Andalucía Libre
Independencia República
Socialismo
Nº 53
En este
Correo:
La Prensa y Medios
oficiales se están dedicando a reproducir, nuevamente, una visión manipulada de
la historia, a cuenta del 25 aniversario de la muerte de Franco.
Asistimos a un nuevo ejercicio de relegitimación del
Regimen; de adoctrinamiento de la población, de amnesia selectiva y adulación
borbónica. El coro habitual se ha puesto a entonar su letania...
Por
nuestra parte, modestamente, recuperamos un viejo texto de 1996
dedicado al análisis del Regimen, como ejercicio de rebeldia.
Por
supuesto, el republicanismo que reivindica es andaluz, no español y nitidamente
socialista.
Saludos.
--oOo--
Republicana.
Somos republicanos/as a fuer de socialistas y nacionalistas;
de ser radicalmente demócratas. Creemos que una izquierda monárquica o
accidentalista es una contradicción en sus propios términos. Nuestro
republicanismo no se asienta en la abstracción o la nostalgia. Nada tenemos que
ver con el republicanismo burgués o españolista de otros tiempos. El
republicanismo que nos inspira nos conecta no sólo con la memoria y las
aspiraciones de la izquierda antifranquista, también es consecuencia expresa del
análisis concreto del actual Estado español y expresión de su alternativa.
La izquierda está obligada para ser eficaz a
recuperar el fondo de las cosas. El felipismo es incomprensible sin la
Transición; es tan heredero de los gobiernos de UCD, como estos a su vez lo
fueron de los últimos del franquismo. Pasado, presente y futuro no son
compartimentos estancos. Sin la semilla no es posible explicar el
fruto.
La Transición la dirigió y la ganó la derecha. Se
sepultó el pasado; se desmovilizó conscientemente a la izquierda; se impuso el
secreto y el pacto entre elites. Las grandes fortunas hechas durante la
Dictadura salieron indemnes; los torturadores intocados; las jerarquías del
Régimen, políticamente ilesas. No hubo aquí nada parecido siquiera a los muy
prudentes procesos de depuración vividos en Europa occidental tras la derrota
del fascismo. La Monarquía, la bandera roja y gualda y la indisoluble unidad del
Estado -que negaba el derecho a la soberanía y autodeterminación- transitaron
del franquismo a la nueva situación como condiciones infranqueables e
incuestionables. Permaneció la tutela norteamericana. Partiendo del Pacto de La
Moncloa, el proyecto de integración subordinada en la Europa Comunitaria se
impuso bajo la dinámica neoliberal imperante -luego plasmada en Maastricht- y
ello llevó al desmantelamiento productivo y al recorte de los derechos
laborales. Las nuevas elites políticas encontraron a unos intactos aparatos del
Estado bien dispuestos a colaborar en una política que les resultaba familiar y
propia. Los poderes económicos y fácticos hallaron, por su parte, en los
sucesivos equipos a una gente extremadamente receptiva a sus propuestas e
indicaciones. La única contraprestación importante recibida por la derrotada
izquierda política y social fue su legalidad; indispensable, por lo demás, para
dar credibilidad y legitimidad al proceso de
Reforma.
Cuando, desde la izquierda
entonces mayoritaria, se decía que "la cuestión no era Monarquía o República,
sino democracia o dictadura". se planteaba falsamente el dilema. Incluso,
aún cuando la fuerza acumulada hubiera sido coyunturalmente insuficiente para
imponer la ruptura, esto no tenía porqué conducir a aceptar una reforma
recortada en condición de satélite a cambio de auspiciar la desmovilización de
la izquierda social. Por contra, cabía la opción alternativa de mantener,
adaptadas a las nuevas circunstancias, las demandas y la dinámica social
precedente desde una oposición enérgica que no dilapidara la implantación y el
vigor tan trabajosamente adquiridos. Esas fuerzas y esta actitud
democráticamente consecuente, hubieran sido fundamentales para situar sin
traumas a la izquierda en el nuevo Régimen y dificultar sucesivos retrocesos.
A partir de los elementos
triunfantes se conformó un falso consenso o pensamiento único que condenaba a
priori a quien se atreviera a recordar, criticar o proponer alternativas de
fondo. Lo ocurrido se presentó como inevitable o incluso benéfico. Así, los que
fueron fuertes durante el franquismo resultaron no sólo rehabilitados, sino aún
más fuertes tras la Transición.
La simbiosis resultante tuvo
lógicas consecuencias posteriores. La corrupción de los últimos años ha sido un
hito más de la ininterrumpida intimidad tradicional entre los Gobiernos y la
gran burguesía. Resulta infinitamente más grave esa fácil y rutinaria colusión
entre banqueros y grandes empresas con quienes hicieron a su dictado la
reconversión industrial, la contrarreforma laboral o defendieron el ingreso en
la OTAN, que las propinas obtenidas para provecho personal o financiación de
aparatos electorales.
Los escándalos de los GAL,
CESID, Intxaurrondo, Roldán.., sin que ello aminore un ápice su gravedad, son la
ultima entrega hasta la fecha de una realidad política heredada. Hechos
terribles; no por los fondos evadidos sino por lo que manifiestan de
continuidad, en lo fundamental, en los medios y en los objetivos políticos con
los del tardofranquismo. Ha de ser motivo de alarma y reflexión sobre los
limites del Estado de derecho lo cerca que estuvieron de ser
absolutamente archivados y como sólo una casual y difícilmente repetible
concatenación de circunstancias político judiciales, venganzas personales
variadas y sobre todo un ya evidente declive gubernamental, hicieron posible su
reapertura. Resultan indignantes e ilustrativas tanto su descarada impunidad
como las amplias complicidades políticas recibidas por acción u omisión cuando
se pusieron en practica. Igualmente esclarecedoras son las operaciones en curso
para conseguir que sus máximos responsables políticos queden sin castigo o las
actitudes exculpatorias de quienes minusvaloran el alcance y la entidad de la
cuestión. Merece reflexión que, si bien hasta ahora el asesinato premeditado
sólo se ha usado en la acción antiETA, tanto el espionaje como la infiltración
de movimientos sociales y fuerzas de izquierda se han demostrado ya practicas
habituales; siendo consideradas legítimas formas de autoprotección del Estado
español frente a sus enemigos, aunque estos se atuvieran a la
legalidad.
Toda institución monárquica,
al estar fundamentada sobre un privilegio de nacimiento, es ya de por sí
profundamente antidemocrática.
La dinastía borbónica
española, de oprobioso pasado, expulsada del poder por voluntad popular en 1931,
debe su reinstauración a una decisión política del Régimen franquista. La
trayectoria política de Juan Carlos de Borbón, heredero y colaborador sumiso de
Franco entre 1969 y 1975, preocupado básicamente por asegurarse el trono
eludiendo un referéndum sobre Monarquía o República; sirve tanto a la burguesía
como a los aparatos de Estado de garantía de continuidad y estabilidad. Mantiene
así hilo directo con los poderes económicos, las Fuerzas Armadas y el
imperialismo. En los momentos clave, advierte y orienta, siempre en sentido
reaccionario: defensa reiterada de la unidad de España; integración subordinada
en la CEE o recientemente en la estructura militar de la OTAN, etc. Disponiendo
del mando supremo del Ejército y situado por encima de las pendencias
partidarias; convertido en tabú, sin sujeción a responsabilidad penal y
protegido por el silencio o la adulación, actúa como arbitro político máximo,
encarnando la unidad indisoluble del Estado y sus intereses esenciales. La
Monarquía actúa políticamente como carta de seguridad ante la aparición de
conflictos políticos y sociales graves.
La Constitución española,
como texto y como pacto político, es fiel reflejo de la Transición
descrita. Nació, no para garantizar
libertades sino para limitar sus alcances. La Constitución permite el recorte
efectivo de derechos civiles y políticos formalmente recogidos en su articulado.
Unos, se incumplen de hecho (aconfesionalidad, fiscalidad justa); otros, se
congelan, escamoteándolos en las leyes que presuntamente habrían de
desarrollarlos (derechos individuales) sin contar con la posibilidad de su
supresión en caso de situación de excepción; o quedan como meras afirmaciones
sin consecuencias por la estructura económica, el control gubernamental
(libertad de expresión reconvertida en libertad de edición) o el desinterés
(reinserción social de presos). En tanto los derechos sociales básicos aparecen
como meras declaraciones de intenciones sin virtualidad alguna, la protección de
la propiedad privada sobre los medios de producción y la libre empresa se
blindan, contando a su favor no sólo con las relaciones de producción actuantes
sino también con los códigos y toda la fuerza coactiva del Estado. El sistema
electoral no respeta la proporcionalidad; el Senado es una cámara de elección
antidemocrática que excluye a las minorías, cuya función es servir de artilugio
dilatorio o bastión reaccionario. Como seguro adicional, el Tribunal
Constitucional ejerce de hecho como tercera cámara supletoria. El Gobierno
cuenta con gran autonomía frente al parlamento. Es una Constitución cerrada, que
para ser reformada según sus propias disposiciones, exige superar una carrera de
obstáculos: 2/3 del Congreso y Senado; nuevas elecciones, nuevos 2/3 (228
diputados) y referéndum; de tal manera que la derecha españolista disponga
siempre de capacidad de boicoteo.
Casi todas las constituciones
-incluidas las de las dictaduras- suelen contener en su articulado algunas
bellas afirmaciones predestinadas a quedarse en el limbo de los principios
inaplicados. La izquierda puede y debe utilizar las contradicciones existentes
entre lo formal y lo real; confrontando los principios retóricamente asumidos
con su violación cotidiana en las políticas practicas, pero sin olvidar que ese
engaño no es algo accesorio sino esencial a la función política de la
Constitución española. Esta permite gobernar cómodamente sólo a un Gobierno que
haga política de derechas; un Gobierno de izquierdas -más bien antes que
después- tendría que modificarla para hacer una política de izquierda. Así pues,
no puede ser el núcleo central o el argumento justificador ultimo de una
estrategia de izquierda.
La izquierda no debe
confundir la democracia con las instituciones actuales; por el contrario,
debemos trabajar por convencer que la democracia requiere bien depurar unas,
eliminar otras o modificar sustancialmente las restantes. Es necesario afirmar
un nuevo concepto de ciudadanía, abierta a todas las personas residentes
en el país y por tanto consustancialmente opuesta a
cualquier limitación racista o xenófoba, nucleado por la
democracia participativa y la equiparación de los derechos políticos, civiles y
sociales como componentes indisociables.
Capitulo
Republicana,
Manifiesto de
Andalucía Libre
Andalucia, 11 de Julio de
1996