| Asunto: | [AndaluciaLibre] nº 314 - El NO de la Dignidad - Córdoba, acto por el NO | | Fecha: | Viernes, 9 de Febrero, 2007 08:31:02 (+0100) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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Porque el Estatuto reformado es neoliberal
y españolista.
Por Andalucía Libre,
Contra la dominación española - VOTA NO al
Estatuto de la Dependencia
nº 314
En este Correo:
*Andalucía - Opinión,
- Derrotismo de la Izquierda o el NO político de la
Dignidad,
Antonio Garrido
Porras y Javier García
Bort
- El
Sindicalismo de Clase andaluz y la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomia, CSA
- Razones
soberanistas para el No, Antonio Luis
Calderón Diaz
- Analisis
General del Proceso de Reforma Estatutaria, Andalucía Libre
*Convocatorias por el NO - Actos en
Córdoba y Málaga
*Cumbre AntiOTAN de Sevilla - Informaciones
y Videos, FSS
*Precios Productos básicos han subido 60% desde
entrada del euro
*Solidaridad con Palestina y la Nación
Árabe
*Musica de Fondo: La Varsoviana,
Reseña
*Directorio de Andalucía en
Internet
En el Referéndum del 18 de Febrero
Por Andalucía
Libre, Contra la Dominación española:
VOTA
NO AL
ESTATUTO DE LA
DEPENDENCIA
 Opinión
Referéndum sobre
la Reforma del Estatuto de Autonomía para AndalucíaDerrotismo de la Izquierda o el NO político de la
Dignidad
Antonio Garrido
Porras* y Javier
García Bort*
Los periodos estacionarios del
ciclo biográfico de un pueblo se ven, en ocasiones, interrumpidos por
acontecimientos en los que parece que todo el sedimento histórico se precipita
en un punto. La colectividad entonces se recapitula y, a veces, surge la
exigencia de un acto común de reafirmación, un mismo gesto en que los pueblos
se recuerdan, reconocen y proyectan, postulando, en fin, su propuesta de
identidad. Son estos momentos constituyentes de su historia que configuran el
universo de lo necesario y la demarcación de lo posible, el ámbito donde luego
habrán de caer, imantadas, sus futuras realizaciones, sus palabras, acciones,
decisiones, fiestas, solidaridades, etc., es decir, todo el dominio simbólico
en el que se codificarán finalmente los ejes de su estructuración social, las
claves de los conflictos internos y la dialéctica de su resolución, todo lo
que conforma, en definitiva, la vida y el desarrollo de una
nación.
El próximo Referéndum del 18 de
febrero para la ratificación por los andaluces del nuevo Estatuto de Autonomía
se ha formulado institucionalmente como “una nueva oportunidad de
comprometernos con el futuro de nuestra tierra, y está en la mano de todos que
esta cita en las urnas se convierta en una fecha de referencia en la historia
contemporánea de Andalucía, al igual que el 28 de febrero de 1980 representó
el inicio del despegue de nuestra comunidad autónoma en todos los
ámbitos” (Manuel Chaves, en la WEB de la Junta de
Andalucía). Mediáticamente, se ha activado el correspondiente y coordinado
operativo para el blindaje y la clausura ideológica del debate, con la
intención de reforzar la consigna del carácter fundamental que en este momento
tiene la participación social (léase, depositar el voto en la urna) y ello
ante la percepción palmaria de que todo el proceso anterior de reforma y
reelaboración estatutaria no ha erosionado en lo más mínimo la apatía y la
pasividad social que son genéticamente consustanciales al modelo político
vigente (de todos modos, tampoco se pretendía en esa fase “técnica”
despertar curiosidad o interés alguno, todo hay que decirlo).
En cualquier caso, la pretensión ahora es
culminar un desarrollo normativo efectuado con mimbres tecnocráticos y con una
base lógica vinculada al fortalecimiento ideológico del régimen existente, un
proceso que entra en su recta final intensificado por la nauseabunda
orquestación mediática que ha de recabar la adhesión emocional y acrítica a
esta norma, un Estatuto desconocido por los andaluces y que no parecen
sentirlo ni internalizarlo en cuanto instrumento de creación y articulación
colectiva. En esa maquinaria activada para el cierre ideológico y orgánico del
régimen, con tristes reminiscencias del referéndum sobre la OTAN, quedan del
lado interior de las fronteras definidas por el pensamiento único estatutario
una parte fundamental de Izquierda Unida, los grandes sindicatos y muchas
organizaciones sociales progresistas, lo cual es una demostración, a escala
andaluza, de la impresionante hegemonía que el neoliberalismo y la
globalización capitalista exhiben en el mundo actual.
Las ideas que a continuación se
desarrollan pretenden acompañar con modestia la crítica de izquierdas a la
lógica que subyace a este texto, así como al contexto en el que se inscribe,
con el objetivo de sacar las conclusiones políticas y electorales pertinentes.
Un análisis de izquierdas del proceso
estatutario no puede silenciar los déficits profundos en el articulado del
Estatuto, ni el significado de lo que sí afirma y reglamenta. Tampoco ha de
obviarse la naturaleza ética de los discursos que lo acompañan, las
consecuencias legitimadoras para el modelo neoliberal que contiene y la
finalidad perseguida de carácter refrendatorio para el régimen español
(capitalismo y monarquía). La acomodación intelectual de gran parte de la
izquierda andaluza lleva a presentar este lecho de Procusto estatutario como
un avance en valores, principios y herramientas democráticas, exhibiendo lo
que, parafraseando a Gramsci, no es otra cosa que el
pesimismo de una corta inteligencia y el optimismo de su exánime voluntad. Por
fortuna, el consenso sistémico que se promulga no es universal en nuestra
tierra y otras voces estudian, analizan y avanzan líneas de resistencia a este
pensamiento único. Voces críticas como la representada por el SOC, la CUT,
Jaleo, el boletín “Andalucía Libre” o cierto mundo universitario han empleado
el escalpelo riguroso para diseccionar políticamente un proceso de reforma
estatutaria al que se ha calificado con brillante justeza desde "Andalucía
Libre" de estafa y cuyo resultado final no es otro que el de un nuevo
“Estatuto para la dependencia”
Nada extraña en todo el programa
político estatutario: ni el contenido ideológico de lo que se está
sustanciando, que luego veremos, ni el formato de espectáculo que lo pretende
“vender” y que, en perfecta aleación, se compaginan para ayudar a la
legalización de un modelo de desarrollo político sustentado en la noción
abstracta y vacía de modernidad y en una manipulada semilibertad. La costumbre
del vigente régimen que consiste en encerrar el horizonte del pensamiento
posible en el perímetro del consenso neoliberal, monárquico y postmoderno,
laminando de ese modo la conciencia crítica de la sociedad, les ha llevado
incluso a ser desautorizados por la Junta Electoral Central por iniciar la
campaña con un mensaje institucional que el propio Chaves calificaba de
“impecable” y que no era sino un velo más en la fiesta de sombras
chinescas que es el consenso del régimen PSOE-PP, con la connivencia
humillante y suicida de la elite de Izquierda Unida. Todo vale cuando la única
sustancia para obtener la participación electoral masiva es el formateo de la
opinión social.
No es un trámite baladí el que se
formaliza con este referéndum. Se persigue la legitimación y actualización de
un pilar necesario y funcional al marco jurídico y político delineado en la
Constitución Española y en el conjunto normativo de la Unión Europea, incluida
también su Constitución. Toda una arquitectura institucional y normativa
que, como el propio Estatuto reformado reconoce, comparte los mismos valores.
Por tanto, el nuevo Estatuto no nace con ilusión y vocación de instrumento
para la compensación y la defensa de Andalucía frente a un paradigma que ha
demostrado ser generador de desigualdad y dependencia para nuestra tierra,
sino que, por el contrario, se formula como una pieza sustentadora y funcional
para el mismo.
Tanto el propio texto como la alabanza
que lo defiende reconocen la filosofía de continuidad que al mismo anima y su
postulación como norma reelaborada se ha justificado en la equiparación
competencial que otros procesos de reforma estatutaria han inspirado. Si
alguna duda cabía con relación al espíritu que espolea todo el procedimiento y
a los límites sobre la libre decisión que lo encorsetan, el regreso del
borrador tras su discusión en Madrid, con la intervención quirúrgica sobre
150 artículos, la despejó, para que nadie pudiese buscar
consuelo en otro espejo que no fuese el de la intransigente realidad.
La polémica política en torno a si se
definía a Andalucía como “realidad nacional” o no,
culminó vergonzosamente con su atenuación final como mera evocación histórica,
disolviendo de tal modo cualquier esperanza de sueño soberanista. Más allá de
una retórica blanda que reivindica el lógico aspecto diferencial de la
historia y de la cultura andaluzas, no se está ante un texto que, honesta y
valientemente, sirva a la conciencia de los andaluces orientando la luz hacia
la definición de su pasado antiguo y reciente, haciendo el recordatorio de
aquellas épocas en que Andalucía fue inscrita como territorio deprimido y
dependiente, al que se le expolió en lo económico y se le alienó en lo
político y, con ello, ayudar al dictamen necesario de las causas y de los
motivos de esa articulación subdesarrollada y subordinada de Andalucía en el
interior del capitalismo español que mantiene su vigencia aún hoy.
No puede contener esperanza un Estatuto
que no relaciona el atraso estructural y la subalternidad de Andalucía con la
configuración histórica de España y que, al contrario, reivindica por omisión
una única soberanía de carácter superior, la del Estado
español, poder central que, paradójicamente, a la vez que niega
autoritariamente el derecho a decidir de los pueblos que contiene, transfiere
a centros de decisión superiores y no democráticos, como la Unión Europea,
aspectos esenciales de su jurisdicción y de su competencia. Este Estatuto, con
su Preámbulo conformista, edulcorante, elaborado como pura fraseología hueca,
no pugna por la restitución de la verdad histórica de Andalucía, no identifica
con valentía los orígenes de su sufrimiento atávico ni los mecanismos
estructurales que la subdesarrollaron y la despojaron, manteniendo con ello,
tal como se ha hecho durante estos últimos 25 años, la versión oficial que
aliena a Andalucía de sus condicionamientos profundos, de su actual existencia
social y de su devenir.
El ambiente social en el que se
inscribe esta reforma es distinto al que, en 1981, aseguró la
ratificación popular del Estatuto de Autonomía. En esta ocasión no hay
acompañamiento alguno de energías populares orientadas a la reafirmación de la
identidad política de Andalucía y, más bien al contrario, la respuesta
ciudadana al nuevo Estatuto reflejará los efectos cloroformizantes sobre la
conciencia crítica de los andaluces que ha tenido la gestión socio-liberal que
siguió a la aprobación de la anterior norma estatutaria conformadora del
actual régimen político que mantiene a Andalucía en la dependencia, la
incapacidad para autogobernarse, la alienación cultural y la dominación del
programa neoliberal.
Ahora se propone una reforma que se
muestra, no obstante, rotundamente continuista en su lógica profunda con el
anterior Estatuto, una versión renovada cuya fundamentación ideológica y
jurídica designa como punto de arranque el reconocimiento explícito a los
valores que inspiran la construcción política de la Unión Europea, a saber, el
concepto de modernidad asociado a la mercantilización y a la competitividad
social, a la flexibilización de los mecanismos de regulación laboral, a los
desarrollos ecológicamente depredadores, a una economía que se sostiene en el
gobierno de un mercado alérgico al control social y en el paroxismo de un
consumo no socializador como el más prestigiado comportamiento que pudiera
ligar al sujeto con la colectividad.
Este nuevo Estatuto profundiza en su
articulado en la definición de la autonomía como descentralización
administrativa. Al negar una demarcación soberana para la libre decisión y
autodeterminación de Andalucía, desmiente a su vez el
carácter plurinacional del Estado Español, apelando a la Constitución y a la
“unidad indisoluble de la nación española” como artefactos
ideológicos que aseguran coercitivamente la inserción dependiente de Andalucía
en el marco político superior que la tutela, la constriñe y la condena al
consabido destino de periferia del sistema. Sin capacidad, por tanto, para
prefigurar los trazos esenciales de su orientación política y económica ni los
mecanismos legales, fiscales, financieros para asegurarlos, el resultado
devenido es, finalmente, el “armazón político”
(Lenin) al sur de Despeñaperros de un régimen monárquico
español que se extiende territorialmente hacia abajo y en el que las
instituciones andaluzas funcionan como “agencia administrativa del Estado”
(Isidoro Moreno).
Ya lo hemos recordado: la negación a
Andalucía, mediante la invocación coactiva a la autoridad española, de su
derecho a configurarse como un ámbito propio de decisión completamente
soberano no parece que les haga colisionar, a los autores y defensores del
nuevo Estatuto, en lo moral ni en lo jurídico, con una realidad en la que se
ha transferido a instancias opacas y no fiscalizables, como la Comisión o el
Banco Central Europeos, la potestad para dibujar y ordenar ámbitos
fundamentales de la vida política, económica y social de las naciones, al
margen de cualquier control democrático. Como un mecanismo de relojería, este
Estatuto quedará trabado y ensortijado en el edificio político que va de la
Constitución Española a la Europea, pasando por el Acta Única, el Tratado de
Maastrich y todo el conjunto normativo y político
europeo.
La reconstrucción moral y política de
la izquierda en Andalucía es incompatible con la defensa de este Estatuto, con
la justificación entusiasta de un dispositivo normativo que oculta cuestiones
de trascendental enjundia para nuestro pueblo, como su integración coherente
en la ya referida arquitectura neoliberal (cómo si no, tendría el apoyo del PP
y del PSOE) y elude la incapacidad de Andalucía para afrontar tareas
vitales como la descolonización de Gibraltar y el desmantelamiento de las
bases militares extranjeras, asuntos innegociables y esenciales para cualquier
izquierda posible, aquí y ahora. Con este Estatuto, en cambio, se les dice a
los andaluces que su negativa a albergar residuos nucleares o a permitir que
su tierra se utilice como cuartel de ejércitos extranjeros o lanzadera de
ataques criminales contra naciones pobres, pronunciamientos fundamentales de
un pueblo sobre su seguridad ambiental o sobre su posición moral en el mundo,
resultarán antiestatutarios e imposibles de llevarlos a cabo con esa norma
legal en la mano.
¿Desde una supuesta posición que se
autodefine de izquierdas cómo se les puede instruir a las andaluzas y a los
andaluces en que es buena una norma tan “fundamental” como este
Estatuto cuando un problema histórico como es el de la tierra, que esencial
como eje de articulación de su identidad, y la reivindicación popular asociada
a él, la Reforma Agraria, quedan desamparados bajo la losa
mortuoria de la Política Agraria Comunitaria, esa formulación de las políticas
neoliberales que protegen a los latifundistas y a las grandes corporaciones
agrarias mientras destruyen al campesinado pobre y al jornalero?. Han sido el
Estatuto de 1981 y la Política Agraria Comunitaria quienes han establecido las
condiciones de posibilidad con sus correspondientes resortes políticos para
que la concentración de la riqueza agraria haya aumentado en estos 25 años y
para que las pequeñas explotaciones sobrevivan con las mismas ayudas que los
terratenientes, a pesar de que estos no utilizan el campo como fuente de vida
ni de desarrollo económico.
¿Qué clase de izquierda puede minusvalorar
estos contenidos políticos y, sobre todo, sustraerlos del debate para hacerse
cómplice de un pensamiento único en virtud del cual se promueve el que la
gente continúe siendo desensibilizada, engañada, infantilizada, desorientada
en los aspectos más significativos sobre los que se edifica la dignidad de un
pueblo?. ¿No deberían ser estos asuntos, estas decisiones
“trascendentales”, momentos de oro para que una izquierda honesta y
valiente llevase al debate social la agenda de las reivindicaciones históricas
de su pueblo y el escenario utópico de su superación, erosionando la orgía de
opacidad mediática y enarbolando en su lugar una ética de pedagogía y de
participación consciente de los ciudadanos en la política?. ¿Por qué la
izquierda no denuncia esta nueva retórica de renovación y
progreso como lo que es: otra experiencia de acomodación a la
dependencia para Andalucía y de ahondamiento en la desesperanza y en el
escepticismo popular?
Un contenido irrenunciable del
programa político de la izquierda ha sido siempre la laicidad
de la educación. ¿Se garantiza con este Estatuto? No. Por el contrario, se
asegura que se mantenga la financiación con fondos públicos de centros
privados confesionales permitiendo, tal como viene sucediendo, un modelo
confesional y semiprivado que es posible por la supeditación normativa al
marco legislativo superior que es la Constitución Española.
En materia económica y de
relaciones laborales es igualmente un Estatuto claro en la definición
de aquellos fundamentos que sostendrán las grandes orientaciones económicas:
“la libertad de empresa y la economía social de mercado”. Y, como en
todos los asuntos de importancia estructural y estratégica (financiación y
fiscalidad), remite a la legislación general española que es la que define los
límites de las decisiones posibles desde Andalucía, asegurando siempre la
continuidad de los grandes lineamientos del sistema vigente, engarzado a su
vez en la construcción neoliberal de la Unión Europea y la atadura de pies y
manos para cualquier alternativa económica, social y política desde Andalucía,
al reeditar los mismos mecanismos de dependencia y los mismos vínculos con el
marco constitucional que impone la exclusividad de la soberanía española.
Las consecuencias de este modelo jurídico
y político ya las venimos sufriendo en Andalucía, a pesar de la retórica de
modernizaciones y emprendedores: precariedad, temporalidad, tasas de paro y
siniestralidad laboral por encima de la media española y salarios medios
inferiores. Después de 25 años del Estatuto de Autonomía de 1981, con relación
al cual el nuevo se presenta como reedición mejorada y renovada, pero
sostenido en los mismos parámetros y fundamentos políticos, la estructura
económica de Andalucía y su articulación con las economías de orden superior
de las que depende no ha modificado sus condiciones de partida, al contrario,
se ha acentuado “su perfil de economía extractiva, con una especialización
que se estrecha en torno a la agricultura: abastecedores de hortofrutícolas a
los mercados europeos” y “según un Informe del Instituto de Estudios Sociales
de Andalucía sobre la pobreza y exclusión social, en Andalucía hay un 26,3% de
hogares con rentas inferiores al 50% de la renta media (menos de 480,16
euros/mes) y un 2,6% con rentas inferiores al 25% (menos de 240,22
euros/mes) (Oscar García Jurado).
Por lo que concierne a la denominada
“deuda histórica” se le desprovee de su
significación original en lo que condensaba de reconocimiento y asunción del
despojo y del perjuicio causados a Andalucía por la configuración política del
Estado español. En este Estatuto pierde todo contenido simbólico y
reivindicativo y toda potencialidad de compensación económica efectiva,
quedando a expensas de decisiones y acuerdos políticos emanados de Madrid
(Presupuestos Generales del Estado, comisiones mixtas...) y eso ya se comprobó
en lo que desemboca, en más ridiculización y desprecio hacia la voluntad de
los andaluces y andaluzas. Finalmente, su apelación moral y económica a la
reparación histórica quedará disuelta en el obituario de un definitivo y no
cuantificado pago único.
El derrotismo intelectual de gran
parte de la izquierda social y política de Andalucía termina doblando las
rodillas una vez más en el espacio discursivo del consuelo y delatándose en la
defensa de una nueva operación del régimen para enlustrar y profundizar en sus
mecanismos de reproducción política y de alienación cultural. En esta ocasión
y dada la importancia de lo que se decide, el programa político antineoliberal
y antagonista que estuvo en el origen fundacional de Izquierda Unida queda
anulado por el posibilismo entreguista y la ausencia de nervio político del
que ha hecho gala su dirección, descartando su ubicación en un espacio
ideológico alternativo al neoliberalismo andaluz que encarna
el régimen del PSOE. Consecuencia de esta mala práctica, instaura su
supervivencia en el dominio de lo complementario y de la subalternidad frente
al social-liberalismo andaluz. No pueden abrirse caminos a la imaginación
utópica y a la emancipación social en Andalucía mientras la parte que debería
ser más consciente y avanzada ideológicamente no ayuda a los ciudadanos a
conocer la radiografía de su infraestructura socioeconómica, a desvelar los
mecanismos que reproducen la desigualdad, a identificar los centros de
decisión, a instaurar el conocimiento de las leyes que gobiernan las
injusticias, es decir, la apropiación privada de las riquezas colectivas y la
delincuencia que brota de las relaciones de propiedad. Una izquierda andaluza,
a la altura moral y política de las tareas existentes, rearmada con un
programa decididamente socialista, debe ser una izquierda dispuesta a la
confrontación ideológica y ética con el régimen PSOE-PP y con sus espacios
orgánicos de influencia (sindicatos...), con sus políticas
"modernizadoras" en pos de la desregulación, la flexibilización, la
competitividad, la precariedad, en definitiva, con su diccionario
neoliberal.
Hay que votar que No
a un Estatuto que refuerza la subordinación de Andalucía, niega su
derecho a la autodeterminación e impide su desconexión del encuadre jurídico
centralista y de las orientaciones estratégicas neoliberales, las que se
imponen desde el Estado Español y desde Europa. Votar NO es
un ejercicio de resistencia moral y de coherencia política, es votar contra
una operación que no es prólogo de desarrollo social y cultural, sino epílogo
del paradigma de la dependencia. Hay que negar un Estatuto diseñado para
profundizar en esa sujeción que escamotea al pueblo andaluz la delimitación de
su propio marco político, la demarcación posible para el ejercicio de su
soberanía y para enfrentar la lucha por la resolución democrática del atraso y
la injusticia.
Sevilla, Febrero, 2007.
*Antonio Garrido Porras es activista del
Foro Social de Sevilla
*Javier García Bort es miembro de la Permanente
Nacional de CUT-BAI
Opinión
Coordinadora
Sindical de
Andalucía
Opinión
Razones
soberanistas para el NO
Antonio L.
Calderón Díaz*
A los
soberanistas andaluces nos sobran razones para negarnos a aceptar esta reforma
del estatuto, que el tripartito nacionalista español, nos quiere hacer
aprobar, el próximo 18 de febrero.
En plenos
carnavales, nos quieren vender unas propuestas políticas, como si de un gran
coro carnavalesco se tratarse, que en el fondo sólo permitirán perpetuar el
poder central contra los legítimos intereses de Andalucía.
Conscientes de
nuestras limitaciones, para que negarlo, organizativa y económicamente, así
como del bajo, índice de concienciación de la identidad nacional de nuestro
pueblo, amén a lo fragmentado que se encuentra el llamado movimiento de
Liberación Nacional, muchas, pero pequeñas organizaciones
–políticas y sociales- impide que podamos dar una clara y contundente repuesta
a este fraude que nos plantea el tripartito nacionalista español.
Por ello, los
soberanistas andaluces, desde bastante antes del inicio de los debates sobre
la reforma estatutaria, aparcábamos, -que no renunciábamos ni renunciaremos a
la soberanía y la independencia- lo que podrían ser propuestas
rupturitas y hoy por hoy, utópicas, para aportar ideas que permitiesen
dignificar la mal llamada reforma estatutaria.
Propuestas que
permitirían crean un mayor grado de concienciación nacional entre la mayoría
de los ciudadanos andaluces, lo que puede significar a corto y medio plazo,
alcanzar mayores cuotas de autogobierno que permita la conquista de Poder
Andaluz.
Durante el proceso
de debate y aprobación institucional de la reforma estatutaria que nos
proponen, ha quedado claro, nuevamente, (seguramente pasará inadvertido entre
la mayoría de los ciudadanos, como suele ocurrir), la falta de soberanía de
las instituciones andaluzas, o dicho de otra forma: los partidos nacionalistas
españoles, con implantación en Andalucía, aprobaron un texto estatutario, y
cuando ha llegado a Madrid, se han subordinado a los intereses generales de su
nación, España, modificando, para mucho peor, lo aprobado por ellos mismos en
Sevilla, consagrando con ello el espíritu españolista al que quieren
someternos.
Los soberanistas
andaluces en particular y los andaluces de conciencia en general tenemos
muchos motivos para oponernos a este descafeinado estatuto; pero en
tanto y en cuanto que no podamos conquistar la hermosa utopía del PODER
ANDALUZ, basaremos nuestro rechazo en las
siguientes razones
- Este estatuto no
reconoce la necesidad, inmediata, de la
comarcalización de Andalucía y la desaparición
de las Diputaciones que sólo fomentan el clientelismo político y el
localismo.
- No contempla la creación de un
Instituto Andaluz de Cultura Andaluza como hecho
diferencial con respecto al Estado español y a Europa
- No contempla el derecho de que la
Junta de Andalucía legisle y reconozca el derecho de Andalucía a tener sus
propias Selecciones Nacionales deportivas. Y que
éstas puedan participar en competiciones internacionales con los
mismos derechos que las que a día de hoy compiten.
- No se contempla la
descentralización de las instituciones andaluzas, que permita acercar el
Gobierno andaluz a los ciudadanos: Turismo, en Málaga; Medio Ambiente, en
Huelva; Agricultura en Almería; Pesca en Cádiz, etc., Organismos
dependientes como Defensor del Pueblo Andaluz, en Córdoba, ciudad
emblemática como símbolo de la Tolerancia, Tribunal de Cuentas en Granada,
Instituto de Tecnologías del aceite en Jaén, etc.
- No reconoce competencias
exclusivas sobre nuestras aguas, un bien escaso para nosotros, por tanto
todas las competencias deben ser asumidas por la Junta de Andalucía. Ni
sobre Río Guadalquivir: Nuestro Gran Río, que nace y
desemboca en Andalucía, ha sido y es una referencia a través de nuestra
historia.
- No se reconoce el derecho y la
necesidad, imprescindible, de dotar a los profesores y alumnos, de
materiales didácticos que los acerquen a la Historia y
Cultura andaluzas.
- El Gobierno andaluz debería
potenciar el conocimiento de la lengua árabe en todos los
ámbitos de la enseñanza. Que la lengua árabe tenga como mínimo la misma
posición que a día de hoy tiene las ingles en nuestros Centros de Enseñanza.
La lengua árabe forma parte de la cultura andaluza. A día de hoy durante más
años, los andaluces hemos hablado, pensado, amado, soñado, escrito, etc. en
árabe que en la lengua castellana. Ambas lenguas son Patrimonio de todos los
andaluces.
- No reivindica el derecho de
devolución de la Mezquita de Córdoba a la propiedad
de los andaluces, no del Estado vaticano. La Mezquita es Patrimonio de la
Humanidad, recibe cuantiosas subvenciones de la Junta, pero es administrada
por otro Estado, ni tan siquiera es propiedad del obispado de Córdoba,
¿quién controla sus ingresos multimillonarios?, ¿su Patrimonio histórico?.
Solo hay que recordar la subasta de vigas califales en Londres. Este
hecho en sí, debería haber motivado que la iglesia católica devolviese todo
el control que a día de hoy ejerce.
- No contempla el establecimiento
de convenios económicos y culturales con Murcia, Extremadura y el Algarve,
sobre la base de la tradición histórica de Andalucía.
- No se reconoce a la
Diáspora andalusí, los mismos derechos reconocidos a los
sefardíes. Los andalusíes como una ofensa más, no tienen ninguna
mención en la legislación del Estado español. La represión siglos después
continúa.
- No se contempla una profunda
reforma electoral que concrete la Convocatoria de
elecciones en solitario. Aumentar el número de parlamentarios en consonancia
con nuestra población (160-170 diputados). Que se reduzca al 3% el número de
votos por circunscripción electoral para tener acceso al reparto de
diputados, como sucede en otras Comunidades autónomas. Circunscripción
Única en las elecciones al Parlamento Europeo. Listas electorales
abiertas. Derecho a votar en Andalucía para todos aquellos emigrantes
andaluces que residiendo fuera de la actual Comunidad Autónoma, así lo
quisieran.
En definitiva,
nos sobran razones para decir que NO a este engendro de nuevo estatuto que nos
quieren imponer el tripartido nacionalista español. A todo lo comentado,
habría que añadir:
* el abandono definitivo a una
necesaria y justa reforma agraria;
* nuestro
derecho a decidir sobre las bases extranjeras en nuestro
territorio,
* un marco preferencial con Marruecos, que posibilite
acuerdos bilaterales en materia de pesca, etc.
Por eso y por mucho más,
los andaluces de conciencia, daremos un rotundo NO.
Andalucía 3 de febrero de
2007
*Antonio L. Calderón Díaz es
Coordinador Nacional de Liberación Andaluza
Análisis General del Proceso de
Reforma Estatutaria:
Andalucía Libre nº 266, 24 de julio de 2005
Andalucía Libre nº 284, 1 de marzo de 2006
Debate: las
características del Estatuto y el posicionamiento de la
izquierda
Andalucía Libre nº 94. 11 de Julio de
2001
Convocatorias
por el NO
Acto en Córdoba
por el NO
CHARLA SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL
ESTATUTO PARA ANDALUCÍA
LUGAR: Sede del PCPA en Córdoba.
C/ Magistral Seco de
Herrera 15, 1º izq
(Barrio de Ciudad
Jardín, junto a la Plaza de Toros).
HORA: 20:30 - DÍA: Viernes 9 de febrero de
2007
ORGANIZAN: PCPA - CJC -
JALEO!!!
Acto en Málaga
por el NO
Viernes 9 de
Febrero, a las 8 de la tarde (20.00 horas)
CENTRO SOCIAL-CASA DE INICIATIVAS
(C/ Gaona, Málaga)
PLATAFORMA MALAGUEÑA
POR EL NO AL ESTATUTO:
Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI,
PCPA, Jaleo, ERA, y personas sin afiliación),
IR, CJC, SOC-SAT, Ateneo Republicano de
Málaga, Nación Andaluza, Alternativa Mijeña, FSA
Cumbre de la
OTAN en Sevilla - Cumbre AntiOTAN
Los del SÍ al
Estatuto también defendieron al Euro
Los precios de los productos básicos han subido un
60% desde la entrada del euro
Un estudio de la
Confederación Española de Amas, Consumidores y Usuarios, CEACCU, elaborado en
enero, ofrece un dato que la mayoría de los ciudadanos ya sospechaban: los
precios han subido de forma “generalizada y desproporcionada” desde que el euro
hizo su aparición en España, en enero de 2002. En total, en ese
estudio se cifra la subida media de los precios en un 60%, en
comparación con lo que costaban ciertos productos en 2001, un año antes de que
la nueva moneda entrara en vigor.
Para llegar a esta
conclusión, CEACCU ha analizado los precios de 59 productos que han considerado
“cotidianos”. Entre ellos, artículos de alimentación, de ocio, servicios
públicos y otros menos necesarios pero igual de recurrentes, como cremas para la
piel o el tabaco. La comparación ha sido doble: por un lado, se ha visto la
evolución de los precios de 2001 a 2002, con el cambio de la peseta al euro. Con
ese dato, ya se puede apreciar la tendencia que iba a seguir en los años
anteriores. Algunos productos, como los tomates, subieron el
precio un 28,85%. El precio de una bolsa de aperitivos subió un 107,7%. O las
tarifas postales, un servicio público, pasaron a ser un 41,1% más
caras.
Pero esos datos,
con el paso firme del euro en la economía española, han seguido creciendo. De
los alimentos cotidianos, la barra de pan ha sido uno de los
productos que más ha subido. De costar 40 pesetas en 2001, en 2006 ha llegado
hasta los 0,50 euros. Lo que, trasladado a la antigua moneda, supone 83 pesetas.
Una subida que supera el 100 por cien, según los datos de
CEACCU. El mismo estudio detalla que llenar el carro con una compra media
semanal de una familia de cuatro miembros –que antes podía llegar a las
15.000 pesetas y que ahora se calcula en 170
euros, 28.286 pesetas– ha subido un
88,5%. “Destacan la subida de alimentos modestos, como las
cebollas, las sardinas o el cerdo”, sostiene el informe de
CEACCU.
En esa misma
tendencia exagerada al alza durante estos años se sitúan otros productos que, si
bien no son de primera necesidad, sí son de uso cotidiano. Un café con
leche, por ejemplo, cuyo coste para el consumidor se ha incrementado un
80%. O una cerveza, cuyo precio ha crecido hasta ser un
99,6% más cara de lo que lo era hace seis años. O las
chucherías. En esta última categoría se ve el ejemplo clásico de mala aplicación
de la moneda europea. Así, cuando en 2001, una chuchería costaba 5 pesetas,
ahora cuesta 5 céntimos. Un incremento del 66%.
El estudio también
analiza el incremento de servicios públicos o tarifas de transporte. Así,
concluye que la bajada de la bandera en un taxi ha pasado a
costar un 224%, uno de los datos más altos de los 59 productos
analizados. Y la cuota mensual telefónica ha subido un
36,08% desde la entrada del euro
La subida del precio
de los alimentos, los productos de ocio, de usos varios o de los servicios
públicos no se ha visto correspondido con una subida de los salarios. El último
dato disponible del Instituto Nacional de Estadística, el tercer trimestre de
2006, estipulaba que la evolución del coste salarial –las remuneraciones, tanto
en metálico como en especie, realizadas a los trabajadores por la prestación
profesional de sus servicios– respecto al mismo periodo del año anterior,
suponía un crecimiento del 4,4%. Además, el
salario mínimo interprofesional ha subido, desde la entrada del
euro en enero de 2002, un 5,4% hasta llegar a los 540,9 euros
al mes en diciembre del año pasado.
Entre sus
conclusiones, el estudio también destaca que “la sensación real para el
consumidor es tener que dedicar un euro a lo que antes dedicaba 100 pesetas”, lo
que supone un desfase de 66 pesetas que desaparecen del
bolsillo.
El
patriotismo también se mide en Euros
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