. Al contrario, Estrasburgo es un ente esencialmente destinado a la apariencia y el disimulo al servicio de Bruselas. Un complemento funcional que cumple su papel en la maraña y en la distorsión, a la vez como engranaje y como elemento pretendidamente legitimador de lo acordado en otras instancias o despachos. Ejemplo de ello es el hecho sintomático de que necesite nada menos que 2/3 de apoyo plenario para un mero voto de censura a la Comisión, recurso no determinante del curso político de la UE y que en absoluto puede equipararse a su equivalente en un régimen parlamentario estatal. Su rol recuerda sobremanera al de las Cortes españolas de la Restauración cuando ejercían de fachada parlamentaria de la dictadura monárquica o al del Reichstag alemán de tiempos del Kaiser Guillermo II, que nunca pudo siquiera ponerle trabas al ejercicio de su soberana voluntad personal.
 
De otra parte, creer que adjudicarle funciones realmente parlamentarias a la Asamblea de Estrasburgo a la manera estatal -como defienden algunos afectados de una versión extrema del cretinismo parlamentario- resolvería los problemas de fondo es ilusorio ya que implicaría una nueva forma de sometimiento a las "mayorías europeas" y a los intereses de los que estas serían dependientes. Si la estrategia socialdemócrata clásica de transformación social con sostén parlamentario es quimérica a escala estatal, no digamos cuando se traslada al nivel de una realidad como la de la UE (de lo que eran claramente conscientes incluso algunos socialdemócratas hace ya veinte años**). A este respecto, procede reconocer que ese nonato "Parlamento auténtico" sólo sería operativo en tanto fuera coherente a la estructura general de la UE y por tanto útil contra mayorías socialistas estatales o nacionales, nunca al contrario; pues en ese mismo momento sería desprovisto de funciones o suspendido en el aire hasta nueva ocasión. Entretanto, el actual y diseñado Parlamento europeo sirve como excusa, pantalla y entretenimiento; una nueva simbólica Bastilla a tomar para inmediatamente derruir.
 
Polizontes e imperialistas
 
Resulta irónico que se adjudique a la UE imagen de garantía democrática interna. Sería preciso recordar que no lo fue en el pasado para impedir -por ejemplo- la represión colonialista francesa en Argelia o la británica en Irlanda del Norte o para la prohibición de fuerzas de izquierda en la RFA (KPD) o Francia (LCR), como ahora tampoco lo es para la ilegalización de Batasuna en Euskadi. Hay un innato componente de Santa Alianza inscrito genéticamente desde su origen en el proyecto europeísta que opera de forma sostenida y que ya venía claramente expreso en aquel antecedente frustrado de la UE, que fue en 1953 la Comunidad Política Europea, cuando esta reconocía formalmente el derecho y la obligación de todos los estados asociados a intervenir, militarmente si fuera necesario, en caso de subversión interna en un estado miembro. La Constitución europea suprime de hecho el derecho de asilo para ciudadanos de estados miembros; impone la ley mordaza para quienes de entre quienes están a su servicio tengan acceso a información sobre costes y estrategias empresariales; automatiza el espacio judicial y policial europeo -incluso llegando a la extraterritorialidad- y a la vez excluye de sus instancias judiciales la mera toma en consideración de denuncias por brutalidad policial o represión interna por los estados miembros, incluso si estas se han desarrollado como consecuencia de la aplicación de decisiones europeas, lo que resulta un claro estimulo a su impunidad.
 
En su periferia su historial es igualmente ilustrativo. La Unión Europea ha violentado los derechos nacionales serbios en Croacia -rechazando su autodeterminación y apoyando su expulsión de Krajina y Eslavonia- y amparado la perpetuación de una entidad artificial como es el protectorado de Bosnia -aquí frente a croatas y serbios- o impedido la partición de Kosovo entre Serbia y Albania para asegurar así su control y predominio en los Balcanes. Hoy incluye al Chipre griego mientras no reconoce siquiera al Chipre turco, lo que no le impide negociar con Turquía ignorando el derecho a la autodeterminación de Kurdistán. Hoy también, el mismo texto de la Constitución europea ampara formalmente el estatus colonial de Ceuta y Melilla en Marruecos, de Gibraltar en Andalucía, de las Malvinas argentinas, de Diego García o de las bases británicas en Chipre de Akrotiri y Dhekelia. Ayer como hoy, la UE sostiene economicamente al Estado sionista de Israel -pese a su opresión evidente sobre el pueblo palestino- mediante un tratado de asociación vital para su persistencia.
 
Sus relaciones con el imperialismo yanqui siguen la tónica de colaboración conflictiva dominante desde la II Guerra Mundial, salvo en lo tocante a Francia durante el intermedio gaullista. La Constitución europea contempla textualmente a la OTAN como componente estable de la realidad europea y concibe por tanto su propio intervencionismo militar exterior -que quiere potenciar- en términos de complementariedad con el de EEUU en coherencia con sus imbricaciones e intereses economicos. Europa y EEUU y Japón mantienen canales abiertos: se encuentran, debaten y pactan hasta donde competir y hasta donde colaborar -mirando de reojo a Rusia, China y la India- no sólo en el G-8, el FMI, la ONU o la OMC sino que también lo hacen en foros más discretos como el Club Bilderberg o la Trilateral. Algunos de los que ahora pretenden embellecer a algunos imperialismos europeos por su no-intervención directa en la ocupación de Iraq deberían recordar que tampoco estuvieron presentes en la guerra de Vietnam -como sí ocurrió con Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda- sin que ello impidiera que siguieran actuando como aliados de EEUU ni que los negocios comunes siguieran adelante. De hecho, incluso hoy, conviene tener presente que el despliegue y operatividad de las fuerzas expedicionarias en Iraq sería difícil de mantener sin el uso como escala y retaguardia logística de las bases yanquis en Andalucía o Alemania, lo que ocurre con la aquiescencia de los Gobiernos español y alemán. La dinámica agresiva del proyecto europeísta se manifiesta en la inclusión en el Tratado de la posibilidad de imponer bloqueos totales sobre un tercer Estado, a la manera del que EEUU somete a Cuba o represalias de similar entidad sobre entidades no estatales u organizaciones (Art. III-322). Lo que sí implica la Constitución europea es un refuerzo de la corresponsabilidad de todos los Estados miembros en estas actuaciones -aun tolerando las iniciativas unilaterales de los fuertes- y la dotación de mayores medios en la ambición de construir un plano de intervención imperialista compartido.
 
Totalitarismo europeo: la política única
 
Unión Europea y neoliberalismo, en doctrina y practica, son las dos caras de la misma moneda. Así fue desde su inicio. Conviene tener presente que las políticas keynesianas de los 50-60 del siglo pasado que acompañaron la expansión y el bienestar de Europa occidental -impulsadas por social-demócratas, gaullistas o cristiano-demócratas según países, en el contexto de la guerra fría- fueron asunto de los estados miembros y no del Mercado Común; políticas soportadas con mayor o menor resistencia o malestar desde la CEE según coyunturas, en espera de su ocasión. La misma configuración de la inicial Política Agraria Común -también definible como el contrapago alemán a Francia por su superioridad industrial- se justificó pragmáticamente porque en la época era un soporte inesquivable para nutrir políticamente el proyecto europeísta en sus primeros pasos, aunque ello supusiera que ocupara hasta el 80% del presupuesto comunitario; siempre bien corto en relación a la dimensión económica de los estados implicados. Su lugar real estratégico se descubre ahora con las sucesivas reformas restrictivas sobre agricultura en curso.
 
Desde un principio primó en Europa la integración negativa, es decir las prohibiciones orientadas a dejar curso libre a las reglas del mercado y a la competencia sobre las intervenciones positivas destinadas a condicionarlo o regularlo según parámetros de equidad y bienestar publico y reequilibrio territorial -incluso sin cuestionar el capitalismo- y ello pese a que -al menos en un principio- la esencia descompensatoria de esta política liberal era sobradamente reconocida. Por eso el Fondo Social, el FEDER, FEOGA o el Fondo de Cohesión siempre han tenido una amplitud comparativamente reducida y se han desarrollado como elementos acompañantes, suplementarios y subordinados, destinados a endulzar las consecuencias de la puesta en practica de las políticas básicas de la Unión: librecambio y desarme arancelario, unión aduanera, libertad de establecimiento y circulación interna de fuerza de trabajo y capitales, fiscalidad negativa e integración económica y monetaria.
 
Siguiendo el rastro de los Tratados de Roma, del Acta Única, de Maastricht, Ámsterdam o Niza, ahora la Unión asume la coordinación regular de las políticas económicas estatales en el horizonte de su plena unificación en todo aquello que sea funcional al gran capital multinacional. La misma Constitución sacraliza no sólo la propiedad privada en términos absolutos o la economía capitalista sino también la estabilidad de precios y la reducción del déficit publico -de las que se encarga autónomamente el oligárquico Banco Central europeo- sobre cualquier otra consideración o necesidad -por ejemplo, el pleno empleo- hasta el punto de autorizar sanciones sobre quienes no se ciñan a esta disciplina. Prohíbe cualquier intervención publica directa o indirecta que, según su criterio, distorsione la labor de la mano invisible del mercado -a eso le llaman protección de la competencia- lo que afecta directamente a las empresas públicas o a la fiscalidad y justifica las deslocalizaciones, confiriéndole poderes al respecto a los órganos europeos. Impide a efectos prácticos la planificación pública, incluso indicativa. Mientras el capital circula a su libre albedrío, la mercantilización bajo protección europea llega a absorber hasta a los antaño considerados servicios públicos -como educación o sanidad- o a la seguridad social, preparando el camino a su privatización o concesión. La adecuación a la competencia implica también la precariedad creciente de las condiciones laborales, la transferencia de rentas del trabajo al capital y la movilidad geográfica de la fuerza de trabajo (para cuya adecuación destinan el llamado Fondo Social Europeo).
 
La Constitución permite el establecimiento de acuerdos de asociación a la UE -incluyendo unión aduanera- con terceros estados por mayoría. Es decir, facilita que según sean los criterios políticos e intereses económicos estratégicos de los estados centrales y del gran capital puedan imponerse -especialmente a naciones sin estado como Andalucía- nuevas circunstancias que atenúen o incluso eliminen del todo las escasas compensaciones preexistentes por pertenecer a la Unión.
 
Tambien la Constitución europea impone, de una parte, la libre circulación de trabajadores interna -de especial impacto inmediato tras la anexión de Europa oriental- y la elaboración de una política de inmigración común frente a terceros dejando abierta la puerta a nuevas migraciones, lo que supone arrebatar esta potestad a las naciones y Estados de tal forma que se ignoren sus realidades económicas y sociales especificas y sus modelos nacionales para someterlos a los intereses económicos del gran capital de presionar a la fuerza de trabajo interna introduciendo inmigrantes a su conveniencia. De otra, no reconoce la irreversibilidad del derecho de trabajo y residencia de los inmigrantes, con lo que alienta la temporalidad y precariedad, dificulta su asimilación nacional y debilita la capacidad de resistencia y actuación unificada de la clase obrera.
 
Con excepciones reconocidas sólo a las Islas Aland, Malta y Dinamarca, se ampara la compra ilimitada de bienes inmobiliarios (fincas, tierras, casas...) por parte de personas físicas y jurídicas de otros estados miembros, abriendo el camino a la minorización nacional en zonas concretas, al lavado de dinero negro y la implantación mafiosa y a la desposesión de recursos básicos; de todo lo cual sabemos desgraciadamente bastante en Andalucía.
 
En resumen, el Tratado lleva inseparablemente consigo una política neoliberal que construye un modelo social de inseguridad y desigualdad. Es una Constitución de política única. Para valorar sus posibles efectos futuros, hágase el ejercicio de tener presente que desde 1975 -por no remontarnos al franquismo tardío- a traves de los sucesivos Gobiernos españoles de UCD, PSOE y PP -con la connivencia permanente de las burocracias sindicales de CCOO/UGT- hemos venido sufriendo los efectos de las medidas preparatorias coherentes a este modelo impuestas paulatinamente y repásese sus consecuencias. Sus efectos en precariedad y disminución de derechos laborales, perdida de poder adquisitivo, endeudamiento familiar, desmantelamiento industrial, empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y privatizaciones, crecimiento exponencial de la desigualdad social y territorial y del control exterior de sectores económicos clave, son evidentes.
 
Andalucía debe decir NO
 
En Andalucía, las fuerzas españolas nos señalan demagógicamente al sur para conformarnos a nuestra suerte. El silogismo es simple: "como otros están peor, nosotros estamos mejor". En realidad, las distancias de Andalucía como nación dependiente y subordinada, en relación a las otras más economicamente desarrolladas del Estado y la Unión no se acortan, sino que permanecen. Los augures del poder, ante esa realidad, han de recurrir a ofrecernos convergencias a treinta o cuarenta años vista. Entretanto, en contraste con predicciones anteriores igualmente capciosas, ya podemos comprobar que a efectos reales la introducción del tan renombrado euro, por ejemplo, lo único que nos ha supuesto es tener que comprar comida y pagar servicios básicos a precios alemanes, manteniendo sueldos andaluces (quien los tiene). Y pese a todas las manipulaciones estadísticas, seguimos con un 17% de paro según la EPA y con los sueldos de media comparativamente más bajos del Estado español y de buena parte de la Unión.
 
Nuestro desmantelamiento y colonización industrial es notoria. La penetración extranjera inocultable (véase el caso de las grandes superficies de la distribución, cuyos efectos llegan hasta la producción agraria). Europa y España han capitidisminuido nuestros astilleros, en aplicación del dogma librecambista. Santana automoción se mantiene de milagro y no se sabe cuando recibirá el correspondiente aviso europeo. No despunta ningún sector industrial alternativo de importancia nacional. 
 
La construcción sigue siendo aún un recurso pero su expansión es insostenible, aparte de ser refugio de dinero negro, factor destructor del territorio y soporte de colonización como refugio inversor o segunda residencia de europeos ricos. No puede, además, seguir indefinidamente haciendo funciones sustitutivas como refugio de la inversión, absorbiendo mano de obra sin alternativas. Los alquileres suben estratosfericamente y el acceso a la vivienda resulta empresa imposible para buena parte de la población. 
 
Andalucía no tiene siquiera un banco de capital propio. Las cajas de ahorros en manos de las fracciones locales del PSOE y de la Iglesia siguen divididas -mientras penetran entidades foráneas- y sólo muy recientemente comienzan a negociar asociarse para afrontar inversiones conjuntas.
 
Nuestra agricultura puede agradecerle a España y Europa una reconversión productiva -sostenida socialmente con el recurso al Subsidio Agrario- que mantuvo la estructura latifundista de propiedad de la tierra en buena parte de la Nación como sustitutivo de la Reforma Agraria birlada por la Constitución española y el Estatuto. Los latifundistas se beneficiaron de las subvenciones europeas de forma desproporcionada. No conseguimos la dignidad, la justicia y el bienestar que hubieran acompañado a la plasmación de "La Tierra para el que la Trabaja" y ahora hemos de considerar que, debido a los jornales ridículos que alejan del campo a quien puede, esta consigna, de hipotéticamente aplicarse, implicaría en parte significativa -de no cambiar las cosas- adjudicarla a oriundos, no sólo de Martín de la Jara, Loja o Jauja sino también de Bamako, Xauen o Timisoara. Mientras tanto nuestros parientes siguen en Cataluña, Francia o Alemania sin poder volver (y muchos perdiendo esa esperanza ya para siempre) porque su Patria sigue siendo tan incapaz de ofrecerles a ellos y a sus hijos un trabajo y una vida digna como cuando marcharon, hace cuarenta o treinta años.
 
Ahora buena parte de la agricultura andaluza -especialmente sus pequeñas y medias explotaciones- tiene que contemplar como la reducción de fondos derivados de la restricción del presupuesto comunitario, de la ampliación al Este y de la reforma de la PAC, más la competencia de un Magreb de sueldos aún más míseros -que la UE quiere asociar a la unión aduanera- ponen en serio riesgo su ya de por si ajustada rentabilidad, incluso en aquellos producciones más intensivas. ¿Todos podrán pasarse a la agricultura ecológica y sobrevivir a su costa, como aduce la Junta?. ¿Qué ocurrirá con quienes no puedan apuntarse a la deslocalización agraria y arrendar alguna de las 45.000 has. ofertadas en Marruecos por el Majzen marroquí?.
 
En el mercado laboral, a la presión del retroceso general estatal hemos de sumar una realidad sobredeterminada por la economía irregular o sumergida. Se trabaja sin contrato o no se cumplen los ya de por si bajos convenios. Predominan los trabajos basura y los accidentes laborales aumentan con regularidad, mientras los burócratas sindicales se limitan a felicitarse de lo que se incorpora en una normativa habitualmente ignorada. En la escala laboral, los trabajadores andaluces se encuentran arriba en muchas ocasiones con españoles o europeos en los puestos de mando y abajo con inmigrantes magrebies, latinoamericanos o eslavos, cada día en mayor cantidad, dispuestos a lo que sea por sobrevivir. Los jóvenes licenciados -en un país sin tejido productivo- se encuentran en muchas ocasiones en la tesitura de optar entre las oposiciones a la función pública -salvando el escollo de los enchufes-, el TelePizza o la emigración. La tensión se acumula en los barrios, con el riesgo de que se manifieste en conflictos internos.
 
Nuestras infraestructuras y servicios públicos siguen resintiendo los efectos de las deudas histórica y autonómica impagadas y de la ausencia de Soberanía fiscal andaluza en forma de Concierto propio compensatorio. Nuestras comunicaciones están pensadas hacia la extroversión y el anclaje a España -vía conexiones con Madrid- y no hacia la vertebración nacional. El AVE Madrid-Sevilla oculta el retroceso de la red ferroviaria general y la ausencia de un modelo de malla nacional de comunicaciones. La educación -aparte de españolista- está infradotada y el profesorado aguanta porque no le queda otro remedio; mientras recursos vitales se entregan al adoctrinamiento católico bajo subvención pública. La sanidad pública está infiltrada de concesiones privadas...
 
Nuestro sol y nuestra costa, nuestra historia, nuestros pueblos y ciudades monumentales, nuestra cultura y nuestro carácter nacional siguen sosteniendo al turismo como actividad económica fundamental para Andalucía. Pero sigue bajo control extranjero en buena parte y desarrollándose con esquemas periclitados y depredadores, sostenido en la sobreexplotación y precariedad laboral de autóctonos e inmigrantes.
 
Todo esto es responsabilidad de España y Europa. Los fondos europeos -provenientes en buena parte de retornos- no sólo no han alterado este panorama subordinado sino que han consolidado la dependencia (como han hecho también en el Mezoggiorno italiano). No responden a fin altruista o solidario alguno sino a su condición de instrumentos auxiliares para la dominación.
 
Desde Andalucía hay que definir claramente a España-Europa como enemiga, sabiendo que son un Jano de dos caras. Y actuar en consecuencia. No cabe quejarse de los efectos sin denunciar las causas y sus responsables y beneficiarios. La UE no es reformable, convertible o transmutable. Con el enemigo se puede negociar en determinados momentos -según las circunstancias- y hacer táctica, pero sabiendo que lo es y que por tanto sólo caben treguas pero no paces. La insumisión y la rebeldía son recursos obligados. La exigencia de Soberanía Nacional andaluza sobre recursos y políticas -enfrentándose a las directivas europeas y a las leyes españolas- ha de ser una constante.
 
En Andalucía, conquistar la independencia nacional -un Estado nacional andaluz, la República Andaluza- no es un lujo sino una necesidad vital. Ni debemos ni podemos esperar a evoluciones ajenas. Desde Andalucía, la forma actual del internacionalismo de la izquierda es ser independentista y construir Andalucía.
 
El próximo domingo 20 de febrero seguiremos ese camino votando NO.
*Ejemplo especialmente despreciable, al tiempo que ilustrativo, de las dimensiones de este ejercicio de manipulación por parte del Estado y las fuerzas del SI es el folleto Constitución Europea Fácil, elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid y FEAPS con la colaboración del INICO de la Universidad de Salamanca, la Fundación ADFYPSE y el patrocinio conjunto de la Fundación Luis Vives, la Real Fundación de Discapacidad y los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Presidencia -con dibujos de Forges, Ortuño y Gilabert- destinado pretendidamente a explicar el contenido de la Constitución europea a personas con discapacidad mental. Este texto está siendo ampliamente distribuido entre la red de centros ocupacionales y asistenciales y pocas veces se habrá visto tamaña desmesura y obscenidad en la mentira por la vía de la acción y la omisión. En ese panfleto bien editado, la Constitución europea es presentada como una constitución casi socialista, cuya única intención es preservar derechos y aumentarlos y hacer felices a sus presuntos beneficiarios. Por supuesto, en sus paginas no podrá encontrarse la menor referencia a la privatización de servicios públicos de asistencia, recortes presupuestarios y precariedad laboral que realmente ampara la Constitución europea y que tan particularmente afectan en negativo a quienes está destinado.
**Ver, Stuart Holland, El Mercado Incomún, H. Blume Ediciones, Madrid, 1981
Legalidad y Soberanía...
A. Los que niegan el derecho a la Autodeterminación y la Soberanía Nacional de Andalucía, defienden la "indisoluble unidad de España" y la intangibilidad de la Constitución española, apoyan transferencia genérica de la Soberanía española a la UE: 
B. Minoría de Tribunal Constitucional español se pronuncia contra la Supremacía de la Constitución Europea sobre la Constitución española y afirma la necesidad de previa reforma constitucional para poder aceptarla legalmente:
  Opinión
Por coherencia, no
José Elorrieta
Secretario general del sindicato ELA
Gara
 
El próximo 20 de febrero tenemos ocasión de aprobar o rechazar el “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”. El equívoco de la propia denominación del texto, que pasa por constitución lo que no es sino acuerdo entre estados, no es sino una muestra de la gran maniobra de propaganda y desinformación que se desarrolla en torno al Tratado. Y es que los promotores del referéndum han preferido difundir eslóganes que facilitar el debate sobre el modelo político, económico y social que consolida el Tratado.
 
Es cierto que el texto del Tratado es de una gran complejidad. Es difícil que incluso aquellas personas que, por estricta obligación o por heroísmo democrático, se hayan tomado el trabajo de leer el Preámbulo y los 448 artículos, más los 36 Protocolos, 2 Anexos y el Acta final (todos ellos forman parte del Tratado), hayan conseguido un conocimiento cumplido de su contenido, ya que las constantes remisiones, la interconexión de preceptos y normas, y la complejidad del derecho comunitario alejan la comprensión del texto del lector común y la deja al alcance únicamente de especialistas.
 
Lo cierto es que quienes han convocado el referéndum han lanzado una campaña Ğinformativağ, valiéndose de medios y recursos públicos, en la que entresacan declaraciones genéricas sobre la justicia, la paz, el bienestar o los derechos de la infancia, todo ello con Beethoven de fondo. De lo que se guardan es de explicar la prevalencia que en el Tratado tiene la competitividad y la ley del mercado sobre los valores sociales o cómo pueden afectar aquellos principios a los servicios públicos, a las condiciones de trabajo, a la deslocalización de empresas o al desarrollo sostenible. En definitiva, han sustituido el debate por el eslogan y la información por la propaganda.
 
Se puede decir por ello que cuando los gobernantes de la Unión Europea, que no son otros que los gobernantes de los estados, nos piden el sí en el referéndum, más que la aprobación de un texto, nos piden nuestro voto de confianza sobre su manera de hacer las cosas, nos piden el respaldo al modelo de fuerte orientación neoliberal que se han dedicado a consolidar desde Maastricht y el Pacto de Estabilidad. Porque lo fundamental del Tratado es precisamente la confirmación de ese modelo, al que se confiere un rango y un carácter prácticamente inamovible.
 
Quienes defienden el sí tienen su mayor activo en la referencia a Europa. Durante tiempo Europa ha sido para las fuerzas progresistas espacio de democracia y de justicia social (el modelo social europeo o estado de bienestar). Hoy, precisamente quienes se están cargando aquel modelo, nos quieren convencer de que nada ha cambiado y de que la forma en la que están haciendo las cosas es la única forma en la que las cosas se pueden hacer. Es una manifestación más del pensamiento único.
 
No es cierto, sin embargo, que todo lo que venga de Bruselas sea incuestionable. Cada medida, y también este Tratado, tiene que ser juzgada en función de cómo afecta a los derechos, intereses y bienestar de la ciudadanía. Lamentablemente, desde esta perspectiva de análisis, el Tratado se desliza por el tobogán neoliberal en el que se ha convertido la política comunitaria tras el colapso del socialismo real.
 
La UE va lanzada hacia el neoliberalismo más puro ­se considera a EEUU como modelo económico a seguir, y lo social se supedita a esa meta­. Lo llevamos notando desde hace tiempo: el capítulo social ha sufrido una enorme regresión estos últimos años, desde la instauración de la unión económica y monetaria y las restricciones que ha implicado.
 
La competitividad se ha convertido en santo y seña de los mandatarios europeos. Con el pretexto de que hay que competir con economías mucho menos sociales ­a pesar de que el mayor volumen de comercio sea interno­ se sacrifican conquistas y derechos que, casi sistemáticamente, habían mejorado la situación de la clase trabajadora. La UE ya no responde a la idea de un espacio en el que los derechos laborales y sociales sean considerados como algo fundamental, y los poderes públicos ya no buscan garantizar un nivel de justicia social, de redistribución de la riqueza. Su único objetivo es configurar el ámbito más favorable posible para los negocios y las grandes corporaciones empresariales.
 
No está de más hacer una reflexión sobre el momento en que llega el Tratado constitucional: Justo ahora, las fuerzas de izquierda, salvo raras excepciones, viven horas bajas, y en la mayoría de los estados europeos gobiernan partidos conservadores; la derecha está rampante. No podemos considerar a algunos gobiernos socialdemócratas como fuerzas de izquierda: Véase el nuevo laborismo británico de Blair, liberal por definición, o el destructor reformismo del canciller alemán Schroeder, que está haciendo añicos uno de los estados sociales más envidiados de Europa. Por no hablar de la política española.
 
A este respecto, cuando alguien plantea el argumento de que el asentimiento al Tratado es un mal menor asumible porque habrá tiempo de mejorarlo, no está diciendo toda la verdad: La elaboración del texto, aun siendo poco concreto en la mayoría de sus artículos, ha costado mucho tiempo y trabajo, y su posible reforma en los aspectos esenciales será cosa de 25 ­o más­ estados.
 
Para concluir, desde el punto de vista nacional, el marco que puede instaurar el nuevo Tratado se olvida de los pueblos de Europa ­que sí eran citados en anteriores tratados de la UE­; proclama la inamovibilidad de las fronteras ­qué contradicción con el supuesto espíritu europeo, que suprimía toda barrera­, y da por sentado que los estados son el único sujeto político existente (los ciudadanos y ciudadanas sólo podemos elegir un Parlamento que tiene las manos atadas). Por eso me parece que afirmar que más Europa equivale a más Euskadi ni es necesariamente cierto ni tiene mucho que ver con lo que el Tratado dice, más bien al contrario. El Tratado para el que se nos pide el voto afirmativo no sólo excluye deliberadamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación, sino que establece el principio de que la ordenación territorial de cada estado es una cuestión interna que cada estado gestionará según su criterio y en la que ni el resto de los estados ni la Unión Europea tienen nada que decir. Seguramente sería más acertado decir que el Tratado supone más España o más Francia.
 
Por todas estas razones, ELA piensa que el NO es el voto coherente como clase y como pueblo, ya que el sí, por muy Ğcríticoğ que sea, va a ser interpretado como un voto de confianza por quienes vienen actuando al servicio de los intereses de las grandes corporaciones empresariales y a espaldas y contra los intereses de la gente y los pueblos.
 
Los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria no vamos a dar por bueno algo que sólo nos cierra puertas. Desechemos la resignación, sacudamos la pereza y hagamos oír nuestra voz.
 
Constitución Europea: Conocerla bien con Doce toques
Sitios por el No en la Red
 Andalucía
Gobierno, Junta y sindicatos buscan otra protección social para jornaleros
UGT, CCOO y SOC negociarán a partir de marzo con los ejecutivos central y autonómico una alternativa que unifique el sistema actual, en el que conviven la renta agraria del PP con el subsidio vinculado al PER
Inma Carretero, 13/2/2005 
 
La protección social de los trabajadores eventuales del campo andaluz vuelve a estar en el punto de mira político. Los sindicatos UGT, CCOO y SOC se sentarán a partir del próximo mes de marzo con representantes de las administraciones central y autonómica para trabajar de forma conjunta en la búsqueda de alternativas al confuso modelo actual que, tras la reforma realizada por el Gobierno del PP, se basa en tres sistemas distintos: el tradicional subsidio agrario, la renta agraria diseñada tras la huelga general del 20-J y el desempleo contributivo.

El pasado jueves, el secretario general de Empleo del Gobierno central, Valeriano Gómez, se comprometió con los sindicatos a buscar una salida a la situación actual. Fue el SOC el que forzó esa cita tras un amago de nuevas movilizaciones, recordando al PSOE –que ahora gobierna– su protagonismo decisivo en las protestas contra la reforma planteada por el Ejecutivo del PP en mayo de 2002 a través del controvertido decretazo, que fue finalmente corregido. La Junta criticó entonces el fruto de ese forcejeo del Gobierno con los sindicatos y, tras perder las elecciones, el propio ex ministro de Agricultura y portavoz de Economía del PP Miguel Arias Cañete ha reconocido que ese modelo mejoró algunas cosas, pero no aportó las soluciones que los populares, según Arias, buscaban cuando plantearon su decreto.

El escenario con el que se encontrará el grupo de trabajo es bastante complejo. Por un lado está el subsidio agrario, un mecanismo diseñado por los socialistas en los años 80 según el cual, con la acreditación de un mínimo de 35 jornales, los trabajadores eventuales agrarios andaluces y extremeños podían acceder a una prestación de 180 días de media. Debido a la escasa demanda de mano de obra en el campo en algunas zonas y al carácter eventual de la misma, se habilitó un programa denominado Aepsa (antiguo PER), que permite a los jornaleros reunir las peonadas a través de la realización de obras municipales coordinadas por los ayuntamientos.

El decretazo cerró el acceso a nuevos beneficiarios del subsidio agrario, de modo que a partir de entonces sólo podían recibir tal prestación aquellos que estuvieron acogidos a tal sistema en los tres años anteriores, al tiempo que se obligó a los perceptores a no trabajar en otro sector más de tres meses o no pasar más de 90 días sin apuntarse a una peonada. Según los últimos datos del Observatorio del Empleo Agrario Andaluz facilitados por la Diputación de Sevilla, en 2003 cobraron el subsidio 259.589 jornaleros andaluces, una cifra que se ha reducido sensiblemente desde la reforma del PP (en 2001, antes de los cambios introducidos, había 320.000 perceptores). La cuantía de la ayuda es del 75% del Salario Mínimo Interprofesional*

Puesto el tapón a ese modelo, el Gobierno de Aznar aprobó tras negociar con los sindicatos la denominada renta agraria, que anula la conexión de la prestación con el antiguo PER –un mecanismo que los socialistas consideran que ha permitido la dotación de equipamientos para los pueblos andaluces– porque no prevé que las peonadas públicas generen derechos. La renta agraria exige a los beneficiarios haber estado empadronados al menos diez años en Andalucía –condición de difícil cumplimiento para los inmigrantes, que suponen un importante porcentaje de la mano de obra agraria– y sólo puede ser solicitada seis veces. Tanto la cuantía como la duración de la percepción dependen de la edad del trabajador, que tiene que acreditar las mismas 35 peonadas en el año inmediatamente anterior a recibir la ayuda. Si supera ese número, puede incrementar la protección social del jornalero y generar a su vez una prestación de carácter contributivo.

El hecho de que, según los datos del citado Observatorio, sólo 9.000 jornaleros solicitasen la Renta Agraria en el segundo semestre de 2003, tiene que ver en gran medida con esas nuevas condiciones, sobre todo, con la dificultad que hay en muchas zonas para reunir las 35 jornadas sin completarlas con el antiguo PER. Con esta regulación, no se garantiza además protección social para aquellos jornaleros que, sin poder acceder ya al subsidio agrario, agotan las seis solicitudes de renta agraria.

Según el coordinador general del SOC, Diego Cañamero, el deseo de su organización, que ha suspendido su agenda de protestas, es que de los trabajos de Gobierno, Junta y sindicatos surja un acuerdo que dé luz verde a un nuevo modelo que, añadió Cañamero, entre en vigor el próximo verano. 

El tímido primer paso de la Moncloa

El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que levantó las sospechas de los jornaleros sobre las intenciones reales del PSOE de llevar a cabo una reforma de su sistema de protección social. La normativa, que tenía un punto único, vino a dar estabilidad a las disposiciones transitorias que permitían la regulación del subsidio agrario, de modo que hacía innecesaria la renovación anual de ésta para que los trabajadores eventuales del campo andaluz y extremeño pudieran beneficiarse de la prestación. ¿Hasta ahí la reforma? Ésa fue la pregunta que se hizo al conocer la medida el SOC, que aprobó un calendario de movilizaciones para presionar al Gobierno del PSOE y emplazarlo a demostrar si su apuesta por el campo andaluz tenía visos electorales. Las protestas fueron suspendidas al fijar la reunión con el Ministerio.
 
*En 2005 con carácter general, el SMI queda fijado en: 17’10 euros al día, 513’00 euros al mes  o 7.182’00 euros al año. Para los trabajadores eventuales y temporeros (cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días), el SMI queda fijado en 24’29 euros por jornada. Para los empleados de hogar, la cuantía del SMI será de 4’01 euros por hora trabajada.
 
Campo Andaluz y Sindicalismo Jornalero - Enlaces relacionados
Andalucía Libre nş 156 - 31/1/2003
 
Andalucía Libre nş 250
 
Andalucía Libre nş 254
 
Campo Andaluz, Sindicalismo jornalero, Subsidio Agrario y PER.rtf 
Recopilación de crónicas y articulos de análisis y opinión de ANDALUCÍA LIBRE
 
10ş Aniversario de la muerte de
 
 
Sugerencias
 
"La 'Catalanofobia', expresión ideológica de masas del españolismo". - Ocurrió en el reciente debate del proyecto de nuevo Estatuto Político para Euskadi -también conocido como Plan Ibarretxe- el pasado 1 de Febrero en el Parlamento español y durante la intervención del Sr. Puigcercos i Boixassa, portavoz del Grupo parlamentario de ERC.
 
Estaba el Sr. Puigcercos i Boixassa, refiriéndose al nacionalismo español diciendo: "El problema es que el nacionalismo español, incluso a veces el democrático, el que representa buena parte de la izquierda española, se ha edificado sobre la negación de los demás. (...) No se construye nada, pues, sobre la base de la negación del otro y ustedes hasta ahora lo han querido así. Decía Pulido, un teórico del nacionalismo andaluz, que la ideología de masas del españolismo es el anticatalanismo. ¿Entiende ahora, señor Rajoy, a este diputado cuando dijo (...) La prueba fehaciente de esta dureza yace en la misma reacción a mis declaraciones. A esto le podíamos llamar tranquilamente catalanofobia." Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nş 65, pag. 3.105.
 
Obviamente, esta concreta referencia del Sr. Puigcercos es una anécdota menor en el contexto del debate político planteado. No obstante, siempre en esa dimensión y sin entrar ahora en análisis políticos más profundos  o juicios de intenciones sobre la línea de ERC, que su portavoz parlamentario considerara pertinente y útil en defensa de sus posiciones y discurso político en esa situación citar precisamente a un nacionalista andaluz y no a cualquier otro (en un debate en que se citó abundantemente: a Jefferson, Montesquieu, Voltaire, Hermann Hesse, Aguirre, Companys, Albert Camus, Rousseau y alguno más... ) y sobre el tema en cuestión -la denuncia desde las naciones oprimidas del Estado español del carácter impositivo del españolismo- y que esa fuera, además, la única vez en que la expresión "nacionalista andaluz" se escuchara en esa sesión merece, al menos, ser conocido y tomado en cuenta como dato.
 
El texto que provoca y del que proviene la cita es el articulo "La Catalanofobia, expresión ideológica de masas del españolismo", publicado por Javier Pulido en la revista Nación Andaluza*, nş 4, de Mayo de 1985. Los epígrafes del articulo son: 1. Bases de la identidad catalana; 2. La Catalanidad política; 3. Rasgos y causas generales del anticatalanismo a escala ibérica; 4. El anticatalanismo imperial castellano. El anticatalanismo de Madrid; 5. El anticatalanismo paranoico del País Valenciano; 6. El anticatalanismo andaluz, la "conciencia nacional de los imbéciles"; 7. Conclusiones.
 
Siendo un viejo articulo de hace ya veinte años es hoy dificilmente encontrable. Por ello nos ha parecido de interés digitalizarlo y hacerlo asequible en la Red. A partir de ahora, se encuentra a disposición de quien tenga interés o curiosidad en nuestro Sitio. Para descargarlo basta acceder a nuestra pagina principal, picar en la pestaña Ficheros (donde se va a nuestro Archivo de Documentos) y posteriormente allí hacer lo propio en la Carpeta Documentos Varios donde se encuentra.
 
*Por cierto, no estaría de más recuperar la colección completa de esta revista, publicada entre 1983 y 1986 y colocarla en la Red. Tiene artículos que aún conservan vigencia y otros de alto interés histórico y/o morboso. Repasando sus paginas se encontrarían reflejos de los debates de una época y también de cómo han ido terminando en su "carrera hacia el éxito" algunos de sus impulsores y animadores. Limitándonos ahora al morbo y por dar sólo dos ejemplos: uno de sus coordinadores, el ahora líder de Los Verdes, el andaluz Francisco Garrido -entonces conocido como Francisco Andrade, antes primer secretario general de la JCA y cofundador del independentista FAL en 1979- hoy diputado en el Congreso español en las listas del PSOE -tras haber sido en su momento diputado andaluz por IU- ha votado NO al Plan Ibarretxe, hecho con el que culmina en reversión toda una larga trayectoria personal de intima relación con Euskadi. Tenía mandato de su organización de abstenerse -a la manera de IC/V- pero el discurso de Zapatero -dice- le convenció, más o menos, de que tras las palabras del Presidente el NO era menos NO y voto NO, en un acto de coherente picardía. Ahora, consecuentemente, pide el SI a la Constitución europea. Otro ejemplo más: ¿quien recuerda o quien podría imaginarse que la actual consejera de Educación del Gobierno andaluz del muy españolista y de orden, PSOE, DŞ Cándida Martínez (anteriormente militante del maoísta MCE) fue durante un tiempo miembro del Consejo de Redacción de una revista llamada con toda intención provocadora y afirmativa, "Nación Andaluza"?. Con esto a la espalda, haciendo lo que hacen y defendiendo lo que defienden, no cabe que puedan alegar en su descargo "ignorancia"... No son los únicos.
 
Dos Sitios Independentistas - El sitio Movimiento de Liberación Nacional Andaluz ofrece una selección de textos y enlaces con los que acercarse a la realidad de Andalucía y de su movimiento nacionalista con un solo toque... Por su parte, Revolucionarios de Andalucía ha actualizado contenidos y renovado diseño, incluyendo una sección contra la Constitución europea. Su foro -que pronto modificará- sigue siendo destacado lugar de polémica y encuentro...
 
Nuevo sitio sindical - Acaba de inaugurarse el sitio de la Unión Local de Prado del Rey del SOC-SAT. Damos cuenta de la noticia y le deseamos suerte a este nuevo instrumento para la acción sindical en la Sierra de Cádiz.
 
Ideas - El boicot como recurso de protesta. A difundir esta practica y dar sugerencias al respecto, que siempre han de ser administradas con cuidado y reflexión, se dedica el sitio catalán Boicott Preventivo.
 
Información Alternativa - La Red Voltaire es un sitio donde pueden encontrarse análisis y documentación alternativas con rigor e interes. Especialmente llamamos la atención sobre su sección Espionaje y Servicios Secretos que incluye materiales particularmente sugerentes.
 
Disidencia polisaria - Sobre el conflicto del antiguo Sahara Español entre Marruecos y el Frente Polisario y Argelia predomina en Andalucía y entre nuestra izquierda una visión simplista, simplificada y maniquea, deudora de múltiples fuentes nutricias: desde antiguos militares colonialistas españoles a despistados varios, pasando por castizos neocons admiradores de Isabel la Católica. La gestación de esta perspectiva fragmentada ha sido  singularmente ayudada por la naturaleza y comportamiento histórico del Régimen monárquico marroquí (con todos sus crímenes y todas sus torpezas). Para incrementar referencias, recabar nuevos datos -aunque sea colateralmente- sobre la situación e ir construyendo panorámicas más equilibradas, viene bien conocer los posicionamientos de la disidencia polisaria que se encarna en el Polisario Jat Achahid (antes Polisario-El Uali) así como los Debates y Comentarios que ha provocado desde su surgimiento en Julio de 2004.
 
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Música de fondo: Oriental, Granados
 
 
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    [Adjunto no mostrado: And Granados Danza oriental.mid (audio/mid) ]

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