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| Asunto: | [AndaluciaLibre] nº 313 - Desarrollo y Estatuto - Deuda Historica | | Fecha: | Sabado, 3 de Febrero, 2007 13:22:23 (+0100) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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Porque el
Estatuto reformado es neoliberal y españolista.
Por Andalucía, Contra
España - El 18 de Febrero, VOTA NO al
Estatuto de la Dependencia
nº 313
En este Correo:
*Opinión, Reflexiones sobre desarrollo
económico y empleo en los Estatutos
para Andalucía, Óscar
García
Jurado
*Selección
de Palmeros del 'SI'...: UPA, Verdes, CCOO
*Instituciones de
Melilla agradecen que nuevo Estatuto andaluz refuerce su estatus
colonial
*Análisis General
del Proceso de Reforma Estatutaria, Andalucia Libre
*Deuda Histórica - Tribunal Constitucional tumba
recurso andaluz contra impago Deuda Histórica, Javier
Chaparro
*El PA afirma que el TC
elimina el derecho de Andalucía a cobrar la «deuda histórica»
*La deuda histórica baja del cielo, Isabel
Pedrote
*Caso Deuda
Histórica, un ejemplo del sometimiento andaluz, Andalucía Libre
*Sobre Deuda Historica y Financiación
Autónomica * Sugerencias: Historia de la emigración andaluza en Cataluña,
Francisco Garcia Duarte*Solidaridad con Palestina y la Nación Árabe
*Directorio de Andalucía en Internet
En el Referendum del 18 de Febrero
Por Andalucía,
Contra España:
VOTA
NO AL
ESTATUTO DE LA
DEPENDENCIA
 OpiniónReflexiones sobre el desarrollo económico y el empleo
en
los Estatutos de Autonomía para Andalucía
Óscar García
Jurado
Las "tres
décadas gloriosas" del capitalismo y su plasmación en el Estatuto de
1981
Tras la segunda guerra mundial, el
modelo de capitalismo occidental tenía como lógica predominante el pensamiento
económico keynesiano. El keynesianismo se consagraba como
filosofía social de la intervención del Estado en la economía. Una
intervención basada, entre otros elementos, en la regulación de los usos
mercantiles del trabajo y la generación propia de empleo a través de un
potente sector público que controlaba los sectores económicos denominados
"estratégicos" (defensa, energía, transportes, etc.). El desempleo
era considerado un problema colectivo y, como tal, el Estado era en gran
medida considerado responsable de su existencia.
En esa
apoca, altos niveles de empleo significaban altos niveles de crecimiento y
generación de riqueza. El empleo era considerado un factor de desarrollo
económico y no se encontraba al final del proceso de crecimiento, como
presuponía la Teoría del Equilibrio General neoclásica, sino al
principio.
Por
otro lado, se asienta una norma de empleo caracterizaba por unos salarios
dignos, gran estabilidad y derechos sociales asociados a la actividad laboral.
El derecho laboral asume como principio la defensa de la parte más vulnerable
en la relación empleador/empleado. Todas estas circunstancias hacen que, por
primera vez en la historia del capitalismo, tener un trabajo era sinónimo de
no ser pobre. Atrás quedaron las épocas del miserabilismo del siglo XIX, donde
los obreros eran utilizados como meras mercancías en los campos y
fábricas.
En
conjunto, se asiste a un pacto entre el capital y el trabajo que genera
grandes tasas de crecimiento (aumento beneficios y riqueza) y una aceptable
redistribución de la riqueza social creada. El Estado intervencionista era un
elemento funcional para la acumulación mercantil y el crecimiento económico, a
la vez que aseguraba una cierta redistribución de la riqueza.
Aunque
allá por 1981, el keynesianismo había caído en desgracia, los
objetivos y principios económicos en los que se basaba el primer Estatuto de
Autonomía de Andalucía estaban muy impregnados de este pensamiento y teorías.
En este sentido, los objetivos económicos básicos se podían resumir en la
consecución del pleno empleo y la puesta en práctica de unas reformas
económicas sectoriales (agraria e industrial) que permitiera el equilibrio
territorial interno (entre los distintos ámbitos territoriales andaluces) y
externo (con el resto del Estado). Desde lo público había que intervenir en el
desarrollo armónico de Andalucía y en la consecución del pleno empleo como
garantía de una mejor redistribución de la riqueza generada.
Las
reformas económicas sectoriales se basaban, en primer lugar, en la necesidad
de propiciar "el desarrollo industrial como fundamento del crecimiento
armónico de Andalucía". El logro de este objetivo ha quedado muy lejos.
Si la participación de la producción industrial andaluza en la española era el
10% a finales de la década de los setenta del siglo XX, a
principios del siglo XXI la industria localizada en Andalucía supone entre un
8 y un 9% de la española.
Por
otro lado, "la Reforma Agraria" debería haber sido
un instrumento de crecimiento y pleno empleo, así como de corrección de los
desequilibrios territoriales. Sin embargo, la Reforma Agraria realizada ha
provocado que la transformación de la agricultura andaluza haya dado lugar al
incremento de la desigual distribución de la riqueza -tanto personal como
territorial- generada por la actividad agraria. La secular fuerte
concentración de la producción agraria en un número restringido de
propietarios se ha acrecentado en las últimas décadas. Se pueden dar varias
cifras que demuestran la anterior afirmación, entre las cuales resaltamos la
siguiente: mientras en 1982 el número de explotaciones de más
de 1.000 hectáreas era de 852, en 1999 el número había
ascendido a 952; y esas explotaciones absorben el
32% de la superficie agraria andaluza, superando el casi 30%
que suponían en 1982. Por otro lado, la política agraria comunitaria ha sido
un instrumento muy útil para acrecentar la concentración de la riqueza. En
este sentido, seis familias andaluzas o con propiedades en Andalucía reciben
en 2005 una cantidad cercana a los 12 millones de euros. En el otro extremo de
la escala se encuentran las más de 10 mil pequeñas explotaciones que perciben
la misma cantidad que la otorgada a los anteriores terratenientes. La
situación de desequilibrio en el reparto de las ayudas queda también reflejada
por la siguiente cifra: menos de 3.000 de los 318.000 agricultores que
tuvieron derecho a ayudas agrícolas de la UE en 2005 se llevaron una quinta
parte de todo el presupuesto.
El
Estatuto de Autonomía de Carmona se planteaba también el logro de "la
superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las
distintas áreas de Andalucía, fomentando su recíproca solidaridad". Sin
embargo, la agricultura andaluza ha sido uno de los principales mecanismos
generadores de desequilibrios territoriales. En poco más del 3% de la
superficie agraria útil se localiza casi la mitad de la producción final
agraria. Y todo ello bajo un modelo de "fabricación" de productos
hortofrutícolas hiperintensivos en el uso de energía, capital y trabajo,
organizado en función de intereses que, desde lo global, gobiernan la dinámica
de los sistemas productivos locales. Además de la agricultura, sectores como
el turismo o la construcción han ayudado a
la profundización de las desigualdades territoriales en el interior de
Andalucía. Los resultados del Censo de 2001 muestran como, por un lado, avanza
la concentración de la población en algo menos de la quinta parte del
territorio andaluz, básicamente la franja litoral y las capitales de
provincia, donde se localiza ya más de la tercera parte de los habitantes de
Andalucía. Mientras, por otro lado, más de la mitad del territorio andaluz
continúa perdiendo población en los últimos veinte años. Los 418 municipios
que, a pesar de su ya dilatada trayectoria como áreas de expulsión de
población, continúan despoblándose, pasan de albergar un 27,2% de la población
andaluza en 1981 al 20,5% en 2001. Todos estos fríos números
representan el declive del medio rural, la imposibilidad de gran número de
andaluzas y andaluces de vivir donde quieren, de vivir en su patria (en el
lugar de sus padres).
El
Estatuto de 1981 también enfatizaba en la necesidad de una mayor igualdad en
las relaciones entre Andalucía y el resto de los pueblos del Estado,
reivindicando "la constante promoción de una política de superación de los
desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en
efectivo cumplimiento del principio constitucional de solidaridad". En
este sentido, la adversa situación de la economía andaluza se venía asociando
a dos cuestiones.
Una
primera, su capacidad para generar rentas era muy escasa, como ponía de
relieve la persistencia de una débil participación en la economía española -en
torno a un 13% del valor de la producción con un 18% de la población-. Las
cifras a principios del siglo XXI son las mismas. También aquí seguimos donde
estábamos.
La
segunda cuestión se asociaba a las razones de esta escasa capacidad de la
economía andaluza para generar valores monetarios. Estos motivos había que
relacionarlos la división territorial del trabajo consolidada
dentro del Estado español. Así, en este "campo de juego", a Andalucía
le correspondía un papel de rango inferior, subordinado y dependiente.
Veinticinco años después, todos los datos coinciden de manera contundente en
subrayar que Andalucía ha profundizado su dedicación a las tareas de menor
rango. Se acentúa su perfil de economía extractiva, con una especialización
que se estrecha en torno a la agricultura: abastecedores de hortofrutícolas a
los mercados europeos.
Pero el
principal objetivo económico del Estatuto de Carmona
era la consecución del pleno empleo. Aparece como "la
consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la
especial garantía de puestos de trabajos para las jóvenes generaciones de
andaluces". Sin embargo, Andalucía ha aparecido en todas las ocasiones
entre las regiones españolas y europeas con tasas de paro más altas. Además,
la disminución de los registros de paro de los últimos años se debe al cambio
de "norma de empleo" existente. Hace veinte años, a nadie se le
hubiera ocurrido llamar empleo a la actividad de reponer durante dos horas
diarias las estanterías de un superpermercado. Hoy sí, y la persona que lo
desempeña deja de ser un parado. De este modo, la nueva norma de empleo
precaria mejora las tasas de desempleo y, mediante estos cambios, el pleno
empleo se convierte en un objetivo alcanzable. No obstante, ese tipo de pleno
empleo precario no significará que el ciudadano deje de ser pobre, pueda
acceder a una vivienda o tenga que abandonar su pueblo. Nada importante para
aquellos que se dedican cada cierto tiempo a comentar las cifras estadísticas
elaboradas por ellos mismos, o sus técnicos a sueldo.
El
aumento de la precariedad laboral provoca que la disminución
de las tasas de paro no sirvan para erradicar dos problemas invisibilizados en
nuestra sociedad: la emigración andaluza en el exterior y la
gran cantidad de andaluces que se encuentran en estado de
pobreza. Hoy día, según los datos del Padrón de 2004 y del
Censo de residentes en el extranjero, Andalucía tiene ocho millones y medio de
habitantes, de los que aproximadamente un 20% del total viven
fuera de Andalucía. A esos datos hay que añadir la emigración temporal:
jornaleros y trabajadores del sector turístico, especialmente. Por tanto, no
sólo es un problema la inmigración -en caso de que lo sea-, sino que la
emigración forzosa, la inexistencia del derecho a vivir donde se desee es una
realidad acuciante para muchos andaluces.
Por
otro lado, en la Unión Europea son considerados pobres todas
aquellas familias y personas que se sitúan económicamente por debajo del
umbral del 50% de la renta media disponible neta (RDN) en el conjunto de un
Estado. En España esta situación afecta a más de 8.000.000 de personas, el 22%
de la población. Según un informe Instituto de Estudios Sociales de Andalucía
sobre la pobreza y exclusión social, en Andalucía hay un 26,3% de
hogares con rentas inferiores al 50% de la renta media (menos de
480,16 euros/mes) y un 2,6% con rentas inferiores al 25% (menos de 240,22
euros/mes).
El capitalismo a
principios del siglo XX: "pasa la gloria y llega la soberbia"
Con la
crisis de los setenta, el keynesianismo pasa a formar parte del desván de
pensamientos arcaicos. Poco a poco, proponer alguna medida en ese sentido pasa
a resultar casi subversiva, propia de pensadores o políticos anquilosados, o,
peor aún, rojos retrógrados que quieren imponer un régimen opuesto a la
"modernización" y el "progreso".
La
caída de los beneficios empresariales provoca que los empleadores y
propietarios rompan el pacto existente tras la segunda guerra mundial. Los
consensos pasan a realizarse desde la soberbia de unos y el servilismo y la
inferioridad de otros. La fuerza de negociación se desequilibra de tal modo
que el avance de la precariedad social y laboral no provoca apenas luchas sino
todo lo contrario. Poco a poco, las alianzas trabajador-empresario son más
frecuentes que las alianzas entre los propios trabajadores. Las clases
populares entienden más razonable apoyarse en los empresarios que en sus
propios compañeros, cada vez más desiguales como consecuencia de los procesos
de descentralización y segmentación laboral.
El
pensamiento económico que sustenta estos nuevos cambios se basan en la idea
esencial de que para crear empleo debe haber inversión privada y crecimiento
económico. Por tanto, para crear empleo es necesario mejorar las condiciones
de negocio de los empresarios. El pleno empleo ya no es condición de
crecimiento económico sino que, por contra, depende de éste último; se le da
la vuelta al razonamiento keynesiano. En definitiva, la creación de empleo se
hace dependiente de la salud de los negocios privados o rentabilidad
empresarial por lo que se acaba por asumir aquello que "más vale
un empleo malo que ninguno".
El
Estado deja paso al mercado y son las empresas las encargadas de proporcionar
empleo. Se producen los procesos de liberalización, privatización y
desregulación o neo-regulación, sobre todo del mercado de trabajo. Esto último
provoca el surgimiento de la norma de empleo precaria. Del derecho público al
trabajo se pasa a la empleabilidad; de la responsabilidad pública o colectiva
del problema social del paro, se pasa a la responsabilidad individual de la
persona que no tiene suficiente nivel de formación o motivación.
La
palabra mágica es la competitividad. En este marco,
el pleno empleo -de calidad- no es funcional para la competitividad, para el
crecimiento económico, pues refuerza la capacidad de negociación del trabajo,
lo cual significa subidas de los salarios y los precios. Por lo tanto, todos
deben aportar su granito de arena en el "objetivo común" de ser
competitivos y asumir menores salarios, mayor inestabilidad, más
intensificación en las tareas realizadas y menores derechos sociales. En
definitiva, todos deben entender que un empleo precario es mejor que las altas
tasas de desempleo. El modelo social europeo es historia. Los europeos se
vuelven andaluces; los obreros industriales se parecen cada vez más a los
jornaleros agrícolas. Las ETT's realizan las funciones de los capataces de los
cortijos; sus oficinas son las plazas de los pueblos del siglo XXI donde se va
a mendigar trabajo.
Los
resultados son bien visibles. En la actualidad, el empresario (también
denominado emprendedor o autoempleado) es el héroe social.
Además, toda actuación realizada para mejorar las condiciones de negocio de
estos héroes son indiscutibles. Cualquier concejal de desarrollo, sea del
partido político que sea, no duda en ayudar a las personas que "quieran
invertir en el pueblo". Para ello, no se duda en realizar acciones u omisiones
como, por ejemplo, realizar recalificaciones urbanísticas o mirar para otro
lado cuando se dan condiciones ilegales de empleo o ilegalidades en la
aplicación de la regulación medioambiental. Cualquier alcalde o concejal debe
ser "responsable" y saber que si los empresarios tienen que cumplir
la ley, éstos se pueden ver obligados a dejar a muchas "criaturas" en paro. La
competitividad no permite en muchas ocasiones ser legales. Y además,
"todos sabemos que la ley es demasiado estricta".
En esta
dinámica aparece la filosofía del “liberalismo
social” y su “tercera vía”. Toni Blair lo deja
claro: "trabajo para el que puede, seguridad para el que no puede".
Bueno, lo dice en inglés, que para los "responsables" económicos y sociales
españoles queda como más serio o científico. Pedro Solbes,
Rodrigo Rato, Magdalena Álvarez o
Juan Antonio Griñán, por decir algunos responsables de la
política económica que se ha desarrollado en el Estado o en la Comunidad
autónoma andaluza en los últimos años, se guían a grandes rasgos por esta
nueva doctrina.
Para el
liberalismo social, las políticas laborales se fundamentan grandes rasgos en
el concepto de empleabilidad. Se tratan de políticas laborales de corte
competitivo personal guiadas por el nuevo compromiso de “preparar” a
las personas en su máxima adaptabilidad a las exigencias del mercado de
trabajo o “empleabilidad”. Se exigen unas acciones estatales de gran
rectitud financiera, escasos subsidios sociales, obligatoriedad de la búsqueda
de empleo, incentivación del autoempleo o cualquier otra forma de
“desafiliación” de la relación laboral estable.
Por
otro lado, la políticas sociales tienen como eje central el
asistencialismo ("seguridad para el que no puede").
La políticas redistributivas dejan de tener protagonismo y se asiste a
políticas sociales mínimas, localizadas y destinadas a grupos marginales. Los
salarios sociales, ayudas no contributivas, las rentas mínimas de inserción o
la ley de la Dependencia son ejemplos de unos instrumentos que tienen como
principales objetivos el aumento de la oferta de mano de obra y la contención
de los segmentos de población más marginada e imposibilitada para ser
utilizada como tal.
Por
último, decir que las políticas de desarrollo se basan en el nuevo enfoque del
desarrollo económico local. La base es subvencionar al nuevo héroe social: el
emprendedor. Se ayuda al ciudadano que es empresario, mientras que el que no
lo es pasa a ser considerado, con cada vez mayor frecuencia, "un sujeto
pasivo que no quiere trabajar y no tiene ni aspiraciones ni ideales". El
Estado de Bienestar se reconvierte en un estado promotor o empresarializador
cuya misión es propiciar las condiciones para que los emprendedores puedan
obtener beneficios y, por ende, crear empleo y riqueza (individual y
privada).
El
liberalismo social, por tanto, no es más que agudizar los cambios que se
iniciaron en todos los países occidentales a principios de los ochenta. Todo
ello endulzado por los "buenos talantes" y "posturas
progres" que basan la idea de ser de izquierda en todo aquello que no
afecte a las cuestiones económicas. Las políticas económicas, las cuestiones
de clase o los factores económicos de la desigualdad social son ensombrecidas
y ocultadas con supuestas leyes que amplían derechos cívicos pero que, en
ningún momento, contribuyen a mejorar la distribución de la riqueza generada
por todos.
El liberalismo
social y su plasmación en el nuevo Estatuto
En este
sentido, el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía es una norma que
subordina al crecimiento económico o aumento de los beneficios el
mantenimiento y enriquecimiento de la vida de los andaluces. Por tanto, es una
norma imbuida de todos los elementos analizados previamente.
Respecto a
la "Hacienda de la Comunidad Autónoma" en el nuevo Estatuto,
hay que comenzar diciendo que la administración andaluza no se dota de una
suficiencia financiera que le permita una intervención en la
economía alejada de los principios del liberalismo social. No se busca y, por
tanto, no se va a lograr el control de la gestión de los recursos de los
andaluces por los andaluces.
A
grandes rasgos, la financiación va a depender de los
Presupuestos Generales del Estado español que, anualidad a anualidad, serán
los que concreten lo propuesto en el Estatuto y validado por la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas. En ultima instancia, todo
seguirá dependiendo –como hasta ahora- de qué configuración y necesidades
políticas tenga la mayoría parlamentaria del momento en el Parlamento
estatal.
Por
último, respecto a temas de hacienda, hay que decir que la Deuda
Histórica tal como se entendió en el Estatuto de Carmona pasa a la
historia. En aquel tiempo, la deuda histórica hacía referencia a las
asignaciones complementarias que tenía que recibir del Estado central
Andalucía mientras sus niveles de renta, infraestructuras y desarrollo no
fueran los mismos que los del resto de territorios y naciones del Estado. Sin
embargo, lo pactado es un pago único no cuantificado y, además, definitivo.
Respecto a
la intervención sectorial de la Administración Pública en el nuevo Estatuto,
reflejar que desaparece el objetivo de una Andalucía industrialmente
desarrollada. Por otro lado, respecto a la reforma agraria, el art.
10, en su apartado 13, aclara que la "reforma agraria"
deseable para Andalucía se inserta en el marco de la política agraria
comunitaria. Así pues, no queda más que esperar una mayor concentración de la
propiedad de la tierra, el agua, la semilla, así como de la comercialización
de los productos agrarios. Más de lo mismo, concentración de la riqueza en
pocas manos con problemas para la subsistencia del medio rural andaluz.
En
relación al sector público, sin fuerza fiscal y con las
competencias que asume, no le queda más que realizar labores de fomento, en el
sentido que se entiende en el Art. 45, que no es más que la forma de actuación
subsidiaria de la empresa privada y bajo el predominio absoluto del libre
mercado. Respecto a transportes y comunicaciones, energía y minas, sistema
financiero o urbanismo y vivienda, la característica es la no autonomía o
dependencia de las políticas de Madrid. Por tanto, hablar de Estatuto de
Autonomía en estos ámbitos es lo mismo que llamar flexibilidad a la
precariedad. El derecho a la vivienda, Art. 25, se convierte en el derecho a
entrar en lista para que te toque una Vivienda de Protección Oficial. El suelo
es una mercancía, no un derecho. Por tanto, el suelo seguirá siendo
considerado factor productivo propicio para generar beneficios, crecimiento y,
por tanto, empleo. Y, en este sentido, las estrategias razonables de los
albañiles continuarán dirigidas a proteger los intereses de los constructores
y a impulsar todo tipo de explotaciones de canteras. El medio ambiente se
supedita a la necesidad de una renta, ésta a un empleo, y éste a la existencia
de condiciones de inversión y beneficio empresarial.
Por
tanto, el empleo y los derechos sociales
están supeditados al principio "fuerte" del Estatuto, establecido en su
Art. 157.1: "la libertad de empresa y la economía social
de mercado". Se afirma la supremacía sobre el propio Estatuto, no
sólo de la Constitución española, sino también de los Tratados y Convenios
internacionales ratificados por el Estado español (Art. 9 y
Art. 13) lo que, como mínimo, incluyen el Acta Única y los
Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza con los que se ha ido
afianzando la Europa neoliberal y en relación a los cuales Andalucía se
compromete a aplicar y ejecutar sus desarrollos (Art.
218).
Por
otro lado, en el mismo artículo 157.2 se hace referencia
"al pleno empleo y la calidad en el trabajo". En este punto hay que
ser serios y rotundos: ¿ante qué tribunal de Justicia podremos dirigirnos en
caso de no tener un empleo de calidad?, ¿ante el mismo que se dirigen los
empresarios cuándo ven peligrar su propiedad privada y derechos a la libertad
de empresa?. Sería conveniente que la Guardia Civil y los Antidisturbios nos
ayudaran y protegieran nuestros derechos, tal y como hacen cuando en una
huelga los patronos exigen poder ejercer su derecho a la "libertad de
empresa".
En un
contexto en el que el empleo depende de los beneficios empresariales, el
derecho al trabajo, Art. 26, no es más que el derecho a apuntarte al Servicio
Andaluz de Empleo. Y la referencia a la calidad del empleo no es más que
"literatura" útil para la propaganda oficial. Cuestiones, además, exigidas e
introducidas precisamente por sectores sociales que, mediante su participación
en las reformas laborales de las últimas décadas, han contribuido de forma
activa a la precarización del empleo. Es contradictorio hacer referencia a la
calidad del empleo en un marco en el que el trabajador es considerado un
simple factor productivo o input empresarial y que, como cualquier otra
materia prima, cuanto más barato y flexible sea más contribuirá a la
competitividad y crecimiento de la economía.
La
misma filosofía siguen las políticas de empleo (art. 169). Múltiples
referencias indican la introducción en la norma básica de Andalucía de las
nuevas ideas de empleabilidad y desarrollo local. La promoción de la
"capacidad emprendedora", "las iniciativas empresariales",
"los emprendedores autónomos" forman parte de las denominadas
políticas activas de empleo, intermediación, orientación y el fomento del
autoempleo. Desde el poder se piensa que la gente respecto al empleo no está
formada, no está orientada, o es demasiado pasiva. El parado
es el culpable de su situación y desde la Administración
pública se debe orientar ("Andalucía Orienta"),
formar, estimular los emprendimientos y, de este modo, promover el abandono de
actitudes propias de "parásitos sociales apegados a los subsidios".
En realidad, con estos principios no se establece otra cuestión que la
inserción obligatoria en el mercado de trabajo basura como condición para
poder aspirar a una ciudadanía y protección social basura.
La
expresión "Renta Básica" es utilizada en cierta
medida para maquillar esta realidad . Y lo decimos así porque, en realidad, en
el texto no se habla de la Renta Básica en sentido estricto, sino que se hace
referencia a los actuales salarios sociales o rentas mínimas de inserción. No
se reconoce el derecho a una Renta Básica universal, a una prestación por la
que todas las personas que vivan en Andalucía, por el simple hecho de hacerlo,
tengan asegurada una ayuda económica suficiente para vivir dignamente. Sin
capacidad fiscal y apenas autonomía de gasto, hablar de la instauración de una
Renta Básica de ciudadanía es una tomadura de pelo que los andaluces no nos
merecemos. Y esto se hace a sabiendas pues es clara la diferencia entre la
Renta Básica que propuso Izquierda Unida en el Parlamento español y lo
especificado en el artículo 23.2 del Estatuto. Así, en el texto de la
Proposición de Ley sobre Renta Básica del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde (15 abril 2005) se decía lo siguiente: "La presente Ley de creación
de la Renta Básica tiene por objeto el establecimiento de una prestación
económica, una Renta Básica de Ciudadanía, universal e incondicionada, que se
hará efectiva a cada ciudadano de pleno derecho que pueda acreditar su
residencia en el territorio del Estado, incluso en el caso que no quiera
trabajar remuneradamente e independientemente de otras posibles fuentes de
renta que pueda poseer, y sin importar con quien conviva". En el nuevo
Estatuto andaluz, por contra, se dice lo siguiente: "Todos tienen derecho
a un RB que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de
necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto a la ley".
Queda claro cuando se dice "en caso de necesidad", que no se trata de
una Renta Básica fuerte o en sentido estricto, precisamente tal y como
proponía IU en las Cortes generales. La Renta Básica no presupone necesidad
alguna sino que por el mero hecho de ser ciudadano, tienes derecho a ella.
Los
derechos sociales, entendidos como prestaciones a las que se
obliga la Junta de Andalucía no aparecen por ningún lado. No se va a poder
exigir ante los tribunales ni ante ninguna institución el derecho a una renta
básica, ni a una vivienda digna adecuada, ni a un trabajo, ni a un río limpio
o una sierra sin canteras, etc. La gran mayoría de los derechos contemplados
son meras normas programáticas y propagandísticas sin efectividad. Los
antidisturbios seguirán protegiendo la propiedad privada, pero no el derecho a
vivir dignamente de todas las personas que vivimos en Andalucía.
En
definitiva...
Este
Estatuto, en lo económico, no tiene como objetivo la satisfacción de las
necesidades de la gente, sino que atiende otro tipo de finalidades, la
principal es ofrecer un contexto legal adecuado para la acumulación de
beneficios empresariales. En todo lo referente a desarrollo económico y empleo
está fuertemente impregnado del actual liberalismo social predominante. El
parado o precarios se convierte en el culpable de su situación por no estar lo
suficientemente preparado, por no insertarse, orientarse o adaptarse de forma
adecuada al mercado de trabajo. Y el pueblo, ciudad o territorio que no se
desarrolla es porque no es lo suficientemente competitivo, porque no explota
adecuadamente sus oportunidades, sus recursos endógenos. En definitiva,
personas y territorios son los culpables de su situación económica.
Algunos
dirán que sin empresas ("libertad de empresa") no se puede mantener y
enriquecer la vida de los andaluces. Otros ni siquiera piensan en la
satisfacción de las necesidades de la gente, sino las infinitas necesidades de
ellos mismos. Y otros, dentro de los que se encuentran la gran mayoría de
andaluces, oirán los medios de comunicación (con sus "neutrales" y
"pedagógicas" campañas, programas y noticias), su líder político favorito y/o
su amigo o familiar que "entiende" de política y, función de todo esto, se
decantará (normalmente por el sí, claro).
Con
este modo de tomar decisiones, la democracia avanza en Andalucía. Con
emprendedores, nuestra tierra podrá alcanzar la modernización y el progreso
será nuestro sino. Un progreso empobrecedor, promotor de emprendedores
emigrantes que montan su negocio en Palma de Mallorca; una democracia donde el
poder no está en el pueblo; y una modernización que significa desigualdad e
injusticia, pobreza y emigración para demasiadas personas que han nacido en
esta tierra.
En el
fondo, estamos ante un modelo de desarrollo que culpabiliza a la víctima, sea
individuo (empleabilidad) o territorio (desarrollo local). Como dice el
maestro Galeano: “Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era
fruto de injusticia (...) Ahora la pobreza es el justo castigo que la
ineficiencia merece.”
Los
argumentos de algunos palmeros del
'Sí'...
UPA Andalucía pide el "sí" para el referendum del estatuto
andaluz
Desde la
organización agraria se defiende el "sí" al considerar que así Andalucía tendrá
más competencias en materias como agricultura, ganadería, agua, desarrollo
rural, inmigración, medio ambiente o fomento de la economía social, entre otros.
El Secretario de
la Unión de Pequeños Agricultores, Agustín Rodríguez, que ha
calificado el texto como progresista, ya que recoge nuevas competencias
para Andalucía, algunas históricamente reivindicadas desde su organización
agraria, como la posibilidad de modular los fondos europeos desde Andalucía, es
decir, un reparto más justo y equitativo de las ayudas a la agricultura para
primar el interés general. Algo vital, la modulación de los fondos europeos
desde Andalucía, ya que el nuevo marco financiero de apoyo comunitario sufrirá
recortes en el sector.
Rodríguez, destaca entre este estatuto y el
anterior el fondo que tienen, señala que mientras "hace 25 años se hablaba
de la necesidad de afrontar la Reforma Agraria, algo que ha quedado para la
Historia, el nuevo Estatuto se refiere a asuntos absolutamente actuales, como la
potenciación de la investigación y el desarrollo, la biotecnología, el impulso
de la agricultura ecológica o el fomento del sector agroalimentario para que
éste siga siendo motor de desarrollo del medio rural".
El secretario
de UPA también destaca las competencias en materia de agua, donde Andalucía
tendrá una participación en la gestión de los recursos hidrícos del
Guadalquivir. Además, también ha señalado que el control regulador de
contratación de extranjeros para trabajar en campañas es un paso adelante para
realizar de forma más agil el proceso.
Los Verdes pedirá un sí
"rotundo y entusiasta" al Estatuto
Garrido pide "máxima
participación" frente a la "pretensión de la derecha de deslegitimar" el
Estatuto tras tener que "tragar con él"
SEVILLA,
23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Verdes, socio del PSOE a nivel estatal
autonómico, presentó hoy en Sevilla su campaña para el referéndum sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía del próximo 18 de febrero, en la que pedirá un
sí "rotundo y entusiasta" al texto con el lema 'Di sí a la Andalucía
verde', inspirado en el verso 'Verde que te quiero verde'
del Romancero Gitano de Federico García Lorca. La
campaña de Los Verdes, que incorporará publicidad estática, edición de carteles
y pegatinas y difusión de trípticos y mailing con los contenidos básicos del
futuro texto, incluirá la celebración de actos públicos en todas las capitales
de provincia y reuniones con asociaciones y colectivos ciudadanos que puedan
actuar como "líderes de opinión".
Según informó a Europa Press el
portavoz de Los Verdes de Andalucía y diputado adscrito al Grupo Socialista en
el Congreso, Francisco Garrido, la campaña se centra en poner
en valor los contenidos del futuro Estatuto porque se mostró convencido de que
"el texto se defiende muy bien si se conoce, el único problema que puede tener
es que no sea suficientemente conocido". En este sentido, Garrido reclamó
un sí "rotundo y entusiasta" al que definió como "el mejor Estatuto desde el
punto medioambiental de todos los aprobados en España", ya que puso de
manifiesto que el Estatut catalán ya vigente "se acerca algo, pero queda aún muy
lejos de las conquistas alcanzadas en Andalucía". En su opinión, el objetivo en
el 18-F debe ser "alcanzar el máximo número de votos posibles luchando contra la
idea de que el referéndum está ganado", ya que advirtió de que "la derecha
ha tenido que tragar con el Estatuto y pedir el sí, pero ahora quiere los menos
votos posibles para deslegitimar a la Junta y las exigencias incluidas en el
texto".
Así, el líder andaluz de Los Verdes resaltó que el
Estatuto actual sólo cuenta con "artículo y medio" dedicados al medio ambiente,
mientras que ahora incorpora un título específico y hasta 21 artículos
están afectados por principios ambientales, que aparecen convertidos en "un
derecho y un deber exigible ante los tribunales y la administración".
Otros valores ambientales que Los Verdes resalta del futuro Estatuto andaluz son
la inclusión del desarrollo sostenible como primer criterio rector de la
política económica, la "consagración estatutaria" de la fiscalidad ecológica o
la apuesta por el fomento de la agricultura ecológica y las energías renovables.
Por último, Francisco Garrido también puso en valor el hecho de que el futuro
Estatuto andaluz "exige la aprobación de una nueva Ley de Derechos de los
Animales", al tiempo que establece como principio rector el "uso sostenible y
eficiente de los recursos hídricos".
Más de 200 dirigentes de CCOO
participan en la Jornada Sindical sobre el nuevo Estatuto
CCOO pide el “sí” porque el Estatuto supone “más
derechos y progreso”
El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y el
presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, han hecho un llamamiento a
la participación de todos los andaluces y andaluzas en el referéndum de
ratificación del Estatuto de Autonomía del próximo 18 de febrero. Ambos han
pedido el voto afirmativo porque consideran el Estatuto como “progresista” y de
“marcado carácter social”, resaltando la importancia del reconocimiento de los
principios de cohesión, solidaridad e igualdad entre los ciudadanos y los
territorios.
15/01/07 CCOO-A
Por Andalucía, otra vez sí. La
central sindical ha puesto en marcha distintas acciones que dan respuesta a su
compromiso de difusión e información de los trabajadores y trabajadoras
andaluces sobre los contenidos del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía con
el objetivo de fomentar su participación en el referéndum del próximo 18 de
febrero. CCOO de Andalucía apuesta por el “sí” en el referéndum al mostrarse
convencida de que es un Estatuto “progresista”, con el que los trabajadores y
trabajadoras andaluces consiguen “más derechos”.
El primer acto
organizado por CCOO de Andalucía fue la Jornada ‘Una visión sindical del
Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía’, que se
celebró en Sevilla con la asistencia de más de 200 delegados y delegadas
sindicales de esta organización. Tras esta Jornada, CCOO iniciará una campaña de
difusión en todas las provincias andaluzas del nuevo Estatuto entre los propios
sindicalistas y trabajadores para movilizarlos ante el referéndum de
ratificación del texto del próximo 18 de febrero. El sindicato ha participado de
manera activa en todo el proceso de reforma estatutaria, exponiendo en sede
parlamentaria sus opiniones y propuestas para el nuevo Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Igualmente, al inicio del proceso de reforma CCOO, junto con UGT y la
Patronal CEA, plasmaron en una declaración conjunta sus propuestas en
materia sociolaboral.
En la inauguración de esta Jornada
Sindical, Francisco Carbonero ha renovado el compromiso de CCOO
“con el avance en la autonomía y el autogobierno en Andalucía” a través
del llamamiento que ha realizado a todos los trabajadores y trabajadoras
andaluces para que participen en el referéndum del próximo 18 de febrero y
ratifiquen el nuevo Estatuto. El líder sindical se ha mostrado convencido de que
esta participación supone “defender nuestros propios intereses, apostando
por una Andalucía mejor, más justa y con mejores condiciones de vida para los
andaluces de hoy y del futuro”.
Carbonero también ha afirmado que
el nuevo Estatuto va a ser un instrumento “muy positivo” para el
conjunto de la sociedad andaluza y, en especial, para los trabajadores. Ha
resaltado su valor como motor de “desarrollo equilibrado”, que “supere los
desequilibrios y desigualdades que aún existen, y reparta la riqueza y el
bienestar entre todos los ciudadanos andaluces, sin posibilidad ni margen para
la exclusión, independientemente de cual sea su género, raza, religión,
ideología, condición social o lugar de residencia”.
En opinión del
dirigente sindical, el actual Estatuto ha sido “útil y beneficioso” para la
sociedad andaluza en estos veintiséis años de vigencia y, en especial, para los
trabajadores, pero la realidad de Andalucía es hoy “muy
distinta” y existen “nuevos retos que afrontar”. Por eso,
según Carbonero, CCOO coincidió desde el primer momento con la necesidad e
idoneidad de un nuevo Estatuto de Autonomía que diera respuesta a esa nueva
realidad andaluza y “mejorar los instrumentos de autogobierno”. Así, ha
repasado la participación activa de CCOO en todo el proceso de reforma
estatutaria a través de sus comparecencias parlamentarias, de propuestas
conjuntas con el resto de agentes económicos y sociales andaluces y colaborando
en iniciativas de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. “En
definitiva, hemos colaborado activamente en la defensa del interés
general”.
Por eso, el líder sindical ha indicado que CCOO se siente
“partícipe” del nuevo Estatuto y que reconoce muchas de sus propuestas en el
texto definitivo. Texto que califica de “marcado carácter progresista” y que
“garantiza un marco de igualdad en relación al resto del Estado y sus
Comunidades Autónomas”. Asimismo el nuevo Estatuto “mejora el techo
competencial” y la “capacidad de autogobierno”, contribuyendo al desarrollo
económico y social de Andalucía “siempre bajo los principios de igualdad,
cohesión y solidaridad”. A este respecto, Carbonero ha resaltado como elementos
“irrenunciables” para el sindicato “la
unidad de mercado y un marco único de relaciones laborales, así como
los principios básicos de las políticas y sistemas de protección social, en
especial la Seguridad Social”.
Igualmente ha valorado la
incorporación de nuevos derechos sociales para los andaluces, y en especial en
materia de empleo y de políticas sociales, asegurando que éstos superan “los
conocidos en cualquier otra reforma estatutaria”. Así ha enumerado como aspectos
sociales relevantes la cohesión, la igualdad de género, la integración social y
laboral de las personas con discapacidad, la inmigración, la atención a las
personas dependientes, los derechos de los menores, etc... Carbonero ha hecho
hincapié en el Capítulo del nuevo Estatuto dedicado al empleo y a establecer la
calidad del mismo como objetivo de la comunidad, situando la precariedad y
siniestralidad laborales como elementos a erradicar en las políticas futuras.
Del mismo modo, ha señalado la importancia del reconocimiento del papel
de las organizaciones sindicales en Andalucía así como de la
Concertación Social. Finalmente Carbonero ha mostrado su
acuerdo con el modelo de financiación recogido porque garantiza
la autonomía financiera de Andalucía y su igualdad con respecto al conjunto del
Estado bajo los principios de igualdad, cohesión y
solidaridad.
Instituciones de Melilla agradecen que nuevo Estatuto
andaluz refuerce su estatus colonial
Melilla aprobará Declaración institucional 'agradeciendo a
Andalucía la inclusión en su Estatuto de la necesidad de tender relaciones
preferenciales
Agencias
La declaración
institucional se elaborará tras la aprobación en la Comisión de Presidencia de
la moción que el PSOE presentó en este sentido.
La Asamblea de Melilla
-Ayuntamiento- elaborará y aprobará en su próxima sesión plenaria una
declaración institucional agradeciendo al Parlamento andaluz la inclusión en
el nuevo articulado de su Estatuto de Autonomía de la necesidad de tender unas
relaciones especiales con la Ciudad Autónoma de Melilla. La declaración
institucional se realizará después de que la Comisión de Presidencia haya dado
el visto bueno hoy miércoles a la moción presentada por el PSOE solicitando este
gesto de agradecimiento. Tal y como explicó ayer martes el consejero de
Presidencia, la especificidad de dichas relaciones quedaba ya reflejada en una
disposición adicional del anterior Estatuto, con lo que su inclusión en el nuevo
articulado supone un paso adelante por parte del Parlamento
andaluz digno de ser agradecido
Análisis General del Proceso de
Reforma Estatutaria:
Andalucía Libre nº 266, 24 de julio de 2005
Andalucía Libre nº 284, 1 de marzo de 2006
Debate: las
caracteristicas del Estatuto y el posicionamiento de la
izquierda
Andalucía Libre nº 94. 11 de Julio de
2001
Tribunal
Constitucional tumba recurso andaluz contra impago de la deuda
histórica
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha
acordado desestimar el recurso que el Parlamento de Andalucía presentó en marzo
de 1998 contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año por no
haber quedado recogida en ellos partida alguna para el abono de las cantidades
adicionales recogidas en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de
Autonomía de 1981, la llamada deuda histórica. La sentencia, que será oficial
tras su publicación en los próximos días en el BOE, considera que
“corresponde en exclusiva” al Estado fijar las asignaciones
presupuestarias destinadas a las comunidades autónomas y que, por tanto, está
fuera de lugar la demanda de la Cámara andaluza.
El fallo del Alto
Tribunal, desvelado ayer por el Partido Andalucista y del que ha sido ponente un
magistrado andaluz, Guillermo Jiménez Sánchez, subraya que
“la legitimidad constitucional” de la citada
disposición adicional “está fuera de duda”, pero de esta afirmación “no cabe
concluir la consecuencia de que el Estado deba, necesariamente y en todo caso,
dotar una concreta partida presupuestaria si no se ha alcanzado al efecto
acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma en el seno de la Comisión Mixta
a que hace referencia la Disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía
de Andalucía”.
La sentencia, aun representando un varapalo a las
aspiraciones del Parlamento andaluz, concede a éste una victoria moral
en la medida en que recuerda que las administraciones central y autonómica
–especialmente, la primera de ellas– deben concentrar sus esfuerzos en lograr un
acuerdo en el seno del órgano habilitado a tal fin, la Comisión Mixta de
Transferencias, cuya convocatoria corresponde al Ejecutivo español. El recurso
fue presentado en un periodo de máxima confrontación entre los gobiernos
central, en manos del PP, y andaluz, del PSOE, y de ahí que el TC haga un
llamamiento a la “lealtad constitucional”. “Corresponde al
Estado”, indica la sentencia a este respecto, “adoptar
la decisión de establecer dicha dotación, si bien su actuación debe
resultar presidida por el principio de lealtad constitucional que, como hemos
afirmado en un caso que presenta alguna similitud con el ahora sometido a
nuestro enjuiciamiento, ‘obliga a todos’, y que impone que el Gobierno deba
‘extremar el celo por llegar a acuerdos en la Comisión Mixta’”, tal y como
quedó fijado por el Alto Tribunal, según recuerda éste, en una sentencia de
1990.
El fallo ahora conocido fue acordado por nueve de
los magistrados del pleno y sólo contó con un voto en contra
que no pudo ser concretado por las fuentes informantes. Según éstas, una de las
magistradas del Tribunal Constitucional, Elisa Pérez Vera, se inhibió en la
causa por haber sido anteriormente a su llegada al TC presidenta del Consejo
Consultivo de Andalucía.
La reclamación de la deuda histórica pasó
desapercibida las primeras legislaturas autonómicas y no cobró fuerza hasta
1994, cuando el PSOE perdió la mayoría en el Parlamento andaluz. Fue entonces
cuando PP, IU y PA lograron poner contra las cuerdas al Gobierno de Manuel
Chaves, quien en 1995, en el tramo final de su mandato, logró del Gobierno de
Felipe González un compromiso de pago por 20.000
millones de pesetas que, sin embargo, acabó pagando en 1996 su sucesor,
el Gobierno de José María Aznar. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos
ejecutivos –entre PSOE y PP– a lo largo de ocho años dejó en punto muerto el
pago de la deuda histórica y a la espera de que se pronunciase el Tribunal
Constitucional en los sucesivos recursos presentados desde 1998 por el
Parlamento andaluz. Nueve años después se abre un nuevo camino.
El PA
afirma que el TC elimina el derecho de Andalucía a cobrar la «deuda
histórica»
El Partido
Andalucista aseguró haber conocido ayer la sentencia
dictada esta semana por el Tribunal Constitucional (TC), en la que, según los
andalucistas, «rechaza las pretensiones de Andalucía de cobrar la denominada
«deuda histórica», razón por la cual el Parlamento andaluz impugnó los
Presupuestos del Estado de 1998 al no contemplar partida presupuestaria alguna
en este concepto. En declaraciones a Europa Press, el secretario general del PA,
Julián Alvarez, advirtió de que esta sentencia
«representa, de facto, la imposibilidad de Andalucía de hacer
exigibles estos pagos al Gobierno central» en virtud de la
Disposición Adicional segunda del Estatuto aún vigente.
En el texto, que ha
conocido el PA, el Constitucional «acepta como buenas» las pretensiones del
Gobierno central de «eliminar» la «deuda histórica» del Estado con Andalucía al
concluir que «no puede aceptarse que las asignaciones a las que se
refiere el Estatuto de Andalucía sean un recurso que el Estado deba consignar
obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio».
Del mismo modo, manifestaron que el TC
insiste en que, «es al Estado a quien corresponde en exclusiva,
atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las
comunidades, a las necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales
del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar, en su caso, y en
qué cuantía», ese concepto que reclama Andalucía.
En este sentido, el líder del
PA consideró esta sentencia como una «triste burla contra Andalucía, una
comunidad a la que las principales instituciones del Estado le vuelven a dar,
una vez más, la espalda». El líder del PA señaló como responsables directos
de este «atropello» al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves. «Esta resolución ha sido respaldada por todos y cada uno de
los representantes que el PSOE tiene en el Pleno del Tribunal Constitucional,
que como todo el mundo sabe, a fecha de hoy son mayoría por sí solos»,
recordó Julián Álvarez «A ello han contribuido las
presiones de todo tipo sobre los miembros de este órgano para conseguir una
resolución acorde con los intereses del Gobierno de Zapatero, que no quiere ni
oír hablar de la «deuda histórica» del Estado con
Andalucía».
El PA recordó que ya
anunció hace tres meses la «amenaza» que existía sobre la Disposición Adicional
Segunda, según las informaciones que aseguraban tener «acerca de ciertos
movimientos del Gobierno central para acabar con la deuda histórica». El
dirigente andalucista calificó la sentencia como «un golpe de mano de los
poderes centrales, controlados hoy por el PSOE», que, en su opinión, sólo
tiene una consecuencia, «que es la de la consagración del atraso secular de
Andalucía». Para Álvarez, la «deuda histórica» se convierte así en «el
gran fraude del PSOE contra Andalucía, la gran mentira del PSOE a los
andaluces». Según Álvarez, 'durante los escasos
contactos que el PSOE y el Gobierno quiso mantener con el PA durante la
tramitación del Estatuto, ya nos adelantaron con claridad que jamás
pagarían la deuda histórica aunque tuvieran que llegar a aprobar una
reforma de la LOFCA si esto fuera preciso y como que nunca tampoco tendría
Andalucía policía propia ', reveló el líder andalucista, que,
además, acusó al presidente de la Junta, Manuel Chaves y al PSOE de 'saberlo
y ocultarlo al pueblo andaluz'. También lamentó que 'Zapatero y
Artur Mas consiguieran en tres horas lo que Andalucía no ha conseguido en
veintisiete años', en relación con lo que consideró el 'pago de la
deuda histórica a Cataluña', 5.000 millones de euros en los próximos siete
años. Alvarez calculó que Andalucía perderá con la deuda histórica entre 40.000
y 50.000 millones de euros, cuando 'no llega a la media española en ningún
servicio público fundamental'.
Julián
Alvarez, calificó de 'gravísimo atentado contra Andalucía' la sentencia
del Tribunal Constitucional que no obliga al Estado a pagar la llamada 'deuda
histórica' a Andalucía, sentencia de la que discrepa y que dijo 'rechazar'.
'Estamos ante el Tribunal Constitucional más politizado de la historia de la
democracia', cuya decisión 'no ha sido tomada a pie contrario de los
partidos mayoritarios', dijo Alvarez en conferencia de prensa, para
insistir en que 'quien acaba con la deuda histórica es el Tribunal
Constitucional, pero ha habido palmeros' y, a preguntas de los periodistas,
calificó de tales a PSOE, PP e IU. Ante la pregunta de qué va a
hacer el PA contra la sentencia, Alvarez advirtió de que su partido sólo volverá
a sentarse con los partidos que defiendan la deuda histórica, y que el primero
que debe dar una respuesta es el presidente andaluz, Manuel Chaves, porque 'la
sentencia se sabe desde hace una semana, y el Gobierno andaluz no ha dicho
nada'.
El secretario general del PA dijo que discrepa de la sentencia
porque las 'asignaciones complementarias', designación de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que emplea el
Constitucional, se refieren a cada ejercicio presupuestario, mientras que la
deuda histórica 'mira hacia atrás', y porque el Estatuto andaluz
establece mecanismos para cuantificar cantidades distintas a las previstas en
esa ley.
REPORTAJE
La deuda
histórica baja del cielo
Expertos sostienen que el TC ha dejado claro
que la norma estatutaria no obliga al Estado
ISABEL PEDROTE - EL PAIS,
Sevilla - 26/01/2007
Si hubiera que buscar un
hilo conductor de la disputa política de Andalucía en la última década, éste
sería sin duda la financiación autonómica. Y si hubiera que
señalar una fuente de contradicciones, flexible hasta la distorsión, y que han
utilizado los partidos sin reparo según su conveniencia, ésta sería, también sin
lugar a dudas, la reivindicación de la deuda
histórica. Así se conoce a la Disposición Adicional Segunda del
Estatuto de Autonomía aún vigente (1981), que dice que los Presupuestos
Generales del Estado deberán consignar partidas "excepcionales de
financiación" para garantizar la prestación "de un
nivel mínimo" de los servicios transferidos (educación, sanidad,
servicios sociales) "dadas las circunstancias socioeconómicas de
Andalucía".
La deuda histórica ha llenado páginas y páginas
de los periódicos, días enteros de radio y televisión, y ocupado un espacio muy
relevante del debate parlamentario de Andalucía. Incluso ha sido uno de los
motivos de controversia y acuerdo del proceso de elaboración de la reforma del
Estatuto. La semana pasada el Tribunal Constitucional (TC)
desestimó el recurso interpuesto por el Parlamento de Andalucía
contra los Presupuestos Generales de 1998 por no incluir la deuda histórica, y
tomar como base para la financiación autonómica el censo de 1991 y no el de 1995
(mayor).
Las interpretaciones de los partidos han
sido variadas y dispares, y han servido, una vez más, para arrojar reproches en
el campo del adversario: el PA cree que la sentencia convierte la deuda
histórica en "papel mojado", IU que, aunque la avala,
deja a Andalucía sin competencias para decidir sobre ella; el PP que supone un
varapalo para el PSOE y le da la razón al ex presidente José María Aznar al no
pagarla; y el Gobierno andaluz, que la respalda y la sitúa en un marco general.
Pese a la interpretación positiva del Ejecutivo
autonómico, su portavoz, Enrique Cervera, ha señalado que la
sentencia es un "argumento más y de peso" para apoyar la reforma del
Estatuto, en la que figura una nueva disposición sobre la deuda histórica, pues
los términos en los que está redactada en el Estatuto en vigor suponían "un
punto flaco".
Tras oír la voz de los políticos, cabe preguntarse qué es
lo que opinan los expertos sobre el fallo del TC, y cuál es la realidad de la
deuda histórica.
El catedrático Derecho Constitucional de la Universidad de
Jaén Gerardo Ruiz-Rico sostiene que, aunque el fallo admite su
plena legitimidad constitucional, al ser incluida entre las cláusulas del
Estatuto, otorga una libertad demasiado amplia al Estado para hacer efectivo los
compromisos de inversión extraordinaria que prevé el Estatuto andaluz. Y al
contrario de lo que dice el portavoz del Gobierno, precisa: "Desde
luego, entiendo que esta sentencia no ayuda mucho a la efectividad jurídica de
la Disposición Adicional del nuevo Estatuto de Andalucía, donde se recoge de
nuevo la deuda histórica, al estimar el TC que el Estado no está
obligado a consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales ese
tipo de asignaciones extraordinarias".
Otras fuentes jurídicas estiman que el Tribunal
Constitucional "no se ha pillado los dedos y ha puesto un montón de
cautelas" sobre la legitimidad de la deuda, siempre en un marco general.
Pero ha dejado claro un precepto: lo que disponga un Estatuto de por sí
no obliga al Estado. Es decir, Andalucía no puede de manera unilateral
cuantificar y reclamar la deuda histórica, como se ha defendido en los púlpitos
políticos de todo signo.
Sin embargo, estas mismas fuentes advierten de
posibles puntos débiles en tal aseveración, ya que los estatutos son normas
estatales: tras el paso por las asambleas autonómicas, son debatidos, enmendados
y aprobados por las Cortes Generales. "Se puede criticar que lo que se
ignora respecto a la deuda histórica no es la voluntad regional de Andalucía,
sino la del propio Estado".
"Liquidación"
La apreciación del catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo -antiguo
detractor del concepto jurídico de la deuda histórica- es tajante:
"El Tribunal Constitucional liquida de un plumazo la deuda histórica
como título jurídico". A su juicio, ha sido siempre un concepto
disparatado, únicamente admisible en territorios que hubieran sido
colonias y que, una vez constituido un nuevo Estado,
"adquirieran sus habitantes la ciudadanía en condiciones de igualdad con la
metrópoli". Una cuestión distinta es para este experto la negociación de la
comunidad autónoma con el Estado, aprovechando que figura en el Estatuto. Y en
el nuevo texto, incluso se detallan los plazos. Esta parece ser la vía que se va
a seguir, aunque habrá que esperar. El consejero de la Presidencia,
Gaspar Zarrías, dijo ayer: "La discusión de fondo sobre el
tema lógicamente habrá que aplazarla una vez que pasen las elecciones
municipales".
La cuestión del
censo
El Tribunal Constitucional ha desestimado en la misma
sentencia las alegaciones que hizo el Parlamento andaluz sobre la falta de
racionalidad por haberse utilizado para la financiación autonómica un
censo antiguo (1991), que no correspondía a la realidad
de la población. Habida cuenta de que el marco constitucional es
bastante flexible, el TC respalda el modelo de financiación utilizado por el
Gobierno del PP, si bien dice que había otras formas.
En opinión de Gerardo Ruiz-Rico, esta interpretación es
sumamente favorable a la libertad con la que cuenta el legislador
estatal a la hora de decidir un modelo de financiación autonómica. A su
juicio, es más correcta la postura que defiende el voto particular (formulado
por el magistrado Pablo Pérez Tremps), quien mantiene que el legislador no
debería haber ignorado el censo de 1995. "El TC parece casi renunciar a la
posibilidad de controlar constitucionalmente las decisiones que se plasman en la
LOFCA. Considera que se trata de una decisión política que no tiene por qué ser
fiscalizada por la jurisprudencia constitucional", señala.
PA avisa de que el Estado podría exigir la
devolución de la deuda histórica
I.
PEDROTE - El País, Sevilla - 23/01/2007
La sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la llamada deuda histórica ha sido interpretada de muy diferente manera
por los partidos andaluces. Mientras que PSOE, IU y PP opinan que el fallo -que
desestima el recurso que interpuso el Parlamento en 1998 a los Presupuestos
Generales por no incluir la mencionada deuda- no interfiere en el concepto ni en
el cobro de las cantidades que se acuerden, el PA califica la sentencia de
"gravísimo atentado". Es más, vaticina que Andalucía tendrá que devolver los
20.000 millones de pesetas que recibió en 1997, única vez que se ha
abonado.
Lo cierto es que la Junta mantiene su
proyecto de solicitar la convocatoria de la comisión bilateral Junta-Estado para
adelantar incluso la liquidación de la deuda, cuyo horizonte fija el Estatuto
reformado en 2010, como anunció en diciembre el consejero de la
Presidencia, Gaspar Zarrías. Durante la redacción de la reforma del Estatuto, la
deuda histórica se situó como un elemento preferente. Tras varios enunciados, el
presidente de la Junta, Manuel Chaves, logró arrancar del Ministerio de Hacienda
el compromiso en tres años. Así quedó en el texto, junto con la posibilidad de
recibir anticipos a cuenta.
Los
andalucistas, sin embargo, señalan que nada de esto tiene ya valor. El
secretario general, Julián Álvarez, aseguró ayer que la sentencia lo que dice es
que la vía de financiación especial de la comunidad queda subsumida en
el mecanismo contemplado en el artículo 15 de la Lofca (Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas), que habla de la posibilidad de
"asignaciones complementarias" en un determinado ejercicio para todas
las comunidades. Según Álvarez, en el nuevo Estatuto, la denominación que se ha
elegido es también "asignaciones complementarias". "Qué grave error
poner el nombre que nos inhabilita para cobrar la deuda histórica". El
líder del PA fue a más, y afirmó que en virtud de la doctrina del TC Andalucía
tendría que devolver los 20.000 millones de pesetas que recibió en 1997 a cuenta
de la deuda histórica.
El secretario de Organización del PSOE, Luis
Pizarro, dijo lo contrario. Interpretó que "lo realmente
importante" de la sentencia es que reconoce la "necesidad de un acuerdo
previo en la Comisión Mixta" y destacó que la nueva redacción incluida en
el futuro Estatuto supera la "ambigüedad" del texto actual para
establecer "con claridad" un calendario de pago. Pizarro recordó que
cuando el PSOE propuso modificar la redacción acordada con IU en el Parlamento
andaluz se acusó al PSOE de "intentar dilatar" el pago de la deuda histórica
cuando, en su opinión, la sentencia del TC pone de manifiesto que esta nueva
redacción permite "iniciar con tranquilidad el diálogo" con el
Gobierno
 Caso
Deuda Histórica, un ejemplo del sometimiento andaluzAndalucía Libre
En
verdad, tras el caso de la llamada 'Deuda Histórica' se encuentra la Historia
-así, con mayúsculas- pero no sólo, ni siquiera fundamentalmente, por el
tiempo transcurrido tan prolongado entre su inserción en el Estatuto de
1981 y el hito que supone la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional español, hecha publica en 2007 o por todas los
avatares que la han acompañado en su todavía inconclusa peripecia.
Tras la Deuda, aún siendo por
origen y cuantía sólo autonómica, se halla la Historia andaluza -que viene de
mucho antes, como es natural- porque de ella extrae legitimidad y en ella
también se encuentra la explicación de su frustración y aborto.
Esta Deuda es hijastra de un pasado andaluz
marcado por la explotación y expoliación españolas de Andalucía, que se
proyecta hasta el presente. Desde su Conquista, Andalucía sufrió a manos de la
Monarquía española y del Estado español que le sucedió, un secular saqueo
fiscal; padeció el robo de sus tierras por la aristocracia conquistadora;
aguantó su desindustrialización y colonización económica y asistió a la rapiña
de sus recursos naturales mineros y agrícolas. A lo largo de los siglos XIX y
XX, Andalucía financió con sus minerales, sus vinos o su aceite y con el sudor
de sus hombres y mujeres, la balanza exterior española y mientras se
subdesarrollaba, facilitó el desarrollo ajeno. Consecuencia de todo ello
fueron pavorosos índices de analfabetismo o malnutrición, dos millones y medio
de andaluces expulsados de su Patria; desempleo, precariedad y bajos
salarios crónicos y ausencia de todo tipo
de infraestructuras.
La
protesta andaluza de la Transición y las aspiraciones políticas
nacionales y sociales que la acompañaron fueron derivados de esta historia.
Para contener primero y reconducir después este
proceso, España -a traves de sus fuerzas políticas y sindicales- utilizó
diversos recursos. Y así en 1978 y 1981
introdujo en su Constitución y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía redactado a su amparo y bajo su patronazgo, disposiciones como
el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)(Art. 158.2
CE) para inversiones o la Disposición Adicional Segunda
(DA2ª). La función política y social que ambos instrumentos estaban destinados
a cumplir era dar la impresión a los andaluces de que se les reconocían los
sufrimientos pasados y con ellos su derecho a su reparación y
compensación colectivas, disponiendo de instrumentos efectivos para
resarcir el diferencial acumulado y obtener justicia a traves de una
desigualdad de trato que llevara a Andalucía a la igualdad.
Obviamente, la maniobra llevaba implícita la
trampa. España mantenía el pleno control de la recaudación y el Tesoro y
así en cuanto se remansaron las movilizaciones andaluzas, el FCI -que era el
espejismo que más se esgrimía por entonces- se generalizó de inmediato en
cuanto a sus beneficiarios y desde un principio se redujo hasta cantidades
ridículas y la DA2ª, simplemente, se 'olvidó'. Su lugar fue cubierto en parte
tras la adhesión del Estado español a la Unión Europea por las migajas de los
Fondos Europeos -diseñados esencialmente en provecho de Europa- repartidos por
el Gobierno español arbitrariamente -hasta el punto de invertir la mayor
parte de las partidas obtenidas en Bruselas gracias a las miserias
andaluzas en otras naciones del Estado y sobre todo en Madrid- conformando al
Gobierno andaluz con los restos y con su consecuente capacidad de
financiar clientelas.
La
financiación andaluza que establecía el Estatuto de 1981 -como el de 2007- era
total y absolutamente dependiente. Su cuantía y potestades
estaban expresamente subordinadas a otra Ley Orgánica española: la LOFCA. Esta
Ley, en la forma, permitía al Gobierno español resguardarse tras el muy
conveniente camuflaje de la multilateralidad y jugar al 'divide et
impera'. En el fondo, dejaba en sus manos, vía Presupuestos
anuales, la concreción y el desarrollo del sistema de transferencias
que mantenía funcionando a la Administración andaluza. Este entramado
establecía asignaciones optativas, complementarias y provisionales de
nivelación de servicios -sustentadas en el Art. 158.1 CE y en el Art. 15
LOFCA- de alcance inconcreto -a partir de la indefinición existente sobre los
"servicios mínimos" exigibles- dejados en su cuantificación al criterio
discrecional del Gobierno español.
La
DA2ª, inserta en ese contexto, justificándose en las terribles
"circunstancias socioeconómicas" de Andalucía le prometía además la
percepción de unos fondos excepcionales -justificados en el
Art. 157.1.c CE- con destino finalista a incluir en los Presupuestos Generales
del Estado español que compensaran el retraso general acumulado a la hora de
las transferencias iniciales y le permitiera así prestar ese "nivel
mínimo" en los servicios -Educación, Sanidad, Servicios sociales, etc-.
Como además, las primeras transferencias se realizaron midiendo a la baja su
coste para hacerle entonces la faena más barata al Gobierno español, se
suponía que estos fondos cubrirían en adelante ese déficit de
partida adicional hasta compensarlo. Una Comisión Mixta Andalucía-España
era la llamada a gobernar y gestionar el asunto.
¿Qué ocurrió?. Pues que durante quince
años, ni España pagó nada ni el Gobierno andaluz del PSOE -fiel
escudero de sus jefes españoles- reclamó que se le pagara a los andaluces lo
que estaba reconocido que se les debía. Así se gestó una deuda autonómica que
se convirtió en 'histórica'.
La
deuda autonómica pronto se convirtió, además, en una reclamación incomoda para
todos los paniaguados beneficiados o al servicio del "Discurso del
Triunfo" y la "Andalucía Imparable" emitidos desde el PSOE. Les
recordaba la historia de opresión nacional que querían sepultar y la realidad
de desigualdad que querían pertinazmente ocultar. Venían a decir que, una vez
que aquí ya no se moría la gente de hambre y había algunas carreteras de dos
carriles, "Andalucía no tenia nada que reclamar singularmente;
Andalucía era como Albacete o Logroño". De ahí su obsesión -que
se traslada al redactado del nuevo Estatuto propuesto- no sólo por disminuir
su cuantía como deuda autonómica y facilitarle su abono al Gobierno
español, sino también por disociarla del concepto de fondo más amplio de
"deuda histórica", considerándola saldada y de ahí su reducción
expresa a la condición de acto único, aunque ejecutable en cómodos plazos.
Son conocidas las circunstancias que motivaron
la presentación del recurso de inconstitucionalidad que ahora resuelve la
sentencia del Tribunal Constitucional español y que afecta tambien a algo tan
aparentemente incuestionable como la validez de un censo para establecer los
pagos por población. Lo que ahora interesa es extraer de ella luz sobre la
realidad andaluza y sobre su relación efectiva con España.
Lo
que el Tribunal español ha venido a reafirmar es que el Estatuto podrá ser una
Ley orgánica española aprobada por el Parlamento español pero que a la
hora de la verdad su cumplimiento está supeditado
siempre a la voluntad que pueda tener en ejecutarlo
España; no ya el Parlamento español a traves de otra Ley Orgánica o incluso
por una Ley ordinaria, sino incluso meramente el Gobierno español en el
ejercicio de sus funciones. Andalucía puede reclamar si le apetece que se
cumpla lo que quiera -aún sólo lo que ya pone la letra de su Estatuto-
pero siempre estarán por encima de sus reclamaciones o de sus derechos
formales "los intereses generales de España", que
interpreta en cada momento a su conveniencia el Gobierno español de turno, con
la asistencia en caso de necesidad, de su Tribunal Constitucional. En otras
palabras, el Estatuto andaluz no sólo 'vale menos' que la LOFCA, sino
incluso que los compromisos que pueda insertar un Gobierno español en unos
Presupuestos Generales del Estado; de los que podrá desdecirse si así le
place, sin coste alguno. La relación de Andalucía con España es de
plena subordinación y su objeto, mantener su Dependencia. Hasta
el punto que España puede negar si le conviene hasta la evidencia de
cuantos son los andaluces que su propio censo reconoce. Esta jerarquía es
valida tanto para el Estatuto de 1981 como para el de 2006.
¿Cabe en buena lógica restringir el problema a
la DA2ª?. En absoluto. Aquí estamos, sólo ante una expresión específica de una
situación general. Si lo restringimos ahora a los asuntos de financiación, la
conclusión es fácil: mientras España mantenga en su mano la llave del
cofre, seguiremos así.
Distinto sería si fuera Andalucía la que
controlara y gestionara toda su recaudación fiscal y estableciera su
propia normativa -recursos políticos que le darían poder no sólo
financiero para sostener su administración y servicios, sino también
económico para orientar y favorecer su desarrollo, aun a costa de atentar a la
'unidad de mercado' cuando lo estimara pertinente- y que desde esa
disposición, Andalucía -de igual a igual- pactara con España cuanto y en que
plazo devuelve anualmente de lo históricamente robado a Andalucía, en forma de
cupo de compensación. Con la advertencia de que si España no paga lo debido,
Andalucía, para empezar, le pone una aduana en Despeñaperros, grava más
sus productos o le exige 'pasaporte y visa'.
Para obtener algún día este trato digno y esta
reparación histórica, es obvio, hemos de comenzar por votarle
NO el próximo 18 de Febrero al nuevo Estatuto de
Dependencia.
Sobre Deuda
Histórica y Financiación Autonómica en ANDALUCÍA LIBRE
Andalucía Libre nº 81,
5 de Marzo de 2001
Andalucía Libre nº 215, 18 de enero de
2004
Andalucía Libre nº
216, 24 de enero de
2004
Andalucía Libre nº 240, 2 de junio de
2004
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Sugerencias
Francisco García
Duarte ha publicado un interesante y
documentado trabajo en el que se resume la historia de la emigración
andaluza en Cataluña, abordándola en todos sus aspectos:
social, cultural, político...
y en las manifestaciones que de ellos se derivan. El estudio se nutre no sólo de
la dilatada experiencia personal del autor sino tambien de una minuciosa y
amplia recopilación de datos en multiples fuentes documentales, muchas de
ellas practicamente inencontrables hoy día. Garcia Duarte
ofrece así un material imprescindible para entender y afrontar una
cuestión sobre el que la reflexión continua abierta.
El estudio
está asequible en diversos archivos en formato
PDF, segun los capitulos y secciones del
ensayo, que se encuentran a vuestra disposición
aqui:
--oOo--
Solidaridad con Palestina y la Nacion
Arabe
Música de fondo: La Saeta, J.M.
Serrat/A. Machado; Orquestada para Banda
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[Adjunto no mostrado: And - la saeta.mid (audio/mid)
]
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nº 313 - Desarroll
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