El presidente del comité de empresa de Santana Motor, Juan Salazar, reconoció hoy que la única solución viable para garantizar el futuro de la factoría de Linares es la segregación propuesta en el plan de choque elaborado por la Junta de Andalucía y, más concretamente, por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Tras las asambleas de afiliados de los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT, sus representantes aceptaron la difícil situación por la que atraviesa Santana, situación que, "en ningún momento, se puede achacar a los trabajadores, a los sindicatos o al comité de empresa sino a la mala gestión desarrollada por la dirección de la empresa y de la Junta de Andalucía, que nos ha conducido a una situación crítica".

En cualquier caso y, a pesar de haber aceptado como válida una de las propuestas más polémicas recogidas en el plan de choque, que consiste en la segregación de la empresa y la privatización de la parte destinada a componentes, Salazar destacó que habrá que renegociar el plan por completo, con el único objetivo de que sea capaz de asegurar un futuro estable y garantizar la actividad industrial en Santana. El requisito que exigen, tanto los sindicatos como el comité de empresa, que han aceptado de forma unánime la segregación, es que el socio privado que entre a formar parte de la empresa debe ser un socio industrial y financiero con solvencia económica y con experiencia en el sector automovilístico. Andalucia24horas   27/12/2000

El proceso de regularización de extranjeros que acaba de cerrar el Gobierno ha discriminado a los inmigrantes según el lugar donde presentaron su solicitud. Las instrucciones enviadas por Interior a los responsables provinciales fueron interpretadas de forma muy distinta por cada uno de ellos. Mientras que Madrid denegó sólo el 17,4% de las peticiones, Barcelona llegó al 70,9%. Los 27.000 rechazados están recibiendo cartas en las que se les da 15 días para abandonar España.

"Esto ha sido un desastre". El tajante dictamen corresponde a una portavoz de SOS Racismo. Para probar su afirmación, varios miembros de esta ONG admiten haber presentado las solicitudes de un mismo grupo de inmigrantes en distintas provincias, con resultados contradictorios. Los expedientes de 15 extranjeros rechazados en Almería fueron enviados a la subdelegación del Gobierno de Málaga, que aprobó ocho de ellos. Otros cinco inmigrantes rechazados en Granada fueron regularizados en Málaga... Esta práctica ha sido utilizada por otras organizaciones, como Mujeres Progresistas, hegemónica en la comarca de El Ejido.

Las dos citadas otras ONG, que prefieren mantener el anonimato, ofrecen varios ejemplos de la disparidad de criterios con los que han actuado las subdelegaciones, incluso de provincias limítrofes: "Como prueba de que los inmigrantes se hallaban en España antes del 31 de julio de 1999 [requisito indispensable para obtener la regularización], las autoridades de Málaga admitían un acta notarial firmada por un testigo. La misma prueba era rechazada en Granada y en Almería. En esta última ciudad aceptaban, en cambio, una carta matasellada o un contrato de alquiler" fechados antes del fin del plazo, afirman Mercedes García Puerta, presidenta de Mujeres Progresistas, y la portavoz de SOS Racismo en Granada.

Miembros de esta última organización explican que la presentación de las mismas solicitudes en distintos lugares ha sido posible "porque las delegaciones y subdelegaciones no tenían los ordenadores conectados entre sí".

Regularización desigual

La discrecionalidad en la concesión de los permisos de residencia y de trabajo queda patente en los propios resultados del proceso, presentados el jueves por el secretario de Estado responsable de la Inmigración, Enrique Fernández Miranda. Un ejemplo: mientras que Barcelona sólo admitió al 29,1% de los aspirantes, su vecina Girona aprobó al 82,2%. "Ha habido zonas, como Almería, en las que las autoridades han ido endureciendo sus exigencias a medida que crecía el número de peticionarios", denuncia la Asociación pro Derechos Humanos.

Mustafa Mrabet, portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME), declaró que se ha producido "una situación de agravio" con respecto a sus compatriotas. Para apoyar su queja, recordó que el porcentaje de resoluciones favorables para los inmigrantes de Marruecos ha sido del 52%, mientras que para los de Latinoamérica sobrepasa el 80%. Mrabet afirmó que esa diferencia "responde a una discriminación debida a la religión o a la procedencia geográfica".

La autonomía de las delegaciones de cada provincia es patente incluso tras el cierre oficial del proceso de regularización. La portavoz de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración declaró ayer a EL PAÍS que ni siquiera existe un documento tipo para notificar a los aspirantes el veredicto que han obtenido sus peticiones. Los enviados hasta ahora a los rechazados son diferentes en cada provincia, aunque todos les advierten que deben abandonar España en un plazo de 15 días.

El caso de Madrid es especialmente llamativo: muchos peticionarios han recibido en el reverso de su carta de denegación los nombres de otros aspirantes cuya solicitud ha sido también rechazada, informa Begoña Aguirre.

La delegación del Gobierno para la Inmigración tampoco sabe cómo se articulará el proceso de expulsión de los rechazados. "Eso dependerá también de las delegaciones del Gobierno", dijo su portavoz.

La nueva ley sí contempla la expulsión de irregulares, pero es dudoso que se les pueda aplicar con carácter retroactivo a los excluidos del último proceso de regularización y, sobre todo, resulta prácticamente imposible aplicarla. Delia Blanco recordó ayer que Marruecos es prácticamente el único país que admite a sus ciudadanos expulsados de España, pero hay que demostrar que tienen dicha nacionalidad, por lo que los marroquíes podrían ser los más perjudicados por esta medida. El Ministerio del Interior está negociando un convenio de admisión con Nigeria, de donde proceden muchos de los subsaharianos, pero aún no se sabe cuándo estará en vigor. Los indocumentados cuya nacionalidad se desconoce no pueden ser expulsados a ningún país.

Pero, además de los problemas legales, existe una incapacidad material. Con la ley de Extranjería de 1985 se venían expulsando unos 5.000 extranjeros al año, por lo que haría falta más de un lustro para expulsar a los 27.000 actuales, sin tener en cuenta a los que sigan llegando. Finalmente, está el factor económico: se estima que la expulsión de un ciudadano chino cuesta alrededor de un millón de pesetas, teniendo en cuenta que, además del billete de avión, hay que pagar a los funcionarios que se encargan de la custodia.

Fuentes del Ministerio del Interior reconocieron ayer que no existe ningún plan para expulsar a los inmigrantes, mientras que un portavoz de la Secretaría de Estado para la Inmigración no supo explicar qué va a ocurrir con ellos. Fuentes policiales indicaron que lo más probable es que se siga actuando como en el pasado: sólo serán detenidos y expulsados cuando se les requiera la documentación y se compruebe su estancia irregular en España.

El ministro Portavoz, Pío Cabanillas, declaró ayer que "no se va a organizar ninguna cacería" de inmigrantes irregulares. "Es espantoso plantearlo en esos términos, sencillamente se ha regulado lo que es el marco jurídico del extranjero en este país".

El resultado de esta política, advirtió Delia Blanco, es que se condena a decenas de miles de personas a vivir en la marginalidad, caldo de cultivo de la explotación laboral y la delincuencia. La presidenta de CEAR y diputada del PSOE denunció también que el Gobierno no ha arbitrado medios económicos para favorecer la integración de los inmigrantes, ya que la partida de 500 millones prevista resulta "abiertamente insuficiente".

Los inmigrantes desplazados hasta Almería con la falsa esperanza de regularizar su situación y que ya tienen un número de cita previa para ser atendidos en las próximas semanas tendrán que esperar hasta el 8 de enero para presentar su documentación, ya que las fiestas navideñas interrumpirán el funcionamiento habitual de la Oficina de Extranjeros. Según fuentes policiales, aproximadamente un 40% de las personas que logran un número de cita previa se quedan en Almería a la espera de acudir el día que se les haya asignado para atenderlos.

Hasta la fecha, ninguna institución ha planteado iniciativas efectivas para poner en marcha un dispositivo de urgencia que evite que los inmigrantes desplazados hasta Almería por un falso rumor tengan que pasar la noche en la calle o acogidos por amigos. Eso ha provocado que desde que comenzó la masiva llegada de extranjeros haya sido habitual la estampa de decenas de inmigrantes pasando la noche tirados en las calles de la capital resguardados bajo cartones o mantas.

Ya son 15.942 las citas previas que se han repartido desde que se detectó la masiva llevada de extranjeros solicitando permisos de residencia por circunstancias excepcionales. De esos inmigrantes, más de 5.000 han podido presentar en estos días sus solicitudes.

Hasta el momento se han resuelto mil peticiones. Absolutamente todas han sido denegadas. La Subdelegación del Gobierno ya ha advertido de que prácticamente todas las que se presenten se denegarán, porque no reúnen los requisitos necesarios. Como medida disuasoria, la Oficina de Extranjeros expuso ayer la lista de las personas cuyas solicitudes han sido denegadas.

En un comunicado, el Gobierno indica que, "tanto desde el punto de vista del orden público como por razones humanitarias, la decisión de establecer citas previas se consideró la mejor solución posible", respondiendo así a las críticas efectuadas por responsables de la Junta de Andalucía, quienes aseguraban que las citas alentaban la esperanza de los inmigrantes a ser regularizados.

La Subdelegación recordó que, según el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, "cualquier ciudadano, español o extranjero, tiene derecho a presentar escritos y solicitudes dirigidos a las Administraciones y que éstas tienen la obligación de recepcionarlos, aunque la petición carezca de fundamento". Por tanto, los representantes del Ejecutivo consideraron que "negarse a recibir las solicitudes de los inmigrantes significaría la negación de un derecho reconocido por nuestras leyes".

Respecto a este asunto, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, declaró a Onda Cero: "Existe una situación grave en Almería y pienso que estaría perfectamente justificado que se pudiera anunciar continuamente que se cierran las ventanillas hasta que pasen bastantes días. Y que se anuncie con bastante claridad que no se va a proceder a ninguna regularización de la situación de los inmigrantes. En el momento en que se cita a los inmigrantes para dentro de diez o quince días", añadió, "se está provocando que se queden en la ciudad, y ahí se puede crear una situación delicada y difícil".

Es sabido que en tiempos de Franco, cuando este salía por televisión dando un discurso las dos cadenas entonces existentes reproducían la misma señal. Las opciones eran: 1ª. Verlo y oirlo. 2ª. Apagar la tele. 3ª. Bajarle el volumen... La izquierda antifranquista solía acompañar cualquiera de ellas del recurso al rico y amplio arsenal de tacos y blasfemias de las diversas lenguas ibéricas.

 

En tiempos de su sucesor a titulo de Rey, Juan Carlos Borbón funcionan cinco cadenas estatales (tres privadas y dos publicas) a las que hay que sumar cadenas públicas autonómicas en varias naciones y zonas con uno o dos canales. Todas, excepto una, a la hora en que se suele celebrar la cena de nochebuena, conectan en simultaneo y emiten todos los años el Mensaje del Sr. Borbón. Este y el de la Pascua Militar suelen ser los soportes de definición y adoctrinamiento anual de la Corona.

 

Este año, PP-PSOE se dispusieron a evitar la anomalía de que hubiera UNA cadena, la ETB-Televisión pública vasca- que no emitía el mensaje. Para ello, aprobaron incluso una proposición no de ley en el Parlamento vascongado. Decían que la no conexión de ETB venía a ser una muestra de sectarismo... El Gobierno PNV-EA no les hizo caso (lo mismo que el Gobierno andaluz del PSOE de hace dos legislaturas hizo en multitud de ocasiones con este tipo de propuestas no vinculantes aprobadas por el Parlamento andaluz). ETB no emitió el mensaje borbónico.

 

Y esto fue lo que pasó:

ETB fue líder durante el mensaje del Rey

EUSKAL TELEBISTA (ETB) fue líder audiencia la pasada Nochebuena durante el mensaje navideño de Juan Carlos I. La cadena vasca, que optó por no variar su programación para incluir el discurso del monarca español, consiguió una cuota del 44,6%. A la misma hora, TVE con la retransmisión del mensaje del Rey, consiguió un «share» del 27,5%; Antena 3, un 16,7% y Tele 5, un 7,5%. La decisión del director general de EiTB, Andoni Ortuzar, de no variar la programación para ofrecer en directo el mensaje del Rey Juan Carlos I, como exigían PP y PSOE, ha levantado una polémica política en el Estado español. El PP ha presentado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para exigir el cese inmediato de Ortuzar, mientras los socialistas no les van a la zaga en las críticas al director general.
Pero el hecho es que según datos ofrecidos por el ente público, casi la mitad de los telespectadores vascos que estaban frente al televisor la noche de Nochebuena, eligió Euskal Telebista (ETB). En concreto, el programa de ETB1 (cadena en euskera) ³Hator kantari Hator² obtuvo un ³share² o cuota de pantalla del 22,3% y el especial ³La Primera Noche² de ETB-2 un 21,2%.
En la franja horaria que va desde las 23: 30 a la una de la madrugada, que habitualmente ocupa el momento de después de la tradicional cena de Nochebuena, ETB fue líder de audiencia con una cuota de pantalla del 39,1% de share, TVE obtuvo en sus dos cadenas un 35,6%. Más lejos quedaron Tele5 con un 10,2%, Antena3 con el 9,2% y el resto con un 4% share.(...)
Como ya informó DEIA, ETB no alteró su programación del día 24 para incluir el mensaje de Navidad del Rey, como solicitaba una proposición no de ley del PP, por criterios exclusivamente de audiencia. La decisión fue adoptada por el director general de EITB, Andoni Ortuzar, después de seguir el jueves el debate en el Parlamento vasco y escuchar al día siguiente al Consejo de Administración. El Consejo aprobó por diez votos a favor y seis en contra un texto en el que consideraba que la Proposición no de Ley «interfiere en la necesaria libertad de programación de los medios de comunicación públicos vascos, claramente regulada en la Ley de creación de EITB».

Es decir, el 44,6% de los televidentes vascongados no tuvieron ni que apagar la tele ni que bajarle el sonido... En Andalucía, Canal Sur y Canal 2 Andalucía (como todas las demás) nos metieron Borbón hasta en la sopa. No fuimos tan afortunados...

La bolsa ha puesto fin a cinco años de subidas ininterrumpidas. Cinco años que se han merecido el apodo de "capitalismo popular", ya que en el mercado de acciones tienen intereses más de ocho millones de españoles, según datos de la Bolsa de Madrid. los procesos de privatización que se han producido en estos ejercicios y las numerosas ampliaciones de capital y salidas de nuevos valores han atraído el ahorro de amplias capas de población que, ahora, sufren la caída más abultada de esta década. En lo que va de año, la bolsa ha perdido 6,16 billones de pesetas de su valor y los pequeños inversores -propietarios del 35% del mercado- han visto cómo se les esfumaban algo más de dos billones de pesetas.

LUIS APARICIO, Madrid EL PAÍS

La Bolsa española vale hoy 6,16 billones de pesetas menos que al comienzo del año. Un dinero que se ha esfumado con la caída del precio de los valores. En el selectivo índice Ibex 35, de sus componentes, sólo 12 han conseguido una ganancia, mientras que el resto soporta pérdidas en muchos casos abultadas. Prácticamente todos los grupos se ven salpicados por el signo negativo. Bancos, eléctricas, telecomunicaciones y, cómo no, los valores de la llamada nueva economía , que, tras un primer trimestre brillante, no han hecho otra cosa que caer.

De esta pérdida de valor bursátil, a las familias les corresponden 2,15 billones de pesetas, ya que ellas son las propietarias de aproximadamente el 35% de las acciones que se negocian en el mercado. Un dinero que se ha dejado de ganar, y que estaba ahí latente a principio del año, y que en gran parte se había generado en los anteriores ejercicios de bonanza del mercado.

Un capitalismo popular en el que muchos han buscado el complemento del sueldo anual, o un dinerillo con el que cambiar de coche o pasar unas vacaciones inolvidables. Quién no conoce a un familiar, amigo o él mismo que se ha visto atraído por las fuertes ganancias que ha registrado la Bolsa en los últimos años. El año 2000, sin embargo, ha frustrado esta posibilidad, en una Bolsa que llevaba desde 1995 subiendo de forma ininterrumpida.

Éste es un fenómeno novedoso en el mercado español, por cuanto la Bolsa, hasta finales de la década de los ochenta, no había conseguido este calado social. Según datos de la Bolsa de Madrid, cerca de 8 millones de españoles tienen intereses en la renta variable y, por tanto, no son ajenos a sus subidas y descensos como el actual.

Subida desde 1995

El arraigo de la inversión bursátil entre amplias capas de la población española tiene un lustro de existencia. Desde el año 1995, los tipos de interés han tenido -hasta este ejercicio- una tendencia claramente a la baja que obligaba a los ahorradores a asumir los riesgos que supone recurrir a la compra de acciones. La cuenta corriente, el depósito bancario o las populares letras del Tesoro apenas rentaban nada y el dinero se veía forzado a buscar alternativas, y nada mejor que la Bolsa para sacar partido a ese capital.

Asimismo ha sido decisivo el proceso de privatizaciones de empresas públicas y de salida de nuevos valores a Bolsa, que ha colocado al mercado de acciones en una continua oferta, donde se ha buscado a los inversores particulares como los principales aliados. En estos cinco últimos ejercicios, el Estado ha vendido todas sus participaciones en las empresas públicas ya cotizadas -con la salvedad de la compañía papelera Ence- y ha sido el inversor particular el que ha venido a sustituir en gran medida al Estado como propietario.

A estas privatizaciones de compañías tan grandes como Repsol, Endesa, Tabacalera o Telefónica hay que añadir la salida de nuevos valores al mercado. Más de 50 sociedades han acudido en los últimos cinco años a financiarse a la Bolsa, solicitando para ello el ahorro de los ciudadanos. Todos estos fenómenos son los que llevan a que esta crisis de la Bolsa tenga en el caso de España unas connotaciones especiales.

La implicación de los mercados en las finanzas familiares es tal que los analistas se preguntan cómo puede afectar una crisis bursátil al conjunto de la economía. Una pregunta que tiene su sentido por la estrecha relación entre el ahorro y grandes capas de población en el mundo desarrollado.

Blas Calzada, director del servicio de estudios de la Bolsa de Madrid, explica los efectos que puede tener una caída del mercado sobre el conjunto de la economía: "El concepto del efecto pérdida de riqueza es muy utilizado cuando se producen crisis en los mercados, pero es muy difícilmente medible. Nadie lo ha conseguido evaluar. Con la experiencia de otras caídas en los mercados, lo cierto es que nunca ha afectado al consumo de forma directa. El ahorrador lo que suele hacer es ahorrar más, pero no deja de consumir de forma drástica", advierte el experto.

Así, pese a la implicación de muchas familias en la Bolsa, la pérdida de este año no parece preocupante en el sentido de que pueda afectar a otras parcelas de la economía.

"La situación sería más complicada si la caída de la Bolsa viniera acompañada de una subida de los tipos de interés, pero está ocurriendo todo lo contrario: los tipos están bajando. Los inversores trasvasan dinero desde la Bolsa hacia la renta fija y provocan ese descenso en los tipos. Había muchas ganancias acumuladas y se está produciendo ese trasvase. Algo muy normal, porque el inversor tiene ahora miedo de perder todo lo ganado en estos años", añade Blas Calzada.

Cierto es que en estas pérdidas del mercado no se ha producido ninguna declaración ni intervención pública para buscar una mejora en las cotizaciones, como sí ha ocurrido en otros momentos de pánico bajista.

El peso tecnológico

También existen otros matices sobre este descenso que ha llevado en el año a perder el 13,28% al índice de la Bolsa de Madrid y nada menos que el 22,17% al Ibex 35, con datos del cierre del pasado viernes. Las mayores caídas se han producido en los valores de la nueva tecnología. Estos valores no son los más numerosos de la Bolsa, ni siquiera los que más valor tienen.

Tal y como apuntan expertos del mercado bursátil, los porcentajes de capital en circulación de las empresas tecnológicas son más bien bajos y la única excepción de un gran valor tecnológico que ha calado entre los inversores particulares es Terra. Un valor que este mismo año rozaba los 157 euros de valor y que el pasado viernes lograba volver a los 12 euros en su cotización tras la fuerte caída del pasado jueves que le llevó al mismo nivel que en su colocación en noviembre del pasado año.

Aunque son muy llamativas las oscilaciones de los valores tecnológicos, podría calificarse su evolución como poco representativa del ahorro de los españoles, más centrado en títulos de mayor solidez en su evolución. Tal vez, por su abultado número de accionistas y su gran calado, la pérdida de un 28% en el valor de Telefónica sí tenga una repercusión más clara en los bolsillos de sus accionistas. Pero no hay que olvidar que esta misma compañía ha triplicado su valor en los últimos años.

De igual forma, los fondos de inversión que colocan su dinero en acciones, y en los que también están metidos buena parte de los ahorros de los españoles, han registrado abultadas bajas, incluso mayores que las del propio mercado.

Marruecos

Estos últimos días, la represión ha crecido enérgicamente en Marruecos. La famosa apertura, celebrada por los medios de comunicación y la ex-oposición aparece como lo que realmente es: una hábil mascarada destinada a asegura una transición de reinado sin grandes sacudidas.

Tres periódicos marroquíes independientes han sido definitivamente prohibidos por el Primer Ministro socialista, bajo el pretexto de que podían atentar contra la apertura democrática y los pilares institucionales del país. Estos periódicos habían revelado una carta de un viejo dirigente histórico de la oposición en donde aparecía implicada indirectamente en los preparativos del golpe de estado de 1973. Un golpe seco al desarrollo de una prensa no partidista, critica con la política gubernamental. La apertura concedida a las elites se cierra de nuevo en un país donde las relaciones de dominación, el aparato de seguridad y los mecanismos de funcionamiento del poder central siguen intactos.

Solamente algunos días después de esta ofensiva contra la libertad de expresión, decenas de miembros y dirigentes del movimiento integrista radical son arrestados por haber organizado una concentración de protesta por la prohibición de su prensa.

El 9 de Diciembre es el turno de los militantes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) -que reivindica la condena de los torturadores y de los responsables de la represión durante los años de plomo- para ser detenidos. 36 de entre ellos se arriesgan a ser condenados a duras penas. Esa misma tarde, un comunicado del Ministerio del Interior impone la prohibición de toda manifestación en el país.

El 11 de Diciembre, la Asociación Nacional de Diplomados en Paro (ANDCM) organiza una sentada central en Rabat para denunciar las múltiples persecuciones que sufre regularmente y exigir el derecho al trabajo. Es su turno para ser acosada por las fuerzas del orden.

Hay dos razones principales para esta escalada represiva.

El primer factor, es que desde 1998 hemos asistido a un despertar social difuso expresado a través de luchas múltiples por la vivienda, el empleo, la educación, las condiciones de trabajo, los derechos democráticos... Si estas luchas han concluido raramente en victorias, sin embargo, han implicado y afectado a capas paulatinamente más amplias de la sociedad, incluyendo a las zonas rurales. El recurso a las huelgas salvajes, a las ocupaciones de fábricas, a las manifestaciones en la calle son más frecuentes, aún por los sectores menos organizados. El riesgo de una explosión social es real; más aún cuando la política gubernamental tiende a acelerar las reformas liberales (privatización de la enseñanza; desmantelamiento de los servicios públicos...) y la degradación de las condiciones de vida y de trabajo. El coste de adaptación a los acuerdos de asociación y libre cambio con la Unión Europea esta igualmente lleno de consecuencias sociales: desmantelamiento del tejido productivo, marginalización de regiones enteras; asfixia de la agricultura tradicional...

El segundo factor es la perdida de legitimidad del Gobierno actual, sumiso al Poder y al liberalismo. La propia Monarquía, aunque bien surtida de discursos modernistas, sabe que la situación actual hace imposible la paz social y que el vacío político crece claramente al no existir estaciones intermediarias creíbles entre la monarquía y la sociedad.

En ese contexto, la represión deviene el medio principal para evitar que se abran las costuras de la situación. Actúa en primer lugar sobre las fuerzas alternativas potenciales: la izquierda radical, el movimiento social independiente y en el otro extremo del arco político, el movimiento integrista. El Gobierno dirigido por la USFP intenta anestesiar todas las formas de lucha directa y de evitar toda convergencia entre luchas sociales y luchas democráticas. La prensa gubernamental acaba de anunciar la puesta en vigor de una nueva ley destinada a reglamentar las libertades públicas... ¡Cabe imaginar cual será su contenido!.

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