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Asunto:[AndaluciaLibre] nº 312 - Cambiar para seguir igual - Video Jaleo por el NO
Fecha:Jueves, 25 de Enero, 2007  00:01:53 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>

Porque el Estatuto reformado es neoliberal y españolista.
Por Andalucía, Contra España - El 18 de Febrero, VOTA NO al Estatuto de la Dependencia

nº 312
 
En este Correo:
 
Andalucía
*Opinión, Cambiar para seguir igual, Antonio J. Torres 'Antón'
*Analisis General del Proceso de Reforma Estatutaria, Andalucía Libre
*Video: VOTA NO AL ESTATUTO, Jaleo
*Videos para el NO
*Sugerencias: Sitio Oficial Referendum Andalucía; Identidad Andaluza
*Andalucía Libre es Andalucía Laica
*Directorio de Andalucía en Internet
 
--oOo--
En el Referendum del 18 de Febrero
Por Andalucía, Contra España:
VOTA NO AL
ESTATUTO DE LA DEPENDENCIA
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 OPINIÓN
Cambiar para seguir igual
Un análisis de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Antonio J. Torres, “Antón”*
 
 
INTRODUCCIÓN
 
El 2 de mayo del 2006 se aprobó con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida (IU) en el Parlamento andaluz la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Partido Popular (PP) y el Partido Andalucista (PA) la rechazaron, aunque por motivos distintos, mientras que el principal partido extraparlamentario andaluz, el Partido Socialista de Andalucía (PSA)[1], del ex Alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha dado su apoyo al texto aprobado en el Parlamento. El 2 de noviembre era aprobada la reforma por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de PSOE, IU, y el PP, es decir, de los llamados “tres grandes partidos del Estado”, más el apoyo de otros partidos  de ámbito nacionales, como CiU, ERC, o CC, sólo se abstuvieron el BNG (Bloque Nacionalista Galego) y EA (Eusko Alkartasuna), consiguiendo 306 de los 308 diputados presentes en la votación. El 20 de diciembre fue aprobado por el Senado, sin apenas cambios a reseñar, con la sola abstención del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Una vez aprobado por las Cortes, el Estatuto será sometido a referéndum del Pueblo Andaluz el próximo 18 de febrero de 2007.
 
De lo señalado en el párrafo anterior hay una cuestión de suma importancia y que no debe pasar en absoluto desapercibida, antes de entrar en el análisis del cuerpo del texto de la reforma estatutaria andaluza propiamente dicha, se trata del acuerdo de los tres grandes partidos que supuestamente representan a la derecha (el PP) y a la izquierda (PSOE e IU), y en una coyuntura política caracterizada por el enfrentamiento aparentemente abierto ya sea por el conflicto en el País Vasco, otras reformas estatutarias como la catalana, la corrupción urbanística, la política internacional, o las relaciones Iglesia-Estado, por poner sólo unos ejemplos de los muchos que se pueden señalar.  Sin embargo, la reforma estatutaria andaluza no es más que el producto de una coyuntura política que viene arrastrándose desde el 2003, cuando tras la primera edición del tripartito catalán (PSC, ERC, e ICV-EUA), el PSOE, en aquellos momentos en la oposición, planteó la táctica de las reformas estatutarias autonómicas con la que se pretendía desgastar al PP en el Gobierno español, entre otras cosas, buscando alianzas con diversas organizaciones nacionalistas de izquierdas socialdemócratas o de derechas[2], sumándose, como no podía ser de otra manera, el Presidente andaluz Manuel Chaves. De esta táctica se ha derivado una reorganización territorial del Estado español, sin que por ello, tenga que reformarse la Constitución española de 1978, es decir, cambiar para seguir igual.
 
Así pues la reforma estatutaria andaluza nace de presupuestos tácticos de la socialdemocracia neoliberal española en su lucha, en primer término, por llegar al poder, y una vez conseguido, por mantenerlo. A esta táctica se suma IU sin apenas discurso propio apreciable, y menos aún en Andalucía. Por tanto, la reforma del Estatuto andaluz ha sido desde el principio una cuestión secundaria, o si se prefiere, un instrumento sin motivación propia. De ahí que en muchas ocasiones, el discurso del PP, tanto español como andaluz, sea el de la falta de motivación de esta reforma, aduciendo que los andaluces no sienten la necesidad de una reforma del Estatuto. Sin embargo, un estatuto de autonomía es una ley orgánica, regula aspectos importantes que afectan a  la vida de los diferentes pueblos, a pesar de su estrechez evidente, además de ser, en el caso de Andalucía, una ocasión sin igual en 25 años para plantear reivindicaciones de mucho más calado que lleven a Andalucía a un escenario de soberanía nacional y transformación social, rompiendo con los moldes que el imperialismo ha desarrollado en esto años de “democracia”, el primero de ellos: el Estado monárquico español de las autonomías.
 
Otro elemento muy importante derivado de ese pacto entre los denominados “tres grandes partidos del Estado” (PSOE, PP, e IU) es la sensación de que en determinados temas no existen “ideologías”, siendo inútil el clásico esquema de las democracias burguesas occidentales de “derecha versus izquierda”; al respecto, las palabras del militante de Corriente Roja de Madrid Pablo G. V. pueden ser muy ilustrativas: “La dualidad izquierda-derecha funciona actualmente como una pantalla ideológica que busca dar protagonismo a los partidos políticos, utilizándose de parapeto para su retaguardia dominante, su amo: la oligarquía; que a pesar de estar legitimada electoralmente, sigue siendo oligarquía.”. Y continúa diciendo: “Para el marxismo las ideologías no son un enorme abanico de opciones con sus correspondientes tonalidades (de rojo a azul), donde el espectro comienza en la extrema izquierda, y gradualmente, se va acercando a la extrema derecha, su final. Este razonamiento, aparentemente tan simplón,  es un producto sofisticado de la democracia burguesa para romper la conciencia de clase. Debemos ser conscientes de que las ideologías se sostienen por intereses materiales de clase, y lo que no sea eso: es un cascarón políticamente hueco[3].  Por tanto, el ejemplo dado de la reforma del Estatuto andaluz nos indica que los diferentes partidos políticos de la “derecha” y la “izquierda” españolas vienen a defender lo mismo pero con matices, es decir, la opresión nacional y social sobre Andalucía, ya que los intereses de clase del gran capital imperialista español, la oligarquía, así lo impone. Nada es ajeno a los intereses materiales de las personas agrupadas en clases sociales de una nación o un estado concretos, en todo caso es ahí, en la defensa de esos intereses materiales y también ideológicos de las diferentes clases, donde debería estar esa línea divisoria entre “derecha” e “izquierda”, línea que se ha desdibujado en la reforma del Estatuto andaluz, pero que en realidad lleva ya mucho tiempo desdibujada.
 
Así, como notas principales de la reforma estatutaria andaluza a destacar y desarrollar tenemos:
- Un Estatuto para la dependencia económica, política y cultural de Andalucía
- Un Estatuto de la estafa, se vuelve a escribir con algunos retoques lo mismo que se escribió en el estatuto de 1981, hace 25 años, pero con mucho más texto, de 74 artículos se ha pasado a redactar en la reforma  246, mucho más del doble en extensión 
- Un Estatuto neoliberal, acorde a los intereses de la gran oligarquía española, y sus sucursales andaluzas, y del bloque imperialista europeo
- Un Estatuto antidemocrático, hecho a espaldas del pueblo andaluz, sin su participación activa y determinante
REALIDAD NACIONAL Y NACIÓN
 
Una cuestión bastante controvertida en relación a la reforma estatutaria andaluza ha sido el de  la definición de Andalucía como “realidad nacional”. Pero lo primero que nos llama la atención al leer tanto el texto aprobado en Sevilla como el texto aprobado en las Cortes es el poco realce que tal definición de Andalucía tiene. El término “realidad nacional” nos lo encontramos en el Preámbulo, no en el texto articulado, por tanto no pasa de ser más que una mera declaración de intenciones, sin que tenga por ello mayores consecuencia políticas. Si leemos el Preámbulo de la reforma estatutaria, este término nos pasa desapercibido, casi como si no lo hubiésemos leído.
 
En el texto de la reforma aprobado en diciembre por las Cortes queda redactado de la siguiente manera:
 
El Manifiesto Andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919[4], (...). Hoy la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española”.
 
Mientras en la reforma salida de Sevilla en mayo se decía:
 
Así, la Constitución Española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad”.
 
Insistimos, en que en ningún momento se da ni siquiera una afirmación clara y sin dudas del tipo “Andalucía es una realidad nacional”, además de que se da en el Preámbulo, no en el texto articulado.
 
Por otro lado, el término “realidad nacional” no aparece por ningún lado del Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919[5], en ese documento histórico Andalucía no es definida como tal, sino como “nacionalidad”. El Manifiesto dice así: “Andaluces: Andalucía es una nacionalidad, porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común redención. Lo es también porque la Naturaleza y la historia hicieron de ella una distinción en el territorio hispánico. Lo es también porque, lo mismo en España que en el extranjero se la señala como un territorio y un pueblo diferente”. Para nadie ha de escaparse que estas pautas dadas en el Manifiesto de Córdoba pretenden afirmar a Andalucía como una nación, aunque se utilice el término “nacionalidad”, intentando reunir unos hechos objetivos y subjetivos, como siempre han hecho todas las teorías nacionalistas o sobre la nación desde el alemán Friedrich List hasta Stalin o Ho Chi Minh por poner unos ejemplos distanciados en todos los sentidos, en esa definición.
 
Si ya de por sí, el término “realidad nacional” no era más que un eufemismo por miedo a utilizar el término “nación” y a sus posibles consecuencias políticas, económicas y culturales, tal como ha quedado redactado, “realidad nacional” es un término vacío, sin trascendencia alguna.
 
Puede parecer que la discusión sobre la definición de Andalucía como una mera disputa semántica, pero no lo es, en absoluto, en primer lugar porque el reconocimiento de Andalucía como nación significaría, a su vez, el reconocimiento de España como estado plurinacional, lo que iría en contra de lo establecido legalmente por la oligarquía española en la Constitución, y que le asegura la “unidad de sus posesiones”, la tan cacareada “unidad de mercado”; en segundo lugar, y lo más importante, que aparejado al término “nación” se asocia el término “soberanía nacional”, y eso no es intrascendente, soberanía es poder, y desde una perspectiva de clase, obrera y popular,  transformadora, debería significar poder de transformación nacional y social revolucionarios.
 
Como vemos y seguiremos viendo, esta cuestión es el primero de los despropósitos que se acumulan en la reforma estatutaria, por mucho revuelo que haya provocado, al final todo ha quedado en nada. Como quedó el “Plan Ibarretxe” o el Estatut catalán. Las naciones del Estado español, y Andalucía entre ellas, seguimos sin ser reconocidas realmente como tales, por muchos intentos que se hagan desde el nacionalismo burgués o pequeñoburgués de izquierdas, o como en el caso de Andalucía, desde la socialdemocracia española (PSOE) y su acólito, Izquierda Unida, que en un primer momento, convienen no olvidarlo, abogó por el término “nación” para Andalucía.
 
SOBERANÍA VERSUS COMPETENCIAS
 
Existe la muy interesada confusión entre los términos “soberanía” y “competencias” cuando no significan lo mismo. Esta confusión ha sido propiciada por el nacionalismo burgués y por la socialdemocracia española para hacer ver a los ojos de los diferentes pueblos del Estado español que el asumir competencias de gestión, por ejemplo, en educación, significaba asumir poder. Pero no es así, tener competencias no significa tener poder de decisión, sino que significa, en primer lugar, gestionar y, en segundo, legislar hasta donde se haya determinado hacerlo previamente. Para dar credibilidad a esta gran mentira interesada, se ha creado el mito de las “competencias exclusivas”, dando la sensación de que existen materias en las que el Estado no se puede “meter”  de ninguna de las maneras, pero es falso.
 
Las “competencias exclusivas” no existen porque:
1. En el artículo 150. 3 de la Constitución española se dice: “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.”. Por tanto, esto quiere decir claramente que no existen “competencias exclusivas
 
2. El artículo 155.1 de la Constitución se dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución  u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés”. Lo que quiere decir que si una Comunidad Autónoma no “hace lo que debe” se queda sin sus competencias. No olvidemos que esta posibilidad fue contemplada por el PP con respecto al Gobierno vasco de Ibarretxe. Pero en el caso de que este mecanismo no funcione, el Ejército español, según el artículo 8, estaría plenamente legitimado para actuar en consecuencia.
 
3. En el artículo 153 se establecen diversos mecanismo de control jurisdiccionales a la legislación y gestión de las Comunidades Autónomas.
No debemos confundir, por tanto, capacidad de gestión e incluso de legislar, más o menos amplia según qué cuestión, con el poder para establecer la forma de gobierno, gestión, administración y toma de decisiones que se estimen convenientes, es decir, soberanía. Una Comunidad Autónoma no es un ente soberano, sino un ente de gestión administrativa. Una Comunidad Autónoma legalmente es Estado, es parte del Estado, es más, el Presidente de una Comunidad Autónoma ostenta, según la Constitución, la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma (artículo 152). Pero por si quedaba alguna duda, la Constitución española en su artículo 1.2 dice que la soberanía nacional reside en el “pueblo español”, y no en los pueblos de España, algo que por otro algo es falso, porque en realidad el supuesto “pueblo español” no dispone de mecanismos reales para ejercer esa soberanía, sólo puede votar cada 4 años, sin más.
 
El discurso del “más competencias”, en muchos casos, como es el de Andalucía, aunque no en todos claro está, oculta la intención del “más dinero para gestionar”, y que no ha sido más que una fuente de corrupción, de financiación ilegal de partidos políticos, y de enriquecimiento personal para determinadas personas cercanas a las burocracias autonómicas, como también ha sido el caso de Andalucía, por tanto es lógico que a ese discurso no sólo se apunten partidos nacionalistas, sino también el PSOE  e incluso el PP, Andalucía ha sido y es un buen ejemplo de todo ello.
 
¿Y por qué estamos haciendo tantas referencias a la Constitución española cuando lo que se pretende analizar es la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía? Pues muy sencillo, si hay una coletilla que se repite continuamente a lo largo del extenso articulado de la reforma estatutaria en referencia al ejercicio de las competencias es el de “según lo establecido en la Constitución y en la normativa europea”. Así, y por si aún no había quedado ya suficientemente claro, de soberanía, nada de nada. Somos dependientes y la reforma estatutaria viene a reforzar los mecanismos de dependencia, y por tanto, de opresión nacional y social sobre Andalucía. La soberanía en si es fundamental, pero de nada serviría si ese poder se ejerciera para crear mecanismos de poder propios sin una orientación social clara, que asegure el poder conseguido mediante una auténtica democracia participativa y popular, que sirva a la clase obrera y a las capas populares andaluzas, es decir, a la mayoría absoluta de la población andaluza, en el camino de la eliminación de la explotación del ser humano por el ser humano, una soberanía que ponga el poder en manos del pueblo andaluz para administrar y gestionar sus recursos, y no en manos de una burguesía que pactaría con el imperialismo nuestra soberanía nacional a cambio de aumentar sus beneficios, y basándose, como no, en la explotación de sus compatriotas andaluces. Históricamente, la burguesía siempre ha invocado al “interés nacional” pero en realidad ha sido la mayor traidora a la soberanía y libertad de las naciones.
 
EL ESTATUTO DE LA DEPENDENCIA
 
El sociólogo comunista vasco José Antonio Egido[6], siguiendo a su vez a Dieterich y a Chomsky, en un trabajo del año 2003 escribía que “(...) todo sistema clasista se basa en cuatro formas de poder: el económico, el político, el militar y el cultural.  De estos poderes dos son decisivos: el económico y el militar. El poder económico asegura el nivel de reproducción física del conjunto de la población pero además la tasa de beneficios y el nivel de enriquecimiento de las clases dominantes. El poder militar asegura la cohesión de una sociedad de clase, tanto en lo interior como en lo exterior”. Por tanto el análisis de la dependencia ha de ir en ese sentido, es decir, en las formas de poder que toda sociedad de clases, como la nuestra, posee. Lógicamente la cuestión militar no cabe en el presente análisis, pero no es ajeno en absoluto a él, ya que, como ya hemos señalado antes, el Ejército español tiene la misión constitucional de intervenir en favor de la “unidad de España”, y por otro lado, no se nos puede olvidar la consideración que para el imperialismo norteamericano, el bloque imperialista europeo, y la misma oligarquía española, tiene Andalucía, en primer lugar, como territorio militar, con las bases militares norteamericanas de Rota y Morón, como estandartes, la base británica de Gibraltar, y las bases militares españolas, de hecho, en 1994, el 20% de las costas andaluzas estaban bajo jurisdicción militar[7]. En segundo lugar, Andalucía sigue proporcionando “carne de cañón” al Ejército español, debido a que Andalucía sigue siendo, en comparación con otros territorios del Estado, un lugar marcado por la marginación social, siendo el Ejército[8] una salida laboral para muchos jóvenes andaluces. 
 
Sin duda este es un grave problema ya que una consecuencia lógica de la dependencia es la subordinación, por tanto, la militarización de Andalucía es consecuencia de la dependencia. Por tanto de nada sirven proclamas en el Estatuto reformado del tipo que se hace en el artículo 10.3.22: “El fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos”, y el 10.3.23: “La cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos”. Lo dicho, bonitos propósitos defraudados por la triste realidad de que las bases norteamericanas en Andalucía han sido fundamentales en las agresiones norteamericanas a Libia, Yugoslavia, Irak o Afganistán, donde miles de personas inocentes fueron cruelmente asesinadas bajo las bombas lanzadas por aviones norteamericanos que despegaban de nuestro territorio. Por tanto, este no es un Estatuto para la paz y la solidaridad entre los pueblos, ya que no hace referencia alguna en contra de estas bases militares, es más, ni siquiera se contempla algún tipo de “control andaluz” sobre ellas. Estas bases militares son una continúa amenaza para la seguridad del pueblo andaluz, además, estas bases impedirían por la fuerza cualquier proceso de soberanía nacional popular antiimperialista andaluza[9].
 
La dependencia económica
 
Se supone que un estatuto de autonomía ha de aportar formas de financiación y desarrollo económico propios, sin embargo, no es lo que se contempla con esta reforma estatutaria. No es este un estatuto que permita al pueblo andaluz disponer de sus recursos, definir su economía, su sistema tributario, desarrollando una economía en beneficio de los trabajadores y las clases populares andaluzas.
 
Antes de entrar en otros asuntos hay que tener en cuenta algunos datos:
- Ninguno de los grandes bancos del Estado español ni es andaluz.
- Ninguna de las grandes empresas energéticas del Estado español es andaluza.
- Ninguna de las grandes empresas constructoras del Estado español es andaluza[10].
- Ninguna de las grandes empresas de transporte del Estado español es andaluza.
- Ninguna de las grandes empresas de alimentación del Estado español es andaluza.
- Ninguna de las grandes empresas de comercio de alimentación del Estado español es andaluza.
- Ninguna de las grandes empresas de textil y calzado del Estado español es andaluza[11].
Estamos hablando de sectores importantes desde un punto de vista económico, por tanto, una primera deducción lógica que se puede sacar es que la mayoría de los bienes y servicios que consumimos los andaluces son producidos fuera de Andalucía[12]. Así, otra deducción lógica es que la burguesía andaluza, el empresariado andaluz, en su mayoría, es dependiente, sin iniciativa propia, encargados de suministrar lo que viene desde fuera. Después de 25 años de Estatuto de Autonomía, Andalucía sigue siendo un país dependiente, subsidiado, de poca variedad económica, y donde realizar inversiones especulativas a corto plazo y con altos beneficios que en poco repercuten al pueblo andaluz, y muy especialmente a la clase obrera y las capas populares. A pesar, de cierta “bonanza” debida al predomino hasta ahora de créditos a un interés relativamente bajo, el “boom” de la construcción,  las relativamente buenas temporadas turísticas de los últimos años, y el también relativo éxito de la agricultura del plástico, la economía andaluza en su situación actual y por su estructura no resistiría lo más mínimo una crisis económica de no mucha envergadura. El capitalismo se caracteriza por unos ciclos económicos claros y predecibles, por tanto la recesión es un ciclo que está por llegar, y en Andalucía nos encontramos sin los mecanismos necesarios para hacer frente a los ciclos negativos, instrumentos que no nos proporcionaba ni el anterior Estatuto, ni este reformado y aprobado.
 
Las consecuencias se hacen notar:
A modo de muestra, las 'Series actualizadas de la Encuesta de población activa-base 2001', nos dicen que en 1996 el Estado español reconocía en Andalucía una media de unos 900.000 desempleados -el 32,87% de tasa de paro- en tanto la media española bajaba al 22%, diez puntos menos.
 
Ahora, en 2004, con una tasa de actividad media del 53,6%, recuentan en Andalucía una media anual de unos 568.000 desempleados, el 17,06% (que sube al 22,86% entre las mujeres) mientras la media estatal baja al 11%.
 
Para hacerse una idea cabal de la situación andaluza conviene tener presente que ese 17,06% nacional incluye picos provinciales como Cádiz, 21,30%; Córdoba, 20,83%; Jaén, 18,40%; Huelva, 17,49% o Sevilla, 16,43% y comparar ese resultado nacional de desempleo con los que fija la misma fuente para Madrid, 6,63%; Baleares, 7,57%; Cataluña, 8,84%; Navarra, 4,68% o incluso Galicia, 12,51%.

De los nuevos empleos generados en Andalucía entre 1995 y 2002, el 24,4% están en la Construcción, que suben al 32,07% si incluimos los adscritos al sector Inmobiliarias.
 
El empleo en Andalucía -como consecuencia de nuestra dependencia y subordinación- es también de calidad cualitativamente inferior. La precariedad es un rasgo nacional que permanece a través de los diversos regímenes españoles e impregna a la sociedad andaluza, con múltiples consecuencias en todos los ordenes.
 
Así lo demuestra la misma EPA-2004 (INE) en su cuadro 'Distribución de asalariados por sexo, tipo de contrato y comunidades autónomas' que reconoce en Andalucía un 44,3% de empleo precario temporal -967.200 trabajadores- sobre el total nacional de asalariados, mientras la media estatal desciende al 30,6%, es decir, hay un 13,7% más en Andalucía.
 
El dato de temporalidad en el empleo entre las mujeres andaluzas -para aviso de las feministas no cooptadas por el Régimen- es aún más estremecedor: están precarias el 47,6% (382.700), mientras la media española baja al 33,5%.
 
Tampoco está de más realizar un mínimo recorrido comparativo estatal para así situar en su justo alcance nuestra singularidad nacional.

Así, en la Corte de Madrid el empleo temporal es del 20,6%, un 23,7% menos que en Andalucía o lo que es lo mismo: en Andalucía hay más del doble de empleo precario que en la urbe creada y amamantada por España. En Cataluña, el dato es del 21,9%, un 22,4% menos que en Andalucía; en Euskadi, el 26,9%, un 17,4% menos; en Baleares, un 29,1%, el 15,2% menos; incluso en Galicia con un 34%, hay un 10,3% menos y en Canarias, con un 39,1%, un 5,2% menos.
 
También el salario medio distingue a los andaluces. Aun cuando es obvio que estas medias son siempre engañosas, dan cierta idea de conjunto. Así, según el estudio del INE, 'Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias' de 2002 y recordando que sustancialmente el coste de la vida es similar a escala estatal, resulta que el salario medio anual andaluz asciende a 11.428 euros, mientras la media estatal se ubica en los 14.370, es decir, los andaluces ganamos como media el 79,5% que los españoles, 2.942 euros menos anuales. Las mujeres andaluzas, nuevamente, están específicamente aún peor: su media retributiva nacional es de 8.631 euros, 2.544 euros menos.
 
Si procedemos a algunas comparaciones a modo de ejemplo, el cuadro global aún resulta más tétrico: en Madrid, el salario medio sube a 18.770 euros anuales, 7.342 euros más que los andaluces o lo que es igual, los andaluces ganamos como media sólo el 60,8% de lo que se paga en Madrid. En Cataluña, se cobra una media de 16.042 euros, 4.614 euros más que en Andalucía; en el País Valenciano, 13.285 o en Baleares, 13.590.
 
De todas estas magnitudes referidas se desprende también -entre otras posibles consideraciones- el incuestionable fracaso, la demagogia discursiva y el constatable carácter nocivo de todo el sindicalismo español en Andalucía -sea en su versión neovertical (CCOO-UGT), sea en otras que se presentan como más a su izquierda- y consecuentemente la evidente necesidad para la clase obrera andaluza de dotarse de un sindicalismo nacional de clase independiente, no sucursalista y de construir un marco andaluz de lucha de clases, desde el que socavar primero y destruir después el expolio y la discriminación españolas sobre Andalucía.

En un plano complementario, la
'Contabilidad Regional de España Base 1995/Serie 1995/2004'(INE), en su calificación por PIB per Capita en Paridades de Poder Adquisitivo, tomando como base 100 la media de la UE a 25 Estados, sitúa a Andalucía en 2000 al 68,1% (Estado español, 91,7%, a 23,6 puntos por encima); en el Promedio 2000-2002, Andalucía se queda en el 69,3% (Estado español, 92,9%, a la misma distancia).
 
Por contraste, la Corte de Madrid en similares fechas tiene respectivamente el 122,9% y 124,7%; Cataluña, 110,2% y 110,9%; Baleares, 115,9% y 116%; el País Valenciano, 87,8% y 89%; Euskadi (sin Navarra), 115,6% y 115,2%; Canarias, 87,2% y 87,8% y Galicia, 72,8% y 73,4%. Con estos datos, sólo Andalucía y Galicia (más un par de regiones españolas) cumplen los requisitos que permiten acceder a los Fondos Europeos para el periodo 2007-2013 (menos del 75%) aunque el llamado efecto estadistico consecuente a la anexión del Este europeo adelanta -como ya avanza la previsión de 2003- que este será, en todo caso, el ultimo. A titulo de curiosidad, la CRE avanza que el PIB a precios constantes de Andalucía ascendió en 2002 a 77.138.176.000 de Euros, mientras que el del Estado español a 556.651.000.000, es decir, que el PIB andaluz supuso el 13,85% del español” [13]
Por si todo esto fuese poco, se acaba de editar un exhaustivo estudio de la FUNCAS (Fundación de Cajas de Ahorros) se trata del “Balance Económico Regional: 2000-2005”, donde a pesar del incremento del PIB andaluz y su peso se llega a conclusiones como estas: “En 2005 siete comunidades autónomas superaron el índice de convergencia con la UE-15 (Madrid, Navarra, País Vasco, Cataluña, Aragón, Baleares y La Rioja) y dos más se situaron en la media (Castilla y León y Cantabria), mientras que por la cola, fueron Andalucía y Extremadura las que registraron un menor índice de convergencia, con un 77,5 y 77,07 por ciento, respectivamente.”. Mientras la tasa de paro la lideran las provincias de Cádiz, con un 20,1% y Córdoba, con un 18,7%[14]. Es evidente y claro que, mientras, según todos los indicadores, la economía andaluza “crece” no es capaz, a su vez, de solucionar problemas tan graves como el paro y la precariedad.
 
Que nadie se lleve a engaños, la solución no está en que la burguesía andaluza supere su dependencia, o que la burguesía productora andaluza con interés en un mercado nacional andaluz al que dominar asuma su papel, eso es pedir peras al olmo y ya no estamos en el siglo XIX; la burguesía andaluza en su conjunto se siente a gusto en esta situación, ya que de su dependencia le viene el beneficio. La solución no es por tanto la creación de un capitalismo nacional andaluz, aunque en un hipotético caso si se podría utilizar el poder andaluz para fomentar los escasos capitales propios  dinamizando y diversificando la economía andaluza, pero eso dada la reforma estatutaria pactada sería poco probable de llevar a cabo, ¿o alguien piensa que lo que no se ha hecho en 25 años se piensa hacer ahora? ¿dónde ha quedado la voluntad política de los “padres de la autonomía andaluza”, fueran del PSOE, PA (PSA), o PCE? 
 
La única solución puede venir de poner nuestros recursos en manos del pueblo andaluz, del pueblo trabajador andaluz, de la clase obrera y de los sectores populares. Por el contrario este Estatuto, como el anterior, pone los recursos andaluces, es decir, el sudor de nuestro trabajo, entre otras cosas, en manos de la oligarquía española imperialista. No se contemplan más formas de participación del pueblo en los asuntos económicos que a través de los sindicatos oficiales del sistema, CCOO y UGT, y en las diversas asociaciones que cuenten con el aval y las subvenciones, por supuesto, de las instituciones, ya sean andaluzas o estatales.
 
Por no establecerse, ni siquiera se habla en la reforma estatutaria de la creación de un gran banco público andaluz que acaparé el ahorro de nuestro pueblo, de la clase obrera y los amplios sectores populares andaluces, y sirva para financiar diferentes proyectos de tipo empresarial, ya sean públicos o privados. Ni siquiera este tipo de medidas reformistas, posibles aquí y ahora se contemplan.
 
Pero lo establecido en cuanto a fiscalidad y a hacienda en el nuevo Estatuto no ayudan a superar esta situación. Si no existe soberanía nacional difícilmente se podrá hablar de una fiscalidad y una hacienda que de alguna forma, y teniendo en cuenta siempre los intereses de clase, repercuta positivamente al “conjunto del pueblo andaluz”.  La tan cacareada creación de una “Agencia Tributaria Andaluza”, que de alguna forma ya existe aunque no tenga ese nombre, no es más que una mera descentralización administrativa sin mayores consecuencias ni repercusiones, eso sí, por lo que podemos leer en la reforma se trata de un órgano extremadamente burocrático, leal en todo momento al Estado y a sus intereses, y por supuesto, sin ningún tipo de control democrático y popular.
 
En este sentido, podemos entender la queja del Secretario Provincial de Cádiz del Partido Andalucista, Alfonso Andrades Balao[15], cuando dice: “Mientras el Estatuto catalán garantiza el 18,5% del total de las inversiones del Estado para Cataluña (cuando hablamos de inversiones, hablamos de carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, servicios públicos de todo tipo, etc), el Estatuto andaluz sólo plantea el 17% del total de la inversión del Estado para Andalucía”. Y continúa: “El Estatuto acordado contra Andalucía por PP, PSOE e IU establece un incremento de 0 (cero) euros en la financiación que recibiría Andalucía, mientras el Estatuto que han aprobado para Cataluña recoge un incremento de 5.700 millones de euros. De esta forma, el texto que pretenden para los andaluces supone una autonomía financiera del 30% (dependeremos en un 70% de lo que el Estado quiera o pueda aportar). Frente a esta penosa realidad, tenemos el Estatuto catalán, con el que el Gobierno de la Generalitat tendrá un 115% de autonomía financiera; tendrán un superávit del 15% (los pobres seguiremos siendo cada vez más pobres y los ricos -Cataluña- serán mas ricos aún, lo que se traduce en más y mejores carreteras, más y mejores hospitales, más y mejores escuelas)”. Si dejamos al margen ese tono victimista, de “nacionalismo del agravio comparativo”, el modelo de financiación es terriblemente injusto, basado en el PIB[16] de la Comunidad, y propicia el enfrentamiento “intercomunitario”, sin embargo, este dirigente del PA ni aporta soluciones, ni hace referencia a la raíz del problema: la soberanía, en este caso, la posibilidad de disponer de nuestros propios recursos. La  solución del PA, es decir, la “convergencia con el resto de España y Europa” se hace difícil y complicada en los estrechos márgenes que tenemos y que el PA propone: seguir en el actual Estado español de las autonomías, aceptando la Constitución española y la europea. Estos  márgenes están hechos para mantener la desigualdad entre territorios, aceptarlos significa que a lo sumo lo que se podría obtener es una mejora coyuntural, difícil de cuantificar. Por otro lado, ya conocemos de sobra la incapacidad de gestión demostrada por el PA en estos años allí donde ha tenido acceso al poder, y, lógicamente, a favor de quienes ha gestionado, en este sentido el PA no está en condiciones de dar lecciones a nadie ni de hacer propuestas creíbles.
 
Para finalizar, no nos podemos olvidar, como sí hacen los partidos firmantes de la reforma del Estatuto, de la “deuda histórica”. La “deuda histórica” se concibió en el Estatuto actualmente en vigor [17] como la asignación complementaria que el Estado central debía entregar a Andalucía mientras los niveles de renta, infraestructuras y desarrollo de Andalucía no fueran los mismos que los del resto de territorios y naciones del Estado. La referencia a la “deuda histórica” ha sido eliminada, literalmente arrancada de cuajo de la reforma estatutaria. Con la llegada al poder central del PSOE en el 2004, se pactó un pago único de esa deuda que para nada cubre las necesidades antes aludidas. Una vergüenza y un desprecio al pueblo de Andalucía, y encima con declaraciones tan hirientes a la inteligencia de nuestro pueblo como la del miembro del PSOE Manuel Gracia: "Tal y como estaba redactada la deuda histórica era un brindis al sol"
 
La dependencia cultural
 
Será entonces, cuando todos los andaluces conozcan su verdadera historia y esencia, cuando logremos llegar a obtener el poder necesario para exigir el respeto a nuestra personalidad, tan diferente de aquella que tratan de imponernos”. Sabias palabras y de gran alcance las escritas en su día por el considerado como “Padre de la Patria Andaluza”, Blas Infante. A estas alturas podemos afirmar que el empeño de la Junta de Andalucía, como institución fiel al Estado monárquico español de las autonomías, ha sido el que esas palabras de Blas Infante no se cumplieran. Lógicamente, como en otros casos, lo escrito tanto en el Estatuto de 1981 como en el reformado es otra cosa, llegándose incluso “por defecto d exceso” al más supremo de los ridículos al atribuirse la Comunidad Autónoma la “competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco” (art. 67.1), es decir, y sin exageraciones, la Junta y su Consejería de Cultura podrían decir qué es y qué no es flamenco, así de duro, y encima legislar sobre ello. Sin duda alguna, estamos ante un caso de populismo ramplón con el que se pretende ocultar, en primer lugar, las políticas culturales llevadas hasta ahora, y en segundo, las políticas culturales que se pretenden llevar en el futuro que, en todo caso, están encaminadas a la liquidación cultural del pueblo andaluz, en los casos más extremos, o a la manipulación de nuestras señas de identidad, como históricamente ha ocurrido, prácticamente desde los siglos XVIII y XIX para acá, es decir, coincidiendo con el periodo de formación de lo que hoy se conoce como España.
 
Por supuesto, tanto en el Estatuto de Carmona como en el reformado nos encontramos toda clase de llamamientos a la defensa y protección de las señas de identidad andaluzas, pero ya lo sabemos, son papel mojado, meros elementos decorativos que hay que colocar para embellecer la propuesta estatutaria, pero sin consecuencias reales.
 
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que si determinados sectores del pueblo andaluz han recuperado su autoestima, valoran su cultura y su identidad, frente a la gran manipulación histórica de los hechos nacionales-culturales andaluces, ha sido gracias al inestimable y poco reconocido esfuerzo militante desplegado por grupos de defensa de la cultura andaluza, y menos, por organizaciones políticas andaluzas. En todo caso, poco o nada ha tenido que ver la Junta de Andalucía como institución en ello.
 
A pesar de ese esfuerzo militante antes señalado, la realidad es que al pueblo andaluz después de 25 años de autonomía aún se le sigue negando su reconocimiento y la valoración de sus señas de identidad. La cultura andaluza aún sigue siendo objeto de burla y escarnio, hablar andaluz sigue siendo considerado como algo vulgar y de ignorantes, y no como una digna expresión lingüística utilizada por millones de andaluces y andaluzas en su día a día, en centros de trabajo, estudio, etc. Ante todos estos y muchos más atropellos que la cultura y señas de identidad andaluzas padecen día a día, la Junta de Andalucía ha permanecido y permanece en silencio, no toma medidas, no pone remedio, por tanto, la constatación es evidente: la Junta de Andalucía es cómplice, cuando no participe directo.
 
Al pueblo andaluz se le sigue privando del conocimiento de su historia, entre otras cosas, en los centros educativos de la Junta[19], se sigue enseñando una historia de Andalucía manipulada, sin personalidad, casi como si estuviéramos hablando de una “región castellana”, una historia de presuntos “reconquistadores” de una España que no existía que expulsaron a unos “moros invasores” que, por supuesto, nada invadieron.
 
En cuanto a la muchas veces cacareada defensa del patrimonio histórico-artístico andaluz que se hace tanto en el Estatuto del 81, como ahora en el reformado, la Junta de Andalucía, salvo raras excepciones, se ha caracterizado por la dejadez y el abandono, en el mejor de los casos, y como “agente destructivo” en el peor. No hace mucho se denunciaba en diversos foros el estado de la casa de Narila del caudillo morisco andaluz Aben Humeya, nadie ha hecho nada al respecto, pero hay más ejemplos, muchos de ellos enervantes, como el de las ruinas del Castillo de Bentomiz, en la Axarquía malagueña, donde en el torreón que resiste al paso del tiempo han instalado una antena de telefonía móvil, y entre las murallas del Castillo, “simpáticos” turistas “residentes” han construido lujosos chalets con piscinas rebosantes de agua. Curiosamente, cuando se huelen los beneficios que la mercantilización del patrimonio puede reportar es cuando vemos a la Junta de Andalucía, y al resto de instituciones, tomar medidas en estos asuntos, el ejemplo de lo ocurrido en el casco antiguo malagueño con la restauración de la casa natal de Picasso y la apertura del Museo Picasso[20] es una muestra, entre muchas más, de que, al fin y al cabo, la conservación del patrimonio histórico-artístico está en función de intereses especulativos.
 
En la revista ya desaparecida, “Nación Andaluza”, en su número 6 y 7 de 1985, el antropólogo Isidoro Moreno afirmaba: “Esta postura de negación de Andalucía como nación no sólo política sino también cultural, es básica para cualquier tipo de nacionalismo de estado español. De aquí que haya sido asumida con fervor por el actual PSOE”, y continúa: “Aunque el PSOE utilizó profusamente los colores verde y blanco, el himno, y otros símbolos andalucistas, tanto desde el partido como desde la Junta, en las campañas de los referéndum del 80 y 81 así como en las elecciones del 82, ello fue una táctica para aprovechar con objetivos partidistas, a la vez que encauzar institucionalmente, a la fuerte ola de sentimiento reivindicativo andaluz. De lo que se trataba, básicamente, era de conseguir que Andalucía catapultara al PSOE al gobierno del Estado, previa la ocupación del gobierno autonómico en una elecciones, las andaluzas, convertidas en las elecciones primarias respecto a las generales[21]. Estas palabras 22 años después están plenamente vigentes y son aplicables a la política actual del PSOE con respecto a las señas de identidad nacional-culturales andaluzas.
 
EL ESTATUTO DE LA ESTAFA
 
Decía el conocido dirigente del PCPA (Partido Comunista del Pueblo Andaluz), Leopoldo del Prado, en un artículo sobre la reforma del Estatuto andaluz[22]:Ni reforma agraria, ni fuera cementerios nucleares, ni comarcalización, ni voz ni voto sobre la presencia de bases extranjeras y estatales en nuestro territorio, ni soberanía alimentaria, ni mucho menos, soberanía de clase alguna”, y continuaba diciendo: “En fin, cuando se han visto obligados a aceptar la trágala del PP de, por si no estaba suficientemente claro, que tras cada definición de competencia "exclusiva" de Andalucía, haya que añadir, que "sometida a la legislación estatal", solo nos queda decir que tras las alharacas de PSOE e IUCA y las diatribas del PP, los sesudos parlamentarios y pesebreros andaluces y estatales han conseguido sacar adelante el parto de los montes, han parido un ratón”. También en los mismos términos se ha venido expresando el conocido Alcalde del pueblo sevillano de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo[23]: No se entiende la alegría que manifiestan los partidos políticos que han pactado un Estatuto que significa pérdida de soberanía económica y política y nos manda directamente a segunda división… a no ser que el posibilismo político nos haya llevado a la esquizofrenia de considerar como victoria lo que es una clara derrota para nuestra nación. Y es que algunos parece que necesitaban brindar, aunque su brindis fuera simplemente un brindis al sol”.
 
No exageramos, el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía reúne los requisitos necesarios para ser calificado de estafa; un burdo y aparatoso intento de vender gato por liebre, ya que básicamente, esta reforma estatutaria viene a decir lo mismo que el Estatuto de 1981 pero de una forma más farragosa, de 74 artículos que contenía el Estatuto de 1981 se pasan a 246, mucho más del doble, y repetimos para no decir nada nuevo, nada que de alguna forma no estuviera ya contenido en el Estatuto de 1981. Se trata de escribir mucho para no decir nada, algo a lo que, por otro lado, los políticos del régimen monárquico español nos tienen muy acostumbrado, especialmente los del PSOE.
 
Reivindicaciones populares asumidas por amplios sectores del pueblo andaluz como el que las elecciones estatales no coincidan con las andaluzas, la limitación temporal en el mandato del Presidente de la Junta, o la comarcalización como forma de articulación y estructuración territorial para Andalucía frente a la inútil y corrupta división provincial, con esas “cuevas de Alí Baba y los 40 ladrones” que son las Diputaciones provinciales andaluzas donde todos los partidos del sistema se reparten el botín impunemente, ni se recogen lo más mínimo; y estamos hablando, como se puede comprobar, de reivindicaciones perfectamente asumibles y realizables aquí y ahora. 
 
El caso es que tienen la grandísima cara dura de presentar este Estatuto como un “avance”, como el “Estatuto de progreso”. Si avanzar es volver a escribir lo mismo de hace 25 años pero con otras palabras y con más florituras y adornos es que o una de dos, o alguien no aprendió el significado de la palabra “avanzar”, o lo segundo y más probable, alguien pretende engañarnos. Otra cosa es que lamentablemente, y dada la situación de desmovilización social del pueblo andaluz, el engaño cuaje.
 
Después de todo, y sin que sirva de precedente, no hay más remedio que coincidir en principio  con las palabras del Secretario General del PA, Julián Álvarez cuando dijo: "Un Estatuto se reforma para conseguir algún tipo de avance, como una mejor financiación, un mayor ámbito competencial, una nueva estructuración territorial o por una ambición en materia de identidad. Ninguno de esos objetivos se consigue y retrocedemos respectos a los pasos que han dado las autonomías del 151"[24]. Si adoptamos una postura razonablemente comprensible podemos concluir que, a pesar de que el Estatuto de 1981 no recogía las aspiraciones populares andaluzas, después de todo, suponía en cierta medida un avance con respecto a la situación anterior, después de 40 años de régimen franquista, pero adoptando la misma postura comprensiva, el Estatuto de 2007, no supone un avance con respecto a 1981.
 
Resulta bastante curioso que la Junta de Andalucía malgaste el dinero de los andaluces en grandes campañas publicitarias a cerca de  la “segunda modernización” o la “sociedad del conocimiento”, y de lo mucho que hemos avanzando en estos años, para luego, en esta reforma del Estatuto tener que copiar literalmente como “objetivo básico” del Estatuto de 1981 lo siguiente (artículo 10.3.6): “La creación de las condiciones indispensables para hacer posible el retorno de los andaluces en el exterior que lo deseen y para que contribuyan con su trabajo al bienestar colectivo del pueblo andaluz”, ¿pero no se habían ya creado esas condiciones?  ¿no estábamos en la “segunda modernización”?
 
EL ESTATUTO NEOLIBERAL
 
Aunque algunos pretendan vender este nuevo Estatuto como el “Estatuto de progreso”, esta reforma estatutaria nos somete por entero a los dictados de la oligarquía imperialista española y el bloque imperialista europeo y sus políticas neoliberales.
 
La vieja reivindicación del proletariado del campo andaluz y del campesinado de reforma agraria es un buen ejemplo de todo lo que estamos hablando. Es cierto que en esta reforma estatutaria se hace mención a la reforma agraria pero envuelta en la siguiente paradoja, veámosla: 
 
Artículo  10.3.13 (dentro de los “objetivos básicos”): “La modernización, la planificación, y el desarrollo integral del medio rural en el marco de una política de reforma agraria, favorecedora del crecimiento, el pleno empleo, el desarrollo de las estructuras agrarias y la corrección de los desequilibrios territoriales, en el marco de la política agraria comunitaria y que impulse la competitividad de nuestra agricultura en el ámbito europeo e internacional”.
 
Es decir, primera consecuencia: que no hay reforma agraria soberana acorde a los intereses del proletariado del campo y el campesinado andaluz, ya que ésta se tiene que dar en el marco de la política agraria común. La segunda, el marco de la política agraria común se define por seguir una línea neoliberal, caracterizada en Andalucía por una mayor concentración de la tierra, agua, semillas y la comercialización de los productos en cada vez menos manos, pero a su vez, cada día más subvencionadas por la Unión Europea, es decir, se subvenciona a quien menos lo necesita porque son los que más tienen, y además a quien menos produce, ya que no se subvenciona la producción, lo que sería más lógico y aceptable, sino a quien más tierra posee. José Daniel Fierro lo expresaba así en un magnífico artículo[25]: En el caso de Andalucía, seis familias recibieron en 2005 una cantidad cercana a los 12 millones de euros, lo que supone un ingreso diario de 5.470 euros por persona. En el otro extremo de la escala se encuentran las más de 10 mil pequeñas explotaciones que perciben la misma cantidad que la otorgada a estos 6 terratenientes andaluces. Y mucho menor aún es el vergonzoso subsidio de 383,28 euros al mes que percibe un jornalero andaluz durante seis meses al año”. Entre los beneficiarios viejos apellidos de los de “toda la vida”: Duque del Infantado (Iñigo de Arteaga y Martín), los Mora-Figueroa Domech, la Duquesa de Alba (Cayetana FitzJames Stuart), los López de la Puerta, Mario Conde, etc. Y para colmo, el pueblo andaluz tuvo que soportar como el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, concedía el 28 de febrero de 2006 la medalla de “hija predilecta de Andalucía” a la parásita de la Duquesa de Alba.
 
En cuanto a los derechos de los trabajadores, de la clase obrera, este Estatuto se limita a reproducir los derechos que supuestamente ya teníamos, y que diariamente se incumplen en los tajos de trabajo. A pesar de eso, y si realmente este Estatuto supusiera un avance, en este caso en los derechos de los trabajadores de Andalucía, se debería contemplar y garantizar la reducción de jornada sin reducción de salario, la estabilidad en el empleo, mayor participación obrera en la gestión de las empresas, prohibición de las ETT, mayores facilidades para la conciliación del trabajo con la vida familiar y el ocio, posibilidades reales para el acceso de los trabajadores a los medios de producción, etc. Como se ve, tampoco son medidas extremas en absoluto. Igualmente, tampoco se contempla a Andalucía como un marco autónomo de relaciones laborales, lo que podría beneficiar las posiciones del sindicalismo andaluz de clase frente al sindicalismo oficial y vendido de CCOO y UGT.  En definitiva, la reforma estatutaria se alinea con las tesis del capitalismo neoliberal pero con “rostro social y humano”, se alinea con el discurso de la competitividad, es decir, con las transferencias de rentas del trabajo al capital, con la explotación del trabajo asalariado del que se pretende sacar cada vez más beneficios para acumular y competir, a costa de reducir la poca protección y los pocos derechos conquistados en épocas pasadas de luchas. Por eso que no pretendan tomar el pelo a la clase obrera andaluza: no nos valen más “brindis al sol”, no se puede aprobar en un Estatuto de Autonomía toda clase de supuestas bondades para los trabajadores, para luego lanzar una reforma laboral como la del 2006, no se puede decir que se promoverá la participación de los trabajadores en los centros de trabajo, cuando esa participación en la vida real cuesta la marginación, el acoso, e incluso el despido a quien la ejerce.
 
Este nuevo Estatuto olvida una clara realidad en la Andalucía de hoy: la de los trabajadores inmigrantes, ya que en ninguna parte vemos garantizado realmente que estos trabajadores son iguales en deberes y derechos al resto de trabajadores y ciudadanos andaluces, ni en ninguna parte se asegura que ninguna persona en Andalucía sea ilegal. Por otro lado, las competencias de las instituciones andaluzas en inmigración son mínimas, casi inexistentes.
 
Mientras se proclaman el derecho a la educación y a la salud, mientras las Consejerías de Educación y de Salud se gastan cantidades ingentes de dinero en propaganda a cerca de lo “bien” que hacen las cosas, la realidad nos dice que esta reforma estatutaria no hará que estos servicios básicos funcionen mejor, ya que no se garantiza una mejora de los mismos. Es más, la sombra de la privatización planea sobre estos servicios, especialmente se está haciendo notar en la concesión de determinados servicios antes proporcionados por organismos autónomos (como el SAS) o por las propias Consejerías[26]. El deterioro en la prestación de estos servicios básicos es evidente, con el fin, llegado el momento, de tener la excusa perfecta para privatizarlos. Por tanto, si esta reforma estatutaria supusiera un avance real se debería garantizar no solo la prestación de estos servicios sino también que estos servicios sean públicos y no caigan en manos privadas, esa será la mejor garantía para su prestación.
 
Por ningún lado vemos en este nuevo Estatuto la necesidad de que el suelo sea público y esté en función de los intereses de la comunidad, como forma de evitar la especulación y la escalada de precios en la vivienda, y que impide a los trabajadores, especialmente, a la juventud trabajadora el acceso a una vivienda digna, a no ser, claro está, que se esclavicen de por vida pagando una hipoteca. En Andalucía tenemos el mayor sector inmobiliario especulativo de todo el Estado español, ¿realmente esta reforma estatutaria hará que las cosas cambien en este sentido y más cuando quienes la han redactado participan en muchos casos de los beneficios de esa especulación?
 
Ya que las políticas neoliberalismo del capitalismo en su fase imperialista se caracterizan por una gran agresividad contra el medio ambiente, no podemos finalizar este apartado sin hacer aunque sea una mínima mención a la cuestión de la protección del medio ambiente en la reforma estatutaria.  Si este Estatuto, como no nos cansamos de repetir, fuese un avance, Andalucía sería declarada territorio no nuclear, teniendo que desaparecer el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por ejemplo. Por otro lado, este Estatuto deja la puerta abierta a la construcción de grandes infraestructura agresivas contra el medio ambiente e innecesarias para un eficaz sistema de comunicación andaluz que reduzca los desequilibrios territoriales, en este sentido, el artículo 10.3.10 dice: “La realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos, en especial mediante un sistema de vías de alta capacidad y a través de una red ferroviaria de alta velocidad”. Lo de siempre bonitas palabras para ocultar de nuevo jugosas operaciones especulativas, a costa de nuestro medio ambiente[27].
 
EL ESTATUTO ANTIDEMOCRÁTICO
 
Ya lo decía el viejo Lenin en “El Estado y la Revolución”: “Pero, partiendo de esta democracia capitalista, inevitablemente estrecha, que repudia por debajo de cuerda a los pobres y que es por tanto, una democracia hipócrita y falaz, el desarrollo progresivo no discurre de un modo sencillo, directo y tranquilo hacia una democracia cada vez mayor como quieren hacernos creer” .
 
Si por algo se ha caracterizado esta reforma estatutaria ha sido por la total falta de participación del pueblo en todos los aspectos. Los políticos de la Junta han prescindido absolutamente de la opinión del pueblo, no ha importado lo más mínimo. Es más, ni siquiera los movimientos sociales y populares andaluces han participado, en unos casos porque determinados movimientos están o cooptados o simplemente dicen no estar interesados en esta cuestión, en otros, simplemente no se les ha permitido la participación, o se les ha obstaculizado. 
 
Otra vez estamos en presencia de la consagración de la democracia burguesa, caracterizada por la dictadura del capital gestionada por los diferentes partidos políticos del sistema, sean de “derecha” o de “izquierdas”.
 
Lamentablemente, nuestro pueblo andaluz mayoritariamente cede cada día su capacidad de decisión en estos políticos, aunque estén desprestigiados, aunque no se confíe en ellos. Después de todo es normal, tras muchos años de traiciones, e ilusiones frustradas. Es normal por ejemplo que según se recoge en el “Barómetro de Opinión Pública Andaluza” de IESA el 47,3% de los encuestados desconoce que el próximo febrero tendrá lugar un referéndum para ratificar la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Tampoco sería malintencionado pensar que ese porcentaje fuese mayor del  publicado por IESA.
 
A MODO DE EPÍLOGO
 
Puede que en este análisis se eche en falta una contextualización internacional de la reforma estatutaria, ya que no podemos olvidar ni por un instante que esta reforma estatutaria es fruto de un panorama general más amplio que se concreta en Andalucía de esta manera. Aunque necesaria, dicha contextualización hubiera alargado en demasía este análisis. Igualmente habría sido necesaria una introducción histórica del denominado “proceso autonómico andaluz”, prácticamente desde 1977 a 1982, pero de la misma manera hubiera alargado demasiado el presente análisis.
 
Si algo queda claro es que esta reforma del Estatuto andaluz ni es un avance, ni es progresista, por mucho que PSOE, IU, PSA, CCOO y UGT insistan en ello. No es demagógico pensar que el apoyo de IU y PSA a esta reforma estatutaria tiene cifra y tiene nombres para cargos en empresas públicas, organismos autónomos, o diputaciones provinciales. Por otro lado, la posibilidad de que gracias a esta reforma se aumente el número de parlamentarios a elegir en las elecciones autonómicas ha acabado definitivamente por seducir a las direcciones de IU y PSA, que de esta forma en el caso de IU, aumentaría su representación, y en el caso del PSA conseguiría representación en el mismo. 
 
Por su parte, el PA, el único partido parlamentario andaluz que se opone a la reforma del Estatuto, basa su oposición únicamente en dos aspectos: 1) Andalucía nación, y 2) la financiación.  Aunque es de valorar que por una vez el PA se decida a intentar defender “los intereses de Andalucía”, las motivaciones de su “no al Estatuto” son pobres, llenas de agravio comparativo, llegando al absurdo de reclamar que Andalucía es una nación porque Cataluña se define como tal, o como rezaban una vallas publicitarias con el rostro de Julián Álvarez, Secretario General del PA, “A Andalucía “nación” le interesa”. Poco podemos esperar del PA, atrapado por una permanente indefinición política e ideológica que le permite jugar al oportunismo ramplón, y por sus corruptelas.
 
El pueblo andaluz, especialmente, los trabajadores de Andalucía, han de saber que existen alternativas, como el Estatuto[28] propuesto por las organizaciones que forman el Bloque Andaluz de Izquierdas (BAI)**, que a pesar de su descoordinación, debilidad, y contradicciones internas, ha sido capaz de ofrecer una alternativa nacional y de izquierdas a este Estatuto de la dependencia, de la estafa, neoliberal y antidemocrático. Esa alternativa se fundamenta, como no podría ser de otra manera, en el reconocimiento de Andalucía como nación, y por tanto, en el derecho a la soberanía nacional andaluza y el derecho del pueblo andaluz a decidir en paz, solidaridad, y libertad su futuro, esto es, el derecho a la libere autodeterminación. Un Estatuto que rompe con los intereses de la oligarquía española y que pone los intereses de la clase obrera y sectores populares andaluces en primer término. La tarea, el reto será que las organizaciones, los hombres y las mujeres que forman el BAI sean capaces de trasladar esa alternativa a nuestro pueblo. 
 
Málaga (Andalucía), a 21 de enero de 2007
 
*Antonio J. Torres 'Anton' milita en el BAI.
 
**[Nota de Andalucía Libre: El BAI es un frente integrado por CUT-BAI, Espacio Alternativo, Jaleo, PCPE y personas sin adscripción]

[1] El PSA se define en el artículo 1 de sus estatutos como: “(...) organización política andaluza, de carácter nacionalista y federalista, ubicada en el espacio ideológico de la izquierda (...)”. En www.psa-andalucia.org  
[2] Lo ocurrido con la reforma estatuaria catalana es muy significativo: primero se pacta con la Esquerra, un partido de izquierda socialdemócrata y nacionalista pero con sectores radicalizados a la izquierda provenientes del independentismo revolucionario catalán en su seno, para luego acabar recibiendo el apoyo del nacionalismo burgués catalán de derechas, es decir, CiU.
[3] “Infantilismo de izquierda: un golpe bajo al socialismo científico”, por Pablo G. V., en www.rebelion.org  
[4] En principio, puede parecer extraño que el PP haya dado su apoyo a esta referencia al Manifiesto Andalucista de Córdoba, donde se propugna la “separación de Andalucía de la vieja España”, entre otras muchas referencias contrarias al españolismo, siendo todo un referente del andalucismo, sobre todo de los sectores más radicalizados a la izquierda, pero de nuevo, vemos operar el “café para todos” que ya dio sus buenos resultados durante la Transición, solucionándose el “problemilla” con contundentes referencias a la “unidad indisoluble de la nación española”, como ya hemos visto.
[5] Para ser exactos, el término “realidad nacional” aparece sólo para hacer referencia a la definición que de Andalucía se hizo en la Asamblea Andalucista de Ronda, en 1918, pero curiosamente en ese texto andalucista también se ha ce referencia a Andalucía como “patria”.
[6] “Las Ciencias Sociales al auxilio de las políticas públicas imperial–belicistas”, José Antonio Egido, en www.rebelion.org  
[7] En “Andalucía versus UE”, por J. C. Ríos, revista “Independencia”.
[8] También habría que hacer referencia a los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español.
[9] Hace poco ha sido publicada  la noticia de la posible ampliación de la base aeronaval de Rota construyéndose un nuevo muelle, para más información se recomienda la lectura del artículo  “La Base de Rota se ampliará para incrementar su capacidad militar” en http://www.erllano.org/articulo.php?id=468
[10] Quizá podríamos exceptuar el caso de Sando, gran constructora malagueña que incluso se está expandiendo fuera del territorio del Estado español, por ejemplo, en los países del Este, caso de Polonia.
[11] Hay que tener cuidado con la cuestión de la “nacionalidad” de las empresas y los capitales en general, y más en esta fase del desarrollo del capitalismo imperialista. Esta relación no se hace con un fin victimista, ni “nacionalista del agravio comparativo”, se hace con el fin de poner de relevancia que dentro de la oligarquía española, el “peso andaluz” es ínfimo, y por tanto eso viene a indicarnos el poco peso específico de la economía andaluza, siendo por tanto Andalucía un país poco privilegiado por el desarrollo del capitalismo en el Estado español a lo largo de la historia. Por otro lado, a estas alturas hablar de que el BBVA es “vasco” ya que su sede social se encuentra en la Gran Vía bilbaína, por poner un ejemplo, es o una ingenuidad o una clara falta de información. 
[12] El 90% de los productos que consumen los andaluces son realizados fuera de Andalucía. Estamos importando el 53.4% de los productos agroalimentarios, se da la paradoja de que la rica y variada producción agrícola andaluza se dedique en su mayoría a la exportación.
[13] En “Andalucía en algunos datos”, por Andalucía Libre, boletín del 20 de junio del 2006.
[14] Resulta también bastante interesante la consulta de un artículo firmado por Miguel Santiago Losada, Coordinador del Área de Marginación de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), relativamente cercana al PSOE andaluz; el artículo se llama “La Andalucía del mínimo”, y se puede leer en http://www.erllano.org/articulo.php?id=408
[15]  Artículo publicado en “La Voz Digital”,  titulado “¿Solidaridad con Andalucía?”.
[16] PIB, Producto Interior Bruto, que es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un año en Estado, nación, o territorio determinado. Teniendo en cuenta hasta qué punto el PIB puede reflejar de manera fiel la realidad económica de un territorio determinado, está claro que basar la financiación en el PIB supone una injusticia para Andalucía con respecto a otros territorios del Estado español con mayor PIB.
[17] Es decir, en el Estatuto de 1981, el “Estatuto de Carmona”.
[18] Declaraciones a la Agencia EFE el 06/09/2006.
[19] Conviene no olvidar que la Comunidad Autónoma de Andalucía posee “competencias exclusivas” en educación, menos en los niveles universitarios.
[20] La operación de propaganda que fue la apertura del Museo Picasso en Málaga, al que acudieron los Reyes de España,  fue determinante para catapultar a la ex Consejera de Cultura, Carmen Calvo, al Ministerio del ramo en el Reino borbónico
[21] “Los intereses de estado (español) y la desactivación de la toma de conciencia nacional andaluza. Del primer postfranquismo al psocioalismo institucional”.
[22] “La reforma del Estatuto andaluz o el parto de los montes”, en Unidad y Lucha nº 238, noviembre de 2006.
[23] “El nuevo estatuto: un brindis al sol”, en www.cut-bai.org  
[24] ABC, 13/11/2006
[25] “Subvencionan con 5.470 euros diarios a seis familias de la oligarquía andaluza”, en www.rebelion.org Este artículo a su vez está basado en un trabajo del militante del SOC (Sindicato de Obreros del campo) de San José de la Rinconada (Sevilla), José Benítez.
[26] Para una mayor información recomendamos la lectura de los siguientes artículos, sobre al salud: http://www.erllano.org/articulo.php?id=479, sobre educación: http://www.erllano.org/articulo.php?id=427  
[27] Quedaría también por analizar dentro de la defensa de nuestro medio ambiente la cuestión del agua, en este sentido nos remitimos al siguiente artículo, sin duda alguna muy interesante: http://www.erllano.org/articulo.php?id=255   
[28] Esta propuesta de Estatuto se puede conocer en las páginas webs www.erllano.org, en www.cut-bai.org, en www.comunistasandaluces.org, o en www.jaleoandalucia.tk
 
Análisis General del Proceso de Reforma Estatutaria:
Andalucía Libre nº 293, 7 de mayo de 2006 
Andalucía, a la hora de la reforma estatutaria
Andalucía Libre nº 266, 24 de julio de 2005
Andalucía Libre nº 284, 1 de marzo de 2006
Andalucía Libre nº 94. 11 de Julio de 2001
 
Video de Jaleo
VOTA NO AL ESTATUTO
Descargate el video y difundelo
 
Videos para el NO
Razones para el NO
Andalucía rebelde al compas de la histórica melodia de Carlos Cano
Mantener la memoria
Suena nuestro Himno nacional en la versión rock de Reincidentes
En los carnavales de Cádiz. combinando autocritica y rebeldía
 
Sugerencias
 
El sitio oficial de la campaña del referendum se encuentra en la pagina Referendum de Andalucía 2007. Tiene especial interes para todas aquellas cuestiones relacionadas con la normativa de voto, incluyendo  la que afecta a los andaluces residentes fuera del Estado español.
 
Esta en la Red un nuevo sitio que tiene como objetivo difundir elementos de la historia y cultura andaluzas: Identidad Andaluza.
 
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Andalucia Libre es Andalucia Laica
POR UN SISTEMA ANDALUZ DE ENSEÑANZA , LAICO, PUBLICO, NACIONAL.
NINGÚN PRIVILEGIO LEGAL NI FISCAL PARA LAS ENTIDADES RELIGIOSAS.
POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS HOMOSEXUALES:
TOLERANCIA CERO A TODAS  LAS INTROMISIONES CLERICALES
¿Inquisiciones, Teocracias, Integrismos...?. NUNCA MÁS
 
 
Música de fondo: Malagueñas 
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