Video de la Protesta de Mujeres Jornaleras.

¡Qué poca vergüenza tienen!

Juan Manuel Sánchez Gordillo

Comité Ejecutivo del SOC. Alcalde de Marinaleda

Marinaleda.Com.

 

 

Cabecera del Cortejo del SOC 

Manifestación de Sevilla del 9 de Junio de 2002

(Fuente: Marinaleda.com)

 

Ya sabía que la derecha quiere más pobres a los pobres con tal de que puedan aumentar sus plusvalías los ricos pero ahora compruebo que además de pobres a los pobres se les quiere indefensos.

 

Quitar el subsidio del desempleo y del PER a los jornaleros andaluces y extremeños no es solo condenarlos a la miseria y a la emigración, que por lo visto ahora es una virtud, sino dejarlos completamente indefensos y a merced del capricho de las contrataciones esporádicas de los manijeros y de los terratenientes.

 

Por lo visto tener las plazas de los pueblos llenas de parados resulta un buen negocio y una necesidad de quienes no se cansan de ganar dinero a costa del sudor del de enfrente.

 

Me da una rabia infinita el montón de mentiras que se están difundiendo desde los medios de comunicación gubernamentales. Mentiras y calumnias perfectamente preparadas con tal de confundir a la opinión pública.

 

Por eso creo imprescindible dejar claro algunas cosas:

 

Lo primero es decir que los jornaleros en paro de Andalucía y Extremadura no atan los perros con longaniza. Porque lo que realmente recibe de subsidio y desempleo es de 21.500 Pts. al mes (129,21 Euros), es decir 700 Pts. (4,2 Euros) al día lo que constituye una limosna miserable y muchas veces humillante porque para poder cobrar de esta "caridad pública" hay que presentar 35 peonadas que no siempre se tienen.

 

El PER tan famoso del que algunos "barrigas llenas" pontifican desde la tertulia radiofónica más allá de Despeñaperros traducido a la vida concreta de los parados solo representa siete u ocho jornales al año, es decir 3.000 Ptas. al mes (18 Euros) o lo que es lo mismo 100 Ptas. (0,60 Euros)diarias.

 

Es decir, sumando lo que un jornalero cobra por subsidio y por el PER la cantidad que recibe no supera nunca las 260.000 Pts. (1.562,63 Euros) al año lo que significa con mucha diferencia el subsidio de desempleo más barato de cualquiera de los trabajadores que puedan estar en el paro en cualquier ramo de la producción del Estado español.

 

Lo segundo que habría que dejar claro de una puñetera vez frente a la intoxicación gubernamental es que el nuevo sistema que se impone no representa ninguna mejora para el parado sino bien al contrario la destrucción de un derecho histórico ganado con muchos años de luchas y sufrimientos.

 

Y es infinitamente peor porque deja a los jóvenes a los pies de los caballos y con las maletas preparadas para la emigración que será su única alternativa. Para cobrar el subsidio contributivo un joven tiene que presentar 390 peonadas y como eso es sencillamente imposible y la media de trabajo del medio rural andaluz y extremeño está en 60 o 65 días de trabajo, esto quiere decir que para cobrar 3 meses de desempleo ese jornalero joven deberá esperar 6 o 7 años.

 

Como cualquier persona mínimamente inteligente podrá comprender eso es volver a la emigración campo-ciudad. Pero yo me pregunto: ¿adónde nos quieren mandar? ¿a los barrios marginales que está recorridos por el paro, la delincuencia y la droga?

 

Parece que el gobierno quiere convertir a nuestros pueblos en auténticos asilos desde donde es posible cualquier desarrollo que por otra parte es absolutamente imprescindible y deseable del medio rural.

 

Pero ojo, los jornaleros que por temporada que se vayan a trabajar a los albañiles o a los hoteles pueden encontrarse después de varios meses con la sorpresa de que han sido expulsados definitivamente del Régimen Especial Agrario y enviados a un nuevo sistema que les deja sencillamente en la nada.

 

No me quiero referir a los 30 Km. y al trabajo "adecuado" que hay que aceptar necesariamente ni que los mayores de 52 años tengan que entregar graciosamente su subsidio a los pobrecitos empresarios porque son medidas tan infinitamente reaccionaria que ni tan siquiera Franco se atrevió a ponerlas en práctica.

 

Cuando Aznar y su ministro de trabajo hablan de que el decretazo es necesario porque los parados no quieren trabajar hay que decirle a estos señores que no sólo mienten, puesto que el 82% de los trabajadores en paro aceptan los empleos que les ofrecen sino que insultan a este pueblo y criminalizan a este obrero que ha tenido la desgracia de estar parado.

 

Criminalizar así es fascismo puro y duro porque es desprecio y es culpabilizar a las víctimas de sus desgracias cómo si las estructuras económicas y sociales nada tuvieran que ver cuando en Andalucía todavía el 2% de los propietarios poseen el 50% de las tierras cultivables.

 

Mienten como bellacos estos señores del gobierno cuando hablan de la "Andalucía subsidiada" cuando el tanto por ciento por habitante de subsidio es superior en Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia o Madrid...

 

En fin, hay que tener muy poca vergüenza política y tener una hipocresía más grande que las pirámides de Egipto cuando se ponen a recontar los mosquitos y a tragarse los elefantes enteros y luego quedarse tan tranquilos desde un cinismo realmente monstruoso.

 

¿Qué opina el Sr. Aznar y su gobierno de las ayudas económicas de Bruselas (el PER de los empresarios) cuando se opone de manera sistemática a su modulación cuando el 20% de los grandes propietarios se llevan el 80% de los dineros de la PAC?

 

Por lo visto le parece muy bien que la Duquesa de Alba o el Duque del Infantado junto a la Reina de Inglaterra sean los principales cazaprimas de Europa con varios miles de millones cada una.

 

Robar a los pobres conducirlos a la indefensión para que los ricos los puedan explotar con más facilidad es una especie de bandolerismos político de la peor calaña que ni podemos ni vamos a consentir las mujeres ni los hombres del campo andaluz y extremeño porque todavía nos queda la dignidad y el coraje suficiente para impedirle esta atrocidad desde cuantas acciones y movilizaciones nos permita nuestra imaginación.

 

Que poca vergüenza hay que tener cuando se habla de "movilidad geográfica" cuando lo que se habla es del drama de la emigración. Que poca vergüenza hay que tener cuando se habla de "progreso" cuando realmente al mundo jornalero nos "regresan" a los años 60. Que poca vergüenza hay que tener cuando se habla de "pleno empleo" cuando en realidad caminamos hacía la "plena indefensión"...

 

Pero que nadie se equivoque antes, durante y después de la huelga general vamos a luchar con cuantos medios tengamos a nuestro alcance para impedir este disparo por la espalda que los señores del poder le dan a los más pobres y que los entendidos llaman pomposamente Neoliberalismo.

 

Que sepa el gobierno y que no se equivoque que el pueblo andaluz ya no sabe andar de rodillas.

Enlaces:

• Texto del Documento del Gobierno español sobre Nuevas Medidas ante el Desempleo.
• Texto del Decreto-Ley de Medidas ante el Desempleo y el Subsidio Agrario. 

El Gobierno del Partido Popular pretende llevar a cabo una reforma que se antoja innecesaria, inadecuada e injusta. Se pretende producir un recorte en las prestaciones por desempleo, cuando las cotizaciones para este fin tienen un excedente de 3.400 millones de euros, unos 600.000 millones de pesetas, y sin embargo el 43% de los trabajadores en desempleo no tiene ninguna protección.

Se quiebra un modelo de diálogo social y concertación que ha dado buenos frutos para las contrapartes y sobre todo para el país, y nos introduce en una senda de confrontación y convulsiones sociales que en nada favorecerá al crecimiento, al consumo, a la economía y al país. Este país necesita de mucho diálogo y menos confrontación, y los sindicatos tienen más que probada su voluntad, disposición y responsabilidad en el compromiso con el diálogo social.

Y es una reforma profundamente injusta, porque viene a profundizar y agudizar el desequilibrio entre empresario y trabajador, reforzando al más fuerte, el empresario y debilitando al más débil, el trabajador.

Las medidas propuestas vienen a facilitar y abaratar el despido, al difuminar la linde entre el despido procedente e improcedente y hacer desaparecer la causa para despedir, al empresario le dará igual tener causa que no tenerla, el despido queda en manos de la decisión del empresario, y ahora sin costos, al desaparecer los salarios de tramitación.

Los trabajadores fijos discontinuos en tiempo cierto no tendrán derecho al desempleo al cambiar la naturaleza jurídica de su contrato de trabajo y pasar a considerarse un contrato a tiempo parcial. Tampoco aquellos que tengan o hagan un contrato de inserción, tendrán derecho a desempleo ni subsidio.

Por tanto, como puede observarse apenas se le echa un vistazo a la reforma del Gobierno se concluirá que no es un problema de trabajadores en desempleo, no es una cuestión de parados, es del conjunto de los trabajadores y sobre todo, de los activos y ocupados.

Se agreden derechos, el desempleo deja de ser un derecho y aseguramiento, se ataca al sistema de protección social, en uno de sus pilares básicos, la protección por desempleo, como punta de lanza para disminuir y destejer toda la red de protección social, así consiguen, socavar y herir gravemente el Estado de bienestar tal y como lo conocemos en nuestro país. Éste es el fin primero y último del Gobierno del Partido Popular y, por esto, o damos una repuesta contundente, unitaria y democrática, o el sistema de protección social está en grave riesgo de extinción en este país.

Finalmente la reforma del Gobierno hace desaparecer los programas de la AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social y Agraria, antiguo PER) y hace entrar en vía de extinción el subsidio agrario.

Me van a permitir aclarar la diferencia entre AEPSA-PER y subsidio agrario. Son cosas distintas que nada tienen que ver, el único vínculo entre ellos es que las jornadas que los trabajadores eventuales del campo realizan en algún programa de la AEPSA (11 de media), les cuenta para alcanzar las 35 peonadas necesarias para tener derecho a seis meses de subsidio. En consecuencia, subsidio y PER no son la misma cosa, de hecho, uno podría existir sin el otro, aun cuando los dos siguen siendo indispensables.

La AEPSA-PER son programas de inversión que están cofinanciados a través de los convenios INEM-Ayuntamientos cuyas partidas aparecen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año y han servido y sirven para mejorar y adecentar los pueblos del medio rural, haciendo que las gentes vivan más decentemente, lo que ha contribuido a fijar población y evitar el despoblamiento del medio rural. Con estos programas se realizan obras desde colegios hasta cuarteles de la Guardia Civil, pasando por arreglo de calles, plazas, fuentes, polígonos industriales, etcétera. Por cierto, debe saberse que esto existe en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, etcétera y no sólo en Andalucía y Extremadura. Esto es la AEPSA-PER, programas que han sido y siguen siendo necesarios en Andalucía.

El subsidio agrario es un sistema de protección por desempleo para los trabajadores eventuales del campo, éste sí, solo para Andalucía y Extremadura que es razonable, justo y barato y que más del 60% de estos trabajadores no llegan a percibirlo.

El último censo de trabajadores eventuales del campo en España es de 828.000. De éstos, 590.000 lo son de Andalucía y Extremadura. De estos 590.000 perceptores potenciales, sólo unos 230.000 de media recibieron durante 2001 algún subsidio, con una media de cinco meses al año. Si de éstos descontamos los mayores de 52 años que están protegidos por subsidio también en el régimen general, la resultante es que solo unos 140.000 trabajadores eventuales del campo, el 25% del total, recibieron el subsidio durante algún tiempo, en una media de cinco meses a 54.000 pesetas/mes (324,54 Euros). Debe saberse también que estos trabajadores pagan mensualmente una cuota de 10.300 pesetas (62 Euros), trabajen o no trabajen. Por consiguiente, en torno al 75% de los trabajadores del sector agrario no ha tenido ninguna protección.

Ateniéndonos a los datos, parece bastante razonable, justo y barato que este sistema persista para unos trabajadores que ya están más que discriminados, tanto desde el punto de vista de condiciones de trabajo, salariales, climáticas, movilidad, etcétera. El subsidio les permite dignificar un poco esa condición de trabajador agrario.

Finalmente, se pretende proyectar un discurso perverso, malicioso y falso y por ello injusto y reaccionario, presentando al trabajador como culpable de su situación de desempleo. Es decir, se criminaliza a la víctima y además se le presenta como vago, defraudador y golfo. Sólo un dato: de las inspecciones realizadas por el INEM, sólo el 3% de las solicitudes de prestación tenían alguna irregularidad, que no significa necesariamente fraude; de las 5.000 empresas inspeccionadas sobre la contratación temporal, el 48% de los contratos (13.000) estaban en fraude de ley, y los trabajadores son las víctimas, no los culpables. El Gobierno debería ocuparse de impulsar negociaciones y fórmulas para reducir las altas tasas de temporalidad en el trabajo, el 32% en España, el 46% en Andalucía, situación que sufren y padecen los trabajadores. Reducir la temporalidad sí que supondría una excelente reforma de la protección por desempleo al disminuir la rotación en el cobro de prestaciones y subsidios.

En este país quienes cometen fechorías y golferías tienen nombres y apellidos: están en las esferas de las amistades de miembros del Gobierno y localizados en el BBVA, Gescartera, las Eléctricas, Telefónicas, secretarías de Estado, etcétera y para los que el Gobierno, con Aznar al frente, tienen guantes de seda, mientras utiliza para los trabajadores el brazo de hierro. Los trabajadores lo que queremos es trabajar dignamente, y por eso tenemos la osadía de pedir derechos, estabilidad y seguridad.

 

Corte por el SOC de la autovia A-92, Mayo 2002

(Fuente: Marinaleda.com)

 

Los medios de comunicación no suelen prestar mucha atención a las noticias relacionadas con la agricultura y el medio rural. Pero estos días se están aventando ante la opinión pública algunos hechos como 'las subvenciones que percibe la agricultura y su desigual reparto', 'la supresión del Plan de Empleo Rural (PER)', y 'las denuncias ante Bruselas por la distribución de los fondos para el desarrollo rural', cuyo alcance y contenido merecen ser conocidos con claridad. Todos ellos inciden en la demolición del llamado Estado de bienestar.

 

El hecho de que la agricultura europea está muy subvencionada es algo sabido. En realidad ésta ha sido una de las ventajas de nuestra incorporación a la CEE. Estas subvenciones constituyen una parte importante de los ingresos de nuestra actividad agraria (en 2001 superaron los 4.800 millones de euros, el 22% de la renta agraria), al igual que lo está siendo para los agricultores de los restantes países de la UE. La cuestión es que, por diversas razones (presupuestarias, acuerdos comerciales internacionales, crisis de inseguridad alimentaria), este flujo de fondos va a tener que reducirse y, además, ha perdido parte de su legitimación económica y social originaria.

 

Reparto desigual

 

El desigual sistema de reparto de las subvenciones resulta especialmente escandaloso en países como el nuestro, con una estructura productiva muy desequilibrada (un 5% de explotaciones agrarias grandes o muy grandes económicamente viables aunque no tuvieran ayudas, un 30% de pequeñas y medianas explotaciones que necesitan alcanzar o consolidar su viabilidad y un 65% de explotaciones marginales), cuando se constata que la mayor parte de los fondos es acaparada por un número muy reducido de explotaciones (sólo un 2% de beneficiarios recibe un tercio del importe total).

 

Por ello, cuando desde 1999 existe la posibilidad de que los Estados mejoren voluntariamente este sistema (la llamada 'modulación' de las ayudas), no se justifica que en nuestro país haya seguido sin aplicarse.

 

Sin duda va a ser necesario que se declare obligatoria la 'modulación' en toda la Unión Europea. Pero esta medida no sólo es necesaria por razones de equidad, sino porque permitirá liberar fondos que estimulan producciones a menudo excedentarias, pudiendo ser mejor utilizados en conseguir una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y en financiar más programas de desarrollo rural. Pues, una vez asegurado el abastecimiento alimentario, el reto actual es mejorar su seguridad (la calidad alimentaria), y un desarrollo económico espacialmente más equilibrado en favor de las extensas zonas rurales. Si al mismo tiempo se establecieran intercambios comerciales más justos con los países en desarrollo exportadores de alimentos (y de mano de obra), el efecto neto de la medida sería aún más beneficioso.

 

Otro hecho especialmente destacable es la supresión del sistema de protección por desempleo de los jornaleros eventuales agrarios. Estos asalariados eventuales constituyen un inmenso colectivo (unos 700.000 afiliados a la Seguridad Social Agraria por cuenta ajena, sin contar con otros 100.000 inmigrantes irregulares que carecen de papeles en un 75%, según fuentes sindicales), y en Andalucía y Extremadura configuran uno de los grupos profesionales más importantes, aunque su presencia también es significativa en otras comunidades autónomas.

 

Como se sabe, los efectos de la modernización de la agricultura han sido muy duros para los jornaleros, que ni siquiera han contado con una política agraria común (PAC) omnipresente y protectora. Por ello, cuando en 1984 se creó el Plan de Empleo Rural (el PER, formado por la suma de un subsidio agrario no contributivo, inversiones públicas generadoras de empleo inmediato y cursos de formación ocupacional), se establecieron unas mínimas condiciones de cobertura socioeconómica en un sector que carecía de seguro de desempleo.

 

Ciertamente el sistema PER ha conocido un éxito excesivo, pues, además de servir de ayuda a los parados de origen agrario, ha incorporado a otros colectivos rurales en busca de un empleo cada vez más imposible en la agricultura (con exclusión de las zonas de la nueva agricultura industrial). De este modo, los beneficiarios y el gasto, en particular en subsidio agrario, han aumentado año tras año (en 2000 se subsidiaron 224.000 eventuales agrarios con 900 millones de euros).

 

Con todo, se ha tratado de un programa que ha ofrecido unos resultados netamente positivos en términos de estabilidad social de numerosos pueblos andaluces y extremeños, mientras que no acababan de surgir nuevas y suficientes posibilidades de desarrollo rural. También los empresarios se han visto beneficiados, tanto por la baja conflictividad laboral existente, como por la tendencia a la baja de los salarios, reforzada por la creciente presencia de una mano de obra inmigrante y barata.

 

La cuestión es que la supresión de este sistema, en lugar de su mejora, no va a hacer desaparecer la enorme bolsa de paro rural existente en algunas regiones. Esta peculiar situación es fruto de nuestra propia historia (la ausencia de una reforma agraria, que nunca existió) y del atraso económico relativo de nuestro país, incapaz de absorber su propia oferta de mano de obra.

 

El último hecho proviene de que, ante las sucesivas reformas de la PAC, que implican una reducción constante del número de agricultores, la Unión Europea ha venido aplicando diversos programas de diversificación de la actividad económica en el medio rural. Uno de los programas más conocidos por su impacto mediático ha sido el LEADER-PRODER, consistente en subvencionar pequeñas inversiones municipales y privadas a nivel local (en pequeñas empresas, turismo rural, valorización del patrimonio rural), que sirvan de ejemplo e incentivo para otras iniciativas económicas.

 

El PER ha ofrecido unos resultados positivos en términos de estabilidad social

 

La importancia de este tipo de programas no guarda relación con su dotación financiera (unos 500 millones de euros para el periodo 2000-2006), sino por su dispersión territorial (unas 230 comarcas fueron beneficiarias en el periodo anterior 1994-1999, que supusieron el 61% de los municipios, el 68% de la superficie y el 22% de la población del país). De este modo, a pesar de su exigua dotación por comarca, en numerosas zonas rurales se consiguieron resultados apreciables.

 

Sin embargo, en muchos casos la definición de las zonas beneficiarias se ha visto seriamente orientada no por su idoneidad para el éxito de los planes comarcales de desarrollo rural, sino por simples consideraciones de carácter político ('clientelismo'). Con ello se ha puesto en evidencia una enorme falta de eficacia (mala gestión) y de eficiencia (escasez de resultados). De otro modo, los fondos se gastan pero no se consiguen los efectos necesarios para el desarrollo económico rural, lo cual es especialmente grave en un país como España, que carece de una política rural propia.

 

Estos tres hechos están estrechamente relacionados entre sí, en la medida en que afectan a las posibilidades de desarrollo presentes y futuras de nuestro medio rural. Pero, sobre todo, en sus aspectos más criticables, muestran tres maneras distintas de atentar contra el mantenimiento de nuestro ya débil Estado de bienestar.

FRANCISCO PEREGIL | Sevilla EL PAIS

Corte de Despeñaperros (Entrada a Andalucía) por el SOC

Si alguien hubiese presenciado en Sevilla el pasado 1 de mayo la manifestación de jornaleros lanzando tomates sobre la sede del PP, al grito de '¿dónde están..., ¡que no se ven!, los niñatos del PP?', le habría sido fácil trasladarse 20 años al pasado.

Altavoces en mano, volvían a acaparar la atención de los medios los alcaldes de entonces, conocidos ya en buena parte de España: Juan Manuel Sánchez Gordillo con su barba, de Marinaleda; Diego Cañamero, de El Coronil, con su camisa de cuadros y pantalones vaqueros... Las banderas andaluzas, las gorras del Che y, como siempre, al concluir la manifestación, el himno de Andalucía: 'Los andaaaaaluces queremos, volver aaaa seeer lo que fuimos; hombres de luz que a los hombres, almas de hoooombres les dimos. An-daaaa-luuu-ces, lee-van-taaaaaaa-os. Peeedid tieeerra y liiiibertad. Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad'.

Todo aquello recordaba a las muchas manifestaciones, cortes de carretera y huelgas de hambre que convocaron los jornaleros antes de 1984, cuando el PSOE aprobó el Régimen Especial Agrario para Extremadura y Andalucía. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde entonces en el campo. Marinaleda, en la provincia de Sevilla, con 3.000 habitantes, es sólo un ejemplo entre decenas de pueblos: 'En los últimos 20 años hemos construido 350 viviendas, una casa de cultura, un polideportivo, un consultorio médico, y hemos iluminado y asfaltado muchas calles', sostiene Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde del pueblo con mayoría absoluta desde las primeras elecciones municipales de la democracia.

Y todos esos avances en el municipio, ¿gracias a qué? 'Al Plan de Empleo Rural', contesta el alcalde. Nadie cuestiona la eficacia y validez del PER. Ni patronal, ni jornaleros, ni ayuntamientos ni el propio Gobierno. 'El PER sólo le reporta a la gente unas 80.000 pesetas (480 Euros) cada tres años por 15 o 25 días de trabajo en las obras del Ayuntamiento', explica Diego Cañamero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

'Es una gran verdad que los pueblos de Andalucía y Extremadura han pegado un cambiazo histórico por las inversiones del Inem. Los 20.000 millones de pesetas (120.202.420 Euros) al año de PER sólo en Andalucía no se cuestionan. Eso no se cuestiona', reconocía el pasado viernes a EL PAÍS el secretario general de Empleo, Juan Chozas.

'A las que cobran el subsidio sin trabajar les llamamos nosotros 'las de las uñas largas'

Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona con la reforma laboral?. El subsidio agrario de desempleo, el sistema por el cual un jornalero que acredite haber trabajado 35 peonadas al año tiene derecho a cobrar el equivalente a 21.600 pesetas al mes (130 Euros) durante los 12 meses del año.

El Gobierno pretende que, a partir de la nueva reforma de la ley, quien ya cobre este subsidio lo siga cobrando, pero... no podrán acceder a él los que lo soliciten por primera vez, los que no lo hayan percibido en los últimos tres años y los que hayan visto cercenado su derecho al subsidio por sanción administrativa.

En cifras redondas, según Chozas, 260.000 jornaleros seguirían cobrándolo, pero unos 15.000 no tendrían derecho a él.

¿Por qué esta medida? 'Porque se dan contradicciones grandísimas contra las que hay que luchar', explica Chozas. 'En 1997 había 62.000 parados agrarios más en Andalucía y Extremadura que en 2001, según datos de la EPA, pero el gasto del subsidio de desempleo creció en 34.000 millones de pesetas. Hay 62.000 parados menos y 34.000 millones más de subsidio para los parados ¿Cómo se explica eso?'

'¿Y cómo se mide el paro agrario?', se pregunta el secretario general del SOC, Diego Cañamero, quien no da crédito a esas cifras. '¿Cuándo cuentan los parados? ¿En la época de recolección de la fresa, en la de las naranjas, en la del melocotón? En el campo varían mucho las encuestas en función de cuando se hagan... Además, esas cifras no tienen en cuenta la inflación. Aumentan los millones destinados al subsidio porque aumenta el coste de la vida', sentencia Cañamero.

El líder del Sindicato de Obreros del Campo tiene 46 años, un móvil con la música del himno de Andalucía y dos hijos también jornaleros. Empezó a trabajar en el campo desde los ocho años y nunca fue al colegio.

'No sólo hemos comprobado que ha bajado el paro en Huelva y Almería a la vez que aumentan allí los subsidios por desempleo', continúa Chozas, el secretario de Empleo, 'sino que está probado que desde 1996 el 75% de las nuevas altas son mujeres, y en su mayoría de edad madura, de más de 40 años. No parece que sea eso un reflejo de la realidad del campo'.

'Nosotros somos los primeros que no queremos fraude', asume Cañamero. 'Los subsidios sin trabajar te crean mentalidad de sumiso y agradecido. Claro que hay mujeres que no han visto el campo ni en la tele y que cobran el subsidio. Nosotros les llamamos las de las uñas largas. Pero también se ha magnificado mucho. La inmensa mayoría de la gente se pelea por trabajar. Y se desplaza a donde sea. A la vendimia en Francia, por ejemplo, van 10.000 andaluces todos los años; al espárrago de Navarra, 7.500; al tomate de Murcia, 2.500, y a la fresa de Huelva, 20.000 cordobeses y sevillanos cada año. La prueba es que todos los niños de temporeros son unos fracasados escolares. Llegas a Huelva y el maestro no conoce la personalidad de tus críos. Después vas a Jaén, y lo mismo. Pero la gente se mueve y trabaja'.

'Es verdad que los pueblos andaluces han cambiado gracias al PER', reconoce Chozas

El secretario de Empleo refrenda las palabras del jornalero: 'Es verdad que el SOC ha denunciado el fraude de la gente que vive en zonas residenciales y cobra el subsido, pero...'. Aquí llega el punto donde discrepan Chozas y Cañamero. '... Pero la reforma no se hace sólo para subsanar un fraude. El fraude se puede controlar. La reforma, sin embargo, la hacemos para facilitar que los que verdad necesitan protección la tengan. Y que tenga más protección quien más trabaje'.

'Pero es que en el campo, con la reforma del PP, necesitaríamos trabajar seis años para tener derecho a tres meses de subsidio', se queja Cañamero.

'Es que esas cifras son erróneas porque extrapolan el actual sistema', señala Chozas. Si alguien echa 35 peonadas en el campo y después trabaja en la construcción, en hostelería o donde sea, que lo declare y que se le pague por ello. No pretendemos ahorrar nada con no pagar subsidios a los jóvenes, sino cambiar la mentalidad, invertir en formación. Con el actual subsidio estamos convirtiendo a todos en peones, sin crear especialistas. Si formásemos un buen número de tractoristas, no les faltaría empleo'.

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¿Vagos por no ir a la fresa?

Hay un problema evidente en el sector de la fresa en Huelva: 'Cuando los empresarios hacen ofertas adecuadas a convenio, no las han podido cubrir. Y han tenido que recurrir a polacas', señala el secretario general de Empleo, Juan Chozas. ¿Es que los jornaleros huyen del trabajo? Asensio Maestro, 37 años, jornalero del pueblo de 700 habitantes Isla Mayor del Guadalquivir, a 30 kilómetros de Sevilla, explica su caso: 'Con lo poco que me deja el subsidio (21.600 pesetas al mes, 129,81 Euros)) y otro poco que pueda sacarme poniendo redes para pescar cangrejos, gano casi lo mismo que en la fresa. Y no tengo que aguantar a un tío detrás pegándote voces si te vas a orinar, si pides agua para beber, si te fumas un cigarro...'. Su hermano Salvador, de 48 años y con tres hijos, comenta también su caso: 'Yo estuve en la fresa ocho días, y porque un día dejamos de trabajar porque es que no se podía con el agua que estaba cayendo encima, ya nos despidieron. Además, es que no cumplen el convenio. Cuando no se puede trabajar por inclemencias meteorológicas el patrón tiene que pagarte el 50% del jornal. Y a partir de las dos horas trabajadas, el 100%'. 'Y el salario es una miseria. En Huelva te pagan 4.700 pesetas al día (28,24 Euros) y a eso hay que descontarle las 700 (4,20 Euros) de gasolina para la furgoneta. No compensa'. Juan Chozas, secretario de Empleo, señala: 'A ese señor le diría: 'siga usted así, con el subsidio y con las chapuzas que pueda conseguir en su pueblo. Pero a los jóvenes les tenemos que meter otro esquema en la cabeza'.

 Tunez

Marinaleda.Com. Es el sitio oficial de Marinaleda, pueblo de la comarca de la Sierra Sur al que su trayectoria de luchas desde la Transición y su condición de baluarte del SOC ha convertido en un simbolo de las aspiraciones jornaleras andaluzas. La pagina con un atractivo diseño, aparte de informar sobre las movilizaciones pasadas -con fotos y videos-, en curso y pendientes contra la Reforma del Subsidio Agrario-PER, contiene abundante información sobre la realidad de Marinaleda (datos, Economia, Logros, Desarrollo social, etc) y sobre el ideario en el que se ha asentado su experiencia. Una visita muy interesante.

 

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