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Asunto:[AndaluciaLibre] nº 314 - El NO de la Dignidad - Córdoba, acto por el NO
Fecha:Viernes, 9 de Febrero, 2007  08:31:02 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>

Porque el Estatuto reformado es neoliberal y españolista.
Por Andalucía Libre, Contra la dominación española - VOTA NO al Estatuto de la Dependencia

nº 314
 
En este Correo:
 
*Andalucía - Opinión,
- Derrotismo de la Izquierda o el NO político de la Dignidad, Antonio Garrido Porras y Javier García Bort
- El Sindicalismo de Clase andaluz y la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomia, CSA
- Razones soberanistas para el No, Antonio Luis Calderón Diaz
- Analisis General del Proceso de Reforma Estatutaria, Andalucía Libre
*Convocatorias por el NO - Actos en Córdoba y Málaga
*Cumbre AntiOTAN de Sevilla - Informaciones y Videos, FSS
*Precios Productos básicos han subido 60% desde entrada del euro
*Solidaridad con Palestina y la Nación Árabe
*Musica de Fondo: La Varsoviana, Reseña 
*Directorio de Andalucía en Internet
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En el Referéndum del 18 de Febrero
Por Andalucía Libre, Contra la Dominación española:
VOTA NO AL
ESTATUTO DE LA DEPENDENCIA
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 Opinión
Referéndum sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Derrotismo de la Izquierda o el NO político de la Dignidad
A
ntonio Garrido Porras* y Javier García Bort*
 


Los periodos estacionarios del ciclo biográfico de un pueblo se ven, en ocasiones, interrumpidos por acontecimientos en los que parece que todo el sedimento histórico se precipita en un punto. La colectividad entonces se recapitula y, a veces, surge la exigencia de un acto común de reafirmación, un mismo gesto en que los pueblos se recuerdan, reconocen y proyectan, postulando, en fin, su propuesta de identidad. Son estos momentos constituyentes de su historia que configuran el universo de lo necesario y la demarcación de lo posible, el ámbito donde luego habrán de caer, imantadas, sus futuras realizaciones, sus palabras, acciones, decisiones, fiestas, solidaridades, etc., es decir, todo el dominio simbólico en el que se codificarán finalmente los ejes de su estructuración social, las claves de los conflictos internos y la dialéctica de su resolución, todo lo que conforma, en definitiva, la vida y el desarrollo de una nación.

El próximo Referéndum del 18 de febrero para la ratificación por los andaluces del nuevo Estatuto de Autonomía se ha formulado institucionalmente como “una nueva oportunidad de comprometernos con el futuro de nuestra tierra, y está en la mano de todos que esta cita en las urnas se convierta en una fecha de referencia en la historia contemporánea de Andalucía, al igual que el 28 de febrero de 1980 representó el inicio del despegue de nuestra comunidad autónoma en todos los ámbitos” (Manuel Chaves, en la WEB de la Junta de Andalucía). Mediáticamente, se ha activado el correspondiente y coordinado operativo para el blindaje y la clausura ideológica del debate, con la intención de reforzar la consigna del carácter fundamental que en este momento tiene la participación social (léase, depositar el voto en la urna) y ello ante la percepción palmaria de que todo el proceso anterior de reforma y reelaboración estatutaria no ha erosionado en lo más mínimo la apatía y la pasividad social que son genéticamente consustanciales al modelo político vigente (de todos modos, tampoco se pretendía en esa fase “técnica” despertar curiosidad o interés alguno, todo hay que decirlo).
 
En cualquier caso, la pretensión ahora es culminar un desarrollo normativo efectuado con mimbres tecnocráticos y con una base lógica vinculada al fortalecimiento ideológico del régimen existente, un proceso que entra en su recta final intensificado por la nauseabunda orquestación mediática que ha de recabar la adhesión emocional y acrítica a esta norma, un Estatuto desconocido por los andaluces y que no parecen sentirlo ni internalizarlo en cuanto instrumento de creación y articulación colectiva. En esa maquinaria activada para el cierre ideológico y orgánico del régimen, con tristes reminiscencias del referéndum sobre la OTAN, quedan del lado interior de las fronteras definidas por el pensamiento único estatutario una parte fundamental de Izquierda Unida, los grandes sindicatos y muchas organizaciones sociales progresistas, lo cual es una demostración, a escala andaluza, de la impresionante hegemonía que el neoliberalismo y la globalización capitalista exhiben en el mundo actual.

Las ideas que a continuación se desarrollan pretenden acompañar con modestia la crítica de izquierdas a la lógica que subyace a este texto, así como al contexto en el que se inscribe, con el objetivo de sacar las conclusiones políticas y electorales pertinentes.
 
Un análisis de izquierdas del proceso estatutario no puede silenciar los déficits profundos en el articulado del Estatuto, ni el significado de lo que sí afirma y reglamenta. Tampoco ha de obviarse la naturaleza ética de los discursos que lo acompañan, las consecuencias legitimadoras para el modelo neoliberal que contiene y la finalidad perseguida de carácter refrendatorio para el régimen español (capitalismo y monarquía). La acomodación intelectual de gran parte de la izquierda andaluza lleva a presentar este lecho de Procusto estatutario como un avance en valores, principios y herramientas democráticas, exhibiendo lo que, parafraseando a Gramsci, no es otra cosa que el pesimismo de una corta inteligencia y el optimismo de su exánime voluntad. Por fortuna, el consenso sistémico que se promulga no es universal en nuestra tierra y otras voces estudian, analizan y avanzan líneas de resistencia a este pensamiento único. Voces críticas como la representada por el SOC, la CUT, Jaleo, el boletín “Andalucía Libre” o cierto mundo universitario han empleado el escalpelo riguroso para diseccionar políticamente un proceso de reforma estatutaria al que se ha calificado con brillante justeza desde "Andalucía Libre" de estafa y cuyo resultado final no es otro que el de un nuevo “Estatuto para la dependencia”

Nada extraña en todo el programa político estatutario: ni el contenido ideológico de lo que se está sustanciando, que luego veremos, ni el formato de espectáculo que lo pretende “vender” y que, en perfecta aleación, se compaginan para ayudar a la legalización de un modelo de desarrollo político sustentado en la noción abstracta y vacía de modernidad y en una manipulada semilibertad. La costumbre del vigente régimen que consiste en encerrar el horizonte del pensamiento posible en el perímetro del consenso neoliberal, monárquico y postmoderno, laminando de ese modo la conciencia crítica de la sociedad, les ha llevado incluso a ser desautorizados por la Junta Electoral Central por iniciar la campaña con un mensaje institucional que el propio Chaves calificaba de “impecable” y que no era sino un velo más en la fiesta de sombras chinescas que es el consenso del régimen PSOE-PP, con la connivencia humillante y suicida de la elite de Izquierda Unida. Todo vale cuando la única sustancia para obtener la participación electoral masiva es el formateo de la opinión social.

No es un trámite baladí el que se formaliza con este referéndum. Se persigue la legitimación y actualización de un pilar necesario y funcional al marco jurídico y político delineado en la Constitución Española y en el conjunto normativo de la Unión Europea, incluida también su  Constitución. Toda una arquitectura institucional y normativa que, como el propio Estatuto reformado reconoce, comparte los mismos valores. Por tanto, el nuevo Estatuto no nace con ilusión y vocación de instrumento para la compensación y la defensa de Andalucía frente a un paradigma que ha demostrado ser generador de desigualdad y dependencia para nuestra tierra, sino que, por el contrario, se formula como una pieza sustentadora y funcional para el mismo.

Tanto el propio texto como la alabanza que lo defiende reconocen la filosofía de continuidad que al mismo anima y su postulación como norma reelaborada se ha justificado en la equiparación competencial que otros procesos de reforma estatutaria han inspirado. Si alguna duda cabía con relación al espíritu que espolea todo el procedimiento y a los límites sobre la libre decisión que lo encorsetan, el regreso del borrador tras su discusión en Madrid, con la intervención quirúrgica sobre 150 artículos, la despejó, para que nadie pudiese buscar consuelo en otro espejo que no fuese el de la intransigente realidad.
 
La polémica política en torno a si se definía a Andalucía como “realidad nacional” o no, culminó vergonzosamente con su atenuación final como mera evocación histórica, disolviendo de tal modo cualquier esperanza de sueño soberanista. Más allá de una retórica blanda que reivindica el lógico aspecto diferencial de la historia y de la cultura andaluzas, no se está ante un texto que, honesta y valientemente, sirva a la conciencia de los andaluces orientando la luz hacia la definición de su pasado antiguo y reciente, haciendo el recordatorio de aquellas épocas en que Andalucía fue inscrita como territorio deprimido y dependiente, al que se le expolió en lo económico y se le alienó en lo político y, con ello, ayudar al dictamen necesario de las causas y de los motivos de esa articulación subdesarrollada y subordinada de Andalucía en el interior del capitalismo español que mantiene su vigencia aún hoy.
 
No puede contener esperanza un Estatuto que no relaciona el atraso estructural y la subalternidad de Andalucía con la configuración histórica de España y que, al contrario, reivindica por omisión una única soberanía de carácter superior, la del Estado español, poder central que, paradójicamente, a la vez que niega autoritariamente el derecho a decidir de los pueblos que contiene, transfiere a centros de decisión superiores y no democráticos, como la Unión Europea, aspectos esenciales de su jurisdicción y de su competencia. Este Estatuto, con su Preámbulo conformista, edulcorante, elaborado como pura fraseología hueca, no pugna por la restitución de la verdad histórica de Andalucía, no identifica con valentía los orígenes de su sufrimiento atávico ni los mecanismos estructurales que la subdesarrollaron y la despojaron, manteniendo con ello, tal como se ha hecho durante estos últimos 25 años, la versión oficial que aliena a Andalucía de sus condicionamientos profundos, de su actual existencia social y de su devenir.

El ambiente social en el que se inscribe esta reforma es distinto al que, en 1981, aseguró la ratificación popular del Estatuto de Autonomía. En esta ocasión no hay acompañamiento alguno de energías populares orientadas a la reafirmación de la identidad política de Andalucía y, más bien al contrario, la respuesta ciudadana al nuevo Estatuto reflejará los efectos cloroformizantes sobre la conciencia crítica de los andaluces que ha tenido la gestión socio-liberal que siguió a la aprobación de la anterior norma estatutaria conformadora del actual régimen político que mantiene a Andalucía en la dependencia, la incapacidad para autogobernarse, la alienación cultural y la dominación del programa neoliberal.

Ahora se propone una reforma que se muestra, no obstante, rotundamente continuista en su lógica profunda con el anterior Estatuto, una versión renovada cuya fundamentación ideológica y jurídica designa como punto de arranque el reconocimiento explícito a los valores que inspiran la construcción política de la Unión Europea, a saber, el concepto de modernidad asociado a la mercantilización y a la competitividad social, a la flexibilización de los mecanismos de regulación laboral, a los desarrollos ecológicamente depredadores, a una economía que se sostiene en el gobierno de un mercado alérgico al control social y en el paroxismo de un consumo no socializador como el más prestigiado comportamiento que pudiera ligar al sujeto con la colectividad.

Este nuevo Estatuto profundiza en su articulado en la definición de la autonomía como descentralización administrativa. Al negar una demarcación soberana para la libre decisión y autodeterminación de Andalucía, desmiente a su vez el carácter plurinacional del Estado Español, apelando a la Constitución y a la “unidad indisoluble de la nación española” como artefactos ideológicos que aseguran coercitivamente la inserción dependiente de Andalucía en el marco político superior que la tutela, la constriñe y la condena al consabido destino de periferia del sistema. Sin capacidad, por tanto, para prefigurar los trazos esenciales de su orientación política y económica ni los mecanismos legales, fiscales, financieros para asegurarlos, el resultado devenido es, finalmente, el “armazón político” (Lenin) al sur de Despeñaperros de un régimen monárquico español que se extiende territorialmente hacia abajo y en el que las instituciones andaluzas funcionan como “agencia administrativa del Estado” (Isidoro Moreno).
 
Ya lo hemos recordado: la negación a Andalucía, mediante la invocación coactiva a la autoridad española, de su derecho a configurarse como un ámbito propio de decisión completamente soberano no parece que les haga colisionar, a los autores y defensores del nuevo Estatuto, en lo moral ni en lo jurídico, con una realidad en la que se ha transferido a instancias opacas y no fiscalizables, como la Comisión o el Banco Central Europeos, la potestad para dibujar y ordenar ámbitos fundamentales de la vida política, económica y social de las naciones, al margen de cualquier control democrático. Como un mecanismo de relojería, este Estatuto quedará trabado y ensortijado en el edificio político que va de la Constitución Española a la Europea, pasando por el Acta Única, el Tratado de Maastrich y todo el conjunto normativo y político europeo.

La reconstrucción moral y política de la izquierda en Andalucía es incompatible con la defensa de este Estatuto, con la justificación entusiasta de un dispositivo normativo que oculta cuestiones de trascendental enjundia para nuestro pueblo, como su integración coherente en la ya referida arquitectura neoliberal (cómo si no, tendría el apoyo del PP y del PSOE) y elude la incapacidad de Andalucía para afrontar tareas vitales como la descolonización de Gibraltar y el desmantelamiento de las bases militares extranjeras, asuntos innegociables y esenciales para cualquier izquierda posible, aquí y ahora. Con este Estatuto, en cambio, se les dice a los andaluces que su negativa a albergar residuos nucleares o a permitir que su tierra se utilice como cuartel de ejércitos extranjeros o lanzadera de ataques criminales contra naciones pobres, pronunciamientos fundamentales de un pueblo sobre su seguridad ambiental o sobre su posición moral en el mundo, resultarán antiestatutarios e imposibles de llevarlos a cabo con esa norma legal en la mano.

¿Desde una supuesta posición que se autodefine de izquierdas cómo se les puede instruir a las andaluzas y a los andaluces en que es buena una norma tan “fundamental” como este Estatuto cuando un problema histórico como es el de la tierra, que esencial como eje de articulación de su identidad, y la reivindicación popular asociada a él, la Reforma Agraria, quedan desamparados bajo la losa mortuoria de la Política Agraria Comunitaria, esa formulación de las políticas neoliberales que protegen a los latifundistas y a las grandes corporaciones agrarias mientras destruyen al campesinado pobre y al jornalero?. Han sido el Estatuto de 1981 y la Política Agraria Comunitaria quienes han establecido las condiciones de posibilidad con sus correspondientes resortes políticos para que la concentración de la riqueza agraria haya aumentado en estos 25 años y para que las pequeñas explotaciones sobrevivan con las mismas ayudas que los terratenientes, a pesar de que estos no utilizan el campo como fuente de vida ni de desarrollo económico.
 
¿Qué clase de izquierda puede minusvalorar estos contenidos políticos y, sobre todo, sustraerlos del debate para hacerse cómplice de un pensamiento único en virtud del cual se promueve el que la gente continúe siendo desensibilizada, engañada, infantilizada, desorientada en los aspectos más significativos sobre los que se edifica la dignidad de un pueblo?. ¿No deberían ser estos asuntos, estas decisiones “trascendentales”, momentos de oro para que una izquierda honesta y valiente llevase al debate social la agenda de las reivindicaciones históricas de su pueblo y el escenario utópico de su superación, erosionando la orgía de opacidad mediática y enarbolando en su lugar una ética de pedagogía y de participación consciente de los ciudadanos en la política?. ¿Por qué la izquierda no denuncia esta nueva retórica de renovación y progreso como lo que es: otra experiencia de acomodación a la dependencia para Andalucía y de ahondamiento en la desesperanza y en el escepticismo popular?

Un contenido irrenunciable del programa político de la izquierda ha sido siempre la laicidad de la educación. ¿Se garantiza con este Estatuto? No. Por el contrario, se asegura que se mantenga la financiación con fondos públicos de centros privados confesionales permitiendo, tal como viene sucediendo, un modelo confesional y semiprivado que es posible por la supeditación normativa al marco legislativo superior que es la Constitución Española.

En materia económica y de relaciones laborales es igualmente un Estatuto claro en la definición de aquellos fundamentos que sostendrán las grandes orientaciones económicas: “la libertad de empresa y la economía social de mercado”. Y, como en todos los asuntos de importancia estructural y estratégica (financiación y fiscalidad), remite a la legislación general española que es la que define los límites de las decisiones posibles desde Andalucía, asegurando siempre la continuidad de los grandes lineamientos del sistema vigente, engarzado a su vez en la construcción neoliberal de la Unión Europea y la atadura de pies y manos para cualquier alternativa económica, social y política desde Andalucía, al reeditar los mismos mecanismos de dependencia y los mismos vínculos con el marco constitucional que impone la exclusividad de la soberanía española.
 
Las consecuencias de este modelo jurídico y político ya las venimos sufriendo en Andalucía, a pesar de la retórica de modernizaciones y emprendedores: precariedad, temporalidad, tasas de paro y siniestralidad laboral por encima de la media española y salarios medios inferiores. Después de 25 años del Estatuto de Autonomía de 1981, con relación al cual el nuevo se presenta como reedición mejorada y renovada, pero sostenido en los mismos parámetros y fundamentos políticos, la estructura económica de Andalucía y su articulación con las economías de orden superior de las que depende no ha modificado sus condiciones de partida, al contrario, se ha acentuado “su perfil de economía extractiva, con una especialización que se estrecha en torno a la agricultura: abastecedores de hortofrutícolas a los mercados europeos” y “según un Informe del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía sobre la pobreza y exclusión social, en Andalucía hay un 26,3% de hogares con rentas inferiores al 50% de la renta media (menos de 480,16 euros/mes) y un 2,6% con rentas inferiores al 25% (menos de 240,22 euros/mes) (Oscar García Jurado).

Por lo que concierne a la denominada “deuda histórica” se le desprovee de su significación original en lo que condensaba de reconocimiento y asunción del despojo y del perjuicio causados a Andalucía por la configuración política del Estado español. En este Estatuto pierde todo contenido simbólico y reivindicativo y toda potencialidad de compensación económica efectiva, quedando a expensas de decisiones y acuerdos políticos emanados de Madrid (Presupuestos Generales del Estado, comisiones mixtas...) y eso ya se comprobó en lo que desemboca, en más ridiculización y desprecio hacia la voluntad de los andaluces y andaluzas. Finalmente, su apelación moral y económica a la reparación histórica quedará disuelta en el obituario de un definitivo y no cuantificado pago único.

El derrotismo intelectual de gran parte de la izquierda social y política de Andalucía termina doblando las rodillas una vez más en el espacio discursivo del consuelo y delatándose en la defensa de una nueva operación del régimen para enlustrar y profundizar en sus mecanismos de reproducción política y de alienación cultural. En esta ocasión y dada la importancia de lo que se decide, el programa político antineoliberal y antagonista que estuvo en el origen fundacional de Izquierda Unida queda anulado por el posibilismo entreguista y la ausencia de nervio político del que ha hecho gala su dirección, descartando su ubicación en un espacio ideológico alternativo al neoliberalismo andaluz que encarna el régimen del PSOE. Consecuencia de esta mala práctica, instaura su supervivencia en el dominio de lo complementario y de la subalternidad frente al social-liberalismo andaluz. No pueden abrirse caminos a la imaginación utópica y a la emancipación social en Andalucía mientras la parte que debería ser más consciente y avanzada ideológicamente no ayuda a los ciudadanos a conocer la radiografía de su infraestructura socioeconómica, a desvelar los mecanismos que reproducen la desigualdad, a identificar los centros de decisión, a instaurar el conocimiento de las leyes que gobiernan las injusticias, es decir, la apropiación privada de las riquezas colectivas y la delincuencia que brota de las relaciones de propiedad. Una izquierda andaluza, a la altura moral y política de las tareas existentes, rearmada con un programa decididamente socialista, debe ser una izquierda dispuesta a la confrontación ideológica y ética con el régimen PSOE-PP y con sus espacios orgánicos de influencia (sindicatos...), con sus políticas "modernizadoras" en pos de la desregulación, la flexibilización, la competitividad, la precariedad, en definitiva, con su diccionario neoliberal.

Hay que votar que No a un Estatuto que refuerza la subordinación de Andalucía, niega su derecho a la autodeterminación e impide su desconexión del encuadre jurídico centralista y de las orientaciones estratégicas neoliberales, las que se imponen desde el Estado Español y desde Europa. Votar NO es un ejercicio de resistencia moral y de coherencia política, es votar contra una operación que no es prólogo de desarrollo social y cultural, sino epílogo del paradigma de la dependencia. Hay que negar un Estatuto diseñado para profundizar en esa sujeción que escamotea al pueblo andaluz la delimitación de su propio marco político, la demarcación posible para el ejercicio de su soberanía y para enfrentar la lucha por la resolución democrática del atraso y la injusticia.

Sevilla, Febrero, 2007.

*Antonio Garrido Porras es activista del Foro Social de Sevilla
*Javier García Bort es miembro de la Permanente Nacional de CUT-BAI
 
 
Opinión
Razones soberanistas para el NO
Antonio L. Calderón Díaz*
 
A los soberanistas andaluces nos sobran razones para negarnos a aceptar esta reforma del estatuto, que el tripartito nacionalista español, nos quiere hacer aprobar, el próximo 18 de febrero.

En plenos carnavales, nos quieren vender unas propuestas políticas, como si de un gran coro carnavalesco se tratarse, que en el fondo sólo permitirán perpetuar el poder central contra los legítimos intereses de Andalucía.

Conscientes de nuestras limitaciones, para que negarlo, organizativa y económicamente, así como del bajo, índice de concienciación de la identidad nacional de nuestro pueblo, amén a lo fragmentado que se encuentra el llamado movimiento de Liberación Nacional, muchas, pero pequeñas organizaciones –políticas y sociales- impide que podamos dar una clara y contundente repuesta a este fraude que nos plantea el tripartito nacionalista español.

Por ello, los soberanistas andaluces, desde bastante antes del inicio de los debates sobre la reforma estatutaria, aparcábamos, -que no renunciábamos ni renunciaremos a la soberanía y la independencia-  lo que podrían ser propuestas rupturitas y hoy por hoy, utópicas, para  aportar ideas que permitiesen dignificar la mal llamada reforma estatutaria.

Propuestas que permitirían crean un mayor grado de concienciación nacional entre la mayoría de los ciudadanos andaluces, lo que puede significar a corto y medio plazo, alcanzar mayores cuotas de autogobierno que permita la conquista de Poder Andaluz.

Durante el proceso de debate y aprobación institucional de la reforma estatutaria que nos proponen, ha quedado claro, nuevamente, (seguramente pasará inadvertido entre la mayoría de los ciudadanos, como suele ocurrir), la falta de soberanía de las instituciones andaluzas, o dicho de otra forma: los partidos nacionalistas españoles, con implantación en Andalucía, aprobaron un texto estatutario, y cuando ha llegado a Madrid, se han subordinado a los intereses generales de su nación, España, modificando, para mucho peor, lo aprobado por ellos mismos en Sevilla, consagrando con ello el espíritu españolista al que quieren someternos.

Los soberanistas andaluces en particular y los andaluces de conciencia en general tenemos muchos  motivos para oponernos a este descafeinado estatuto; pero en tanto y en cuanto que no podamos conquistar la hermosa utopía del PODER ANDALUZ, basaremos nuestro rechazo en las siguientes razones
- Este estatuto no reconoce la necesidad, inmediata,  de la comarcalización  de Andalucía  y la desaparición de las Diputaciones que sólo fomentan el clientelismo político y el localismo.

- No contempla la creación de un Instituto Andaluz de Cultura Andaluza como hecho diferencial con respecto al Estado español y a Europa

- No contempla el derecho de que la Junta de Andalucía legisle y reconozca el derecho de Andalucía a tener sus propias Selecciones Nacionales deportivas. Y que éstas  puedan participar en competiciones internacionales con los mismos derechos que las que a día de hoy compiten.

- No se contempla la descentralización de las instituciones andaluzas, que permita acercar el Gobierno andaluz a los ciudadanos: Turismo, en Málaga; Medio Ambiente, en Huelva; Agricultura en Almería; Pesca en Cádiz, etc., Organismos dependientes como Defensor del Pueblo Andaluz, en Córdoba, ciudad emblemática como símbolo de la Tolerancia, Tribunal de Cuentas en Granada, Instituto de Tecnologías del aceite en Jaén, etc.

- No reconoce competencias exclusivas sobre nuestras aguas, un bien escaso para nosotros, por tanto todas las competencias deben ser asumidas por la Junta de Andalucía. Ni sobre Río Guadalquivir: Nuestro Gran Río, que nace y desemboca en Andalucía, ha sido y es una referencia a través de nuestra historia.

- No se reconoce el derecho y la necesidad, imprescindible, de dotar  a los profesores y alumnos, de materiales didácticos que los acerquen a la Historia y Cultura andaluzas.

- El Gobierno andaluz debería potenciar el conocimiento de la lengua árabe en todos los ámbitos de la enseñanza. Que la lengua árabe tenga como mínimo la misma posición que a día de hoy tiene las ingles en nuestros Centros de Enseñanza. La lengua árabe forma parte de la cultura andaluza. A día de hoy durante más años, los andaluces hemos hablado, pensado, amado, soñado, escrito, etc. en árabe que en la lengua castellana. Ambas lenguas son Patrimonio de todos los andaluces.

- No reivindica el derecho de devolución de la Mezquita de Córdoba a la  propiedad de los andaluces, no del Estado vaticano. La Mezquita es Patrimonio de la Humanidad, recibe cuantiosas subvenciones de la Junta, pero es administrada por otro Estado, ni tan siquiera es propiedad del obispado de Córdoba, ¿quién controla sus ingresos multimillonarios?, ¿su Patrimonio histórico?. Solo hay que recordar la subasta de vigas califales en Londres.  Este hecho en sí, debería haber motivado que la iglesia católica devolviese todo el control que a día de hoy ejerce.

- No contempla el establecimiento de convenios económicos y culturales con Murcia, Extremadura y el Algarve, sobre la base de la tradición histórica de Andalucía.

- No se reconoce a la Diáspora andalusí, los mismos derechos reconocidos a los sefardíes. Los andalusíes como una ofensa más, no tienen ninguna mención en la legislación del Estado español. La represión siglos después continúa.

- No se contempla una profunda reforma electoral que concrete la Convocatoria de elecciones en solitario. Aumentar el número de parlamentarios en consonancia con nuestra población (160-170 diputados). Que se reduzca al 3% el número de votos por circunscripción electoral para tener acceso al reparto de diputados, como sucede en otras Comunidades autónomas. Circunscripción Única en las elecciones al Parlamento Europeo. Listas electorales abiertas. Derecho a votar en Andalucía para todos aquellos emigrantes andaluces que residiendo fuera de la actual Comunidad Autónoma, así lo quisieran.
En definitiva, nos sobran razones para decir que NO a este engendro de nuevo estatuto que nos quieren imponer el tripartido nacionalista español. A todo lo comentado, habría que añadir:
* el abandono definitivo a una necesaria y justa reforma agraria;
* nuestro derecho a decidir sobre las bases extranjeras en nuestro territorio,
* un marco preferencial con Marruecos, que posibilite acuerdos bilaterales en materia de pesca, etc. 
Por eso y por mucho más, los andaluces de conciencia, daremos un rotundo NO.

Andalucía 3 de febrero de 2007
*Antonio L. Calderón Díaz es Coordinador Nacional de Liberación Andaluza
Análisis General del Proceso de Reforma Estatutaria:
 
Propaganda por el NO de NACIÓN ANDALUZA
 
Andalucía Libre nº 293, 7 de mayo de 2006 
Andalucía, a la hora de la reforma estatutaria
Andalucía Libre nº 266, 24 de julio de 2005
Andalucía Libre nº 284, 1 de marzo de 2006
Debate: las características del Estatuto y el posicionamiento de la izquierda
Andalucía Libre nº 94. 11 de Julio de 2001
 
Convocatorias por el NO
 
Acto en Córdoba por el NO
CHARLA SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO PARA ANDALUCÍA
LUGAR: Sede del PCPA en Córdoba.
C/ Magistral Seco de Herrera 15, 1º izq
(Barrio de Ciudad Jardín, junto a la Plaza de Toros).
HORA: 20:30 - DÍA: Viernes 9 de febrero de 2007
ORGANIZAN: PCPA - CJC - JALEO!!!
 
Acto en Málaga por el NO
Viernes 9 de Febrero, a las 8 de la tarde (20.00 horas)
CENTRO SOCIAL-CASA DE INICIATIVAS
(C/ Gaona, Málaga)
PLATAFORMA MALAGUEÑA POR EL NO AL ESTATUTO
 Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI, PCPA, Jaleo, ERA, y personas sin afiliación), 
IR, CJC, SOC-SAT, Ateneo Republicano de Málaga, Nación Andaluza, Alternativa Mijeña, FSA
 
 
Los del SÍ al Estatuto también defendieron al Euro
Los precios de los productos básicos han subido un 60% desde la entrada del euro
D. B. F. Granada Hoy 
 
Un estudio de la Confederación Española de Amas, Consumidores y Usuarios, CEACCU, elaborado en enero, ofrece un dato que la mayoría de los ciudadanos ya sospechaban: los precios han subido de forma “generalizada y desproporcionada” desde que el euro hizo su aparición en España, en enero de 2002. En total, en ese estudio se cifra la subida media de los precios en un 60%, en comparación con lo que costaban ciertos productos en 2001, un año antes de que la nueva moneda entrara en vigor.

Para llegar a esta conclusión, CEACCU ha analizado los precios de 59 productos que han considerado “cotidianos”. Entre ellos, artículos de alimentación, de ocio, servicios públicos y otros menos necesarios pero igual de recurrentes, como cremas para la piel o el tabaco. La comparación ha sido doble: por un lado, se ha visto la evolución de los precios de 2001 a 2002, con el cambio de la peseta al euro. Con ese dato, ya se puede apreciar la tendencia que iba a seguir en los años anteriores. Algunos productos, como los tomates, subieron el precio un 28,85%. El precio de una bolsa de aperitivos subió un 107,7%. O las tarifas postales, un servicio público, pasaron a ser un 41,1% más caras.

Pero esos datos, con el paso firme del euro en la economía española, han seguido creciendo. De los alimentos cotidianos, la barra de pan ha sido uno de los productos que más ha subido. De costar 40 pesetas en 2001, en 2006 ha llegado hasta los 0,50 euros. Lo que, trasladado a la antigua moneda, supone 83 pesetas. Una subida que supera el 100 por cien, según los datos de CEACCU. El mismo estudio detalla que llenar el carro con una compra media semanal de una familia de cuatro miembros –que antes podía llegar a las 15.000 pesetas y que ahora se calcula en 170 euros, 28.286 pesetas– ha subido un 88,5%. “Destacan la subida de alimentos modestos, como las cebollas, las sardinas o el cerdo”, sostiene el informe de CEACCU.

En esa misma tendencia exagerada al alza durante estos años se sitúan otros productos que, si bien no son de primera necesidad, sí son de uso cotidiano. Un café con leche, por ejemplo, cuyo coste para el consumidor se ha incrementado un 80%. O una cerveza, cuyo precio ha crecido hasta ser un 99,6% más cara de lo que lo era hace seis años. O las chucherías. En esta última categoría se ve el ejemplo clásico de mala aplicación de la moneda europea. Así, cuando en 2001, una chuchería costaba 5 pesetas, ahora cuesta 5 céntimos. Un incremento del 66%.

El estudio también analiza el incremento de servicios públicos o tarifas de transporte. Así, concluye que la bajada de la bandera en un taxi ha pasado a costar un 224%, uno de los datos más altos de los 59 productos analizados. Y la cuota mensual telefónica ha subido un 36,08% desde la entrada del euro
 
La subida del precio de los alimentos, los productos de ocio, de usos varios o de los servicios públicos no se ha visto correspondido con una subida de los salarios. El último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística, el tercer trimestre de 2006, estipulaba que la evolución del coste salarial –las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, realizadas a los trabajadores por la prestación profesional de sus servicios– respecto al mismo periodo del año anterior, suponía un crecimiento del 4,4%.  Además, el salario mínimo interprofesional ha subido, desde la entrada del euro en enero de 2002, un 5,4% hasta llegar a los 540,9 euros al mes en diciembre del año pasado.
 
Entre sus conclusiones, el estudio también destaca que “la sensación real para el consumidor es tener que dedicar un euro a lo que antes dedicaba 100 pesetas”, lo que supone un desfase de 66 pesetas que desaparecen del bolsillo.
 
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