PRESENTACIÓN:

  Opinión - TRIBUNA: REFORMA ESTATUTARIA
Un Estatuto de progreso
JOAQUÍN URÍAS
EL PAÍS - 24-05-2006

Entramos en la fase estatal de aprobación del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y la sensación que da es que la sociedad española no ha valorado aún en sus justos términos este nuevo estatuto. Porque lo primero que hay que decir es que se trata de un nuevo estatuto. Yo no sé hasta qué punto había una demanda social en Andalucía exigiendo un nuevo estatuto. Pero a estas alturas eso es lo de menos. Lo importante es que hay un nuevo texto, que va a entrar en vigor y que urge saber si va a cambiar en algo nuestras vidas como andaluces, y para qué.

En nuestro sistema político el Estatuto de autonomía sirve a dos funciones esenciales: definir las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el poder central del Estado y establecer el modelo de funcionamiento interno de la propia Comunidad Autónoma. En ambas cuestiones el nuevo estatuto da, a mi entender, un paso de gigante. Voy a intentar explicarlo.

El estatuto andaluz que se somete al Congreso sigue sin duda el camino abierto por la reforma catalana en un camino discutible pero, a mi parecer, inevitable. La Constitución de 1978 no incluye un sistema cerrado de organización territorial del poder. El Estado autonómico ha sido hasta ahora una realidad siempre en construcción, en un sistema en el que nunca se ha dejado del todo claro qué competencias se ceden al poder territorial y cuál debe ser la extensión del poder central. La Constitución se orienta a un modelo abiertamente federal pero no termina jurídicamente su configuración, ni en cuanto a la extensión del sistema por todo el territorio español ni en cuanto a las consecuencias últimas del principio de autonomía. Ese postergar la cuestión territorial ha originado un exceso de conflictividad y facilitado tensiones que se aproximan a veces a la fractura social. Así las cosas, la única salida jurídicamente viable es la asunción por las comunidades autónomas del mayor número de competencias en un sistema cada vez más abiertamente federal en el que disminuya la inseguridad jurídica acerca de qué es un Estado autonómico. Esta terminación del modelo debería realizarse, lógicamente, a través de la correspondiente reforma constitucional pero a nadie se le escapa que la situación política cierra absolutamente esa puerta. Por eso, en su lugar el mecanismo de reforma estatutaria permite llegar a una conclusión similar y como combina una propuesta autonómica inicial con la posterior intervención correctora de las Cortes Generales, ofrece amplias posibilidades de diálogo y consenso entre el centro y la periferia, proporcionando así las garantías necesarias. El Estatuto andaluz avanza en esa senda, hacia un sistema más coherente en el que el principio autonómico desarrolle toda su eficacia y en todas las comunidades autónomas.

Pero el Estatuto andaluz no se agota en la reclamación de un poder autonómico más razonable y coherente. Más allá de la presunta belicosidad hacia el Estado central, Andalucía ha dado un paso adelante en su configuración interna conforme a un modelo social avanzado. Los derechos sociales, entendidos como prestaciones a las que se obliga la Junta de Andalucía son sólo una parte de ese modelo, pero significativa. El Estatuto incluye, por ejemplo, el derecho a la gratuidad de los libros de texto, los derechos de los usuarios de la sanidad, el testamento vital, la renta básica. En materia de medio ambiente el nuevo Estatuto obliga a los poderes públicos andaluces a mantener una actitud beligerante en materia de control de residuos, a evitar la especulación urbanística y a potenciar la energía renovable. Se trata de ejemplos elegidos casi al azar, pero que dan una idea de la orientación del Estatuto hacia un sistema político más humano, más cercano al ciudadano.

Sintetizando, puede decirse que el nuevo estatuto andaluz es autonomista frente al Estado y progresista internamente. Con eso quiero decir que abre las puertas a las exigencias de un nuevo modelo político, no que se trate de un "estatuto de izquierdas". No podría serlo si aspira a servir como marco político para el futuro de Andalucía. Independientemente de los apoyos conseguidos en el Parlamento andaluz en estos momentos se trata de una norma abierta que permite aplicar tanto políticas conservadoras como de izquierdas y con el que cualquier partido podría desarrollar su propio programa electoral.

Aún así, desde un punto de vista técnico tiene también ciertas carencias. No refleja en ningún momento el concepto avanzado de democracia participativa, ni avanza en los modelos de control de la gestión pública. Su principal defecto, sin embargo, es su propia ambición. Una norma fundamental tan ambiciosa corre el riesgo de acabar pareciéndose a las Constituciones del siglo XIX: meras normas programáticas cargadas de buenas intenciones que nunca se aplicaron y cada partido cambiaba a su antojo. Para evitarlo la receta es fácil. Consenso en su aprobación, por encima de los intereses partidistas de cada uno y, sobre todo, rigor a la hora de exigir constantemente al Gobierno de turno que aplique lo que ahora se va a aprobar. Sólo así Andalucía podrá desarrollarse como el espacio de solidaridad y ciudadanía que se nos promete.

Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

  Opinión - MANIFIESTO (auspiciado por la UCE)
¡Ante todo la Unidad!

 Opinión - Comunicado Iglesia Católica

Los Obispos del Sur sobre el nuevo Estatuto de autonomía de la Comunidad Andaluza
Odisur

1. Al concluir nuestra CIV Asamblea Ordinaria, los Obispos de las diez diócesis andaluzas queremos expresar nuestra preocupación por las consecuencias que pudiera tener para la vida y para el futuro de las personas y las familias andaluzas la reforma del Estatuto de Autonomía, recientemente aprobada por el Parlamento Andaluz, en los términos en que dicha reforma está planteada (BOPA, n. 430, 4 de mayo del 2006). Se trata de reformar la norma emanada de la Constitución de 1978, que ordena la convivencia de todos los andaluces dentro de la Nación Española.

Precisamente porque se trata de la reforma de una norma de indudable trascendencia para los ciudadanos de Andalucía y su relación con los del resto de España, hubiera sido necesario que esta reforma respondiera, tanto a un deseo colectivo de los andaluces, como a un amplio consenso de las fuerzas políticas para llevarla a cabo. Igualmente, un texto de este alcance tendría que ser muy sensible a los aspectos de solidaridad social entre los españoles que inevitablemente están implicados en él.

Hubiera sido muy conveniente un debate más sosegado, sereno y plural que propiciara el nivel de consenso que se alcanzó durante la transición. Ante la ausencia de estas condiciones, nuestra preocupación es comprensible.

2. Junto a la falta de consenso y de debate social sobre la reforma, el texto que ha sido aprobado por el Parlamento Andaluz adolece de graves deficiencias en su articulado. Nos preocupa de forma particular su carácter fuertemente intervencionista, que no respeta el “principio de subsidiariedad”, propio de una sociedad participativa.

Este principio fundamental en la Doctrina social de la Iglesia, recordado por Benedicto XVI en el Ángelus del 30 de abril de 2005, es necesario para que la Administración del Estado no ahogue las iniciativas de alcance público de los cuerpos intermedios de la sociedad civil. Cuando no se respeta este principio fundamental, la sociedad se ve abocada al totalitarismo estatalista de las Administraciones públicas.

3. Por lo que se refiere a la declaración de derechos y deberes, aunque no es nuestro cometido pronunciarnos sobre la pertinencia jurídica de que esta declaración forme parte de un Estatuto de autonomía, puesto que una tal declaración es parte sustancial de la Constitución, sí que nos vemos obligados a observar que algunos de los artículos del Estatuto son objeto de honda preocupación.

4. El texto aprobado puede servir para dar protección jurídica a atentados muy graves contra la vida humana desde su concepción a su acabamiento natural. Tampoco protege de modo adecuado a la familia, y desvirtúa la realidad natural y genuina del matrimonio, al equiparar con él otro tipo de uniones. Esta equiparación al matrimonio de uniones que no lo son es contraria a la razón y tiene gravísimas consecuencias, pues destruye el entramado natural del tejido social. Es también contraria a la revelación de Cristo, amplia y manifiestamente aceptada por sectores muy amplios de nuestro pueblo.

5. En el campo de la educación, el protagonismo que el Estatuto concede a la Administración, y a la escuela de titularidad estatal, puede resultar excluyente de cualquier otra iniciativa, y puede también someter la educación de iniciativa social financiada por la Administración a condiciones, orientaciones y normas que la pondrían gravemente en peligro. Con ello se atentaría contra una de las libertades fundamentales de la persona y de la sociedad.

6. La definición de la enseñanza pública como una enseñanza laica puede conducir de hecho a no respetar de modo adecuado los derechos que asisten a los ciudadanos, no sólo a tener creencias y convicciones, sino a la práctica de la religión de forma pública tanto como privada. La educación escolar en este sentido podría convertirse en un instrumento contra la libertad de pensamiento y de expresión, y en definitiva contra la libertad religiosa, al sofocar la vivencia y la expresión religiosa de los escolares, de la cual son exclusivamente responsables los padres.

7. Por otra parte, aun reconociendo la importante ayuda de la Administración pública a la conservación del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia, nos preocupa que en el nuevo Estatuto no se respete adecuadamente la libertad de la Iglesia para gestionar ese patrimonio, de específica finalidad religiosa y social, que, aun con limitaciones, la Iglesia ha conservado y transmitido durante generaciones.

8. Finalmente, sin dar lugar a una lectura política partidista, no queremos dejar de manifestar que la redacción del Preámbulo del Estatuto reformado suscita en nosotros honda preocupación. La definición de Andalucía como realidad nacional relativiza un bien moral indudable como es la unidad históricamente lograda de España como nación durante siglos. Esta unidad, reconocida por la Constitución de 1978, ha entrelazado en forma tal los bienes materiales y espirituales de todos los españoles y su recíproca dependencia, que su debilitamiento o quiebra pudiera conducir a un daño de consecuencias imprevisibles irresponsablemente infligido al bien común, al cual debe supeditarse cualquier ordenamiento jurídico.

9. Por todo esto, aun reconociendo cuanto de bueno pueda suponer la reforma del Estatuto en orden a acrecentar la participación ciudadana en la vida pública, hacemos un llamamiento a todos los católicos andaluces recordándoles la obligación moral que tienen de dar testimonio de su fe, oponiéndose a cualquier intento de legislación contrario a los derechos fundamentales de la persona y de los grupos sociales tal como son declarados y defendidos por la doctrina social de la Iglesia.

10. Cada uno desde la vocación a la que ha sido llamado y todos, como Iglesia,  y al mismo tiempo como miembros de la sociedad civil de Andalucía y de España, hemos de sentirnos legitimados para intervenir en el debate social. Todos hemos de reflexionar con libertad a la luz del Evangelio, sirviéndonos para ello de los cauces legítimos previstos en el ordenamiento jurídico, a fin de lograr que la norma que ha de regir la sociedad andaluza responda sin imposiciones al sentir de los ciudadanos.

11. Los Obispos de las Diócesis de Andalucía esperamos que la reforma del Estatuto sirva para que en nuestra Comunidad Autónoma se tutele adecuadamente la dignidad de cada persona, se garantice efectivamente la libertad de los diferentes grupos sociales y se creen los instrumentos adecuados para resolver las necesidades reales de nuestro pueblo y de cuantos llegan hasta nosotros buscando un tenor de vida más acorde con su propia dignidad.

Córdoba, a 18 de mayo de 2006 -

Reacciones:

- Sobre el Documento de los Obispos Andaluces en relación con el Estatuto andaluz, Comunidades Cristianas Populares de Andalucía

- Sobre la Declaración de los Obispos andaluces en relación con el Estatuto de autonomia andaluz, Juan Cejudos, Miembro de MOCEOP y de Comunidades Cristianas Populares de Andalucía

- Andalucía, entre la fe y los obispos,  Fernando Egea Fernández-Montesinos (Partido Andalucista - Granada)

 

Para ampliar: La ideología de la jerarquia de la Iglesia Católica sobre Andalucía

Ver: Capitulo III: Celebrar el jubileo en Andalucía, en "Os anunciamos la vida eterna....", Carta Pastoral Colectiva de los Obispos del Sur de España con motivo del Jubileo del año 2000 y el Tercer Milenio Cristiano 

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