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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 94 - ESPECIAL REFORMA ESTATUTARIA
Fecha:Miercoles, 11 de Julio, 2001  06:11:42 (+0200)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>


nº 94
Cita Nacional:
Granada, 2 de Enero de 2002
Toma NO; Viva Andalucía Libre
 
 
En este Correo:
 
ESPECIAL REFORMA ESTATUTARIA
* EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA
 - El alcance de la Propuesta Chaves.
 - El Contexto Político.
 - Reacciones.
* Argumentaciones desde el PSOE:
- José A. Griñan, La reforma del Estatuto de Autonomía.
- Javier Pérez Royo, ¿Reforma del Estatuto?.
* LA PROPUESTA NACIONALISTA.
- Introducción.
- Cuestiones de estrategia, táctica y metodo.
- Articulacion de la Propuesta Nacionalista.
* CONTRA EL FEDERALISMO ESPAÑOL.
Enlaces.
* Sugerencias, Avisos, Enlaces, Directorio, Música
 
--oOo--
 
 
 Andalucía
EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
Andalucía Libre.
 
En nuestro anterior numero de ANDALUCÍA LIBRE, donde describíamos el debate sobre el estado de la Nación en el Parlamento andaluz, ya realizamos un primer análisis de la propuesta deslizada por el Presidente Chaves acerca de una posible reforma del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía. De entonces acá el asunto ha seguido dando juego y es posible que perdure como elemento de la agenda política andaluza. Por ello nos ha parecido conveniente dedicarle un espacio adicional en nuestro Boletín. No sólo por la propuesta en sí, el contexto en que se realiza o las reacciones institucionales que ha provocado o puede provocar, sino también y especialmente sobre todo porque resulta una excelente ocasión para que la izquierda nacionalista refresque su reflexión estratégica acerca de su propuesta de marco político nacional y medite sobre su pedagogía al exponerla ante el pueblo andaluz.
 
EL ALCANCE DE LA PROPUESTA CHAVES.
 
Lo primero a ubicar es el alcance de la propuesta. Chaves no ha propuesto directamente reformar el Estatuto sino, tal y como recoge el sitio de la sucursal andaluza del PSOE, "la apertura de un debate político y social sobre el texto del Estatuto de Autonomía, abierto incluso a su propia reforma si fuera necesario, con el objetivo de dar un nuevo impulso de autogobierno que facilite la 'segunda modernización de Andalucía', una vez 'consolidadas' las instituciones andaluzas durante los 20 años de vigencia del Estatuto".

No hay, como era de esperar, ningún ánimo de balance autocrítico o de rectificación sobre el marco constitucional y estatutario vigente. Según Chaves, el actual Estatuto de Autonomía: "ha permitido la transformación de Andalucía, resolver problemas endémicos en materias como comunicaciones, salud o educación y la integración plena de la comunidad en la UE, debe servirnos también para seguir avanzando en el siglo XXI, si bien las nuevas circunstancias derivadas de la construcción del Estado de las Autonomías, la nueva arquitectura europea y los avances tecnológicos plantean la necesidad de abrir un debate sobre el texto estatutario". Chaves, subrayémoslo, inserta este debate sobre la posibilidad de reforma estatutaria como un elemento más en esa pretendida "segunda modernización de Andalucía". A la hora de concretar algo a qué se refiere con ello, Chaves dice: "Si queremos seguir creciendo y que el crecimiento sea diferencial y convergente con las economías más avanzadas, tendrá que ser con un nuevo modelo económico", aunque se limita a señalar como instrumentos para alcanzarlo recursos viejos -el V Acuerdo de Concertación suscrito con empresarios y sindicatos para toda la legislatura- o genéricos: "el impulso a la innovación y las nuevas tecnologías". Paralelamente, Chaves reafirma una vez más su apuesta por "reforzar el compromiso europeísta" de la Junta de Andalucía, aceptando disciplinadamente el contexto impuesto por la moneda única y la ampliación al Este de la UE.

Es decir, la propuesta, como posibilidad difusa, forma parte de un paquete bajo la rubrica -que parece destinada a tener larga duración- de esa llamada "segunda modernización" que, evidentemente, se presenta como tarea destinada a ser desarrollada por los mismos que supuestamente han culminado la "primera modernización" de Andalucía: el PSOE. De ahí que su continuidad en el Gobierno no sería ya una mera búsqueda egoísta de autoperpetuación sino casi una necesidad nacional. 

El discurso de Chaves, digámoslo claramente, apesta a recurso autojustificativo. Un lema presuntamente nuevo (lo de la segunda modernización, que además recuerda descaradamente a lo de la "segunda Transición" de Aznar) para dar cobertura a las soluciones mágicas que lleva repitiendo desde hace años: Europa e Internet. La novedad es que a esto le ha adjuntado la traslación andaluza de la propuesta federal del PSOE, colocándola bajo las palabras mágicas: "reforma del estatuto". Y con ello ha abierto la caja de los truenos.

 
EL CONTEXTO POLITICO.

Resulta evidente que este conejo sacado de la chistera, ha sorprendido a todo el arco parlamentario. En su descargo, hay que recordar que si algo ha caracterizado al PSOE andaluz durante estos veinte años ha sido su identificación absoluta con el Estatuto (actitud compartida, por otra parte, por el resto de fuerzas parlamentarias) y su rechazo visceral a cualquier proyecto de modificación o superación de ese marco político. Más aún, resulta obvio que el PSOE andaluz ni siquiera ha exprimido todas las posibilidades de gestión autónoma que el actual Estatuto ofrece (por limitadas que sean), como por contraste evidenciaron recientemente las iniciativas de imposición tributaria selectiva planteadas por el muy españolista Rodríguez Ibarra en la vecina región extremeña. Incluso, primero cuando gobernaba también en Madrid y después cuando lo hace el PP, ha aceptado que se le robaran a Andalucía recursos cuantificables en miles de millones (la llamada deuda histórica, los fondos europeos...) sin levantar la voz, limitándose a utilizar para consumo interno y desgaste del PP, asuntos escandalosos como la negativa del Gobierno español a reconocer a efectos de financiación el censo real andaluz. Su misma actuación en los sucesivos debates sobre modificaciones en la financiación autonómica se han planteado siempre no como defensa de los específicos intereses andaluces sino como utilización instrumental de Andalucía para sostener en clave jacobina la más fuerte Hacienda estatal posible. El PSOE andaluz si por algo se ha caracterizado, en resumen, es por asumir que el Estatuto lo que confería a Andalucía era la posibilidad de gestionar y desarrollar políticas predeterminadas desde Madrid y nunca, ni por asomo, ha pensado en aplicar en Andalucía políticas fundamentales contrapuestas a las españolas, usando decididamente hasta donde pudiera sus competencias legales y donde no, generando conflictos políticos por la vía de su imposición de hecho. Si algo define bien a Chaves es su presencia como firmante en la reaccionaria Declaración de Mérida, que no por casualidad surgió como reacción españolista al Pacto de Lizarra; utilizando deshonestamente por enésima a vez a Andalucía como cobertura de España.

Dos fenómenos coadyuvantes están detrás de la propuesta Chaves, convergentes en esta concreta coyuntura. De una parte, los atisbos de los proyectos federales estatales del PSOE, el discurso de Maragall en Cataluña y las posibles vías que pudieran plantearse en Euskadi de aquí a cierto tiempo, le inducen a no considerar inteligente mantener la cerrazón berroqueña mantenida hasta el momento. De otra, el agotamiento de la política desarrollada hasta la fecha en Andalucía, de sus instrumentos y de buena parte de la efectividad de su discurso justificativo, le inducen a mover ficha para recuperar iniciativa. Ahora, después del mal trago de las cajas de ahorros, ha buscado y encontrado un recurso para pasar pagina. Recubriéndose con la toga de estadista, Chaves puede decir a la opinión pública andaluza que se va a citar en fecha inmediata con los siete ponentes del Estatuto -José Rodríguez de la Borbolla, Miguel Ángel Pino y Ángel López (PSOE); Carlos Rosado y Pedro Luis Serrera (UCD); Javier Pérez Royo (PCE); y Juan Carlos Aguilar (PSA)- para recabar sus opiniones en una reunión que quiere sea 'abierta' e 'informal'. Porque lo gordo del asunto radica en que, pese al revuelo, primero, no se ha comprometido a proponer la reforma del estatuto sino, como hemos dicho, meramente a abrir un debate sobre si merece la pena reformarlo; segundo, no ha adelantado nada, más allá de las generalidades citadas o de referencias a elaboraciones estatales del PSOE, sobre qué concretamente defendería el PSOE que habría de reformarse; tercero, sabe perfectamente que según la propia letra del Estatuto (Art. 74) no cuenta siquiera con los 3/5 necesarios (65 diputados) para aprobar cualquier reforma en el Parlamento andaluz, ni aun sumando a los votos del PSOE, los del PA, PCE-IU o Mixto (futuro PSA) que sólo llegan a 63; por lo que el PP puede bloquear el solo cualquier propuesta sin necesidad de salir de Andalucía. Pese a lo que pudiera parecer, este factor estatutario restrictivo -que contrasta, por ejemplo, con el Estatuto vasco donde sólo se requiere mayoría absoluta (aquí serían 55 diputados)- juega como red de seguridad para Chaves y el PSOE que por nada del mundo querrían que este asunto corriera el riesgo de írsele de las manos planteándose como un conflicto abierto entre una hipotética mayoría legal andaluza contrapuesta a una mayoría legal española. Un nuevo regalo heredado de la canallesca redacción estatutaria, pactada en su día para asegurar el control del estatus andaluz y el veto legal de la derecha españolista. Recordemos también que la Constitución española establece que la reforma estatutaria requiere para ser efectiva según su legalidad, antes del tramite de ser sometida a referéndum del pueblo andaluz, conseguir la mayoría absoluta de los votos del Congreso de los Diputados español, en manos actualmente del PP, como es sabido. Consecuencia natural, por otra parte, de la esencia política del Estatuto como texto tutelado y supeditado a la institucionalidad española. Es decir, que detrás de toda esta alharaca, lo que resta es, nuevamente, una operación de acoso temporal hacía el PP destinada, en caso de desarrollarse, a culminar finalmente en un nuevo consenso entre la izquierda y la derecha españolistas y además con un horizonte temporal que supera la actual legislatura.
 
 
REACCIONES.
 
Consciente de ello, si en un primer momento la sucursal andaluza del PP se limitó a rechazar frontalmente la ocurrencia presidencial, pronto ha pasado a decir que está abierta a hablar; siempre y cuando Chaves explique "para qué quiere modificar el Estatuto y qué partes de él quiere modificar". Una forma de saltar sobre las expectativas del PSOE de reproducir artificialmente un escenario político tipo 28-f, devolviéndole la pelota a Chaves por la simple vía de exigirle concreción.
 
De igual modo, en el PCE-IU, si primero -cediendo a la rutina en que llevan años instalados- Romero se limitó a repetir su letanía federal de siempre y luego Alcaraz criticó la falta de sustancia de la propuesta reivindicando el actual Estatuto, pronto ha pasado a defender la reforma (a fin de cuentas, la tiene aprobada internamente desde 1993, aunque sea con muy diferentes presupuestos y contenidos políticos a los que publicita). Valderas -su coordinador en Andalucía- y Concha Caballero -portavoz adjunta en el Parlamento y cabeza de su sector critico llamazarista- se han colocado prestos en la posición de reivindicar el papel de decididos impulsores del proceso para evitar que se quedara en un brindis al sol por parte del PSOE. Resulta claro que el PCE-IU busca en este asunto un tema con el que salir del aislamiento e intentar recomponer su maltrecha área de influencia. De ahí su anuncio de que la sucursal andaluza de IU iniciará a partir de septiembre una campaña entre los agentes sociales, organizaciones, partidos políticos (incluidos los extraparlamentarios, decía) y planteará, si es preciso, una iniciativa legislativa popular para someter el debate a fondo en la Cámara autonómica: 'Nosotros vamos el coger el testigo para que la reforma se haga', afirmaba Valderas.  Lo que por otra parte no es sino una reformulación de la propuesta de Foro que ya lanzó Valderas al ser electo como coordinador, cambiando -eso sí- su objetivo de entonces de estudiar el cumplimiento y desarrollo del estatuto a debatir sobre los contenidos de su reforma. Cambio político que hay que adjudicar a los efectos de la proposición del PSOE y que si algo denota es precisamente las carencias del PCE-IU y su supeditación política a los ritmos y contenidos que impulsa el PSOE. Sin embargo, uno de los problemas del PCE-IU es que su posición en el escenario político le fuerza -a diferencia del PSOE- a empezar ya concretando en qué reforma piensa y ahí lo que dice es, como no podía ser de otra forma, que la basa en el avance de la construcción de un modelo de Estado federal, con igual autonomía para todos los territorios; la reforma del Senado, con la creación de un único colegio electoral para Andalucía además de incompatibilidad en los cargos de senador y diputado andaluz; y culminar antes de 2004 todas las transferencias pendientes, para solicitar después un paquete de transferencias delegadas. IU propone también alcanzar un amplio acuerdo sobre financiación autonómica, la participación de la comunidad en aquellas materias de política europea que afectan a Andalucía y la modificación de la Ley Electoral, hacia una Cámara más proporcional y representativa. Por último, la descentralización comarcal y local, la capacidad autonómica en materia fiscal y de planificación económica y dar el papel a los ayuntamientos de 'motores' de la reforma, el cambio y la construcción 'nacional de una Andalucía más igual y equilibrada'. De todo lo cual, amen de las coincidencias con las propuestas estatales del PSOE, las generalidades o ambigüedades o los meros añadidos -pues son modificaciones constitucionales y no estatutarias como lo del Senado- lo que viene a destacarse sobre todo es el muy escaso empaque de la propuesta y sus muy limitados efectos políticos sobre la situación nacional, incluso en el caso de que fueran asumidas y aprobadas. ¿Se atreverá a pedir a esos futuros aliados, socios o satélites -según se les quiera calificar- que dice pretender agrupar, que suscriban en septiembre estos contenidos o similares?. ¿Habrá alguno que llegue a ello?.
 
Otra fuerza a la que la propuesta Chaves ha situado en su sitio y desvelado de manera cruel en sus limitaciones ha sido al regionalismo. Forzado por la circunstancia, el Partido Andalucista ha concretado en doce puntos lo que sería su modelo. Y aparte de nominalismos tan jacarandosos como limitados (que se reconozca a Andalucía nacionalidad histórica (?) dice, ¿porque no nación, que es lo suyo y lo correcto ya puestos?); de crear la provincia única andaluza, pero eso sí, manteniendo las provincias actuales reconvertidas en unos llamados entes supracomarcales (¿a qué entonces el cambio?); de copiar el antidemocrático sistema de la comunidad autónoma vasca en el sistema de adjudicación de escaños (igualdad en las provincias al margen de sus diferencias de población) o meterse en el resbaladizo asunto de dar representación en el Parlamento nacional a los andaluces residentes fuera de Andalucía, con lo que cabe concluir que deberían renunciar a votar a los parlamentos de las naciones donde viven, por ejemplo, Cataluña o Euskadi; la propuesta política de los andalucistas -puestos a pedir la Luna- se reduce a reclamar que la Administración autonómica sea el único canal para Andalucía por el que se ejecuten aquí todas las políticas decididas en Madrid o en Bruselas. En otras palabras, políticas españolas o europeas, recubiertas de Verdiblanco. Ni siquiera se atreven a exigir el derecho de veto andaluz en lo referido a asuntos de su competencia afectados por decisiones europeas, conformándose con solicitar una inoperante audiencia previa consultiva. En el colmo del patetismo, reclama (punto 11) una posibilidad ya existente y reconocida, como es la posibilidad de establecer convenios de cooperación con otras comunidades autónomas o regiones tanto europeas como extraeuropeas.
 
Junto a estas reacciones orgánicas, se plantean desde el propio PSOE otras destinadas a justificar y acotar la salida de Chaves (ver articulo de Griñan, más abajo) o a interrogarse no sólo sobre qué se busca sino especial y enfáticamente sobre las posibles consecuencias de la dinámica abierta por Chaves (articulo de Pérez Royo).
 
 
La reforma del Estatuto de Autonomía
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ / EL PAIS
diputado a Cortes españolas por el PSOE. 

Según una leyenda ática, Procusto asaltaba a los caminantes y les hacía sufrir un horrible suplicio: los tendía en su cama y trataba de hacer coincidir su tamaño con la longitud del lecho, mediante cortes y estiramientos de las víctimas. Aunque, según la mitología, Teseo terminó con Procusto, la historia nos demuestra que el hijo de Egeo no consiguió acabar con su especie. Para muchos sigue siendo mejor encerrarse en su mundo que abrir los ojos a la realidad que cambia. En la política democrática desembocan distintas lealtades. Lealtad con las ideas, lealtad con las instituciones, lealtad con los electores y hasta lealtad con quien, tras vencernos en las urnas, ejerce el gobierno. Pero, para los reformistas, hay una lealtad que, por encima de todas las demás, debe guiar siempre el trabajo del político: la lealtad con la realidad. No estoy hablando de una compañía cómoda porque la realidad suele ser la primera en delatar nuestras equivocaciones; la que nos obliga a un proceso permanente de cambio y adaptación. La coherencia más exigible no es la que ha de existir entre un político y sus creencias, sino la que debiera existir entre sus ideas y la realidad.

En el último debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, el presidente Chaves ha lanzado una propuesta de consenso para la reforma del Estatuto de Autonomía. Días antes, el presidente del Tribunal Constitucional había hablado de una cultura de cambio de la Constitución, censurando esa forma de mirarla como si de un texto sagrado se tratara. Resulta significativo que los americanos, que en historia democrática nos llevan algunos cuerpos de ventaja, invoquen Enmiendas para hacer valer sus derechos constitucionales. Nada hay, por tanto, de herético en pedir reformas en las leyes fundamentales, puesto que, si los tiempos cambian y cambian las formas de vida, es natural que los principios rectores de nuestra convivencia se adapten a esos cambios. Las constituciones son singulares dentro de la estructura legal de un país, no porque no puedan ser modificadas, sino porque, para serlo, exigen procedimientos y garantías solo practicables a partir de amplios consensos. La misma complicidad social que hizo nacer una ley fundamental es exigible para cambiarla. De ahí que el presidente Chaves haya pedido no tanto un cambio concreto sino un consenso para reformar el Estatuto.

¿Y por qué ahora una reforma del Estatuto? Sencillamente porque la realidad política, económica y social de hoy tiene muy poco que ver con la que había cuando fue redactado. Veamos: En la actualidad, una decisión del Banco Central Europeo puede tener mayor repercusión en el bienestar colectivo de los andaluces que la ejecución de todo el presupuesto de la Junta de Andalucía; un acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura, o de Pesca, o de Economía y Finanzas, de la UE puede trascender más al bolsillo de los andaluces que el conjunto de leyes que aprueba el Parlamento andaluz en un año; un acuerdo en la OMC puede abrir y cerrar más puertas a nuestra capacidad productiva de lo que sería capaz de hacer un buen, o mal, gobierno andaluz. Pues bien, hace veinte años, no existía el BCE, tampoco la OMC, y en los consejos de ministros europeos no había silla para España. Las cosas, pues, han cambiado sustancialmente en estos dos decenios; lo cual obliga a preguntar si la voluntad del pueblo andaluz, sus posibilidades de autogobierno, puede seguir expresándose de la misma forma, con los mismos medios y cauces, que se previeron en el origen de nuestra autonomía.

La cumbre de Niza ha convocado una conferencia intergubernamental para 2004, cuyo objetivo básico es articular de nuevo las competencias entre la UE, los Estados miembros y, para el caso de países como el nuestro de estructura federal, las regiones. Andalucía no puede estar ausente de este proceso, ni en la fase de la formulación de propuestas y alternativas, ni, antes aun, en la formación de la voluntad del gobierno español. De ahí la importancia de forjar, desde ahora, un amplio consenso sobre cuál ha de ser el papel de la Europa ampliada, el de España y el de Andalucía en un mundo globalizado, y de cuáles han de ser las instituciones más adecuadas y la coordinación más eficaz entre ellas para conseguirlo. Todo esto, entiendo, está en el origen de la propuesta que hizo el presidente Chaves para abordar la segunda modernización de Andalucía, mediante la reforma del Estatuto. Es una propuesta abierta y, por eso mismo, habrá tentaciones, lo sé, de utilizarla para volver a debates que fueron cerrados con el consenso. Habrá, también, quienes crean que la penitencia por su falta de compromiso histórico con la autonomía andaluza les obliga ahora a convertirse en los más celosos defensores de la intangibilidad del Estatuto. Y habrá, por qué no, quienes traten de hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento. De nada de esto se trata. Sí, en cambio, de hacer que la nueva realidad en la que vivimos hoy los andaluces se vea reflejada por nuestras leyes fundamentales. Este es el sentido más cabal de la reforma. Dice un viejo proverbio eslavo: 'Este es el cuchillo de mi abuelo; mi padre le cambió el mango y yo le he cambiado la hoja'. Dicho de otra forma: Sólo adaptándolo a la realidad actual, nuestro Estatuto de Autonomía seguirá siendo el mismo por el que luchamos el 28 de febrero de 1980.
 
¿Reforma del Estatuto?
JAVIER PÉREZ ROYO / EL PAÍS
 
En el mundo del derecho no hay cláusulas de reforma. Las normas jurídicas van siendo producidas por los órganos constitucionales legitimados para ello a medida que van siendo exigidas por la sociedad. Y van siendo modificadas o derogadas por los mismos órganos que las crearon a medida que la evolución de la sociedad lo exige. Ninguna ley prevé cuál es el procedimiento a través del cual podrá ser reformada o derogada. Las Cortes Generales o el Parlamento de Andalucía la reforman o la derogan siguiendo el mismo procedimiento a través del cual la crearon. Únicamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía disponen de cláusulas de reforma, es decir, únicamente ellas prevén el procedimiento para que se puedan introducir cambios en su texto.
 
Esto no es así por casualidad. La reforma es uno de los elementos definitorios del concepto de Constitución (o del de Estatuto), sin la cual la Constitución no sería Constitución sino que sería una ley más. Una Constitución sin cláusula de reforma es una ley que puede ser modificada por el legislador ordinario. Es lo que ocurre en Inglaterra, que carece de Constitución, aunque dispone de varias Leyes Constitucionales, modificables por el Parlamento siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.
 
La reforma de la Constitución o del Estatuto es una institución que pertenece más al mundo de la política que al mundo del derecho. Con la reforma lo que se pretende es una finalidad de naturaleza política: preservar la vigencia del consenso constituyente o estatuyente y evitar su alteración abierta o soterrada por parte de la mayoría parlamentaria. El texto de la Constitución o del Estatuto es un límite para el ejercicio del poder por parte de la mayoría parlamentaria estatal o autonómica. Las decisiones políticas que se adopten y las normas jurídicas que se creen por parte de la mayoría parlamentaria no pueden ir más allá de lo que la Constitución o el Estatuto permiten. Para ir más allá, hay que proceder previamente a la reforma de la una o del otro.
 
Quiere decirse, pues, que la reforma de la Constitución o del Estatuto es ante todo una operación política, en la que se tiene que debatir si el consenso constituyente o estatuyente con base en el cual se ha organizado la convivencia sigue teniendo la misma vigencia que cuando se alcanzó o si, por el contrario, es conveniente proceder a una actualización del mismo. Únicamente en el caso de que se llegara a la conclusión de que es necesario actualizar el mencionado consenso constituyente o estatuyente, se tendría que poner en marcha la reforma de la Constitución o del Estatuto en cuanto operación jurídica. La Política es siempre previa al Derecho.
 
Viene a cuento esta introducción de la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía en el debate sobre el estado de la comunidad de reformar el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Sabiendo como está el patio, esto es, la crispación que soporta el sistema político andaluz, es claro que al presidente no se le ha podido siquiera pasar por la imaginación abrir jurídicamente el proceso de reforma del Estatuto. Las mayorías que se exigen son tan cualificadas que no están al alcance de ningún partido. Ni siquiera en el año 82 consiguió el PSOE una mayoría suficiente para reformar la Constitución o el Estatuto en solitario. Y es seguro que ningún partido lo va a conseguir en el tiempo en que es posible hacer predicciones.
 
Hablar de reforma del Estatuto desde una perspectiva jurídica carece en este momento de todo sentido. De la reforma únicamente se puede hablar políticamente. ¿Es oportuno abrir un debate sobre la reforma del Estatuto o resulta, por el contrario, desaconsejable?
 
La verdad es que no tengo una opinión formada al respecto. Me sorprendió, como creo que a casi todo el mundo,la propuesta del presidente y no he tenido tiempo de reflexionar sobre ella, porque corregir exámenes ha sido mi principal ocupación estos días.
 
Hay, de entrada, algunos elementos que juegan a favor de la propuesta del presidente. Es claro que Andalucía jugó un papel decisivo en el diseño y en la inicial puesta en marcha del Estado de las Autonomías, que no habría llegado a constituirse tal como lo conocemos sin el impulso del referéndum del 28 F. Pero no lo es menos, que el Estado de las Autonomías de hoy no es ya el Estado que se constituyó en la primera mitad de los ochenta. Jurídicamente es casi el mismo. Pero políticamente no lo es. El Estado de las Autonomías es hoy una realidad que resultaba casi inimaginable en el momento de su diseño e inicial puesta en marcha. ¿Continúa siendo la misma la posición de Andalucía en el Estado que la que tenía hace veinte o quince años y, si no es así, cómo deberíamos trabajar para resituarnos de la manera más favorable?
 
Un segundo elemento que juega a favor de la propuesta del presidente es el cambio que se ha producido en el entorno regional europeo. Cuando se hizo el Estatuto todavía no habíamos iniciado casi las negociaciones para la integración de España en los que entonces se llamaba Mercado Común. Hoy la Unión Europea es lo que todo el mundo sabe que es. Y este cambio afecta a la posición de Andalucía de una manera extraordinaria. Todos los días lo estamos comprobando a propósito del aceite, de la pesca o de la inmigración.
 
El elemento más problemático de la propuesta me parece, en una primera reflexión, que reside en la dificultad de desconectar la reforma del Estatuto de la reforma de la Constitución. Tengo la impresión, insisto que en una primera reflexión y muy a bote pronto, que los problemas con los que tenemos que enfrentarnos exigen antes una reforma de la Constitución que de los Estatutos de Autonomía. Son las ambigüedades constituyentes y no las estatutarias las que dificultan el perfeccionamiento del Estado de las Autonomías y la ubicación adecuada de las comunidades autónomas dentro del mismo.
 
En todo caso, no creo que se pierda nada abriendo un debate sobre estos asuntos. Más bien, todo lo contrario.
 
LA PROPUESTA NACIONALISTA
Andalucía Libre
Nos parece adecuado ahora presentar un esbozo de propuesta nacionalista alternativa. La formulamos como aportación al debate político necesario en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Andaluz.
1. La izquierda nacionalista debe desenmascarar el carácter tramposo, parcial y oportunista de la propuesta Chaves (como ya hemos descrito anteriormente). Es necesario denunciar que con esta propuesta el PSOE sólo pretende amagar ante una cuestión clave para nuestro futuro nacional y que además, desde el principio, la enfoca con la nítida intención de concluir cualquier hipotético proceso futuro en un consenso con la derecha españolista representada por el PP.
 
2. Tambien es necesario recordar -sobre todo cara a las nuevas generaciones- lo que significo en su día de estafa política a las aspiraciones nacionales andaluzas la aprobación del vigente Estatuto y la consecuente imposición del marco estatutario. Se dijo entonces que con el estatuto, Andalucía se autogobernaría plenamente y tendría capacidad real para resolver por si misma su situación sin depender de voluntades y decisiones ajenas; lo que evidentemente ni ha ocurrido ni podía ocurrir. No sólo no ha habido políticas andaluzas propias ejecutadas en las cuestiones fundamentales sino que incluso resultan notorios los claros fracasos de gestión en las áreas competencia de la Junta. La responsabilidad política de esta frustración implica a todas las fuerzas políticas que participaron en este engaño sosteniendo al Estatuto y al marco político que este ampara: PSOE, PP, PCE-IU, PA.
 
3. Aún así, el MLNA ha de constatar las posibilidades que abre, muy posiblemente de forma imprevista e inadvertida, la propuesta Chaves al margen de su propia intención y aprovechar la circunstancia para difundir sus propuestas y ampliar su audiencia política en la Nación como única corriente con análisis sinceros y claros y respuestas definidas y coherentes.
 
De una situación en donde el PSOE consideraba perfecto, intocable e incuestionable el marco estatutario pasamos a otra donde es la propia Junta la que reconoce la necesidad de un cambio. De un contexto en donde el debate político establecido asumía, en su caso, la preeminencia y primacía exclusiva de las hipotéticas reformas en el texto constitucional y en Madrid, entendiendo las reformas estatutarias sólo como una consecuencia derivada y un desarrollo posterior de la adecuación constitucional pasamos -merced a la propuesta Chaves y por más que se sostenga en la hipocresía y la simulación- a otra situación en donde se acepta como mínimo el carácter paralelo de ambos procesos o debates, reconociendo la especificidad de la cuestión estatutaria andaluza y por ende y de hecho la existencia de un marco político propio singularizado.
 
La izquierda nacionalista ha de subrayar con energía e insistencia la especificidad y singularidad de la cuestión estatutaria, centrando el debate político en la Nación. La izquierda nacionalista ha de defender con contundencia que los cambios y modificaciones a afrontar son sólo dependientes de las necesidades e intereses del pueblo andaluz y que su resolución, en un sentido u otro, sólo ha de atenerse a la voluntad mayoritaria del pueblo andaluz.
 
CUESTIONES DE ESTRATEGIA, TÁCTICA Y METODO.
 
4. Para la izquierda nacionalista el principio supremo es el respeto a la voluntad del pueblo andaluz y a sus intereses como Nación. En este contexto histórico, hoy este principio se encarna y residencia institucionalmente en el Parlamento andaluz (por mucho que seamos conscientes de su inutilidad manifiesta hasta el momento para defenderlos) electo por la ciudadanía andaluza. Quienes nieguen o limiten esta capacidad irrestricta de representación y resolución o quienes actúen políticamente supeditándolo en la practica, de hecho o de derecho, a cualesquiera instituciones o normas preexistentes, atacan y traicionan el fundamento mismo de la democracia y de los derechos democráticos y nacionales del pueblo andaluz.
 
Hemos de remachar incansablemente que la voluntad del pueblo andaluz y su derecho a determinar su presente y su futuro no puede restringirse ni limitarse por la letra de viejos textos ilegítimos como la Constitución española o el Estatuto; aprobados hace más de veinte años mediante engaños y además bajo la presión del Ejército español. Entre el respeto castrador a la letra de esos textos y la satisfacción de las necesidades y reivindicaciones del pueblo andaluz, la izquierda nacionalista apuesta radicalmente por atenerse y defender estas ultimas. Esta es la forma en que paralelamente plasmamos y argumentamos nuestra asunción del principio de la Soberanía Nacional de Andalucía, a la vez que mostramos la manera de ejercerla.
 
Consecuentemente, este poder constituyente del pueblo andaluz no puede someterse a los términos del Art. 74 del Estatuto. Una mayoría (55 votos) del Parlamento andaluz resulta sobradamente legitima para formular un nuevo marco nacional. No le reconocemos ninguna potestad a un Parlamento de mayoría extranjera como el español, para entrometerse en cuestiones andaluzas, arrogándose la capacidad de autorizar o no lo que el pueblo andaluz pueda disponer acerca de si mismo. Quienes se escuden tras la letra del Art. 74 para eludir sus obligaciones o hacer oídos sordos a las demandas nacionales, traicionan a Andalucía. La izquierda nacionalista ha de afirmar con claridad que de disponer de esos 55 escaños no capitularía ante ninguna presión o restricción ajena y adelantar con rotundidad que ese es su firme compromiso ante el pueblo andaluz cara al futuro.
 
Sin por ello perdernos en un debate nominal, tenemos claro que lo que Andalucía necesita no es una llamada reforma estatutaria sino un proceso constituyente nacional.
 
5. Resulta obvio que, incluso ateniéndose sólo a las cuestiones con las que ahora el PSOE justifica la apertura del debate sobre la reforma estatutaria, a saber: la respuesta a la globalización capitalista, a la construcción y ampliación neoliberal de la Unión Europea o la reestructuración interna del Estado español, la respuesta sintética, lógica y coherente es la independencia nacional. Sólo constituyéndose como Estado nacional independiente, Andalucía dispondría de elementos políticos realmente operativos para defenderse con eficacia ante esos desafíos a la vez que para desarrollar su identidad nacional y resolver sus carencias seculares.
 
No obstante, el MLNA ha de tener presente, a la hora de formular política y pedagógicamente su alternativa, cual es su realidad política y tomar nota de la correlación de fuerzas en el seno de la Nación. Por ello, ha de actuar más que oponiendo una consigna, difundiendo unos contenidos y propuestas, al margen de si estos terminan casando con esta u otras definiciones. Este nos parece el método más acorde al nivel de manipulación que sufre todavía hoy la mayoría del pueblo andaluz, la mejor forma para contribuir a que se libere de ella y el mejor camino para extender, hacer asequible y enraizar socialmente la alternativa nacionalista. La cuestión clave que planteamos a nuestra Nación es: ¿no es esta la mejor propuesta para defender los intereses andaluces?. ¿No es tambien la más clara y legitima?. Entonces...
 
ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA NACIONALISTA
 
6. Articulamos en términos positivos, principios, criterios, explicaciones, argumentos y demandas concretas. en el orden que nos parece mejor para su exposición y comprensión.
 
* Principio de Soberanía Nacional.         
 * Considerando el imprescriptible e inalienable derecho del pueblo andaluz a determinar su destino con plena libertad y sin limitaciones. 

          * Considerando al pueblo andaluz, natural y legítimo dueño de su Soberanía como Nación y por tanto titular de la capacidad de disponer de todos los instrumentos y competencias políticas que considere necesarias para resolver sus problemas políticos, económicos, sociales, ecológicos y culturales, así como para preservar su identidad nacional.  

          * Considerando al pueblo andaluz, consecuentemente, único poseedor de la potestad de determinar democráticamente las competencias que asume o delega en cualesquiera marcos políticos supranacionales o de establecer la forma de recuperarlas en su caso, así como de fijar que tipo de relación institucional prefiere mantener con otras naciones y en qué manera articular la solidaridad. 

          * Recordando la voluntad de autogobierno manifestada masivamente el 4 de Diciembre de 1977, reafirmada en el Referéndum del 28 de Febrero de 1980, así como la subsiguiente frustración de las esperanzas sociales que acompañaron y animaron estos históricos hechos. 

          * Constatando la negativa del Estado español -recogida en su Constitución vigente- a reconocer estos democráticos derechos nacionales del pueblo andaluz. Constatando la comprobada inutilidad del entramado estatutario para sacar a Andalucía de la marginación política y el subdesarrollo económico. Constatando, en definitiva, la necesidad de un nuevo marco político que respete la dignidad de los andaluces y andaluzas facilitando la construcción de una nación libre, soberana y solidaria. 

          * AFIRMAMOS el derecho de Andalucía a su Soberanía Nacional y Autodeterminación. Afirmamos el derecho de Andalucía a disponer de su Soberanía Nacional y a que ésta sea jurídica y políticamente reconocida.

* Aplicación del principio de Soberanía Nacional a la fiscalidad.
Andalucía establecerá soberanamente su propio régimen tributario y se encargará de la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección atendiendo a las normas que para la coordinación, armonización fiscal, supervisión y contribución, en su caso, al Fondo de Compensación se contengan en su Concierto nacional. Dichas normas estarán en concordancia con las que dicte  el Parlamento andaluz para idénticas finalidades en su ámbito nacional. El Concierto fijará un cupo global, que podrá ser positivo o negativo, revisable periódicamente, constituido como participación nacional en las cargas generales compartidas y -en su caso- en el Fondo de Compensación. El Concierto habrá de ser debatido y aprobado por el Parlamento andaluz, tras su negociación bilateral con el Gobierno español.
 
Dado que Andalucía se encuentra por debajo de la media del actual Estado español en bienestar social y grado de desarrollo económico, medible a partir de una serie de indicadores socioeconómicos objetivos(desempleo, nivel de precariedad, desequilibrios económicos, déficits de equipamientos e infraestructuras, población, necesidades de la caja de la seguridad social andaluza...) Andalucía cuantificará su cupo negativo en su Concierto y recibirá transferencias netas por esa cantidad del Fondo de Compensación español como aportación para la nivelación de recursos en aplicación de los principios de devolución histórica, solidaridad y discriminación positiva. Estos principios serán fundamento político básico e inexcusable de la relación concertada entre la Hacienda nacional y la española. 
 
* Aplicación del Principio de Claridad Competencial.
Andalucía en uso de su Soberanía Nacional no puede seguir tolerando el engaño de disponer de unas presuntas competencias que, a la hora de la verdad, están subsumidas en otras en manos del Estado español, constreñidas por la llamada condición concurrencial que limita por diferentes vías -legislaciones básicas, de bases, pretendidamente coordinadoras, etc- la potestad andaluza reduciendo a las instituciones nacionales andaluzas al nivel de meros entes de gestión, aplicación o desarrollo de normas y políticas españolas.
 
Andalucía, por consiguiente y ejerciendo su Soberanía Nacional, sólo reconocerá dos niveles de competencias: 1. Propias y exclusivas, en las que le corresponde la plena potestad para establecer toda su legislación, desarrollo reglamentario y gestión.  2. Delegadas, en aquellas cuestiones que voluntaria y soberanamente -en tanto así lo considere oportuno- remite para su ejecución al Estado español.
* Delimitación competencial entre el Estado andaluz y el Estado español.
 
El principio que rige la delimitación competencial entre ambos Estados es simple: Andalucía considera necesario disponer de competencias plenas en todos aquellos asuntos y ámbitos que le afectan directamente, en donde no ha de supeditarse a acuerdos u opiniones ajenas para desarrollar su propio modelo de organización y vida social y en donde no existe razón alguna que justifique una delegación competencial expresa para una mejor ejecución de sus intereses propios o compartidos.
 
Quiza fuera más rápido citar las que delegamos al Estado español pero parece más adecuado a nuestros objetivos sustituirlo por un repaso no exhaustivo de las que reclamamos para nuestra Nación.
 
Consecuentemente, el Estado nacional andaluz es plenamente soberano y dispone de competencias exclusivas en los siguientes asuntos:
1. Condiciones de adquisición de la ciudadanía andaluza. Emigración. Inmigración. Extranjería y derecho de asilo. [Se acabó el estar a expensas de Madrid para fijar los flujos migratorios o restringir derechos].
2. Legislación, regulación y gestión mercantil, penal, civil, laboral, procesal, electoral, administrativa y penitenciaria. Legislación y Régimen de Propiedad intelectual e industrial. Legislación y regulación sobre expropiación forzosa. [Andalucía tiene que tener potestad sobre todos aquellos ámbitos y capacidades fundamentales para la regulación de la vida económica y los derechos cívicos y sociales de los andaluces y andaluzas. Si Andalucía quiere expropiar nadie puede impedirlo].
3. Hacienda y potestad tributaria. Planificación y ordenación general de la economia. Fomento economico. Empresa publica. Legislación y régimen económico de la Seguridad Social. [Ninguna pensión por debajo del SMI; Renta básica para todos/as que lo necesiten...]
4. Agricultura, Ganadería, Pesca, Mineria. Aguas.
5. Comercio y consumo. Marina mercante matriculada en puertos andaluces.
6. Industria, Energía, Instituciones de crédito,banca y seguros. Trabajo.[Por ejemplo, inspección, jornada laboral, etc]
7. Turismo.
8. Infraestructuras y obras publicas. Carreteras. Ferrocarriles. Puertos y Aeropuertos.
9. Educación, en todos los niveles del sistema. [Se acabo la LOGSE, la LU; se acabaron los criterios establecidos en Madrid; se acabo el privilegio de la privada, etc...]. Titulos. Investigación. Cultura. Museos y Patrimonio histórico.
10. Sanidad y salud pública. Farmacia.
11. Correos. [Se acabó la privatización...]. Régimen de prensa, Radio, Televisión [Se acabaron las concesiones de emisoras desde Madrid], Internet [Adios LSSI].
12. Medio ambiente y patrimonio natural [los parques nacionales se hacen realmente nacionales]
13. Asistencia social.
14. Ordenación del territorio, urbanismo, vivienda.
15. Autoorganización de la administración andaluza. Administración local. Régimen de la función pública.
16. Administración de Justicia. Legislación. Regulación y estructuración, culminada en un Tribunal Supremo andaluz, órgano jurisdiccional superior en todos los ordenes para todo el ámbito del territorio andaluz.
17. Orden Público [adiós policía nacional y Guardia Civil].
18. Asociaciones, Fundaciones, colegios, cooperativas...
Más todas aquellas materias y competencias que expresamente no se deleguen, sin perjuicio de que estas también pueden ser recuperadas.
...//...
 
Al Estado español se le delegaría la ordenación general de la Defensa (sin perjuicio del control compartido sobre el establecimiento de instalaciones militares en territorio andaluz); la Coordinación de Infraestructuras de ámbito supranacional, la coordinación en Investigación... Para el control de estos asuntos estaría un Senado
 
En cuanto a las relaciones exteriores, el Estado nacional andaluz tendrá las representaciones permanentes bajo su bandera fuera de su territorio que considere oportunas y con reconocimiento de su condición diplomática.
 
Andalucía tendrá derecho a presencia en el seno de la Delegación del Estado español en cuantos foros o instituciones fuere (por ejemplo la Unión Europea o la ONU) siempre que así lo considere oportuno.
 
Andalucía tendrá derecho a ser oída antes de la firma o puesta en practica de todo Tratado, Convenio, Directiva o Resolución que Andalucía considere que afecta a sus competencias y a vetar su rubrica por parte del Estado español, hasta que sus condiciones o consecuencias no sean consideradas satisfactorias por el Gobierno o el Parlamento andaluz según sea la entidad del acuerdo en cuestión.
 
Los conflictos de competencias se abordaran, así como las relaciones entre ambos Estados, a través de una Comisión Mixta.
 
* Reestructuración institucional de Andalucía.
 
Se suprimen las provincias y las Diputaciones Provinciales.
 
Establecimiento de las Comarcas, por Ley del Parlamento Andaluz, como unidades administrativas y divisiones territoriales de la Administración Nacional, entes de cooperación supramunicipal dirigidos por una Junta Comarcal electa y circunscripciones electorales para el Parlamento andaluz.
 
Ley Electoral que establezca la elección de un diputado/a por cada quince mil habitantes o resto superior o igual a diez mil en cada circunscripción comarcal en régimen de proporcionalidad pura. Formación de un colegio nacional de restos para completar la distribución de escaños hasta cubrir la cantidad de 400 diputados.
 
En Argentina tampoco quieren
al imperialismo español
 
 
CONTRA EL FEDERALISMO ESPAÑOL
Andalucía Libre
 
Si algo llama la atención al referirnos al federalismo español como propuesta política es la gran distancia que separa todavía su imagen publica nominal, aún alternativa para más gentes de las previsibles, de su realidad conservadora en su fondo como simple mejora procedimental en el funcionamiento y gestión política y administrativa del actual Estado español.
 
Esta asintonía tiene su importancia y merece la pena reflexionar sobre ella, dado que bajo el paraguas federal formulan sus estrategias y propuestas ante el problema nacional en el Estado español tanto PSOE como PCE-IU, particularmente este ultimo. Y bueno; si malo es que se apoyen conscientemente proyectos insuficientes o nefastos, peor aún es que esto se haga desde la ignorancia; viendo pretendidas rupturas donde sólo hay continuidad.
 
La gestación de esta contradicción entre continente y contenido tiene múltiples matrices. De una parte juega cierta memoria histórica de raíz decimonónica -paradójicamente alimentada tradicionalmente desde la derecha- sobre el carácter esencialmente subversivo y disolvente del federalismo, asociado a la sublevación cantonal producida durante la corta vida de la I República española (1873). Obviamente y sin siquiera entrar en el análisis histórico de aquel complejo episodio cabe afirmar que pertenece a otro tiempo histórico y que prácticamente nada le asocia con el federalismo contemporaneo. También actúa cierta frustración de mas reciente datación, unida al recuerdo de la Transición, cuando en sus primeros escarceos la derecha postfranquista vetó la opción explícitamente federal para dar lugar a lo que se conoció como Estado de las Autonomías (EDAS). Este veto lustró reactivamente la definición federal. En otros ámbitos, no ha dejado de tener sus consecuencias la utilización consciente durante algunos años de la polisémica y por tanto ambigua cobertura nominalmente federal -recubriendo propuestas de hecho confedérales o independentistas- por parte de corrientes de izquierda nacionalista o comunista consecuente que hacían trabajo político en el seno de IU, como paraguas doctrinal instrumental para impulsar a su amparo la defensa del principio de Soberanía Nacional y del derecho a la autodeterminación nacional.  A pesar de que, en el mejor de los casos, estos principios y objetivos son sólo añadidos previos -eso si, democráticamente consecuentes- a un proyecto federal y que no sólo no forman parte consustancial de un diseño federal sino que más bien tienden a confrontarse con él como alternativas diferenciadas, este hecho no ha dejado de contribuir a esta confusión. Con este asunto del recurso al eufemismo político ha ocurrido algo parecido que con el llamado "Estado confederal" de los textos anejos a la Declaración de Barcelona, suscrita en su día por PNV, CiU y BNG (por cierto, objeto político no identificado, porque lo que puede existir de hecho es la Confederación de Estados, al modo de lo que es, más o menos, la UE).
 
Muchos factores pues han convergido hasta la fecha para -por diferentes y encontrados motivos- resistirse a reconocer lo evidente y es que el EDAS funciona y actúa de hecho como un Estado federal, aunque en su inicio no estuviera predeterminado que este fuera su destino. Suele argumentarse en contra de este reconocimiento que el EDAS español no se reconoce explícitamente a si mismo como federal o que tiene tales o cuales singularidades o que el Gobierno español tiene un peso e influencia políticas que presuntamente no debería de tener en un Estado realmente federal. De hecho, a estos argumentos cabe responder que lo importante, como siempre, sigue siendo la cosa y no el nombre de la cosa; que un apresurado estudio comparativo en el espacio mundial descubre rápido que no hay dos estados federales iguales (sólo hay que comparar entre si Canadá, Australia, Sudáfrica, México, Brasil, Bélgica, la RFA o los Estados Unidos, por no extender la lista indefinidamente). Lo propio en el tiempo, deshace imágenes idílicas de un federalismo dual -de clara delimitación de espacios competenciales entre estados y federación- que ya no existe en casi ninguna parte, sustituido por el federalismo cooperativo o el de ejecución -donde priman las competencias compartidas o concurrentes- en el que el Gobierno central federal dispone de un poder determinante y omnipresente. Más bien, lo que llama la atención al respecto es que no se haya reflexionado suficientemente sobre el hecho de que, por ejemplo, precisamente contra un Estado federal como el canadiense es donde se ha gestado una cuestión nacional de la entidad de la quebequense.
 
Volviendo al EDAS español resulta un ejercicio interesante aplicarle el cuestionario del Buen Estado federal a ver que nota alcanza al respecto. Dicese en los libros especializados que un Estado federal ha de cumplir los siguientes mínimos: 1. Reconocimiento constitucional de la estructura federal. 2. Distribución de competencias entre federación y estados, (recordando, por cierto, que a estos se les puede llamar länder, como en Alemania; Provincias, como en Canadá... o comunidades autónomas, como en el Estado español) garantizada constitucionalmente. 3. Resolución de los conflictos por una instancia neutral (tal y como entiende estas cosas el Derecho burgués o liberal, para entendernos), generalmente un Tribunal Constitucional o con funciones de tal como el Tribunal Supremo federal en EEUU; 4. Instituciones representativas en los estados o CCAA que actúan políticamente sin dependencia de la federación en el ámbito de sus competencias. 5. Financiación objetiva y garantizada (pese a las broncas sucesivas sobre la financiación, hay un reparto tributario en la Constitución etc y además en casi todas partes cuecen habas en estos asuntos). 6. Sistema de relaciones entre la federación y los estados/ccaa (el CPFF, las conferencias sectoriales, etc; este es un punto flaco del EDAS español consecuencia de su historia). 7. Participación de los estados en la formación de la posición de la federación, para que se entienda, un Senado, Consejo federal o similar donde tengan voz y voto determinante sobre determinados asuntos o ámbitos de competencias o sobre la modificación constitucional. Este es también un punto en donde la historia deja al EDAS español en mala posición. Aún así, compartimos con Eliseo Aja* la consideración de que el Estado español aprueba el examen y contiene los elementos esenciales de los federalismos actuales: doble nivel de poderes; instituciones representativas de las CCAA que dependen de los electorados respectivos (y que no requieren del visado regular de una autoridad exterior como ocurría en Italia o parcialmente quiérese aún que ocurra en Córcega, por ejemplo); competencias reguladas; financiación objetiva, a la manera en que esto se entiende; conflictos jurisdiccionales resolubles por el Tribunal Constitucional y protección constitucional federal de las Constituciones/estatutos de los Estados/Comunidades autónomas, de tal manera que las leyes ordinarias estatales no pueden cambiar o anular formalmente los poderes autonomos. Por supuesto, sabemos perfectamente que sin necesidad de retrotraernos a la LOAPA, por la vía de la legislación básica (véase la LOGSE, por citar un caso), de llamada coordinación o por la doctrina del Tribunal Constitucional a través de sus sucesivas sentencias se puede socavar y restringir ese marco competencial, como también ha ocurrido destacadamente, por otro lado, a causa de la integración del Estado español en la Unión Europea (sólo hay que recordar las cuestiones agrarias) pero esto no es un rasgo excepcional o único del EDAS español. Tampoco nos hemos olvidado del Art. 155 que permite al Gobierno español, tras unos tramites, suspender las instituciones autonómicas en caso de necesidad considerada vital o del papel constitucional de las Cortes españolas en la aprobación de los estatutos o sus hipotéticas reformas porque, de hecho, por otros caminos o a través de otros instrumentos las instituciones centrales o federales disponen en otros lugares de recursos similares de control y supervisión. 
 
Como ya hemos apuntado, lo que es necesario asumir es que el federalismo no incluye per se reconocimiento alguno de la soberanía nacional de las naciones existentes o siquiera de sus componentes estatales en el crucial asunto de la potestad de separación. En los EEUU una guerra civil zanjó este debate. En Canadá, por su parte, partiendo de una historia y una situación extremadamente peculiar y con una tradición jurídica anglosajona y no latina como la nuestra, su Tribunal Supremo ha parido contra Québec una doctrina extremadamente sofisticada, que llamaremos de autodeterminanación bilateral pactada, encaminada a trabar civilizadamente un ejercicio unilateral de autodeterminación, por la vía de exigir un catalogo infernal de condiciones previas. Experiencia canadiense que, por cierto, siguen atentamente por aquí quienes piensan en la necesidad de disponer de recursos políticos y doctrinales alternativos contra la autodeterminación, aparte del no por cojones, de momento predominante y que no deja de ser escasamente sutil y poco presentable en los tiempos que vivimos. La trampa del asunto es simple: mientras no se tiene una mayoría favorable a la autodeterminación en las instituciones representativas de la nación en cuestión, el asunto se descalifica o simplemente se niega pero cuando se llega a tener, entonces se le plantean tal cantidad de condiciones y exigencias (mayorías cualificadas extremas, para respetar a las minorías de dentro; negociaciones para realizar un reparto equilibrado de la herencia, con los de fuera, etc) que de hecho hacen prácticamente imposible ejercerla de someterse a sus cláusulas y si se ignoran ya está justificada la intervención para nuevamente negarla.
 
De momento, no obstante, el debate político en el Estado español no se mueve a esos niveles de finezza; ni en general ni en el federalismo españolista en particular.
 
En la versión del PSOE, la izquierda españolista social-liberal, no hay dudas. El federalismo es sólo la manera de mejorar el funcionamiento regular del Estado español y en todo caso las diferencias o preferencias donde se sitúan es sobre si usarlo como mecanismo de integración de Cataluña y Euskadi por la vía del reconocimiento de determinados privilegios (federalismo asimétrico) justificado por el socorrido recurso a los llamados hechos diferenciales o bien se utiliza como arma homogeneizadora en defensa del Gobierno central, por la vía de la igualdad y con el sostén del agravio comparativo. Las propuestas en que se concreta este federalismo vienen a intentar culminar la faena inconclusa durante la elaboración constitucional, cubriendo justamente las carencias que hemos citado para que el EDAS no sólo fuera ya un Estado federal, como es, sino que además lo fuera cabalmente y con nota. Si las repasamos con cierto detenimiento (aclaración del marco de financiación, clarificación de los mecanismos de cooperación y reforma del Senado para hacerlo algo presentable y útil como marco de representación y negociación), observaremos que lo que buscan con ellas no es por supuesto dar más poder o competencias a las CCAA sino eliminar todos los elementos que hasta la fecha han sido susceptibles de generar conflictos o inestabilidad políticas, instaurando instrumentos de control y canalización y desactivando el peligroso bilateralismo, por el que cualquier día pudiera colarse una confrontación más seria España/versus/Nación. Además no tienen ningún recato en reconocer sus motivaciones españolistas cuando reiteradamente justifican su proyecto haciendo referencias denigrantes hacia los presuntos nacionalismo excluyentes, es decir, todos aquellos que no son el español del cual participan vigorosamente. De todo lo cual puede encontrarse las correspondientes dosis en su ultimo Documento Marco para su próxima Conferencia Política
 
La versión del PCE-IU reproduce punto a punto las propuestas, motivaciones y sensibilidades que hemos descrito al referirnos a la del PSOE. Si en Euskadi, EB-IU hace políticamente hincapié en el apellido "de libre adhesión" que lleva su federalismo (EUiA, que es, de momento al menos,  la versión catalana oficial de IU no se ocupa de estas cosas nacionalistas), en Andalucía, Romero, Valderas y cia. ya nos tienen bien explicado que lo del Estado federal es como el tos por igua de los pasos cofradieros; una consigna para ir parejos y uniformes y que sirve básicamente para fastidiar a vascos y catalanes. Más aún, teniendo aprobado un diseño de distribución competencial -ver Documento sobre Modelo de Estado de IU- más perfilado, saturado de competencias concurrentes y compartidas, cabe decir que su modelo federal deja en este asunto a su izquierda hasta al EDAS actual en cuanto a capacidad competencial para las CCAA. Además se destaca por defender vigorosamente el carácter benéfico de la ambivalencia de identidades nacionales (es decir, de la alienación nacional) para basar en ella doctrinalmente su federalismo.
 
Aún así, IU recoge y defiende formalmente el derecho a la autodeterminación. Aunque hay sectores en su interior que no acaban de enterarse (ultraespañolistas del estilo de Frutos) es muy claro que en los ámbitos sociales y políticos donde IU aspira a crecer o consolidarse, sobre todo en determinados países del Estado, no se puede pretender afianzarse políticamente sin asumir su reconocimiento literario. Así ocurre, por ejemplo en Euskadi o también en el País Valenciano. De otra forma, ¿cómo plantearse siquiera relaciones con Esquerra Valenciana o con el disperso nacionalismo del país?. La condición para ello -tomen nota los presuntos nacionalistas que están en IU- es que IU vea en su exterior fuerzas nacionalistas que puedan disputarle espacio. La línea Llamazares al respecto -que además sirve de paso también para justificar la reanudación de relaciones fraternales con Iniciativa per Catalunya-Verds o intentarlo con esa formación tan confusa que es la Chunta aragonesa- es evitar a través de estas vacunas, llegar a niveles de marginalidad del estilo de su federación gallega. En todo caso, incluso en los países donde menos virus españolista circula por sus venas, que nadie espere que IU sea avanzada en la lucha por la autodeterminación o la soberanía. Todo lo más puede ser un acompañante más o menos de fiar, a remolque de lo que hagan otros. No es pequeña cosa teniendo en cuenta por comparación la función españolista que cumple en nuestra Nación. De cualquier manera, reiteramos que el enfoque de IU al respecto es decididamente estéril, porque hace depender la obtención de la soberanía nacional y la autodeterminación del cumplimiento de los preceptos constitucionales para su reforma, que están expresamente pensados para impedirla. Basta para comprobarlo leerlos. Así los recordábamos en el ANDALUCIA LIBRE nº 50:
Ya en nuestro mensaje anterior citábamos al pertinente Art. 168 de la Constitución. Ahora lo resumimos. Exige los votos favorables de un mínimo de 231 diputados (de 350) y 151 senadores. La disolución de las cámaras y nuevas elecciones y nueva necesidad de contar con 231 diputados y 151 senadores y entonces referendum. Como se puede concluir de todo esto, los que pactaron la actual constitución (el PCE entre ellos) se encargaron bien de que, en los aspectos fundamentales y desde el punto de vista de las formalidades procedimentales, todo quedara atado y bien atado. Traduciéndolo al hoy. Este esquema requiere que PP y PSOE asuman y defiendan la autodeterminación: 1º. en las cámaras, 2º. en unas elecciones, 3º. en las nuevas cámaras, 4º. en la campaña del referéndum y luego, 5º. que lo apliquen.
Además otra función -que no hay que despreciar- del federalismo de IU es que desvía del marco nacional de lucha de clases, construcción nacional y obtención de la soberanía.
 
En resumen, como proyecto de organización estatal el federalismo español quizá pueda servir para quienes se sientan españoles, pero es desde luego de todo inaceptable para quienes no lo sean. No ofrece más que mejoras cosméticas y funcionales en el Estado español existente, sin aportar ampliación cualitativa de poder nacional propio -que implica soberanía nacional y bien independencia, confederación o asociación- y no sirve tampoco como estrategia democrática. Es una alternativa vacia.
 
Otro debate, pero sobre parámetros bien distintos, es si Andalucía nacionalmente liberada, es decir con plena Soberanía Nacional y Estado nacional propio, habría de optar o no en su estructuración por el federalismo. Pero este no seria un federalismo español como el que hemos descrito sino un federalismo andaluz. Que es cosa políticamente bien distinta.
 
 
 
 
Sugerencias
 
A quien les interese la historia de las banderas, puede darse una vuelta por AQUÍ y buscar la que más le intrigue o le interese.
En la pagina Ficheros (Carpeta Documentos) de este Boletín, hemos dejado accesible un Informe sobre Argelia (en francés). En la misma pagina, (Carpeta Músicas) están las melodías de fondo de ANDALUCIA LIBRE.
Para no perderse un dato de lo que pasó en Cataluña en la campaña contra el Banco Mundial y las provocaciones y represiones policiales, dos hitos: Rosa de Foc y Barcelona Indymedia. Tienen versión en castellano. Atentos y atentas, por cierto, que en Junio de 2002 hay Cumbre Europea aquí en Andalucía...
De momento, en Canarias se enteran de casi todo gracias a la Agencia Kanaria de Noticias. Tambien vale para enterarse de casi todo lo que pasa en Canarias.
Y con Transnationale puedes enterarte a fondo, en castellano, de como explotan a sus trabajadores multinacionales tan conocidas como Disney o Repsol-YPF o... y terminaras teniendo claro que esto de la globalización es el capitalismo despiadado de toda la vida...
Si, finalmente, es un asunto de virus informáticos lo que ahora mismo te quita el sueño, pasate por VS Antivirus. O te lo devuelve o te lo acaba de quitar...
 
Por cierto, especialmente a los suscritos/as andaluces: Si conoces la dirección de alguna persona u organización a la que crees que pudiera interesarle recibir ANDALUCIA LIBRE, enviale el numero que creas que más le pueda interesar y sugierele que se suscriba. Ya sabeis que basta para ello con enviar un correo en blanco a andalucialibre-alta@eListas.net. O si te parece mejor, remitenos un correo con su dirección a la nuestra que ya nos encargaremos de enviarle un unico y excepcional correo informativo.  
 
 
 
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