Andalucía

EL 'BOOM' URBANÍSTICO - DOSSIER en EL PAIS

Los municipios de la Costa del Sol proyectan 540.000 nuevas viviendas  

El espectacular crecimiento de la construcción de viviendas en la Costa del Sol parece imparable. Pese a que la escasez de agua cuestiona que se pueda dar servicio a tantas casas nuevas, hay planeadas más de medio millón en un litoral en el que apenas quedan zonas sin explotar. Como trasfondo de esa voracidad constructora se van confirmando en los juzgados delitos urbanísticos cometidos por corporaciones de todos los colores políticos e incluso tramas mafiosas sobre las que ya hace años comenzaron a saltar las alarmas. Las sospechas se ven reforzadas en casos como la operación Ballena Blanca, que destapó el blanqueo de dinero a través de operaciones urbanísticas.

DIEGO NARVÁEZ  -  Málaga

EL PAÍS - 19-12-2005

 

Mapa de Andalucía

(con actuales delimitaciones provinciales para facilitar ubicación)

 

El fuerte ritmo de construcción de viviendas en la provincia de Málaga en los últimos años -en 2002, por ejemplo, se construyeron casi tantas casas como en toda Cataluña- no parece tener freno. La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía estima que en los nuevos planes de ordenación municipal se proyectarán en el conjunto de la provincia más de 600.000 viviendas a ejecutar en los próximos 10 o 12 años. Actualmente hay registradas catastralmente en la provincia 791.859 casas que tributan en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

 

Mayoritariamente estas previsiones se concentran en la Costa del Sol, donde sólo 10 municipios que ya tienen ultimado el documento de avance de sus nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) suman 455.000 nuevas casas. A ellas hay que unir las 48.000 programadas en el PGOU de Benalmádena aprobado hace apenas dos años, y otras 35.000 que se estima sumarán los planes de Nerja y Torremolinos, aún no publicados.

 

En total, unas 540.000 nuevas viviendas en una franja costera de 160 kilómetros entre Nerja y Manilva donde se ha construido en los últimos años la mitad de las viviendas edificadas en el conjunto del litoral andaluz, y que hoy en día es ya prácticamente un continuo urbano en el que han desaparecido las fronteras entre términos municipales, y en el que se localizan 44 de los 87 campos de golf andaluces. Especialmente llamativo es el caso de Benahavís, que con apenas 2.265 habitantes programa 90.000 nuevas viviendas.

 

Este vertiginoso ritmo de crecimiento ha provocado ya un profundo debate social sobre sus consecuencias y la conveniencia de poner límites a un modelo urbanístico voraz con los recursos naturales y que se ha desarrollado sin las infraestructuras necesarias.

 

Uno de los municipios más expansivos es el de Estepona, gobernado por Antonio Barrientos (PSOE) con apoyo de ex miembros del GIL y el Partido Andalucista, en el que se va a programar suelo para 82.000 nuevas viviendas -actualmente tiene 32.000- más incluso que en la capital, Málaga (78.000 nuevas casas), que tiene 10 veces más habitantes. El alcalde relativiza los datos y explica que la proyección del número de viviendas sería a un plazo "muchísimo más amplio" a los 12 años aproximados de vigencia del plan. Barrientos asegura que la población real de la ciudad supera ya los 100.000 habitantes y argumenta: "No hay que mirar las cifras, sino que el crecimiento sea coherente y realizado con los equipamientos correspondientes y respetuoso con el medio ambiente, más negativo es hacer 3.000 viviendas sin equipamientos, que 10.000 bien programadas". Según Barrientos, el 70% del término municipal quedará como suelo no urbanizable y "todo lo que está previsto se ajusta a un plan de desarrollo sostenible, con suficientes infraestructuras y parques, y densidades y coeficientes de edificabilidad más bajos de los máximos que permite la ley".

 

El propio presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores, José Prado, reconoce quedarse "asustado" con las previsiones de nuevas viviendas, y proclama que se trata de un crecimiento "insostenible si no va acompañado de unas infraestructuras que hoy ya son absolutamente insuficientes". El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, va más allá. Admite el atraso en infraestructuras, pero rechaza que si éstas crecen pueda mantenerse la expansión urbanística. "Hay que hacer una reflexión sobre lo que admite el territorio en función de las necesidades de agua, o de consumo energético, de la conservación del paisaje... El territorio tiene una capacidad de carga y los municipios deben ser conscientes de que hay unos límites de los que no podrán pasar", explica.

 

La expansión urbanística corre ya también por el interior de la provincia, especialmente en el Valle del Guadalhorce, comarca en la que se proyectan 50.000 nuevas viviendas, o en ciudades como Antequera, que prevé 35.000 casas.

Un modelo urbanístico bajo sospecha  

JOSÉ M. ATENCIA  -  Málaga

 

Hace dos años el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología advirtió en un estudio que el veloz desarrollo urbanístico de la Costa del Sol se nutría, en parte, de inversiones de dinero negro y que estaban proliferando corruptelas y prácticas ilícitas que ponían en evidencia la debilidad de los controles administrativos y judiciales.

 

El informe, realizado en colaboración con las universidades de Ámsterdam (Holanda), Trento (Italia) y Cardiff (Reino Unido), alertó sobre el posible inicio de un ciclo que podía culminar "con el sólido establecimiento de grupos delictivos organizados controladores de la políticas y las actividades empresariales locales". El estudio cayó como una bomba y fue denostado abiertamente por dirigentes políticos y empresariales, que censuraron la criminalización de la imagen del litoral malagueño y sus efectos perniciosos sobre el turismo, principal industria de la provincia.

 

No se advertía de un fenómeno nuevo, ni tampoco exclusivo de la región, pero si de indicios que apuntaban hacia el asentamiento de la criminalidad organizada en la actividad urbanística de la Costa del Sol. Han ocurrido hechos, desde entonces, que avalan la preocupación de estos expertos criminólogos.

 

El más claro ejemplo es la operación Ballena Blanca, la investigación sobre blanqueo de dinero más importante iniciada en España y cuya punta del iceberg era el despacho Del Valle Abogados de Marbella. La operación se ha ido agrandando en los últimos meses y hay 72 millones de euros intervenidos en 28 entidades bancarias. Se han incautado más de 400 inmuebles y el número de organizaciones criminales relacionadas con el despacho marbellí asciende ya a 17. Según la investigación policial, este despacho manejaba un millar de sociedades, de las cuales la mitad están bajo sospecha. Los investigadores están convencidos que se crearon para blanquear dinero procedente de actividades criminales a través de operaciones urbanísticas.

 

Fruto de las investigaciones, la policía detenía el pasado mes de octubre al alcalde de Manilva (Málaga), Pedro Tirado*, y a su cuñado Francisco Calle, por un supuesto caso de corrupción urbanística vinculado a esta red de blanqueo de dinero. Tirado tenía en su casa 770.000 euros en bolsas de plástico. Era el primer alcalde detenido en la Costa del Sol por eso que los expertos del Instituto de Criminología de Andalucía habían advertido: el control por parte de mafias organizadas de la política local.

 

El caso, sin embargo, más flagrante -por la reiteración de los desmanes urbanísticos y las sospechas que pesan sobre los concejales- se concentra en Marbella, una localidad donde en su actual corporación hay 14 ediles, incluida la alcaldesa Marisol Yagüe, imputados en procesos penales, la mayoría de ellos por delitos contra la ordenación del territorio. Desde que en el año 1991 Jesús Gil y Gil logró la alcaldía, se han producido ocho condenas a concejales y se eleva a 27 el número de ediles imputados. En la actualidad hay 30 sumarios abiertos por delitos contra la ordenación del territorio, más de 400 licencias impugnadas y 115 notificaciones a la Junta de Andalucía por delito urbanístico.

 

El Gobierno andaluz, que está elaborando actualmente una ingente legislación sobre urbanismo, tiene litigios en los tribunales de justicia con otros municipios del litoral malagueño, que han incumplido varias veces sus propias normas urbanísticas. Entre ellos se encuentra Benalmádena -a cuyo alcalde, el independiente Enrique Bolín, la fiscalía llegó a abrir diligencias por un delito urbanístico- Estepona (PSOE), Nerja (PP) o Torremolinos (PP). Los expertos del informe del Instituto Criminológico, que dirigió el catedrático de Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés, advirtieron de que la aparición de las prácticas corruptas se veían favorecidas por la opacidad y complejidad de los procedimientos administrativos de planteamiento urbanístico y los sistemas de control poco eficientes.

 

*Ver Andalucía Libre nº 270, 15/10/2005

 

El agua es el talón de Aquiles del voraz desarrollo urbanístico  

J. MARTÍN-ARROYO  -  Málaga

 

El crecimiento imparable del ladrillo se topa en la Costa del Sol Occidental con un obstáculo a medio plazo insalvable: la falta de lluvias. La combinación de un clima semidesértico con 44 campos de golf, muchos otros en proyecto, e incontables piscinas y jardines, se antoja imposible. La población flotante que acogerá la zona en 2015 se acercará a los dos millones, y las autoridades avisan de que las infraestructuras hídricas previstas no podrán seguir este ritmo de crecimiento de vértigo.

 

La población ha pecado de inconsciente, y hasta ahora no se ha caracterizado por reducir su consumo, pese a las repetidas advertencias de las autoridades. La media de consumo por persona se sitúa en 270 litros al día, mientras que lo imprescindible no supera los 125. "La gente aún no ha asumido la mentalidad de padecer una sequía", denuncia Juan Cañete, consejero delegado de Acosol, empresa que distribuye el agua a los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental. La zona sufre desde hace mes y medio un decreto de sequía que aún no plantea restricciones, pero tras las escasísimas lluvias registradas este otoño todo apunta a que el temido fantasma aparecerá antes del próximo verano.

 

La Junta intenta a marchas forzadas reducir la dependencia de los diezmados embalses, porque el de La Concepción, que abastece a la zona, está al 11% de su capacidad y sólo contiene cinco hectómetros cúbicos. El abastecimiento actual se nutre principalmente de la desalinizadora de Marbella, del reciclado de aguas residuales, de los aportes del río Guadiaro del Campo de Gibraltar y de nuevos sondeos y pozos.

 

De momento la Junta ha aprobado obras de emergencia para asegurar el suministro, pero los expertos auguran que pronto serán insuficientes, ya que se ha iniciado un ciclo de sequía. Desde la gran sequía de 1995 y las consiguientes restricciones, las autoridades anunciaron el denominado Plan Málaga, que incluía importantes infraestructuras, pero 10 años después éstas siguen siendo puro humo. Ahora, el Plan de Ordenación Territorial plantea construir seis nuevas desalinizadoras con capacidad similar a la que funciona en Marbella, además de reforzar la infraestructura de depuración para lograr que se reutilice toda el agua y no se vierta al mar ni gota.

 

"En la Costa del Sol vivimos de puro milagro. Las infraestructuras siempre van por detrás, y primero se construyen los campos de golf y las viviendas, y luego se dice que hay que abastecerlos. ¿Por qué el crecimiento de la Costa del Sol debe quintuplicar el de otras zonas del país?", se pregunta Antonio Rodríguez Leal, director de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que gestiona el agua en la zona.

CONFLICTOS POLÍTICOS Y DE COMPETENCIAS:

A la espera de la ley andaluza del golf  

D. N.  -  Málaga

 

Las prácticas urbanísticas en algunos municipios de Andalucía, y de forma significada en la Costa del Sol, depara de forma recurrente conflictos políticos y de competencias entre la administración autonómica y los ayuntamientos.

 

Marbella es un caso paradigmático. Desde 1995, la Junta de Andalucía ha impugnado 420 licencias de obras municipales concedidas en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, motivo fundamental por el que ha iniciado los trámites para la retirada de las competencias en materia de planificación urbanística al consistorio presidido por Marisol Yagüe. La Consejería de Obras Públicas andaluza tiene entre sus competencias la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbana de los municipios, y las elevadas previsiones de construcción de nuevas viviendas contenidas en los documentos de avance de éstos augura cuando menos nuevas discrepancias.

 

El delegado de la consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, ya ha advertido de que la previsión de más de medio millón de casas en la Costa del Sol "parece una barbaridad" y que el desarrollo urbanístico "no puede entenderse como una mera clasificación de suelo". "No se puede plantear hacer en 10 o 15 años tantas viviendas como en toda la historia", argumenta. Los municipios tendrán que justificar "muy bien" sus previsiones de nuevas viviendas, según la Junta.

 

Una vez ultimados los documentos de avance, los plenos municipales deben hacer una aprobación inicial del PGOU, sacarlos después a información pública y, una vez estudiadas y cursadas las alegaciones, aprobarlos provisionalmente y remitirlos a la Junta para que le dé o no la autorización definitiva.Los planes subregionales de ordenación del territorio ya han puesto sobre la mesa nuevas fricciones entre la Junta y los municipios, en las que no hay diferencias de color político. El de la Costa del Sol Occidental, por ejemplo, se ha tramitado con el voto contrario de los alcaldes del PSOE, y para los del PP estos planes suponen una invasión de las competencias municipales en materia de ordenación.

 

El Plan de Ordenación Territorial (POT) de la aglomeración urbana de Málaga, por ejemplo, reserva para parque público una zona próxima a la desembocadura del río Guadalhorce en la que el Ayuntamiento de Málaga proyecta una marina deportiva con 1.200 atraques y 900 viviendas. Los municipios están también a la espera, para concretar sus nuevos planes, de que la Junta promulgue el anunciado decreto de golf, con el que pretende restringir las urbanizaciones junto a estas instalaciones deportivas.

 

TRES PLANES PARA REORDENAR MÁLAGA:

4.300 millones en nuevas infraestructuras

  

La revisión de los planes municipales de ordenación urbana que acometen todos los municipios andaluces para adaptarlos a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) tendrán que coordinarse con los planes subregionales que impulsa la Junta de Andalucía para definir unas pautas comunes en el desarrollo de determinadas zonas geográficas.

 

En Málaga existen tres Planes de Ordenación Territorial (POT) en proyecto. El más avanzado es el de la Costa del Sol Occidental, que afecta a nueve municipios (Fuengirola, Mijas, Marbella, Ojén, Istán, Benahavís, Estepona, Casares y Manilva) que en el horizonte de 2015 pueden sumar 1,7 millones de habitantes. El plan considera que el suelo ya calificado es suficiente para atender la demanda de viviendas de esa población estimada y su principal aspiración es dotar a la zona de las infraestructuras "que dan categoría a una gran urbe", según su redactor, José Seguí.

 

Los POT no pueden calificar suelo, pero si establecer reservas "estratégicas" para equipamientos, parques o zonas libres que obligatoriamente los planes municipales deberán respetar. El de la Costa del Sol Occidental, que aumenta al doble el espacio actualmente protegido, prevé inversiones de 4.300 millones de euros en nuevas infraestructuras.

 

El mayor bocado (1,8 millones) es para el corredor ferroviario que conectará Málaga y Estepona y que según Seguí está llamado a ser "el principal eje vertebrador de los municipios de la Costa del Sol". También se prevé una carretera longitudinal intermedia entre la antigua N-340, hoy convertida en la principal avenida de esta franja costera, y la autopista AP-7, y en torno a la cual se articulará una malla para conectar los núcleos urbanos. La segunda gran apuesta es la construcción de seis nuevas desaladoras de agua y completar la red de depuración de ciclo integral. Entre otras actuaciones prevé sendos hospitales en Estepona y Mijas, un centro universitario en Marbella y tres parques empresariales en esta ciudad, Ojén y Mijas.

 

El POT de la aglomeración urbana de Málaga afecta a 10 municipios en los que residen 750.000 personas, entre ellos los núcleos costeros de la capital, Torremolinos, Benalmádena y Rincón de la Victoria, y según su redactor, Manuel González Fustegueras, incide sobre todo en la búsqueda de nuevos parques metropolitanos.

 

En la zona más virgen de la costa, la oriental, el POT de La Axarquía ordena 29 municipios de la costa y el interior de tradición agrícola ya perdida, contempla 1.200 millones de euros en infraestructuras y tiene como principal reto solucionar las casi 10.000 viviendas diseminadas ilegales esparcidas por la comarca.

Documentación y Antecedentes:

Corrupción, urbanismo y Especulación, Andalucía Libre nº 270, 15/10/2005

Burbuja inmobiliaria y Boom urbanistico en Almería, Andalucía Libre nº 280, 13/12/2005

 Andalucía

Tres sindicalistas del Hospital de Cádiz a los que quieren sancionar con meses de empleo y sueldo, reciben apoyo solidario de cientos de trabajadores

             
inSurGente.- Los sindicalistas del hospital Puerta del Mar de Cádiz, pertenecientes a Autonomía Obrera y a la CGT, pueden ser sancionados hasta con un año de empleo y sueldo. Sus supuestas faltas graves son: fijar carteles en lugares no autorizados, desconsideración con un superior (llamaron “represor nato” al Director de Servicios Generales al sorprenderlo arrancando carteles), desconsideración con un compañero (llamaron “chivato” al responsable de Securitas que tomaba datos de una concentración), contribuir a la comisión de una falta grave (por interponer un contenedor de ropa entre ellos y los vigilantes de seguridad), pero todo indica que en el trasfondo está el hecho de que ninguno pertenece a los sindicatos del sistema, CCOO y UGT. Ayer se vivió en el vestíbulo del citado hospital una jornada de solidaridad con los sindicalistas, con la asistencia de Diego Cañamero del SOC, Agustín Gómez Acosta de la CGT y Ángel Fernández de USTEA, entre otros.

 

 

Cadiz Información/ inSurGente.- Los sindicatos mayoritarios del hospital Puerta del Mar de Cádiz han denunciado la “extrema represión” que la dirección viene ejerciendo contra los delegados sindicales en estos últimos tres años. La última gota, que ha colmado el vaso, ha sido el anuncio de que tres delegados sindicales serán sancionados con la suspensión de funciones, esto es, suspensión de empleo y sueldo.

 

Fue en el mes de julio cuando la instructora propuso al gerente del hospital los expedientes de sanción. Tras seis meses de instrucción, “sin que haya prosperado ninguna de nuestras alegaciones”, los expedientes están a punto de ser resueltos. Así lo explicó ayer el presidente de la junta de personal, José Martínez, que ha sido sancionado a un año de suspensión de empleo y sueldo. Sus compañeros José Manuel Casas, también de Autonomía Obrera como Martínez, y Pedro Ragel, de CGT, han sido sancionados a seis y dos meses, respectivamente.

Ante esta “extrema represión”, el presidente de la junta de personal convocó ayer una rueda de prensa para informar de esta situación, una hora antes de la concentración de protesta que tuvo lugar en el vestíbulo principal del centro hospitalario. Martínez no sólo recibió el apoyo de sus compañeros sino que, en su comparecencia ante los medios de comunicación, estuvo acompañado por altos cargos sindicales, como Agustín Gómez –secretario general de la CGT de Andalucía–; Diego Cañamero –secretario general del SOC–; y Ángel Fernández –delegado sindical de USTEA–. Los tres sindicalistas coincidieron en afirmar que estas sanciones suponen “un auténtico atropello a la libertad sindical”. Algo que se da en otros sectores productivos, “la represión no es nada nuevo en el sindicalismo”, declaraba Cañamero, pero en este caso, “es más preocupante al tratarse de un centro público”, subrayó Gómez.

Las faltas graves que se les imputan son fijar carteles en lugares no autorizados, faltar el respeto a un superior, contribuir a la comisión de una falta grave y desconsiderar a un compañero. Sin embargo, Martínez quiso aclarar cada uno de los puntos. En cuanto a la fijación de carteles en lugares no autorizados, “no nos ha quedado más remedio después de que la dirección eliminase los tablones sindicales a través de un vergonzoso acuerdo con los sindicatos oficiales”. “Se nos imputa que llamemos represor nato al director de Servicios Generales, pero lo que no dicen es que lo sorprendimos arrancando de la pared de la planta baja unos carteles que minutos antes habíamos colocado”, explicaba Martínez. Si alguno de los tres imputados llamó “chivato” al responsable de Seguridad fue porque “relató a la dirección todos los datos de una concentración”. Y es que como declaraba el secretario general de CGT de Andalucía, Agustín Gómez, “es increíble que un Gobierno socialista se sirva de un equipo de seguridad para utilizarlo como un ejército de chivatos a semejanza de la Gestapo”.

Y es que según argumentan los sindicatos mayoritarios, todo es producto de la represión a la que están siendo sometidos. “Si nos quitan los tablones sindicales y nos arrancan los carteles, no queda otra que hacer pintadas para expresar el sentir general, porque la dirección no debe olvidar que somos el sindicato mayoritario”, explicó Martínez, que considera que estas sanciones responden a una estrategia de desgaste. “Como no nos pueden tapar la boca nos quieren quitar de en medio”, concluyó el presidente de la junta de personal. Hace tres años que el sindicalismo de lucha representado por Autonomía Obrera (AO) y la CGT tuvo el apoyo mayoritario de los trabajadores del Hospital. Y fue a partir de ese momento, “cuando el Servicio Andaluz de Salud emprendió una lucha sin cuartel contra nosotros”, manifestaba José Martínez, que ha derivado en estos tres expedientes sancionatorios. Pero hasta llegar a esta situación, los sindicatos subrayan el ‘apartheid’ y ostracismo al que han sido condenados. “Nos tienen escondidos en la décima planta, no nos llaman para ninguna reunión ni, por supuesto, para negociar”. De hecho, ni AO ni CGT fueron invitados a la apertura del Centro de Alta de Resolución de Vargas Ponce o incluso a la lavandería que se ubica en la Zona Franca. Y para qué hablar del nuevo hospital ideado por la Junta. “Eso no es más que un anuncio propagandístico para sacar plusvalías con la venta de estos terrenos y auspiciado por varios medios de comunicación”.

 

 España

Parlamento español aprueba Presupuestos 2006 con único voto negativo del PP 
Salen adelante con el apoyo del PSOE y otros seis partidos

AGENCIAS  -  Madrid

 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2006, las segundas cuentas públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que han contado con un respaldo parlamentario más amplio que las primeras cuentas socialistas. Las cuentas del próximo año contemplan un incremento del gasto del 7,6%, hasta los 133.947 millones de euros

 

En concreto, los Presupuestos de 2006 han obtenido el apoyo de los socios habituales del Gobierno, ERC, Izquierda Unida-ICV y CC, y han sumado también el respaldo de PNV, CiU y BNG, formaciones que el pasado año rechazaron las cuentas públicas. Eusko Alkartasuna cambió su posición contraria durante todo el trámite del proyecto y finalmente se abstuvo, al igual que la única diputada de Nafarroa Bai. La diputada de EA, Begoña Lasagabaster, ha explicado que el cambio de posicionamiento de su partido se debe no tanto a la materia presupuestaria, con la que siguen sin estar totalmente de acuerdo, sino al "importante esfuerzo" del Gobierno con el País Vasco en materia de "pacificación" y "normalización política".

 

Aprobadas un centenar de enmiendas

 

La Cámara Baja ha ratificado la incorporación de unas 100 enmiendas introducidas en el Senado por el PSOE en solitario y conjuntamente con otros grupos. Son cuestiones relativas a dotación de infraestructuras, prestaciones sociales y diversas actuaciones en el ámbito autonómico, entre otras. También se ha incorporado una enmienda del PP que amplía la dotación de un centro tecnológico en Canarias.

 

Entre las enmiendas del PSOE aprobadas destaca una pactada con IU para la presentación, en el primer semestre de 2006, de un conjunto de ayudas al alquiler para personas mayores de 70 años, perceptoras de pensiones no contributivas y con escasas posibilidades económicas. Otra enmienda acordada con IU insta al Gobierno a modificar el Programa de Fomento del Empleo, en función de los resultados del diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo que en la actualidad están negociando patronal y sindicatos.

 

Una enmienda pactada con CiU plantea mejorar la dotación estatal que reciben los colegios concertados, tras las negociaciones mantenidas en las últimas semanas entre ambos grupos sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE). En esta misma línea, destacan las medidas de apoyo al esfuerzo inversor de las empresas del textil, del calzado y del mueble. En concreto, se propone que el Gobierno instruya al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que medie en la concesión de préstamos a las compañías de estos sectores, destinados a impulsar la renovación de instalaciones, la internacionalización de sus productos, la constitución de redes de distribución, la innovación y otras medidas que mejoren su competitividad.

 

Al término de las votaciones de las diversas enmiendas, que duró más de dos horas, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, mostró su "satisfacción" por el respaldo "muy amplio" que han obtenido estos Presupuestos, destacó que con la aprobación de los mismos se da continuidad al Gobierno en el ecuador de la legislatura y afirmó que este mayor respaldo augura unas "mejores condiciones" para el Ejecutivo de cara el próximo año. El ministro resaltó que las cuentas del próximo año apuestan por la estabilidad presupuestaria y por la inversión productiva, al tiempo que contemplan un superávit presupuestario "claro" (0,2% del PIB).

 

Las cuentas de 2006

 

Las cuentas del próximo año contemplan un incremento del gasto del 7,6%, hasta los 133.947 millones de euros, y unos ingresos que alcanzarán los 128.000 millones, un 9,2% más que en 2005, con lo que el Estado registrará el próximo año un déficit del 0,4% del PIB. Entre las partidas prioritarias, figuran mayores dotaciones presupuestarias destinadas a gasto social, I+D, educación, seguridad ciudadana y ayuda oficial al desarrollo, con un crecimiento económico del 3,3% y la creación de más de 460.000 nuevos empleos.

 

Los grupos y partidos que hoy apoyaron en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2006 expresaron su satisfacción por estas cuentas y la inclusión de sus aportaciones, aunque advirtieron al Gobierno de que vigilarán la ejecución de las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos. En el debate final de los presupuestos, el diputado socialista Pedro Saura agradeció el apoyo de la mayor parte de los grupos, porque demuestra que el Gobierno "ha ganado en estabilidad", y lamentó la actuación "irresponsable" del PP en el Senado, por aprobar enmiendas que, de mantenerse, "aumentarían el techo de gasto en 1.100 millones de euros".

Opinión

De reforma laboral en reforma laboral....

¡STOP! A la Reforma Laboral del Gobierno Zapatero

Diosdado Toledano 

Revolta Global, 25-11-2005

La degradación de las relaciones laborales y las condiciones de vida de los trabajadores tienen como fundamento las sucesivas reformas laborales llevadas a acabo por los gobiernos del PSOE y del PP, en el mejor ejemplo posible para mostrar que comparten los mismos objetivos y la política neoliberal.

El Estatuto de los Trabajadores fue aprobado en 1980. Pronto, en 1984, el primer gobierno socialista (formado en 1982) acometió una reforma que introdujo una gran flexibilidad del mercado de trabajo a través de crear un amplio abanico, hasta 16 modalidades, de contratos espurios. La precariedad en poco tiempo creció intensamente llegando a afectar a un tercio de los asalariados.

En 1994, abrumada la sociedad por un paro masivo que alcanzó casi el 25% de la población activa, de nuevo el gobierno del PSOE se creyó en posesión de la fuerza y la razón necesarias para imprimir un nuevo avance en la precariedad del empleo y en las posibilidades del despido. La mayor precariedad vino como consecuencia de dejar intacto en lo fundamental los contratos vigentes y añadir otros nuevos aún más degradados, como los de aprendizaje, un contrato “basura” que supuso introducir por la puerta de atrás el plan de empleo juvenil que desencadenó la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988.

Las facilidades para el despido surgieron de la ampliación de las causas para realizar despidos individuales objetivos por motivos tan imprecisos como “las necesidades organizativas y de producción”, cuando ya existían las causas económicas y tecnológicas. Por otro lado, pasaron a considerarse como despidos individuales los colectivos que no supusieran más del 10% de la plantilla, hasta un máximo de 30 trabajadores, eso sí, cada trimestre. Se remató la reforma suprimiendo el carácter de indisponible de algunos derechos reconocidos en el Estatuto (jornada máxima, descansos diarios), con lo que pasaron a convertirse en moneda de cambio en los convenios, derogándose las ordenanzas laborales, que protegían a los trabajadores más débiles sindicalmente, y en fin, legalizando las empresas de trabajo temporal, las siniestras ETT, que tuvieron un desarrollo espectacular.

Pero todo aquello se consideró insuficiente. Habiéndose puesto la proa para cumplir los criterios de Maastricht, el nuevo gobierno del PP decretó en 1997 una nueva reforma que, respaldada por la mismas fuerzas políticas que la anterior, contó como novedad con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. El abaratamiento del despido, objetivo básico, experimentó un sensible avance, mientras que la coartada de dotar de mayor estabilidad al empleo se logró en un grado insignificante. La posibilidad de aplicar el sorprendente despido individual/colectivo instituido en 1994 se hizo más confusa para favorecer a los empresarios. Por otra parte, para “estimular” la contratación indefinida se aprobó nuevo contrato de aplicación para jóvenes y parados de larga duración con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año y un tope máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días por año trabajado y 42 meses de los contratos indefinidos normales.

A grandes rasgos esta es la evolución de la legislación laboral básica del último cuarto de siglo. Sus consecuencias son conocidas, o mejor, harto sufridas por los trabajadores: nivel de los salarios, precariedad del empleo, horarios abusivos, facilidades del despido, trabajo clandestino de inmigrantes. En estas circunstancias, sería normal que se plantease la necesidad de una reforma laboral que combatiera los contratos basura, que restituyera los derechos recortados, que eliminase las ETT, que prodigase protección suficiente a los parados, que controlase la subcontratación y el reguero de muertes que conlleva. Pero las cosas no van por ese camino y el peligro de una nueva contra reforma laboral está sobre el tapete.

Ante la imposibilidad de poner de acuerdo a empresarios y sindicatos en la llamada mesa de “diálogo social” que inició sus reuniones hace bastantes meses, el gobierno de Zapatero ha avanzado un proyecto verdaderamente provocador y escandaloso, pues en lo esencial recoge con precisión las grandes reivindicaciones de la CEOE y aplica la literatura para referirse a los intereses de los trabajadores, habiendo amenazado además con legislar si no hay acuerdo, lo que supone dejar a los sindicatos a los pies de los caballos.

La reforma propuesta no ataja la precariedad ni la subcontratación. En cambio, facilita y “descausaliza” el despido colectivo, suprimiendo la exigencia de la apertura de un periodo de consultas y negociación con los sindicatos, y, por tanto, asimilando el despido individual al colectivo. Amplia los colectivos a los que aplicar el contrato indefinido del despido barato (el de los 33 días y 24 mensualidades). Aumentan las subvenciones a los empresarios, disminuyen sus cotizaciones a la seguridad social por desempleo y el FOGASA. Por ultimo, como otro aspecto destacado, se eliminan los sobrecostes que soportan las ETT por indemnizaciones por fin de contrato y cotizaciones al desempleo. Con las nuevas reformas, en el caso de aplicarse a partir del muy degradado mundo laboral, se corre el peligro, como ha denunciado el Sector Critico de CCOO, de que el Derecho del Trabajo quede enterrado en nuestro país.

El sistema es insaciable y el PSOE parece dispuesto a alimentarlo, dando mas facilidades para explotar a los trabajadores y engrosar los beneficios de los empresarios y multinacionales. Prolongando, en suma, la supervivencia de un modelo económico neoliberal que hace agua por muchas partes.

Ante la amenaza del gobierno del PSOE de legislar unilateralmente la reforma laboral debe procederse a preparar las condiciones de movilización social para hacerla fracasar. La debilidad del gobierno Zapatero hace difícil el éxito de un “Decretazo" si encuentra la oposición firme de los sindicatos. De hecho estaría obligado a cambiar de aliados en el Parlamento, sustituyendo a ERC e IU-ICV por los partidos de la derecha nacionalista neoliberal. Pero el peligro de un “Zapatazo” laboral, o la foto de un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos, ciertamente más moderado, pero que contendría “clavos” importantes contra la clase trabajadora no está conjurado. La presión de la derecha económica y política va obteniendo del gobierno del PSOE concesión tras concesión, la última con la reducción del Impuesto de Sociedades.

En última instancia, solo la movilización de la clase trabajadora, de sus organizaciones, de sus sectores más críticos y anticapitalistas podrá impedir un acuerdo antisocial o hacer fracasar la amenaza de Decreto ley de la nueva reforma laboral.

Siete de cada 10 subsaharianos aún no pueden ser repatriados 

La falta de convenio facilita que los principales emisores de 'sin papeles' rechacen su readmisión

TOMÁS BÁRBULO  -  Madrid, EL PAÍS  -  España - 19-12-2005

 

Sólo dos de los seis países subsaharianos con los que España ha negociado este año acuerdos de repatriación de inmigrantes han respondido de forma positiva. Son Ghana, de donde proceden el 8% de los residentes legales subsaharianos, y Malí, de donde ha llegado el 10%. Senegal -origen de la mayoría de los residentes-, Camerún, Gambia y Guinea-Conakry siguen negándose a readmitir a sus nacionales. Tras la reciente gira del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el número de subsaharianos susceptibles de ser repatriados son tres de cada 10.

 

En los últimos 18 meses llegaron en pateras a España 7.000 subsaharianos sin papeles, de los cuales el Gobierno sólo pudo repatriar 1.556 porque los países de origen de los demás se negaron a reconocerlos como conciudadanos. Para solucionar esa situación,el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, realizó el pasado julio una gira por varios países subsaharianos para arrancarles acuerdos de readmisión. Su idea era aprovechar "el crédito político generado por el exitoso proceso de regularización" llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Inmigración entre febrero y mayo, que permitió a medio millar de subsaharianos legalizar su situación administrativa. Pero, salvo Nigeria, Ghana y Malí, los gobiernos anfitriones dieron largas al secretario de Estado.

 

La razón de estas negativas es económica. La mayoría de los gobiernos subsaharianos alientan la emigración de sus ciudadanos, que al cabo de un tiempo en el extranjero comienzan a enviar dinero a sus familiares. Esas divisas son, en la mayoría de los casos, la principal fuente de ingresos de unos Estados paupérrimos. También las respuestas positivas han tenido un componente económico. Aunque España ya había firmado en 2001 con Nigeria un acuerdo que se hallaba pendiente de ratificación, Moratinos remachó el clavo colocado por su secretario de Estado anunciando que el Gobierno está dispuesto a condonar el 60% de la deuda nigeriana, que supera los 170 millones de euros, y a aportar tres millones de dólares a la Confederación de Estados del África Occidental, organismo regional apadrinado por Nigeria.

 

Con el Gobierno de Ghana, Bernardino León suscribió un protocolo financiero por el que España le aportará 60 millones de euros (el 50% en Fondos de Ayuda al Desarrrollo y el resto, en créditos), más otros cinco millones como donación y la condonación de una deuda de 61 millones de dólares. Malí sólo ha recibido hasta el momento un millón de euros en ayuda alimentaria, mientras estudia la posibilidad de firmar el acuerdo migratorio que le propone España. Nigeria es uno de los principales exportadores de inmigrantes hacia España, donde residen legalmente 16.000 de sus ciudadanos. Los residentes de Ghana ascienden a 8.000 y los de Malí, a 10.000, si bien en éste último caso el incremento de los que llegan en pateras es mayor que en los anteriores. Aunque el número de ciudadanos de Níger residentes en España es, por el momento, irrelevante, Moratinos ha ofrecido a ese país, el más pobre de la tierra, un acuerdo para ayudarle a controlar las rutas de emigración que, procedentes de otros Estados, pasan por su territorio hacia Europa.

 

Pero ni Senegal, de donde procede la mayor colonia de inmigrantes subsaharianos en España (26.000 personas), ni Gambia (15.500 inmigrantes), ni Camerún (2.000) ni Guinea-Conakry (5.000) han querido firmar convenios migratorios. El Ministerio de Asuntos Exteriores confía en que el funcionamiento de los acuerdos alcanzados con sus vecinos y los buenos oficios de Nigeria, el gigante diplomático de la zona, que se ha comprometido a intentar persuadirles, acaben por aceptar la regulación de sus flujos migratorios.

 

 Euskadi

Macroproceso 18/98

 

"El 25 de mayo de 1998 el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional del Estado español dio inicio a una serie de procedimientos judiciales contra una gran variedad de organismos populares, movimientos sociales, organizaciones políticas, empresas y medios de comunicación de Euskal Herria, en lo que con el tiempo se ha venido conociendo como el Sumario 18/98 y otros o 18/98+. A esta dinámica se añadió toda una serie de reformas legales restrictivas de derechos, cuyo máximo exponente será la nueva Ley de Partidos Políticos.", Euskal Herria Watch

 

"El 18/98 es el sumario matriz con el que se pretende validar la tesis que identifica actividades políticas y sociales legítimas con la complicidad, colaboración o pertenencia a ETA. De esta tesis, que se pretende ratificar ahora judicialmente, se derivan otros muchos sumarios y actuaciones que han caracterizado un periodo político en el que la deriva autoritaria ha sido evidente.

En estos procedimientos se constatan desviaciones graves del normal funcionamiento un Estado de Derecho, entre ellas: privación de garantías jurídicas de las personas procesadas: fianzas económicas desmesuradas, abuso de la prisión preventiva, condiciones de detención que han derivado en reiteradas denuncias de torturas y malos tratos. Instrumentación política de la legislación; con aplicación elástica y expansiva de tipos delictivos indeterminados y procedimientos ideologizados basados en documentos sin valor probatorio.

Estas circunstancias revelan actuaciones al servicio de una estrategia política, cuya finalidad es sacar de la legalidad española a un amplio espacio social y político vasco, vulnerando derechos civiles y políticos -expresión, reunión, asociación, libertad ideológica y derecho a la disidencia- de personas y grupos que defienden que Euskal Herria existe como pueblo y tiene derecho a decidir como tal. Al amparo de su lógica función de perseguir presuntos delitos, el Estado ha criminalizado ideas, iniciativas y actividades sociales y políticas legítimas, que en el seno de nuestra sociedad persiguen fines legítimos por medios igualmente legítimos. Esta vulneración de derechos individuales y colectivos afecta directamente a la sociedad vasca en su conjunto. Esos derechos, libertades y garantías son patrimonio de toda la ciudadanía, de todas las personas, estén o no imputadas. Por ello, el desarrollo de estos juicios no puede contemplarse desde la indiferencia" 18/98 +

Más Información y Más Enlaces: Macroproceso 18/98; Sumario 18/98+; Solidaridad Pepe Uruñuela; Sabino Ormazabal

Analisis y Opinión: Sumario 18/98: Kafka en Euskadi, Antón Corpas

Imperialismo - Análisis

FMI, deuda y terrorismo
Damien Millet y Éric Toussaint*

 

Hay que reconocer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es muy eficaz. Desgraciadamente, no lo es en cuanto a la deuda y la lucha contra la pobreza, como pretende, sino en términos de golpe mediático y de manipulación semántica.

 

El FMI acaba de anunciar que anulará la deuda que tienen con la institución 20 países pobres a principios del año 2006. Teniendo en cuenta que la opinión pública tiene dificultades para descifrar los mensajes intencionadamente confusos de los tesoreros del mundo, la maniobra es astuta: pretende hacer creer que el problema de la deuda está en vías de resolución. En realidad, el objetivo es doble, tener buena prensa después de las fuertes turbulencias debidas a su discutible papel en las recientes crisis financieras, y por otra parte tratar de desactivar la creciente repulsa popular en el tema de la deuda de los países en desarrollo. Pero varios elementos en particular causan perplejidad.

 

En primer lugar, es exactamente la cuarta vez en este año que los media se hacen eco de la misma decisión que implica al FMI: primero, en junio, en Londres, cuando la decisión fue tomada por los ministros de Finanzas del G7; luego, en julio, en Gleneagles, en ocasión del propio G8; a continuación, en septiembre, cuando el FMI, después de fuertes reticencias de pequeños países ricos, como Bélgica y Suiza, ratificó el acuerdo del G8 que le concernía; y, finalmente, en diciembre, en el momento en que reveló las modalidades de esta operación.

 

En segundo lugar, de los 20 países considerados por el G8, 18 pertenecen, concretamente, al grupo de los llamados “países pobres altamente endeudados” (PPAE), que lograron llevar a cabo una auténtica carrera de combatiente neoliberal, principalmente en la reducción drástica de sus presupuestos sociales, en las privatizaciones masivas, en una liberalización radical de sus economías, todo para el gran provecho de las multinacionales y de los inversores internacionales. Pero son golpes muy duros contra las condiciones de vida de la población pobre. Dicho de otra manera, estos países ya han pagado un alto precio por el derecho a ser seleccionados. Con el fin de que acepten estas medicinas adulteradas, el doctor FMI simula prescribir lo que parecen estrategias de reducción de la pobreza. Este impostor se montó una coartada (pequeñas sumas esparcidas sobre unos pocos proyectos sociales) que esconde graves efectos secundarios: por ejemplo, en países donde más del 40% del presupuesto se dedica a reembolsar la deuda, se prohíbe a los gobiernos reclutar y formar al personal necesario, maestros, auxiliares sanitarios, médicos, etc., en nombre de los sacrosantos principios de la reducción de la función pública y del equilibrio presupuestario. Se aplica cuidadosamente para que nunca se cuestionen estas posturas ideológicas, lo que es opuesto a cualquier gestión científica honesta.

 

En tercer lugar; el FMI, simulando comprender al revés el acuerdo del G8, lo ha interpretado según sus conveniencias. Mientras que el G8 había anunciado una anulación de la deuda de dichos países con el FMI, ya que eran parte de la lista de los 18, éste agregó condicionalidades que le permiten seguir siendo un protagonista del proceso, más aún, como juez y parte. En efecto, comenzará con un examen de las políticas económicas de los países beneficiarios antes de acordarles el alivio de la deuda previsto. Con eso se quiere asegurar que desde que figuran en la famosa lista, la política que apliquen continúa de acuerdo con las viejas recetas de sus expertos neoliberales. Por supuesto, los dos países de la lista que no son PPAE, Camboya y Tayikistán, ya se han sometido también a las exigencias del FMI.

 

Finalmente, el FMI pormenoriza sobre el monto total de la anulación que tiene que soportar: 4.800 millones de dólares, que encontrará simplemente recurriendo a los beneficios realizados en una transacción de oro, que se remonta a 1999. De todos modos, esto es muy poco frente a la deuda externa pública de todos los países en vías de desarrollo (PED), que se eleva a 1,6 billones de dólares. Por otra parte, el FMI podría hacer mucho más dado que es el tercer tenedor de oro del mundo, su stock vale más de 44.000 millones de dólares a precio de mercado, mientras que en sus cuentas aparece una cantidad cinco veces menor.

 

Reflexionando más sobre el caso, y para utilizar una expresión de moda, el FMI se ha ganado a pulso el mote de “terrorista financiero”. Por una parte, actúa como un francotirador emboscado que desenfunda sus políticas y contempla los desastres producidos en todos los sitios donde éstas se aplicaron, desde lo alto de un hotel de cinco estrellas. Por otra parte, también es un pistolero furioso, que toma como rehenes a la población entera, privándola de su independencia y de su dignidad. Lo más razonable es, indudablemente, sacar al FMI de circulación, para que no haga más daño. Su eliminación y su reemplazo, en el ámbito monetario internacional, por una institución multilateral que respetara, por fin, los derechos humanos fundamentales, son opciones a considerar seriamente.

 

Damien Millet es presidente del CADTM Francia (Comité por la anulación de la deuda del Tercer Mundo), autor de L’Afrique sans dette, CADTM/Syllepse, 2005; Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica, autor de La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos, CLACSO, Buenos Aires, 2004. Damien Millet y Eric Toussaint son coautores de 50 preguntas/50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria, Barcelona, 2004

 Argentina
Los efectos de pagarle al Fondo
Claudio Katz*, Buenos Aires, 19-12-05

Correspondencia de Prensa

El gobierno argentino presentó la cancelación anticipada de la deuda con el FMI como un acto soberano de alcance histórico. El Presidente Kirchner afirmó que el país recupera autonomía y se desembaraza de las inspecciones del Fondo. Pero en los hechos bendice a un acreedor privilegiado. Primero eximió al FMI de la quita aplicada con el canje al resto de los bonistas y ahora le asegura el cobro total y adelantado de la deuda. Kirchner implementa un postulado de la derecha -cumplir con el Fondo- redoblando el discurso progresista. ¿Su iniciativa incrementará la independencia económica del país?. ¿Comienza la etapa de la redistribución?
 
SOBERANIA Y AUTONOMIA
 
En los últimos tres años y medio el FMI cobró 45.000 millones de dólares de sus grandes deudores. Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó el 40%, México transfirió grandes sumas y Brasil resolvió cancelar todos sus pasivos. Argentina no adopta, por lo tanto, una decisión exclusiva ni sorprendente.
 
Kirchner insinúa que su acción fue coordinada con Lula, pero no puede explicar la coincidencia de ímpetus soberanos de tantos países y gobiernos diferentes. Esta simultaneidad obedece a la presión ejercida por el FMI para reducir su elevada exposición financiera. Las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del endeudamiento por medidas de protección de su capital. Por eso Bush le negó a Kirchner una mediación para establecer negociaciones con el organismo y retomó la tradicional dureza hacia el defaulteador argentino.
 
Quiénes presentan la cancelación con el FMI como una jugada original de Kirchner olvidan que un alto funcionario de ese organismo (A. Singh) propuso el año pasado un plan para instrumentar la misma decisión. La decisión adoptada es por eso coincidente con los propósitos explícitos del Fondo.
 
No era necesario pagarle a los banqueros para liberar la política económica de sus controles. Las supervisiones del FMI estaban suspendidas desde que hace dos años el organismo comenzó a cobrar los vencimientos. La simple continuidad de estos pagos garantizaba la misma autonomía que se logra adelantado las cuotas. Pero los funcionarios argumentan que ahora existe mayor grado de libertad en tres terrenos: el manejo de las cuentas públicas, la estrategia macroeconómica y la redistribución del ingreso.
 
SOLVENCIA FISCAL Y AJUSTE
 
Para sostener el pago anticipado de 9.810 millones de dólares el estado argentino deberá aumentar su solvencia fiscal. Nadie ha puesto en duda esta necesidad, pero los oficialistas ocultan su relación con la operación de cancelación. Sugieren que el ahorro público forzoso que rige en el país es un dato natural de la economía o un remedio para curar la indisciplina de los argentinos.
 
El sobrante fiscal se engrosará con los nuevos aportes del fondo anticíclico que gestó el conservador Lavagna y consolida la progresista Micelli. Este superávit servirá para compensar la disminución de reservas utilizadas para pagarle al Fondo. Los efectos monetarios inmediatos de la reducción del respaldo en divisas que tiene la moneda nacional son inciertos. Pero es evidente que se buscará un mayor sostén fiscal para contrarrestar la menor cobertura en dólares de los pesos en circulación.
 
Seguramente el Banco Central recibirá un nuevo título público a cambio de las reservas aportadas para concretar el mega-pago. Cuándo ese papel sea volcado al mercado le brindará a los banqueros locales otra oportunidad de beneficios especulativos. Sus negocios con títulos pesificados alientan el aumento de la tasa de interés y fueron la inversión financiera más rentable del año 2005.
 
Los pasivos que se cancelan con el FMI representan apenas el 9% de la deuda total y excluyen compromisos semejantes con el BID y el BM. La hipoteca que el país afronta luego de la nueva operación supera los 116.000 millones de dólares (o 139.000 millones de acuerdo al cálculo). Estas obligaciones imponen la continuidad del ahogo fiscal, con o sin auditoria del FMI.
 
El ahorro que realiza el estado sobre las espaldas de la población se mantendrá también para recomponer las reservas con la adquisición de las divisas que genera el excedente comercial. El mismo ajuste será necesario para brindar respaldo a los créditos externos que se negocian con Venezuela, España u otros prestamistas internacionales. Habrá que ver si el costo de estos compromisos es inferior a los créditos que se le abonaba al Fondo. Por lo pronto, el ahorro de 1000 millones de dólares que publicita el gobierno como resultado de la operación, es muy dudoso. Algunas estimaciones reducen ese monto a 300 millones y otras lo cuestionan por completo.
 
CAPITALISTAS GANADORES Y PERDEDORES
 
La decisión del gobierno beneficia a un sector capitalista contra otro. La precancelación de la deuda con el FMI favorece a los exportadores, industriales y banqueros locales en su conflicto con los acreedores externos y las empresas privatizadas. El  Fondo actuaba como lobbista del segundo grupo contra el primero.
 
El choque entre ambas fracciones ha dominado el escenario económico desde la devaluación. El FMI exigía reducir el tipo de cambio para aumentar el excedente en divisas girado al exterior, en contraposición a los exportadores que prefieren mantener alta la cotización del dólar, para recibir más pesos por los bienes que venden fuera del país. El Fondo también operaba como vocero de las empresas privatizadas extranjeras, que reclaman incrementos de tarifas inmediatos, en oposición a los grupos industriales que han lucrado con el abaratamiento relativo de los servicios públicos. El FMI exigía, además, negociar y pagarle a los acreedores foráneos que no ingresaron al canje (holdouts), contra las conveniencias de los bancos locales que acaparan los grandes pagos del Tesoro.
 
Kirchner resolvió bloquear las presiones revaluacionistas que canalizaba el FMI porque defiende los intereses de la burguesía local. Pero su decisión no elimina el horizonte de aumentos tarifarios, ni tampoco cierra las tratativas futuras con los holdouts. Apuesta con fuerza al sostén del tipo de cambio alto, olvidando las presiones inflacionarias que genera ese pilar del modelo exportador.
 
En el conflicto que opone a los capitalistas favorecidos con los afectados por la cotización del dólar no está en juego ningún interés popular. El discurso oficial identifica “autonomía nacional” con las conveniencias de los banqueros, industriales y agroexportadores, como si el grueso de la sociedad perteneciera a ese grupo. Al quedar eliminadas las supervisiones periódicas del FMI este sector tendrá más poder para ajustar las decisiones del Ministerio de Economía a sus necesidades. ¿Pero en algún terreno aumentará la influencia de los trabajadores, la clase media o los desempleados?
 
EL BLOQUEO A LA REDISTRIBUCIÓN
 
El pago al FMI no inicia una etapa redistributiva. Los propios centroizquierdistas siempre afirmaron que ese rumbo contradecía la mejora del ingreso popular (“se cumple con el Fondo o con el pueblo”, “se paga la deuda externa o la interna”). Además, no existe un solo indicio de mejoras para el grueso de la población.
 
El momento de iniciar la redistribución es cuándo existen fondos disponibles. Estos recursos abundan en la actualidad como resultado de la reactivación y los altos precios internacionales de las exportaciones argentinas. Si las sumas generadas en este marco son utilizadas para cancelar pasivos con el Fondo, no queda dinero para los oprimidos. Hasta ahora el gobierno retaceaba los gastos sociales, argumentado que necesitaba reservas para confrontar con el FMI. Pero ha utilizado esos  recursos para pagarle al Fondo.
 
Con esta medida inaugura de hecho su gestión la ministra Micelli. Ese curso confirma que a pesar de sus diferencias de estilo y pasado que la separan de Lavanga profundiza la gestión de su antecesor. Ese camino impide la redistribución porque exige reforzar la solvencia fiscal, que en Argentina es sinónimo de ajuste. Felisa ha eliminado ese término de su vocabulario, pero no de su acción práctica.
 
La continuidad del ajuste se verifica en el congelamiento de los salarios. Han desaparecido las mejoras, que a cuentagotas se disponían por medio de los decretos oficiales. En pleno rebrote inflacionario, no hay tampoco incrementos para el 63% de los jubilados que cobran haberes de indigencia, ni aguinaldo para los desempleados que perciben 150 pesos. Esta convalidación de la miseria fue justificada en las últimas semanas como una acción tendiente a frenar la escalada de los precios, como si el ingreso popular fuera el causante de la inflación. Ningún funcionario reconoce públicamente que los pagos al Fondo consolidan la miseria. Todos ocultan ese nexo y difunden la impresión que será gratuito cancelar ese pasivo.
 
Los 9.810 millones de dólares que el gobierno destina al FMI son sustraídos de los salarios, la educación, la salud y la obra pública. Este importe fue precedida por tres años de pagos al organismo, que superaron ampliamente lo desembolsado durante los gobiernos de Duhalde, De la Rúa, Menen y Alfonsín. Si se suma lo abonado al BID y al Banco Mundial, Kirchner terminará girando a esas entidades unos 25.000 millones de dólares. ¿Cuántas mejoras populares, gastos sociales y emprendimientos de inversión pública se podrían haber concretado con esa monumental cifra?
 
El pago al FMI repite la norma inequitativa que prevaleció durante el canje. Se relega a los pequeños acreedores (bonistas, jubilados, ahorristas) a favor de los grandes banqueros. Como esta elección es insostenible con argumentos progresistas, el oficialismo ha comenzado a resucitar los viejos planteos neoliberales. Varios ministros  hablan de “mostrar al mundo que Argentina es un país creíble” y “respetuoso de sus contratos”. El mismo mensaje que aturdió a la población durante los 90 (“recuperar la confianza externa”)  reaparece subrepticiamente, junto a nueva versión de la teoría del derrame (“con inversiones llegará el empleo y la mejoras del salario”). Todos parecen olvidar que cumpliendo con los banqueros no hay redistribución.
 
LEGITIMIDAD, SOLIDARIDAD Y MANIOBRAS
 
El gobierno siempre consideró perniciosa la deuda que ahora le paga el FMI. La legitimidad de ese pasivo fue abrumadoramente cuestionada porque una parte de los préstamos sostuvieron el blindaje y el megacanje que negoció Cavallo. Es sabido que con ese dinero se financió la fuga de capitales que precipitó el derrumbe del 2001y que otros créditos del organismo encubrieron las bicicletas de los financistas locales.
 
En lugar de borrar las huellas de estos delitos cancelando un pasivo tan dudoso, el gobierno debería investigar cómo fueron gestados y distribuidos esos préstamos. Kirchner afirma que el FMI es coresponsable del modelo regresivo de los 90, pero premia al acusado. Su actitud es complemente esquizofrénica. Denuncia y beneficia al principal artífice del desastre financiero que padeció el país.
 
Lo que permite sostener esa hipocresía es la duplicidad de los políticos justicialistas, que aplaudieron el default y ahora ensalzan la precancelación. Pero más relevante es la cobertura que brindan muchos progresistas a las maniobras del presidente. Antes objetaban la actitud de los gobiernos que prometían “pagar la deuda con dignidad”, pero luego se convirtieron en abogados del “desendeudamiento con dignidad”. Ahora explicarán que la cancelación los pasivos del FMI es un acto supremo de patriotismo.
 
La decisión de Kirchner recibió los esperados elogios de Lula que está embarcado en la misma operación. También Chávez ha proclamado su apoyo y prometió adquirir más títulos públicos de Argentina. Ya absorbió 1000 millones de dólares y podría suscribir otros 3000 millones. La compra de estos bonos no es un acto de solidaridad con el pueblo argentino, porque contribuye a la acción de un gobierno que utiliza esos recursos para compensar el dinero girado al FMI. Venezuela participa de hecho en una triangulación que recicla el endeudamiento general del país.
 
El FMI solía prestar con garantías de ajuste fiscal antipopular que Venezuela no exige, pero tampoco objeta. El valor de mercado de los bonos que compra implícitamente depende de la continuidad del superávit. Estos préstamos no facilitan ninguna medida de redistribución en Argentina y abren serios interrogantes para Venezuela. ¿Son acaso la inversión más acertada y prioritaria? ¿Favorecen las transformaciones sociales que requiere la profundización del proceso bolivariano?
 
La triangulación financiera en marcha no guarda ninguna coincidencia con el proyecto de conformar un frente de deudores contra el FMI. Chávez igualmente considera que se avanza hacia la formación de un banco regional (Bansur) que aglutinaría todas las reservas de Sudamérica. Propone por ese camino disputarle al FMI el rol de prestamista estratégico en la zona. Pero estos propósitos contradicen un pago que legitima el mayor fraude del Fondo.
 
La decisión de adelantar los pagos al FMI tiene más significado político que económico. Apunta a fortalecer la autoridad de Kirchner y a reforzar su estilo de gestión ejecutivo y prescindente del Congreso. La medida se implementará a través de una sesión de emergencia en ambas cámaras, que recuerda los ultimátum de fin de año que presentaba Cavallo.
 
Los legisladores que acaban de aprobar el presupuesto ahora deberán modificarlo. Además, votarán entre gallos y medianoche varios cambios muy delicados en las atribuciones del Banco Central. Estas modificaciones reinstauran los aspectos normativos de la convertibilidad que se requieren para concretar el pago al FMI. Una decisión trascendente para el país se materializa sin realizar ninguna popular.
 
La derecha local ha quedado desconcertada frente a un gobierno centroizquierdista que le sustrae su bandera de cumplir con los acreedores. Por eso trata de disfrazar con críticas superficiales su aprobación de la medida. En cambio los progresistas -que siempre cuestionaron las transferencias de fondos al FMI- enfrentan la disyuntiva de preservar sus convicciones o sumarse a la maniobra oficial. Ya se vislumbra una división entre ambas actitudes, aunque muchos evitan tomar partido y sugieren que “ahora se verá si hay redistribución”.
 
Los prescindentes omiten que el pago al Fondo no es tan neutral, ni indefinible. Existen elementos suficientes para caracterizar si la medida facilita o bloquea el camino redistributivo. Kirchner tomó distancia de la política económica promovida por el FMI para sostener el proyecto de la burguesía local. Y este sector capitalista se opone a cualquier mejora social favorable a los trabajadores, los desocupados y la clase media.
 
No hay que disimular las conclusiones. Los efectos de pagarle al Fondo son negativos para la mayoría popular. Y el gobierno cuenta con expectativas favorables hay que decir la verdad, sin eludir pronunciamientos, ni atemperar el tono de los cuestionamientos. Con temores y complicidades no se construye la igualdad social y el bienestar popular.                                                           

*Economista, profesor de la UBA, investigador del Conicet. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página Web es: www.netforsys.com/claudiokatz

--oOo--

Solidaridad con Palestina y la Nación Árabe

Enlaces:

Castellano: Sodepaz-Intifada, Comite Solidaridad Causa Arabe, Palestina Libre,

Mundo Árabe, Palestina-México, Palestina Lucha Iraq Solidalidad

Andalucía: Al-Quds, Palestina-Sevilla

Ingles-Árabe-Hebreo-Francés: AIC, Indymedia Palestina, Electronic Intifada, Solidarité Palestine

 

Música de fondo: La ultima curda, Tango

Directorio de Andalucía en Internet

 

PUBLICIDAD DEL SERVIDOR E-LISTAS: