| Asunto: | [BoletinAndaluciaLibre] nº 72 - Crónica Andalucía - Rei - Pacto social - Pal estina - Sahara - Intelectuales ... | | Fecha: | Jueves, 25 de Enero, 2001 02:40:14 (+0100) | | Autor: | Andalucía Libre <andalucialibre @.......es>
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Andalucía Libre
Independencia República
Socialismo
nº 72
Cita Nacional:
Granada, 2 de Enero de 2002
Toma NO; Viva
Andalucía Libre
En este Correo:
* Crónica de
Andalucía
* Comunicado del Mov.
de Solidaridad con
Cuba
* Pepe Rei -
Ardi Beltza
* Torturas de ayer y de hoy.
Medalla
Melitón/indultos.
* La
vasquitis,
* Pacto
social
Teo
Navarro, Se
prepara una nueva
contrarreforma
laboral
* Palestina -
Israel
Entrevista a
Uri Avnery (Gush
Shalom)
David
Grossman, El derecho al
retorno segun
Israel
Edward
Said, Palestina: se
agrava la tragedia
* Sahara, ¿Qué pasó con el
Rally
París-Dakar?
* Chile:
Agujero de
ozono.
* James Petras,
Sobre los intelectuales
*
Enlaces-Sorpresa
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 Crónica de Andalucía-Resumen de Noticias. Andalucia Libre
Tireless go home!!
Unas 70.000 personas acudieron a la
manifestación del pasado día 20, en Algeciras. Un exito. Hubo polémica
posterior, auspiciada desde el PP, sobre cuantos autobuses gratuitos habían
puesto los ayuntamientos. De cualquier manera, no había lugar a confusión. Esta
mani no era igual que las primeras Marchas a Rota pero, aún así, sirvió bien al
objetivo de manifestar un rechazo de ámbito nacional a la presencia del averiado
Tireless en el puerto de la colonia británica de Gibraltar. Aparte, el PSOE
saco pecho y el PP rumio nuevamente las consecuencias paradójicas de ser
Gobierno en Madrid y oposición en Andalucía. Chaves ocupo su sitio en la
pancarta de cabecera junto a Ortega (PA) y Llamazares (IU de España), que, por
cierto, desplazó a la segunda fila a Valderas (IU en Andalucía), porque, como
dice el refrán, donde manda capitán no manda marinero. Al día
siguiente, IU intentó reunir en su torno a diferentes colectivos para hacer
permanente una alianza contra la nuclearización de Andalucía; a cuenta de las
bases yanquis y el cementerio de desechos de El Cabril. Obtuvo un sonoro fracaso
por dos razones: 1ª. Porque la coherencia de contenidos no es precisamente el
puntal básico sobre el que se asientan las decisiones de buena parte de los
convocados y 2ª. Porque puestos a ello, tampoco IU está precisamente como para
dar lecciones al respecto. Aun así, Valderas obtuvo su foto. Hoy precisamente,
Pedro Vaquero -miembro de la ejecutiva de IU-CA- explica en
IDEAL que la manifestación tuvo eco porque era
expresión de un nuevo internacionalismo que se opone a los nacionalismos
(!?); análisis y explicación que para los no iniciados en las obsesiones
españolistas del sujeto en cuestión, resulta como mínimo forzada cuando no
directamente ininteligible. Al hilo de este asunto, Chaves se permitió decir -en
un nuevo ejercicio de cinismo- que no le acababa de gustar la
ampliación de la base yanqui de Rota que, por decisión de los Estados
Unidos y asentimiento del Gobierno español, convierte a Andalucía en
país-portaaviones y a Rota (más Morón) en elementos aún más centrales si
cabe de la estrategia norteamericana. Si hubiera más nacionalismo
la Junta no se hubiera quedado en los gustos y hubiera hecho lo que
tenía que hacer para evitar la ampliación y echar a los yanquis, dijera lo que
dijera Madrid, con lo que el más nacionalismo nos conduciría a más
internacionalismo, para confusión de Vaquero.
Volviendo a lo del Tireless, Peter Caruana -el alcalde de la
Colonia- ha terminado dando su visto bueno, como era previsible, a la Royal
Navy para que proceda a la reparación del sumergible en los muelles
gibraltareños. Lógico. Los dimes y diretes de Caruana sólo buscaban tranquilizar
a la población gibraltareña y de paso ganar algunos puntos de imagen pero al
final Gibraltar ha vuelto a demostrar que sigue tal cual nacio en 1713: una
villa al amparo de una base militar británica.
En la
cola de los papeles
CC.OO por boca de Manuel
Delgado, responsable de emigraciones del sindicato
agroalimentario, denunció que en el campo andaluz trabajan de forma
ilegal unos 14.000 inmigrantes, alrededor del 50 por ciento de los más de 28.000
inmigrantes que desarrollan su labor profesional en el sector agrícola de
Andalucía. Tras el convenio marco firmado entre sindicatos y empresarios en
1997, que entró en vigor el 21 de septiembre de 1999, los agricultores del
Estado español "únicamente" presentaron a las mesas provinciales de contratación
15.000 ofertas de empleo, de las que entre 7.000 y 8.000 cumplían con los
requisitos, entre septiembre de 1999 y diciembre de 2000. De ellos, 4.000
empleos en Huelva, de los que 2.000 no cumplían con los requisitos previstos en
el convenio marco, mientras que este año, Almería ofertó 300 empleos, 150
de ellas para extranjeros. Evidentemente,
los patrones han preferido la contratación a la manera tradicional "en la
esquina los paraos". El secretario general de UGT en Andalucía,
Manuel Pastrana, declaró por su parte que en Andalucía existen unos 62.000
trabajadores inmigrantes regularizados y otros 22.000 que presentaron "sus
papeles" y que no han sido admitidos. A estas cifras hay que añadir todos
aquellos que llegan de forma clandestina al Estado español y que, por tanto, su
número se desconoce. Como si no fuera con ellos el asunto,
exigió que se concretarán ofertas de empleo "transparentes" de manera
que se pueda determinar la mano de obra que necesita Andalucía y en qué épocas
del año al objeto de regular las condiciones laborales de los inmigrantes que
forman parte de la economía sumergida de la
comunidad.
La Inspección de Trabajo,
por su lado, sólo descubrió el año pasado 4.299 casos de contratación
ilegal de inmigrantes en todo el Estado, la mayoría de ellos en hostelería,
construcción y agricultura, según anunció el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Juan Carlos Aparicio, en el Congreso de los Diputados español. El dato
llama la atención a la vista de la cantidad de irregulares que había en el
Estado español el año pasado. Datos oficiales la sitúan por encima de las cien
mil personas. Los inspectores realizaron 11.818 actuaciones e impusieron
sanciones por 2.365 millones de pesetas. Aparicio no precisó la cantidad
cobrada. Madrid, Murcia, Barcelona, Cádiz, Alicante y Málaga fueron las
provincias con mayor número de infracciones.
Andalucía fue la segunda
nación del Estado español, en los once primeros meses de 2000, en número de
infracciones cometidas por dar trabajo a inmigrantes indocumentados, con
546 y más de 274 millones de pesetas en multas
propuestas por la Inspección, según los datos estadísticos de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Málaga fue la provincia
con mayor número de infracciones cometidas, 235, por las que la Inspección
propuso más de 120 millones de pesetas en multas; seguida de Cádiz, 219 y 109
millones; y Almería, con 42 y casi 24 millones. Con menor número de
infracciones se situaron Sevilla, con 22 y más de 10 millones; Granada, con 13 y
6,5 millones; Huelva, con 8 y 750.000 pesetas; Jaén, con 6 y 3 millones; y
Córdoba, con 1 y medio millón de pesetas en multas. Resulta evidente con estas
cifras ridículas que se ha tolerado e incitado desde la administración a la
sobreexplotación y que si de un lado el Gobierno español ha mantenido un
discurso de control de la inmigración y de distinción entre regulares e
irregulares, legales e ilegales, de hecho su practica
ha sido hasta ahora -como en la época del PSOE- facilitar por la vía de la
vista gorda el empleo de inmigrantes, eso si, en condiciones
semiesclavistas. Es decir, el objetivo real es tener una bolsa de mano de obra a
la que exprimir, cuanto más desprovista de derechos mejor, sea con andaluces o
extranjeros, que tire hacia abajo al mercado laboral. Y los sindicatos
mayoritarios, en lugar de denunciar con nombre y apellidos a todos los patrones
que explotan a trabajadores andaluces o forasteros en condiciones de
irregularidad, exigiendo comisiones...
IU, por mediación de su
diputado Francisco Ríos, presentó en el Parlamento andaluz una proposición no de
ley, demandando que la Junta reclame al Gobierno central
unidades especializadas dentro de la Inspección de Trabajo en materia de empleo
irregular en la agricultura, sobre todo la intensiva. Además, instaba al
Ejecutivo andaluz a exigir el cumplimiento del convenio colectivo agrícola en
las condiciones de trabajo y salarios, así como a realizar un estudio urgente
del empleo irregular en el sector agrícola. A ello, apuntamos nosotros, quizá
habría que añadir que las organizaciones sindicales y sociales deberían
plantearse el hacer públicos los nombres de las empresas y patrones que utilizan
mano de obra, andaluza o forastera, en situación irregular para acabar
de una vez con el cáncer de la economía sumergida.
Durante estos últimos días,
toda esta problemática se concretó en torno a la campaña de la Fresa en
Huelva. El secretario general del sector Agroalimentario del sindicato
CC.OO en Huelva, Santiago Lepe, advirtió que la petición de la asociación
de productores Freshuelva de poder contratar a inmigrantes ilegales durante la
campaña tendría "un efecto llamada de consecuencias imprevisibles" que podrían
asemejarse a la situación vivida en Almería. Lepe auguró que, ante esta
posibilidad, podrían llegar a Huelva multitud de extranjeros sin papeles para
intentar conseguir la legalización y "liarse igual que ha ocurrido en la
provincia almeriense" por las "alegres" manifestaciones lanzadas desde
Frehuelva. El dirigente sindical, que se mostró partidario de legalizar "de
una vez" a todos los trabajadores extranjeros, expresó además sus discrepancias
con la necesidad de mano de obra estimada por los empresarios del sector, que
han cifrado en 7.000 los temporeros que deben incorporarse a la
campaña, ya que argumentó, el pasado año "quedó demostrado que no hacían falta
tantos trabajadores". "Los empresarios parece que quieren trabajadores a la
carta para tenerlos como en una despensa", manifestó. Frente a los cálculos
de Freshuelva, Santiago Lepe fijó en unos 1.500 temporeros los
necesarios para cubrir la recogida de la fresa.
El
gerente de Freshuelva, Manuel Verdier, justificó, por su parte, el
llamamiento del sector en favor de la llegada de trabajadores del Este porque
"la experiencia apunta a que dan mejores resultados". No obstante, precisó que
en los cultivos de fresa de Huelva "hay cabida para todos", por lo que desmintió
que los africanos se queden sin trabajo, como ha manifestado la asociación de
ayuda al inmigrante 'Huelva Solidaria'. Del mismo modo, Verdier señaló que
la decisión de la patronal fresera no es "drástica, sino sólo un planteamiento",
de manera que, en su opinión, no se producirán enfrentamientos entre los
temporeros. En este sentido, hizo un llamamiento a los colectivos solidarios
para que eviten realizar manifestaciones que puedan crear "crispación". Abundó
luego en la preferencia de los agricultores por contratar en lugar de
marroquíes a temporeros procedentes del Este de Europa, intentando
tranquilizar al colectivo magrebí diciendo que la sustitución no será
"radical", sino una "tendencia", o lo que es lo mismo, que no los pueden echar
de golpe en un año pero que en cuanto puedan....
El
consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña
(PSOE), tercio en la polémica realizando también un llamamiento al Gobierno
central para que adopte medidas que permitan a los empresarios agrícolas
onubenses cubrir sus demandas de mano de obra, entre las que destacó la
necesidad de agilizar los trámites de regularización de inmigrantes, que aún
tienen abierto el proceso, para su contratación temporal en las campañas
freseras. los productores de fresa ya han solicitado 1.500 trabajadores de las
listas del INEM, que tradicionalmente proceden del Andévalo onubense o las
provincias de Cádiz y Sevilla.
Obviamente, Andalucía, que segun el Ministerio del
Interior español acoge a 117.220 inmigrantes, debería ser soberana para
establecer su propia ley sobre inmigración y ciudadanía; su propia legislación
laboral, atendiendo a su realidad nacional específica, pero,
nuevamente, la Constitución española lo impide.
Freshuelva, exigió
simultáneamente estos días al Gobierno central que desarrolle medidas urgentes
frente a la competencia del producto procedente de Marruecos, "de menor precio y
menor calidad", a través de la imposición de cupos a la producción y el adelanto
de la fecha en la que el reino alauita comienza a pagar aranceles por la
exportación a la UE de sus fresas. José Manuel Romero, nuevo responsable de
la entidad, recordó que la producción de fresa en Marruecos, aunque comenzó
siendo, según dijo, una "anécdota", se ha convertido en uno de los dos
principales "enemigos" de la fresa de Huelva, junto a la tendencia de los
propios agricultores de producir más de lo que el mercado puede
absorber. Verdier recordó que el Tratado de Asociación de la UE con
Marruecos recoge límites a la exportación de productos y permite a cualquier
estado miembro establecer recursos administrativos en el caso de que el reino
alauita rebase las cantidades previstas. Lo que no se entiende es porque se
quedó sólo en reclamar cupos y no exigió que la producción extracomunitaria
quedara limitada a los restos que no pudieran ser cubiertos por producción
propia; puede que Verdier no quisiera traspasar los limites políticamente
correctos de la ordodoxia europeista.
Y en este ambiente, el
patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría (Huelva), Ángel
Mendoza, tuvo que pedir disculpas -a sugerencia del subdelegado del
Gobierno- por las declaraciones racistas en las que apuntaba la
posibilidad de tomar represalias contra los inmigrantes marroquíes residentes en
la provincia onubense, debido a la falta de un acuerdo de pesca con
Marruecos. Una posición que no se sabe si destaca más por su
estupidez, por su xenofobia, por su indignidad... ¡Hacer responsables a los
temporeros emigrados marroquíes por la ausencia de poder de Andalucía para
defenderse en Bruselas y en Madrid!. No mucho mejor, es la decisión de CCOO de
boicotear la entrada de pescado marroquí a partir del 2 de febrero con el
argumento de que "si los caladeros son suyos, los mercados son
nuestros", promoviendo que en lugar de pescado marroquí entre pescado
portugues. Porque el argumento, que es muy valido y real, de aplicarse lo lógico
es que se hiciera en principio no como excepción y en donde es más discutible y
con el más débil, sino como línea general en el conjunto de sectores económicos
en los que, desde la inclusión en la UE, hemos venido asistiendo al
desmantelamiento de empresas andaluzas o su compra y sustitución por capital
foráneo y nunca hemos escuchado en CCOO esa línea de razonamiento. No deja de
resultar un tanto repulsiva esta autolimitación en lo tocante a la defensa de la
economía andaluza a los casos en que los competidores son marroquíes, mientras
que cuando son europeos, predomina un fatalismo liberal bobalicón.
Qué se puede esperar, no
obstante, de quienes hicieron posible que, según datos de la propia UGT, del 1,2
millones de asalariados que negociaron convenios en Andalucía el año pasado -el
resto de trabajadores no se incluyen por estar afectados por convenios de ámbito
estatal- recuperaran lo perdido sólo 441.333, mientras perdieran poder
adquisitivo unos 300.000 (el 25%) y
mantuvieran el poder de compra unos 500.000, según ellos. Estos 500.000
corresponden a los trabajadores afectados por el convenio del campo que pactaron
una subida del 4% para el año 2000 y que es sabido que en muchos casos y
ocasiones no son cubiertos siquiera por los acuerdos del convenio. El
responsable de relaciones laborales de UGT-Andalucía, Bernabé Díaz, explicó que
las revisiones saláriales serán de 1,1 puntos, que resulta de la diferencia
entre la subida media de los convenios con cláusulas de revisión (2,9%) y el 4%
de la inflación del año 2000. El incremento medio pactado en
convenio en Andalucía el año pasado se situó en el 3,49% y la inflación
acabó el ejercicio en el 4% en el Estado español y en el 3,8% en
Andalucía.
De cualquier manera,
las cosas importantes para CCOO-UGT no van mal. El secretario
general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, destacó la ausencia de
confrontación en las negociaciones entre agentes sociales, económicos y Junta de
Andalucía para la firma del V Acuerdo de Concertación que, según señaló, "no se
dilatará más allá de febrero". En rueda de prensa, Pastrana manifestó que
las negociaciones se están prolongando por tratarse de una tarea "absolutamente
compleja", ya que se estudian desde las políticas laborales hasta la
planificación de infraestructuras para la creación de empleo en la
comunidad. Asimismo, señaló que el nuevo Acuerdo de Concertación tendrá
algunas novedades "para garantizar el incremento del empleo, la estabilidad y
las condiciones de trabajo, además de fórmulas de apoyo específicas a
microempresas", que representan el 78 por ciento de esta actividad en Andalucía
y que fueron las que más empleo crearon durante los últimos años. Otro de
los asuntos que está dilatando la firma es, según añadió, la búsqueda de medios
que reflejen "con transparencia" los resultados de las iniciativas recogidas en
el acuerdo. Por ello, explicó que en esta ocasión "no sólo se está
elaborando el Acuerdo, sino que además se está evaluando cuáles será las
fórmulas para promover el desarrollo económico andaluz y el seguimiento de las
mismas". Es decir, vista la
experiencia, la retórica habitual para camuflar el conchabeo en el reparto de
subvenciones.
Un caso. El comité de
empresa de Cárnicas Molina vaticinó que, aunque no tienen confirmación
oficial, la empresa propietaria Campofrío y Campocarne Andalucía harán que
desaparezca la marca de Molina como tal, a la vez que denunció el incumplimiento
de los compromisos adquiridos por la empresa castellana cuando se hizo con la
empresa jiennense. Entre estas promesas, los trabajadores de Molina
destacaron el compromiso de Campocarne a que realizaría una inversión de 4.000
millones de pesetas para construir una nueva planta de elaborados, algo de lo
que ahora se han retractado. En el documento firmado con la Junta de
Andalucía, antigua propietaria de Molina, también se comprometieron a contratar
a 300 antiguos trabajadores de Molina durante el primer año, a otros 50 durante
el segundo y a ampliar la plantilla hasta 500 trabajadores, cosa que no han
cumplido hasta el momento, como denunciaron los secretarios generales de las
Federaciones de Alimentación de UGT y CC.OO, Luis García de los Reyes y Damián
Jiménez, respectivamente. Jiménez destacó que "no sólo peligra la
recolocación de los antiguos compañeros sino que también peligran los actuales
puestos de trabajo, teniendo en cuenta que el censo laboral ya ha descendido de
331 trabajadores a 301". Igualmente, el representante sindical de CC.OO
indicó que, por la última reunión que mantuvieron con el secretario general de
Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco García, la administración autonómica
no ve con malos ojos el nuevo proyecto industrial de Campofrío, plan que todavía
no ha sido presentado a los comités de empresa, aunque están seguros de que su
primera consecuencia supondrá la destrucción de empleo en un corto plazo de
tiempo. Este nuevo plan industrial recoge la ampliación de la sala de
sacrificios, la creación de una planta de grasas y cortezas y la de una planta
de semielaborados, actuaciones que, según García de los Reyes, no contribuirán a
mantener el empleo. Jiménez y de los Reyes denunciaron también la
diferencia de trato que existe entre Molina y otras factorías en el
resto del Estado español, ya que ellos cobran un salario bastante más
inferior a pesar de tener unas cargas de trabajo mucho más elevadas y que han
tenido como consecuencia la intervención médica de varios empleados por exceso
de trabajo. Y está el caso de Santana-Motor de Linares que daría
el solo para una Crónica entera...
Por su parte, el
Ayuntamiento de Granada (gobernado por una coalición
PSOE-PA-IU) tuvo una actuación protagonista para terminar con la huelga de los
trabajadores de la empresa INAGRA, concesionaria del servicio municipal de
recogida de basuras. Tras varios días de huelga, los munícipes del PSOE e
IU anunciaron que llevarían al juzgado de guardia la huelga que mantenían
los trabajadores. También avisaron de que tenían decidido elaborar un
decreto de "incautación provisional del servicio" que surtiría efecto desde las
14.00 horas y que implicaría la contratación de los trabajadores precisos
(vulgo, esquiroles) en la modalidad de obra y servicios, de manera que así
se pudiera "garantizar la salubridad", en palabras de José Antonio Aparicio
(PSOE). Para que no quedara duda de la responsabilidad y el sentido de la
autoridad de este Gobierno tripartito, anunciaron que "se solicitaría que dichos
operarios desarrollen su labor protegidos por las fuerzas de seguridad", ante el
"supuesto de que la misma fuese obstaculizada", según manifestó el teniente de
alcalde y delegado de Medio Ambiente, Baltasar Garzón (IU). Ante tamaños
argumentos, esa misma noche se firmaba el acuerdo entre patronal y
trabajadores que establece, aparte del pago de los salarios de los días de
huelga, que la subida salarial sea del 3,5% propuesta por la empresa para
este año, así como del IPC real más 0,5 puntos en 2002 y 2003. Además, 80
millones de pesetas se destinarán a compensar los sueldos más bajos, como
también se incluirán 18 nuevos puestos de trabajo por año hasta 2003, según
contempla el acuerdo. Por cierto, esta es la única vez, causalmente en
coincidencia con una huelga, que este Gobierno municipal ha hablado de
incautar alguna empresa o servicio de los múltiples (recaudación, transporte
publico, agua, grúa, etc ) que están y siguen en manos privadas, produciéndoles
anualmente a sus concesionarios pingües beneficios.
En otro orden de cosas,
Pedro Pacheco, cartel del PA en las ultimas elecciones y alcalde de Jerez,
abandonaba el Grupo parlamentario andalucista pasándose al Grupo Mixto del
Parlamento Andaluz. Pacheco afirmaba que no esta en el nuevo PSA pero que lo
ve con simpatía.
Pepe Rei, detenido
 Solidaridad con Pepe Rei
La detención del periodista Pepe Rei es un
autentico escándalo y un atentado a la libertad de expresión y a los derechos
democráticos básicos.
Los cargos que se le imputan son absurdos,
ridículos; moverían a risa, si no conllevaran consecuencias tan nefastas.
¿Quién puede creer que ETA selecciona objetivos de sus acciones al dictado o
por la mediación de una revista de amplia
difusión?.
La persecución sobre Pepe Rei, último eslabón
hasta el momento de una cadena infame, manifiesta que en el Estado español se
puede encerrar a personas no por desarrollar actos violentos o colaborar con
ellos -lo que entra dentro de lo normal- sino simplemente por
compartir y difundir ideas y hechos incómodos para el pensamiento único
establecido. Para silenciar voces molestas se obvia la posibilidad de la
querella por calumnias -quizá porque se sabe que no tiene ningún futuro y
que puede volverse como un bumerang contra sus inductores- para dar un
salto mortal achacandoles «colaboración con banda armada». Es también la
enesima aplicación judicial de la tesis del PP de que toda la izquierda
abertzale es ETA, sea cual sea su opinión sobre ETA y lo que hace ETA y que
coincide plenamente con la linea argumental de los sumarios instruidos por el
juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Sólo hay que recordar al
respecto a Sabino Ormazabal, que todavía continúa en prisión.
Es la enesima prueba de la colusión entre las
instancias gubernamentales y judiciales y de su intimidad con las grandes
empresas mediaticas. Para ello, sólo hay que repasar la secuencia de los
acontecimientos. La detención del comando Barcelona de ETA es
presentada en televisión con imagenes policiales que se detienen en un
ejemplar de Ardi Beltza. A renglón
seguido, se anuncia que el empresario y locutor Luis del Olmo figura entre los
objetivos del comando. El citado Luis del Olmo -que segun El Pais ya esta
advertido de esa condición por mediación de Almansa, jefe de la Casa Real y
Mayor Oreja, ministro del Interior- arremete publicamente contra Pepe Rei,
acusándolo puiblicamente de lo divino y de lo humano. El ministro portavoz del
Gobierno del PP, Pio Cabanillas, declara a las 12,06
horas que "entiende perfectamente la frustración de la opinión
pública ante el caso de Pepe Rei y la actuación de la Justicia y que presupone
de salida que el juez está tomando las medidas que estima y que al final todo
tendrá su buen fin", añadiendo que el Ejecutivo, "respetando la
independencia de estos organismos", es el "primer interesado" en "la rapidez
de todas aquellas medidas que deban tomarse". Esa misma tarde se detiene a
Pepe Rei. Hay que decir aqui que, recientemente, la revista
Ardi Beltza edito el libro, Un
rey golpe a golpe, una biografia no autorizada de Juan
Carlos de Borbón.
Es otro recordatorio más de
los límites que no se deben traspasar. Dos días antes, el presidente de
la Comunidad de Madrid y dirigente del PP, Alberto Ruiz Gallardón, cesó
al director general de su televisión autonómica, Silvio González, por ofrecer
un tratamiento «neutral e imparcial» en un programa dedicado a Euskadi. Según
explicó el Consejero de Presidencia de Madrid, Manuel Cobo, el programa
afectaba a «un asunto de Estado» y, «en este asunto, en el terrorismo, no se
puede ser, y nosotros no lo somos, ni neutrales ni imparciales». Para
entender debidamente la cuestión, cabe destacar que el programa versó sobre la
situación política de Euskadi en general: derecho de autodeterminación,
ciudadanía, sufrimiento de todas las víctimas... y no sobre ETA.
La
detención de Pepe Rei tiene, además el añadido, de producirse sobre una
persona que ha acudido siempre a las dependencias judiciales cuando ha sido
citado.
Se han encendido todas las luces rojas de
alarma. Es verdad que la delirante táctica de ETA ha situado bajo minimos
-cerca del cero absoluto- la simpatía hacia Euskadi y su izquierda
nacionalista fuera de allí. Aún así, es necesario hacer entender que el caso
Rei no es un caso ligado a ETA sino a la defensa de los mínimos democráticos
imprescindibles para que toda izquierda de cualquier nación del Estado tenga
posibilidades de actuar y desenvolverse, tanto hoy como mañana. Este es el
meollo del asunto. Esta es la prueba. Por ello. los silencios de quienes van
por la vida de intelectuales de izquierda resultan tan clamororosos;
por ello estremece que la única reacción al respecto desde las
estructuras de dirección de IU, la primera fuerza parlamentaria a la izquierda
del PSOE, hayan sido unas muy prudentes declaraciones de
Oskar Matutes, coordinador de la presidencia de EB, en tanto IU estatal
no abría la boca.
Cuente Pepe Rei y la revista "Ardi Beltza" con
nuestra solidaridad.
Torturas de
ayer...
LA CONDECORACION A MELITON MANZANAS SUPONE LA LEGALIZACION DEL TERRORISMO
DE ESTADO DEL FRANQUISMO
Nota de prensa del Foro de Madrid por la
Paz
El Foro de Madrid por la Paz quiere
manifestar su completo rechazo de la decisión que el Consejo de Ministros ha
anunciado que va a tomar en el día de hoy según la cual se va a conceder la Gran
Cruz del Mérito Civil al famoso torturador franquista Melitón Manzanas, con el
pretexto de que también fue víctima de ETA.
La adopción de esta medida no sólo
supone una afrenta contra todas aquellas personas que lucharon contra la
dictadura y que fueron víctimas de la tortura y de la represión franquista sino
que constituye una prueba más de la escasa convicción democrática del gobierno
de Aznar y Mayor Oreja y de su disposición a provocar una mayor dinámica de
confrontación en el conflicto vasco.
El Foro de Madrid solicita del
gobierno una rectificación inmediata de esta medida y se reafirma una vez más en
la necesidad de abrir un proceso de diiálogo para la solución del conflicto
vasco que conduzca a una mayor profundización de la democracia, en lugar de
retrotraernos a los peores tiempos de la dictadura.
Comisión Permanente del Foro de Madrid por la
Paz
...torturas de
hoy.
El pasado 1 de
Diciembre el Gobierno español indulto a 11 agentes del Cuerpo Nacional de la
Policia y a tres miembros de la Guardia Civil que habian sido condenados por
torturas.
Los Policias indultados son: Julio Hierro, Maria
Jesus Fanegas, Anibal Machin, Juan Jose Fernandez, Abel Alberto Nunez, Jose Luis
Fraila, Luciano Garcia, Pedro Laiz, Paulino Navarro, Jose Maria Rodriguez y
Damian Vinayo. Los miembros
de la Guardia Civil indultados son: Isidro Martinez, Emilio Marino y Carlos
Prieto.
Todos estos miembros de las Fuerzas de Seguridad
del Estado español fueron condenados en firme por los tribunales acusados de
torturar a 7 ciudadanos vascos que en su dia fueron detenidos por motivos
politicos. Se trata concretamente de Ana Ereno, Enrique Erregerena, Juan Carlos
Garmendia, Mikel Ruiz, Jose Ramon Quintana, Kepa Otero Garmendia y Javier
Fernandez.
Otro dato a destacar es que varios de los ahora
indultados se encuentran relacionados con asesinatos cometidos en el marco de la
guerra sucia. Asi Julio Hierro fue condenado por los tribunales e indultado por
el Gobierno español tras haber sido condenado por su participacion en el
secuestro de Segundo Marey reivindicado por los GAL. Este mismo Jefe de policia
fue anteriormente condenado por torturas. Anibal Machin, otro de los policias
indultados aparecio tambien relacionado con varios asesinatos reivindicados por
los GAL.
Consideramos que estos datos hablan por si mismos
del nivel de cobertura que el Gobierno español otorga a la practica de la
tortura, hasta el punto de llegar al indulto descarado.
El indulto es la forma de cerrar el circulo de
impunidad que se asienta en una legislacion antiterrorista que crea mediante la
incomunicacion espacios de impunidad que escapan a todo control. En una
Audiencia Nacional que, como tribunal especial y politico, da efectividad
practica a la tortura juzgando y encarcelando a ciudadanos en base a testimonios
arrancados mediante la misma. Unos medios de comunicacion que silencian los
testimonios y denuncias de los torturados. Un Gobierno y clase politica que no
solo desoye las llamadas de Amnistia Internacional, de Organismos dependientes
de Naciones Unidas como el Comite de Derechos Humanos y el Comite Contra la
Tortura o de Organismos dependientes del Consejo de Europa como el Comite
Europeo para la Prevención de la tortura que año tras año reclaman la
desaparicion de la Legislacion Antiterrorista y la Audiencia Nacional española,
sino que llega al indulto para garantizar la impunidad para la tortura y los
torturadores.
Condecorar a
torturadores
La concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de
Reconocimiento Civil al torturador Melitón Manzanas es la consecuencia directa
de la aplicación de la Ley de Solidaridad con
las Víctimas del Terrorismo, aprobada por
unanimidad en las Cortes Españolas y la evolución lógica de la política seguida
por todos los gobiernos españoles desde la muerte de Francisco Franco. Sorprende
pues, en primer lugar, el escándalo con el que han reaccionado partidos como
PNV, EA e IU, después de que ellos mismos, con sus votos, contribuyeran a la
creación de esta condecoración y al establecimiento de las bases para su
concesión. También llama la atención la reacción del PSOE, dado que este partido
no tuvo reparo alguno en indultar, ascender y condecorar a torturadores
condenados mientras estuvo en el gobierno.
Los poderes dominantes en el Estado español a la
muerte de Francisco Franco, que hundían sus raíces en la dictadura que defendía
Melitón Manzanas, impusieron una transición que no rompiera con el pasado, lo
que fue aceptado por las fuerzas de la oposición. Ello supuso el mantenimiento
sin depuración de las estructuras básicas del ejército, la policía y la
judicatura franquistas. La llegada del PSOE al gobierno en 1982 no hizo sino
consolidar y legitimar esa arquitectura del Estado. El primer Ejecutivo de
Felipe González «descubrió» a la Guardia Civil, la utilidad de la represión
indiscriminada y de la tortura y altos cargos crearon una estructura criminal
para eliminar independentistas vascos. Los indultos, ascensos y condecoraciones
a agentes condenados por torturas constituyeron una constante durante el mandato
del PSOE, cuyo colofón fue la concesión del grado de general a Enrique Rodríguez
Galindo «en atención a sus méritos, especialmente en la lucha contra el
terrorismo». El Partido Popular no ha hecho sino continuar por la senda trazada.
Hace apenas una semanas indultó a 14 torturadores. Anteriormente había hecho lo
propio con condenados por el secuestro de Segundo Marey, primera acción
reivindicada por los GAL.
La utilización de la tortura no es algo del
pasado en el Estado español. Ahí están los informes de Amnistía Internacional
para atestiguarlo. Las denuncias de malos tratos en comisarías, cuartelillos y
cárceles, las últimas de ayer mismo, se suceden en medio de un silencio cómplice
de partidos y líderes de opinión que ahora se dicen escandalizados por la
condecoración a Melitón Manzanas. Los relatos de las torturas de hoy (ver los
últimos informes de AI) no son menos espeluznantes que los del
franquismo.
Enlaces: Asociación contra
la Tortura; Amnistia
Internacional
Otros datos
vascos:
El año 2000, las FSE detuvieron a
689 ciudadanos, de los cuales 253 fueron incomunicados. 77 denunciaron haber
sido torturados. De los 689 detenidos, finalmente 504 fueron
puestos en libertad. Entre tanto, ETA mató a 23 personas. En 1999, año el que
ETA mantuvo un alto el fuego, fueron detenidas 513 personas, de
las que 432 quedaron en libertad. La diferencia en numero de
detenciones entre un año de tregua y un año de ofensiva de ETA es de sólo 176
personas más con ETA actuando; no parece que el Estado español se quedara
inactivo ese año precisamente a la luz de los datos. Cabe llamar la atención
sobre el altisimo porcentaje de detenidos que terminan siendo puestos en
libertad por falta de pruebas pero despues de haber pasado por el trago de
comisaria... Este año asciende al 73,14%, lo que implica una clara voluntad de
intimidación.
La
Vasquitis,
A propósito del caso
Sánchez
Tras la caída del
comando Barcelona de ETA, la detención de Diego Sánchez, hijo de un comisario y
una funcionaria de policía, ha tenido un importante impacto social. No es el
primer caso en que se reúnen estas circunstancias un tanto morbosas pero sí
el que ha obtenido mayor atención pública. No vamos a adentrarnos en el
proceloso sendero de las interpretaciones psicoanalíticas ni vamos a esbozar
ningún elemento interpretativo más propio de un guión cinematográfico que
de un artículo de análisis. Ni siquiera vamos a dar por cierto todo lo
publicado, aplicando una sensata prudencia nacida de la experiencia y atendiendo
además al llamamiento hecho por amigos y familiares de otros detenidos que están
viendo como un día se encierran peligrosos etarras o colaboradores para
al siguiente ser puestos en libertad sin cargos, eso si, sin forma de recuperar
la estima pública y resarcirse de los daños morales y de otro tipo sufridos a
cuenta de una detención sustentada en la falsa adscripción a ETA.
El "a propósito" del
titulo no es pues una figura retórica. No vamos a hablar
nada de Diego Sánchez -al que no conocemos- ni bien ni mal.
Queremos subrayarlo.
-----
Lo que nos va a ocupar
es la pregunta genérica -que trasciende estas circunstancias concretas- que
inmediatamente nos surgió al enterarnos no tanto del hecho en si, como de la
presentación periodística de la noticia: ¿qué hace un
independentista catalán ayudando a ETA?. Y lo vamos a hacer, como es
lógico, como si ese caso hipotético en lugar de ocurrir allá hubiera
pasado aquí, en Andalucía.
Aparte las
consideraciones y juicios generales que pueda motivar la acción de ETA -que ya
hemos tratado aquí en otras ocasiones-, lo inusitado de la cuestión planteada
era -a estas alturas- leer que era posible que alguien nacionalista de
cualquier nación del Estado español ayudara a ETA o asumiera la lucha de ETA
como propia, hasta el punto de integrarse en sus filas. No estamos hablando de
apoyar el derecho democrático a la autodeterminación de Euskadi (elemento
propio de cualquier demócrata); no nos referimos a denunciar las violaciones
de derechos democráticos, actitud natural en cualquier persona de bien;
tampoco a sostener una salida independentista u oponerse a la Constitución
española (cuestión normal en cualquier nacionalista o persona de
izquierdas consecuente) o a considerar al MLNV punto de referencia político de
la izquierda vasca, lo que es casi un dato objetivo. De lo que estamos
hablando es de meterse en una organización que si algo tiene demostrado es su
absoluto desprecio político a todo lo que no es ella, su descarada
instrumentalización de cualquier postura solidaria, su desinterés visceral
sobre las luchas o intereses de los otros movimientos de liberación nacional
del Estado español, su consideración de las otras naciones u
organizaciones políticas no como sujetos sino como meros objetos, simples
campos de maniobras, en su estrategia de confrontación con el Estado español.
Por supuesto, todos estos fenómenos son plasmaciones de posturas que tienen su
origen en el mismo planteamiento de ETA sobre su papel en Euskadi pero no por
ello dejan de manifestarse con nitidez y otras consecuencias cuando ETA actúa
fuera de Euskadi. A ETA le importa un comino la emancipación nacional de los
Países Catalanes, de Canarias, de Andalucía o de Galicia. De lo contrario no
habría hecho -aparte otras razones- lo de Hipercor o lo del peluquero de
Armilla. ETA va a lo suyo. Tiene tanto en cuenta la opinión del nacionalismo
revolucionario catalán o andaluz como lo pueda tener el Estado español, es
decir, nada. A ETA -la única- le trae sin cuidado que cada acción suya en una
nación ajena sea una losa que, inopinada e injustificadamente, cae sobre las
espaldas de quienes en ese país intentan construir una alternativa de
emancipación nacional y social. No agudiza ninguna contradicción, no despierta
ninguna conciencia; trasplantando irresponsablemente su practica a un
escenario ajeno sólo esteriliza todo lo que toca alrededor, sólo genera
reacciones de rechazo, incomprensión, aislamiento, asco. Con todo esto
sobradamente demostrado y contrastado desde hace años -antes y después de la
tregua- ¿como es posible que todavía puedan darse casos de vasquitis
aguda?. ¿Como es posible que alguien, en cualquier parte, pueda
pensar todavía que lucha por su nación, enrolándose como auxiliar en la
legión extranjera de ETA?. ¿Como se puede ser tan lerdo como para confundir
desaceleración con aceleración?. ¿Como se puede ser tan ingenuo o tan estúpido
de pensar en salvadores extranjeros?. ¿Como se puede explicar
intelectualmente esa huida del propio país real a una Euskadi mítica e
imaginada?. ¿Como justificar esa transferencia de lealtades?.
Euskadi es un país
complejo; ciertamente su izquierda es cualitativamente mayor que la de las
otras naciones; es inevitable que se produzcan fenómenos de subjetividad
emocional sobre todo cuando es constante el bombardeo de noticias derivadas de
la cuestión vasca e inviable eludir los debates que Euskadi provoca o la rabia
por muchos desmanes del Estado (este mismo Boletín lo evidencia) pero todo
esto tiene que ser tratado con objetividad. No hay mayor estupidez que aplicar
el campismo al caso vasco en su forma más mecánica: el enemigo de mi
enemigo es mi amigo. Pues no; no es tu/nuestro amigo. No
valen seguidismos acriticos ni fidelidades inquebrantables en el terreno
político. Ni siquiera vale la diplomacia porque Euskadi, querámoslo o no, se
nos ha convertido a todos, por la acción de ETA y del Estado, no en un
problema externo sino en un problema interno y por tanto
estamos legitimados para opinar tan francamente como nos parezca
oportuno. Ya resulta políticamente muy discutible -como ocurre en
ciertos casos y países- que se configuren en naciones del Estado español
organismos estables específicos de solidaridad con Euskadi; como si Euskadi
fuera Colombia u otro país lejano y nos pillara a todos a miles de
kilómetros, en lugar de ser un tema más de la agenda política de cualquier
organización. Pero dar el salto cualitativo de integrarse en ETA ya es
que resulta inconcebible. Es el equivalente a una abjuración nacional, al
abandono de la nacionalidad. No caben fidelidades compartidas cuando se trata
de ETA. Quien antes o ahora, colabora con ETA deja de ser políticamente
andaluz, catalán o canario; piense lo que piense. No caben ambigüedades
al respecto. Ninguna condición o consideración personal tiene entidad para
alterar este juicio y esta actitud.
  Cuba, EL MOVIMIENTO ANDALUZ DE SOLIDARIDAD
CON CUBA RESPONDE
La Revista ÉPOCA ha publicado en su número de 10
diciembre pasado una serie de artículos de opinión bajo el rótulo “ETA
se refugia en Cuba”. En uno de ellos, “Abertzales en La Habana”, se dice
textualmente, citando a Carlos Alberto
Montaner: “Si cuantiosas son las actividades de los
castristas en España, las formas de financiarlas resultan, cuando menos,
paradójicas: el dinero les suele venir de las propias arcas del Estado español
por medio de donaciones a diversas ONGs secretamente montadas por el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos, otro brazo de la DGI, en complicidad con
comunistas españoles simpatizantes de la dictadura de Castro. En cada una de las
autonomías hay uno de estos “comités de solidaridad”. El dinero de los
demócratas españoles se utiliza ingenuamente para combatir las libertades de los
propios españoles, unas veces para ayudar a los terroristas, otras para reventar
actos democráticos, pero siempre para servir a la tiranía cubana aliada de
ETA”.
La Coordinadora Andaluza de
Organizaciones de Solidaridad con Cuba quiere públicamente responder a estas
graves acusaciones.
1.-
El movimiento de solidaridad con
Cuba, tanto a escala andaluza como estatal, nació a principios de la década
de los noventa, con un impulso y una envergadura comparables a la de otros
procesos de solidaridad con países del Tercer Mundo que, de una u otra forma,
sufrieron inicuas agresiones por parte del Occidente “democrático” y hegemónico
(Vietnam, Nicaragua, Chiapas, Palestina...). Desde el principio, el movimiento
de solidaridad con Cuba se ha definido por su independencia política, por las
bases democráticas de su organización y por la persistente defensa del derecho
de Cuba a definir su propio modelo de desarrollo social y político, así como por
la denuncia del bloqueo norteamericano, caracterizado por ser un sistema global
de agresión contra Cuba, en lo económico, en lo diplomático, en lo militar, en
lo cultural, en lo social. Cuba, en medio del interminable acoso establecido por
Estados Unidos hace ya más de 40 años, y a pesar de sus defectos y carencias, ha
constituido y lo sigue haciendo hoy un paradigma para todo el Tercer Mundo, por
la valiente defensa de su soberanía política, por su internacionalismo
consecuente y por el privilegio conferido a las políticas de bienestar social, a
la educación, a la salud, al deporte y a la cultura.
2.- Los distintos colectivos organizados sobre
estos principios de solidaridad con Cuba han basado sus estrategias de
intervención social y política tanto en el plano de la sensibilización y de la
movilización social, así como del estrechamiento de los lazos culturales entre
el pueblo cubano y los pueblos que configuran el actual estado español. Y
también han orientado una importante esfera de su actividad al envío de material
sanitario, educativo y técnico a Cuba, a la par que se han recabado recursos
públicos destinados oficialmente a la cooperación con otras naciones más
desfavorecidas y ello para favorecer proyectos de desarrollo en Cuba, en
coordinación con los poderes públicos cubanos, como muestra simbólica de apoyo
moral y político a la lucha de Cuba por defender su independencia política y por
acabar con el bloqueo estadounidense. Toda la actividad de donación y de
cooperación, apoyada por cualquier administración Pública, ha estado sometida a
los necesarios controles y auditorías por parte de la Entidad Pública
correspondiente.
3.- Como es habitual, la posición de Cuba sobre el terrorismo en
la X Cumbre Iberoamericana ha sido contundemente distorsionada en todos los
grandes medios de comunicación del Estado español. En una Cumbre que estaba
destinada a abordar la grave situación que padecen millones de niños en nuestras
naciones, era previsible alguna maniobra sorpresiva que evitara el natural
protagonismo de Cuba en un debate sobre la infancia, por el ejemplo que esta
pequeña Isla representa respecto de la atención educativa, sanitaria y moral que
ofrece a sus niños. El gobierno Aznar utilizó a El Salvador para presentar una
Declaración que condenase el terrorismo de ETA, lo que conllevaba este doble
objetivo: robar a Cuba su merecedora participación en un debate sobre los niños
latinoamericanos y provocar el posicionamiento de Cuba que finalmente tuvo,
sobre un tema, el del terrorismo, respecto del que ya todas las anteriores
Cumbres Iberoamericanas habían decretado Resoluciones unánimes de condena,
posicionamiento que luego sería fácil, como así ha sido, desvirtuar y manipular
en la distancia cuando se es dueño y soberano del grueso de los plumíferos y
voceros que conforman nuestra “democrática” libertad de prensa. Cuba defendió en Panamá un pronunciamiento
de los Jefes de Estado allí presentes que rechazase el terrorismo en todas sus
expresiones y en todos los países a los que afecta, incluyendo a Cuba, quien ha
sufrido y sigue sufriendo ataques terroristas promovidos y financiados desde
Estados Unidos, y realizados por matones a los que defienden y amparan los
mismos que financian un libelo como EPOCA. Cuba defendió una posición
coherente contra una Declaración parcial, que no reflejaba todos los intereses,
y que se negaba a decir nada sobre aquellos que ponen bombas en instalaciones
turísticas cubanas, que secuestran y atacan embarcaciones cubanas, que han
llegado a exploxionar en pleno vuelo un avión cubano con 73 personas a bordo, 57
de ellas cubanos, que han asesinado a funcionarios cubanos en misión
diplomática, que amenazan a terceros para que no negocien con Cuba, que han
introducido plagas agrícolas y virus en su territorio. Tampoco esa Declaración
hacía alusión alguna al terrorismo ejercido en Colombia por los paramilitares
que financian los terratenientes con el apoyo del propio Ejército colombiano. Ni
al terrorismo perpetrado por los escuadrones de la muerte contra los campesinos
guatemaltecos, en Guatemala, o contra los campesinos y dirigentes sindicales en
Brasil. No decía nada esa Declaración tampoco de todos aquellos militares que,
en Uruguay, en Argentina o en Chile han realizado secuestros, asesinatos y robo
de niños y que pasean impune y tranquilamente por las calles de Montevideo,
Buenos Aires o Santiago de Chile. Y, naturalmente, no mencionaba en absoluto el
papel protagonista de Estados Unidos en la planificación, organización,
financiación y entrenamiento, durante décadas, de escuadras de terroristas que
han derribado gobiernos democráticos, han asesinado y han torturado a todo lo
largo y ancho de América Latina.
4.-
Es conocida la naturaleza de instrumento mediático que tiene la
publicación EPOCA al servicio de los
grandes poderes económicos y financieros que, procedentes del universo
franquista y enrocados y adaptados a los nuevos aires “democráticos”, perviven y
crecen sosteniendo, desde su posición dominante, las ideas más reaccionarias y
derechistas. Estos poderes son hoy, en el Estado español, hegemónicos política,
ideológica y económicamente y tras, la defensa formal, abstracta y cínica del
“marco democrático y constitucional”, su verdadero programa se sustancia en el
uso del Estado para favorecer sus intereses económicos y en la defensa
fundamentalista de lo privado y de todas las formas de desregulación social. En
esta lógica, por tanto, se inscribe una Revista como EPOCA, cuyo único afán “informativo”
reside en el ataque de todo lo que se referencie en lo público, en lo
progresista y en la defensa de los valores que inspiran las luchas universales
por mayores cotas de democracia social y de justicia económica. Lo publicado por
EPOCA responde a una lógica,
desgraciadamente cada día más familiar, de criminalización de los movimientos sociales
de naturaleza progresista, respondan estos a presupuestos de solidaridad
política con dinámicas de emancipación en el Tercer Mundo, a propuestas
nacionalistas de izquierda o constituyan movimientos antiglobalización y contra
las políticas neoliberales. Esta dinámica agresiva y peligrosa se promueve desde
sectores y grupos muy corrompidos y profundamente antidemocráticos, aunque muy
poderosos, y que, por cierto, utilizan las arcas del Estado como botín corsario.
Además, en el caso particular de Cuba, están ligados y dan cobertura a fuerzas
que inspiran actos terroristas contra Cuba, como la Fundación Nacional
Hispano-Cubana, reflejo español de la sanguinaria Fundación Nacional
Cubano-americana, con sede en Miami, hueste de mercenarios financiados y
utilizados por la CIA para atacar al gobierno y al pueblo de Cuba.
5.- En ninguna circunstancia el movimiento de
solidaridad con Cuba en Andalucía y en el resto del Estado español va a
permanecer callado ni quieto cuando se difame a Cuba o al propio movimiento, un
movimiento plural, profundamente democrático e independiente en su financiación
y en el curso de sus orientaciones y, mucho menos, cuando las agresiones
provengan de siniestros foros o cuya alma verdadera se ventila en sus
bajosfondos, que es donde ese tipo de comunidad de intereses económicos, bajo su
moral mercantil, planifican la destrucción y el descrédito de toda esfera en que
la rentabilidad tenga una medida social.
Andalucía, 15 de enero de
2001.
Coordinadora
Andaluza de Solidaridad con Cuba
Pacto
Social
Aznar media para acelerar un
pacto social ante la inestabilidad política y económica
El acuerdo para la reforma laboral está casi perfilado tras los
contactos de los últimos días
CARMEN PARRA, Madrid EL
PAIS
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y su
vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, han mantenido diversos contactos con los
líderes de la patronal, José María Cuevas, y de los sindicatos CC OO y UGT, José
María Fidalgo y Cándido Méndez, respectivamente, para acelerar un gran pacto
social. El Ejecutivo, ante la inestabilidad política y económica y para no abrir
más frentes de conflictividad, busca un balón de oxígeno con este acuerdo. El
resultado es que al fin se han empezado a perfilar las grandes líneas de la
reforma laboral y hasta qué punto puede ceder cada parte.
El
Gobierno parece haber abandonado la tentación de legislar unilateralmente y ha
optado por impulsar un acuerdo entre los agentes sociales, una voluntad que ha
quedado clara en los contactos que han mantenido en los últimos días sus máximos
responsables. Los portavoces de La Moncloa manifestaban ayer que "en la agenda
oficial del presidente no figuran esas reuniones". Sin embargo, las fuentes
consultadas de la patronal y los sindicatos aseguran que se ha producido una
intervención directa del presidente Aznar y del vicepresidente Rato para allanar
el camino. Ahora es el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, quien en los
próximos días va a mantener nuevos contactos con los dirigentes de la patronal y
los sindicatos.
Esa apuesta del Gobierno por impulsar el pacto social se produce
en medio de una incertidumbre económica y una crisis política claras. Su
objetivo es que se logre un acuerdo para estimular la creación de empleo y que
se haga mediante consenso, como ocurrió en 1997, y que ha permitido generar
millón y medio de contratos estables. Ese balón de oxígeno compensaría los
frentes que se le han abierto al Ejecutivo con una inflación descontrolada, y
unos precios del petróleo que pueden volver a remontar, a lo que se suman las
crisis de las vacas locas, el síndrome del uranio empobrecido o el
submarino nuclear Tireless, atracado en Gibraltar.
Fuentes de Trabajo y Economía admiten que para el Gobierno "es muy
deseable un pacto social" y que se repita el consenso de 1997. También aseguran
que el acuerdo "está bastante encarrilado". Por ello, confían en que se pueda
culminar un consenso en las próximas semanas y que se cumpla el calendario
fijado por agentes sociales para concluir en febrero. En esos encuentros entre
los agentes sociales con la mediación del Gobierno se han perfilado las líneas
generales de la reforma laboral, y más concretamente los límites hasta los que
cada parte está dispuesta a llegar.
Despido de 33 días
Los sindicatos empiezan a admitir la generalización de la
indemnización por despido de 33 días por año trabajado para los nuevos
contratos. La CEOE, a su vez, acepta el introducir salvaguardas a la
contratación temporal, con una indemnización a término y el límite para el
encadenamiento de contratos (ahora en la práctica inexistente), de forma que no
se puedan hacer más de tres a un trabajador.
Junto a ello se prevé impulsar la contratación fija, rebajando un
punto su cotización a la Seguridad Social, y frenar la temporal, encareciendo un
punto sus cuotas. Otro eje de debate se refiere a una flexibilización del
contrato a tiempo parcial, ahora escasamente utilizado.
Donde la patronal se muestra más reacia es a poner límites a la
subcontratación, como piden las centrales. Éstas tampoco se muestran proclives a
la propuesta de CEOE de crear un contrato para colectivos con especiales
dificultades, que contaría con una indemnización por despido de 25 días por año
trabajado.
Con esos avances se ha conseguido desbloquear la paralización de
un diálogo abierto en marzo pasado por el propio Aznar tras las elecciones
generales. A raíz de los encuentros de los últimos días, tanto los sindicatos
como la patronal han detectado que el clima para la consecución de un pacto ha
cambiado notablemente.
El consenso sobre la reforma laboral permitirá, a su vez, avanzar
en la mejora de la protección social y en la mesa para la renovación del Pacto
de Toledo, en la que el Gobierno parece admitir cambios en las jubilaciones
anticipadas. En concreto, que se rebajen los coeficientes reductores para los
trabajadores que se ven obligados al retiro antes de los 65 años y que han
cotizado un elevado número de años.
Se prepara una nueva contrarreforma
laboral
Teo
Navarro
El próximo 18 de mayo concluye la
Reforma Laboral firmada en el 97. El gobierno del PP quiere profundizarla,
imponiéndola por ley si no hay acuerdo entre patronal y sindicatos en unas
negociaciones que deben acabar en febrero. Se prepara un nuevo golpe de tuerca a
los derechos laborales, salvo que una movilización general, unitaria y sostenida
de los trabajadores llegue a impedirlo.
Los objetivos de la patronal y del
gobierno del PP
Los principales objetivos
de la patronal son conseguir un mayor abaratamiento del despido y una rebaja
generalizada de la cuota "patronal" a la seguridad social.
La flexibilización de las
causas de despido y su abaratamiento se ha ido imponiendo durante los últimos 25
años. Este es un punto clave en la política neoliberal de desregulación del
mercado laboral. Primero fue la consagración en el Estatuto de los Trabajadores
del despido libre, que permite a los empresarios no estar obligados a readmitir
a un trabajador que haya sido despedido de manera improcedente. Junto a ello se
trata de ir abaratando el despido cuanto más mejor. De hecho es gratuito en los
contratos temporales introducidos bajo el gobierno de Felipe González, que hoy
afectan a un tercio de los trabajadores.
Para los otros dos
tercios, los contratos indefinidos, que no fijos, existen dos tipos de
situaciones. Por un lado, el despido procedente disciplinario sin derecho a
indemnización y el despido procedente por causas objetivas, que desde la reforma
laboral del 94 permite a las empresas despedir a bajo coste (20 días por año
trabajado hasta un máximo de 12 años) por razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción, es decir, por cualquier motivo que los
empresarios pudieran aducir. Por otro, el despido improcedente, que obliga al
patrono a una indemnización de 45 días por año hasta un máximo de 42 años,
cantidades que quedaron reducidas a 33 días por un máximo de 24 años en los
contratos indefinidos de la reforma laboral del 97.
Ahora el principal
objetivo de la patronal y de su gobierno es un nuevo contrato indefinido con una
indemnización por despido improcedente más reducida y que generalice las rebajas
actuales en la cuota patronal a la Seguridad Social, unas reducciones que habrán
superado el billón de pesetas en los cuatro años de vigencia del pacto. En
definitiva, un paso más en generalizar la precariedad y reducir costes laborales
con el objetivo de seguir intensificando la explotación de una fuerza de trabajo
que, con menos garantías y derechos, se ve empujada a aceptar peores condiciones
salariales y laborales. Además de la reducción del salario directo que supone
(llevamos dos años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo), los
trabajadores también pagamos las subvenciones a la patronal a costa de nuestro
salario indirecto y diferido, mediante recortes en prestaciones y derechos
(subsidio de paro, pensiones, prestaciones sanitarias,...) como los 500.000
millones de superávit en la recaudación por desempleo que el gobierno destina a
rebajar cuotas patronales, mientras los parados que perciben algún tipo de
subsidio son menos de la mitad.
Formación Continua y pensiones
El diálogo social
también incluye las mesas de Protección Social y Formación Continua. El pasado
20 de diciembre CCOO, UGT y CIG
firmaron con patronal y gobierno el III Acuerdo de Formación, por el cual
gestionarán en forma tripartita y por 4 años estos polémicos fondos que, sólo en
el 2001, supondrán 133.818 millones de pesetas, profundizándose la creciente
dependencia de los sindicatos de la financiación del Estado y la patronal. Sobre
su manejo existen fundadas sospechas de un uso inapropiado, como el propio
Tribunal de Cuentas ha demostrado. El gobierno desbloqueó su firma una vez que
los sindicatos se mostraron dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la Reforma
Laboral antes de febrero. En palabras de Cuevas, el jefe de la gran patronal, el
acuerdo es "un buen preludio para el proceso de diálogo social".
En cuanto a pensiones el
gobierno ofrece destinar 700.000 millones al fondo de reserva, pero condiciona
el acuerdo a que los sindicatos acepten la reforma laboral: "el abaratamiento
del despido es el precio que los sindicatos tienen que pagar para garantizar el
saneamiento definitivo de las pensiones públicas" (La Vanguardia, 30-12-00).
También aquí el gobierno es claro. El ministro de Trabajo muestra su apoyo a la
propuesta del Banco de España de convertir en obligatoria la aportación a planes
privados de pensiones y el de ministro de Economía propone que parte del
incremento salarial de los trabajadores se destine a ese fin. El gobierno además
no se cansa de repetir que quiere retrasar la edad legal de jubilación. El Pacto
de Toledo ha supuesto que la pensión media en relación al PIB per cápita pase
del 49'7% en 1996 al 45'7% en 1999. Ahora que toca revisarlo el gobierno no
oculta que querría dar un paso más en la privatización de las pensiones
públicas, en la disminución de las pensiones futuras, en el retraso de la edad
mínima para tener derecho a ellas y en que los trabajadores aporten una parte
mayor de su actual salario para financiarlas.
Sindicatos y desmovilización
Después de convocar una
huelga general en el 94 contra la reforma laboral que impuso el último gobierno
González, las burocracias dirigentes de CCOO y UGT abandonaron esa lucha y
acabaron firmando una nueva reforma laboral en el 97. Esa traición a los
intereses de la clase obrera y la política de paz social de estos últimos
años han fortalecido a la patronal y al gobierno del PP, que han seguido
desmantelando derechos y garantías de los trabajadores, mientras ha generado
escepticismo entre los trabajadores y ha debilitado su capacidad de respuesta
colectiva.
Los dirigentes sindicales
iniciaron el diálogo social declarando que sus objetivos eran reducir los
altísimos niveles de precariedad laboral y mejorar la protección social de los
trabajadores, rechazando cualquier nuevo abaratamiento del despido, sin
reconocer que la reforma que firmaron en el 97 ha sido un fracaso desde el punto
de vista de los trabajadores. El nuevo contrato con despido más barato, con sus
reducciones de la cotización patronal y en una etapa de fuerte crecimiento
económico, ni siquiera ha servido para reducir los niveles de precariedad
actuales, situados en un 32% de los asalariados.
Por su parte, la patronal
y el gobierno dejaron claro desde el principio que sus intenciones eran otras.
El gobierno ha venido mostrando el sentido de su política, al servicio de la
acumulación capitalista y contra los intereses obreros: gestión de las bajas de
enfermedad por mutuas patronales; ampliación del horario de trabajo en el
comercio; crecimiento del raquítico Salario Mínimo por debajo de la inflación;
imposición de altos niveles de precariedad y reducciones de empleo y salario y
medidas de movilidad geográfica para los trabajadores del sector público;
contrarreforma de la Ley de Extranjería para facilitar la sobreexplotación de
una mano de obra inmigrante indefensa; continuidad de su plan de privatizaciones
con Renfe y Correos... Los trabajadores llevamos años de pérdidas salariales y
en derechos mientras los bancos y las grandes empresas baten récords de
beneficios.
La reforma laboral es el
instrumento indispensable para que el capital prosiga su acumulación,
especialmente cuando el ciclo expansivo muestra síntomas de agotamiento y
mantener la tasa de ganancia exige intensificar la explotación del trabajo, en
un contexto europeo en que el débil imperialismo español se ve además apremiado
por la creciente competencia que se deriva de la ampliación de la UE hacia el
Este y por la crisis de sus inversiones imperialistas en América Latina,
particularmente en Argentina.
La patronal sabe que juega
en campo propio y que su gobierno acabará imponiendo la reforma laboral por ley
si los sindicatos no ceden. Con esa relación de fuerzas la negociación es un
callejón sin salida que sólo puede concluir con nuevos retrocesos para los
trabajadores en los puntos decisivos. Lo más que han convocado las burocracias
dirigentes de CCOO y UGT para presionar han sido tímidas movilizaciones
parciales como las manifestaciones del 13-D, desvinculadas de la huelga de los
trabajadores del área pública -una huelga que llegó tarde, que fue mal preparada
y peor convocada-.
Con esa línea de acción,
los sindicatos ya dejaron pasar sin movilización o con movilizaciones parciales
e ineficaces ataques de la envergadura de la privatización de la gestión de las
bajas, primero, y sobre todo la contrarreforma de la Ley de Extranjería, que
sitúa a una franja de los trabajadores del Estado Español en unas condiciones de
sobreexplotación tales que contribuyan al abaratamiento generalizado del
conjunto de la mano de obra, así como los presupuestos del Estado, con los
cuales el gobierno a través de una previsión de inflación escandalosamente baja
intenta imponer nuevas pérdidas salariales al conjunto de los trabajadores a
través del SMI y el salario de los empleados públicos, que son la referencia
principal para la negociación colectiva de los distintos convenios.
Como consecuencia de esa
política de desmovilización y pacto, patronal y gobierno se han ido
fortaleciendo, al tiempo que crece el descrédito de unos sindicatos que no son
vistos por amplias capas de trabajadores como un instrumento útil para sus
intereses.
Los sindicatos están
entrando en la fase decisiva del diálogo social con la misma disposición
que les llevó a la firma en el 97. Sólo cuando los dirigentes sindicales
aseguraron estar decididos a llegar a acuerdos, el gobierno y la patronal
firmaron el Acuerdo de Formación Continua indispensable para su financiación.
Desde entonces las negociaciones parece que avanzan hacia el acuerdo, con una
absoluta desinformación a los afiliados y a los trabajadores sobre qué es lo que
se está negociando, aunque ha trascendido a los medios de comunicación que el
acuerdo está cerca en los puntos principales: generalización del despido pactado
en el 97, flexibilización del contrato a tiempo parcial, más bonificaciones
fiscales a la Seguridad Social para los empresarios.... a cambio de pequeñas
concesiones en la contratación eventual. Y en el horizonte, tras el previsible
pacto, ya se dibuja una modificación pactada de la negociación colectiva, dando
nuevos pasos hacia la eliminación de la llamada ultraactividad de los convenios,
una vieja aspiración de la patronal, interesada en suprimir la retroactividad de
los derechos y garantías que los trabajadores puedan ir conquistando en la
negociación colectiva.
Bien al contrario de la
línea que están siguiendo las direcciones de CCOO y UGT, un planteamiento acorde
con los intereses de clase debería haber partido de una plataforma pública de
reivindicaciones contra la precariedad laboral y por avances en derechos y
garantías, con medidas como ilegalizar las ETT's y acabar con la sucontratación,
suprimir los contratos en precario y ampliar las garantías contra los despidos,
una ley de 35 horas sin reducción salarial, mejoras salariales y cláusula de
revisión para todos los trabajadores,... apoyándose en un plan de movilizaciones
masivo, sostenido y preparado a fondo con la participación de los trabajadores,
única forma de cambiar la actual correlación de fuerzas para que sea posible
avanzar en las reivindicaciones.
La oposición sindical
Como reacción a esta
política conciliadora y desmovilizadora han venido surgiendo corrientes de
oposición en el movimiento obrero organizado, ya sean internos a los propios
sindicatos mayoritarios o en forma de otros agrupamientos sindicales (CGT, Sindicato Ferrovario...). Su relativa
debilidad está condicionada por la ausencia de un ascenso en las luchas obreras
pero también por la política de la dirección de estos movimientos.
El sector
crítico de CCOO, que en el último Congreso Confederal
volvió a agrupar a un tercio del sindicato, se ha venido pronunciando contra la
política oficial de la dirección.
Sin embargo, su dirección
sigue lastrada por las contradicciones internas entre un ala burocrática que a
pasos agigantados se viene integrando en la mayoría (Congreso de la CONC
catalana, Congreso de la Federación Estatal del Metal...) y otro sector que,
temeroso de perder sus posiciones en el aparato en un enfrentamiento abierto, no
levanta una línea de acción basada en un compromiso activo con las luchas
obreras y en el impulso de asambleas de trabajadores y pronunciamientos de la
base sindical exigiendo la retirada de las mesas de negociación y la preparación
de una movilización unitaria, sostenida y contundente, una huelga general,
contra la Reforma Laboral.
CGT, por su parte,
mantiene una oposición intransigente a cualquier retroceso, denunciando el
absurdo que suponen unas mesas de negociación que sólo pueden traer nuevas
pérdidas de derechos y proponiendo la huelga general como salida. Su línea
sindical más combativa viene dándole algunos frutos, entre los últimos su avance
en empresas como UH de Sabadell a costa del retroceso de UGT y de un sector
crítico de CCOO integrado a la política oficial. Sin embargo, su orientación
sectaria y aparatista frente a las dos centrales mayoritarias, sin distinguir
entre su dirección y su base, es un obstáculo para que sus posiciones puedan
traducirse en un movimiento unitario real de los trabajadores que pueda forzar
la convocatoria de una huelga general masiva y unitaria contra los planes de
gobierno y patronal.
Sólo la huelga general puede impedir la
nueva contrarreforma laboral
Las luchas de los
trabajadores franceses de estos años, como en su día la huelga general del 14-D,
demuestran que es posible impedir nuevos retrocesos, atacar la precariedad
laboral y avanzar en derechos y garantías. Pero la primera condición para ello
es poner fin a la política de paz social impuesta por las direcciones de los
sindicatos en estos últimos años. Por la envergadura del nuevo ataque que
patronal y gobierno preparan la respuesta no puede consistir en movilizaciones
parciales, aisladas y mal preparadas, mientras se sigue atado a la mesa de
negociación dispuesto a aceptar, como todo indica que está sucediendo, un nuevo
abaratamiento del despido, más rebajas en las cotizaciones patronales y un
contrato a tiempo parcial más flexible.
La tarea para los
movimientos internos de oposición sindical y las organizaciones contrarias a un
nuevo pacto, así como para los activistas firmemente comprometidos con los
intereses de su clase, es trabajar para que desde las asambleas de centro de
trabajo, secciones sindicales, comités de empresa y órganos de dirección se
exija a las direcciones de CCOO y UGT su retirada de las mesas de negociación y
la convocatoria de una huelga general unitaria, preparada a conciencia, contra
la nueva contrarreforma laboral que patronal y gobierno, con su complicidad,
quieren imponernos.
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Israel-Palestina
Uri Avnery - Gush
Shalom
Israelíes por la
paz
Traducción, Andalucía
Libre
Nacido en 1923,
emigro a Palestina con 10 años. Uri Avnery combatió durante la guerra de
1947-48. En 1950 fundo el semanario “Ha’olam Haze” y preconizó que Israel se integrara en el
Próximo Oriente arabe. Candidato en 1965 del Movimiento de Fuerzas Nuevas,
obtuvo 1,2% y fue elegido en tres ocasiones diputado a la Knesset. Hoy es
miembro fundador de Gush Shalom, una organización israelí compuesta de judíos y
árabes, de independientes, de miembros de diversas organizaciones.
¿Puedes
presentar a Gush
Shalom?
Uri
Avnery: Gush
Shalom (GS) fue creada hace ocho años por militantes
con larga trayectoria. Yo mismo milito desde hace 52 años. Nosotros hemos creado
GS porque en aquellos momentos sombríos en que Rabin estaba en el poder antes de
Oslo, todas las organizaciones por la paz como Paz Ahora, eludieron hacer lo que
debían para evitar criticar o protestar contra Rabin. En los hechos Paz Ahora
era parte del Partido Laborista. Nosotros creímos que era necesario crear un
nuevo movimiento por la paz que combatiera por esta causa sin miramientos según
quien estuviera en el poder. Nosotros pensamos que había una necesidad urgente
de crear un movimiento que combatiera a todo gobierno que no trabajara por la
paz fuera de izquierda o de derecha. Nuestros objetivos son: 1.
El fin inmediato de la ocupación, 2. Un Estado palestin |
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nº 72 - Crónica An
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