Nelson Soza Montiel*

Los comicios de este domingo representarán para Bolivia su sexta elección desde la reinstauración de la democracia, en 1982, y como en las ocasiones anteriores (1985, 1989, 1993, 1997 y 2002), el país continúa sumido en una crisis acentuada por una clase política que hasta el último instante intentó detener las elecciones poniendo Evo Morales como obstáculo la redistribución de escaños parlamentarios -problema en definitiva resuelto por el Presidente Eduardo Rodríguez mediante el dictado de un decreto supremo.

Tras serle imposible hallar un consenso con representantes parlamentarios y del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz –la región más vehementemente autonomista-, Rodríguez optó por utilizar la vía del decreto para resolver la demanda de redistribución de escaños. Así, otorgó tres nuevos parlamentarios a Santa Cruz y uno a Cochabamba, a expensas de La Paz (que perdió dos) y de Oruro y Potosí, que cedieron un sillón cada una.

Asimismo, el Gobierno dio un fuerte impulso a los preparativos de la Asamblea Constituyente al designar a 23 personas de distintos sectores sociales, indígenas e intelectuales como miembros del Consejo Nacional. La misión de éste será definir los temas que debería tratar la Constituyente, impulsar la realización de la misma y del referendo autonómico, ordenar el debate público sobre los temas centrales de la agenda constituyente (abriendo espacios a la participación social y política en el mismo) y construir convergencias sobre los principios y fundamentos del nuevo Estado.

Los votantes se enfrentan al desafío de sentar las mínimas bases para superar pacífica y democráticamente la crisis estatal -quizá la más importante de su historia republicana- e iniciar el debate sobre el tipo de descentralización o autonomía que será definido por una Asamblea Constituyente -a elegir el primer domingo de julio de 2006.

La elección por primera vez de prefectos (gobernadores departamentales) pone fin a una etapa de agudo centralismo, pero su rol estará determinado por quien asuma la Presidencia en enero de 2006 y el rumbo que asuma la tendencia descentralizadora o autonómica. Los prefectos podrán desempeñar un papel facilitador u obstaculizador de la gestión del próximo gobierno. Si resulta electo el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales y si las preferencias electorales en materia de prefectos se mantienen, su administración no sólo enfrentará la adversidad del Congreso, sino que también la oposición de quienes asuman la conducción de los gobiernos departamentales: ocho de éstos podrían quedar en poder de representantes con un proyecto político contrario al programa del MAS.

Las elecciones ratificarían además la crisis estructural de los partidos políticos tradicionales. Para algunos, ellas significarán la muerte política y para otros el desafío de convertirse en nuevos protagonistas de la historia del país. Las tres colectividades más relevantes en la historia política moderna - el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)- han visto desplazarse buena parte de su militancia a nuevas fuerzas políticas como Unión Nacional (UN) y un frente de organizaciones ciudadanas aglutinado en el frente ciudadano Poder Democrático y Social (Podemos).

Las últimas elecciones municipales (diciembre de 2004) evidenciaron la caída de los tres partidos tradicionales de Bolivia y de Nueva Fuerza Republicana (NFR), debido a que precisamente aparecían como los paradigmas del descreimiento institucional subyacente en todas las movilizaciones sociales ocurridas desde febrero de 2003.

ADN sufrió una trasmutación con el nombramiento de Jorge Quiroga como candidato del Podemos, motivando el éxodo a esta nueva agrupación de la mayoría de sus militantes. En el caso del MIR, su crisis desde inicio de la década derivó en que no participase de estas elecciones, mientras que NFR arriesga perder su personería jurídica si no alcanza una buena votación.

Escenarios posibles pos-elecciones

Pese a las críticas de un manejo excesivamente sindical en las comunidades del Chapare y de su encasillamiento como ‘diputado cocalero’, el ascenso de Evo Morales ha experimentado un crecimiento lento pero sostenido tras ser electo diputado en 1997 con la mayor votación nacional.

Aunque encabeza las encuestas y sería el ganador de las elecciones, Morales podría perder la presidencia de Bolivia si sus dos más cercanos competidores -el ex Presidente Jorge Quiroga (abanderado del Podemos) y el empresario del cemento Samuel Doria Medina, candidato del centroderechista UN- unen sus fuerzas parlamentarias para convertir a uno de ambos en el próximo gobernante. Pero aun si no ocurre tal alianza, la composición actual de diputados, senadores y prefectos del MAS, la polarización existente; la presión ejercida por las empresas trasnacionales y la profunda desazón de los movimientos sociales harán de un gobierno encabezado por Morales un régimen de difícil estabilidad.

Clima de polarización electoral

El favoritismo de Morales era ya evidente incluso antes de las recientes encuestas, por lo que el mismo Quiroga deshizo su promesa inicial de respetar la primera mayoría y hacer Presidente a quien gane en las urnas aunque sea por un voto; hoy sostiene que es el Congreso quien debe definir el nombre del futuro Jefe de Estado. Unidos en general por una defensa de la orientación económica vigente, la alianza de Quiroga y Doria aparece más viable para desarticular el compromiso de Morales con una suerte de capitalismo de Estado que incluye tasas mayores de impuestos para las transnacionales petroleras.

El discurso de Morales responde en líneas generales a la llamada ‘Agenda de Octubre’ de 2003 -cuando se produjo la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada-, pero aparece como contradictorio con el de su candidato a la Vicepresidencia -quien según algunos analistas es el verdadero poder ideológico en el MAS y el controlador de su iniciativa política.

Aun cuando ha renegado del socialismo y postula un programa moderado de centro izquierda, sin nacionalizaciones ni expropiaciones y con una política respetuosa de la inversión extranjera y de la propiedad privada, en general, los grupos ligados a los poderes político y económico no quieren a Morales de Presidente -unos porque no olvidan su rol agitador y en cierto sentido desestabilizador bajo la presidencia de Carlos Mesa, (1) y otros porque recelan de su confiabilidad.

Algunos analistas estiman no improbable que la estrategia de polarización adoptada por el Podemos -en cuyos extremos se sitúan Quiroga y Morales, ignorando completamente la presencia del candidato de UN- podría serle contraproducente, si prima la visión de que aquélla podría extremar la posición de fuerza de un MAS ya poderoso en su capacidad de movilización y bloqueo, haciendo ingobernable a una administración encabezada por Quiroga. Así, el miedo a los movimientos sociales podría ser aprovechado en su favor por el MAS -expresión de esas mismas organizaciones campesinas y obreras.

En contra de este escenario obran en cambio el exceso de expectativas sociales y los límites que hallaría Morales en caso de acceder a la presidencia para satisfacerlas, lo cual podría desencadenar una espiral de demandas (eventualmente alentadas por los sindicatos de base del propio MAS) sobre un ‘gobierno popular’. A este cuadro (muy similar al alimentado en los meses inmediatamente previos y posteriores a la asunción del Presidente Salvador Allende en el Chile de 1970) se sumarían además unas presiones desestabilizadoras provenientes de organizaciones empresariales y sectores de altos ingresos.

Una tercera hipótesis hace beneficiario de esta polarización a UN, cuyo discurso más centrista se sitúa como una opción razonable frente a dos polos radicales en pugna. Una alternativa a ello sería una suerte de cogobierno o acuerdos de gobernabilidad entre una derecha moderada (Doria) y una izquierda representada por Morales.

En un mapa de percepciones cuyos ejes actuales son violencia/cambio versus estabilidad/retroceso y donde la principal demanda ciudadana parece ser el anhelo de cambios pero con estabilidad, el principal obstáculo para el Podemos es responder a la duda del electorado respecto de si Quiroga representa realmente el cambio y si puede garantizar estabilidad. Las percepciones predominantes apuntan a que su opción representa ‘más de lo mismo’ y de que quien tiene la llave de la estabilidad es Morales.

El programa del MAS: Un Estado productivista

Recuperando la idea de que ‘para distribuir, primero hay que producir’, el programa del MAS propone construir una nueva matriz productiva, redefiniendo el rol del Estado como un ‘activo promotor y articulador del desarrollo productivo industrial en una perspectiva estratégica nacional’. Plantea una suerte de shock productivo: fortalecer las economías familiares como espacios de reproducción económica y estructuras de movilización social; articular la inversión extranjera y la inversión privada local, los sectores campesinos, comunitarios y microempresarios en torno del ‘control soberano’ de los excedentes del gas y de un programa de incremento de la productividad.

Se trataría de utilizar una parte del excedente del Estado para fomentar un proceso gradual de expansión y articulación vertical y horizontal a nivel de los procesos productivos modernos (industrial), familiar y comunal, mejorando sus vínculos con el mercado en condiciones de mayor bienestar. La complementariedad de diversas lógicas y tamaños industriales en torno a objetivos productivos claros permitiría convertir la heterogeneidad productiva en una potencialidad industrial.

A ello contribuiría además la creación del Ministerio de Desarrollo Económico de la Artesanía, la Micro y Pequeña Empresa, y de los bancos de Tecnología (para el desarrollo y la reestructuración productiva) y de Desarrollo Urbano Rural (para posibilitar la ‘democratización del acceso al crédito’); la negociación de convenios bilaterales con organismos multilaterales, para obtener líneas de crédito específicas a la pequeña industria, y la creación de economías de escala de las PYMEs mediante servicios comunes, compras conjuntas de materias primas, insumos, gestión tecnológica, compra y uso de maquinaria y equipo y una gestión comercial conjunta.

Dado que el sector de hidrocarburos es considerado estratégico -de él ‘dependen el desarrollo económico y social y la soberanía, la dignidad y la integridad del país’-, el MAS plantea la ‘nacionalización efectiva’ del recurso, cuya propiedad será asumida totalmente por el Estado Boliviano, quien determinará ‘a quién y a qué precio vender’. Un nuevo Régimen de Prestación de Servicios reemplazará al actual Régimen de Concesión. Entre los proyectos para la industrialización del gas se menciona: a) separación de la mezcla de gases: metano, propano, etano; b) industrialización del metano para obtener diesel ecológico y metanol; c) cambiar la matriz energética con la instalación de gas domiciliario, industrial y comercial; d) aprovechar la potencialidad de los mercados externos con la trasformación del metano en diesel ecológico; y e) producción de plásticos y otros derivados. También plantea la integración boliviana con proyectos regionales como Petroamérica o Petrosur.

Las empresas trasnacionales ‘tendrán espacio para realizar actividades productivas o de servicios en un cuadro de respeto y adecuación de sus operaciones a la estrategia nacional y regional de desarrollo productivo’, pero bajo un control y una dirección estatales.

Otras propuestas suyas incluyen la reducción del IVA al 10 por ciento, el control riguroso del dinero circulante, la manutención de un régimen de tipo de cambio flexible y el fin de la libre contratación de trabajadores.

Descentralización versus autonomía

La elección de prefectos conforma una suerte de preámbulo a un proceso descentralizador –que muchos críticos asocian sin embargo a unos inquietantes procesos autonómicos o separatistas. Estas tendencias en Bolivia han sido de larga data, (2) pero su mas reciente manifestación ocurrió en enero pasado, cuando los grupos de presión de Santa Cruz lograron en un cabildo trasvasijar esa demanda a la mayoría ciudadana de esta zona –controladora de la principal riqueza de hidrocarburos y de abundantes recursos agropecuarios. Luego, quien sea electo prefecto en Santa Cruz liderará el proceso autonómico en ese departamento y –simbólicamente- en el resto del país.

Pero aunque el tema de las autonomías y de la federalización ya fue incorporado a la agenda pública, persisten grandes interrogantes respecto del modelo a adoptar. Las propuestas van desde la ‘autonomía asimétrica’ (el proceso lo emprenden sólo los departamentos que así lo determinen), pasando por la autonomía con base territorial y cultural (un ordenamiento político y administrativo que incluya la demanda de los pueblos originarios) y la ‘autonomía descentralizada’ (extender el proceso hasta el nivel local). Lo que está en juego en la tendencia descentralizadora es el carácter de las competencias y atribuciones.

Los desafíos estructurales

La aguda desigualdad de la sociedad boliviana ha sido el detonante de los constantes conflictos del país y la principal causa de su inestabilidad política y social. (3) El agro boliviano está parcelado entre gigantescos latifundios (la mayor parte de ellos improductivos) y cientos de miles de pequeñas propiedades campesinas que generan ingresos de subsistencia. El contraste es incrementado por el hecho de que la economía campesina genera los alimentos requeridos por el mercado local, mientras que los latifundios priorizan la exportación de soya, arroz, azúcar, algodón y maderas preciosas.

La enorme desigualdad en la tenencia de la tierra y en la distribución del ingreso tiene su correlato en la esfera política: los ‘clanes familiares’ o sus representantes han ocupado en las últimas tres décadas las posiciones más importantes en las esferas del gobierno y del Estado. El grueso de la población percibe una férrea asociación de intereses entre el poder latifundista, las empresas petroleras y el proyecto autonomista. Esta convicción ha contribuido a exacerbar una posición –mayoritaria entre las organizaciones sociales- favorable a la nacionalización de los hidrocarburos y a una nueva reforma agraria.

Aparecen así confrontadas dos visiones tanto en lo económico como en lo político. La demanda de autonomía liderada por el Departamento de Santa Cruz -para muchos la antesala de la secesión de Bolivia- sería la resultante de una sumatoria de estrategias: de las trasnacionales petroleras, para impedir la nacionalización de los hidrocarburos, y de los grandes latifundistas y empresas forestales nacionales y extranjeras, con el objetivo de frenar una nueva reforma agraria. Al otro lado, las consignas de nacionalización de los hidrocarburos y de una efectiva reforma agraria ya precipitaron la caída de los Presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

No será fácil lograr un clima político adecuado para el procesamiento ordenado de tales reformas. Una coyuntura dominada abrumadoramente por las amenazas y los desacuerdos en los aspectos más sustantivos ha instalado la incertidumbre y el riesgo como parte de los activos del proceso transicional boliviano.

La desigual distribución del ingreso, el crecimiento desordenado de la población, el comportamiento de la clase política, la polarización de las regiones, los niveles de desconfianza mutua, la tentación de usar el poder de manera absolutista, la ausencia de una actitud de diálogo y la falta de una visión de largo plazo levantarán obstáculos no menores al anhelo de construir una nueva institucionalidad. .

La actual distribución de facultades, poderes y atribuciones estatales se ha convertido en un obstáculo para la gobernabilidad democrática del país, y la Asamblea Constituyente es vista como la herramienta que debiera materializar un completo reordenamiento institucional (reforma del Estado), que rediseñe el papel de las instituciones y de los actores políticos.

Algunos intelectuales y políticos (en todo caso minoritarios) prevén que las reformas constitucionales de Bolivia deben orientarse a revisar el funcionamiento del sistema presidencial, reconfigurando las facultades del Ejecutivo -no para hacerlo más débil, sino que más eficaz y responsable, donde sus ministros y otos altos funcionarios sean responsables políticamente ante el Congreso Nacional. A crear un nuevo equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos más cercano al parlamentarismo que al presidencialismo, otorgando a cada rama del Gobierno una injerencia parcial en los asuntos de las otras, que incentive la responsabilidad y la cooperación entre ellos y que impida razonablemente la ineficacia. A establecer una jefatura garante de la unidad del Estado, de la imparcialidad de las instituciones -incluyendo los poderes Legislativo y Judicial, el Ejército y la diplomacia.

Contra las enormes expectativas existentes entre la población respecto del cambio esperado de las nuevas autoridades políticas y de una nueva Constitución (o precisamente por el desencanto asociado a unos cambios que, de producirse, no serán perceptibles en el corto plazo), muchos analistas advierten que la Asamblea Constituyente no resolverá todos los problemas, sino que persistirán unos desequilibrios precarios que el nuevo gobierno deberá enfrentar.

En las actuales condiciones sociales y políticas, la próxima administración se enfrentará a las necesidades de resolver la estabilidad política; materializar exitosamente la Asamblea -así como las tareas derivadas de ésta- y actuar en el día a día como un equilibrista constitucional de alta eficiencia. A su turno, si los nuevos legisladores no incorporan unos conceptos de racionalidad en la ley de convocatoria de la Asamblea, el país arriesgará retornar a la situación de inseguridad jurídica y política precedente a la asunción del Presidente Rodríguez. Un colapso en el objetivo de asegurar estabilidad política y realizar la Asamblea provocará una profunda crisis social y económica, que podría terminar de hundir al país.

También el nuevo Presidente enfrentará una diversidad de factores que no contribuirán precisamente a la seguridad jurídica y estabilidad política. Uno de los temas irresueltos es la polarización extrema de visiones ciudadanas respecto del tratamiento a la inversión extranjera –en especial la orientada a la industria de hidrocarburos-, sin cuyo flujo el país enfrentará nuevas y agudas restricciones crediticias con las cuales financiar su endémico déficit presupuestario.

 

*Nelson Soza Montiel es periodista y magíster en economía.

Notas