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Asunto:[AndaluciaLibre] nº 253 - Euskadi: Efecto Ibarretxe (1)
Fecha:Viernes, 14 de Enero, 2005  18:58:39 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>

Contra España y Europa, que nos explotan y humillan: VOTA NO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

nº 253
 
Presentación
Por razones de espacio que nos impone el servidor, dividimos el tratamiento del "Efecto Ibarretxe" (el impacto político producido por la aprobación por el Parlamento vasco del Plan Ibarretxe).
En esta entrega aportamos crónicas de la situación en planos que nos han parecido de singular interés y también análisis ajenos, hechos desde diferentes perspectivas, dedicados a diversos aspectos de la cuestión. Los enlaces anexos seleccionados permiten ampliar, situar o marcar los contenidos reproducidos. Finalmente, se incorpora una selección de sitios vascos en la Red para ampliar información.
En la próxima, completaremos el material con nuevos datos y trabajos propios.
Que os sea de utilidad.
ANDALUCÍA LIBRE
 Andalucía: El debate institucional sobre el Plan Ibarretxe
Chaves propone acordar "posición común" contra Plan Ibarretxe
SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
 
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE), remitió hoy una carta a los máximos dirigentes regionales de PP, Javier Arenas, IULV-CA, Diego Valderas, y PA, Julián Álvarez, en la que les propone acordar "con rigor y seriedad" una "posición común" en el Parlamento andaluz para expresar el rechazo de Andalucía al denominado 'Plan Ibarretxe' al margen de "legítimas discrepancias puntuales".
 
En la misiva, difundida por la Oficina del Portavoz del Gobierno, Chaves asegura que la propuesta del lehendakari aprobada por el Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre "constituye un desafío al Estado de Derecho y refleja un profundo desprecio por la Constitución Española y muy especialmente a su artículo 2, que garantiza la unidad de España y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, así como la solidaridad entre éstas", por lo que reitera su "más firme rechazo" a dicho Plan y la "lealtad de Andalucía a la Constitución Española y al conjunto de instituciones democráticas". En este sentido, el presidente andaluz propone aprovechar la "unanimidad" expresada por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento andaluz para rechazar el Plan Ibarretxe para acordar, "con rigor y serenidad", una posición común en el Parlamento, ya que se mostró convencida de que "la ciudadanía andaluza lo valoraría de una manera positiva".
 
"Estimo que las legítimas discrepancias puntuales que, en relación con el Plan Ibarretxe, puedan tener las distintas fuerzas políticas no deben impedir, en modo alguno, esa posición común que refuerce el rechazo de Andalucía al Plan Ibarretxe", añade Chaves, que considera necesario convocar una reunión de los grupos parlamentarios andaluces para abordar esta cuestión. En cualquier caso, el presidente de la Junta traslada al resto de líderes políticos andaluces su idea de que la primera institución democrática que debe pronunciarse sobre el Plan Ibarretxe son las Cortes Generales, "donde reside la soberanía nacional", porque constituiría la "respuesta política más eficaz e importante". "A partir de esta decisión, podrían pronunciarse otras instituciones democráticas, como los parlamentos autonómicos y ayuntamientos", argumenta Chaves, que plantea esta reflexión "sin perjuicio de la autonomía del Parlamento andaluz y de lo que acuerden los grupos".
 
Chaves ya hizo pública el pasado 31 de diciembre una declaración institucional con motivo de la aprobación inicial en el Parlamento vasco del 'Plan Ibarretxe' en la que expresa su rechazo "sin ambages" por considerar que constituye una "reedición" del llamado 'Pacto de Lizarra' para "imponer una concepción excluyente" del País Vasco y critica espacialmente que el plan saliera adelante con el "inaceptable" apoyo de los votos de una "formación ilegalizada por su negativa a condenar los actos terroristas de ETA" como Batasuna. 
 
 
IU-Andalucía insiste en votar "no" al Plan Ibarretxe
Aunque ve un "avance" en que Madrazo ahora defienda la abstención en Madrid
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
 
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, reiteró hoy su opinión de que la federación de izquierdas debe votar "no" al "Plan Ibarretxe" cuando se debata en el Pleno del Congreso de los Diputados. En ese sentido, interpretó como un "paso adelante" y un "avance" que el coordinador de Ezker Batua (EB), Javier Madrazo, se muestre partidario de la abstención, ya que interpretó que supone "un gesto de que quiere estar en línea con la línea de IU a nivel federal".
 
Según el líder andaluz de IU, la intervención de Madrazo ha permitido dejar claro que el "Plan Ibarretxe no es un plan de IU ni de IU-EB, porque apoyó su tramitación en el Parlamento vasco pero no está de acuerdo con su contenido", ya que la mayoría del PNV "no aceptó ni tomó en consideración" las enmiendas que formuló EB. Valderas -que en dias precedentes había exigido a EB-IU que aclarara si estaba con el PNV y el Plan Ibarretxe o por el contrario se situaba con el modelo de Estado que defiende IU-, fue terminante al descalificar al Plan Ibarretxe por ser"un desafío al Estado, en el que se formula establecer una relación bilateral entre el País Vasco y el resto del Estado, pero sin tener presente el resto de territorios".En este sentido, Valderas explicó que "debe ser admitido a tramite" en el Congreso para que las formaciones puedan presentar sus alternativas, sin que ello implique que IU comparta su contenido. Fuentes asistentes a esta reunión, explicaron a Europa Press que el responsable de Ezker Batua (EB), Javier Madrazo, intervino para recalcar que no comparte el "Plan Ibarretxe" y que votó a favor en el Parlamento vasco al entender que "era importante" que se produjera el debate sobre la reforma del Estatuto. En cualquier caso explicaron que "la práctica totalidad" de los responsables de federaciones coincidieron en el rechazo al Plan y que "hay un acuerdo importante en que es necesario vehicular también el sentido del voto". También indicaron que hubo unanimidad en que el voto en la Mesa del Congreso sea afirmativo a su aceptación a tramite.
 
En comparecencia tras el fin de la reunión, Llamazares señaló que los dos diputados de IC-V en el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde se inclinarán por la abstención en la toma en consideración del Pleno; mientras que la decisión "no está tomada" con respecto a los tres diputados de IU y que será la Presidencia resultante del Consejo Político del día 22 de enero la que lo decida, posiblemente la última semana de febrero o a principios de marzo.
 
IU rechaza el Plan y aboga por un Estado Federal español
ALMERÍA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
 
El parlamentario andaluz por IU Antonio Romero afirmó hoy que "decimos no al Plan Ibarretxe" pero "desde la defensa de un Estado Federal y solidario" frente al no del PP, que responde "a la involución" y a "una España casposa" que "fue superada por la Constitución de 1978".
 
En declaraciones a Europa Press tras una visita a Almería, Romero consideró "extraño" que el PP "quiera que todos los ayuntamientos de Andalucía y de España voten contra el Plan Ibarretxe, al igual que los 17 parlamentos autonómicos" mientras que desea "que el Congreso de los Diputados no intervenga, cuando es la clave y la soberanía". Defendió que "Cataluña y Andalucía pueden defender el Estado Federal solidario de la mano frente al Plan Ibarretxe y frente a la involución". Recomendó a Arenas "que vuelva a contratar a Lauren Postigo para su campaña" ya que "ha dicho que no hay demanda de Reforma del Estatuto en Andalucía y comete el mismo error histórico que cometió la derecha andaluza y española el 28 de febrero" cuando "decían 'andaluz, éste no es tu referéndum' y en el referéndum se demostró que Andalucía quería la máxima autonomía, como Cataluña, el País Vasco y Galicia". A su juicio, la actitud del PP y la de su presidente regional, Javier Arenas, es "decir 'no' desde una España grande, libre y centralista, que es una España casposa superada por la Constitución del 78".
 
Afirmó que "cada pueblo de España puede mejorar su Estatuto y no nos negamos a que el pueblo vasco mejore el suyo, igual que el catalán y el andaluz" a partir de "un Estado federal y unido en el siglo XXI" y por tanto "discrepamos del Plan Ibarretxe que plantea un modelo independentista y de libre asociación que no compartimos". Finalmente, detalló que "IU va a decir que 'no' en todos los Ayuntamientos donde se suscite el debate sobre el Plan Ibarretxe, pero desde nuestro modelo"
 
Concha Caballero, el alcance del matiz
 
La portavoz del Grupo Parlamentario de IULV-CA, Concha Caballero (del sector critico) se mostró el 10 de enero favorable a la posibilidad de debatir en la Cámara andaluza el Plan Ibarretxe al entender que "el Parlamento andaluz tiene potestad para tratar todo aquello que considere de interés". Así, animó al resto de formaciones políticas a que este asunto sea tratado "desde una perspectiva andaluza, extrayendo las posibles repercusiones y necesidades que se puedan derivar de este asunto para beneficio o defensa de nuestra comunidad".
 
En un comunicado remitido a Europa Press, Caballero advirtió de que aunque acepta el debate, ve "poco razonable que el Parlamento de Andalucía se dedique a pronunciarse en contra de los proyectos de reforma estatutaria aprobadas por otros parlamentos autonómicos en el uso de sus competencia legítimas". Denunció que "el interés del PP por encontrar el rechazo al Plan Ibarretxe en todos los foros posibles responde simplemente a una campaña de estrategia del sector más duro de este partido por la que quieren desautorizar la reforma de los distintos estatutos creando la alarma de desintegración de España y poner en entredicho la capacidad del PSOE de gobernar". En este sentido, la portavoz parlamentaria de IULV-CA dijo que el Plan Ibarretxe debe abordarse desde "la tranquilidad política y el debate sereno sobre la reforma del Estado de las autonomías hacia unas mayores competencias y capacidad de decisión". Además, indicó que "el problema del Plan Ibarretxe no es su carácter separatista sino la reivindicación de privilegios que provocaría sería desigualdades competenciales y financieras entre las comunidades autónomas".
 
IU-CA insiste en pedir a la dirección federal que vote en Madrid contra el plan Ibarretxe
ABC/ 14/1/2005

Cuando la federación de izquierdas aún no tiene definida la postura de sus cinco diputados en el pleno del Congreso en el que se debatirá el posicionamiento ante el plan Ibarretxe, la formación en Andalucía insistía ayer en pedir a la dirección de IU y al grupo parlamentario en el Congreso que vote en contra del proyecto de reforma estatutaria vasca, y que proponga al resto de partidos abrir un proceso de diálogo que concluya con la vertebración definitiva del modelo de Estado.

La petición está incluida en una propuesta de resolución que el coordinador de andaluz de IU, Diego Valderas, planteará al Consejo Andaluz que se celebra mañana en Sevilla y será aprobada con el previsible voto en contra de los dirigentes del CUT-BAI, formación minoritaria de la federación. En IU de Andalucía, tan sólo la CUT-BAI ha salido en defensa del Plan Ibarretxe, que llegó a ser calificado de «impecable» por Juan Manuel Sánchez Gordillo, su portavoz y miembro del Consejo Político Federal de IU. Sánchez Gordillo manifestó al respecto a Europa Press que las críticas que está recibiendo el plan Ibarretxe sólo persiguen "criminalizar al nacionalismo" y advirtió que un "Estado federal nunca será posible si cada pueblo no decide libremente sobre su fórmula de autogobierno y su nivel de soberanía". Para el dirigente del CUT-BAI, formación adscrita al sector crítico en Andalucía, el plan Ibarretxe es incluso "moderado" en algunos aspectos, ya que "no plantea la reforma de la Constitución para incluir el derecho de autodeterminación" de los pueblos. 

El "critico" Santiago cree que IU debe votar "no" en el Congreso de los Diputados al Plan
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
 
El dirigente de IU Enrique Santiago cree que esta formación debe votar en contra de la toma en consideración del "Plan Ibarretxe" en el Congreso de los Diputados pero no por los motivos que aducen PSOE y PP en sus argumentaciones, sino porque la propuesta de reforma del Estatuto plantea "una relación confederal" entre el País Vasco y el resto del Estado, mientras que la federación de Izquierdas defiende "un modelo federal". En declaraciones a Europa Press, Santiago dijo que su "opinión personal" es que hay que votar en contra en su toma de consideración y que IU "ve lógico" variar el marco de relación contemplado en el Estatuto de Guernica y en la Constitución entre los distintos territorios del Estado, "pero no desde la perspectiva de un modelo de confederación, que es el que defiende Ibarretxe".
 
[Enrique Santiago y Sebastián Martin Recio, cabeceras respectivas de las listas alternativas a la de Llamazares en la reciente Asamblea Federal de IU -ver Andalucía Libre nº 250- publicaron recientemente el texto conjunto: Una propuesta para la unidad en la pluralidad, la acción y la soberanía de IU]
 
 
Partido Andalucista reclama movilización contra Plan Ibarretxe por anticonstitucional y discriminador
SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
 
El secretario general del Partido Andalucista (PA), Julián Álvarez, expresó hoy el rechazo de su formación al Plan Ibarretxe y abogó por la movilización ciudadana contra "los que quieren discriminar a Andalucía e imponer privilegios inaceptables". En un comunicado remitido a Europa Press, el dirigente del PA señaló que el Plan Ibarretxe pretende "hacer saltar por los aires la Constitución que en 1978 nos dimos con un amplísimo consenso todos los pueblos de España”, mientras agregó que "todas las aspiraciones de autogobierno pueden tener cabida dentro de la Carta Magna, incluso las más exigentes, como la que desde el PA vamos a plantear en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía".
 
Asimismo, mostró su preocupación por que PSOE y PP aprovechen la oposición al Plan Ibarretxe "en clave antinacionalista y de involución autonómica", al tiempo que recalcó que los andalucistas no van a consentir "que ninguna comunidad vaya a disfrutar de poderes y privilegios superiores a los que Andalucía tenga derecho". "Nosotros conquistamos una Autonomía de primera, el 28 de febrero de 1980, con sangre, sudor y lágrimas, y no admitiremos que ni el PSOE ni el PP, ya sea por pactos vergonzantes o por planteamientos reaccionarios, traicionen esa conquista", indicó Alvarez.
 
Asimismo, explicó que la única comunidad autónoma que en la actual democracia "ha demostrado su firme voluntad de autogobierno ha sido Andalucía, por lo que los andalucistas seremos beligerantes contra quienes, como en Euskadi con el Plan Ibarretxe y en Cataluña con las tesis de Pasqual Maragall, quieren que se conforme un Estado asimétrico, basado en privilegios insolidarios". Insistió en que convocarán a los andaluces a movilizarse "contra la discriminación que estos planes suponen para Andalucía".
 
Julián Álvarez recordó que el PA, desde su fundación, ha defendido que el Estado español "debe ser un estado federal, que es el que garantiza autogobierno, junto a igualdad y solidaridad", mientras estimó que "no es legítimo que ningún territorio, de manera unilateral, quiera marcar sus propias reglas de juego, ya que los cambios deben ser acordados entre todos, sin privilegios".
 
El PA apuesta por fijar "cuanto antes" una posición común de rechazo al Plan, sin esperar al Congreso
SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
 
El secretario general del PA, Julián Álvarez, advirtió hoy de la necesidad de fijar "cuanto antes" una posición común entre todas las fuerzas políticas andaluzas de rechazo al Plan Ibarretxe, rechazando así la posibilidad de esperar a que sea el Congreso de los Diputados la primera institución en pronunciarse.
 
En declaraciones a Europa Press, Alvarez calificó de "positivo" y "necesario" un encuentro entre todos los líderes políticos andaluces para establecer una posición común de rechazo al Plan Ibarretxe. "Tenemos que cerrar una posición que tenga carácter andaluz y que se realice bajo la defensa de los intereses de Andalucía", apuntó el líder andalucista, que apostó por cerrar "cuanto antes" el acuerdo, sin "necesidad de esperar a que se produzca el pronunciamiento del Congreso de los Diputados". En este sentido, Álvarez señaló que el acuerdo no debe ser complicado de alcanzar, puesto que "ya en noviembre de 2003 se logró una posición común en el Parlamento andaluz". Así, el secretario general del PA aseguró que tras recibir la carta del presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la que apostaba por un acuerdo común, se produzca una llamada para establecer la fecha del encuentro. "Espero recibir una llamada en los próximos días para establecer ese acuerdo y cerrar una postura común de rechazo al Plan Ibarretxe, eso sí, siempre desde una perspectiva andaluza, defendiendo lo que es mejor para los andaluces", explicó Álvarez, que insistió en que el Parlamento andaluz está capacitado para debatir de los asuntos que afectan al territorio andaluz, "sin necesidad de tener que esperar el pronunciamiento del Congreso".
 
El PP presenta otra iniciativa contra el plan Ibarretxe
AGENCIAS
 
Sevilla. El PP presentará una iniciativa en el Parlamento de Andalucía en la que demanda al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que solicite la celebración urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para que las comunidades manifiesten su "rotundo rechazo" al plan Ibarretxe. Esta propuesta viene a sumarse a otra ya registrada por los populares y después de que el presidente del PP-A, Javier Arenas, se haya mostrado dispuesto a negociar con el resto de los grupos políticos andaluces una postura común.
 
El secretario general del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que aseguró que su partido quiere el acuerdo con los demás grupos para fijar una posición común frente al plan Ibarretxe, valoró en rueda de prensa el "cambio sustancial" que se ha producido en la posición de Chaves, al aceptar que este asunto se aborde en la Cámara andaluza. Señaló que si alguien está cambiando de postura permanentemente en relación con este asunto es el PSOE. En declaraciones a Canal Sur, el presidente del PP-A abundó en esta idea y manifestó que se alegra de que el presidente de la Junta haya "rectificado" al proponer que se "debata" sobre el plan Ibarretxe en el Parlamento. A su juicio, es "posible" el acuerdo en torno a una posición común de todos los grupos en contra de la propuesta vasca.
 
Arenas propone excluir los términos nación, comunidad nacional o histórica de los estatutos
ABC/I.N./
 
SEVILLA. El documento del PP-A para las reformas de los estatutos de autonomía, la llamada «Vía Andaluza», propone que ninguna comunidad autónoma tenga otra denominación que esa, excluyéndose términos como «nación» o «comunidad nacional» o «histórica» según anunció ayer a ABC el líder de los populares andaluces, Javier Arenas. Otro punto a destacar en el mencionado documento, que el PP-A hará llegar a los demás partidos andaluces, es que cualquier reforma estatutaria requiera lo que el propio Arenas denomina doble consenso, el del Parlamento autonómico en cuestión y el del Congreso de los Diputados. Con medidas como las dos citadas, los populares andaluces pretenden que las reformas de los estatutos cumplan los dos requisitos básicos: el respeto a la Constitución y la simetría entre las comunidades.
 
También ayer Arenas desgranó en una entrevista a Canal Sur Radio la posición de su partido ante el gran debate territorial sobre las reformas estatutarias y de la Constitución, con el telón de fondo del órdago del plan Ibarretxe.
 
En el contexto de la reforma andaluza, Arenas aseguró que el documento del PP «Vía Andaluza» pone de manifiesto que España, como proyecto común y solidario, «está amenazado» en este momento por el plan Ibarretxe, mientras que la reforma catalana puede «rebasar la Constitución». Por ello indicó que los andaluces tienen hoy «una responsabilidad muy especial». En esa línea, el líder de la oposición dijo que su «Vía Andaluza» recoge la necesidad de hacer una reforma del Estatuto «escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad vigente, que no suponga nunca una reforma constitucional, que parta del consenso en el Parlamento de Andalucía y que lo busque en el Congreso y que no permita ningún tipo de discriminación en un marco de una España común, de todos y solidaria, donde perfectamente se pueda desarrollar el autogobierno y nuestra identidad». Una reforma, en definitiva que conecte con las demandas sociales de los andaluces y que sea «ejemplar para muchos que hoy se están saltando la ley española a la torera»
 
Chaves pide acuerdo contra el plan Ibarretxe 
Acusa al PP de no buscar el consenso
José cejudo/ABC
Viernes, 14 de enero de 2005
 
SEVILLA.  El paso adelante dado por el PP presentando una iniciativa parlamentaria para que la Cámara andaluza rechace la iniciativa del lehendakari, ha sentado mal al Gobierno andaluz. El propio Manuel Chaves censuraba ayer el interés del PP por buscar un protagonismo en Andalucía con este asunto y abogaba por «partir de cero» para negociar un acuerdo de todos los grupos parlamentario para expresar una respuesta consensuada contra el plan Ibarretxe. El dirigente del PP-A encajaba mal estas críticas, que achaca a que el propio Chaves no tiene ninguna propuesta que ofrecer, y anunciaba que no iba a retirar la iniciativa parlamentaria.
 
Tras apostar por «orillar temas tácticos que puedan perjudicar o dificultar el acuerdo», el presidente de la Junta aseguró que la iniciativa que días atrás presentó el PP-A en el Parlamento «no es de consenso», de ahí que el Gobierno andaluz haya decidido abrir una ronda de contactos con todas las formaciones políticas, incluido el PP, para lograr un acuerdo por unanimidad; conversaciones que podrían abrirse la semana próxima. El presidente andaluz, que no quiso precisar qué aspectos de la iniciativa del PP-A impiden el consenso, resaltó que lo primordial es mostrar el rechazo al plan del lehendakari, y trasladar a la ciudadanía el mensaje de que se trata de un proyecto «que no va a pasar, que nunca va a estar vigente. Y al mismo tiempo -añadió- hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, que España es un país fuerte, potente, que lleva muchos siglos de vida y no va a haber ningún plan Ibarretxe que vaya a romper la integridad territorial». Según Chaves, eso no quiere decir que la iniciativa vasca «no sea grave. Lo es, porque atenta contra la Constitución, pero hay un Estado de Derecho».
 
Chaves, finalmente, no desaprovechó la ocasión para reclamar al presidente del  PP, Mariano Rajoy, y al líder de los populares andaluces, Javier Arenas, que respondan a un interrogante que la opinión pública quiere que se resuelva; por qué en el Parlamento andaluz y en los plenos de los ayuntamientos se puede abordar el plan Ibarretxe y no en el Congreso de los Diputados, «donde radica la soberanía nacional».
 
En respuesta a este frío recibimiento a su propuesta de rechazo al plan vasco, el presidente del PP-A, Javier Arenas, abogó igualmente por el consenso de las fuerzas políticas andaluzas ante este asunto y para eso, dijo «hacen falta propuestas y el señor Chaves no tiene ninguna, por el contrario ha rectificado dos veces en tres días», recordó, en alusión a la respuesta del presidente de la Junta a celebrar un debate en el Parlamento andaluz sobre la oferta del lehendakari, y de que tenga lugar, incluso, antes de que se pronuncie sobre el particular el Congreso de Diputados. «El problema grave es que Chaves siempre va a remolque de las iniciativas de los demás y Andalucía ha estado ausente del debate sobre la España común», señaló el dirigente popular para quien el presidente de la Junta está «permanentemente instalado en la tibieza, no da ni frío ni calor». Ante este estado de cosas, Arenas, tras reiterar que el PP apuesta por el consenso frente al plan Ibarretxe, dejó claro que su formación no sólo no va a retirar la iniciativa presentada en el Parlamento, en la que pide el rechazo al plan y se reclama que se recurra ante el Tribunal Constitucional, sino que además anima al resto de los grupos parlamentarios a presentar sus propias propuestas, como base para llegar a un acuerdo. «El problema es que Chaves no tiene ninguna propuesta, igual que cuando impulsó el proceso de reforma del Estatuto andaluz sin proponer los ejes de dicha reforma».
 
El consenso respecto al plan Ibarretxe parece así más lejos que nunca. Para acabar de calentar los ánimos entre las cuatro fuerzas políticas andaluzas, la portavoz parlamentaria de IU, Concha Caballero, dejaba caer ayer que veía «difícil» que su formación firme con el PP un documento conjunto de rechazo al plan, argumentando que «el PP defiende un modelo de Estado diferente al que pretende IU-CA». Caballero apostó por la celebración en el Parlamento de un debate «abierto sobre el futuro modelo de Estado, en el que los grupos puedan expresarse sobre el plan Ibarretxe, pero no limitando el debate a este plan». Así, la portavoz de IU destacó la necesidad de que el Parlamento debata sobre el modelo de Estado y cuál puede ser el mejor desarrollo estatutario para Andalucía.
 
Enlace relacionado
Antecedentes 2003
Parlamento andaluz rechaza el Plan Ibarretxe /
Parlamento andaluz: mamporrero de España,
4 de Diciembre 2003
 
Tasio: el efecto Ibarretxe - GARA
 
 Opinión
Vía irlandesa, vía vasca
Francisco Letamendia
DEIA - 9/1/2005
 
La propuesta aprobada por la Cámara Vasca por mayoría absoluta el 30 de diciembre de 2004 es un programa político que hace del derecho de todos los vascos a decidir su futuro su principio rector. La oferta hecha por Batasuna en Anoeta el 14 de noviembre pasado articula un método de solución del conflicto basado en vías exclusivamente pacíficas. Las dos propuestas son de momento líneas paralelas que se proyectan hacia el infinito sin converger entre sí; por otra parte, su origen e iniciativa parten sobre todo de las distintas familias del nacionalismo vasco, contando con la hostilidad abierta de los dos grandes partidos de Estado.
 
Una diferencia esencial salta a la vista en los casos vasco y nor-irlandés*. En este segundo caso se entrecruzan dos procesos: el de la aprobación de un acuerdo político basado en el consenso (no unánime, pero sí políticamente eficaz) de los dos bandos unionista y republicano; y el del desarrollo de un plan de solución de un conflicto violento en una sociedad profundamente dividida como es Irlanda del Norte. Ello la convierte en una referencia comparativa más pertinente para nosotros que la de Québec, que aunque ha influido, y mucho, en la elaboración del programa político aprobado por la Cámara Vasca (a través de los principios de la soberanía compartida y del federalismo de libre adhesión), carece, por innecesario, de un método específico de solución de conflictos violentos.
 
A grandes rasgos, el proceso de reconciliación de Irlanda del Norte se basa en estos tres grandes ejes: 1. La construcción de un ''locus'', o lugar, de reconciliación de todas las personas, ideas y cosas; 2. Un temario de cuestiones/relaciones a resolver, como son: la retirada de las armas de los grupos clandestinos; la liberación de los presos; la adecuación de las fuerzas policiales a los derechos humanos; y la reparación de las víctimas. 3. El diseño de un cambio político-social, preludiado por los Gobiernos británico e irlandés en la Declaración de Downing Street de 1993 y formalizado por los partidos políticos nor-irlandeses en el Acuerdo de Stormont de 1998.
 
En el caso vasco, Anoeta diseñó un método de solución de conflictos que se inspiraba en el espejo irlandés. Distensión, apuesta exclusiva por las vías políticas, conciencia por la izquierda abertzale de ser una de las partes de un todo, toma en consideración de todas las sensibilidades nacionalistas vascas o no, intervención negociada del grupo armado sólo en el tema específico de la desmilitarización, derecho de las víctimas a la reparación... Todo ello enmarcado en el principio del derecho de los vascos a decidir sobre sí mismos.
 
Si algo estaba claro en la declaración de Anoeta era la puesta en relación del fin de la violencia de ETA con un programa de cambio basado en la auto-decisión de los vascos. Pero el único programa que se encontraba encima de la mesa, tras un laborioso proceso de elaboración y tramitación, era el del Gobierno tripartito, al que se le puede reprochar su carácter elitista y parlamentario, pero del que no se puede negar estar respaldado por el poderoso y democráticamente incontestable argumento de los votos obtenidos en los sucesivos comicios. El que la izquierda abertzale haya debido aferrarse a él (o a una de sus partes) para blindar Anoeta, debiera inducirle a una actitud de mayor modestia y a una más lúcida aceptación de sus propias limitaciones.
 
Los portavoces de Batasuna han argumentado para explicar la división de su voto su acuerdo con el Preámbulo y su desacuerdo con el articulado que trata de la reforma estatutaria. Pero el Preámbulo, que habla de Euskal Herria, afirma su territorialidad y proclama el derecho de autodecisión de los vascos, contiene orientaciones pragmáticas aceptadas también por Batasuna: por ejemplo, la definición de un "nuevo pacto político por la convivencia" que se materializaría en un nuevo modelo de relación con el Estado basado en la libre asociación; así como el hecho de que "la Comunidad de Euskadi libremente asociada" se circunscriba de momento a Bizkaia, Guipúzcoa y Araba.
 
Por ello, la oposición de las fuerzas centralistas a la propuesta aprobada por la Cámara vasca no se debe a su supuesto carácter secesionista o independentista -no lo es en ninguna de sus partes, incluyendo su Preámbulo-, ni a un "contubernio con ETA-Batasuna" (el carácter inesperado de la decisión sorprendió el 30 de diciembre a todo el mundo, incluido el Lehendakari); sino a la voluntad de enfatizar la proclamación exclusiva del pueblo español como único sujeto de auto-decisión, negándola en consecuencia al pueblo vasco, aunque el resultado de esta auto-decisión sea el de la libre asociación a España.
 
De ahí los clamores de dignidad patriótica ofendida y hasta los ruidos de sables que se oyen estos días. Se perfilan ya las fechas de la escenificación del doble rechazo español gubernativo y parlamentario: en la primera mitad de enero lo expresará el Presidente del Gobierno, en marzo las Cortes españolas. Todo ello se acompañará de un acentuamiento represivo contra Batasuna, tergiversando y criminalizando el sentido de Anoeta y manteniendo su exclusión de carta a los comicios autonómicos de mayo, en busca de una nueva y artificial mayoría constitucionalista en la Cámara Vasca que permitiría derogar en el futuro la propuesta recién aprobada.
 
¿Qué cabe hacer a partir de ahora por las fuerzas vascas que la han aprobado total o parcialmente? Mi opinión personal, tan susceptible de error como cualquier otra, es que éste sería el momento de corregir un rumbo que no se está mostrando a la altura de las expectativas creadas. Formaba parte del discurso del Gobierno tripartito el afirmar que su propuesta iba a resolver los problemas del pueblo vasco en el transcurso de una generación; Anoeta se presentó como un hito decisivo en la solución del conflicto vasco. Ambas propuestas se dirigían a una audiencia más amplia que la de sus propias bases, esto es, al pueblo vasco en su conjunto. Y sin embargo, en los últimos discursos vienen primado consideraciones más centradas en los réditos electorales inmediatos que en los objetivos a largo plazo: a los reproches contra las "coaliciones abertzales-constitucionalistas" responden las denuncias del carácter "increíble" de las iniciativas del tripartito.
 
Sería éste el momento de tomarse mutuamente en serio, de consensuar entre unos y otros un núcleo duro de la propuesta a defender y de llevar a los agentes de la sociedad civil la discusión de contenidos concretos del articulado que les afectan, con lo que se corregiría el déficit participativo y social del proceso que algunos venimos observando. Ni que decir tiene que ello exigiría que todos los agentes de este pueblo aceptaran, no sólo en el terreno del discurso, sino en el de los hechos, el principio de la exclusividad de las vías políticas, incluyendo a ETA.
 
En cuanto a las fuerzas estatalistas del no, cuya inclusión es necesaria en todo proceso de reconciliación sostenible, como lo muestra la vía irlandesa, hay que distinguir en todo caso la actitud numantinamente centralista del PP del objetivo del PSOE de configurar una España plural en la que quepan "comunidades nacionales" mediante la reforma correspondiente de los Estatutos de Autonomía. Buscar un puente entre este proyecto y la aceptación del derecho del pueblo vasco -y eventualmente de otros pueblos- a decidir sobre su futuro, es más un problema de voluntad política que de técnica jurídico-constitucional. Existiendo la voluntad, el papel, como ha ocurrido en otros procesos de paz, lo aguanta todo.
 
Hoy en día, esa voluntad brilla por su ausencia. En mi opinión, el único factor que podría generarla sería la convicción del Gobierno Zapatero de que si comienza en serio un proceso de paz no le va a estallar la bomba en las manos, como ocurrió en el proceso de Lizarra-Garazi, con lo que desaparecería su renta actual de situación sobre el PP, siendo por el contrario devorado por este partido en las próximas elecciones generales. Blindar su convicción de que su Gobierno será recordado como aquél en el curso del cual desapareció un tipo de violencia, la relacionada con el conflicto vasco, depende sobre todo de ETA.
 
*Nota de Andalucía Libre: Sobre el proceso irlandés y sus lecturas e influencias en el Estado español, ver: Irlanda y la Autodeterminación, Andalucía Libre nº 227, 11 de Marzo de 2003
 
*Francisco Letamendia es profesor en la Universidad del País Vasco. Fue diputado de Euskadiko Eskerra -cuando aún se ubicaba en la izquierda abertzale- en las Cortes españolas en la legislatura constituyente de 1977-1979
 
Enlaces Relacionados
Texto de la Propuesta, Informaciones y reacciones políticas
 
Recopilación actualizada de Textos de análisis y opinión de ANDALUCÍA LIBRE sobre Euskadi
  
Opinión
Sobre el Plan Ibarretxe
Camilo Nogueira*
 
Hace ya un año que el Presidente de Euskadi Juan José Ibarretxe presentó la propuesta de reforma de Estatuto de la Comunidad de Euskadi en el Parlamento de Gasteiz. La reforma respondió a las aspiraciones históricas y a los compromisos electorales del nacionalismo vasco, aunque también estuviese motivada por el legítimo deseo de hacer desaparecer la violencia terrorista.
 
En aquella sesión, Ibarretxe pidió insistentemente que, además de los que apoyaron a su Gobierno -PNV, EA, EB-, los otros partidos presentasen sus propuestas, estando dispuesto a buscar un punto de encuentro que contase con el respaldo de una gran mayoría de la sociedad de la Comunidad Autónoma vasca. Su demanda no tuvo respuesta.
 
El PP insistió en una obsesiva estrategia de acoso dirigida especialmente a erosionar al Gobierno vasco y al lehendakari, cuyo apellido aparecía siempre y sistemáticamente antes que las siglas de ETA cuando se producía un atentado. Ningún partido de la oposición presentó proyectos propios de reforma del Estatuto. Sólo a última hora lo hizo el PSE-PSOE, pero rechazando integrarlo en el debate parlamentario, a pesar de que el Presidente del PNV ofreció dilatar el proceso para hacer posible un acuerdo.
 
El Plan Ibarretxe -Nuevo Estatuto Político de Libre Asociación con el Estado Español- se fundamenta en el derecho del pueblo vasco a “a decidir sobre su propio futuro” de conformidad con el “derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido internacionalmente” y asume un ambicioso nivel de competencias, que aseguraría un real autogobierno nacional.
 
Pero no es una propuesta de independencia ni una reclamación de plena soberanía. De hecho reconoce como competencias exclusivas del Estado español la defensa y las fuerzas armadas, la política monetaria, el régimen aduanero y arancelario, la marina mercante y el control del espacio aéreo, las relaciones internacionales –con la presencia de Euskadi en los asuntos de su competencia-, y también la legislación común penal, mercantil, civil, de la propiedad intelectual e industrial, sin perjuicio de su desarrollo y aplicación por las instituciones vascas. Al instrumentar un poder judicial vasco no deja de reconocer determinadas funciones al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo del Estado.
 
El problema no está hoy en la separación, puesto que el nuevo Estatuto sería el resultado de un pacto político de libre asociación dentro del Estado español. Está realmente en que el Plan Ibarretxe parte de la consideración inequívoca de Euskadi como una nación dentro de un Estado “plurinacional y asimétrico”. Un Estado en que convivan cuatro naciones y no simplemente 17 Comunidades Autónomas.
 
Resulta en este sentido revelador que las instituciones del Estado español admitan sin aparentes problemas el curso histórico que toma la Unión Europea, donde se están materializando instituciones y formas de convivencia económica y social producto de una soberanía compartida, donde se promulga legislación que tiene primacía sobre la de los Estados, incluidas sus Constituciones, contando con un Tribunal de Justicia, una moneda única, potencialmente un ejército específico, mientras que considera antidemocrática, contraria al Estado de derecho, etc, una propuesta estatutaria de convivencia, que de momento ha seguido estrictamente los cauces legales previstos por la Constitución para las nacionalidades en el artículo 151, en los que se incluye un referéndum de aprobación. La misma celebración de un referéndum sobre el Estatuto en el supuesto de que sea rechazado por las Cortes puede ser contemplada a partir de normas democráticas básicas.
 
El Plan Ibarretxe admite al Estado español y desde luego a la Unión Europea. Pero haciéndolo Euskadi como nación, pone en cuestión las bases ideológicas del Estado y el sentimiento impositivo que las instituciones políticas y civiles estatales consiguieron difundir en una parte de la sociedad española. No acepta de hecho que la soberanía pertenezca únicamente al “pueblo español”, situándose en una perspectiva de soberanía compartida del conjunto de los pueblos del Estado, modelo político que refleja las realidades europeas de nuestro tiempo. La desaparición de las fronteras de soberanía y las decisiones procedentes de la Unión afectan tanto o más profundamente a la concepción españolista del Estado que las propuestas de Galicia, Cataluña y Euskadi como naciones.
 
Para las instituciones estatales, comenzando ahora por Euskadi, se trata de reconocer la existencia de varias naciones, aceptando que este problema no se puede resolver mas que mediante la negociación democrática. Para hacerlo cuentan con la prudencia de las instituciones vascas, como contarán con las de Cataluña y Galicia, si elaboran un Estatuto de nación de acuerdo con su especificidad. Todos sabemos que el reconocimiento de la diversidad nacional, cultural, lingüística, negando la supremacía históricamente impuesta por una parte, constituye un problema mucho más arduo que la redistribución de competencias. Pero con la negación del diálogo necesario no se lograría otra cosa más que un inútil aplazamiento. Tanto más cuanto que no se trata de establecer fronteras que, por fortuna, se desvanecen en el Miño, en la Raia Seca, en los Pirineos.
 
*Economista e Ingeniero Industrial, dirigente del PSG (no confundir con el PSOE gallego) luego fue Eurodiputado por el BNG.
 
Artículos de análisis recopilados sobre la propuesta de nuevo Estatuto político de Euskadi
 
Opinión
Conspiración
Miguel Herrero de Miñón*
EL PAÍS - 05-01-2005

¿Existe un plan para ahondar y dramatizar la distancia entre Euskadi y el resto de España, dificultando más y más una solución negociada y, por negociada, consensuable del problema vasco? Ignoro si los nacionalistas conspiran en tal sentido, como algunos medios de comunicación, empeñados en atizar las ascuas, afirman cada día, pero la actitud de sus oponentes, llámense como se llamen, conduce a tales resultados, queridos o no. Una vez más, los hombres hacen la historia, aunque ignoren cómo y en qué sentido la hacen. Basta, para comprobarlo, repasar los hechos.

En septiembre de 2002, tras numerosos intentos de obtener un estricto cumplimiento del Estatuto de Gernika -norma que ahora se invoca todos los días pero a lo que Madrid se negó, una y otra vez, por motivos estrictamente políticos-, el Gobierno del lehendakari Ibarretxe propuso el plan que se conoce por su nombre. Se trataba, a todas luces, de una propuesta de negociación y así se afirmó reiteradamente por sus proponentes en la cual, desde el punto de vista "españolista", había luces y sombras. Entre las primeras, nada menos que la renuncia por parte del nacionalismo a la "estatalidad" y la reivindicación de la integración vasca en un único Estado español. Entre las segundas, si es que ello es una sombra, la reivindicación vasca a decidir su propio futuro, democráticamente y en paz. Retóricas aparte, se pretendía, además, una importante extensión de las competencias autonómicas a través de los cauces institucionales previstos en el Estatuto vigente y, si ello fuera necesario, mediante la reforma de la Constitución, algo hoy sobre la mesa.

Nada de esto se contempló en tales términos. La primera versión del plan Ibarretxe ni se leyó (¡algunos de sus más autorizados críticos se preciaban de ello!) y se rechazó, con rara unanimidad, por el Gobierno del PP, la oposición socialista y los fautores de opinión, como antes se había rechazado la después añorada propuesta Ardanza. En consecuencia, el plan Ibarretxe no se negoció con las fuerzas no nacionalistas -salvo la relevante aunque pequeña IU vasca-, sino que, durante un año largo, se debatió sólo (¡!) en el mundo nacionalista. El resultado fue la segunda versión del plan presentada en 2003, en forma de texto articulado, al Parlamento vasco y, lógicamente, más radical que la primera, puesto que había sido negociada, no con los moderados que no querían ni oír hablar de ella, sino con los más radicales de entre sus autores.

Como toda iniciativa parlamentaria, esta nueva versión del plan estaba abierta a la enmienda y la negociación y para ello hubo tiempo y ocasión, sobrados y prolongados. Pero ni el PP ni, a su zaga, el PSOE propusieron otra cosa que su retirada..., en un alarde de flexibilidad, como condición previa a su negociación. ¿Alguien ha visto, en la vida política tanto como en la privada, que se negocie una propuesta desistiendo primero de ella? El resultado fue que las enmiendas presentadas procedieron no de quienes hubieran podido moderar la propuesta y que excluyeron durante meses esta posibilidad, sino de quienes pretendían extremarla, especialmente en sus aspectos, por retóricos, más chocantes. Y el resultado, como no podía ser menos, fue la radicalización del plan en la versión sometida a votación del Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre. Lo que en una negociación se hubiera podido moderar, reconducir y hacer patrimonio común, con la lógica consecuencia de haber merecido la oposición de HB, se encuentra ahora radicalizado y protagonizado por el tripartito y, más aún, por el bloque nacionalista con el apoyo abertzale. De haber habido una conspiración consciente para obtener tales resultados, la estrategia seguida no hubiera podido ser más acertada.

Si, como se imaginaba, HB hubiera bloqueado la aprobación parlamentaria, el frustrado plan Ibarretxe hubiera servido para consolidar la coalición PNV-EA (algo que ya ha ocurrido), vincular IU al tripartito y plantear como banderín electoral en los próximos comicios autonómicos un proyecto cuyo "centrismo" hubiera aparecido avalado por el común rechazo de "jacobinos" y "abertzales". La mayoría absoluta nacionalista se ofrecía así al alcance de la mano, gracias a la actitud de los llamados "constitucionalistas".

El apoyo parlamentario de HB dificulta semejante escenario, pero posibilita otro no menos preocupante. El voto abertzale hasta ahora drenaba el electorado nacionalista y basta para comprobarlo atender comparativamente a las dos últimas elecciones autonómicas. La ilegalización de HB indujo e induce a muchas decenas de miles de votantes abertzales, bien al encastillamiento en la abstención (¡algo que expresamente pretendían los promotores de la ilegalización, prefiriendo el estancamiento del adversario nacionalista a la incorporación del voto radical a la moderación y la democracia!), bien a votar al PNV-EA, porque es difícilmente concebible un trasvase de votos abertzales hacia el PP o el PSOE. El apoyo parlamentario de HB al plan Ibarretxe supone, objetivamente, cualquiera que sea su intención subjetiva, una invitación a ese voto, capaz de proporcionar al nacionalismo la mayoría absoluta en el próximo Parlamento vasco.

A estas alturas el PP se encuentra fuera del escenario político de Euskadi y el PSOE vasco no parece alternativa suficiente con un proyecto alternativo*, tan estimable como poco conocido y extemporáneo (por qué no se planteó a tiempo en el Parlamento es algo difícil de entender), criticado desde su mismo seno y visto con reticencia desde el propio PSOE. Esperar que, en tales condiciones, sea el electorado vasco el que derrote al plan Ibarretxe en las próximas elecciones autonómicas es un "pío deseo" que prescinde peligrosamente de la lógica y de la experiencia. Cada vez que se radicaliza la confrontación con el PNV éste incrementa su ventaja. Y si el Gobierno del PSOE surgido del 14 de marzo ha tenido la virtud de desdramatizar las relaciones entre Madrid y Vitoria, llevadas al paroxismo por su paroxístico antecesor, la realidad de un plan apoyado por un Parlamento democráticamente elegido, y que puede obtener un respaldo electoral aún mayor, requiere más allá de la buena voluntad un plus de habilidad estratégica. No basta cambiar de talante, con ser ello necesario; hace falta recurrir al talento.

La negociación de la propuesta Ibarretxe inicial hubiera sido más fácil que sobre el texto articulado de 2003; mejor sobre éste, por vía de enmienda parlamentaria, que sobre el texto salido de la ponencia; y hoy, una vez aprobado por el pleno del Parlamento vasco, más difícil que entonces. Si el tripartito obtiene la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, ¿se podrá seguir rechazando la negociación o ésta tendrá lugar en condiciones todavía peores para el Gobierno estatal?. ¿No sería mejor negociar ya, discreta y eficazmente? Plantear como línea de defensa la sacralidad de algunos términos constitucionales es propio de alumnos poco espabilados de primero de licenciatura y sugerir como opción el recurso al artículo 8 de la CE, esto es, a las Fuerzas Armadas, una peligrosa estupidez.

Quienes desde diversas latitudes, el error es transversal, se equivocaron rotundamente cuando sustituyeron la coalición por la confrontación, cuando rechazaron la propuesta Ardanza, cuando desaprovecharon y descalificaron la tregua como si desearan su término, cuando desecharon todas las posibles medidas que hubieran apoyado su prolongación, cuando creían en la derrota nacionalista en 2001 y en tantas ocasiones más, ¿no deberían reconsiderar unos diagnósticos que la tozudez de los hechos no cesa de desmentir? ¿O prefieren seguir participando en la conspiración inconsciente de la que solamente salen como beneficiarios quienes propugnan el "cuanto peor, mejor"?. Y peor, sin duda alguna, para todos.
 
*Miguel Herrero de Miñón, letrado de las Cortes franquistas, fue ponente de la Constitución española por la UCD. Se opuso luego a que Andalucía accediera al primer nivel autonómico, generando el escenario que condujo al Referéndum del 28 de Febrero de 1980. Destacado dirigente del PP, marginado y luego critico, hasta su reciente salida. Autor del libro Derechos Históricos y Constitución, (Taurus, Madrid, 1998), ha recibido reiterados reconocimientos desde el ámbito del PNV por sus posiciones políticas. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
 
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Argumentario - Respuesta a Preguntas frecuentes
 
 
 
 España 
Las costuras de la Constitución española
Expertos juristas opinan que el "plan Ibarretxe" es inconstitucional.
CARLES PASTOR - EL PERIODICO DE CATALUNYA 10/01/2005
Expertos en Derecho Constitucional consultados por este diario coinciden con los políticos en considerar inconstitucional el plan Ibarretxe, aprobado a finales de diciembre por el Parlamento vasco y que entrará dentro de unos días en el Congreso para su tramitación.
 
Javier Pérez Royo, Eliseo Aja y Julio González Campos coinciden en ese juicio. Pero también en que no tiene sentido que el Gobierno presente, como pide el PP, un recurso ante el Constitucional contra un texto que sólo es un proyecto. Y coinciden en que es imprescindible que el Congreso escuche las razones de los nacionalistas vascos, evitando la devolución sin más.
 
La declaración de soberanía vasca
 
El artículo 12 del proyecto dice: "Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Euskadi, en el libre ejercicio de su derecho de autodeterminación y de conformidad con el respeto y actualización de los derechos históricos que contempla la disposición adicional primera de la Constitución, acceden al autogobierno mediante un régimen singular de relación política con el Estado español, basado en la libre asociación. La Comunidad de Euskadi y sus instituciones representativas establecen dicha relación de libre asociación desde el respeto y reconocimiento mutuo, y sin perjuicio de su revisión, conforme se establece en el presente Estatuto político".
 
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, no tiene ninguna duda sobre el carácter inconstitucional de la propuesta del lendakari. "Lo gordo es que fragmenta el poder constituyente. A partir de ahí no tiene sentido discutir si tal o cual artículo respeta o no la Constitución", argumenta. La soberanía, recuerda, recae en el pueblo español. "Ellos dicen que hay un poder constituyente vasco distinto, aunque proponen hacer un uso limitado de ese derecho originario con la fórmula de la libre asociación". Ahí está el meollo del conflicto, sostiene: "¿Dónde reside la soberanía?" Y recuerda que ese fue el debate que estaba detrás de la guerra civil norteamericana: "¿Residía en el conjunto de EEUU o en cada uno de sus estados?. Los sureños defendían esto último y de ahí su intento de secesión. A partir de la afirmación del plan Ibarretxe de que hay un poder originario constituyente vasco ya no hay debate jurídico posible".
 
Pérez Royo admite que la Mesa del Congreso podría considerar que se trata de una reforma de la Constitución, no del Estatuto, y devolverlo, pero cree que eso sería un error. Admite que el Parlamento vasco tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Y pone el acento en que el Estatuto vasco es el único que sólo exige mayoría absoluta para proponer la reforma [Error: Tambien Canarias, Artº 63.b. y Baleares, Artº 68.2.]  Cree que eso tiene que ver con que los nacionalistas vascos rechazaron en 1978 la Constitución, por lo que el Gobierno de entonces (de UCD) debió de acceder a un acuerdo provisional que sería revisable, sólo con la voluntad de los vascos. Este catedrático sostiene que la única solución es abrir una negociación en el Congreso, y concebir la reforma como se concibió en 1979 la aprobación del actual Estatuto: negociación y pacto. "Sería importantísimo para ganarse a la opinión en el País Vasco", sostiene. No está de acuerdo con liquidar el trámite mediante una votación del Congreso que rechace el proyecto.
 
Pérez Royo dice que es una barbaridad acudir al Tribunal Constitucional, como propone el PP, y una barbaridad todavía mayor amenazar con el artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Gobierno central pueda imponer sus decisiones a las autoridades de Vitoria aunque éstas sean las competentes. Este catedrático cree que los nacionalistas vascos deberán aceptar la realidad. Y no ve posible que el Gobierno vasco pueda llevar a cabo un referendo ilegal en contra de la decisión del Congreso, cuando Álava está en manos del PP y muchos ayuntamientos están gobernados por el PP o por el PSOE, cuyas autoridades podrían impedir que las urnas se instalasen. "Se les trocearía el país, se les rompería Euskadi", termina.
 
Sin respeto a las reglas, no hay legitimidad
 
Eliseo Aja es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Al revés de Pérez Royo, prefiere analizar los aspectos con carácter normativo, antes que las declaraciones de principios sobre la soberanía. "Ninguna filosofía es inconstitucional, salvo la violenta. Lo importante es el texto, el mandato que contiene", dice.
 
En su opinión, en al menos 15 artículos el plan Ibarretxe contradice la Constitución. Es el caso del artículo 13, que regula la potestad para convocar referendos. "No sólo vulnera la Constitución, sino que es prácticamente un artículo sin límites. Carece de sentido en el constitucionalismo moderno". Tampoco considera constitucional el tratamiento que el artículo 2 dedica a la posible incorporación de Navarra, ni la pretensión de que se haga una excepción con Euskadi en la aplicación de determinados artículos de la Constitución.
 
En su opinión, violan también la Constitución la pretensión de regular la nacionalidad de los vascos; la asunción de un régimen diferenciado de partidos y sindicatos; determinados aspectos de los artículos destinados a crear una Justicia vasca -que al mismo tiempo regulan el Supremo, el Constitucional y el Poder Judicial- y el invento del decreto ley autonómico.
 
Mención especial merece el régimen competencial recogido en el proyecto, con un enfoque totalmente distinto al de la Constitución. "Por esa vía, el País Vasco podría hacer lo que quisiera, incluso tomar decisiones sobre cuestiones que el propio proyecto atribuye al Estado. No es serio", afirma Aja. "El proyecto tiene una gran parte contraria a la Constitución. La verdad es que resulta muy partidista y contrario al consenso que la Constitución requiere para los estatutos. En conjunto, los nacionalistas vascos dibujan una situación de Estado confederal y aprovechan la Constitución sólo en los puntos que les interesa", señala Aja, quien argumenta que los estatutos y la Constitución son las reglas de juego y "si no se respetan las reglas del juego, no hay legitimidad". Y lo más grave del plan Ibarretxe, agrega este catedrático, es que no respeta las reglas de juego.
 
Como Pérez Royo, Aja es partidario de que el proyecto de Ibarretxe pueda ser negociado en el Congreso, siguiendo el procedimiento que para estos casos arbitró la presidencia en 1993: a través de una comisión mixta formada entre la comisión constitucional de la Cámara baja y el Parlamento vasco. "Si hay buena voluntad, puede haber acuerdo, pero esto necesitaría un cambio de posiciones. El pacto es la mejor salida posible, pero debe ser un pacto de verdad, en el que se respeten las reglas del juego y después todos cedan; es difícil, pero no lo descarto", afirma.
 
González: "No existe el derecho a la secesión"
 
Julio González Campos, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y exmagistrado del Tribunal Constitucional, opina que el Derecho Internacional no admite que un grupo nacional en un Estado pueda autodeterminarse, salvo que esté privado de sus derechos políticos o sufra discriminación. "No es el caso del País Vasco, que goza de amplia autonomía", señala. "No existe el derecho a la secesión ni a configurar la autonomía que uno quiere". González no es partidario de que el Gobierno recurra ante el Constitucional, pero sí de que la Mesa del Congreso no admita a trámite la proposición de ley. "Así el problema se puede invertir y será de los proponentes, que deberían ser quienes acudieran al Constitucional", afirma. A González le preocupa que no se encuentre un marco de diálogo con los vascos: "Sería terrible dar la impresión de que se rechaza la propuesta sin escuchar sus razones".
 
"Establece cotas de singularidad".
 
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Gerona (Cataluña), también opina que la soberanía vasca y el derecho a la autodeterminación "no caben en la Constitución. El Derecho Internacional lo contempla para la secesión, pero los vascos lo quieren utilizar para establecer una libre asociación, que es algo que afecta a las dos partes, y para establecer unas cotas de singularidad a las que otros no podrán acceder, cristalizando un hecho diferencial en términos nuevos, que no será ni cultural ni geográfico, como es el caso de la insularidad".
 
Coincide con quienes opinan que los nacionalistas vascos quieren utilizar los mecanismos jurídicos de reforma del Estatuto para forzar un debate sobre la reforma de la Constitución, pero no por eso cree que el Gobierno deba combatirlo llevando el caso ante el Tribunal Constitucional, o rechazando la Mesa del Congreso la tramitación del proyecto. "Sería poco oportuno, no haría más que dilatar el problema".
 
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Texto definitivo del Plan Ibarretxe aprobado por el Parlamento vasco
 
Estatuto aprobado en 1981, vigente
(Para comparar realidades y procesos)
 
Demonización de la asimetría
J
avier Pérez Royo*
EL PAÍS, Domingo, 11 de noviembre de 2001

Creo recordar que fue Bertrand Russell quien afirmó que el catálogo de las bienaventuranzas clásicas debería ser completado con una adicional propia de los tiempos modernos, que rezaría así: 'Bienaventurados aquellos que, no teniendo nada que decir, se abstienen de confirmarlo de manera expresa'.

Es lo primero que se me vino a la cabeza el pasado jueves al leer en las páginas andaluzas de El Mundo un suelto con el título 'Defensa del Estado autonómico asimétrico', en el que se comentaba la intervención del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, en la presentación en la sede del Parlamento de Andalucía del libro Veinte años después, escrito por los ponentes del Estatuto de Carmona.

La ignorancia del autor de dicho suelto es escandalosa. Resulta literalmente increíble que, a estas alturas del guión, cuando se va a cumplir el vigésimocuarto aniversario de la Constitución, alguien se escandalice de que el presidente del Tribunal Constitucional diga que 'el debate sobre la simetría del modelo de Estado no debemos plantearlo como algo contrario a los valores constitucionales'.

La asimetría en la articulación territorial del Estado no sólo no es contraria a los valores constitucionales, sino que está presente en la propia Constitución. Más aún, la Constitución está redactada desde la asimetría. En el origen del Título VIII de la Constitución está una concepción asimétrica de la estructura del Estado. De ahí que hubiera diversas vías de acceso a la autonomía, en particular las de los artículos 143 y 151, diversas formas de elaborar los estatutos de autonomía según la vía de acceso a la autonomía que se hubiera seguido, diverso nivel competencial para las comunidades autónomas que hubieran accedido por la vía del 143 o por la del 151 y algunas cosas más. El constituyente tenía en la cabeza un Estado políticamente descentralizado de una manera asimétrica. La simetría no fue el punto de partida de la transformación del Estado unitario español en un Estado políticamente descentralizado, sino que está siendo el punto de llegada. La Constitución no impone una estructura del Estado ni simétrica ni asimétrica. Contempla ambas posibilidades, si bien, en una primera lectura parecía inclinarse más por la opción asimétrica que por la simétrica. Fue la interpretación de la Constitución que se acabó imponiendo tras el resultado del referéndum del 28-F en Andalucía la que condujo a una estructura del Estado más próxima a la simetría que a la asimetría. Pero sin olvidar que nuestra estructura a lo largo de estos dos primeros decenios de vida de la Constitución ha mantenido perfiles asimétricos muy importantes, en especial en lo que a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se refiere. Las Comunidades Autónomas del artículo 151 (País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía) más la Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra han asumido competencias sobre materias que no pudieron ser asumidas inicialmente por las comunidades del artículo 143 y que han ido siendo asumidas poco a poco a través de la reforma de sus estatutos de autonomía.

La asimetría estuvo presente en el origen de nuestro texto constitucional y ha estado presente en su desarrollo ulterior. Únicamente desde la ignorancia más absoluta se puede uno escandalizar de que se considere que la asimetría es compatible con los valores constitucionales. La asimetría es una de la posibilidades que está contemplada en la Constitución. Es, por lo tanto, plenamente compatible con los valores constitucionales. No hay absolutamente nada en la Constitución que impida una interpretación asimétrica de la misma. Absolutamente nada, repito.

Otra cosa distinta es que se considere que una interpretación asimétrica de la estructura del Estado sea políticamente pertinente. Tan legítimo es, desde los valores constitucionales, optar por la simetría como optar por la asimetría. No es más constitucional lo primero que lo segundo y a la inversa. En este terreno no podemos hablar de constitucionalidad o anticonstitucionalidad, porque la Constitución admite ambos planteamientos.

Y esto y nada más que esto es lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional en su intervención, que midió sus palabras con mucha precisión al referirse a este tema. En ningún momento hizo una 'defensa del Estado autonómico asimétrico'. El profesor Cruz Villalón se limitó a advertir de que no se puede admitir la 'demonización de la asimetría', es decir, se limitó a señalar que no es admisible lo que Juan Luis Cebrián viene denominando desde hace tiempo 'fundamentalismo democrático' y que, en este terreno de la estructura del Estado, se traduce justamente en la 'demonización de la asimetría'.

Esto es lo que no se puede admitir con la Constitución española en la mano. Es legítimo defender tanto la simetría como la asimetría. Los 'valores constitucionales' no son ni simétricos ni asimétricos. Son neutros en este terreno. No se puede, en consecuencia, demonizar ni lo primero ni lo segundo. Ésa es una cuestión que la Constitución ha dejado abierta al debate político y es a través del debate político como tiene que resolverse. Lo que quiere decir que la respuesta puede ser hoy una y mañana o pasado mañana otra, siempre que se alcance democráticamente. No al fundamentalismo y sí al debate político sobre la estructura del Estado sin estigmatizaciones. ¿Tan difícil resulta de entender?.
 
*Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Antiguo dirigente del PCE, tras abandonarlo se integró en el área de influencia del PSOE.
 
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Propuestas nacionalistas al respecto y critica al federalismo español
 
 
 
 España
Poner en peligro la convivencia de los españoles no sería prudente ni moralmente aceptable», dice un comunicado de la Conferencia Episcopal
Los obispos afirman que el plan Ibarretxe es «contrario a la doctrina de la Iglesia»
José Manuel Vidal - El Mundo
  9/01/05
Iglesia Católica: 
500 años construyendo España
 
«Incompatible con la doctrina católica». Así de tajante se muestra la Conferencia Episcopal Española (CEE) a la hora de posicionarse contra el plan Ibarretxe. Y por si quedase alguna duda, añade: «Poner en peligro la convivencia de los españoles no sería prudente ni moralmente aceptable».

Para rechazar de plano el plan Ibarretxe, los obispos han recurrido a una nota de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, en la que se recogen amplios párrafos de una instrucción pastoral titulada Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, aprobada por la Plenaria del Episcopado en el mes de noviembre del año 2002. 
 
Con un lenguaje claro y directo, los obispos tercian en la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (plan Ibarretxe), un asunto que, a su juicio, «ha suscitado un fuerte debate social y político». Y, sin andarse con rodeos, advierten de que «la pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponde el derecho de constituirse en Estado, ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo totalitario, que es incompatible con la doctrina católica».
 
Distinguen después los prelados entre nación y Estado. «A diferencia de la nación, el Estado es una realidad primariamente política; pero puede coincidir con una sola nación o bien albergar en su seno varias naciones o entidades nacionales». Y es que «la configuración propia de cada Estado es normalmente fruto de largos y complejos procesos históricos», que «no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsificados al servicio de intereses particulares».
 
Y sentados los principios, la jerarquía católica concluye: «España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable». Para los obispos, el plan Ibarretxe no tiene cabida ni en la moral ni en la Constitución Española, que «es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia». De ahí que mantengan que «pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria».
 
La mayoría de los obispos -incluida la cúpula de la CEE, con su presidente, cardenal Rouco Varela al frente- está de ejercicios espirituales a las afueras de Madrid. En principio, Rouco no tenía pensado entrar en la liza hasta el día 15 de este mes, fecha en la que se reúne el Comité Ejecutivo del Episcopado, integrado por siete prelados, entre ellos el obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte. Pero presionado por el sector más conservador (Cañizares y García Gasco dijeron ayer que el plan Ibarretxe «atenta contra el corazón mismo de la unidad de España» y hace tiempo que auspician un documento episcopal sobre esa cuestión) y por la «temperatura» que está adquiriendo el debate público, consideró oportuno hacer oír la voz de la Iglesia católica. Y con astucia gallega, para que nadie le pueda acusar de que se arroga el papel de superobispo, mandó a la Oficina de Información de la CEE que redactase esta nota basada en un documento aprobado por los obispos hace dos años con sólo ocho votos en contra. Uno de ellos, el del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte.
 
El voto en la Plenaria episcopal es secreto. Pero, después de la Asamblea, nada más llegar a su diócesis, el obispo de San Sebastián publicó una nota en la que explicaba su voto contrario al texto del Episcopado español y en la que bendecía el plan Ibarretxe. Lo que más le dolió entonces y le duele ahora a Uriarte y a algunos otros obispos nacionalistas es que el documento de los obispos tache al nacionalismo de «excluyente» y ponga condiciones al derecho de autodeterminación.
 
En efecto, los obispos aseguran que «las naciones no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino [...] La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión». Por lo que, en caso de secesión, la voluntad de independencia «es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social». Dicho de otra manera, un atentado contra la doctrina católica que la Iglesia no está dispuesta a consentir.
Enlace Relacionado: Criterios episcopales,
Félix Placer Ugarte, Profesor de la Facultad de Teología de Gasteiz
"The Wall Street Journal" cree que si el Gobierno cede al "Plan Ibarretxe" pondrá en riesgo la democracia en toda Europa
MADRID, 10 - EUROPA PRESS
 
El diario estadounidense "Wall Street Journal" dedica hoy su primer editorial al Plan Ibarretxe y advierte, en un texto titulado "España balcánica", de que si el Gobierno de Madrid "intenta llegar a un acuerdo con las tácticas vascas de mano dura, pondrán en riesgo no sólo el futuro de su país sino la democracia constitucional en toda Europa".
 
Así, destaca que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "afronta probablemente la peor crisis política desde que España restauró la democracia hace casi tres décadas" y que su resultado "dará pistas útiles para el futuro de otros Estados multiétnicos europeos". "Zapatero tiene que despertarse ante el desafío existencial al Estado español que han planteado los vascos. Esta crisis puede resolverse rápida y pacíficamente", señala el rotativo. "Por el bien de todos los españoles, (el Gobierno de) Madrid no puede permitirse dejar a estos políticos locales secuestrar la Constitución española. Si lo hace, España como país será historia", añade. "España necesita ahora un liderazgo fuerte", señala el editorial, pero puntualiza que "tanto en la política internacional como doméstica en los últimos 10 meses, Zapatero ha inspirado poca confianza en esa prueba". Así, sostiene que mientras el Gobierno socialista supuso "que su línea blanda con el separatismo les garantizaría la cooperación de los vascos", este enfoque "evidentemente ha fracasado".
 
El diario opina que "los vascos tienen todo el derecho a hacer campaña en favor de cambios constitucionales", pero remacha que esto debe hacerse "por medios constitucionales" y argumenta que el hecho de que el Plan fuera aprobado por "una mayoría de cuatro votos en un parlamento local difícilmente les autoriza a actuar con autoridad". "La Constitución no es meramente académica, es un contrato vivo a través de las generaciones", destaca, subrayando que la Constitución de 1978 dio al País Vasco "amplios poderes de autogobierno", pero "a cambio, junto con el resto de España, aceptaron límites en su derecho de ruptura". "Abrogar unilateralmente ese contrato equivale a la anarquía", apostilla.
 
El texto advierte de que "en cualquier divorcio nacional, son los medios los que determinan los fines": "el apoyo a la autodeterminación debe calibrarse libremente y luego reconciliarse con normas constitucionales establecidas". El diario indica que la división de Checoslovaquia demuestra que esta vía es "difícil pero factible", pero sugiere que este no es el caso del País Vasco. "Los nacionalistas vascos están en un extremo de Europa, dispuestos a tolerar métodos que privan su lucha de legitimidad democrática", recalca el editorial. "España tiene vías legales claras para que sus 17 regiones expandan su ya amplia autonomía", prosigue, "los catalanes presionan en pro de los mismos objetivos que los vascos pero, al contrario que ellos, los nacionalistas catalanes aceptan la Constitución y rechazan la violencia".
 
Además, el texto subraya que el terrorismo en el País Vasco impide un clima de debate real. Por ello, tacha de "farsa" que Ibarretxe haya invocado la "democracia popular" como un poder más alto que la Constitución española y justificar así la convocatoria de un referéndum sobre su plan que legalmente está prohibido. "La persistente violencia política de los últimos 35 años no deja espacio para la libre elección ni trae buenos augurios para los derechos políticos de los votantes vascos si sus políticos tienen éxito, de algún modo, en su esfuerzo de secesión", explica. "En este clama no es posible ningún debate abierto, así que nadie puede decir honestamente que los vascos quieran realmente más autonomía o independencia", prosigue, precisando que las encuestas revelan que la mayoría de la población "se opone a dividir España" y que ni Álava, ni Navarra ni el País Vasco francés "quieren el plan Ibarretxe". "El arreglo financiero en un divorcio con España también sería complicado", añade. "Wall Street Journal" opina que el lehendakari Juan José Ibarretxe (al que llama "premier vasco") puede tener razones políticas "de corto plazo" para impulsar el plan ante las elecciones autonómicas de esta primavera, pero ello "no mitiga los peligros".
 
 Galicia
BNG: Diferencias entre Quintana y la UPG sobre el Plan Ibarretxe
Reconoce que el Plan Ibarretxe "interfiere" en la política gallega pero pide "consenso" a PP y PSOE para decidir una estrategia propia
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. EUROPA PRESS 
 
El portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, recordó hoy al presidente de la Unión do Povo Galego (UPG), Bautista Álvarez, que la postura de la organización frentista para reformar el Estatuto de Galicia la decide su dirección, "se explicita" en la Declaración de Rianxo -que dio a conocer el pasado viernes-, y la "transmite" él mismo, como portavoz del Bloque.
 
En una rueda de prensa, Quintana subrayó que "respeta" la opinión de Bautista Álvarez, quien la semana pasada, subrayó que hay "convergencias" entre el Plan Ibarretxe y el modelo de soberanía nacional para Galicia que plantea la UPG. "Todas las opiniones son respetables pero a mi me toca transmitir la postura del BNG que pienso que transmitimos con total rotundidad", añadió al referirse a la Declaración de Rianxo. Esta propuesta, que presentó el pasado viernes en la localidad coruñesa de Rianxo con motivo del aniversario de la muerte del histórico galleguista y político, Afonso Daniel Rodríguez Castelao, recoge un plan de trabajo con cuatro compromisos; excluir del debate electoral la reforma estatutaria, crear una comisión parlamentaria para su estudio, aprobarla por mayoría de 2/3 de la Cámara gallega y con el consenso de todos los partidos políticos y someterlo a referéndum."Es un plan explícito y está por escrito", dijo para evitar suspicacias por parte de populares y socialistas ya que reconoció que la aprobación del Plan Ibarretxe en el Parlamento vasco ha "interferido" en la política gallega y en la política de todo el Estado. "Sería ingenuo por mi parte decir que en Galicia no ha influido", aclaró.
 
Por ello, reclamó "consenso" entre los tres grandes partidos gallegos (PP, PSOE, BNG) para alcanzar un acuerdo sobre la elaboración de un nuevo Estatuto gallego y evitar, así, "interferencias" de otras propuestas. "No podemos consentir que nuestra posición sea interferida por nada ni por nadie. Tenemos que centrar el debate en Galicia", agregó. Así, abogó por abrir un "gran debate" en la comunidad para que ésta no sea una "mera espectadora" de lo que ocurre en el Estado. "Tenemos que jugar un papel protagonista y, para ello, tenemos que presentar nuestra propia propuesta", matizó. De esta forma, evidenció las diferencias entre el proyecto del BNG y el Plan Ibarretxe. "La postura del BNG es la que deciden sus órganos de dirección, la que explicitamos en la Declaración de Rianxo y la que transmito yo como portavoz nacional", dijo en alusión a las declaraciones de Bautista Álvarez, quien reconoció similitudes entre la propuesta vasca y la UPG. En este sentido, reclamó que se "deje al margen" al Estatuto de "disputas electorales", tras las reacciones de populares y socialistas a las manifestaciones del presidente de la UPG, y apostó un consenso "unánime". "Si nos seguimos lanzando pullas electoralistas, difícilmente, podremos llegar a consenso", añadió.
 
Quintana reclamó al PSOE que "empiece a trabajar conjuntamente" con el BNG, ya que dijo que estas formaciones son las "únicas" que tienen "documentos explícitos" sobre la reforma estatutaria. No obstante, apuntó que a estas negociaciones también se puede "sumar" el PP "cuando quiera", aunque recordó que este partido aún no ha elaborado ninguna propuesta al respecto. "Si se quiere llegar a puntos de acuerdo, lo mejor que se puede hacer es decirlo con claridad y trabajar con sigilo", dijo al referirse a futuros contactos y negociaciones. "Si yo hablara del método, pues sería la causa de que estas conversaciones no se produjeran", concluyó.
 
Sitios Vascos
 
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