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Asunto: | [AndaluciaLibre] nº 282 - Urbanismo Depredador - FMI - El 18/98 | Fecha: | Viernes, 23 de Diciembre, 2005 06:39:42 (+0100) | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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nº 282
En este Correo:
Andalucía
Urbanismo
depredador
*Municipios de la Costa
del Sol proyectan 540.000 nuevas viviendas, Diego Narvaez
*Un modelo urbanístico
bajo sospecha, Jose M. Atencia
*El Agua es el talón de
aquiles del voraz desarrollo urbanístico, J. Martín-Arroyo
*A la espera de la Ley
andaluza del Golf, D.N
*Tres planes para
reordenar Málaga
*Documentación y
Antecedentes
*Andalucía: Represión antisindical en Hospital de Cádiz
*Estado español:
Parlamento español aprueba presupuestos 2006 con unico voto
en contra del PP
*Opinión - ¡STOP! A la Reforma
Laboral del Gobierno Zapatero, Diosdado
Toledano
*Siete de cada 10
subsaharianos aún no pueden ser repatriados, Tomás
Barbulo
*Euskadi, Macroproceso 18/98 - Enlaces para Información y
Documentación
*Analisis y Opinión: Sumario 18/98: Kafka en
Euskadi, Antón Corpas
*Imperialismo -
Analisis - FMI, deuda y
terrorismo, Damien
Millet y Éric Toussaint
*Argentina, Los
efectos de pagarle al Fondo,
Claudio Katz
*Sugerencias:
- Documentos sobre la guerra
civil y la represión en Llerena, José Fernando
Mota,
- Algunos recuerdos sobre
el POUM de los años sesenta, José Gutiérrez
Álvarez.
- La caravana de la Muerte: Crta. Málaga-Almería
1937
- El bombardeo nazi
de Almería en 1937 - Especial
Centenario de la Revolución Rusa de 1905, CEIP León Trotsky
(Argentina),
*Solidaridad con Palestina y la Nación
Árabe
*Directorio de Andalucía en Internet
*Musica
de Fondo
--oOo--
Andalucía
EL 'BOOM' URBANÍSTICO - DOSSIER en EL PAIS
Los municipios de la Costa del Sol proyectan 540.000 nuevas
viviendas
El espectacular crecimiento de la
construcción de viviendas en la Costa del Sol parece imparable. Pese a que la
escasez de agua cuestiona que se pueda dar servicio a tantas casas nuevas, hay
planeadas más de medio millón en un litoral en el que apenas quedan zonas sin
explotar. Como trasfondo de esa voracidad constructora se van confirmando en los
juzgados delitos urbanísticos cometidos por corporaciones de todos los colores
políticos e incluso tramas mafiosas sobre las que ya hace años comenzaron a
saltar las alarmas. Las sospechas se ven reforzadas en casos como la operación
Ballena Blanca, que destapó el blanqueo de dinero a través de operaciones
urbanísticas.
DIEGO NARVÁEZ - Málaga
Mapa de Andalucía
(con actuales
delimitaciones provinciales para facilitar ubicación)
El fuerte ritmo de
construcción de viviendas en la provincia de Málaga en los últimos años
-en 2002, por ejemplo, se construyeron casi tantas casas como en toda
Cataluña- no parece tener freno. La Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía estima que en los nuevos planes de ordenación municipal se
proyectarán en el conjunto de la provincia más de 600.000 viviendas a ejecutar
en los próximos 10 o 12 años. Actualmente hay registradas catastralmente en la
provincia 791.859 casas que tributan en el Impuesto de Bienes
Inmuebles.
Mayoritariamente estas
previsiones se concentran en la Costa del Sol, donde sólo 10 municipios que ya
tienen ultimado el documento de avance de sus nuevos Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) suman 455.000 nuevas casas. A ellas hay que unir las
48.000 programadas en el PGOU de Benalmádena aprobado hace apenas dos años, y
otras 35.000 que se estima sumarán los planes de Nerja y Torremolinos, aún no
publicados.
En total, unas
540.000 nuevas viviendas en una franja costera de 160 kilómetros entre
Nerja y Manilva donde se ha construido en los
últimos años la mitad de las viviendas edificadas en el conjunto del litoral
andaluz, y que hoy en día es ya prácticamente un continuo urbano en el que han
desaparecido las fronteras entre términos municipales, y en el que se localizan
44 de los 87 campos de golf andaluces. Especialmente llamativo es el caso de
Benahavís, que con apenas 2.265 habitantes programa 90.000
nuevas viviendas.
Este vertiginoso ritmo de
crecimiento ha provocado ya un profundo debate social sobre sus consecuencias y
la conveniencia de poner límites a un modelo urbanístico voraz con los recursos
naturales y que se ha desarrollado sin las infraestructuras
necesarias.
Uno de los municipios
más expansivos es el de Estepona, gobernado
por Antonio Barrientos (PSOE) con apoyo de ex
miembros del GIL y el Partido Andalucista, en el que se va a programar suelo
para 82.000 nuevas viviendas -actualmente tiene 32.000- más incluso que en la
capital, Málaga (78.000 nuevas casas), que tiene 10 veces más habitantes. El
alcalde relativiza los datos y explica que la proyección del número de viviendas
sería a un plazo "muchísimo más amplio" a los 12 años aproximados de
vigencia del plan. Barrientos asegura que la población real de la ciudad supera
ya los 100.000 habitantes y argumenta: "No hay que mirar las cifras, sino
que el crecimiento sea coherente y realizado con los equipamientos
correspondientes y respetuoso con el medio ambiente, más negativo es hacer 3.000
viviendas sin equipamientos, que 10.000 bien programadas". Según
Barrientos, el 70% del término municipal quedará como suelo no urbanizable y
"todo lo que está previsto se ajusta a un plan de desarrollo sostenible, con
suficientes infraestructuras y parques, y densidades y coeficientes de
edificabilidad más bajos de los máximos que permite la
ley".
El propio presidente de la
Asociación Provincial de Constructores y Promotores, José
Prado, reconoce quedarse "asustado" con las previsiones de
nuevas viviendas, y proclama que se trata de un crecimiento "insostenible si
no va acompañado de unas infraestructuras que hoy ya son absolutamente
insuficientes". El presidente del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, va más allá.
Admite el atraso en infraestructuras, pero rechaza que si éstas crecen pueda
mantenerse la expansión urbanística. "Hay que hacer una reflexión sobre lo
que admite el territorio en función de las necesidades de agua, o de consumo
energético, de la conservación del paisaje... El territorio tiene una capacidad
de carga y los municipios deben ser conscientes de que hay unos límites de los
que no podrán pasar", explica.
La expansión urbanística
corre ya también por el interior de la provincia, especialmente en el Valle del
Guadalhorce, comarca en la que se proyectan 50.000 nuevas viviendas, o en
ciudades como Antequera, que prevé 35.000 casas.
Un modelo urbanístico bajo
sospecha
JOSÉ M. ATENCIA -
Málaga
Hace dos
años el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología advirtió en un
estudio que el veloz desarrollo
urbanístico de la Costa del Sol se nutría, en parte, de inversiones de dinero
negro y que estaban proliferando corruptelas y prácticas ilícitas que ponían
en evidencia la debilidad de los controles administrativos y
judiciales.
El informe, realizado en
colaboración con las universidades de Ámsterdam (Holanda), Trento (Italia) y
Cardiff (Reino Unido), alertó sobre el posible inicio de un ciclo que podía
culminar "con el sólido establecimiento de grupos delictivos organizados
controladores de la políticas y las actividades empresariales locales".
El estudio cayó como una bomba y fue denostado abiertamente por dirigentes
políticos y empresariales, que censuraron la criminalización de la imagen del
litoral malagueño y sus efectos perniciosos sobre el turismo, principal
industria de la provincia.
No se advertía de un fenómeno
nuevo, ni tampoco exclusivo de la región, pero si de indicios que apuntaban
hacia el asentamiento de la criminalidad organizada en la actividad
urbanística de la Costa del Sol. Han ocurrido hechos, desde entonces, que
avalan la preocupación de estos expertos criminólogos.
El más claro ejemplo es la
operación Ballena Blanca, la investigación sobre blanqueo de
dinero más importante iniciada en España y cuya punta del iceberg era el
despacho Del Valle Abogados de Marbella. La operación se ha ido agrandando en
los últimos meses y hay 72 millones de euros intervenidos en 28 entidades
bancarias. Se han incautado más de 400 inmuebles y el número de organizaciones
criminales relacionadas con el despacho marbellí asciende ya a 17. Según la
investigación policial, este despacho manejaba un millar de sociedades, de las
cuales la mitad están bajo sospecha. Los investigadores están convencidos que
se crearon para blanquear dinero procedente de actividades criminales a través
de operaciones urbanísticas.
Fruto de las investigaciones, la
policía detenía el pasado mes de octubre al alcalde de
Manilva (Málaga), Pedro Tirado*, y a su cuñado Francisco
Calle, por un supuesto caso de corrupción urbanística vinculado a esta red de
blanqueo de dinero. Tirado tenía en su casa 770.000 euros en bolsas de
plástico. Era el primer alcalde detenido en la Costa del Sol por eso que los
expertos del Instituto de Criminología de Andalucía habían advertido: el
control por parte de mafias organizadas de la política local.
El caso, sin embargo, más
flagrante -por la reiteración de los desmanes urbanísticos y las sospechas que
pesan sobre los concejales- se concentra en Marbella, una
localidad donde en su actual corporación hay 14 ediles, incluida la alcaldesa
Marisol Yagüe, imputados en procesos penales, la mayoría de ellos por delitos
contra la ordenación del territorio. Desde que en el año 1991 Jesús Gil y Gil
logró la alcaldía, se han producido ocho condenas a concejales y se eleva a 27
el número de ediles imputados. En la actualidad hay 30 sumarios abiertos por
delitos contra la ordenación del territorio, más de 400 licencias impugnadas y
115 notificaciones a la Junta de Andalucía por delito
urbanístico.
El Gobierno andaluz, que está
elaborando actualmente una ingente legislación sobre urbanismo, tiene litigios
en los tribunales de justicia con otros municipios del litoral malagueño, que
han incumplido varias veces sus propias normas urbanísticas. Entre ellos se
encuentra Benalmádena -a cuyo alcalde, el independiente
Enrique Bolín, la fiscalía llegó a abrir diligencias por un delito
urbanístico- Estepona (PSOE), Nerja (PP) o
Torremolinos (PP). Los expertos del informe del Instituto
Criminológico, que dirigió el catedrático de Derecho Penal, José Luis Díez
Ripollés, advirtieron de que la aparición de las prácticas corruptas se veían
favorecidas por la opacidad y complejidad de los procedimientos
administrativos de planteamiento urbanístico y los sistemas de control poco
eficientes.
*Ver Andalucía Libre nº 270,
15/10/2005
El agua es el talón de Aquiles del voraz desarrollo
urbanístico
J. MARTÍN-ARROYO
- Málaga
El crecimiento imparable del
ladrillo se topa en la Costa del Sol Occidental con un obstáculo a medio plazo
insalvable: la falta de lluvias. La combinación de un clima semidesértico con
44 campos de golf, muchos otros en proyecto, e incontables
piscinas y jardines, se antoja imposible. La población flotante que acogerá la
zona en 2015 se acercará a los dos millones, y las autoridades avisan de que
las infraestructuras hídricas previstas no podrán seguir este ritmo de
crecimiento de vértigo.
La población ha pecado de
inconsciente, y hasta ahora no se ha caracterizado por reducir su consumo,
pese a las repetidas advertencias de las autoridades. La media de consumo por
persona se sitúa en 270 litros al día, mientras que lo imprescindible no
supera los 125. "La gente aún no ha asumido la mentalidad de padecer una
sequía", denuncia Juan Cañete, consejero delegado de Acosol, empresa que
distribuye el agua a los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental. La zona
sufre desde hace mes y medio un decreto de sequía que aún no plantea
restricciones, pero tras las escasísimas lluvias registradas este otoño todo
apunta a que el temido fantasma aparecerá antes del próximo
verano.
La Junta
intenta a marchas forzadas reducir la dependencia de los diezmados embalses,
porque el de La Concepción, que abastece a la zona, está al 11% de su
capacidad y sólo contiene cinco hectómetros cúbicos. El abastecimiento actual
se nutre principalmente de la desalinizadora de Marbella, del reciclado de
aguas residuales, de los aportes del río Guadiaro del Campo de Gibraltar y de
nuevos sondeos y pozos.
De momento la Junta ha aprobado
obras de emergencia para asegurar el suministro, pero los expertos auguran que
pronto serán insuficientes, ya que se ha iniciado un ciclo de sequía. Desde la
gran sequía de 1995 y las consiguientes restricciones, las autoridades
anunciaron el denominado Plan Málaga, que incluía importantes
infraestructuras, pero 10 años después éstas siguen siendo puro humo. Ahora,
el Plan de Ordenación Territorial plantea construir seis nuevas
desalinizadoras con capacidad similar a la que funciona en Marbella, además de
reforzar la infraestructura de depuración para lograr que se reutilice toda el
agua y no se vierta al mar ni gota.
"En la Costa del Sol
vivimos de puro milagro. Las infraestructuras siempre van por detrás, y
primero se construyen los campos de golf y las viviendas, y luego se dice que
hay que abastecerlos. ¿Por qué el crecimiento de la Costa del Sol debe
quintuplicar el de otras zonas del país?", se pregunta Antonio Rodríguez
Leal, director de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que gestiona el agua en la
zona.
CONFLICTOS
POLÍTICOS Y DE COMPETENCIAS:
A la espera de la ley andaluza del
golf
D. N. - Málaga
Las prácticas urbanísticas en
algunos municipios de Andalucía, y de forma significada en la Costa del Sol,
depara de forma recurrente conflictos políticos y de competencias entre la
administración autonómica y los ayuntamientos.
Marbella
es un caso paradigmático. Desde 1995, la Junta de Andalucía ha
impugnado 420 licencias de obras municipales concedidas en contra del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, motivo fundamental por el que ha
iniciado los trámites para la retirada de las competencias en materia de
planificación urbanística al consistorio presidido por Marisol Yagüe. La
Consejería de Obras Públicas andaluza tiene entre sus competencias la aprobación
definitiva de los planes generales de ordenación urbana de los municipios, y las
elevadas previsiones de construcción de nuevas viviendas contenidas en los
documentos de avance de éstos augura cuando menos nuevas
discrepancias.
El delegado de la consejería
de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, ya ha advertido de que la
previsión de más de medio millón de casas en la Costa del Sol "parece una
barbaridad" y que el desarrollo urbanístico "no puede entenderse como una mera
clasificación de suelo". "No se puede plantear hacer en 10 o 15 años tantas
viviendas como en toda la historia", argumenta. Los municipios tendrán que
justificar "muy bien" sus previsiones de nuevas viviendas, según la
Junta.
Una vez ultimados los
documentos de avance, los plenos municipales deben hacer una aprobación inicial
del PGOU, sacarlos después a información pública y, una vez estudiadas y
cursadas las alegaciones, aprobarlos provisionalmente y remitirlos a la Junta
para que le dé o no la autorización definitiva.Los planes subregionales de
ordenación del territorio ya han puesto sobre la mesa nuevas fricciones entre la
Junta y los municipios, en las que no hay diferencias de color político. El de
la Costa del Sol Occidental, por ejemplo, se ha tramitado con el voto contrario
de los alcaldes del PSOE, y para los del PP estos planes suponen una invasión de
las competencias municipales en materia de ordenación.
El Plan de Ordenación
Territorial (POT) de la aglomeración urbana de Málaga, por ejemplo, reserva para
parque público una zona próxima a la desembocadura del río Guadalhorce en la que
el Ayuntamiento de Málaga proyecta una marina deportiva con 1.200 atraques y 900
viviendas. Los municipios están también a la espera, para concretar sus nuevos
planes, de que la Junta promulgue el anunciado decreto de golf, con el que
pretende restringir las urbanizaciones junto a estas instalaciones
deportivas.
TRES PLANES
PARA REORDENAR MÁLAGA:
4.300
millones en nuevas infraestructuras
La revisión de los planes
municipales de ordenación urbana que acometen todos los municipios andaluces
para adaptarlos a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) tendrán que
coordinarse con los planes subregionales que impulsa la Junta de Andalucía para
definir unas pautas comunes en el desarrollo de determinadas zonas
geográficas.
En Málaga existen tres Planes
de Ordenación Territorial (POT) en proyecto. El más avanzado es el de la
Costa del Sol Occidental, que afecta a nueve municipios
(Fuengirola, Mijas, Marbella, Ojén, Istán, Benahavís, Estepona, Casares y
Manilva) que en el horizonte de 2015 pueden sumar 1,7 millones de habitantes. El
plan considera que el suelo ya calificado es suficiente para atender la demanda
de viviendas de esa población estimada y su principal aspiración es dotar a la
zona de las infraestructuras "que dan categoría a una gran urbe", según
su redactor, José Seguí.
Los POT no pueden calificar
suelo, pero si establecer reservas "estratégicas" para equipamientos, parques o
zonas libres que obligatoriamente los planes municipales deberán respetar. El de
la Costa del Sol Occidental, que aumenta al doble el espacio actualmente
protegido, prevé inversiones de 4.300 millones de euros en nuevas
infraestructuras.
El mayor bocado (1,8
millones) es para el corredor ferroviario que conectará Málaga y Estepona y que
según Seguí está llamado a ser "el principal eje vertebrador de los municipios
de la Costa del Sol". También se prevé una carretera longitudinal intermedia
entre la antigua N-340, hoy convertida en la principal avenida de esta franja
costera, y la autopista AP-7, y en torno a la cual se articulará una malla para
conectar los núcleos urbanos. La segunda gran apuesta es la construcción de seis
nuevas desaladoras de agua y completar la red de depuración de ciclo integral.
Entre otras actuaciones prevé sendos hospitales en Estepona y Mijas, un centro
universitario en Marbella y tres parques empresariales en esta ciudad, Ojén y
Mijas.
El POT de la
aglomeración urbana de Málaga afecta a 10 municipios en los que
residen 750.000 personas, entre ellos los núcleos costeros de la capital,
Torremolinos, Benalmádena y Rincón de la Victoria, y según su redactor, Manuel
González Fustegueras, incide sobre todo en la búsqueda de nuevos parques
metropolitanos.
En la zona más virgen
de la costa, la oriental, el POT de La Axarquía ordena 29
municipios de la costa y el interior de tradición agrícola ya perdida, contempla
1.200 millones de euros en infraestructuras y tiene como principal reto
solucionar las casi 10.000 viviendas diseminadas ilegales esparcidas por la
comarca.
Documentación y Antecedentes:
Andalucía
Tres
sindicalistas del Hospital de Cádiz a los que quieren sancionar con meses de
empleo y sueldo, reciben apoyo solidario de cientos de
trabajadores
inSurGente.- Los sindicalistas del
hospital Puerta del Mar de Cádiz, pertenecientes a Autonomía Obrera y a la CGT,
pueden ser sancionados hasta con un año de empleo y sueldo. Sus
supuestas faltas graves son: fijar carteles en lugares no autorizados,
desconsideración con un superior (llamaron “represor nato” al Director
de Servicios Generales al sorprenderlo arrancando carteles), desconsideración
con un compañero (llamaron “chivato” al responsable de Securitas que
tomaba datos de una concentración), contribuir a la comisión de una falta grave
(por interponer un contenedor de ropa entre ellos y los vigilantes de
seguridad), pero todo indica que en el trasfondo está el hecho de que ninguno
pertenece a los sindicatos del sistema, CCOO y UGT. Ayer se vivió en el
vestíbulo del citado hospital una jornada de solidaridad con los sindicalistas,
con la asistencia de Diego Cañamero del SOC, Agustín Gómez Acosta de la CGT y
Ángel Fernández de USTEA, entre otros.

Cadiz Información/
inSurGente.- Los sindicatos mayoritarios del hospital Puerta del Mar
de Cádiz han denunciado la “extrema represión” que la dirección viene ejerciendo
contra los delegados sindicales en estos últimos tres años. La última gota, que
ha colmado el vaso, ha sido el anuncio de que tres delegados
sindicales serán sancionados con la suspensión de funciones, esto es,
suspensión de empleo y sueldo.
Fue en el mes de julio cuando la
instructora propuso al gerente del hospital los expedientes de sanción. Tras
seis meses de instrucción, “sin que haya prosperado ninguna de nuestras
alegaciones”, los expedientes están a punto de ser resueltos. Así lo
explicó ayer el presidente de la junta de personal, José
Martínez, que ha sido sancionado a un año de
suspensión de empleo y sueldo. Sus compañeros José Manuel
Casas, también de Autonomía Obrera como Martínez, y Pedro
Ragel, de CGT, han sido sancionados a seis y
dos meses, respectivamente.
Ante esta “extrema
represión”, el presidente de la junta de personal convocó ayer una rueda de
prensa para informar de esta situación, una hora antes de la concentración de
protesta que tuvo lugar en el vestíbulo principal del centro hospitalario.
Martínez no sólo recibió el apoyo de sus
compañeros sino que, en su comparecencia ante los medios de comunicación, estuvo
acompañado por altos cargos sindicales, como Agustín Gómez
–secretario general de la CGT de Andalucía–; Diego
Cañamero –secretario general del SOC–; y Ángel
Fernández –delegado sindical de USTEA–. Los tres
sindicalistas coincidieron en afirmar que estas sanciones suponen “un
auténtico atropello a la libertad sindical”. Algo que se da en otros
sectores productivos, “la represión no es nada nuevo en el
sindicalismo”, declaraba Cañamero, pero en este caso, “es más
preocupante al tratarse de un centro público”, subrayó Gómez.
Las
faltas graves que se les imputan son fijar carteles en lugares no autorizados,
faltar el respeto a un superior, contribuir a la comisión de una falta grave y
desconsiderar a un compañero. Sin embargo, Martínez quiso aclarar cada uno de
los puntos. En cuanto a la fijación de carteles en lugares no
autorizados, “no nos ha quedado más remedio después de que la
dirección eliminase los tablones sindicales a través de un vergonzoso acuerdo
con los sindicatos oficiales”. “Se nos imputa que llamemos represor
nato al director de Servicios Generales, pero lo que no dicen es que lo
sorprendimos arrancando de la pared de la planta baja unos carteles que minutos
antes habíamos colocado”, explicaba Martínez. Si alguno de los tres
imputados llamó “chivato” al responsable de Seguridad fue porque
“relató a la dirección todos los datos de una concentración”. Y es que
como declaraba el secretario general de CGT de Andalucía, Agustín
Gómez, “es increíble que un Gobierno
socialista se sirva de un equipo de seguridad para utilizarlo como un ejército
de chivatos a semejanza de la Gestapo”.
Y es que según argumentan
los sindicatos mayoritarios, todo es producto de la represión a la que están
siendo sometidos. “Si nos quitan los tablones sindicales y nos arrancan los
carteles, no queda otra que hacer pintadas para expresar el sentir general,
porque la dirección no debe olvidar que somos el sindicato mayoritario”,
explicó Martínez, que considera que estas sanciones responden a una estrategia
de desgaste. “Como no nos pueden tapar la boca nos quieren quitar de en
medio”, concluyó el presidente de la junta de personal. Hace tres años que
el sindicalismo de lucha representado por Autonomía Obrera (AO) y la CGT tuvo el
apoyo mayoritario de los trabajadores del Hospital. Y fue a partir de ese
momento, “cuando el Servicio Andaluz de Salud emprendió una lucha sin
cuartel contra nosotros”, manifestaba José Martínez, que
ha derivado en estos tres expedientes sancionatorios. Pero hasta llegar a esta
situación, los sindicatos subrayan el ‘apartheid’ y ostracismo al que
han sido condenados. “Nos tienen escondidos en la décima planta, no nos
llaman para ninguna reunión ni, por supuesto, para negociar”. De hecho, ni
AO ni CGT fueron invitados a la apertura del Centro de Alta de Resolución de
Vargas Ponce o incluso a la lavandería que se ubica en la Zona Franca. Y para
qué hablar del nuevo hospital ideado por la Junta. “Eso no es más que un
anuncio propagandístico para sacar plusvalías con la venta de estos terrenos y
auspiciado por varios medios de comunicación”.
España
Parlamento español aprueba Presupuestos 2006 con único voto
negativo del PP Salen adelante con el apoyo del PSOE y otros seis
partidos
AGENCIAS -
Madrid
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha aprobado hoy definitivamente el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2006, las segundas cuentas públicas del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, que han contado con un respaldo parlamentario
más amplio que las primeras cuentas socialistas. Las cuentas del próximo año
contemplan un incremento del gasto del 7,6%, hasta los 133.947 millones de
euros
En concreto, los Presupuestos
de 2006 han obtenido el apoyo de los socios habituales del Gobierno, ERC,
Izquierda Unida-ICV y CC, y han sumado también el respaldo de PNV, CiU y BNG,
formaciones que el pasado año rechazaron las cuentas públicas. Eusko Alkartasuna
cambió su posición contraria durante todo el trámite del proyecto y finalmente
se abstuvo, al igual que la única diputada de Nafarroa Bai. La diputada de EA, Begoña Lasagabaster, ha explicado que el cambio de
posicionamiento de su partido se debe no tanto a la materia presupuestaria, con
la que siguen sin estar totalmente de acuerdo, sino al "importante esfuerzo" del
Gobierno con el País Vasco en materia de "pacificación" y "normalización
política".
Aprobadas un centenar de
enmiendas
La Cámara Baja ha ratificado la
incorporación de unas 100 enmiendas introducidas en el Senado por el PSOE en
solitario y conjuntamente con otros grupos. Son cuestiones relativas a dotación
de infraestructuras, prestaciones sociales y diversas actuaciones en el ámbito
autonómico, entre otras. También se ha incorporado una enmienda del PP que
amplía la dotación de un centro tecnológico en Canarias.
Entre las enmiendas del PSOE
aprobadas destaca una pactada con IU para la presentación, en el primer semestre
de 2006, de un conjunto de ayudas al alquiler para personas mayores de 70 años,
perceptoras de pensiones no contributivas y con escasas posibilidades
económicas. Otra enmienda acordada con IU insta al Gobierno
a modificar el Programa de Fomento del Empleo, en función de los resultados del
diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo que en la actualidad
están negociando patronal y sindicatos.
Una enmienda pactada con CiU
plantea mejorar la dotación estatal que reciben los colegios
concertados, tras las negociaciones mantenidas en las últimas semanas
entre ambos grupos sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE). En esta misma línea, destacan las medidas de apoyo al esfuerzo inversor
de las empresas del textil, del calzado y del mueble. En concreto, se propone
que el Gobierno instruya al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que medie en
la concesión de préstamos a las compañías de estos sectores, destinados a
impulsar la renovación de instalaciones, la internacionalización de sus
productos, la constitución de redes de distribución, la innovación y otras
medidas que mejoren su competitividad.
Al término de las votaciones de
las diversas enmiendas, que duró más de dos horas, el vicepresidente segundo y
ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, mostró su "satisfacción" por el
respaldo "muy amplio" que han obtenido estos Presupuestos, destacó que con la
aprobación de los mismos se da continuidad al Gobierno en el ecuador de la
legislatura y afirmó que este mayor respaldo augura unas "mejores condiciones"
para el Ejecutivo de cara el próximo año. El ministro
resaltó que las cuentas del próximo año apuestan por la estabilidad
presupuestaria y por la inversión productiva, al tiempo que contemplan un
superávit presupuestario "claro" (0,2% del
PIB).
Las cuentas de
2006
Las cuentas del próximo año
contemplan un incremento del gasto del 7,6%, hasta los 133.947 millones de
euros, y unos ingresos que alcanzarán los 128.000 millones, un 9,2% más que en
2005, con lo que el Estado registrará el próximo año un déficit del 0,4% del
PIB. Entre las partidas prioritarias, figuran
mayores dotaciones presupuestarias destinadas a gasto social, I+D, educación,
seguridad ciudadana y ayuda oficial al desarrollo, con un crecimiento económico
del 3,3% y la creación de más de 460.000 nuevos empleos.
Los grupos y partidos que hoy
apoyaron en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2006
expresaron su satisfacción por estas cuentas y la inclusión de sus aportaciones,
aunque advirtieron al Gobierno de que vigilarán la ejecución de las inversiones
y el cumplimiento de los acuerdos. En el
debate final de los presupuestos, el diputado socialista Pedro Saura agradeció
el apoyo de la mayor parte de los grupos, porque demuestra que el Gobierno "ha
ganado en estabilidad", y lamentó la actuación "irresponsable" del PP en el
Senado, por aprobar enmiendas que, de mantenerse, "aumentarían el techo de gasto
en 1.100 millones de euros".
Opinión
De reforma
laboral en reforma laboral....
¡STOP! A la Reforma Laboral del Gobierno
Zapatero
Diosdado
Toledano
La degradación de
las relaciones laborales y las condiciones de vida de los trabajadores tienen
como fundamento las sucesivas reformas laborales llevadas a acabo por los
gobiernos del PSOE y del PP, en el mejor ejemplo posible para mostrar que
comparten los mismos objetivos y la política neoliberal.
El Estatuto de
los Trabajadores fue aprobado en 1980. Pronto, en 1984, el primer gobierno
socialista (formado en 1982) acometió una reforma que introdujo una gran
flexibilidad del mercado de trabajo a través de crear un amplio abanico, hasta
16 modalidades, de contratos espurios. La precariedad en poco tiempo creció
intensamente llegando a afectar a un tercio de los asalariados.
En 1994, abrumada
la sociedad por un paro masivo que alcanzó casi el 25% de la población activa,
de nuevo el gobierno del PSOE se creyó en posesión de la fuerza y la razón
necesarias para imprimir un nuevo avance en la precariedad del empleo y en las
posibilidades del despido. La mayor precariedad vino como consecuencia de
dejar intacto en lo fundamental los contratos vigentes y añadir otros nuevos
aún más degradados, como los de aprendizaje, un contrato “basura” que supuso
introducir por la puerta de atrás el plan de empleo juvenil que desencadenó la
histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988.
Las facilidades para el despido
surgieron de la ampliación de las causas para realizar despidos
individuales objetivos por motivos tan imprecisos como “las
necesidades organizativas y de producción”, cuando ya existían las causas
económicas y tecnológicas. Por otro lado, pasaron a considerarse como despidos
individuales los colectivos que no supusieran más del 10% de
la plantilla, hasta un máximo de 30 trabajadores, eso sí, cada trimestre. Se
remató la reforma suprimiendo el carácter de indisponible de algunos derechos
reconocidos en el Estatuto (jornada máxima, descansos diarios), con lo que
pasaron a convertirse en moneda de cambio en los convenios, derogándose las
ordenanzas laborales, que protegían a los trabajadores más débiles
sindicalmente, y en fin, legalizando las empresas de trabajo temporal, las
siniestras ETT, que tuvieron un desarrollo espectacular.
Pero todo aquello
se consideró insuficiente. Habiéndose puesto la proa para cumplir los
criterios de Maastricht, el nuevo gobierno del PP decretó en 1997 una nueva
reforma que, respaldada por la mismas fuerzas políticas que la anterior, contó
como novedad con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. El abaratamiento del
despido, objetivo básico, experimentó un sensible avance, mientras que la
coartada de dotar de mayor estabilidad al empleo se logró en un grado
insignificante. La posibilidad de aplicar el sorprendente despido
individual/colectivo instituido en 1994 se hizo más confusa para favorecer a
los empresarios. Por otra parte, para “estimular” la contratación
indefinida se aprobó nuevo contrato de aplicación para jóvenes y parados de
larga duración con una indemnización por despido improcedente de 33 días por
año y un tope máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días por año
trabajado y 42 meses de los contratos indefinidos normales.
A grandes rasgos
esta es la evolución de la legislación laboral básica del último cuarto de
siglo. Sus consecuencias son conocidas, o mejor, harto sufridas por los
trabajadores: nivel de los salarios, precariedad del empleo, horarios
abusivos, facilidades del despido, trabajo clandestino de inmigrantes. En
estas circunstancias, sería normal que se plantease la necesidad de una
reforma laboral que combatiera los contratos basura, que restituyera los
derechos recortados, que eliminase las ETT, que prodigase protección
suficiente a los parados, que controlase la subcontratación y el reguero de
muertes que conlleva. Pero las cosas no van por ese camino y el peligro de una
nueva contra reforma laboral está sobre el tapete.
Ante la
imposibilidad de poner de acuerdo a empresarios y sindicatos en la llamada
mesa de “diálogo social” que inició sus reuniones hace bastantes
meses, el gobierno de Zapatero ha avanzado un proyecto verdaderamente
provocador y escandaloso, pues en lo esencial recoge con precisión las grandes
reivindicaciones de la CEOE y aplica la literatura para referirse a los
intereses de los trabajadores, habiendo amenazado además con legislar si no
hay acuerdo, lo que supone dejar a los sindicatos a los pies de los caballos.
La reforma
propuesta no ataja la precariedad ni la subcontratación. En cambio, facilita y
“descausaliza” el despido colectivo, suprimiendo la
exigencia de la apertura de un periodo de consultas y negociación con los
sindicatos, y, por tanto, asimilando el despido individual al colectivo.
Amplia los colectivos a los que aplicar el contrato indefinido del despido
barato (el de los 33 días y 24 mensualidades). Aumentan las subvenciones a los
empresarios, disminuyen sus cotizaciones a la seguridad social por desempleo y
el FOGASA. Por ultimo, como otro aspecto destacado, se eliminan los
sobrecostes que soportan las ETT por indemnizaciones por fin de contrato y
cotizaciones al desempleo. Con las nuevas reformas, en el caso de aplicarse a
partir del muy degradado mundo laboral, se corre el peligro, como ha
denunciado el Sector Critico de CCOO, de que el Derecho del Trabajo quede
enterrado en nuestro país.
El sistema es
insaciable y el PSOE parece dispuesto a alimentarlo, dando mas facilidades
para explotar a los trabajadores y engrosar los beneficios de los empresarios
y multinacionales. Prolongando, en suma, la supervivencia de un modelo
económico neoliberal que hace agua por muchas partes.
Ante la amenaza
del gobierno del PSOE de legislar unilateralmente la reforma laboral debe
procederse a preparar las condiciones de movilización social para hacerla
fracasar. La debilidad del gobierno Zapatero hace difícil el éxito de un
“Decretazo" si encuentra la oposición firme de los sindicatos. De hecho
estaría obligado a cambiar de aliados en el Parlamento, sustituyendo a ERC e
IU-ICV por los partidos de la derecha nacionalista neoliberal. Pero el peligro
de un “Zapatazo” laboral, o la foto de un acuerdo entre gobierno, patronal y
sindicatos, ciertamente más moderado, pero que contendría “clavos”
importantes contra la clase trabajadora no está conjurado. La presión de la
derecha económica y política va obteniendo del gobierno del PSOE concesión
tras concesión, la última con la reducción del Impuesto de
Sociedades.
En última
instancia, solo la movilización de la clase trabajadora, de sus
organizaciones, de sus sectores más críticos y anticapitalistas podrá impedir
un acuerdo antisocial o hacer fracasar la amenaza de Decreto ley de la nueva
reforma laboral.
Siete de cada
10 subsaharianos aún no pueden ser repatriados
La falta de convenio facilita que los
principales emisores de 'sin papeles' rechacen su readmisión
TOMÁS BÁRBULO - Madrid,
EL PAÍS - España - 19-12-2005
Sólo dos de los seis países
subsaharianos con los que España ha negociado este año acuerdos de repatriación
de inmigrantes han respondido de forma positiva. Son Ghana, de
donde proceden el 8% de los residentes legales subsaharianos, y
Malí, de donde ha llegado el 10%. Senegal
-origen de la mayoría de los residentes-, Camerún,
Gambia y Guinea-Conakry siguen negándose a
readmitir a sus nacionales. Tras la reciente gira del ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el número de subsaharianos susceptibles de
ser repatriados son tres de cada 10.
En los últimos 18 meses llegaron
en pateras a España 7.000 subsaharianos sin papeles, de
los cuales el Gobierno sólo pudo repatriar 1.556 porque los
países de origen de los demás se negaron a reconocerlos como conciudadanos. Para
solucionar esa situación,el secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
Bernardino León, realizó el pasado julio una gira por varios países
subsaharianos para arrancarles acuerdos de readmisión. Su idea era aprovechar
"el crédito político generado por el exitoso proceso de regularización"
llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Inmigración entre febrero y mayo,
que permitió a medio millar de subsaharianos legalizar su situación
administrativa. Pero, salvo Nigeria, Ghana y Malí, los gobiernos anfitriones
dieron largas al secretario de Estado.
La razón de estas negativas es
económica. La mayoría de los gobiernos subsaharianos alientan la emigración de
sus ciudadanos, que al cabo de un tiempo en el extranjero comienzan a enviar
dinero a sus familiares. Esas divisas son, en la mayoría de los casos, la
principal fuente de ingresos de unos Estados paupérrimos. También las respuestas
positivas han tenido un componente económico. Aunque España ya había firmado en
2001 con Nigeria un acuerdo que se hallaba pendiente de ratificación, Moratinos
remachó el clavo colocado por su secretario de Estado anunciando que el Gobierno
está dispuesto a condonar el 60% de la deuda nigeriana, que
supera los 170 millones de euros, y a aportar tres millones de
dólares a la Confederación de Estados del África Occidental, organismo regional
apadrinado por Nigeria.
Con el Gobierno de Ghana,
Bernardino León suscribió un protocolo financiero por el que España le aportará
60 millones de euros (el 50% en Fondos de Ayuda al Desarrrollo y el resto, en
créditos), más otros cinco millones como donación y la condonación de una deuda
de 61 millones de dólares. Malí sólo ha recibido hasta el momento un millón de
euros en ayuda alimentaria, mientras estudia la posibilidad de firmar el acuerdo
migratorio que le propone España. Nigeria es uno de los principales exportadores
de inmigrantes hacia España, donde residen legalmente 16.000 de sus ciudadanos.
Los residentes de Ghana ascienden a 8.000 y los de Malí, a 10.000, si bien en
éste último caso el incremento de los que llegan en pateras es mayor que en los
anteriores. Aunque el número de ciudadanos de Níger residentes en España es, por
el momento, irrelevante, Moratinos ha ofrecido a ese país, el más pobre de la
tierra, un acuerdo para ayudarle a controlar las rutas de emigración que,
procedentes de otros Estados, pasan por su territorio hacia Europa.
Pero ni Senegal, de donde procede
la mayor colonia de inmigrantes subsaharianos en España (26.000 personas), ni
Gambia (15.500 inmigrantes), ni Camerún (2.000) ni Guinea-Conakry (5.000) han
querido firmar convenios migratorios. El Ministerio de Asuntos Exteriores confía
en que el funcionamiento de los acuerdos alcanzados con sus vecinos y los buenos
oficios de Nigeria, el gigante diplomático de la zona, que se ha comprometido a
intentar persuadirles, acaben por aceptar la regulación de sus flujos
migratorios.
Euskadi
Macroproceso 18/98
"El 25 de mayo
de 1998 el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional del Estado
español dio inicio a una serie de procedimientos judiciales contra una gran
variedad de organismos populares, movimientos sociales, organizaciones
políticas, empresas y medios de comunicación de Euskal Herria, en lo que con el
tiempo se ha venido conociendo como el Sumario 18/98 y otros o 18/98+. A esta
dinámica se añadió toda una serie de reformas legales restrictivas de derechos,
cuyo máximo exponente será la nueva Ley de Partidos Políticos.", Euskal Herria
Watch

"El 18/98 es el
sumario matriz con el que se pretende validar la tesis que identifica
actividades políticas y sociales legítimas con la complicidad, colaboración o
pertenencia a ETA. De esta tesis, que se pretende ratificar ahora judicialmente,
se derivan otros muchos sumarios y actuaciones que han caracterizado un periodo
político en el que la deriva autoritaria ha sido evidente.
En estos
procedimientos se constatan desviaciones graves del normal funcionamiento un
Estado de Derecho, entre ellas:
privación de garantías jurídicas de las personas procesadas: fianzas económicas
desmesuradas, abuso de la prisión preventiva, condiciones de detención que han
derivado en reiteradas denuncias de torturas y malos tratos. Instrumentación política de la legislación; con aplicación elástica y
expansiva de tipos delictivos indeterminados y procedimientos ideologizados
basados en documentos sin valor probatorio.
Estas circunstancias revelan
actuaciones al servicio de una estrategia política, cuya finalidad es sacar de
la legalidad española a un amplio espacio social y político vasco, vulnerando
derechos civiles y políticos -expresión, reunión, asociación, libertad
ideológica y derecho a la disidencia- de personas y grupos que defienden que
Euskal Herria existe como pueblo y tiene derecho a decidir como tal. Al amparo
de su lógica función de perseguir presuntos delitos, el Estado ha criminalizado
ideas, iniciativas y actividades sociales y políticas legítimas, que en el seno
de nuestra sociedad persiguen fines legítimos por medios igualmente legítimos.
Esta vulneración de derechos individuales y colectivos afecta directamente a la
sociedad vasca en su conjunto. Esos derechos, libertades y garantías son
patrimonio de toda la ciudadanía, de todas las personas, estén o no imputadas.
Por ello, el desarrollo de estos juicios no puede contemplarse desde la
indiferencia" 18/98 +
Imperialismo - Análisis
Hay que reconocer que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) es muy eficaz. Desgraciadamente, no lo es en cuanto a la deuda y la lucha
contra la pobreza, como pretende, sino en términos de golpe mediático y de
manipulación semántica.
El FMI acaba de anunciar que anulará la deuda que tienen
con la institución 20 países pobres a principios del año 2006. Teniendo en
cuenta que la opinión pública tiene dificultades para descifrar los mensajes
intencionadamente confusos de los tesoreros del mundo, la maniobra es astuta:
pretende hacer creer que el problema de la deuda está en vías de resolución. En
realidad, el objetivo es doble, tener buena prensa después de las fuertes
turbulencias debidas a su discutible papel en las recientes crisis financieras,
y por otra parte tratar de desactivar la creciente repulsa popular en el tema de
la deuda de los países en desarrollo. Pero varios elementos en particular causan
perplejidad.
En primer lugar, es exactamente la cuarta vez en este
año que los media se hacen eco de
la misma decisión que implica al FMI: primero, en junio, en Londres, cuando la
decisión fue tomada por los ministros de Finanzas del G7; luego, en julio, en
Gleneagles, en ocasión del propio G8; a continuación, en septiembre, cuando el
FMI, después de fuertes reticencias de pequeños países ricos, como Bélgica y
Suiza, ratificó el acuerdo del G8 que le concernía; y, finalmente, en diciembre,
en el momento en que reveló las modalidades de esta
operación.
En segundo lugar, de los 20 países considerados por el G8, 18 pertenecen,
concretamente, al grupo de los llamados “países pobres altamente
endeudados” (PPAE), que lograron llevar a cabo una auténtica carrera de
combatiente neoliberal, principalmente en la reducción drástica de sus
presupuestos sociales, en las privatizaciones masivas, en una liberalización
radical de sus economías, todo para el gran provecho de las multinacionales y de
los inversores internacionales. Pero son golpes muy duros contra las condiciones
de vida de la población pobre. Dicho de otra manera, estos países ya han pagado
un alto precio por el derecho a ser seleccionados. Con el fin de que acepten
estas medicinas adulteradas, el doctor FMI simula prescribir lo que parecen
estrategias de reducción de la pobreza. Este impostor se montó una coartada
(pequeñas sumas esparcidas sobre unos pocos proyectos sociales) que esconde
graves efectos secundarios: por ejemplo, en países donde más del
40% del presupuesto se dedica a reembolsar la deuda, se prohíbe
a los gobiernos reclutar y formar al personal necesario, maestros, auxiliares
sanitarios, médicos, etc., en nombre de los sacrosantos principios de la
reducción de la función pública y del equilibrio presupuestario. Se aplica
cuidadosamente para que nunca se cuestionen estas posturas ideológicas, lo que
es opuesto a cualquier gestión científica
honesta.
En tercer lugar; el FMI, simulando comprender al revés
el acuerdo del G8, lo ha interpretado según sus conveniencias. Mientras que el
G8 había anunciado una anulación de la deuda de dichos países con el FMI, ya que
eran parte de la lista de los 18, éste agregó condicionalidades que le permiten
seguir siendo un protagonista del proceso, más aún, como juez y parte. En
efecto, comenzará con un examen de las políticas económicas de los países
beneficiarios antes de acordarles el alivio de la deuda previsto. Con eso se
quiere asegurar que desde que figuran en la famosa lista, la política que
apliquen continúa de acuerdo con las viejas recetas de sus expertos
neoliberales. Por supuesto, los dos países de la lista que no son PPAE, Camboya
y Tayikistán, ya se han sometido también a las exigencias del
FMI.
Finalmente, el FMI pormenoriza sobre el monto total de la anulación
que tiene que soportar: 4.800 millones de dólares, que encontrará simplemente
recurriendo a los beneficios realizados en una transacción de oro, que se
remonta a 1999. De todos modos, esto es muy poco frente a la deuda externa
pública de todos los países en vías de desarrollo (PED), que se eleva a 1,6
billones de dólares. Por otra parte, el FMI podría hacer mucho más dado que es
el tercer tenedor de oro del mundo, su stock vale más de 44.000 millones de
dólares a precio de mercado, mientras que en sus cuentas aparece una cantidad
cinco veces menor.
Reflexionando más sobre el caso, y para utilizar una expresión de moda,
el FMI se ha ganado a pulso el mote de “terrorista financiero”. Por una parte,
actúa como un francotirador emboscado que desenfunda sus políticas y contempla
los desastres producidos en todos los sitios donde éstas se aplicaron, desde lo
alto de un hotel de cinco estrellas. Por otra parte, también es un pistolero
furioso, que toma como rehenes a la población entera, privándola de su
independencia y de su dignidad. Lo más razonable es, indudablemente, sacar al
FMI de circulación, para que no haga más daño. Su eliminación y su reemplazo, en
el ámbito monetario internacional, por una institución multilateral que
respetara, por fin, los derechos humanos fundamentales, son opciones a
considerar seriamente.
Damien Millet es presidente del CADTM Francia (Comité por la anulación de la deuda del
Tercer Mundo), autor de L’Afrique sans dette,
CADTM/Syllepse, 2005; Eric Toussaint es presidente del CADTM
Bélgica, autor de La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos,
CLACSO, Buenos Aires, 2004. Damien Millet y Eric Toussaint son coautores de
50 preguntas/50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial,
Icaria, Barcelona, 2004
Argentina Los
efectos de pagarle al Fondo Claudio Katz*, Buenos
Aires, 19-12-05
Correspondencia de
Prensa
El gobierno argentino
presentó la cancelación anticipada de la deuda con el FMI como un acto
soberano de alcance histórico. El Presidente Kirchner afirmó que el país
recupera autonomía y se desembaraza de las inspecciones del Fondo. Pero en los
hechos bendice a un acreedor privilegiado. Primero eximió al FMI de la quita
aplicada con el canje al resto de los bonistas y ahora le asegura el cobro
total y adelantado de la deuda. Kirchner implementa un postulado de la derecha
-cumplir con el Fondo- redoblando el discurso progresista. ¿Su iniciativa
incrementará la independencia económica del país?. ¿Comienza la etapa de la
redistribución? SOBERANIA Y
AUTONOMIA En los últimos tres
años y medio el FMI cobró 45.000 millones de dólares de sus grandes deudores.
Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó el 40%, México transfirió grandes
sumas y Brasil resolvió cancelar todos sus pasivos. Argentina no adopta, por
lo tanto, una decisión exclusiva ni
sorprendente. Kirchner insinúa que su acción fue
coordinada con Lula, pero no puede explicar la coincidencia de ímpetus
soberanos de tantos países y gobiernos diferentes. Esta simultaneidad obedece
a la presión ejercida por el FMI para reducir su elevada exposición
financiera. Las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del
endeudamiento por medidas de protección de su capital. Por eso Bush le negó a
Kirchner una mediación para establecer negociaciones con el organismo y retomó
la tradicional dureza hacia el defaulteador
argentino. Quiénes presentan la cancelación con
el FMI como una jugada original de Kirchner olvidan que un alto funcionario de
ese organismo (A. Singh) propuso el año pasado un plan para instrumentar la
misma decisión. La decisión adoptada es por eso coincidente con los propósitos
explícitos del Fondo. No era necesario pagarle a
los banqueros para liberar la política económica de sus controles. Las
supervisiones del FMI estaban suspendidas desde que hace dos años el organismo
comenzó a cobrar los vencimientos. La simple continuidad de estos pagos
garantizaba la misma autonomía que se logra adelantado las cuotas. Pero los
funcionarios argumentan que ahora existe mayor grado de libertad en tres
terrenos: el manejo de las cuentas públicas, la estrategia macroeconómica y la
redistribución del ingreso. SOLVENCIA FISCAL
Y AJUSTE Para sostener el pago
anticipado de 9.810 millones de dólares el estado argentino deberá aumentar su
solvencia fiscal. Nadie ha puesto en duda esta necesidad, pero los
oficialistas ocultan su relación con la operación de cancelación. Sugieren que
el ahorro público forzoso que rige en el país es un dato natural de la
economía o un remedio para curar la indisciplina de los
argentinos. El sobrante fiscal se engrosará con
los nuevos aportes del fondo anticíclico que gestó el conservador Lavagna y
consolida la progresista Micelli. Este superávit servirá para compensar la
disminución de reservas utilizadas para pagarle al Fondo. Los efectos
monetarios inmediatos de la reducción del respaldo en divisas que tiene la
moneda nacional son inciertos. Pero es evidente que se buscará un mayor sostén
fiscal para contrarrestar la menor cobertura en dólares de los pesos en
circulación. Seguramente el Banco Central
recibirá un nuevo título público a cambio de las reservas aportadas para
concretar el mega-pago. Cuándo ese papel sea volcado al mercado le brindará a
los banqueros locales otra oportunidad de beneficios especulativos. Sus
negocios con títulos pesificados alientan el aumento de la tasa de interés y
fueron la inversión financiera más rentable del año
2005. Los pasivos que se cancelan con el FMI
representan apenas el 9% de la deuda total y excluyen compromisos semejantes
con el BID y el BM. La hipoteca que el país afronta luego de la nueva
operación supera los 116.000 millones de dólares (o 139.000 millones de
acuerdo al cálculo). Estas obligaciones imponen la continuidad del ahogo
fiscal, con o sin auditoria del FMI. El ahorro
que realiza el estado sobre las espaldas de la población se mantendrá también
para recomponer las reservas con la adquisición de las divisas que genera el
excedente comercial. El mismo ajuste será necesario para brindar respaldo a
los créditos externos que se negocian con Venezuela, España u otros
prestamistas internacionales. Habrá que ver si el costo de estos compromisos
es inferior a los créditos que se le abonaba al Fondo. Por lo pronto, el
ahorro de 1000 millones de dólares que publicita el gobierno como resultado de
la operación, es muy dudoso. Algunas estimaciones reducen ese monto a 300
millones y otras lo cuestionan por completo. CAPITALISTAS GANADORES Y
PERDEDORES La decisión del
gobierno beneficia a un sector capitalista contra otro. La precancelación de
la deuda con el FMI favorece a los exportadores, industriales y banqueros
locales en su conflicto con los acreedores externos y las empresas
privatizadas. El Fondo actuaba como lobbista del segundo grupo contra el
primero. El choque entre ambas fracciones ha
dominado el escenario económico desde la devaluación. El FMI exigía reducir el
tipo de cambio para aumentar el excedente en divisas girado al exterior, en
contraposición a los exportadores que prefieren mantener alta la cotización
del dólar, para recibir más pesos por los bienes que venden fuera del país. El
Fondo también operaba como vocero de las empresas privatizadas extranjeras,
que reclaman incrementos de tarifas inmediatos, en oposición a los grupos
industriales que han lucrado con el abaratamiento relativo de los servicios
públicos. El FMI exigía, además, negociar y pagarle a los acreedores foráneos
que no ingresaron al canje (holdouts), contra las conveniencias de los bancos
locales que acaparan los grandes pagos del
Tesoro. Kirchner resolvió bloquear las presiones
revaluacionistas que canalizaba el FMI porque defiende los intereses de la
burguesía local. Pero su decisión no elimina el horizonte de aumentos
tarifarios, ni tampoco cierra las tratativas futuras con los holdouts. Apuesta
con fuerza al sostén del tipo de cambio alto, olvidando las presiones
inflacionarias que genera ese pilar del modelo
exportador. En el conflicto que opone a los
capitalistas favorecidos con los afectados por la cotización del dólar no está
en juego ningún interés popular. El discurso oficial identifica “autonomía
nacional” con las conveniencias de los banqueros, industriales y
agroexportadores, como si el grueso de la sociedad perteneciera a ese grupo.
Al quedar eliminadas las supervisiones periódicas del FMI este sector tendrá
más poder para ajustar las decisiones del Ministerio de Economía a sus
necesidades. ¿Pero en algún terreno aumentará la influencia de los
trabajadores, la clase media o los desempleados? EL BLOQUEO A LA
REDISTRIBUCIÓN El pago al FMI no
inicia una etapa redistributiva. Los propios centroizquierdistas siempre
afirmaron que ese rumbo contradecía la mejora del ingreso popular (“se
cumple con el Fondo o con el pueblo”, “se paga la deuda externa o la
interna”). Además, no existe un solo indicio de mejoras para el grueso de
la población. El momento de iniciar la
redistribución es cuándo existen fondos disponibles. Estos recursos abundan en
la actualidad como resultado de la reactivación y los altos precios
internacionales de las exportaciones argentinas. Si las sumas generadas en
este marco son utilizadas para cancelar pasivos con el Fondo, no queda dinero
para los oprimidos. Hasta ahora el gobierno retaceaba los gastos sociales,
argumentado que necesitaba reservas para confrontar con el FMI. Pero ha
utilizado esos recursos para pagarle al
Fondo. Con esta medida inaugura de hecho su
gestión la ministra Micelli. Ese curso confirma que a pesar de sus diferencias
de estilo y pasado que la separan de Lavanga profundiza la gestión de su
antecesor. Ese camino impide la redistribución porque exige reforzar la
solvencia fiscal, que en Argentina es sinónimo de ajuste. Felisa ha eliminado
ese término de su vocabulario, pero no de su acción
práctica. La continuidad del ajuste se verifica
en el congelamiento de los salarios. Han desaparecido las mejoras, que a
cuentagotas se disponían por medio de los decretos oficiales. En pleno rebrote
inflacionario, no hay tampoco incrementos para el 63% de los jubilados que
cobran haberes de indigencia, ni aguinaldo para los desempleados que perciben
150 pesos. Esta convalidación de la miseria fue justificada en las últimas
semanas como una acción tendiente a frenar la escalada de los precios, como si
el ingreso popular fuera el causante de la inflación. Ningún funcionario
reconoce públicamente que los pagos al Fondo consolidan la miseria. Todos
ocultan ese nexo y difunden la impresión que será gratuito cancelar ese
pasivo. Los 9.810 millones de dólares que el
gobierno destina al FMI son sustraídos de los salarios, la educación, la salud
y la obra pública. Este importe fue precedida por tres años de pagos al
organismo, que superaron ampliamente lo desembolsado durante los gobiernos de
Duhalde, De la Rúa, Menen y Alfonsín. Si se suma lo abonado al BID y al Banco
Mundial, Kirchner terminará girando a esas entidades unos 25.000 millones de
dólares. ¿Cuántas mejoras populares, gastos sociales y emprendimientos de
inversión pública se podrían haber concretado con esa monumental
cifra? El pago al FMI repite la norma
inequitativa que prevaleció durante el canje. Se relega a los pequeños
acreedores (bonistas, jubilados, ahorristas) a favor de los grandes banqueros.
Como esta elección es insostenible con argumentos progresistas, el oficialismo
ha comenzado a resucitar los viejos planteos neoliberales. Varios
ministros hablan de “mostrar al mundo que Argentina es un país
creíble” y “respetuoso de sus contratos”. El mismo mensaje que
aturdió a la población durante los 90 (“recuperar la confianza externa”)
reaparece subrepticiamente, junto a nueva versión de la teoría del derrame
(“con inversiones llegará el empleo y la mejoras del salario”). Todos
parecen olvidar que cumpliendo con los banqueros no hay
redistribución. LEGITIMIDAD, SOLIDARIDAD Y
MANIOBRAS El gobierno siempre
consideró perniciosa la deuda que ahora le paga el FMI. La legitimidad de ese
pasivo fue abrumadoramente cuestionada porque una parte de los préstamos
sostuvieron el blindaje y el megacanje que negoció Cavallo. Es sabido que con
ese dinero se financió la fuga de capitales que precipitó el derrumbe del
2001y que otros créditos del organismo encubrieron las bicicletas de los
financistas locales. En lugar de borrar las
huellas de estos delitos cancelando un pasivo tan dudoso, el gobierno debería
investigar cómo fueron gestados y distribuidos esos préstamos. Kirchner afirma
que el FMI es coresponsable del modelo regresivo de los 90, pero premia al
acusado. Su actitud es complemente esquizofrénica. Denuncia y beneficia al
principal artífice del desastre financiero que padeció el
país. Lo que permite sostener esa hipocresía es
la duplicidad de los políticos justicialistas, que aplaudieron el default y
ahora ensalzan la precancelación. Pero más relevante es la cobertura que
brindan muchos progresistas a las maniobras del presidente. Antes objetaban la
actitud de los gobiernos que prometían “pagar la deuda con dignidad”, pero
luego se convirtieron en abogados del “desendeudamiento con dignidad”. Ahora
explicarán que la cancelación los pasivos del FMI es un acto supremo de
patriotismo. La decisión de Kirchner recibió los
esperados elogios de Lula que está embarcado en la misma operación. También
Chávez ha proclamado su apoyo y prometió adquirir más títulos públicos de
Argentina. Ya absorbió 1000 millones de dólares y podría suscribir otros 3000
millones. La compra de estos bonos no es un acto de solidaridad con el pueblo
argentino, porque contribuye a la acción de un gobierno que utiliza esos
recursos para compensar el dinero girado al FMI. Venezuela participa de hecho
en una triangulación que recicla el endeudamiento general del
país. El FMI solía prestar con garantías de
ajuste fiscal antipopular que Venezuela no exige, pero tampoco objeta. El
valor de mercado de los bonos que compra implícitamente depende de la
continuidad del superávit. Estos préstamos no facilitan ninguna medida de
redistribución en Argentina y abren serios interrogantes para Venezuela. ¿Son
acaso la inversión más acertada y prioritaria? ¿Favorecen las transformaciones
sociales que requiere la profundización del proceso
bolivariano? La triangulación financiera en
marcha no guarda ninguna coincidencia con el proyecto de conformar un frente
de deudores contra el FMI. Chávez igualmente considera que se avanza hacia la
formación de un banco regional (Bansur) que aglutinaría todas las reservas de
Sudamérica. Propone por ese camino disputarle al FMI el rol de prestamista
estratégico en la zona. Pero estos propósitos contradicen un pago que legitima
el mayor fraude del Fondo. La decisión de
adelantar los pagos al FMI tiene más significado político que económico.
Apunta a fortalecer la autoridad de Kirchner y a reforzar su estilo de gestión
ejecutivo y prescindente del Congreso. La medida se implementará a través de
una sesión de emergencia en ambas cámaras, que recuerda los ultimátum de fin
de año que presentaba Cavallo. Los legisladores
que acaban de aprobar el presupuesto ahora deberán modificarlo. Además,
votarán entre gallos y medianoche varios cambios muy delicados en las
atribuciones del Banco Central. Estas modificaciones reinstauran los aspectos
normativos de la convertibilidad que se requieren para concretar el pago al
FMI. Una decisión trascendente para el país se materializa sin realizar
ninguna popular. La derecha local ha quedado
desconcertada frente a un gobierno centroizquierdista que le sustrae su
bandera de cumplir con los acreedores. Por eso trata de disfrazar con críticas
superficiales su aprobación de la medida. En cambio los progresistas -que
siempre cuestionaron las transferencias de fondos al FMI- enfrentan la
disyuntiva de preservar sus convicciones o sumarse a la maniobra oficial. Ya
se vislumbra una división entre ambas actitudes, aunque muchos evitan tomar
partido y sugieren que “ahora se verá si hay
redistribución”. Los prescindentes omiten
que el pago al Fondo no es tan neutral, ni indefinible. Existen elementos
suficientes para caracterizar si la medida facilita o bloquea el camino
redistributivo. Kirchner tomó distancia de la política económica promovida por
el FMI para sostener el proyecto de la burguesía local. Y este sector
capitalista se opone a cualquier mejora social favorable a los trabajadores,
los desocupados y la clase media. No hay que
disimular las conclusiones. Los efectos de pagarle al Fondo son negativos para
la mayoría popular. Y el gobierno cuenta con expectativas favorables hay que
decir la verdad, sin eludir pronunciamientos, ni atemperar el tono de los
cuestionamientos. Con temores y complicidades no se construye la igualdad
social y el bienestar
popular.
*Economista, profesor de la UBA, investigador del
Conicet. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página Web es: www.netforsys.com/claudiokatz
Sugerencias
Málaga fue la mayor ciudad
andaluza que quedó libre tras el golpe de julio de 1936, tras las derrotas
populares en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada. Abandonada a su suerte por
el Gobierno republicano español en febrero de 1937 se produjo una huida masiva
de su población ante el temor a la salvaje represión franquista. Miles de
civiles desarmados, mujeres, ancianos y niños escaparon por la única vía
posible: la carretera costera hacia Almería. La respuesta franquista fue ordenar
su ametrallamiento por la marina y la aviación. Un crimen frío como el
de la Guernica vasca... Sobre este episodio
puede consultarse La Caravana de la
Muerte, Dr. Norman Bethune (Gravenhurst, Canadá,
1890-1939) y La
Marina franquista y la aviación nazi-fascista
ametrallaron miles de evacuados de Málaga. Después, en mayo de 1937, la flota alemana bombardearía
Almería impunemente... Almeria bombardeada por una flota
nazi; El bombardeo de Almería por una flota alemana durante la Guerra
Civil
El Centro de Estudios,
Investigaciones y Publicaciones León Trotsky de Argentina dedica un especial a
la conmemoración del Centenario de la Revolución Rusa de
1905, con textos ineditos en español
hasta la fecha. Como apunta en su introducción el CEIP, los materiales que
recoge "permiten por un lado, conocer el desarrollo de los acontecimientos,
desde algunos hechos previos al 9 de enero, el "Domingo Sangriento", que
inauguró el proceso revolucionario, hasta su derrota, el 19 de diciembre de
1905" y tambien se puede acceder entre otros temas "a la
relación entre la guerra y la revolución; al proceso que dio lugar al
surgimiento de los soviets, a la discusión sostenida entre los bolcheviques
sobre su carácter; a la inauguración de la Huelga general política como método
específico del movimiento obrero con el objetivo de paralizar la economía y
desorganizar el poder del Estado; a la necesidad de la alianza con los
campesinos, estudiantes y las nacionalidades oprimidas y el rol de las consignas
democráticas en función de esta tarea; a la formación de las milicias armadas y
la política para quebrar y ganar sectores de la armada y el ejército; al
ejercicio de la libertad de prensa y en especial de la prensa obrera; a la
relación entre los soviets y los sindicatos; a la relación entre la lucha
económica, la política parlamentaria y la lucha revolucionaria; a la
visualización de los sectores estratégicos para desorganizar el poder, que en el
caso de Rusia eran los correos y telégrafos y
ferroviarios..."
--oOo--
Solidaridad con Palestina y la Nación
Árabe
Enlaces:
Música de fondo: La ultima curda,
Tango
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 [Adjunto no mostrado: tango - La ultima curda.mid (audio/mid)
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