Inicio > Mis eListas > andalucialibre > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 301 al 330 
AsuntoAutor
nº 301 - Andalucia Andaluci
nº 302 - Hitos de Andaluci
nº 303 - Carta abi Andaluci
nº 304 - Manifiest Andaluci
nº 305 - 'Andaluci Andaluci
nº 306 - Venezuela Andaluci
nº 307 - Venezuela Andaluci
nº 308 - El SOC vo Andaluci
nº 309 - Sumarios Andaluci
nº 310 - Trotsky i Andaluci
nº 311 - Declaraci Andaluci
nº 312 - Cambiar p Andaluci
nº 313 - Desarroll Andaluci
nº 314 - El NO de Andaluci
nº 315 - Ofensa y Andaluci
nº 316 - Vota NO - Andaluci
nº 317 - Andalucía Andaluci
nº 318 - DELPHI, D Andaluci
nº 319 - Estrategi Andaluci
Historia LCR y Pro Andaluci
nº 320 - '¿Andaluc Andaluci
nº 321 - Aquí de n Andaluci
nº 322 - Nace el S Andaluci
nº 323 - Identidad Andaluci
nº 324 - Memoria o Andaluci
nº 325 - Sindicato Andaluci
nº 326 - Ante las Andaluci
nº 327 - Balances Andaluci
nº 329 - ESPECIAL Andaluci
nº 330 - 20N: ELEC Andaluci
 << 30 ant. | 7 sig. >>
 
Andalucía Libre
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 398     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[AndaluciaLibre] nº 308 - El SOC vota NO al Estatuto - 'Izquierda socia l' y Estatuto
Fecha:Sabado, 30 de Diciembre, 2006  05:36:05 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>

Porque el Estatuto reformado es neoliberal y españolista. Sólo cabe VOTAR NO
Por la Independencia Nacional de Andalucía: No a otro Estatuto de Dependencia

nº 308
 
En este Correo:
 
*Andalucía - El SOC votará y hará campaña por el NO al Estatuto
*Discurso Andalucista - Agravio comparativo: PA acusa a PSOE, PP e IU de "apoyar una España asimétrica"
*PA argumenta por carta a senadores andaluces para que 'rechacen el Estatuto'
*Españolistas: PP advierte que defender similitud Estatutos catalan y andaluz 'provocará abstención'
*Estudio Universidad PF: 'Más de la mitad de preceptos recurridos del Estatut están en el proyecto andaluz'
*Documento: ERC y el proceso estatutario andaluz
*Elecciones Municipales: PA no excluye pactos municipales con ultraespañolista PP
*Patronal y Gobierno andaluz crean Fundación 'para vincular más Andalucia con la Monarquia'
- Un Rey Golpe a Golpe, Biografía no autorizada de Juan Carlos I
*Andalucía recibirá 12.616 millones de euros de la UE en los próximos seis años
*Documento: El Foro Social de Sevilla ante la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía
*Documento: El Estatuto de Andalucía y la exclusión social, APDHA
*El Remate, La ‘izquierda social’ en Andalucía y la prueba de la Reforma estatutaria, Andalucía Libre
*España - Gobierno español subraya que 'la inversión estatal la determina el Estado en sus Presupuestos'
*Hacienda presenta Documento sobre Financiación Autónomica
*Madrid lidera el crecimiento económico en 2005
*Cataluña
Generalitat pide al Gobierno español que derogue decreto sobre curriculo escolar
*Andalucía Libre es Andalucía Laica
*Directorio de Andalucía en Internet
 
--oOo--
 
Por Andalucía, Contra España:
VOTA NO AL
ESTATUTO DE LA DEPENDENCIA
 
 Andalucía
El SOC hará Campaña por el "NO" en el Referendum - La Asamblea Nacional del Sindicato lo decidió por unaninimidad
El SOC considera "insuficiente" la reforma estatutaria y pedirá el NO
 

La Asamblea Nacional del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía acordó por unanimidad votar NO en el próximo referéndum para la aprobación de un nuevo Estatuto para Andalucía.

Tras un amplio debate los dirigentes de nuestro sindicato valoraron el NO como la única postura posible ante una propuesta de Estatuto que renuncia definitivamente a la posibilidad de ejercer una soberanía alimentaria como eje fundamental de nuestro desarrollo agrario. Así mismo, en opinión de la Asamblea, el Estatuto consagra la imposibilidad de llevar a cabo una reforma agraria moderna que permita el acceso a la propiedad de la tierra. Más bien deja en mano de las autoridades comunitarias el desarrollo de las políticas agrícolas. Las mismas autoridades que mantienen una nobleza subvencionada mientras que racanea los derechos de los trabajadores del campo y permite situaciones dramáticas en las condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes del campo andaluz.
Como consecuencia de esta postura, el SOC llevará a cabo una serie de actos informativos para provocar el debate sobre el verdadero Estatuto que Andalucía necesita.
  
La Asamblea Nacional, que se reunió en la nueva sede de Los Molares con la asistencia de unas 300 personas en representación de diversos pueblos andaluces, mostró su total oposición al texto del nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, por lo que llevará a cabo una campaña por ciudades y pueblos andaluces para pedir el 'no' en el referéndum que está previsto que se celebre en febrero de 2007. 

Según el secretario general, Diego Cañamero, se aprobó mostrar el rechazo al texto del nuevo Estatuto "pues nos parece totalmente insuficiente""No se contempla la reforma agraria, ni la soberanía alimentaria para Andalucía, es decir que el territorio tenga capacidad para decidir qué hacer con sus cultivos y su agricultura", lamentó Cañamero, quien también apuntó que el nuevo texto "tampoco contempla la financiación de los ayuntamientos ni la eliminación de las bases extranjeras ubicadas en suelo andaluz". Asimismo, lamentó que tampoco se contemple el traspaso de todas las competencias para Andalucía. "Se han quedado cortos y no tendrán nuestro apoyo", reiteró Cañamero, quien anunció que el sindicato articulará una campaña por ciudades y pueblos para pedir el 'no' en el referéndum que sobre el Estatuto tendrá lugar en febrero del próximo año.
 
Enlaces Relacionados
Andalucía Libre nº 267, 4 de septiembre de 2005
Andalucía Libre nº 297 - 27 de septiembre de 2006
 
 El Discurso andalucista - El Agravio Comparativo
El PA acusa a PSOE, PP e IU de 'apoyar una España asimétrica'
 
El  PA escenificó hoy su rechazo al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía que será aprobado hoy en el Pleno del Senado con la lectura de un manifiesto en el que los andalucistas acusan a PSOE, PP e IULV-CA de acordar un texto "con el objetivo de que sea útil para una España dual y asimétrica". La portavoz parlamentaria del PA, Pilar González, que fue la encargada de leer el manifiesto en los jardines de la sede del Parlamento andaluz, advirtió de que el Estatuto que se aprobará hoy en el Senado es un texto "de Andalucía sin Andalucía, un Estatuto que no responde al 'por sí' de nuestro escudo". De esta forma, el manifiesto prosigue marcando las causas por las que el PA rechaza el nuevo texto, subrayando que se trata de un Estatuto que "no reconoce la identidad de Andalucía ni la singularidad de nuestra cultura y de nuestra historia; que no responde a las necesidades y a las carencias de Andalucía en el siglo XXI y que no alcanza las máximas cotas de autogobierno".

El PA denuncia que el Estatuto "no garantiza los recursos que necesita el pueblo andaluz para lograr su bienestar, su desarrollo y su prosperidad; no pone en manos de los andaluces las herramientas necesarias para que toda nuestra energía creadora se transforme en progreso de Andalucía y nos sitúa en una posición de inferioridad respecto a otros pueblos, negando a Andalucía lo que a otros se les otorga". Así, los andalucistas advierten de que el nuevo texto estatutario "nos hace retroceder en nuestra conquista del futuro y dilapida los logros de los andaluces y deroga el estatus político alcanzado por Andalucía el 28-F". De esta forma, el PA justifica su decisión de no apoyar la reforma del Estatuto andaluz, antes de explicar que han decidido no acudir al Senado porque "estamos en Andalucía para no legitimar con nuestra presencia un Estatuto que silencia los anhelos del pueblo andaluz". "Estamos en Andalucía para despertar de nuevo la conciencia del pueblo andaluz y para recordar a todos, empezando por los andaluces, el poder de Andalucía cuando su pueblo se pone en pie", destacan en el manifiesto, que fue leído en un acto al que asistieron el grupo parlamentario del PA y la dirección nacional.

Además, el Partido Andalucista aprovechó el acto para presentar públicamente la imagen de la primera parte de la campaña informativa que han puesto en marcha con motivo de la aprobación del Estatuto y la celebración del referéndum de ratificación de la reforma. En la valla publicitaria se puede leer diferentes ideas. Así, por un lado se señala que 'Andalucía no es de segunda', para a continuación lanzar la pregunta: "¿Por qué tenemos que salir perdiendo?", y luego advertir de que "Andalucía perderá 60.000 millones de euros con el nuevo Estatuto". Por último, los andalucistas subrayan en la valla publicitaria: "PSOE, PP e IU nos quieren mandar a segunda". Todos estas ideas y frases quedan proyectadas sobre un fondo en el que se escenifica una portería de fútbol con un balón dentro, recreando un gol.
 
PA pide por carta a senadores andaluces 'que pongan a Andalucía por encima de sus partidos y rechacen el Estatuto'
SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PA, Julián Alvarez, remitió hoy una carta a los senadores andaluces pidiéndoles que ponga a Andalucía por encima de la disciplina que sus partidos (PSOE y PP) y se rebelen contra la "discriminación", a la vez que les advierte de que "si no lo hacen así les recordaremos siempre por la traición que habrán cometido contra su tierra".
 
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Alvarez aclara que "no les pido que sean andalucistas y que crea en el autogobierno como la palanca para romper la dependencia económica y política de Andalucía". Así, concreta que "sólo les pido que no permitan que nos discriminen y que rechacen todo texto que no garantice nuestra equiparación, de todo Estatuto que no se escriba desde la igualdad entre los pueblos del Estado". "La asimetría, desde siempre, sólo ha favorecido a los más ricos", apostilla Alvarez, que resalta a los senadores que hoy se enfrentan a la decisión de apoyar o no el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ante lo que les insta a que recapaciten sobre las repercusiones que tendrá para Andalucía la aprobación de ese proyecto. "Ustedes son senadores por el PSOE o por el PP, pero ustedes a quien se deben es a Andalucía, que es quien les votó, y los intereses que usted debe defender son los de Andalucía, no los de sus partidos", subraya el líder del PA, que pide a los senadores que rechacen el proyecto de reforma para que Andalucía "no salga perjudicada".

Alvarez expone en la misiva que "no se puede aceptar un texto que no mejora nuestra financiación sino que la empeora, que no garantiza nuestro ámbito competencial sino que reconoce el derecho a la injerencia del Estado central en nuestras competencias exclusivas, que no reconoce nuestra identidad en los términos aceptados para otra comunidad, que cede al Estado central la decisión de establecer o no alguna protección jurisdiccional a los derechos de los andaluces, que no garantiza el pago de la deuda histórica, que nos impone una organización territorial jacobina y decimonónica". El secretario general del PA prosigue destacando que el Estatuto que se aprobará en el Senado "no mejora el papel de los ayuntamientos a los que no se reconoce ni nuevas competencias ni una financiación acorde con el importantísimo papel que juegan en la prestación de servicios a los ciudadanos", a la vez que resalta que "todos somos conscientes de que los avances conseguidos por Cataluña serán también reconocidos para el País Vasco y muy probablemente para Galicia, ya que son las otras comunidades de primer nivel según se reconoce en la Constitución".
 
Ante esta situación, el líder del PA advierte a los senadores de que en estos momentos, Andalucía "no puede quedarse atrás". "Hace casi 27 años conquistamos ese derecho con el respaldo de millones de andaluces y ningún pacto entre partidos debe hacer que desandemos el camino andado con muchísimas dificultades por nuestro pueblo", indica Alvarez, que en la misiva plantea a los senadores la situación creada tras la aprobación del Estatut catalán. En primer lugar, recuerda que Andalucía eligió democráticamente estar entre las autonomías de primer nivel en el Referéndum del 28 de Febrero de 1980. "La Constitución de 1978 establece dos niveles autonómicos y dos vías para el acceso a la autonomía, y Andalucía de un modo inequívoco optó por la vía más difícil pero la que garantizaba la equiparación de esta tierra, secularmente atrasada, a los territorios del Estado con mayor nivel de vida, con mayor desarrollo económico y con una identidad más marcada", argumenta Alvarez para luego destacar que hace sólo unos meses se aprobó en el Senado un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que representa un importante avance en el autogobierno de esa tierra, en el reconocimiento de su identidad, en su financiación y en su capacidad de organizarse territorialmente". De esta forma, el secretario del PA advierte a los senadores de que los derechos reconocidos a Cataluña van a permitir a esa comunidad "mejorar sus posibilidades de dar respuesta a los retos del siglo que está comenzando". "Una vez aprobado y refrendado, ese Estatuto es legislación aplicable como acabamos de comprobar en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2007 en los que se ha respetado la Disposición que establece que la inversión del Estado en esa Comunidad debe equivaler al peso de su PIB en el conjunto del PIB del Estado", resalta el líder del PA, que deja claro a los senadores andaluces que con su apoyo al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía están "traicionando a su tierra"
 
Análisis General del Proceso de Reforma Estatutaria:
Andalucía Libre nº 293, 7 de mayo de 2006 
Andalucía, a la hora de la reforma estatutaria
Andalucía Libre nº 266, 24 de julio de 2005
Andalucía Libre nº 284, 1 de marzo de 2006
Andalucía Libre nº 94. 11 de Julio de 2001
 
Contradicciones en el discurso españolista ante el Referendum
PP advierte que defender el parecido del Estatuto andaluz con el Estatut catalán provocará abstención en el referéndum
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, anunció que su partido apostará por una "campaña limpia" de cara al referéndum de ratificación del Estatuto de Andalucía y que difundirá sobre todo los aspectos que más le convencen, al tiempo que advirtió que si algún partido apuesta por "decir en campaña que es igual que el Estatut" cometerá un "error estratégico" y provocará la abstención.

"Primero, porque es falso", agregó el dirigente del PP en sus primeras declaraciones tras la aprobación por el Senado de la reforma andaluza. "Ni en financiación, ni en representación institucional, ni en materia de Justicia o de competencias, el preámbulo no se parece, ni en educación, ni el artículo 1. El Estatuto andaluz no se parece en nada al catalán, es completamente distinto y, entre otras cosas, por eso lo hemos votado", explicó. Tras asegurar que el texto catalán "no tiene buena fama" en Andalucía, Javier Arenas insistió que quien "se empeñe" en la próxima campaña del referéndum en esta comparación se equivocará. "¿Han visto en el último año una foto de Chaves con Maragall? Yo no, en esa contestación está todo", zanjó.

En cuanto al referéndum, el dirigente del PP reiteró la posición de su partido poco favorable a que tenga lugar en febrero, por entender que se cruzará por medio el debate preelectoral. Pero aseguró que, al margen de la fecha, su formación apostará por una "campaña limpia" y por lograr la máxima participación. "Para eso, habrá que poner mucho el acento en los asuntos que nos unen y no en los que no separan. Lamentablemente, hemos perdido noviembre y diciembre, sólo el PP ha hablado del estatuto", dijo. Arenas se felicitó por la reforma en su conjunto y aseguró que el PP se siente "orgulloso" porque ha conseguido sus objetivos: "la igualdad ante la ley de todos los españoles, el máximo de competencias y con la solidaridad sobre todo en financiación autonómica". "Hemos logrado un estatuto que vale para Andalucía, para un gobierno del PP, del PSOE, del PA o de IU", detalló.

El PP, continuó Arenas, defenderá especialmente los capítulos de la reforma que más le gustan y considera "más positiva" para Andalucía. "Nadie entiende Andalucía sin España, pues nosotros vamos a hacer mucho hincapié en que con este estatuto Andalucía sigue siendo la mayor garantía para la cohesión de España", subrayó el diputado. En este punto, Javier Arenas explicó que hoy al aprobar el Estatuto andaluz se ha votado, también las formaciones nacionalistas, la "indisoluble unidad de la nación española". "Con todo el cariño a otros portavoces, lo han votado sin saberlo o sabiéndolo", dijo. "Nosotros no hemos cambiado nuestra posición ni un ápice. Los nacionalistas votan la unidad indisoluble de la nación española",  concluyó al respecto.

Según un estudio de la UPF
Más de la mitad de preceptos recurridos del Estatut catalán están en el proyecto andaluz
Agencias

Un estudio de la universidad barcelonesa Pompeu Fabra (UPF) considera que 'más de la mitad de los preceptos' del nuevo Estatuto catalán impugnados en los siete recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra él 'se recogen en el estatuto andaluz de forma idéntica o bien muy similar', y sólo 16 contienen 'variaciones más importantes en la forma y en el fondo'.

El estudio detecta que, del total de 126 preceptos del Estatut recurridos (entre artículos, disposiciones adicionales y finales y párrafos del Preámbulo), hay 74 permiten una comparación con el texto andaluz, mientras que los otros 52 preceptos catalanes no tienen equivalente en el texto de Andalucía (por ejemplo, lo relativo al Síndic de Greuges, homólogo catalán del Defensor del Pueblo). Los 74 preceptos del Estatut abordados pertenecen a los siete Títulos. Según la UPF, 39 de estos 74 puntos comparados son 'una reproducción prácticamente idéntica o muy similar' entre uno y otro texto estatutario; y 19 presentan 'variaciones de detalle en la redacción, con incisos diferentes, pero son muy parecidos en cuanto al fondo normativo'.

En declaraciones a Europa Press, uno de los dos autores, el profesor de Derecho Civil de la UPF Albert Lamarca, consideró 'idénticos' pasajes que aluden al poder judicial y a designación de representantes de organismos estatales, entre otros. Y constató que 'coinciden muchísimo', por ejemplo, pasajes sobre financiación, competencias aeroportuarias, paradores de turismo, relaciones con la UE y consultas populares. En cambio, admitió que hay 16 preceptos restantes con 'variaciones más importantes en la forma y en el fondo', como los relativos a la defensa de la competencia y al notariado. Lamarca advirtió de que 'podría ser que el Tribunal Constitucional anulara algunos preceptos del Estatut que han sido objeto de recurso, pero que no se anularan los del texto andaluz que son idénticos porque nadie los ha impugnado'.

La 'Comparativa entre las reformas de los Estatutos de Autonomía de Catalunya y de Andalucía. Artículos impugnados ante el Tribunal Constitucional' es obra del profesor Albert Lamarca y de la becaria de investigación Vanessa Casado. Se ha publicado en el número 391 de 'InDret. Revista per a l'anàlisi del dret', vinculada también a la UPF.
 
Documento
Discursos y posicionamientos de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento español
en el proceso de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Mayo y Noviembre, 2006)
 
Pese a las diferencias sobre el Estatuto: Andalucistas dispuestos a pactos municipales con ultraespañolista PP
Municipales: El PA apostará por el cambio «si se lo permite la aritmética»
Agencias/Andalucía Libre, Jueves, 7 de diciembre de 2006
 
El secretario general del PA, Julián Álvarez, se mostró ayer convencido de que el cambio de Gobierno municipal es «posible y necesario» en el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que indicó que la candidatura a la Alcaldía que encabeza el andalucista Agustín Villar apostará por él «si lo permite la aritmética». En declaraciones a Efe, el líder andalucista explicó que la política de alianzas de su partido tras las elecciones municipales de mayo de 2007 no responderá a pactos globales o generales con ninguna otra formación concreta y que dará prioridad a las necesidades de cada ciudad.
 
Convencido de que la candidatura a la Alcaldía hispalense del andalucista Agustín Villar «tendrá muy buen resultado» en los comicios, Julián Álvarez dejó claro que «si la aritmética electoral determina que nuestra posición es decisiva apostaremos por el cambio y jugaremos en favor de Sevilla». «El cambio en Sevilla es posible y necesario, y nosotros vamos a apostar por él», apostilló haciendo ver que pactará con el PP si ello le permite sacar al PSOE del Gobierno sumando los votos obtenidos pro ambas listas. Para ello, los andalucistas deberán superar los resultados obtenidos en las elecciones de 2003, en las que consiguieron cuatro concejales, y situarse al menos en seis representantes, en los niveles de representación que le hicieron compartir Gobierno municipal en otras legislaturas con PSOE y PP. «Vamos a facilitar que Sevilla salga del atolladero en el que está esta ciudad», aseguró Álvarez, quien consideró que el actual Gobierno municipal (PSOE-IU) ha convertido a Sevilla en un «disparate y en un paradigma de la mala gestión».
 
Según el líder andalucista, la «ineficaz» política municipal del PSOE y de sus socios en el gabinete ha hecho que Sevilla sea una ciudad «poco habitable» y en la que existen «graves carencias en lo esencial». «Hay graves problemas en lo básico, en los servicios que se prestan a los ciudadanos como la limpieza, la seguridad o el tráfico, aspectos -comentó- en los que casi no cabe debate ideológico sino la eficacia de garantizar estos servicios». Ante esta situación, «denunciada reiteradas veces» por el Grupo municipal del PA, el dirigente andalucista estimó que el próximo equipo municipal deberá «arreglar todo lo que este Gobierno de Monteseirín está desarreglando».
 
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alicia Martínez, descartó un posible pacto con el Partido Andalucista después de que ayer el secretario general de los andalucistas, Julián Álvarez, apuntara a una posible alianza. En declaraciones a los periodistas, Martínez justificó esta negativa aclarando que, a partir de los próximos comicios en 2007, "aspiran a gobernar en mayoría absoluta". Asimismo, la portavoz destacó que el Proyecto de Gobierno del PP estará centrado "únicamente en la ciudad de Sevilla" y subrayó que, "de aquí a mayo, habrá algunos partidos que se pongan nerviosos ante la proximidad de las elecciones, pero nosotros no".
 
Por su lado, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en nombre del PSOE, consideró ayer que el PA «defrauda» a sus afiliados y simpatizantes de izquierdas al postular por una alianza con el PP tras las elecciones municipales del año que viene. En rueda de prensa, Rodríguez dijo que las declaraciones publicadas en la prensa en las que el secretario general del PA, Julián Alvarez, aboga por un pacto entre andalucistas y populares para desalojar al PSOE de la Alcaldía, ponen de relieve que «sólo existe una oposición; la de derechas, bien nacional o bien nacionalista». En ese sentido, consideró que el pronunciamiento de Julián Alvarez supone «defraudar» a las «expectativas futuras» de los «andalucistas de izquierda», advirtiendo de que éstos «no entenderán que sus votos van a parar al PP.

Por su parte, el secretario del PA en Sevilla, José Luis Villar, aconsejó al PSOE que se preocupe por «los socialistas sevillanos de toda la vida, que están decididos a no volver a votar a Monteseirín» [alcalde PSOE de Sevilla con el apoyo de IU], en lugar de pensar en los «andalucistas de izquierdas». Mediante un comunicado, Villar advirtió de que «si hay algo en lo que, según los datos sociológicos de los que disponemos, coinciden tanto los andalucistas sevillanos de izquierdas, como los sevillanos de izquierda, de centro o de derechas, es en que Alfredo Sánchez Monteseirín es el peor alcalde de la historia democrática de Sevilla». «También hay una amplia coincidencia en la opinión pública -añadió- en que nuestra ciudad necesita un radical cambio de rumbo para salir del marasmo y la incompetencia en que este alcalde del PSOE ha sumergido a Sevilla». Villar agregó que «el reto que el PA tiene por delante es similar al de otros momentos de la reciente historia sevillana: configurar, con el concurso de los vecinos y vecinas de Sevilla, una alternativa sólida».
 
El patriotismo también se mide en Euros
Colabora para que continúe en la red
una voz por una Andalucía Libre, Independiente y Socialista
Ayuda a ANDALUCÍA LIBRE:
Ingresa tu contribución en la Cuenta Corriente del BBVA:
0182  3344  24  0202889151
 
Burguesia andaluza y PSOE comparten babas borbónicas
Patronal y Gobierno andaluz crean Fundación para vincular Andalucia con la Monarquia
La CEA y la Junta crean la 'Fundación Doña María de las Mercedes'
ABC.SEVILLA, Jueves, 28 de diciembre de 2006

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Junta de Andalucía, como entidades fundadoras, firmaron ayer las escrituras de constitución de la Fundación Doña María de las Mercedes, una organización de carácter privado que tiene por objeto contribuir a la consolidación de los vínculos existentes entre Andalucía y la institución monárquica española.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el presidente de la CEA, Santiago Herrero, junto con miembros del primer patronato de la Fundación, rubricaron ante el notario Antonio Ojeda -decano del Colegio Notarial de Sevilla- la creación de la entidad, que nace con un capital fundacional de 900.000 euros (un 75% aportado por la CEA y un 25% por la Junta) y cuya Presidencia de Honor ostentará la infanta Elena. Herrero, que confió en que la nueva entidad tenga un «brillante futuro», destacó que de este modo «se hace realidad un anhelo» de la Patronal, que en la celebración de su XXV aniversario en 2004 ya «reafirmó su permanente adhesión a la Monarquía española» promoviendo, en colaboración de la Junta de Andalucía, una fundación sin fin lucrativo que decidió dedicar a la memoria de la madre del Rey, Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Tras recordar la «vinculación» de la Condesa de Barcelona a Andalucía, destacó que la Fundación pretende constituir un «eslabón que afiance» las relaciones entre Andalucía y la Corona, así como difundir la obra cultural de Andalucía y sus aspectos sociales y económicos, especialmente en países de habla hispana donde «tan vivo permanece el legado de la Monarquía española». La entidad promocionará trabajos de investigación sobre autores y temas relacionados con la comunidad autónoma y promoverá diversas acciones culturales.
 
Enlace Relacionado

Andalucía recibirá 12.616 millones de euros de la UE en los próximos seis años
12/12/06  Informativos CanalSur

La Comunidad Autónoma de Andalucía recibirá un total de 12.616 millones de euros de fondos de la Unión Europea durante el periodo del próximo Marco de Apoyo Comunitario (MAC) 2007-2013. El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, ha presentado hoy al Consejo de Gobierno un informe sobre esta asignación presupuestaria inicial, que supondrá 664,2 millones más (5,5%) que la del aún vigente MAC 2000-2006.

De la cantidad total, 11.138 millones procederán de los fondos estructurales (Feder y FSE) y 1.477,9 millones de los fondos hoy no estructurales pero que lo eran en el anterior periodo: el Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (antiguo Feoga-Orientación) y el Fondo Europeo de Pesca (antiguo IFOP).

Respecto a la gestión de estos recursos, 7.638,5 millones corresponderán a la Administración General del Estado y 4.977,5 a la Junta de Andalucía. La Administración autonómica eleva así su participación del 36% actual al 40%, con 686 millones más que en el actual marco y un incremento del 16% en términos relativos.

Pese a haber superado ya el 75% de la renta media comunitaria -frente al 57,4% del año 2000- gracias al efecto estadístico producido por la anexión a la UE de la Europa Oriental, Andalucía seguirá percibiendo recursos durante los próximos seis años como si fuera región de convergencia. Todo indica que este será el ultimo sexenio en que se producirán estas transferencias de retorno.
Además de los citados fondos estructurales y no estructurales, la comunidad participará en programas plurirregionales gestionados por la Administración central, como los relativos a los fondos tecnológico, de pesca, de sociedad de la información, de adaptabilidad y empleo y de lucha contra la discriminación.
 
Documentos - La izquierda social y la prueba de la Reforma del Estatuto
El Foro Social de Sevilla ante la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía

Ante la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobada por el Parlamento Andaluz el 2 de Mayo de 2006 y remitido a las Cortes Generales para su definitiva aceptación, y tomando en consideración la trascendencia del marco normativo y político que se someterá a referéndum del pueblo andaluz, el Foro Social de Sevilla realiza la siguiente Declaración:

1.- Que un texto con suficiente dignidad y altura moral para Andalucía debería realizar en su Preámbulo una crítica política de lo que supuso la dictadura franquista para Andalucía, en cuanto a profundizar en su dependencia y subdesarrollo estructural y en el despojo de su identidad histórica y cultural, proceso histórico ligado a la construcción del Estado Español.

2.- Igualmente, Andalucía, al cabo de 25 años de vigencia del actual Estatuto, requiere, que con el actual texto se lleve a cabo una crítica de un modelo de “modernidad” que se desenvuelve asociado a la globalización neoliberal, al crecimiento basado en parámetros de insostenibilidad ecológica, competitividad y consumismo individualista. Al respecto, la asunción que se efectúa en este nuevo texto de los “valores” de la Unión Europea (Artº 1.4 del Título Preliminar) es una mala señal, porque esos “valores”, que se plasmaron en la Constitución Europea, han recibido el correspondiente rechazo por cientos de miles de ciudadanos/as europeos/as y andaluces/as, en Holanda, en Francia, en otros países. Estos son los valores de una Constitución absolutamente mercantilista que potencia la privatización de los servicios públicos.

3.- Reclamamos una Reforma que eleve cualitativamente la capacidad del pueblo andaluz para decidir soberanamente sobre su destino y los contenidos suficientes para el autogobierno, en el reconocimiento de Andalucía como una realidad diferenciada en lo histórico, en lo social, en lo cultural y en lo político. Andalucía debe dotarse de los instrumentos políticos suficientes para, de una vez por todas, quebrar el modelo que nos mantiene subalternos y dependientes como sociedad y subsistiendo como periferia del Norte. Exigimos que en el nuevo Estatuto las instituciones políticas andaluzas no sean meras gestoras territoriales de las políticas que impone la lógica neoliberal europea y las “modernizaciones” mercantilistas.

4.- Pedimos intransigentemente que en el texto que se someta a referéndum se reconozca la centralidad de la Reforma Agraria como eje vertebrador de una Andalucía que recupere su dignidad y sus valores de justicia y sostenibilidad. Esta Reforma Agraria es indecente y vacía si, como contempla el actual texto (Artº 10, apartado 13), se inserta en el “marco de la política agraria comunitaria”. Por el contrario, su definición ha de afrontar, con criterios democráticos y socialmente progresistas, la estructura de la propiedad de la tierra.

5.- Exigimos que el nuevo Estatuto de Autonomía declare como objetivo político de las instituciones de autogobierno el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas de Rota y de Morón, así como la restitución a Andalucía del enclave colonial y militarista de Gibraltar. Andalucía ha de ser declarada espacio político desnuclearizado, potenciando la cultura de la no violencia, el diálogo entre los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos.

6.- Reclamamos un texto estatutario que repudie y combata la actual precarización del trabajo en Andalucía, sostenida en una lógica economicista dominante de privatización, maximización de beneficios empresariales y cultura de “emprendedores”. El nuevo Estatuto debe contener los instrumentos conceptuales y políticos para erradicar la terrible siniestralidad laboral que existe en Andalucía, la normalización del “empleo-basura” y las altas tasas de temporalidad del trabajo. Un texto estatutario digno para Andalucía debería formular el derecho de todos a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y los poderes públicos asegurarían a las personas en situación de pobreza un ingreso social no inferior al Salario Mínimo Interprofesional y el acceso a la vivienda. Una ley andaluza de protección social debe regular este derecho.

7.- Pedimos una reforma estatutaria con la que, de verdad, sea posible frenar el deterioro y la degradación actual de la enseñanza pública, que asegure su laicidad y gratuidad y que impida que con el dinero público se sostengan, en condiciones de privilegio, empresas educativas privadas y confesionales.

8.- Reivindicamos un Estatuto de Autonomía que establezca las condiciones de posibilidad para asegurar la soberanía alimentaria de Andalucía y la seguridad ambiental y sanitaria para nuestro pueblo, impidiendo la producción de productos trangénicos.

9.- No aceptaremos un Estatuto en el que la “condición de andaluz” (artº 5) sólo le sea reconocida a los “ciudadanos españoles con vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía”. Esto significa excluir a los inmigrantes que, incluso estando regularizados, no tienen la ciudadanía española y, por tanto, no adquirirán, a pesar de su situación regular, ningún derecho político.

10.- En 1981 los andaluces y las andaluzas, a través de un gran proceso de luchas populares y democráticas, conseguimos que Andalucía tuviera consiguiera competencias autonómicas. Se aprobó un Estatuto de Autonomía que podría haber sido el comienzo de un camino para hacernos partícipes de nuestro destino. En estos veinticinco años, muchas de las reivindicaciones que se recogieron en el texto actual no han llegado a cumplirse. Queremos un nuevo Estatuto que se cumpla, que no se quede en papel mojado. En la elaboración del texto que se esta discutiendo en el ámbito parlamentario echamos de menos una mayor participación de la Sociedad; el articulado ha sido fundamentalmente elaborado y discutido por los partidos políticos con representación en el parlamento andaluz. No se ha promovido un amplio debate social, la poca participación de la sociedad civil ha sido ridícula y solo ha servido para argumentar que sí ha existido esa participación. El Parlamento Andaluz ha de ser dinamizador y catalizador para que la sociedad andaluza participe en este nuevo Estatuto y no se quede en algo al margen de los intereses de los andaluces y andaluzas. El nuevo Estatuto ha de garantizar que los derechos sean realizados, no sólo decretados, que las riquezas de Andalucía sean patrimonio común, que la naturaleza sea respetada, preservada, de todos, que el agua, el aire, la enseñanza, la sanidad, sean de todos los andaluces, no de unos pocos, que promueva la propiedad social y colectiva frente al interés y al beneficio privados.

Por estas razones, el Foro Social de Sevilla manifiesta la necesidad de que el actual proceso de reforma estatutaria, dada su trascendencia para la vida de los andaluces y andaluzas, se lleve a cabo con aspiraciones de cambios en profundidad del actual texto remitido a las Cortes Generales, en su lógica profunda actual, en sus valores y parámetros conceptuales, en su articulado concreto; y ello si se pretende con él dotar a Andalucía de un marco político e institucional que ataje las causas y las consecuencias de nuestro mantenido atraso social, de nuestras desigualdades y carencias económicas, de nuestra pérdida de identidad, ilusión y definición como una sociedad emergente, activa, democrática y participativa.
 
Andalucía, Septiembre de 2006
Documento de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía:
 
 El Remate
La ‘izquierda social’ en Andalucía y la prueba de la Reforma estatutaria
Andalucía Libre
 
Bajo el termino “izquierda social” suele agruparse un variopinto magma de ONGs, asociaciones y plataformas, sin explicita adscripción partidaria, desde las que se desarrollan actividades sectoriales o en los que convergen o cohabitan diversos colectivos y organizaciones que asumen la adscripción a la “izquierda” y se presentan como tales. Los sindicatos también se insertan en ocasiones en este concepto categoría, aunque su entidad suele conferirles tratamiento y visibilidad específicos. La naturaleza y función de esta llamada “izquierda social” es obviamente tan política como la de la izquierda partidaria y no sólo cuando ejerce conscientemente en relación a esta ultima de cobertura o intermediario. Asume análisis, genera discurso, promueve acciones y levanta objetivos y demandas: hace política.
 
Durante los últimos años, la cuestión de la Reforma estatutaria ha estado en permanente candelero en Andalucía. Más aún, en los meses pasados –a lo largo de todo 2006- ha ocupado un lugar central en el debate político nacional, al compás del proceso de elaboración y negociación del Estatuto; primero en el Parlamento andaluz y luego en el Parlamento español.
 
No es de extrañar que el PSOE se haya preocupado expresamente de conseguir que el sector de esa llamada “izquierda social” que más directamente hegemoniza o influencia -sindicatos como CCOO y UGT y otras organizaciones (campesinas, de discapacitados, de consumidores, etc.)- haya intervenido y se haya pronunciado a favor de la Reforma Estatutaria. Por contraste, la inmensa mayoría de la parte de esa “izquierda social” que hace regularmente alarde de independencia o radicalidad y aún afirma su pretensión alternativa, no ha respondido a la cuestión con simétrica disposición y claridad.
 
En una coyuntura en la que se dilucidaba el lugar y el futuro de Andalucía, esa denominada ‘izquierda social’  ha hecho mayoritariamente mutis y ha seguido con su rutina; como si el debate sobre a qué Andalucía se aspira o sobre qué instrumentos se requieren para hacer posible sus reivindicaciones no fuera con ella.
 
En esclarecedor contraste con lo que fue mayoritariamente su actitud de rechazo activo cuando el proceso de la Constitución europea y en una ocasión infinitamente más determinante, los prejuicios ideológicos españolistas o cosmopolitas que la atraviesan –sean en versión reformista o pretendidamente radical- la han mantenido al margen del eje vertebrador del debate político andaluz.
 
Los intereses partidarios inmediatos del PSOE y también del PCE-IU –a través de sobrentendidos o intervenciones directas o interpuestas- han acabado por blindar ese silencio y esa abdicación.
 
Tenemos pues la desgracia de contar en Andalucía con una “izquierda social” más atenta a lo que ocurre en cualquier lugar del Mundo que a lo que pasa delante de sus narices, en lo que debería ser y considerar su país.
 
En ese campo y con esas características, merecen singular mención como exponente a manera de resumen, los denominados “Foros Sociales”, que aun sobreviven en diversas ciudades y comarcas andaluzas. Surgidos bajo el paraguas del llamado “movimiento antiglobalización”, los Foros han servido en los últimos años -amen de refugio para algunos contados activistas huérfanos en eterna búsqueda de referencias que le han dado sazón- como coordinadoras y carteles, tras los que se han aglutinado una multitud de chiringuitos que por su condición liliputiense necesitan juntarse para adquirir algún perfil y disponer en caso de necesidad de alguna capacidad de convocatoria. Situados ante el debate y la cuestión más evidentemente global y nacional que pudiera presentarse, no han encontrada nada que decir ni nada que hacer durante los meses en que se ha estado discutiendo el texto que fija el destino político de Andalucía y de todos y de cada uno de los posibles espacios de intervención a los que puedan dedicarse (economía, laboral, urbanismo, energía, enseñanza, cultura y patrimonio, emigración-inmigración, transportes, etc.).
 
Una excepción parcial a este silencio ominoso la constituye el Foro Social de Sevilla. Es una excepción construida, naturalmente. Su pronunciamiento (que arriba se reproduce) no es casual. Responde, tras diversos avatares, a un debate provocado(*) y sobre todo al trabajo de algunos patriotas en su seno. El texto resultante, que denota llamativamente su carácter de compromiso, sirve para medir tanto el alcance de su esfuerzo como el nivel de los obstáculos. Sin minusvalorar en absoluto el meritorio empeño y la buena intención de quienes lo hicieron posible, la Declaración del FSS (Septiembre 2006) queda como exponente de cómo hay ocasiones en que el ‘termino medio’ resulta a veces políticamente insuficiente. Así por ejemplo, no aparece en sus párrafos afirmación alguna de la condición de Andalucía como Nación y de su derecho consecuente a la Soberanía Nacional y a la Autodeterminación (por muchos circunloquios que intenten aludir y acercarse a esta demanda esencial en su punto 3). No se expresan reclamaciones claras de competencias políticas estructurantes; aunque se expresen algunos de las tareas que esas competencias negadas deberían cumplimentar y satisfacer -como ocurre en el punto 6 o en el 7- o se trasmuten de poderes en objetivos, como en el 5. Tampoco se exige y define una financiación nacional adecuada. Se deslizan, por el contrario, lugares comunes bobalicones como la “cultura de la no violencia” y otros del estilo y lo que es peor, se incluye un balance político e histórico errado y sesgado (punto 10). Para acabar, desafortunadamente, resulta que la demanda más contundentemente expresada y en la que más claramente se traspasa el corsé constitucional es precisamente aquella en que se reclama una especie de  'ciudadanía universal' que, al margen de la concepción equivocada que trasluce sobre los problemas de nacionalidad, ciudadanía e integración, inhabilita al conjunto del documento como discurso operativo cara a la mayoría popular andaluza.
 
La otra excepción es de naturaleza política bien distinta. No es, como en el caso del  texto del FSS el resultado híbrido de una voluntad real de intervenir como izquierda bloqueada finalmente en buena parte por tics y esquematismos retardatarios sino un producto averiado premeditado; preparado conscientemente para escurrir el bulto. Los redactores del documento de la APDHA “El Estatuto de Andalucía y la exclusión social” (Marzo 2006) saben que deben intervenir de alguna manera en el debate estatutario para mantener el lugar publico de quienes lo suscriben y también saben que deben aparentar un posicionamiento exigente y critico –y de ahí la sucesión de cifras estadísticas de miseria y exclusión- pero, al parecer, tienen igualmente claro que han de hacerlo –como un eco de Chamizo y como si fueran un lobby cualquiera- avalando el modelo y el Régimen vigente y el proceso político en curso.
 
El documento de la APDHA no deja de definir a Andalucía como “Región” de España, lo que es una forma de españolismo y una nítida toma de posición, muy agradable a ojos y oídos del PSOE. Mientras manifiesta tan restrictiva concepción de los derechos humanos, tampoco olvida reclamar el consenso de todos los grupos políticos. Se describe la pobreza, el paro y la precariedad andaluzas sin ninguna referencia nacional y sin adjudicación de responsabilidades. Al modo caritativo tradicional, se enumeran consecuencias pero se omiten sistemáticamente las causas y los poderes políticos necesarios para afrontarlas y resolverlas. Impregnado hasta el tuétano de enfoque asistencial, pretenciosamente dice que “el Estatuto de Andalucía debería enfatizar con absoluta prioridad la regulación de los derechos sociales acompañados de garantías de cumplimiento” pero omite señalar las competencias políticas plenas que serían consecuentes a ese propósito. Su aceptación del marco de subordinación competencial vigente y de la ausencia de Soberanía Nacional andaluza convierte sus peticiones en inocuas y retóricas. Reincide en demandar subsidios en vez de competencias políticas y financiación nacional validas para intervenir sobre la realidad andaluza y romper con la dependencia secular frente a España.
 
Como se ha visto, el proceso de Reforma Estatutaria ha puesto a prueba a la “izquierda social” operante en Andalucía. Hasta el momento, en su inmensa mayoría, no la ha superado y se ha ganado a pulso que se le pierda el respeto.
 
El texto estatutario ya ha sido aprobado por el Parlamento español. A diferencia de otras naciones y territorios –con la excepción de Galicia- y como herencia del 28-f, la estafa estatutaria ha de pasar aún la barrera de la aprobación en Referéndum por parte del pueblo andaluz. Le queda pues a esa “izquierda social” una posibilidad aún de redención y enmienda; de reordenación de agendas y de posicionamientos públicos claros por el NO, es decir, de definición por una Andalucía Digna, Rebelde y Libre.
 
(*) Ver: Izquierda andaluza y Estatuto de Autonomía para Andalucía, Debate: las caracteristicas del Estatuto y el posicionamiento de la izquierda
 España
Gobierno español subraya que 'la inversión estatal la determina el Estado en los PGE'
Agencias/Andalucia Libre
 
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, subrayó hoy que la inversión estatal en las comunidades autónomas la determina el Estado a través de los Presupuestos Generales, aunque consideró razonable que los Estatutos establezcan las prioridades a las que se deben destinar esos recursos. En un desayuno informativo del Foro Cinco Días, Solbes hacía estas consideraciones al ser preguntado sobre si es compatible un sistema de financiación autonómica con el hecho de que las reformas estatutarias que se están llevando a cabo establezcan esquemas propios de financiación.
 
El vicepresidente económico reconoció que el Estatuto de Cataluña establece un compromiso de inversiones del Estado por un periodo de siete años, consecuencia de la infrainversión en esta comunidad, y que puede ser considerado 'un buen o mal criterio'. Recordó que, además, 'hay un segundo Estatuto con una deriva distinta', el de Andalucía, que habla de inversión total en función de la población, y consideró que 'ambos conceptos son compatibles'. No obstante, Solbes advirtió de que 'si vamos más lejos y cada uno pinta un modelo distinto, podemos tener algunas dificultades'.
 
Por ello, a partir de la reforma del Estatuto balear, actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso, 'se ha planteado el tema con toda claridad y se ha optado por una fórmula que distingue entre elementos cualitativos y cuantitativos', dijo Solbes. Esa fórmula, pactada por el PSOE y el PP, no contempla una cifra concreta de inversión, como sí hacía la propuesta aprobada en el Parlamento balear, y reduce de diez a siete años como máximo el plazo de aportaciones adicionales del Estado a Baleares, que es el mismo periodo que fijan los Estatutos de Cataluña y Andalucía. Mientras que la redacción acordada en Baleares fijaba esta cuantía en 3.000 millones de euros, el nuevo texto establece un sistema que resulta de la aplicación de 'la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común', una fórmula que Solbes dijo que espera 'que sea la que se siga en el futuro'. El ministro señaló que 'el sistema es perfectamente factible, es una corrección de algunos elementos del sistema actual y va a dar algunos resultados algo distintos porque va a ser más transparente', pero insistió en que 'al final el procedimiento va a ser el mismo que actualmente que va a ser la aprobación del Presupuesto para un año'. El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pedro Solbes, aseguró que, 'pongamos lo que pongamos en los estatutos', la 'decisión final' sobre la inversión del Estado en las Comunidades Autónomas la tiene 'el Parlamento de la nación' (España), que la aprueba cada año en los presupuestos.

Solbes consideró que cuando se abra el debate de reforma del sistema de financiación autonómica 'sería buena idea' que 'a mayor responsabilidad de gasto de una comunidad hubiese mayor responsabilidad de ingresos', aunque reconoció que eso puede plantear 'ciertos problemas' a las regiones que no dispongan de recursos suficientes para financiar sus gastos e inversiones. Por eso consideró 'imprescindible' que se mantenga el fondo de suficiencia para que los gastos esenciales tengan un reparto equitativo, así como el fondo de compensación, que permitirá dar un trato específico a las comunidades con mayores dificultades. Insistió en que la inversión estatal debería recogerse en los estatutos según 'criterios' como la dispersión geográfica, la superpoblación o la insularidad, y no 'cantidades específicas'. Solbes reconoció que no estuvo satisfecho 'al cien por cien' con el Estatuto de Cataluña, como no lo está al cien por cien 'con nada', porque 'todo es mejorable', e insistió en que la responsabilidad del Gobierno es que haya 'coherencia territorial' y que el sistema de financiación autonómica 'se pueda aplicar de forma razonable en todo el territorio y previa consulta a las comunidades autónomas'.
 
Hacienda presenta Documento sobre Financiación Autónomica
Propone que financiación autonómica refleje mejor la población -
Gobierno español advierte de que no puede transferir más recursos a las comunidades
L. ABELLÁN - El Pais, Madrid - 28/12/2006

La población de las comunidades autónomas es clave para determinar el volumen de financiación que reciben esas Administraciones. Ésta es la principal conclusión del documento sobre financiación autonómica que hizo ayer público el Ministerio de Economía y Hacienda. El Gobierno perfilará en 2007 un nuevo modelo de financiación, aunque no entrará en vigor hasta la próxima legislatura. Para frenar las demandas territoriales, Hacienda advierte: "No cabe pensar que el Estado vaya a transferir una gran cantidad de recursos; ya está casi todo transferido".

Las comunidades recibieron ayer un documento del Ministerio de Economía que recoge un diagnóstico sobre el actual modelo de financiación, vigente desde 2001. A la vuelta de vacaciones, las comunidades deberán reunirse con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y empezar a debatir, a partir de este texto, el nuevo sistema que se pretende elaborar. El actual no tiene fecha de caducidad, pero el Ejecutivo entiende que las necesidades de las comunidades han cambiado y que el sistema debe contemplar nuevos supuestos. Aunque Hacienda no quiere aventurar cuáles serán las características del próximo modelo, el análisis del actual apunta a una conclusión clara: la evolución de la población no tiene el efecto que debiera en la asignación de recursos a las comunidades. Ésta ha sido una de las quejas expresadas por algunas comunidades cuya población se ha disparado en los últimos años -en gran parte por la inmigración- para reclamar más dinero. El criterio de población favorecería a las comunidades con grandes aumentos demográficos en los últimos años, como Andalucía, Cataluña, Madrid o Baleares.

"El modelo debería ser más flexible, ajustarse más a los cambios de población", explicó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en la presentación del documento. Con el actual modelo, los aumentos de población han provocado una reasignación entre comunidades de los recursos ya existentes, a favor de las más pobladas, en lugar de incrementarlos. La actual normativa de 2001 establece que anualmente se analizarán los efectos de la población en la financiación. Ocaña quiso templar las expectativas de las comunidades autónomas que esperan que el nuevo sistema les reporte una lluvia de recursos para hacer frente a sus crecientes gastos. "El debate no debería centrarse en la aportación de recursos adicionales por parte de la Administración central", advirtió Ocaña. El responsable de Hacienda argumenta que el Estado central ya ha transferido la mayor parte de las competencias y los recursos iniciales para financiarlas y que ahora deben ser las Administraciones territoriales las que se preocupen de buscar sus ingresos.

Las comunidades tienen cada vez más problemas para cuadrar sus cuentas, pese a que sus ingresos han crecido por encima de lo que avanza la economía en los últimos años. Estas Administraciones se hacen cargo de la sanidad y la educación, los dos ámbitos que más gasto generan. Las comunidades se quejan de que la legislación de la Administración central sobre esas materias les genera gasto sin aportar recursos. Para 2006 se prevé un déficit de una décima del PIB en las comunidades. "Sería beneficioso que las comunidades ejercieran más su responsabilidad a la hora de gastar. Que la que quiera gastar más asuma la responsabilidad de recaudar esos tributos. Que el debate no sea pedir al Estado", señaló Ocaña.

El responsable de Hacienda admitió otra de las críticas que vierten periódicamente algunas comunidades: el sistema no es transparente en cuanto a lo que aporta y lo que recibe cada territorio. "Es imposible valorar la solidaridad en las transferencias de cada comunidad. Éste será uno de los temas importantes del debate", vaticinó. Pero el instrumento empleado para medir la solidaridad no será el que reclama Cataluña: la publicación de las balanzas fiscales (reflejan la forma de distribución del gasto público entre comunidades). "Lo hemos examinado y encontramos serias dificultades para aplicar ese concepto", zanjó. Economía siempre ha defendido que resulta difícil valorar a qué territorio beneficia una determinada inversión pues, por ejemplo, el AVE a Sevilla se contabiliza como inversión en Andalucía pero beneficia a otras comunidades. No obstante, Solbes se comprometió a dar a conocer esas balanzas. Lo que sí está decidido es que la nueva financiación no entre en vigor hasta la próxima legislatura. La idea es perfilar un modelo con las comunidades el año próximo para aprobarlo a principios de la siguiente legislatura (en caso de que el PSOE siga en el poder). En principio, el Gobierno prometió sacarlo adelante en este mandato.

50 impuestos en 25 años

Las comunidades autónomas han ejercido moderadamente su capacidad para crear nuevos tributos en los últimos 25 años. Desde 1980 han inventado 50, según el documento de diagnóstico sobre la financiación. Esta cantidad no incluye ni tasas ni recargos y más de la mitad tiene que ver con el deterioro medioambiental: el agua (14), los residuos (seis), las emisiones (cinco) o las actividades que inciden en el medio ambiente (cuatro). El bingo, con nueve normas, es otro elemento que acapara las ansias tributarias.

El análisis de Economía se atreve a señalar cuáles han sido las comunidades más activas a la hora de fijar nuevos impuestos. Encabeza la clasificación Andalucía, con seis en los últimos 20 años. Le siguen Madrid y Murcia, que han establecido cinco cada una. Aragón, Asturias, Extremadura y Cataluña han introducido cuatro, mientras que Castilla-La Mancha y Galicia han creado tres y Baleares, dos. Los territorios más tímidos para incrementar la carga fiscal son Canarias, Cantabria, La Rioja y Comunidad Valenciana, que desde 1980 han fijado un solo impuesto. Únicamente Castilla y León carece de tributos propios.

Esos impuestos representan una mínima parte de los recursos que cada comunidad utiliza para financiarse. Según los datos de 2004 (últimos disponibles), los ingresos que los diferentes territorios obtienen por esos tributos suponen un 1,09% del total de recursos que reciben del sistema. La comunidad donde más peso tienen es, con diferencia, Canarias (un 6,78%). Esto obedece a que las islas no tienen impuesto especial de hidrocarburos y en su lugar han creado un impuesto propio sobre combustibles del petróleo. El resto de las comunidades no lo ha fijado porque ya abona el impuesto especial de hidrocarburos. También tienen relativa importancia los recursos propios en Baleares (2,34%) y en Cataluña (1,81%).

Los impuestos propios han acabado en más de una ocasión en los tribunales. El Gobierno central ha interpuesto 17 recursos de inconstitucionalidad desde 1980 por entender que exceden las competencias atribuidas a las comunidades. De ellos, cuatro han sido declarados acordes con la Constitución y dos inconstitucionales. El Gobierno ha desistido de seis recursos, mientras que los cinco restantes están pendientes de resolución.
 
Gobierno catalán advierte que no admitirá demoras en los compromisos de financiación
CiU afirma que el retraso anunciado por Hacienda incumple las previsiones del Estatuto
C. PÉREZ / E. COMPANY - El País, Barcelona - 29/12/2006 
  
El nuevo Gobierno catalán escenificó ayer el primer desencuentro con el del PSOE a propósito de la financiación autonómica. El consejero de Economía, Antoni Castells, rechazó de plano que la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación se posponga "de forma injustificada" hasta 2009, como ha advertido ya el Ministerio de Economía y Hacienda. Para el Ejecutivo autónomo, la negociación sobre la solidaridad interterritorial
"debe ser con todas las comunidades, pero siempre que esto no suponga retrasos injustificables o sirva de pretexto para incumplir lo que dice el Estatuto".

La financiación autonómica vuelve a activar el soniquete de la confrontación entre el Gobierno central y el catalán. El Ministerio de Hacienda presentó el miércoles un documento que pretende ser el punto de partida de las negociaciones con todas la comunidades para la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica. Las diferencias con el modelo que pretende el Gobierno catalán -recogidas en el título de financiación del Estatuto- son de calado. Pero para empezar, hay un problema de calendario: el equipo de Pedro Solbes, encargado de negociar con todas las comunidades, da por hecho que el nuevo sistema se retrasará hasta después de las elecciones generales de 2008. Y los partidos catalanes -los tres presentes en el Ejecutivo más el primero de la oposición, CiU- rechazan de plano nuevos retrasos en un sistema que se puso en marcha en 2002 pero que reparte la financiación en función de los datos de población de 1999, lo que ha provocado una insuficiencia de recursos en las comunidades más afectadas por la inmigración.

Castells fue ayer rotundo al alegar que la complejidad de la reforma del sistema de financiación "no puede ir en detrimento de lo que dice el Estatuto, o aplazar el nuevo modelo de forma injustificada". A esta posición se sumó el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, que animó al Gobierno de José Montilla a
"doblegar ahora al vicepresidente Pedro Solbes como CiU lo hizo en la negociación del Estatuto catalán".

El Estatuto obliga a crear la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que entre otras funciones ha de tomar posición sobre la distribución de los fondos de solidaridad, en un plazo de seis meses que culmina en febrero. Y a crear una agencia tributaria catalana en régimen de consorcio con la española en agosto de 2008. "Es cierto que la revisión de la solidaridad tiene más complejidad porque debe pactarse con todas las comunidades, pero eso no puede ser un pretexto para retrasar el nuevo modelo", dijo Castells.

CiU interpreta el aplazamiento de todo el proceso propuesto el miércoles por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, como la continuación del regateo protagonizado por Solbes durante la negociación del Estatuto catalán. Uno de los negociadores de CiU en aquel momento, el diputado Francesc Homs, sostuvo ayer que "al final de todo, lo que hay en juego para la Generalitat es aumentar sus ingresos en una cifra en torno a los 5.000 millones de euros anuales, que han de contabilizar ya en 2007". El retraso, por lo tanto, no es inocuo, advirtió. Hay también diferencias de enfoque: Hacienda pretende que el nuevo modelo se reforme teniendo como variable clave la evolución de la población. Castells recordó ayer que en el Estatuto se añaden otras variables: los costes diferenciales y las comunidades con más inmigración, entre otros aspectos. Y otras autonomías quieren introducir criterios como la dispersión o la insularidad. "El acuerdo no será fácil, pero se trata sólo de las posiciones de partida. También Solbes aseguró que no habría más dinero para la sanidad y después se alcanzó un acuerdo con el Gobierno", explicaron fuentes de Presidencia de la Generalitat.
 
La Corte sigue prosperando. Al Parásito le va bien con España
Madrid lidera el crecimiento económico en 2005
MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO.
ABC MADRID. Viernes, 29 de diciembre de 2006
 
Pese al ladrillo, Andalucía sigue en la cola

La comunidad autónoma de Madrid lideró el crecimiento de la economía española en 2005, con un aumento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 4,3%, ocho décimas por encima de la media nacional (3,5%). Le siguieron País Vasco (3,9%) y Murcia (3,8%), según la encuesta de Contabilidad Regional de España (CRE) 2000-2005, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el contrario, Baleares fue la región con menor dinamismo en su economía en 2005, cuyo crecimiento del PIB fue del 2,6%, seguida de La Rioja (2,8%) y Canarias (3%). El resto de las autonomías registraron incrementos de su PIB por encima del 3%, siendo Madrid la única región que superó el 4%. La encuesta del INE, no obstante, destaca que todas las comunidades autónomas españolas tuvieron un crecimiento de su economía por encima de la media de la UE a Veinticinco, cuyo PIB creció un 1,7%.

En datos acumulados en el periodo 2000-2005, el mayor crecimiento económico correspondió a la región murciana, con un 3,83% de PIB, seguida por Andalucía (3,68%) y Extremadura (3,51%). La media estatal de crecimiento en este periodo se situó en el 3,23%. En el lado de menor crecimiento de su PIB en esos seis ejercicios se situaron La Rioja, con el 2,76%, Asturias (2,66%) y, de nuevo, Baleares, que registró un crecimiento medio de su PIB del 2,06%.

En términos acumulados, entre 2000 y 2005, siete comunidades autónomas superaron el crecimiento medio estatal del 3,23%. Así, además de Murcia, Andalucía y Extremadura hay que agregar las regiones de Castilla-La Mancha (3,45%), Madrid (3,43%), Canarias (3,4%) y Cantabria (3,31%). También Ceuta creció por encima de la media en este periodo, con un incremento de su PIB del 3,39%. Además, registró el dígito de la media estatal (3,23%) Melilla. Y por debajo de ese dígito, además de las mencionadas Baleares, Asturias y La Rioja, la Comunidad Valencia tuvo un crecimiento del 3,19%, seguida por Aragón (3,18%), Cataluña y Castilla y León (3,10% cada una), Navarra (3,07%) y País Vasco y Galicia (2,88%, cada una).
 
El mantenido dinamismo de la Comunidad de Madrid le ha servido para consolidarse como la segunda economía de España, con un peso en el PIB estatal del 17,7%, sólo por detrás de Cataluña, con un 18,8%.

Además de la Contabilidad Regional, el INE incluye en su estadística el Producto Interior Bruto por habitante, según los últimos datos de la oficina estadística de la UE (Eurostat) y la propia contabilidad regional. Como resultado se observa que siete comunidades autónomas registran un PIB por habitante por encima de la media comunitaria de la UE a Veinticinco. Madrid, nuevamente, es la región con una renta bruta por habitante más alta, al registrar un valor de 128 (un 28% por encima de la media europea). Le siguen País Vasco (124) y Navarra (123), Cataluña (116), Baleares (109), La Rioja (105) y Aragón (104).
No obstante, el PIB por habitante de España fue en 2005 un 2% inferior a la media comunitaria. Asimismo, en el análisis del INE se destaca que por primera vez, Andalucía presenta un índice superior al 75% de la media comunitaria, de manera que tres de las cuatro comunidades autónomas que actualmente son objetivo prioritario de cohesión en el marco de las perspectivas financieras de la UE (Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía) superaron dicho umbral en 2005. Sólo Extremadura permanece por debajo, con un índice del 66%. Los madrileños, con 27.326 euros y los vascos con 26.400 euros por habitante, fueron las comunidades con mayor renta 'per cápita' en el año 2005, frente a una media estatal de 20.864 euros. En el extremo opuesto, las cifras más bajas se registraron en Andalucía, con 16.196 euros

Por otro lado, y con datos relativos a 2004, la estadística difundida por el INE apunta a Navarra y País Vasco como las comunidades que presentan una mayor renta disponible bruta per cápita, con 15.897 euros y 15.875 euros por hogar, respectivamente. Por el contrario, Andalucía y Extremadura, con 10.171 euros y 9.574 euros por hogar, muestran los registros más bajos. La media estatal asciende a 12.646 euros por hogar, cifra que además de Navarra y País Vasco superan otras seis comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Baleares, La Rioja, Aragón y Cantabria).

 Cataluña
Educación, un ejemplo de los limites de una pretendida "competencia exclusiva"
Cataluña pide al Gobierno español que derogue decreto sobre curriculo escolar
De la Prensa, 28/12/2006
  
El real decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que garantiza una hora mínima más por semana (de 2 a 3) para las clases de castellano en la escuela choca con las competencias de la Generalitat de Cataluña. Así lo estima el Gobierno catalán que, avalado por un informe jurídico, aprobó ayer presentar un requerimiento de incompetencia ante el Ejecutivo central para que retire la norma o deje sin efecto algunos artículos. Sin entrar a valorar si se requiere más castellano en la escuela, la Generalitat cree que se vulneran sus competencias.

La medida deberá aplicarse a partir del próximo curso escolar. Pero, de momento, aprobado el requerimiento de incompetencia por la Generalitat, se abre un plazo legal de un mes para que el ministerio responda con sus argumentos a los de Generalitat. El requerimiento se basa en el dictamen solicitado por el consejero de Educación, Ernest Maragall, tras la aprobación del decreto, el pasado 7 de diciembre, por considerar que en él el Gobierno
«fija competencias básicas, objetivos, contenidos y criterios de evaluación que exceden el ámbito de regulación básica estatal de las enseñanzas mínimas, ya que piden un número de horas que sobre pasa notablemente el 55% del horario escolar que puede fijar el Estado. La Generalitat advierte además de un defecto de forma, ya que, según el nuevo Estatuto catalán, el Gobierno no puede condicionar la acción de la Generalitat en competencias compartidas con un decreto, debe regular siempre por ley para imponerse a la Administración autonómica.

El Ministerio de Educación español ha destacado que, en adelante, no se podrá restar del castellano la clase semanal de estructuras lingüísticas, como hacen ahora numerosas escuelas catalanas, que la imparten en catalán y la reducen del castellano. El ministerio insistió ayer que su decreto no invade competencias, aunque dijo que está dispuesto a negociar. "Aunque no podemos pronunciarnos sobre el requerimiento de la Generalitat hasta que no lo recibamos y estudiemos a fondo, conviene resaltar que el decreto ha seguido todos los trámites preceptivos y cuenta con el aval del Consejo de Estado que no encontró objeciones legales al texto", señaló ayer el ministerio. El Gobierno catalán, en cambio, sostiene que se invaden sus competencias en varios ámbitos, en especial desde la aprobación de Estatuto. La normativa actual establece que el Estado determina el 55% del currículo escolar mientras que las comunidades con dos lenguas oficiales, como Cataluña, pueden fijar el 45% restante (Andalucía, menos)
 
La decisión del Gobierno tripartito fue aplaudida por ERC y el otro socio minoritario, ICV. El portavoz de ERC, Joan Ridao, se felicitó por la iniciativa contra el Decreto del castellano del que afirmó que es «tan detallado que no deja margen a la Generalitat para desarrollarlo». Tanto ERC como ICV habían reclamado una respuesta contundente del Ejecutivo catalán a lo que consideran un disparo a la línea de flotación de la política de inmersión lingüística en las escuelas aplicada en Cataluña. Por contra, el PP catalán denunció las presiones de CiU y ERC para que Maragall recurriera el decreto, mientras el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, lamentó que el PSC «haya vuelto a rendirse a las exigencias de ERC» al optar por recurrir el Decreto del castellano. Unos y otros defendieron la aplicación del texto para garantizar el equilibrio entre ambas lenguas oficiales. [No se conoce reacción de la Junta de Andalucía]
 
Fe de erratas
 
En nuestro anterior boletín se deslizaron varias erratas. Su numero correcto -como es obvio- era el 307 y no el 308, como se hacia constar. Y la música de fondo no era "Canción con todos" sino "Alma Llanera".
 
--oOo--
Andalucia Libre es Andalucia Laica
POR UN SISTEMA ANDALUZ DE ENSEÑANZA , LAICO, PUBLICO, NACIONAL.
NINGÚN PRIVILEGIO LEGAL NI FISCAL PARA LAS ENTIDADES RELIGIOSAS.
POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS HOMOSEXUALES:
TOLERANCIA CERO A TODAS  LAS INTROMISIONES CLERICALES
¿Inquisiciones, Teocracias, Integrismos...?. NUNCA MÁS
 
 
Música de fondo: Curro Jimenez
PUBLICIDAD DEL SERVIDOR E-LISTAS
E-LISTAS
Gana regalos directos
Por jugar, hacer encuestas, por recomendar amigos, con tu blog, o
comprando en +70 tiendas distintas.
puntos.geomundos.com
¿Quieres ver tu publicidad aquí?

Algunos de los cientos de artículos en venta o subasta en eGrupos.net
 
  • FINO JUEGO DE TE ( 50.00 ARS) 
     
  • PLANCHA A VAPOR PHILIPS ( 35.00 ARS) 
     
     











    [Adjunto no mostrado: Curro Jimenez TV.mid (audio/mid) ]

    Free Website Counter
    Hit Counters