| Asunto: | [AndaluciaLibre] nş 257 - Por Andalucía: VOTA NO a la Constitución eu ropea | | Fecha: | Miercoles, 16 de Febrero, 2005 01:07:41 (+0100) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
|
Contra España y Europa, que nos explotan y humillan: VOTA NO A
LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
nş 257
En este Correo:
Andalucía
*Opinión, El Secuestro de Europa,
Isidoro Moreno - Enlaces
*Opinión, Bienvenida Mss. Hübner, Antón
Corpas
*Enlaces:
Andalucía y la Unión
Europea; Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria;
Andalucía versus UE;
*Por Andalucía;
Vota No a la Constitución
Europea, Andalucía
Libre
*Legalidad y Soberanía:
Mayoría y Minoría del Tribunal Constitucional ante Constitución
europea
*Euskadi, Por
coherencia, no, José
Elorrieta
*Constitución
Europea: Conocerla Bien con
doce toques
*Enlaces-Sitios por el
NO: Documentación, Artículos,
Plataformas;
*Gobierno español, Junta y sindicatos
buscan otra protección social para jornaleros -
Enlaces
*Diamantino García,
10ş Aniversario.
*Sugerencias:
La 'Catalanofobia'...;
MLNA, Revolucionarios de Andalucía;
SOC-SAT de Prado del
Rey; Boicot Preventivo;
Red Voltaire; Disidencia
polisaria
*Solidaridad
con Palestina
*Música de fondo
*Directorio de
Andalucía en Internet
--oOo--
Utiliza éste
ANDALUCÍA LIBRE como Recurso del NO
Reenvíalo a todos aquellos a los que creas
que puede interesar
Opinión
El secuestro de Europa
Isidoro Moreno

En contra de lo que se nos quiere hacer
ver, el referéndum al que estamos convocados el próximo 20 de febrero no
consiste en dar un sí o un no a Europa, sino en respaldar o rechazar un
determinado modelo de Europa. Si el Tratado Constitucional fuera rechazado, sólo
supondría que sería necesario preparar un nuevo texto y se abriría la
posibilidad de un proceso más transparente y democrático en su elaboración y más
respetuoso con los derechos en su contenido. Los catastrofismos, pues, sólo
pueden atribuirse a la ignorancia o a una descarada voluntad de confundir, e
incluso de chantajear, a los ciudadanos.
Aunque
escribieran hace unos días Shröder, Rodríguez Zapatero y el presidente checo, en
un artículo en El País, que esta Constitución "sólo comporta
avances y no introduce ningún paso atrás", ello no es cierto, porque sus
supuestos aspectos positivos quedan reducidos a mera retórica o a cuestiones
insignificantes, al no establecerse garantías para su puesta en práctica,
mientras que se constitucionaliza el más descarnado modelo neoliberal,
tecnocrático, militarista y con gravísimos déficits democráticos: énfasis en el
"mercado libre y no falseado, altamente competitivo", independencia -o
sea, no control- del Banco Central Europeo, compromiso de los Estados en mejorar
sus capacidades militares y en "prevenir conflictos" en estrecha
colaboración con la OTAN, concentración de las funciones legislativas y
ejecutivas en el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, relegando a la
Comisión y, sobre todo, al Parlamento (única institución elegida) a un papel
secundario, y -lo que es, quizá, más grave de todo- devaluación de los derechos
sociales y culturales que sí están recogidos en las constituciones de los
Estados miembros, por ejemplo en la española, y que a partir de ahora, si se
aprueba el texto que nos presentan, se verán recortados.
Tres ejemplos de esta devaluación, entre otros muchos,
son la sustitución del derecho al trabajo y a tener un empleo digno por el
simple derecho (de mucho menor alcance) "a trabajar y a buscar empleo",
la sustitución del derecho a una vivienda digna por "una ayuda en materia de
vivienda" y la sustitución del concepto de "servicios públicos"
por el de "servicios de interés económico general", abriendo de par en
par la puerta a las privatizaciones en todos los ámbitos.
En cuanto al grado de progresismo de las innovaciones,
bastaría señalar, sobre la más publicitada de todas, la de "iniciativa popular",
que después de la necesaria recogida de un millón de firmas "procedentes de
un número significativo de Estados"(?), no hay obligación alguna de
someterla a consulta popular, porque no es vinculante, ni de respetar su
contenido. Su significado no es otro que el de "solicitar a la Comisión que
presente una propuesta"; es decir, se trata sólo del viejo buzón de
sugerencias .
Ante todo esto, que puede comprobar quien
tenga la paciencia de leerse los cientos de páginas de esta Constitución europea
y sus protocolos adjuntos, resulta una falsedad evidente la afirmación repetida
días atrás por el secretario general del PS francés, para convencer a sus
propios afiliados de que apoyaran el sí, de que "la Constitución no impone
un modelo" por lo que dentro de ella, si en el futuro "los ciudadanos
votan a mayorías de izquierda, se podrá dar un giro de izquierda a la
construcción europea". Por el contrario, establece un rígido marco
neoliberal, con un modelo económico, social, político y cultural que es
incompatible con una Europa social, plural y democrática, basada en los derechos
humanos y de los pueblos que la componen. Y como para variar cualquier punto de
mediana importancia se prescribe la unanimidad de los 25 Estados actuales, más
los que entren en el futuro, resulta prácticamente imposible modificar dicho
marco o realizar desde él políticas que no sean neoliberales, militaristas y
escasamente democráticas.
Por eso resulta lamentable,
por demagógico, aunque ello sólo pueda sorprender ya a los ingenuos, que la
Confederación Europea de Sindicatos [donde están CCOO y UGT] considere que esta
Constitución, aunque sea "imperfecta y con algunos (?) puntos débiles, debe
ser considerada como el punto de partida de un largo proceso y no como el
final". Ello podría ser así si el texto fuera menos rígidamente neoliberal,
si instituyera un Parlamento con plenas funciones legislativas y si no
estableciese condiciones imposibles para su modificación. Pero como esto no es
así, el señalar que hay que apoyarla porque "es la única que tenemos encima
de la mesa" es justamente renunciar a otro texto alternativo que hiciera
posible una Unión Europea diferente.
Y tampoco es
cierto que sea mejor esta Constitución que ninguna: el argumento sólo podría
considerarse si Europa se encontrara en una situación de excepcionalidad
política que no existe. La unanimidad entre los partidos de la derecha, la
cúpula de los partidos socialistas europeos y la burocracia sindical a favor de
esta Constitución, que impide cualquier otro proyecto para nuestro viejo
continente, debería ser, ya de por sí, sospechosa. Como sospechosa, por
sectaria, es también la posición de cierta izquierda que, sobre la base de un
antinorteamericanismo visceral, piensa que cualquier Europa fuerte, como no
sería buena para Estados Unidos, es buena para el mundo. Aunque el modelo de esa
Europa se acerque, cada día más, al modelo supuestamente rechazado y sea otra
punta de lanza para el avance de la globalización mercantilista.
Contra la
Constitución europea en ANDALUCÍA LIBRE
Opinión
La visita: Bienvenida
Mss. Hübner
Antón Corpas,
[en la imagen, Botín,
presidente del BSCH]
Elecciones europeas y fondos
estructurales
Parece
que de alguna manera ha llegado el momento de hacer balance, después de 30 años
de Estado de las autonomías, y casi 20 de adhesión a la UE, suficiente para
evaluar un periodo histórico de mas o menos un cuarto de siglo. Desde las
instituciones que ejecutan y representan el marco político y el programa
económico dominante, ese balance se hace como una apología.
Hace
unas semanas el Consejo de Ministros estabilizaba las condiciones para cobrar el
subsidio agrario, confirmando que "se da una continuidad en la concurrencia
de las circunstancias que lo motivaron", o sea, las situaciones de
subdesarrollo en gran parte del campo andaluz y extremeño se mantienen pasadas
dos décadas. Era la confirmación del fraude histórico-político del proyecto
desarrollista, respecto a las necesidades y las carencias del medio rural
andaluz y extremeño. Pero después del intento del gobierno Aznar de desmantelar
el sistema de protección social en el medio rural, se convertía en una prueba de
la responsabilidad social del gobierno de Zapatero.
Ahora, en plena campaña de
propaganda institucional por el Si a la Constitución Europea, Danuta Hübner,
comisaria europea de las regiones, visita una de las naciones sin estado mas
pobres y precarizadas de la UE, y con poco sentido del rubor, afirma que
"Andalucía tiene un potencial enorme de desarrollo y un día será víctima de
su éxito" (ABC, 15/1/05, de Andalucía
Libre nş 254). Se refiere a la posición andaluza en la
clasificación de fondos estructurales y de cohesión, actualmente en el Objetivo
1, que corresponde a las zonas con mayor subdesarrollo en comparación al resto,
y al futuro en el que dejará de recibirlos porque será prospera.
En Bruselas como en San
Telmo, hoy no se ignora un secreto a voces, que es el temor fundado de sectores,
el de la agricultura por ejemplo, a que la ampliación de la UE, menoscabe de
forma significativa los fondos para Andalucía. En este sentido la comisaria se
negaba a "hablar de reducciones cuando hay que iniciar la discusión sobre el
nivel de presupuesto y sobre los objetivos de la política de cohesión". Un
requiebro significativo, cuando a lo que Bruselas no deja ningún margen de
discusión, es a la definición de "los objetivos de la política de
cohesión". Desde las condiciones de adhesión a la UE de 1986 -y a través de
los sucesivos tratados y acuerdos de Maastricht, Amsterdam o Niza a la reforma
de la PAC- la división económica, productiva y del trabajo dentro del espacio
comunitario han variado poco. Las imposiciones de política económica y de gasto
estatal, asociadas a la financiación comunitaria, mantienen un mismo programa de
"reformas e inversiones" y un control burocrático bastante rígido, para
unos más que para otros. La comisaria trata de eludir la cuestión fundamental,
qué cantidad de fondos que dejará de percibir Andalucía, escudándose en una
discusión en marcha sobre lo intocable.
Visto que se hablará de lo
indiscutible y lo negociable se dejará de lado, y vistas las declaraciones y las
conclusiones de "la visita", en las que tanto la comisaria como el
propio equipo de Chaves, se han deshecho en ambigüedades, buenas intenciones y
mejores presagios, la caída de Hübner parece un intento de amansar
incertidumbres y hacer propaganda institucional aprovechando la visita oficial.
Para eso, la comisaria ha dicho que "en el periodo 2007-2013 Andalucía
continuará siendo Objetivo 1 -insistió-, pero un día va a pasar a ser Objetivo
2, tendrá otros desafíos de desarrollo y tendrá que prepararse para
ello".
Objetivo 1 - Objetivo 2
No vamos a entrar aquí en
cuestiones de táctica política y diplomática. Si Andalucía continúa siendo
Objetivo 1, no es por la generosidad o la sensibilidad territorial de París o
Berlín, por la habilidad de los negociadores de Madrid, ni desde luego por la
combatividad de la Junta de Andalucía. No hay "milagro andaluz" ni "Andalucía imparable".
Cantan las cifras y lo reiteran todos los estudios sobre la economía andaluza:
que a pesar de las relativas mejoras, tanto la diferencia comparativa respecto a
España y Europa, como los niveles de desigualdad internos, se mantienen pasado
el tiempo. A eso se añade el crecimiento de la competencia desde el Magreb o
América Latina, precisamente en la agricultura, uno de los sectores a los que se
ha restringido la economía andaluza y quizás el mas dependiente de las ayudas.
Es algo que denuncia directamente al marco político y las condiciones económicas
impuestas desde la UE, aunque el tono marcadamente paternalista Hübner lo
escenifica como un: "chico, lo estás haciendo muy bien, y nosotros
seguiremos ayudándote, pero un día tendrás que aprender a andar
solo".
Se da por sabido y asumido
que aunque Andalucía permanezca como Objetivo 1, recibirá menos fondos,
pero parece que a nadie les interesa cifrarlo. Y en el fondo hay algo menos
evidente, que nadie da por sabido, que es una sospecha, casi un tabú, y es que
el momento en que Andalucía salga de la clasificación Objetivo 1, no
será porque haya solucionado en una década lo que no ha hecho en tres, sino
porque con la ampliación varíen los criterios y los intereses de clasificación y
adjudicación. La antigua zona soviética es ahora un ring político y
mercantil decisivo en la disputa neocolonial entre Europa (con Alemania y
Francia, a la cabeza) y la alianza anglosajona entre Estados Unidos y Reino
Unido. Así, no será difícil que la desviación de fondos estructurales y de
cohesión al Este, para consolidar la posición económica y política de la UE en
la zona, se convierta en no mucho tiempo en un argumento de peso, que determine
quién se queda fuera de juego entre las actuales "regiones Objetivo
1".
A pesar de la actitud, mas
bien sumisa y entreguista de la mayoría social y electoral andaluza, nadie
quiere correr el riesgo de una sorpresa. Por ejemplo, que a una parte de la
gente de los pueblos, que va desde pequeños propietarios a buena parte de la red
clientelar institucional, los alcaldes y las cuadrillas que los rodean, "le
de por pensar" que si vota No, puede frenar el proceso y
aplazar el tiempo de vacas flacas y números rojos que promete un futuro incierto
pero demasiado cercano. La visita de Hübner reproduce la dinámica de palo y
zanahoria inseparable de los fondos europeos, prometiendo una prorroga para mas
de lo mismo, y luego veremos. Administra las ayudas como un somnífero, una
inversión en estabilidad política. Frente a esto, hay que pensar en lo que ha
supuesto el sistema de ayudas y su funcionamiento, revisar las promesas, la
historia de las promesas, y las consecuencias de las promesas.
La cara B de los fondos europeos
Hay que desarmar un lugar
común que afecta a la definición de estas subvenciones. El de su
"contribución al desarrollo económico", que tiene dos y hasta tres
caras. Lo sustancial de los fondos estructurales y de cohesión, es su condición
de prestamos financieros a pagar en moneda política. Es básicamente un chantaje
refinado y burocrático por el que las "regiones" empobrecidas aceptan
recursos a cambio de aplicar una política económica, que genera ciertos
beneficios temporales, pero que en el fondo y estratégicamente es
contraproducente para sus intereses. Los fondos son también un colchón
financiero que amortigüe precisamente las consecuencias a medio plazo de la
política económica, una divisa con la que de alguna manera se compra el voto, un
pago por la estabilidad política y paz social. Todo repercute en una hipoteca
programática y en una falsa percepción de la realidad. Mientras corre el
dinero existe una cierta sensación de desarrollo económico, repercute en la
coyuntura, en los niveles de gasto público en infraestructuras, y el nivel de
consumo de algunos sectores de población. Pero ese mismo dinero profundiza en
las carencias del tejido productivo, el desequilibrio territorial, social y
productivo interno, y la dependencia económica.
En el caso andaluz y en
términos generales, la restricción al turismo, los servicios, la agricultura y
la construcción o las cuotas a la producción de productos agrícolas y ganaderos
con sus correspondientes penalizaciones (que hacen que muchas de las ayudas se
vayan de vuelta), son reglas del juego que establecen unos claros límites a la
evolución y la transformación de la economía productiva. En el medio rural,
algunos pequeños agricultores consiguen paliar los efectos de las cuotas a la
producción gracias a las subvenciones, pero el modelo de subvención, que por
ejemplo en el olivar ha primado la extensión sobre la producción, ha beneficiado
a la gran propiedad terrateniente.
Los fondos también se han
empleado para sostener lo que podemos llamar el modelo de paz social
andaluz, basado en la hipertrofia financiera de los llamados interlocutores
sociales, de los sindicatos o los empresarios a las asociaciones de vecinos o de
gitanos, generando un sistema de mediadores acríticos dedicados a desdibujar
conflictos y a socializar la versión oficial, burocratizada y despolitizada de
los problemas. También ha disimulado la externalización de servicios sociales,
con la financiación de proyectos en barrios y con sectores empobrecidos, a
través de asociaciones y ONG's, generando la ficción de un alto presupuesto
social que en realidad está eludiendo la creación y el mantenimiento económico
de infraestructuras y necesidades básicas y estratégicas, en los aspectos
sanitario, educativo, productivo..., generando o disimulando el terreno abonado
para la privatización de los servicios. Eso, a cambio de proyectos que por
definición solo pueden paliar circunstancialmente y a veces ni eso, las
situaciones de pobreza y precariedad.
En otros aspectos, buena parte
de los fondos se han gastado en costosas infraestructuras como el AVE, la A-92,
o la hiperinversión en carreteras en zonas de alta densidad turística como la
Costa del Sol, mientras se desmantelaba la red de ferrocarriles de cercanías y
se degradaba la red de carreteras comarcales en todo el territorio andaluz
(aspectos que en Cataluña o Euskadi, lejos de abandonarse, se fomentan y se
multiplican cada año).
La modernización andaluza y
la contribución de los fondos europeos, ha sido la puesta a punto y al día de
las carencias: la desvertebración territorial, las desigualdades sociales, el
clientelismo político, la ausencia de capacidad de desarrollo endógeno o la
consolidación de la estructura de propiedad de la tierra. En este sentido hay
que relativizar la apuesta del discurso institucional por el "desarrollo
tecnológico". Ese énfasis en las tecnologías de la información y la
"sociedad del conocimiento" es el mismo en Maragall, Hübner, Chaves,
Fraga, Ibarretxe o Berlusconni, un latiguillo que evita contextualizar y
concretar lo que se está diciendo. En el lenguaje eurocomunitario,
desarrollo tecnológico puede tener el mismo significado vacío, cínico o
retorcido, que adoptan según las necesidades y las circunstancias, términos como
cohesión o solidaridad. Si observamos, por ejemplo, el
programa Guadalinfo, que invertirá 5 millones de euros en abrir salas de
Internet "de acceso público" en "25 pequeñas localidades
especialmente desfavorecidas" para romper "la fractura digital" y
tenemos en cuenta que precisamente las poblaciones pequeñas "especialmente
desfavorecidas" son víctimas de una política de infraestructuras faraónica
y territorialmente desequilibrada, podemos intuir mas o menos que significa en
este caso el concepto de "desarrollo tecnológico": la configuración del
"mapa tecnológico" andaluz, no en función de necesidades económicas,
sociales y estratégicas propias, sino como el máximo aprovechamiento de un
mercado de más de 7.000.000 de potenciales consumidores.
Este
caso concreto ilustra lo que, con nuevos discursos y paradigmas, supondrá la
continuidad de la práctica política institucional. La sobrevaloración de
proyectos faraónicos como la Expo'92 o el AVE y semifaraónicos como el Palacio
de Congresos o el Campus de la Salud en Granada; el mantenimiento de viejos
problemas con nuevas formas y el desmantelamiento de los derechos
sociales.
Ante esto, sigue ausente un cuerpo social con la
picardía colectiva capaz para elaborar la crítica y la alternativa, tan
desestructurado que incluso es incapaz de reconocer cuando hay dolor debajo de
la propia piel.
Enlaces
Relacionados
Materiales para el NO Andaluz a la Constitución Europea
- Artículos publicados en ANDALUCÍA LIBRE (2000-2004) que ofrecen datos, cifras
y análisis
sobre la
situación de Andalucía -sectorial y globalmente- desde la perspectiva de su
relación con la Unión Europea. (96 pags; 467
kb)
Texto del
coordinador general de CUT-BAI, dirigente del SOC y alcalde de Marinaleda.
(26 pags; 1.258 KB)
Análisis sobre
la dependencia de Andalucía en el marco de la UE y razones para el NO andaluz a
la Constitución europea
Articulo publicado en Independencia
nş45 - Septiembre 2004 (5 pags; 41 KB)
El
Remate
Contra España y
Europa, que nos explotan y humillan
Por Andalucía: Vota NO a la Constitución
Europea
Andalucía Libre
La campaña para el referéndum sobre la
Constitución europea da sus ultimas boqueadas entre la atonía y la manipulación
extrema. La desigualdad de recursos económicos y de cobertura mediática
entre las fuerzas del SI y del NO es abrumadora a favor del SI. Todas las radios
y televisiones -publicas y privadas- cantan ininterrumpidamente loas al
carácter benéfico del nuevo Tratado; toda la prensa remacha a coro
simplificaciones y mentiras -que la Constitución europea es sinónimo de
estabilidad, bienestar, derechos, paz,
inversiones...- para motivar la participación y el voto positivo.
Ningún embuste se descarta por burdo que sea; ningún recurso se desprecia por
parte de los poderosos en este combate desigual*. PSOE y PP -acompañados en
incoherente coherencia por CiU, PNV, CC y PA- animan a votar SI
explícitamente aunque se desconozcan las 431 paginas de farragoso texto legal
-redactado en forma voluntariamente confusa- que ocupa el Tratado
Constitucional. Reclaman el voto ciego, el cheque en blanco...
Recientemente, el Presidente Zapatero ha
resumido su discurso: "Con el Sí gana Europa y gana España;
con el NO se debilita Europa y se debilita España". Por
una vez ha dicho verdad. Precisamente por lo que dice -porque con el SI ganan la
Europa y la España realmente existentes que subdesarrollan y desindustrializan
Andalucía y que la niegan como Nación, que precarizan y empobrecen a la clase
obrera y arruinan a campesinos y pequeñas empresas, es la hora y la ocasión de
decirles rotundamente NO.
Lo que España, la UE y su
Constitución le niegan a Andalucía:
Andalucía es una Nación, ¡Soberanía ya!.
Tierra, Trabajo y Libertad
Pancarta y Cortejo de la LCR.- Granada, 1ş de
Mayo de 1985
Bastaría para fundar el rechazo a la
Constitución europea constatar hasta que punto condena a Andalucía como Nación
al expolio y la impotencia. El nuevo Tratado -a petición española por
cierto- apoya la intangibilidad de la integridad territorial de los Estados
existentes -a los que adjudica en exclusiva identidad nacional- contra el
derecho a la autodeterminación e independencia de las naciones que pugnan por su
Soberanía Nacional. Además, excluye expresamente a las naciones sin Estado
propio de cualquier capacidad de intervención y defensa efectiva en la
Unión Europea. Deja a Andalucía humillada, maniatada y sin voz propia; reducida
al nivel de moneda de cambio. Nos rebaja al estatus de un juguete en
manos de los intereses conciliados o contrapuestos del gran capital
multinacional, el capitalismo español o los grandes Estados imperialistas de la
Unión.
La nueva estructura institucional europea
-sintetizando su trayectoria y dando aquí un salto cualitativo- es un
complicadísimo organigrama que encarna las aspiraciones doctrinales del
neoliberalismo más rabioso y responde cabalmente a los intereses prácticos
del gran capital multinacional. Supone la plasmación institucional -con las
justas dosis de empirismo debidas al momento- del programa reaccionario del
federalismo económico paneuropeo, gestado por la ultraderecha liberal ya durante
la II Guerra Mundial como proyecto antisocialista. La medida adscripción
acordada en el Tratado según temas de mayorías cualificadas y unanimidades, el
reparto de potestades específicas y concurrentes atribuidas a la Unión y a
los Estados miembros y la distribución de competencias entre los diversos
órganos comunitarios -bajo la supremacía general de la Unión- están hechas
con extremo cuidado de manera que siempre beneficien en cada
caso a una practica darwinista feroz en beneficio del gran capital y la
desigualdad social y nacional, dificultando al máximo y en cada
circunstancia la defensa de los derechos de la clase obrera, los campesinos
y las naciones empobrecidas.
El resultado de esta jungla institucional es
despojarnos de hecho de los últimos restos de ciudadanía, reconvirtiéndonos
realmente en súbditos. La sustracción de poder y competencias alcanza
proporciones homéricas. El desarrollo de un "mercado competitivo abierto y
libre", es el eje vertebrador y omnipresente del proyecto, en una forma que
recuerda a los más aterradores diseños de la más infernal utopía negativa
esbozada en las obras de anticipación. Su modelo y su horizonte es un híbrido
entre un recuperado Manchester decimonónico inhumano y
un 1984 cibernético de control totalitario. Ya decía
Jacques Delors hace algunos años que el objetivo de la UE era conseguir que
"el 80% de la legislación estuviera fuera del control de los Parlamentos
estatales", ahora esta meta se acerca, para contento de bancos, lobbys
y multinacionales. La Unión encorseta, vigila, dispone, patrocina,
mandata, sanciona, ejecuta directa o indirectamente...
y cuando no lo hace, inspira y sirve siempre de cobertura
exculpatoria, cuando no de amenaza. Estados y Unión; Unión y Estados, se
convierten ambos en facetas gemelas del mismo mastodonte público-privado
inaprensible y viscoso.
En este proyecto, el Parlamento europeo no
es en absoluto corrector ni delimitador. Al contrario, Estrasburgo es un ente
esencialmente destinado a la apariencia y el disimulo al servicio de
Bruselas. Un complemento funcional que cumple su papel en la maraña y en la
distorsión, a la vez como engranaje y como elemento pretendidamente legitimador
de lo acordado en otras instancias o despachos. Ejemplo de ello es el hecho
sintomático de que necesite nada menos que 2/3 de apoyo plenario para un
mero voto de censura a la Comisión, recurso no determinante del curso
político de la UE y que en absoluto puede equipararse a su equivalente en un
régimen parlamentario estatal. Su rol recuerda sobremanera al de las Cortes
españolas de la Restauración cuando ejercían de fachada parlamentaria de la
dictadura monárquica o al del Reichstag alemán de tiempos del Kaiser Guillermo
II, que nunca pudo siquiera ponerle trabas al ejercicio de su soberana voluntad
personal.
De otra parte, creer que adjudicarle
funciones realmente parlamentarias a la Asamblea de Estrasburgo a la manera
estatal -como defienden algunos afectados de una versión extrema del cretinismo
parlamentario- resolvería los problemas de fondo es ilusorio ya que
implicaría una nueva forma de sometimiento a las "mayorías
europeas" y a los intereses de los que estas serían dependientes. Si
la estrategia socialdemócrata clásica de transformación social con sostén
parlamentario es quimérica a escala estatal, no digamos cuando se traslada al
nivel de una realidad como la de la UE (de lo que eran claramente
conscientes incluso algunos socialdemócratas hace ya veinte
años**). A este respecto, procede reconocer que ese nonato "Parlamento
auténtico" sólo sería operativo en tanto fuera coherente a la estructura
general de la UE y por tanto útil contra mayorías socialistas estatales o
nacionales, nunca al contrario; pues en ese mismo momento sería desprovisto de
funciones o suspendido en el aire hasta nueva ocasión. Entretanto, el actual y
diseñado Parlamento europeo sirve como excusa, pantalla y entretenimiento; una
nueva simbólica Bastilla a tomar para inmediatamente derruir.
Polizontes e imperialistas
Resulta irónico que se adjudique a la
UE imagen de garantía democrática interna. Sería preciso recordar que no lo fue
en el pasado para impedir -por ejemplo- la represión colonialista francesa
en Argelia o la británica en Irlanda del Norte o para la prohibición de fuerzas
de izquierda en la RFA (KPD) o Francia (LCR), como ahora tampoco lo es para la
ilegalización de Batasuna en Euskadi. Hay un innato componente de Santa
Alianza inscrito genéticamente desde su origen en el proyecto
europeísta que opera de forma sostenida y que ya venía claramente expreso en
aquel antecedente frustrado de la UE, que fue en 1953 la Comunidad Política
Europea, cuando esta reconocía formalmente el derecho y la obligación de todos
los estados asociados a intervenir, militarmente si fuera necesario, en caso de
subversión interna en un estado miembro. La Constitución europea suprime de
hecho el derecho de asilo para ciudadanos de estados miembros; impone la ley
mordaza para quienes de entre quienes están a su servicio tengan acceso a
información sobre costes y estrategias empresariales; automatiza el espacio
judicial y policial europeo -incluso llegando a la extraterritorialidad- y a la
vez excluye de sus instancias judiciales la mera toma en consideración de
denuncias por brutalidad policial o represión interna por los estados miembros,
incluso si estas se han desarrollado como consecuencia de la aplicación de
decisiones europeas, lo que resulta un claro estimulo a su impunidad.
En su periferia su historial es igualmente
ilustrativo. La Unión Europea ha violentado los derechos nacionales serbios en
Croacia -rechazando su autodeterminación y apoyando su expulsión de Krajina y
Eslavonia- y amparado la perpetuación de una entidad artificial como es el
protectorado de Bosnia -aquí frente a croatas y serbios- o impedido la partición
de Kosovo entre Serbia y Albania para asegurar así su control y predominio
en los Balcanes. Hoy incluye al Chipre griego mientras no reconoce
siquiera al Chipre turco, lo que no le impide negociar con Turquía
ignorando el derecho a la autodeterminación de Kurdistán. Hoy también, el mismo
texto de la Constitución europea ampara formalmente el estatus colonial de
Ceuta y Melilla en Marruecos, de Gibraltar en Andalucía, de las Malvinas
argentinas, de Diego García o de las bases británicas en Chipre
de Akrotiri y Dhekelia. Ayer como hoy, la UE sostiene economicamente al
Estado sionista de Israel -pese a su opresión evidente sobre el pueblo
palestino- mediante un tratado de asociación vital para su
persistencia.
Sus relaciones con el imperialismo yanqui
siguen la tónica de colaboración conflictiva dominante desde la II Guerra
Mundial, salvo en lo tocante a Francia durante el intermedio gaullista. La
Constitución europea contempla textualmente a la OTAN como componente estable de
la realidad europea y concibe por tanto su propio intervencionismo militar
exterior -que quiere potenciar- en términos de complementariedad con el de EEUU
en coherencia con sus imbricaciones e intereses economicos. Europa y EEUU y
Japón mantienen canales abiertos: se encuentran, debaten y pactan hasta donde
competir y hasta donde colaborar -mirando de reojo a Rusia, China y la
India- no sólo en el G-8, el FMI, la ONU o la OMC sino que
también lo hacen en foros más discretos como el Club Bilderberg o la Trilateral.
Algunos de los que ahora pretenden embellecer a algunos imperialismos europeos
por su no-intervención directa en la ocupación de Iraq deberían recordar que
tampoco estuvieron presentes en la guerra de Vietnam -como sí ocurrió con
Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda- sin que ello
impidiera que siguieran actuando como aliados de EEUU ni que los negocios
comunes siguieran adelante. De hecho, incluso hoy, conviene tener presente que
el despliegue y operatividad de las fuerzas expedicionarias en Iraq sería
difícil de mantener sin el uso como escala y retaguardia logística de las bases
yanquis en Andalucía o Alemania, lo que ocurre con la aquiescencia de los
Gobiernos español y alemán. La dinámica agresiva del proyecto europeísta se
manifiesta en la inclusión en el Tratado de la posibilidad de imponer bloqueos
totales sobre un tercer Estado, a la manera del que EEUU somete a Cuba o
represalias de similar entidad sobre entidades no estatales u organizaciones
(Art. III-322). Lo que sí implica la Constitución europea es un
refuerzo de la corresponsabilidad de todos los Estados miembros en estas
actuaciones -aun tolerando las iniciativas unilaterales de los fuertes- y
la dotación de mayores medios en la ambición de construir un plano de
intervención imperialista compartido.
Totalitarismo europeo: la política
única
Unión Europea y neoliberalismo, en doctrina
y practica, son las dos caras de la misma moneda. Así fue desde su inicio.
Conviene tener presente que las políticas keynesianas de los 50-60 del siglo
pasado que acompañaron la expansión y el bienestar de Europa occidental
-impulsadas por social-demócratas, gaullistas o cristiano-demócratas según
países, en el contexto de la guerra fría- fueron asunto de los estados miembros
y no del Mercado Común; políticas soportadas con mayor o menor
resistencia o malestar desde la CEE según coyunturas, en espera
de su ocasión. La misma configuración de la inicial Política Agraria Común
-también definible como el contrapago alemán a Francia por su superioridad
industrial- se justificó pragmáticamente porque en la época era un soporte
inesquivable para nutrir políticamente el proyecto europeísta en sus
primeros pasos, aunque ello supusiera que ocupara hasta el 80% del presupuesto
comunitario; siempre bien corto en relación a la dimensión económica de los
estados implicados. Su lugar real estratégico se descubre ahora con las
sucesivas reformas restrictivas sobre agricultura en curso.
Desde un principio primó en Europa la
integración negativa, es decir las
prohibiciones orientadas a dejar curso libre a las reglas del mercado y a la
competencia sobre las intervenciones
positivas destinadas a condicionarlo o regularlo según
parámetros de equidad y bienestar publico y reequilibrio
territorial -incluso sin cuestionar el capitalismo- y ello pese a que -al
menos en un principio- la esencia descompensatoria de esta política liberal era
sobradamente reconocida. Por eso el Fondo Social, el FEDER, FEOGA o el Fondo de
Cohesión siempre han tenido una amplitud comparativamente reducida y se han
desarrollado como elementos acompañantes, suplementarios y subordinados,
destinados a endulzar las consecuencias de la puesta en practica de las
políticas básicas de la Unión: librecambio y desarme arancelario, unión
aduanera, libertad de establecimiento y circulación interna de fuerza de
trabajo y capitales, fiscalidad negativa e integración económica y
monetaria.
Siguiendo el rastro de los Tratados de Roma,
del Acta Única, de Maastricht, Ámsterdam o Niza, ahora la Unión asume la
coordinación regular de las políticas económicas estatales en el horizonte de su
plena unificación en todo aquello que sea funcional al gran capital
multinacional. La misma Constitución sacraliza no sólo la propiedad privada en
términos absolutos o la economía capitalista sino también la
estabilidad de precios y la reducción del déficit publico -de las que se
encarga autónomamente el oligárquico Banco Central europeo- sobre cualquier otra
consideración o necesidad -por ejemplo, el pleno empleo- hasta el punto de
autorizar sanciones sobre quienes no se ciñan a esta disciplina. Prohíbe
cualquier intervención publica directa o indirecta que, según su criterio,
distorsione la labor de la mano invisible del mercado -a eso le llaman
protección de la competencia- lo que afecta directamente a las empresas
públicas o a la fiscalidad y justifica las deslocalizaciones, confiriéndole
poderes al respecto a los órganos europeos. Impide a efectos prácticos la
planificación pública, incluso indicativa. Mientras el capital circula a su
libre albedrío, la mercantilización bajo protección europea llega a absorber
hasta a los antaño considerados servicios públicos -como educación o sanidad- o
a la seguridad social, preparando el camino a su privatización o concesión. La
adecuación a la competencia implica también la precariedad
creciente de las condiciones laborales, la transferencia de rentas del
trabajo al capital y la movilidad geográfica de la fuerza de trabajo (para
cuya adecuación destinan el llamado Fondo Social Europeo).
La Constitución permite el establecimiento
de acuerdos de asociación a la UE -incluyendo unión aduanera- con terceros
estados por mayoría. Es decir, facilita que según sean los criterios políticos e
intereses económicos estratégicos de los estados centrales y del gran capital
puedan imponerse -especialmente a naciones sin estado como
Andalucía- nuevas circunstancias que atenúen o incluso eliminen del todo
las escasas compensaciones preexistentes por pertenecer a la Unión.
Tambien la Constitución europea impone, de
una parte, la libre circulación de trabajadores interna -de especial
impacto inmediato tras la anexión de Europa oriental- y la elaboración de una
política de inmigración común frente a terceros dejando abierta la puerta a
nuevas migraciones, lo que supone arrebatar esta potestad a las naciones y
Estados de tal forma que se ignoren sus realidades económicas y sociales
especificas y sus modelos nacionales para someterlos a los intereses
económicos del gran capital de presionar a la fuerza de trabajo interna
introduciendo inmigrantes a su conveniencia. De otra, no reconoce la
irreversibilidad del derecho de trabajo y residencia de los inmigrantes, con lo
que alienta la temporalidad y precariedad, dificulta su asimilación nacional y
debilita la capacidad de resistencia y actuación unificada de la clase
obrera.
Con excepciones reconocidas sólo a las Islas
Aland, Malta y Dinamarca, se ampara la compra ilimitada de bienes inmobiliarios
(fincas, tierras, casas...) por parte de personas físicas y jurídicas de otros
estados miembros, abriendo el camino a la minorización nacional en zonas
concretas, al lavado de dinero negro y la implantación mafiosa y a
la desposesión de recursos básicos; de todo lo cual sabemos
desgraciadamente bastante en Andalucía.
En resumen, el Tratado lleva
inseparablemente consigo una política neoliberal que construye un modelo social
de inseguridad y desigualdad. Es una Constitución de política
única. Para valorar sus posibles efectos futuros, hágase el ejercicio
de tener presente que desde 1975 -por no remontarnos al franquismo tardío- a
traves de los sucesivos Gobiernos españoles de UCD, PSOE y PP -con la
connivencia permanente de las burocracias sindicales de CCOO/UGT- hemos
venido sufriendo los efectos de las medidas preparatorias coherentes a este
modelo impuestas paulatinamente y repásese sus consecuencias. Sus efectos en
precariedad y disminución de derechos laborales, perdida de poder
adquisitivo, endeudamiento familiar, desmantelamiento industrial, empeoramiento
de la calidad de los servicios públicos y privatizaciones, crecimiento
exponencial de la desigualdad social y territorial y del control exterior
de sectores económicos clave, son evidentes.
Andalucía debe decir NO
En Andalucía, las fuerzas españolas nos
señalan demagógicamente al sur para conformarnos a nuestra suerte. El silogismo
es simple: "como otros están peor, nosotros estamos mejor". En
realidad, las distancias de Andalucía como nación dependiente y
subordinada, en relación a las otras más economicamente desarrolladas del Estado
y la Unión no se acortan, sino que permanecen. Los augures del poder, ante esa
realidad, han de recurrir a ofrecernos convergencias a treinta o cuarenta
años vista. Entretanto, en contraste con predicciones anteriores igualmente
capciosas, ya podemos comprobar que a efectos reales la introducción del tan
renombrado euro, por ejemplo, lo único que nos ha supuesto es tener que comprar
comida y pagar servicios básicos a precios alemanes, manteniendo
sueldos andaluces (quien los tiene). Y pese a todas las manipulaciones
estadísticas, seguimos con un 17% de paro según la EPA y con los sueldos de
media comparativamente más bajos del Estado español y de buena parte de la
Unión.
Nuestro desmantelamiento y colonización
industrial es notoria. La penetración extranjera inocultable (véase el caso de
las grandes superficies de la distribución, cuyos efectos llegan hasta la
producción agraria). Europa y España han capitidisminuido nuestros astilleros,
en aplicación del dogma librecambista. Santana automoción se mantiene de
milagro y no se sabe cuando recibirá el correspondiente aviso europeo. No
despunta ningún sector industrial alternativo de importancia
nacional.
La construcción sigue siendo aún un
recurso pero su expansión es insostenible, aparte de ser
refugio de dinero negro, factor destructor del territorio y soporte de
colonización como refugio inversor o segunda residencia de europeos
ricos. No puede, además, seguir indefinidamente haciendo funciones
sustitutivas como refugio de la inversión, absorbiendo mano de obra sin
alternativas. Los alquileres suben estratosfericamente y el acceso a
la vivienda resulta empresa imposible para buena parte de la
población.
Andalucía no tiene siquiera un banco de
capital propio. Las cajas de ahorros en manos de las fracciones locales del PSOE
y de la Iglesia siguen divididas -mientras penetran entidades foráneas- y sólo
muy recientemente comienzan a negociar asociarse para afrontar inversiones
conjuntas.
Nuestra agricultura puede agradecerle a
España y Europa una reconversión productiva -sostenida socialmente con el
recurso al Subsidio Agrario- que mantuvo la estructura latifundista de propiedad
de la tierra en buena parte de la Nación como sustitutivo de la Reforma Agraria
birlada por la Constitución española y el Estatuto. Los latifundistas se
beneficiaron de las subvenciones europeas de forma desproporcionada. No
conseguimos la dignidad, la justicia y el bienestar que hubieran acompañado a la
plasmación de "La Tierra para el que la Trabaja" y ahora hemos de
considerar que, debido a los jornales ridículos que alejan del campo a quien
puede, esta consigna, de hipotéticamente aplicarse, implicaría en parte
significativa -de no cambiar las cosas- adjudicarla a oriundos, no sólo de
Martín de la Jara, Loja o Jauja sino también de Bamako, Xauen o Timisoara.
Mientras tanto nuestros parientes siguen en Cataluña,
Francia o Alemania sin poder volver (y muchos perdiendo esa esperanza
ya para siempre) porque su Patria sigue siendo tan incapaz de ofrecerles a ellos
y a sus hijos un trabajo y una vida digna como cuando marcharon, hace cuarenta o
treinta años.
Ahora buena parte de la agricultura andaluza
-especialmente sus pequeñas y medias explotaciones- tiene que contemplar como la
reducción de fondos derivados de la restricción del presupuesto comunitario, de
la ampliación al Este y de la reforma de la PAC, más la competencia de un Magreb
de sueldos aún más míseros -que la UE quiere asociar a la unión aduanera-
ponen en serio riesgo su ya de por si ajustada rentabilidad, incluso en aquellos
producciones más intensivas. ¿Todos podrán pasarse a la agricultura
ecológica y sobrevivir a su costa, como aduce la Junta?. ¿Qué ocurrirá con
quienes no puedan apuntarse a la deslocalización agraria y arrendar alguna de
las 45.000 has. ofertadas en Marruecos por el Majzen marroquí?.
En el mercado laboral, a la presión del
retroceso general estatal hemos de sumar una realidad sobredeterminada por la
economía irregular o sumergida. Se trabaja sin contrato o no se cumplen los
ya de por si bajos convenios. Predominan los trabajos basura y los accidentes
laborales aumentan con regularidad, mientras los burócratas sindicales se
limitan a felicitarse de lo que se incorpora en una normativa habitualmente
ignorada. En la escala laboral, los trabajadores andaluces se encuentran
arriba en muchas ocasiones con españoles o europeos en los puestos de mando y
abajo con inmigrantes magrebies, latinoamericanos o eslavos, cada día en mayor
cantidad, dispuestos a lo que sea por sobrevivir. Los jóvenes licenciados -en un
país sin tejido productivo- se encuentran en muchas ocasiones en la tesitura de
optar entre las oposiciones a la función pública -salvando el escollo de los
enchufes-, el TelePizza o la emigración. La tensión se acumula en los barrios,
con el riesgo de que se manifieste en conflictos internos.
Nuestras infraestructuras y servicios
públicos siguen resintiendo los efectos de las deudas histórica y autonómica
impagadas y de la ausencia de Soberanía fiscal andaluza en forma de Concierto
propio compensatorio. Nuestras comunicaciones están pensadas hacia la
extroversión y el anclaje a España -vía conexiones con Madrid- y no hacia
la vertebración nacional. El AVE Madrid-Sevilla oculta el retroceso de la red
ferroviaria general y la ausencia de un modelo de malla nacional de
comunicaciones. La educación -aparte de españolista- está infradotada y el
profesorado aguanta porque no le queda otro remedio; mientras recursos vitales
se entregan al adoctrinamiento católico bajo subvención pública. La sanidad
pública está infiltrada de concesiones privadas...
Nuestro sol y nuestra costa, nuestra
historia, nuestros pueblos y ciudades monumentales, nuestra cultura y
nuestro carácter nacional siguen sosteniendo al turismo como actividad económica
fundamental para Andalucía. Pero sigue bajo control extranjero en buena parte y
desarrollándose con esquemas periclitados y depredadores, sostenido en la
sobreexplotación y precariedad laboral de autóctonos e inmigrantes.
Todo esto es responsabilidad de España y
Europa. Los fondos europeos -provenientes en buena parte de retornos- no sólo no
han alterado este panorama subordinado sino que han consolidado la
dependencia (como han hecho también en el Mezoggiorno italiano). No responden a
fin altruista o solidario alguno sino a su condición de instrumentos auxiliares
para la dominación.
Desde Andalucía hay que definir claramente a
España-Europa como enemiga, sabiendo que son un Jano de dos
caras. Y actuar en consecuencia. No cabe quejarse de los efectos sin
denunciar las causas y sus responsables y beneficiarios. La UE no es
reformable, convertible o transmutable. Con el enemigo se puede negociar en
determinados momentos -según las circunstancias- y hacer táctica, pero
sabiendo que lo es y que por tanto sólo caben treguas pero no paces. La
insumisión y la rebeldía son recursos obligados. La exigencia de Soberanía
Nacional andaluza sobre recursos y políticas -enfrentándose a las directivas
europeas y a las leyes españolas- ha de ser una constante.
En Andalucía, conquistar la independencia
nacional -un Estado nacional andaluz, la República Andaluza- no es un lujo sino
una necesidad vital. Ni debemos ni podemos esperar a evoluciones
ajenas. Desde Andalucía, la forma actual del internacionalismo de la
izquierda es ser independentista y construir Andalucía.
El próximo domingo 20 de febrero seguiremos
ese camino votando NO.
*Ejemplo especialmente despreciable, al tiempo
que ilustrativo, de las dimensiones de este ejercicio de manipulación por
parte del Estado y las fuerzas del SI es el folleto Constitución
Europea Fácil, elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid y
FEAPS con la colaboración del INICO de la Universidad de Salamanca, la
Fundación ADFYPSE y el patrocinio conjunto de la Fundación Luis Vives, la Real
Fundación de Discapacidad y los ministerios españoles de Asuntos
Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Presidencia -con dibujos de
Forges, Ortuño y Gilabert- destinado pretendidamente a explicar el contenido
de la Constitución europea a personas con discapacidad mental. Este
texto está siendo ampliamente distribuido entre la red de centros
ocupacionales y asistenciales y pocas veces se habrá visto tamaña desmesura y
obscenidad en la mentira por la vía de la acción y la omisión. En ese
panfleto bien editado, la Constitución europea es presentada como una
constitución casi socialista, cuya única intención es preservar derechos y
aumentarlos y hacer felices a sus presuntos beneficiarios. Por supuesto, en
sus paginas no podrá encontrarse la menor referencia a la privatización de
servicios públicos de asistencia, recortes presupuestarios y precariedad
laboral que realmente ampara la Constitución europea y que tan particularmente
afectan en negativo a quienes está destinado.
**Ver, Stuart Holland, El Mercado
Incomún, H. Blume Ediciones, Madrid,
1981
Legalidad y Soberanía...
A. Los que niegan el
derecho a la Autodeterminación y la
Soberanía Nacional de Andalucía, defienden
la "indisoluble unidad de España" y la intangibilidad de la
Constitución española, apoyan transferencia genérica de la Soberanía
española a la UE:
B. Minoría de Tribunal
Constitucional español se pronuncia contra la Supremacía de
la Constitución Europea sobre la Constitución española y afirma la
necesidad de previa reforma constitucional para
poder aceptarla legalmente:
Opinión
Por coherencia,
no
José Elorrieta
Secretario general del
sindicato ELAGara
El próximo
20 de febrero tenemos ocasión de aprobar o rechazar el Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa. El equívoco de la propia
denominación del texto, que pasa por constitución lo que no es sino acuerdo
entre estados, no es sino una muestra de la gran maniobra de propaganda y
desinformación que se desarrolla en torno al Tratado. Y es que los promotores
del referéndum han preferido difundir eslóganes que facilitar el debate sobre el
modelo político, económico y social que consolida el Tratado.
Es cierto que el texto del Tratado es de una
gran complejidad. Es difícil que incluso aquellas personas que, por estricta
obligación o por heroísmo democrático, se hayan tomado el trabajo de leer el
Preámbulo y los 448 artículos, más los 36 Protocolos, 2 Anexos y el Acta final
(todos ellos forman parte del Tratado), hayan conseguido un conocimiento
cumplido de su contenido, ya que las constantes remisiones, la interconexión de
preceptos y normas, y la complejidad del derecho comunitario alejan la
comprensión del texto del lector común y la deja al alcance únicamente de
especialistas.
Lo cierto es que quienes han convocado el
referéndum han lanzado una campaña Ğinformativağ, valiéndose de medios y
recursos públicos, en la que entresacan declaraciones genéricas sobre la
justicia, la paz, el bienestar o los derechos de la infancia, todo ello con
Beethoven de fondo. De lo que se guardan es de explicar la prevalencia que en el
Tratado tiene la competitividad y la ley del mercado sobre los valores sociales
o cómo pueden afectar aquellos principios a los servicios públicos, a las
condiciones de trabajo, a la deslocalización de empresas o al desarrollo
sostenible. En definitiva, han sustituido el debate por el eslogan y la
información por la propaganda.
Se puede decir por ello que cuando los
gobernantes de la Unión Europea, que no son otros que los gobernantes de los
estados, nos piden el sí en el referéndum, más que la aprobación de un texto,
nos piden nuestro voto de confianza sobre su manera de hacer las cosas, nos
piden el respaldo al modelo de fuerte orientación neoliberal que se han dedicado
a consolidar desde Maastricht y el Pacto de Estabilidad. Porque lo fundamental
del Tratado es precisamente la confirmación de ese modelo, al que se confiere un
rango y un carácter prácticamente inamovible.
Quienes defienden el sí tienen su mayor
activo en la referencia a Europa. Durante tiempo Europa ha sido para las fuerzas
progresistas espacio de democracia y de justicia social (el modelo social
europeo o estado de bienestar). Hoy, precisamente quienes se están cargando
aquel modelo, nos quieren convencer de que nada ha cambiado y de que la forma en
la que están haciendo las cosas es la única forma en la que las cosas se pueden
hacer. Es una manifestación más del pensamiento único.
No es cierto, sin embargo, que todo lo que
venga de Bruselas sea incuestionable. Cada medida, y también este Tratado, tiene
que ser juzgada en función de cómo afecta a los derechos, intereses y bienestar
de la ciudadanía. Lamentablemente, desde esta perspectiva de análisis, el
Tratado se desliza por el tobogán neoliberal en el que se ha convertido la
política comunitaria tras el colapso del socialismo real.
La UE va lanzada hacia el neoliberalismo más
puro se considera a EEUU como modelo económico a seguir, y lo social se
supedita a esa meta. Lo llevamos notando desde hace tiempo: el capítulo
social ha sufrido una enorme regresión estos últimos años, desde la instauración
de la unión económica y monetaria y las restricciones que ha implicado.
La competitividad se ha convertido en santo
y seña de los mandatarios europeos. Con el pretexto de que hay que competir con
economías mucho menos sociales a pesar de que el mayor volumen de comercio
sea interno se sacrifican conquistas y derechos que, casi sistemáticamente,
habían mejorado la situación de la clase trabajadora. La UE ya no responde a la
idea de un espacio en el que los derechos laborales y sociales sean considerados
como algo fundamental, y los poderes públicos ya no buscan garantizar un nivel
de justicia social, de redistribución de la riqueza. Su único objetivo es
configurar el ámbito más favorable posible para los negocios y las grandes
corporaciones empresariales.
No está de más hacer una reflexión sobre el
momento en que llega el Tratado constitucional: Justo ahora, las fuerzas de
izquierda, salvo raras excepciones, viven horas bajas, y en la mayoría de los
estados europeos gobiernan partidos conservadores; la derecha está rampante. No
podemos considerar a algunos gobiernos socialdemócratas como fuerzas de
izquierda: Véase el nuevo laborismo británico de Blair, liberal por definición,
o el destructor reformismo del canciller alemán Schroeder, que está haciendo
añicos uno de los estados sociales más envidiados de Europa. Por no hablar de la
política española.
A este respecto, cuando alguien plantea el
argumento de que el asentimiento al Tratado es un mal menor asumible porque
habrá tiempo de mejorarlo, no está diciendo toda la verdad: La elaboración del
texto, aun siendo poco concreto en la mayoría de sus artículos, ha costado mucho
tiempo y trabajo, y su posible reforma en los aspectos esenciales será cosa de
25 o más estados.
Para concluir, desde el punto de vista
nacional, el marco que puede instaurar el nuevo Tratado se olvida de los pueblos
de Europa que sí eran citados en anteriores tratados de la UE;
proclama la inamovibilidad de las fronteras qué contradicción con el
supuesto espíritu europeo, que suprimía toda barrera, y da por sentado que
los estados son el único sujeto político existente (los ciudadanos y ciudadanas
sólo podemos elegir un Parlamento que tiene las manos atadas). Por eso me parece
que afirmar que más Europa equivale a más Euskadi ni es necesariamente
cierto ni tiene mucho que ver con lo que el Tratado dice, más bien al contrario.
El Tratado para el que se nos pide el voto afirmativo no sólo excluye
deliberadamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación, sino que
establece el principio de que la ordenación territorial de cada estado es una
cuestión interna que cada estado gestionará según su criterio y en la que ni el
resto de los estados ni la Unión Europea tienen nada que decir. Seguramente
sería más acertado decir que el Tratado supone más España o más
Francia.
Por todas estas razones, ELA piensa que el
NO es el voto coherente como clase y como pueblo, ya que el sí,
por muy Ğcríticoğ que sea, va a ser interpretado como un voto de confianza por
quienes vienen actuando al servicio de los intereses de las grandes
corporaciones empresariales y a espaldas y contra los intereses de la gente y
los pueblos.
Los trabajadores y trabajadoras de Euskal
Herria no vamos a dar por bueno algo que sólo nos cierra puertas. Desechemos la
resignación, sacudamos la pereza y hagamos oír nuestra voz.
Constitución
Europea: Conocerla bien con Doce toques
Sitios
por el No en la Red
Andalucía
Gobierno, Junta y sindicatos buscan otra protección social para
jornaleros UGT,
CCOO y SOC negociarán a partir de marzo con los ejecutivos central y autonómico
una alternativa que unifique el sistema actual, en el que conviven la renta
agraria del PP con el subsidio vinculado al PER Inma
Carretero, 13/2/2005
La protección social de los trabajadores
eventuales del campo andaluz vuelve a estar en el punto de mira político. Los
sindicatos UGT, CCOO y SOC se sentarán
a partir del próximo mes de marzo con representantes de las administraciones
central y autonómica para trabajar de forma conjunta en la búsqueda de
alternativas al confuso modelo actual que, tras la reforma realizada por el
Gobierno del PP, se basa en tres sistemas distintos: el tradicional subsidio
agrario, la renta agraria diseñada tras la huelga general del 20-J y el
desempleo contributivo.
El pasado jueves, el secretario general de Empleo del
Gobierno central, Valeriano Gómez, se comprometió con los sindicatos a buscar
una salida a la situación actual. Fue el SOC el que forzó esa cita tras un
amago de nuevas movilizaciones, recordando al PSOE que ahora gobierna su
protagonismo decisivo en las protestas contra la reforma planteada por el
Ejecutivo del PP en mayo de 2002 a través del controvertido decretazo, que fue
finalmente corregido. La Junta criticó entonces el fruto de ese forcejeo del
Gobierno con los sindicatos y, tras perder las elecciones, el propio ex ministro
de Agricultura y portavoz de Economía del PP Miguel Arias Cañete ha reconocido
que ese modelo mejoró algunas cosas, pero no aportó las soluciones que los
populares, según Arias, buscaban cuando plantearon su decreto.
El escenario con el que se encontrará el grupo de trabajo
es bastante complejo. Por un lado está el subsidio agrario, un mecanismo
diseñado por los socialistas en los años 80 según el cual, con la acreditación
de un mínimo de 35 jornales, los trabajadores eventuales agrarios andaluces y
extremeños podían acceder a una prestación de 180 días de media. Debido a la
escasa demanda de mano de obra en el campo en algunas zonas y al carácter
eventual de la misma, se habilitó un programa denominado Aepsa (antiguo PER),
que permite a los jornaleros reunir las peonadas a través de la realización de
obras municipales coordinadas por los ayuntamientos.
El decretazo cerró el acceso a nuevos beneficiarios del
subsidio agrario, de modo que a partir de entonces sólo podían recibir tal
prestación aquellos que estuvieron acogidos a tal sistema en los tres años
anteriores, al tiempo que se obligó a los perceptores a no trabajar en otro
sector más de tres meses o no pasar más de 90 días sin apuntarse a una peonada.
Según los últimos datos del Observatorio del Empleo Agrario Andaluz facilitados
por la Diputación de Sevilla, en 2003 cobraron el subsidio 259.589 jornaleros
andaluces, una cifra que se ha reducido sensiblemente desde la reforma del PP
(en 2001, antes de los cambios introducidos, había 320.000 perceptores). La
cuantía de la ayuda es del 75% del Salario Mínimo
Interprofesional*
Puesto el tapón a ese modelo, el Gobierno de Aznar aprobó
tras negociar con los sindicatos la denominada renta
agraria, que anula la conexión de la prestación con el
antiguo PER un mecanismo que los socialistas consideran que ha permitido la
dotación de equipamientos para los pueblos andaluces porque no prevé que las
peonadas públicas generen derechos. La renta agraria exige a los beneficiarios
haber estado empadronados al menos diez años en Andalucía condición de difícil
cumplimiento para los inmigrantes, que suponen un importante porcentaje de la
mano de obra agraria y sólo puede ser solicitada seis veces. Tanto la cuantía
como la duración de la percepción dependen de la edad del trabajador, que tiene
que acreditar las mismas 35 peonadas en el año inmediatamente anterior a recibir
la ayuda. Si supera ese número, puede incrementar la protección social del
jornalero y generar a su vez una prestación de carácter contributivo.
El hecho de que, según los datos del citado Observatorio,
sólo 9.000 jornaleros solicitasen la Renta Agraria en el segundo semestre de
2003, tiene que ver en gran medida con esas nuevas condiciones, sobre todo, con
la dificultad que hay en muchas zonas para reunir las 35 jornadas sin
completarlas con el antiguo PER. Con esta regulación, no se garantiza además
protección social para aquellos jornaleros que, sin poder acceder ya al subsidio
agrario, agotan las seis solicitudes de renta agraria.
Según el coordinador general del SOC, Diego Cañamero, el
deseo de su organización, que ha suspendido su agenda de protestas, es que de
los trabajos de Gobierno, Junta y sindicatos surja un acuerdo que dé luz verde a
un nuevo modelo que, añadió Cañamero, entre en vigor el próximo verano.
El tímido primer paso de la Moncloa
El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó
un Real Decreto que levantó las sospechas de los jornaleros sobre las
intenciones reales del PSOE de llevar a cabo una reforma de su sistema de
protección social. La normativa, que tenía un punto único, vino a dar
estabilidad a las disposiciones transitorias que permitían la regulación del
subsidio agrario, de modo que hacía innecesaria la renovación anual de ésta para
que los trabajadores eventuales del campo andaluz y extremeño pudieran
beneficiarse de la prestación. ¿Hasta ahí la reforma? Ésa fue la
pregunta que se hizo al conocer la medida el SOC, que aprobó un calendario de
movilizaciones para presionar al Gobierno del PSOE y emplazarlo a demostrar si
su apuesta por el campo andaluz tenía visos electorales. Las protestas fueron
suspendidas al fijar la reunión con el Ministerio.
*En 2005 con carácter
general, el SMI queda fijado
en: 1710 euros al
día, 51300 euros al
mes o 7.18200 euros al año. Para los
trabajadores eventuales y temporeros (cuyos servicios a una
misma empresa no excedan de 120 días), el SMI queda fijado en 2429 euros por
jornada. Para
los empleados de hogar, la cuantía del SMI será de 401
euros por hora trabajada.
Campo Andaluz
y Sindicalismo Jornalero - Enlaces relacionados
Andalucía
Libre nş 156 - 31/1/2003
Andalucía
Libre nş 250
Andalucía Libre nş
254
10ş Aniversario de la muerte de
Sugerencias
"La
'Catalanofobia', expresión ideológica de masas del españolismo". -
Ocurrió en el reciente debate del proyecto
de nuevo Estatuto Político para Euskadi -también conocido como Plan
Ibarretxe- el pasado 1 de Febrero en el Parlamento español y durante la
intervención del Sr. Puigcercos i Boixassa, portavoz del Grupo parlamentario
de ERC.
Estaba el Sr. Puigcercos i
Boixassa, refiriéndose al nacionalismo español diciendo: "El problema es que
el nacionalismo español, incluso a veces el democrático, el que representa buena
parte de la izquierda española, se ha edificado sobre la negación de los demás.
(...) No se construye nada, pues, sobre la base de la negación del otro y
ustedes hasta ahora lo han querido así. Decía Pulido, un teórico del
nacionalismo andaluz, que la ideología de masas del españolismo es el
anticatalanismo. ¿Entiende ahora, señor Rajoy, a este diputado cuando dijo (...)
La prueba fehaciente de esta dureza yace en la misma reacción a mis
declaraciones. A esto le podíamos llamar tranquilamente catalanofobia."
Diario de Sesiones
del Congreso de los
Diputados, nş 65, pag.
3.105.
Obviamente, esta concreta
referencia del Sr. Puigcercos es una anécdota menor en el contexto del
debate político planteado. No obstante, siempre en esa dimensión y sin
entrar ahora en análisis políticos más profundos o juicios de
intenciones sobre la línea de ERC, que su portavoz
parlamentario considerara pertinente y útil en defensa de sus posiciones y
discurso político en esa situación citar precisamente a un nacionalista andaluz
y no a cualquier otro (en un debate en que se citó abundantemente: a Jefferson,
Montesquieu, Voltaire, Hermann Hesse, Aguirre, Companys, Albert Camus,
Rousseau y alguno más... ) y sobre el tema en cuestión -la
denuncia desde las naciones oprimidas del Estado español del carácter
impositivo del españolismo- y que esa fuera, además, la única vez en que la
expresión "nacionalista andaluz" se escuchara en esa sesión merece, al
menos, ser conocido y tomado en cuenta como dato.
El texto que provoca y del que
proviene la cita es el articulo "La
Catalanofobia, expresión ideológica
de masas del
españolismo", publicado por Javier Pulido en
la revista Nación Andaluza*, nş 4, de Mayo de 1985. Los
epígrafes del articulo son: 1. Bases de la identidad catalana; 2. La Catalanidad
política; 3. Rasgos y causas generales del anticatalanismo a escala ibérica; 4.
El anticatalanismo imperial castellano. El anticatalanismo de Madrid; 5. El
anticatalanismo paranoico del País Valenciano; 6. El anticatalanismo andaluz, la
"conciencia nacional de los imbéciles"; 7. Conclusiones.
Siendo un viejo articulo de
hace ya veinte años es hoy dificilmente encontrable. Por ello nos ha parecido de
interés digitalizarlo y hacerlo asequible en la Red. A partir de ahora, se
encuentra a disposición de quien tenga interés o curiosidad en nuestro Sitio.
Para descargarlo basta acceder a nuestra pagina principal, picar en la pestaña
Ficheros (donde se va a nuestro Archivo de
Documentos) y posteriormente allí hacer lo propio en la Carpeta
Documentos Varios donde se encuentra.
*Por cierto, no estaría de más recuperar la
colección completa de esta revista, publicada entre 1983 y 1986 y colocarla en
la Red. Tiene artículos que aún conservan vigencia y otros de alto interés
histórico y/o morboso. Repasando sus paginas se encontrarían reflejos
de los debates de una época y también de cómo han ido terminando en su
"carrera hacia el éxito" algunos de sus impulsores y animadores.
Limitándonos ahora al morbo y por dar sólo dos
ejemplos: uno de sus coordinadores, el ahora líder de Los Verdes, el andaluz
Francisco Garrido -entonces conocido como Francisco
Andrade, antes primer secretario general de la JCA y cofundador del
independentista FAL en 1979- hoy diputado en el Congreso
español en las listas del PSOE -tras haber sido en su momento
diputado andaluz por IU- ha votado NO al Plan Ibarretxe, hecho
con el que culmina en reversión toda una larga trayectoria personal de
intima relación con Euskadi. Tenía mandato de su organización de
abstenerse -a la manera de IC/V- pero el discurso de Zapatero -dice- le
convenció, más o menos, de que tras las palabras del Presidente el NO era menos NO y voto
NO, en un acto de coherente picardía. Ahora,
consecuentemente, pide el SI a la Constitución europea. Otro ejemplo
más: ¿quien recuerda o quien podría imaginarse que la
actual consejera de Educación del Gobierno andaluz del muy
españolista y de orden, PSOE, DŞ Cándida
Martínez (anteriormente militante del maoísta MCE) fue durante un
tiempo miembro del Consejo de Redacción de una revista llamada con toda
intención provocadora y afirmativa, "Nación Andaluza"?. Con esto a la
espalda, haciendo lo que hacen y defendiendo lo que defienden, no cabe
que puedan alegar en su descargo "ignorancia"... No son los
únicos.
Dos Sitios
Independentistas - El sitio
Movimiento de Liberación Nacional
Andaluz ofrece una selección de textos y
enlaces con los que acercarse a la realidad de Andalucía y de su movimiento
nacionalista con un solo toque... Por su parte, Revolucionarios de Andalucía ha actualizado contenidos y renovado diseño, incluyendo una sección
contra la Constitución europea. Su foro -que pronto modificará- sigue siendo
destacado lugar de polémica y encuentro...
Nuevo sitio sindical
- Acaba de inaugurarse el sitio de
la Unión Local
de Prado del Rey del SOC-SAT. Damos cuenta de la noticia y
le deseamos suerte a este nuevo instrumento para la acción sindical en la Sierra
de Cádiz.
|
|