Andalucía

Un diputado del PSOE admite ser el autor del comentario xenófobo

El revuelo sobre la frase xenóbofa que captó una cámara de TVE momentos antes de iniciarse un pleno sobre inmigración en el Parlamento andaluz tuvo ayer un desenlace sorprendente. El vicepresidente tercero de la Cámara y secretario de Política Municipal del PSOE, Rafael Centeno, rompió a llorar en una conferencia de prensa, en Málaga, al confesar que había sido él el autor de la expresión, y no Matías Conde (PP), a quien los socialistas y el comité de empresa de TVE-Andalucía habían atribuido la frase racista, incluso después de que el Consejo Asesor de la RTVE en Andalucía analizara la grabación.

Centeno pidió perdón públicamente a Conde "por el daño que le haya podido ocasionar", tras haber escuchado la noche anterior el vídeo en su casa y reconocer su voz. Zanjaba así "una sospecha tan injusta, que no era moral ni ético que continuara". El socialista admitió haber pronunciado la frase, pero subrayó que no se siente identificado "ni con su contenido ni con su sentimiento, porque ni lo pienso ni lo siento".

La achacó a "una maldita broma", por el tono "informal y jocoso" en que se dirigió a Matías Conde antes de empezar la sesión. "Le dije que no había nadie del PP entre los diputados y a partir de ahí no recuerdo la conversación ni los términos en los que se produjo", aseguró.

En todo caso, advirtió de que se trata de una frase sacada de contexto que nunca llegó a completar: "No sé cómo el micrófono de una cámara podía recogerla sin lo de antes, ni lo de después". Centeno destacó que "en 25 años de militante socialista" siempre ha defendido "los valores contrarios a esta afirmación".

Los populares culparon al presidente y portavoz socialista del Parlamento andaluz, José Caballos, de ser el "instigador" del "linchamiento moral y político" de Conde, y pidieron que dimita de sus cargos y que deje el escaño. El secretario regional del PP, Antonio Sanz, anunció una querella contra Caballos y también contra el presidente del comité de empresa de RTVE en Andalucía, Antonio Altieri, quien hizo público un comunicado en el que aseguraba que los trabajadores que habían escuchado la grabación señalaron al parlamentario popular.

La catarata de solicitudes de dimisiones hecha por el PP se extiende al presidente del Consejo Asesor de RTVE en la comunidad, el socialista Joaquín Galán; a todos los consejeros nombrados por el PSOE en este órgano y a la portavoz, Mercedes Gordillo.

Matías Conde dijo, por su parte, que no se consideraba "dañado" por Centeno, a quien "le honra su gallardía y valentía", sino por la "sucia manera" de hacer política de Caballos y del secretario general del PSOE y presidente de la Junta, Manuel Chaves, "que le dio licencia para la cacería".

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió disculpas a su homólogo del PP, Javier Arenas, quien aceptó las disculpas pero expresó la necesidad de que los socialistas asuman "otras responsabilidades políticas". Zapatero dejó en manos de Chaves la salida política.

Éste dijo ayer que "las palabras sólo son imputables" a Centeno, que ya ha pedido las disculpas correspondientes, y añadió: "El hecho de que el PP "quiera implicar ahora a Caballos o a mí me parece una irresponsabilidad y un oportunismo absolutamente reprobable". La ejecutiva del PSOE tomará hoy una decisión, que, según fuentes socialistas, pasará por aceptar la salida de Centeno del Parlamento y de la ejecutiva.

La vicesecretaria del PSOE andaluz, María del Mar Moreno, compareció para "pedir perdón" por los comentarios de Centeno, pero cortó en seco la conferencia de prensa cuando se le preguntó por las medidas a tomar. Ni Moreno ni Caballos, al contrario que el propio Zapatero, pidieron disculpas al PP o a Matías Conde. Es más, Caballos aseguró que "conociendo a Matías Conde" y con la "certeza" de que era éste, el PSOE organizó "una estrategia" para pedir aclaraciones. Y sobre su actuación tiró hacia arriba: "Todo lo que he hecho no ha sido a título individual, sino compartido con la dirección del PSOE".

El pasado día 13, EL PAÍS recogió la versión de un diputado, miembro de la Mesa del Parlamento, que atribuía la desdichada frase al diputado del PP Matías Conde. Esta fuente, que pidió no ser identificada, dijo que había escuchado a Conde una frase "de mal gusto" parecida a la recogida por las cámaras. Y detalló: "Yo le recriminé: 'no digas burradas". Esta misma versión fue contada por el citado diputado al presidente de la Cámara, José Torres Vela, y al presidente y portavoz del grupo parlamentario socialista, José Caballos.

El parlamentario que acusó ocultándose en el anonimato matizó ayer a este diario que él no llegó a asegurar que el autor de la frase fuera Conde sino que sólo habló de una posibilidad. EL PAÍS nunca debió prestar credibilidad y mucho menos publicar el relato anónimo de un diputado que acusaba de hechos tan graves, con nombre y apellidos, a otro parlamentario. En su comparecencia de ayer, el secretario general del PP andaluz, Sanz, dijo sobre este asunto: "Tengo que pedir a EL PAÍS que diga quién es ese diputado indigno que miente de manera tan bellaca".

Opinión

Una barbaridad; otras barbaridades.

 

Todavía colea el caso Centeno. El PP, transmutado de acusado en acusador, anda en caza y captura de alguna pieza adicional que llevarse al morral. De momento, el fiasco notorio de la operación de imagen del PSOE, se ha llevado por delante al tal Centeno y por desvío de atención, entre dimes y diretes, petición y otorgamiento de disculpas varias, le ha venido a la derecha españolista como agua de mayo. Caballos quiso sacarle brillo a la imagen del PSOE tomando como objetivo al parlamentario del PP Conde, una figura mediaticamente rentable aunque política y socialmente inocua y ha salido trasquilado. Puestos a condenar, por palabras, actos y omisiones, ahí está y sigue estando el alcalde fascista de El Ejido, Juan Enciso; también del PP. Pero ante el apartheid de Enciso, el PSOE se guarda muy mucho de dar la cara. Más aún, como dicen los alcaldes del PSOE de la comarca, no podemos hacer nada más que lo haga Enciso para no echarnos encima a la gente, es decir, es el fascista Enciso el que sitúa los limites y marca la agenda. Por cierto, ya que IU hace poco ha propuesto la disolución del Ayuntamiento de Marbella a causa de los robos de su alcalde Gil, ¿no habría muchas más razones para disolver el Ayuntamiento de El Ejido?.

 

El tal Centeno hizo un comentario xenófobo, creyendo que no lo escuchaba nadie. Un micrófono inoportuno lo fijo para la posteridad. Sin micro no habría caso. Como es obvio, al tal Centeno no cabe excusarlo por ningún concepto. Este sujeto no expresaba ni rechazo a la situación de opresión del pueblo marroquí, que obliga a emigrar a buena parte de su juventud, ni solidaridad o simpatía con su lucha por revertir esa situación. La llamada comprensiva del Presidente del Parlamento marroquí, invitandole públicamente a visitarle nuevamente, atestigua precisamente que este individuo es esencialmente incapaz de pensar en estos parámetros y que su expresión sólo se sostiene en el puro racismo. Es muy posible que la perspectiva de tener que soportar una nueva sesión parlamentaria creará el contexto para dar rienda suelta a sus íntimos pensamientos. Da igual. Que sea notorio el alto grado de hastío que provoca la Cámara andaluza, dado el nivel político y cultural de Sus Señorías; que los discursos parlamentarios suelan oscilar entre la chabacanería, la pretenciosidad o la pura inconsistencia -como acreditan las transmisiones de Canal Sur- no excusa en absoluto a un sujeto que lleva varias legislaturas cobrando del presupuesto sin meritos conocidos hasta el momento de su sollozante final. Tuvo mala suerte. Es verdad. Es muy posible que otros muchos parlamentarios compartan su opinión. Ciertamente. Así es la vida: el sacrificio de uno limpia el honor de los demas.

 

Pero ese día las barbaridades no fueron patrimonio exclusivo de Centeno. Según la periodista Isabel Morillo en crónica para IDEAL, los cuatro grupos y medio que configuran el actual arco parlamentario (PSOE; PP; IU; PA y Pacheco) coincidieron en apreciar que: "Andalucía requiere inmigrantes. El envejecimiento de la población y la necesidad de mano de obra fueron algunos de los motivos alegados por los distintos grupos políticos para ratificar una necesidad de unos cuatro millones de inmigrantes en el plazo de unos veinte años.". ¿Cómo es posible esta inconcebible sucesión de estupideces?. No es Andalucía, con un 25% oficial de desempleo, la que requiere inmigración; ni extra ni intracomunitaria o estatal. En el sector al que se referían en el Parlamento, es la economía sumergida, los bajos salarios, el trato esclavista y despótico... los que requieren mano de obra inmigrante a la que sobreexplotar, para subsistir. Una cuestión es defender la equiparación de derechos para todos los inmigrantes que están ya aquí (y consecuentemente su total regularización); otra, asumir la perspectiva de la incorporación futura de más personas al pueblo andaluz en una proporción razonable (por supuesto, nada que ver con la frívola y ridícula cifra de cuatro millones, ¡el 55% de la actual población andaluza!) y otra bien distinta sacralizar por la vía de lo políticamente correcto la perpetuación de una situación infame que se nutre de la dependencia económica y la subordinación política; trasmutando el conservadurismo reaccionario y fatalista en progresista. La situación en las comarcas que sostienen la demanda inmigratoria es una auténtica verguenza a erradicar por razones de clase, democráticas, humanistas y nacionales. Constituyen un modelo social perverso a transformar no a promover o justificar. El recurso, por su parte, al argumento demográfico es repugnante en un país con tan baja tasa de actividad femenina. Acábese con la precariedad y el desempleo; extiéndase de una vez la escolarización gratuita y de calidad en el tramo de 0 a 3 años; adécuense horarios escolares y laborales; redúzcase la jornada laboral; constrúyase viviendas populares realmente asequibles y en sitios decentes y se verá cuan rápido sube la tasa de natalidad.

 

El fondo político de la cuestión se evidencia cuando, refiriéndose a las mociones presentadas, Morillo recogía que: "La mayoría de ellas coincidían en la necesidad de que el fenómeno de la inmigración deje de ser contemplado como un problema social y comience a ser reconocido entre los ciudadanos como un «indicador de bienestar social» en la comunidad autónoma andaluza". Una vez más, cabe dudar de si los diputados andaluces saben a qué país presuntamente representan, confunden las ganas con la realidad o simplemente pasan de la realidad para someterse a intereses o modas por traición, ignorancia o mera frivolidad.

Combatir el racismo y la xenofobia no ha de implicar dejar de constatar que la emigración es una desgracia para los países emisores (como la propia experiencia reciente de Andalucía atestigua) y un problema adicional para los receptores (que tiene a su vez sus contrapuntos positivos en lo económico y en lo cultural) que requiere medidas e inversiones para hacerle frente. Lo que bate marcas de cinismo y desvergüenza, es que por la vía del sufrimiento ajeno, se quiera nuevamente vender a los andaluces una narcotizante dosis de autosatisfacción conformista. Hay quien está peor; luego nosotros no podemos quejarnos. La tesis de este mensaje es que la sobreexplotación de otros/as que se desarrolla ante nuestros ojos atenúa, compensa, redime, nuestra propia explotación. No es verdad. Andalucía no es Marruecos, ciertamente. Pero tampoco es Holanda, Suiza; ni siquiera Cataluña. Buena parte de nuestros problemas de competencia en la relación con Marruecos derivan, no de que seamos demasiado diferentes sino de que estamos demasiado cercanos. Estos mismo días un estudio de Caritas-Foessa, fijaba en 33.351 pesetas por persona y mes (200€;184$) el umbral de la pobreza en el Estado español; para una familia de, por ejemplo, cuatro miembros, 133.404 pesetas mes (600€; 736$). ¿Y las que andan por 150.000 con altas hipotecas, o con gastos diarios de transporte, o con ambas cosas...?.  ¿Qué proporción del pueblo andaluz es pobre?. Y a este pueblo quieren hacerle creer que es rico.

 

Estas dos barbaridades citadas andan parejas a la de Centeno. No se presume que por ellas vaya a dimitir nadie. El Parlamento quedaría vacio.

 

Resumen de noticias de Andalucía24horas

 

Alrededor de un centenar de personas se dieron cita en el hotel NH de Málaga, el sabado 17 de Febrero, para asistir al acto de presentación del Partido Socialista de Andalucía (PSA), una formación que se define a sí misma como "nacionalista federalista de izquierdas sin complejos". La opción de Málaga se justifica por "romper con el centralismo sevillano y optar por una opción más igualitaria" que intentará "vertebrar de una vez el territorio nacional". El portavoz del PSA en Málaga, Pedro Altamirano, aseguró que hay que huir del enfrentamiento entre ambas ciudades y "hacer que las dos tiren de la locomotora de Andalucía".

Este partido, que tiene sus mayores apoyos en Málaga, está integrado por dirigentes del Partido Andalucista, como es el caso de ex vocal de la anterior ejecutiva del PA, Pedro Mancera, o del ex secretario provincial del PA en Córdoba, Pedro Rodríguez Rovi.

En el acto intervino el portavoz del nuevo grupo, el malagueño Pedro Altamirano, que manifestó que "hoy nace la esperanza para un pueblo, hoy llega al aire fresco", al tiempo que señaló que el PSA supone "una nueva forma de trabajar por Andalucía" y que se trata de una formación "de todos y para todos, basada en la semilla que llevamos en nuestros genes de tolerancia y libertad". "Hoy nace el verdadero andalucismo", dijo, en la que fue la única referencia al PA que se hizo a lo largo del acto junto a la de su compañera, Encarna Cruz, que indicó como uno de los principales objetivos del partido "llevar a su máximo desarrollo el Estatuto de Autonomía de Andalucía, tras años de paralización por parte del PA, PSOE y PP".

La ideología del PSA se inspira en los principios de la democracia social, los derechos humanos y de los pueblos, el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional, profundizando en el modelo social "eminentemente participativo" cuyo objetivo último es "alcanzar el máximo nivel de implicación de la ciudadanía en cuanto al control de los poderes públicos y la presencia activa en la toma de decisiones". La apuesta por las nuevas tecnologías, la eliminación de las dependencias de la comunidad andaluza y la mejora y mantenimiento del estado del bienestar son otras de las premisas básicas desde las que se constituye esta nueva formación.

El Partido Socialista de Andalucía (PSA) se define como un partido de carácter nacionalista y federal de izquierda que contempla la autodeterminación como un derecho "abierto y permanente" y que apuesta por la reforma de la Constitución y la implantación de una estructura federal para el Estado español. En un comunicado, el PSA explicó que el proyecto político que representan defiende un modelo federalista que implique una concepción "simétrica e igualitaria" de las distintas regiones y territorios, porque para ellos, "la federación, por encima de todo, es una garantía de democracía profunda y real".

"Queremos superar el actual ordenamiento del Estado de Autonomías mediante la correspondientes reformas constitucionales y la implantación de una estructura federal", señaló el PSA, que indicó que "apoyamos el máximo desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque sus posibilidades, en términos de eficacia política, se hallan en situación de parálisis".

En este sentido, el PSA destacó que defienden un nacionalismo andaluz "solidario" y "federal" más de carácter político que culturalista o esencialista y alejado de la mitificación "reaccionaria y absolutista de los hechos diferenciales". "El colectivo de militantes y simpatizantes del PSA está conformado por personas procedentes de la izquierda nacionalista andaluza", apuntó.

Por último, el PSA explicó que tras la presentación oficial del partido, iniciará un proceso de expansión organizativa con la constitución de gestoras provinciales y locales, y que este proceso de organización interna culminará el próximo otoño con la celebración del Congreso Constituyente del PSA. "Una vez constituido el PSA, pasaremos a la conformación de equipos humanos para diseñar los programas electorales con los que el PSA concurrirá a las elecciones municipales del 2003",

Para el portavoz de la Gestora Nacional y aspirante a presidente del PSA, Pedro Mancera, la formación política nace como un partido de carácter nacionalista que "aspira a un Estado Español Federal". Mancera explicó que el PSA se presenta a sí mismo como "muy diferente de cualquier otro tipo de organización folclórica regional de pseudonacionalistas", y nace pretendiendo ser una respuesta nacionalista "sin complejos y de izquierdas, aunque totalmente socialdemócrata". Mancera aseguró que el proyecto está integrado por una mayoría de integrantes que militan por primera vez en un partido político, y puso como ejemplo claro que en la Gestora Nacional del partido ta sólo hay "dos personas de entre los 40 miembros que han pertenecido al PAP".

Altamirano aseguró, por su parte, que el nuevo partido está teniendo una gran acogida entre la población malagueña, que ha recibido ya una propuesta por parte de más de 300 militantes de la zona de la carretera de Cádiz, en Málaga capital, con la intención de crear allí una sede de distrito. "Es un proyecto nuevo y es lógico que lo pongan en marcha gente nueva", aseveró Altamirano. Eso no evita que, según el portavoz malagueño, "el andalucismo haya dejado en la cuneta a muchas personas muy valiosas para la política andaluza, y que estas personas se recuperen ahora desde el PSA, que se presenta como instrumento para trabajar por la ciudad"

El portavoz del PSA, que ha sido propuesto como presidente del partido, anunció que el congreso constituyente se celebrará en Málaga el próximo mes de octubre.

Opinión

Primeras impresiones

 

Aún es pronto para establecer una caracterización definitiva sobre el nuevo PSA. Su proceso de constitución coincide y se confunde en ocasiones con un recrudecimiento de la abundante y contradictoria rumorología sobre los avatares del nonato Bloque Nacionalista Andaluz; proyecto ave fénix que sobrevuela la política andaluza desde hace años y que de tan indefinido y mítico, puede terminar siendo una especie de Santo grial. 

 

Volviendo a tierra. Hace algún tiempo se pudo leer alguna declaración aislada de algún portavoz del nuevo PSA sobre sus presuntas intenciones de concurrir a las elecciones catalanas, de las que luego nunca más se supo. Ahora con su presentación en Málaga, aparecen algunos perfiles susceptibles de comentario, a afrontar con la provisionalidad propia de su carácter de declaraciones a la prensa y por tanto de no provenir de fuente directa.

 

Al margen de la desafortunada referencia localista, afortunadamente atenuada, llama la atención que el nuevo PSA se comience a autodefinir a la vez como "nacionalista" y "federalista" y que además, si no fueran ya de por si contradictorias ambas referencias, especifiquen que entienden la segunda como una "concepción simétrica e igualitaria". Es decir, sus objetivos plantean que Andalucía -incluso dentro de un hipotéticamente renovado Estado español- tenga las mismas competencias y derechos que Madrid, Cantabria o Murcia. No se entiende bien entonces a qué definirse nacionalista. Incluso si lo plantearan no ya en relación a las artificiales comunidades autónomas actuales sino a las naciones existentes, resulta difícil entender como una organización nacionalista andaluza, aunque no sea independentista, puede asumir el mismo trato para Andalucía que para Castilla o Cataluña. ¿Qué pasa con la deuda histórica?. ¿Si no obtenemos compensaciones cualitativas, en aplicación de la justicia histórica y el principio de discriminación positiva, para qué seguir en ese hipotético Estado español?. ¿Cómo conciliar esa "simetría" -que bien parece sinónimo de uniformidad y heredera del agravio comparativo- con la defensa de la autodeterminación como "derecho abierto y permanente"?. Parece lógico pensar que esa apertura y permanencia que se le reconocen a la autodeterminación implican una soberanía irrestricta que lógica y previsiblemente daría como resultado diferencias y que nos llevarían no a una federación sino a una confederación. Y llegados aquí, cabe preguntarse tanto si a otras naciones soberanas les interesaría pagar los costes de mantener una relación confederal con Andalucía como si a Andalucía le compensaría mantener un escalón intermediario entre la Nación y la dimensión continental.

 

Por otra parte, sin negar que una gestión nacionalista podría desarrollar algunas potencialidades dormidas del marco estatutario, parece claro que bien pronto la resolución de problemas básicos (inmigración y ciudadanía; ordenación del sistema educativo; régimen expropiatorio; legislación laboral y régimen del empleo publico andaluz; fiscalidad; bases militares; cementerios nucleares; prioridades inversoras y de contratación...) obligarían a traspasar los limites estatutarios; así que no parece muy apropiado en una declaración nacionalista reproducir frases y estrategias más propias de organizaciones españolistas que, además, llevan ya veinte años diciendolo. Finalmente, la referencia a las "reformas constitucionales" omiten que, si se hacen según los términos vigentes, requieren obligatoriamente contar con el acuerdo del PP (o de la formación de la derecha españolista que pudiera sucederle) lo que ya de entrada las hace dificilmente digeribles para un proyecto nacionalista y de izquierda, por moderado que sea. La verdad es que la Constitución española de 1978 no es reformable democráticamente en un sentido democrático -valga la redundancia- en aspectos sustanciales y que, por tanto, está destinada bien a permanecer bien a ser ignorada, superada y suplantada por la vía de los hechos consumados; lo que implica un proceso nacional constituyente.

 

En todo caso, en espera de nuevas elaboraciones más decantadas, es positivo que surja una nueva organización política nacionalista que, de un lado rompa con la ciénaga regionalista y que de otro reafirme por la vía de los hechos su apuesta por un marco político nacional, trabajando autónomamente sin tutelas españolas. Seguiremos atentamente su curso.

 

Linares, Santana Motor

Trabajadores de Santana Motor decidieron en asamblea aceptar el principio de acuerdo alcanzado con la Junta

Los trabajadores de la factoría linarense de Santana Motor celebrarán el lunes una asamblea general en la que decidirán si aceptan el principio de acuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la Junta de Andalucía el pasado jueves, donde se contemplan las condiciones de la globalidad de la plantilla tras segregar la actividad de la empresa, según informó a Europa Press el representante de los empleados en la fábrica automovilística, Juan Salazar.

Este encuentro, que se desarrollará en el Pabellón Polideportivo de Linares, será el segundo que se celebra tras alcanzar ambas partes un punto de consenso. Precisamente ayer, los delegados sindicales en el comité de empresa presentaron a sus afiliados en la factoría el documento y las condiciones que en él se incluyen sobre el futuro de la plantilla y la segregación de Santana Motor.

Concretamente, según explicó Salazar, en ese acuerdo se ha desglosado el número de trabajadores en tres grupos: 631 que permanecerán en el núcleo central de Santana Motor; unos 600 aproximadamente que podrán acogerse a prejubilaciones; y otros 325 que podrán trasladarse a las empresas privadas, optar voluntariamente a bajas incentivadas o retirarse pasando previamente por el tribunal médico para alcanzar hasta el 90 por ciento de su salario si se considera que tienen alguna patología o minusvalía.

Los trabajadores que decidan acogerse a las prejubilaciones, aquellos mayores de 50 años, lo harán, "según se comprometió la Junta", puntualizó Salazar, en las mismas condiciones en las que se retiraron los empleados en 1998, es decir, con el 90 por ciento de su sueldo, una revisión salarial del cuatro por ciento y con las mismas cuestiones fiscales. De otro lado, los trabajadores que se incluyan en el tercer grupo, unos 325 aproximadamente, podrán optar "voluntariamente", recalcó el presidente del comité, a pasar a las empresas privadas. Si eligen esta opción podrán hacerlo bajo dos modalidades: manteniendo las mismas condiciones laborales, sobre todo económicas, que en Santana Motor; o no beneficiándose de ellas pero recibiendo una compensación económica.

FIRMA DEL ACUERDO

Juan Salazar comentó que si los trabajadores deciden tras la asamblea general aceptar los planteamientos expuestos por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, "posiblemente se firmará el documento esa misma tarde en Jaén". La Junta de Andalucía y el comité de empresa de la factoría linarense de Santana Motor alcanzaron el pasado jueves este principio de acuerdo después de que el pasado 13 de noviembre el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno andaluz, José Antonio Viera, presentara a los trabajadores el Plan de Viabilidad de la factoría con el compromiso de mantener las rentas de los trabajadores y asegurando que no se perdería ningún puesto de trabajo. Andalucia24horas 17/02/2001

Ultima Hora

La plantilla de la factoría automovilística Santana Motor, y Componentes y Utiles del Sur, de Linares (Jaén), integrada por 1.652 empleados, ratificó hoy en asamblea, y sin que se llegara a la votación, el preacuerdo alcanzado el pasado jueves en Sevilla entre el comité de empresa, los sindicatos y la Junta. Después de tres horas de asamblea, en la que tuvieron lugar más de treinta intervenciones, la plantilla decidió respaldar el citado preacuerdo y dar un nuevo margen de confianza al comité de empresa para llevar a cabo el plan de viabilidad diseñado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para la fábrica linarense.

Inmigración

Un total de 21.148 inmigrantes extracomunitarios regularizaron su situación en Andalucía durante el año 2000

Un total de 21.148 inmigrantes arreglaron su situación el pasado año en Andalucía, mientras que el 60% de las denegadas (17.439 rechazadas y 2.861 en trámite) serán regularizadas al aplicarse las disposición transitoria del Real Decreto dictado el pasado 18 de febrero.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el pasado año se presentaron en Andalucía 41.901 solicitudes, la mitad de ellas en Almería (20.720 con 9.679 aceptadas y 9.064 denegadas), seguida de Málaga con 10.459 (5.097 aceptadas y 4.967 denegadas).

Así, en el cómputo total del Estado español, las solicitudes presentadas en Almería supusieron el 20,96 por ciento (sólo superada por Madrid) y Málaga el 4,25 por ciento.

El Real Decreto establece que se revisarán las solicitudes denegadas por no cumplir el requisito de estar en España antes del 1 de junio de 1999.

La procedencia mayoritaria de los inmigrantes que presentaron solicitudes de regularización fue Marruecos (15.254), seguida a muy larga distancia por Rumanía (2.379), Senegal (1.246), Colombia (1.226), China (787) y Ecuador (765).

En cuanto a los principales sectores de actividad solicitados, en Almería el mayoritario fue el agropecuario, con el 90,44%, seguido de lejos por la construcción (2,42%) y el servicio doméstico (1,34%), mientras que en Málaga la construcción supero al sector agrícola con un 23,47% y un 15,42% respectivamente, e incluso la hostelería (19,82%) y el servicio doméstico (17,16%) lo superaron.

El siguiente cuadro resume, por provincias, los datos de solicitudes presentadas el año pasado, concedidas, denegadas, archivadas y en trámite:

PROVINCIA	Solicitadas	Concedidas	Denegadas	Archivadas	En tramite
ALMERIA	20.720	9.679	9.064	2	1.975
CADIZ	1.361	794	399	19	149
CORDOBA	660	400	167	5	88
GRANADA	3.041	1.617	1.328	65	31
HUELVA	1.671	932	627	57	55
JAEN	1.269	842	245	144	38
MALAGA	10.459	5.097	4.967	37	358
SEVILLA	2.720	1.787	642	124	167
NACIONAL	41.901	21.148	17.439	453	2.861

 

 

Extranjeros extracomunitarios en la Seguridad Social

El número de extranjeros no comunitarios afiliados a la Seguridad Social en Andalucía creció un 42% en 2000, al pasar de 21.958 en 1999 a 31.204 el pasado ejercicio, 9.246 más, según informaron fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El mayor incremento porcentual se produjo en el régimen general, donde aumentó en un 74% la cifra de trabajadores extranjeros, pasando de 5.151 a 8.994 en un año.

Sin embargo, en términos absolutos, el incremento fue mayor en el régimen agrario, donde se pasó de 11.728 trabajadores afiliados a 15.592, lo que supuso un aumento de 3.864 (+ 32,9%). La mayor parte de este crecimiento se debió a la provincia de Almería, donde el número de afiliados para tareas agrícolas aumentó en 2.701 personas, un 27,88 por ciento.

Los extranjeros dados de alta como autónomos aumentaron un 27,7%, incrementándose el número en 837, al pasar de 3.021 a 3.858, mientras que en el régimen del mar las cifras crecieron en 117, al pasar de 212 a 329 trabajadores no comunitarios (+ 55%). En Hogar también se incrementó el número de empleados extranjeros no comunitarios, pasando de 1.846 a 2.431, 585 más (+ 31,7%).

Almería y Málaga fueron las provincias con mayor crecimiento en el número absoluto de afiliaciones de trabajadores extranjeros no comunitarios, con 3.918 y 1.898 más, aunque en términos relativos fue Granada la que más incrementó esta cifra, con un 42,45% más de empleados extranjeros no comunitarios. Después de Málaga, crecieron en afiliados las provincias de Sevilla (1.563 extranjeros más afiliados), Granada, (661), Huelva (489), Cádiz (315), Jaén (240) y Córdoba (162).  Andalucia24horas  11/02/2001

EL ALCALDE DE EL EJIDO DENUNCIADO POR APOLOGÍA DEL RACISMO Y CONDUCTA HOMICIDA

Derechos para Tod@s y Odite vuelven a denunciarle y piden la inhabilitación del Alcalde.

REMITIDO.-  Tras haber sido rechazada por "defecto de forma" la denuncia presentada pocos días después de los violentos actos racistas acaecidos en El Ejido, las Asociaciones DERECHOS PARA TOD@S y ODITE han vuelto a presentar denuncia contra el Alcalde de El Ejido, Juan Enciso Ruiz, por apología del racismo, conducta homicida y omisión del deber en la protección de bienes y seguridad de personas pertenecientes a la comunidad de origen magrebí.

Esta denuncia se presenta en el Juzgado de Instrucción de El Ejido, después de transcurrido un año de los luctuosos incidentes que se iniciaron tras el hallazgo del cuerpo de la joven Encarnación López Valdivia, que había sufrido gravísimas heridas de arma blanca, infligidas presuntamente por un joven de origen magrebí que tenía perturbadas sus facultades mentales.

En su escrito, DERECHOS PARA TOD@S y la asociación andaluza ODITE (Organización Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros) destacan nuevamente que el Subdelegado del Gobierno fue agredido brutalmente por grupos violentos con patadas, puñetazos, palos, empujones además de insultos. En la denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción de El Ejido, se narran las horas siguientes al funeral de Encarnación que “fueron escenario de todo tipo de barbarie, violencia, saqueo, incendios y destrozos cometidos por grupos de vecinos encolerizados contra las personas de origen magrebí, sus bienes y sus negocios que produjeron pánico entre los atemorizados inmigrantes”.

Acusan al Alcalde de El Ejido de que lejos de calmar los ánimos y detener la exaltación “incitó a la violencia y contribuyó a incrementar los sentimientos de discriminación, odio y rechazo hacia el colectivo magrebí”.  

La demanda judicial va acompañada de un amplio dossier de prensa en donde figuran declaraciones de Enciso en donde supuestamente descalifica al colectivo inmigrante. También se le hace responsable, por omisión del deber, del incendio de la mezquita, del arrasamiento del local de la ONG “Almería Acoge”, la destrucción del bar-café frecuentado por emigrantes magrebíes y el asalto al local de la Asociación de Mujeres Progresistas. DERECHOS PARA TOD@S y ODITE exigen que el alcalde de El Ejido responda ante la justicia y se responsabilice de los hechos que se le acusa. Ambas asociaciones antirracistas y de apoyo a inmigrantes se basan en que los hechos son constitutivos de delito según el Código Penal. Estas asociaciones no descartan elevar sus demandas a otros órganos judiciales del espacio penal internacional, como la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo.

NOTAS:

1- Para apoyar la denuncia formulada contra el alcalde ejidense hace un año, se conformó una Plataforma de Apoyo a la Denuncia del Racismo que se va a mantener (e implementar) ante esta nueva denuncia. En el momento en que las personas o colectivos ratifiquen o se adhieran a la Plataforma (además de adjuntar los datos cuando sea necesario judicialmente para apoyar la denuncia) podríamos plantearnos distintas iniciativas.

2- SI NO TE HAS ADHERIDO Y DESEAS HACERLO, envía un correo a:  derechos@nodo50.org con los siguientes datos:  Nombre y apellidos, dni, dirección, lugar y puesto de trabajo (u organización, colectivo, etc.), localidad y (en caso de querer seguir recibiendo información) el correo electrónico o forma de contacto.

Habla Andaluza

Expertos piden a la Junta la creación de una Dirección de Programación Lingüística para "impulsar" el habla andaluza

Estudiosos del lenguaje de varias universidades andaluzas acordaron hoy, en la clausura del II Simposio sobre 'Habla andaluza, medios de comunicación social y aula' que se ha celebrado en Sevilla desde el pasado jueves, pedir a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta la creación de una Dirección General de Programación Lingüística para "impulsar política e institucionalmente la identidad cultural y lingüística andaluza".

Para el presidente del comité organizador del simposio, Jerónimo de las Heras, esta solicitud es la principal conclusión a la que se ha llegado en el simposio, aunque destacó también el hecho de instar a las instituciones públicas andaluzas, "especialmente a la Consejería de Eduación", a que se cumpla lo establecido en la legislación autonómica y educativa en relación con la "investigación, difusión y conocimiento de los valores lingüísticos del pueblo andaluz".

En el simposio, organizado por la Asociación Pedagógica para la Renovación de la Enseñanza de la Lengua en Andalucía (Aprela) y en el que participaron 135 profesores, alumnos y periodistas, se acordó también pedir a los responsables de la RTV-A que "expliciten su política lingüística y concreten sus planteamientos lingüísticos en su libro de estilo", así como la creación de "programas culturales, pero amenos, sobre la diversidad lingüística andaluza". Asimismo, los lingüistas acordaron la constitución de un grupo de trabajo formado por profesores y periodistas, con el fin de "promover el uso de la modalidad lingüística andaluza en los medios de comunicación social y su estudio en el aula".  

Aprela es una asociación de profesores universitarios "preocupados por una adecuada enseñanza de la lengua en Andalucía", según de las Heras y, al organizar este simposio, buscan "una mayor capacitación profesional de los periodistas y profesores, proyectar una imagen de la cultura andaluza desde unos planteamientos rigurosos, e intentar concienciar y sensibilizar al pueblo andaluz acerca de nuestros usos lingüísticos, desde la valoración positiva de los mismos".

Con el simposio, patrocinado por la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta y que el pasado año se celebró en Granada, "intentamos profundizar en el uso del habla andaluza tanto en la enseñanza reglada, en el aula, como en la enseñanza no reglada, los medios de comunicación", concluyó De las Heras. Andalucía24horas

 Galicia,

PAULA PÉREZ - Santiago. Faro de Vigo. El BNG rebaja sus aspiraciones ideológicas y se enfrenta a las próximas elecciones autonómicas con los pies en la tierra. Conscientes de "las limitaciones impuestas" los nacionalistas renuncian a propuestas utópicas e irrealizables para ceñirse a "las coordenadas actuales". El objetivo de cara al próximo mes de octubre en el que se celebrarán los comicios es ganar credibilidad electoral.

Con estas pretensiones abría ayer el Bloque su IX Asamblea Nacional en Santiago de Compostela. Ante más de dos mil simpatizantes el patriarca de los nacionalistas gallegos, Bautista Álvarez, alentó al optimismo porque "llegó el momento de recoger el fruto de más de un siglo de siembra". Álvarez, diputado nacionalista y vicesecretario en la Mesa del Parlamento gallego, abogó ayer por una política "realista y pragmática". Sin embargo, los nacionalistas aclararon que su adaptación al contexto político y constitucional no responde a una "conquista del poder" sino a "un alargamiento del campo administrativo de actuación".

La lucha del Bloque de aquí al próximo mes de octubre se centrará en aumentar la confianza que suscita su formación ante la ciudadanía. Así lo recordó Bautista Álvarez que cree necesario transformar el "prestigio ganado en el terreno político en credibilidad electoral". Aunque el punto de mira de los nacionalistas está en las elecciones autonómicas las críticas al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, salpicaron el acto de apertura de la cumbre.

Después de la intervención de la responsable del Bloque de Ribeira, Dominga Brión, y de Encarna Otero, miembro del Consello Nacional del partido y teniente alcalde de Santiago, Bautista Álvarez disparó el sarcasmo de sus palabras contra el titular del Ejecutivo gallego.

Las críticas se endurecieron al extremo de tachar a Fraga y a su gabinete de gobierno de "delincuentes". El patriarca de los nacionalistas y presidente de la UPG, corriente política con más peso dentro del Bloque, mencionó la filiación ideológica de muchos dirigentes "educados en la escuela del franquismo". "Baltasar Garzón podía continuar aquí las investigaciones que inició en Chile", sentenció. Los ataques a Fraga se transformaron después en un escudo defensivo contra las críticas de los populares a su moción de censura. "Conocemos los datos objetivos que constatan la receptividad de la opinión pública al programa expuesto en el Parlamento", replicó Bautista Álvarez.

Fracaso

Para los nacionalistas los síntomas del fracaso del Gobierno del PP se manifiestan en las tractoradas, en las movilizaciones populares mientras critican iniciativas como el proyecto de tren de alta velocidad ferroviaria en Galicia porque "el ave es una especie migratoria que después de anidar en la apertura de las campañas remonta en invierno hacia otras latitudes".

Si se ubicaron en la cara opuesta al PP marcaron también diferencias con el PSOE al defender un modelo que "parta de Galicia para construir un estado plurinacional" frente al federalismo defendido por los socialistas.

También aclararon posturas ante el terrorismo. "Nuestra participación en el combate contra el terrorismo es activa pero discrepamos de quien asesta navajadas al rival político para cargar en las espaldas del adversario un problema que no fueron capaces de resolver", denunció Bautista Álvarez.

En su cumbre los nacionalistas proponen huir del localismo pero sin descuidar el impulso a los gobiernos municipales nacionalistas. En las propuestas que hoy aprobarán sus afiliados está la censura a un Gobierno de Aznar que acomete una "ofensiva xenófoba y anti-nacionalista". La interlocución con la ciudadanía y estirar "a tope" los márgenes de soberanía de Galicia serán otros de los planteamientos de futuro de la formación frentista.

El Bloque amplía su dirección con 17 caras nuevas

El BNG amplía en esta asamblea su Consello Nacional, máximo órgano de dirección, dando entrada a 17 caras nuevas. Pasa, por lo tanto, la cúpula del BNG de 25 a 40 miembros. Hoy serán los afiliados quienes aprueben esta lista. Entre los nuevos miembros destaca la presencia de mujeres. De las 17 entradas, 10 son mujeres. La cuota femenina en el Consello Nacional asciende al 40 por ciento.

La lista de bajas no depara sorpresas. Deja su puesto Martiño Santos al haber cesado como secretario xeral de Galiza Nova. Su lugar lo ocupa el nuevo dirigente de las juventudes nacionalista Ruben Cela, de Lugo y afiliado a la UPG. También abandona su cargo el concejal de Vilalba Xosé Manuel Irimia, al que sustituye la responsable del Bloque en Ribeira, Dominga Brión.

No existe cambios significativos en la correlación de fuerzas dentro de la formación frentista, integrada por seis grupos diferentes. La UPG, fuerza mayoritaria en la dirección, ve ligeramente reforzada su presencia. Esta fuerza política ocupa ahora siete de los 19 puestos de la permanente, la ejecutiva.

Entre las caras nuevas se ha echado mano de cargos electos del Bloque que no figuraban en la dirección. Así entra el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; los diputados en el Parlamento de Galicia Xosé Francisco Ferreiro Abelleira y Salomé Álvarez. Ocupará también un puesto Carlos Aymerich, representante nacionalista en el Congreso. El resto de las incorporaciones son Francisco Jorquera, Xabier Paz, Antonio Fernández Oca. Junto a Dominga Brión y a Salomé Alvárez completa la lista de mujeres Ana Gandón, Ana Rúa, María Xosé Freixo, Ana Pontón, Pilar Candocia, Celia Pérez, Carmen Martínez y Alicia Cadarso.

 

Anima a consolidar las posiciones para que Galicia tenga “buen señor”
Bautista Álvarez (UPG) destaca los avances del BNG en el terreno institucional

Agencias • Santiago El Ideal Gallego. Bautista Álvarez, vicepresidente del Parlamento y uno de los fundadores del BNG, lanzó una arenga a los militantes nacionalistas para “consolidar posiciones” en la sociedad para que el “pueblo gallego, reducido por la historia a buen vasallo, tenga muy pronto buen señor”. En la apertura de la asamblea del Bloque, que ayer comenzó y hoy finaliza en Santiago, Álvarez advirtió a los más de 2.500 militantes que asistieron al cónclave de que el nuevo siglo “tiene que recoger los frutos que el movimiento nacionalista sembró en la anterior centuria”, al tiempo que destacó los avances conseguidos por la formación en el terreno institucional, por lo que se mostró alejado de cualquier “visión de fracaso”.

Enemigos de la violencia

Matizó que por el hecho de defender la autodeterminación son “enemigos de la violencia por principio”, pues la conquista de un derecho “presupone la existencia de ciudadanos libres para ejercerlo”. “El redentor armado es un redentor vencido. Perdió la esperanza en la capacidad y la fuerza de su pueblo para romper las cadenas que lo atan. Ésta es nuestra participación activa al combate del terrorismo”, añadió.

De este modo, señaló que por ser nacionalistas creen en la “fuerza del pueblo para rescatar su historia”, aunque el BNG es consciente de las “limitaciones impuestas”, tanto por el marco español como el europeo.

“Carecemos aún -prosiguió- de la soberanía que permitan aprovechar al máximo los recursos desperdiciados en cinco siglos de colonización y veinte años de autonomías. Por eso renunciamos a propuestas utópicas, irrealizables sin la modificación del contexto en el que se tiene que actuar”.

No obstante, aseveró que “es posible, dentro de las coordenadas actuales”, impulsar avances que hasta hoy se “malograron por falta de compromiso con el país”. “Es realista y práctica nuestra pretensión”, añadió. Por ello, pidió a los militantes nacionalistas aprovechar la asamblea para “unificar criterios” y hacer más rentable el trabajo del futuro. Así, indicó que es necesario “poner en marcha los reactores” para levantar la conciencia nacional del pueblo, porque “duda” del proverbio árabe que aconseja sentarse a esperar para ver pasar el “cadáver del enemigo”.

Según dijo, “no es suficiente” con que existan condiciones necesarias para iniciar un proceso transformador, sino que hay que impulsarlo en una dirección diferente. “Si aspiramos a luchar en la línea de vanguardia, tengamos en cuenta que ese papel no se interpreta en las trincheras”, añadió. Álvarez pidió a la organización que huya de “rivalidades localistas” porque sería un “suicidio” entorpercer la conquista de un proyecto nacional. “Es necesario reconstruir y dar cohesión a la identidad colectiva desde las propias raíces”, apostilló.

Pragmatismo de Sancho

El presidente de la UPG, que defendió la gestión realizada por la dirección desde la asamblea de Ourense, advirtió de que “el triunfo siempre se resiste a los complejos de flaqueza”. Así, indicó que hay que aplicar el “pragmatismo de Sancho: si a poco aspiras, con nada te das por satisfecho”. Así, recordó que el BNG consiguió desde 1998 representación en el Parlamento europeo “con alas propias”, en alusión a su tesis en contra de una alianza con otros partidos nacionalistas, y las alcaldías de tres ciudades, además de ampliar el número de diputados y un senador. Por ello, cree que es el momento de “recoger el fruto de más de un siglo de siembra” y saldar la “deuda contraída” con los padres del nacionalismo. No obstante, dijo que el BNG “conquistará con los votos de los electores lo que nunca esperó lograr con la moción de censura.

El Bloque limita sus aspiraciones nacionalistas a los límites constitucionales  

Los nacionalistas pretenden así consolidar un proyecto lo más integrador posible como alternativa al Gobierno del PP.

Santiago.- Xornal.- El BNG limita sus aspiraciones nacionalistas al desarrollo de los derechos nacionales reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, que considera que Galicia, Euskadi y Cataluña tienen una consideración diferente a la de las demás comunidades. ""Somos conscientes de las limitaciones del marco constitucional, pero constatamos lecturas positivas para el desarrollo del autogobierno"", añade el texto. De este modo, sostiene que un Gobierno nacionalista permitirá a Galicia aplicar políticas ""pensadas desde dentro"" y aprovechar mejor sus ""potencialidades"", de modo que contribuya a impulsar su ""vertebración"".

El texto, que fue aprobado por el Consello Nacional el pasado día 2 de diciembre, no alude a las reivindicaciones soberanistas de los nacionalistas gallegos ni reclama el derecho de autodeterminación -como ha hecho en otras ocasiones-, aunque defiende la necesidad de avanzar en el desarrollo del Estatuto y reclamar nuevas competencias, al amparo del artículo 150 de la Carta Magna.

En este sentido, la ponencia política, que no incluye cambios estatutarios, advierte que se está produciendo una ""concentración de poder político y económico"" en contra de los movimientos nacionalistas, porque consideran que son una barrera a sus aspiraciones de poder. Esta situación se agravó -según el Bloque- tras la mayoría absoluta del PP, que ha lanzado una ""ofensiva criminalizadora"" contra los nacionalismos periféricos y pretende ""aniquilar"" el reconocimiento de las nacionalidades históricas establecidas en la Constitución.

Por ello, defiende que un Gobierno nacionalista en Galicia actuaría de ""contrapeso"" y propone ""fortalecer"" la Declaración de Barcelona, como plataforma desde la que ""reivindicar"" el cambio de la estructura institucional del Estado, sin olvidar las necesidades específicas de Galicia.

Para lograr los principios programáticos definidos por la ponencia política, el BNG considera que es necesario reactivar la organización interna para contar con una ""militancia más formada, preparada y activa"" para actuar como fuerza de gobierno. Asimismo, propone perfeccionar los procesos de debate y creación de debate social, reforzar la autoridad democrática y eficacia ejecutiva de sus órganos de gobierno, y mejorar el análisis y elaboración de trabajos sobre el conocimiento de la realidad del país. También defiende la necesidad de potenciar la cooperación con organizaciones sociales nacionalistas.

Opinión

Así está el Bloque

 

Nos parecía oportuno dedicar una cobertura significativa a la IX Asamblea Nacional del BNG en nuestro Boletín. En el seno del movimiento nacionalista andaluz hay todavía mucho desconocimiento y confusión sobre el curso reciente del BNG y su evolución política. Las imagenes del pasado solian sobreponerse al presente y era a esta figura de perfiles políticos difusos y por tanto ambiguos, a la que se le sumaban los exitos electorales y consecuentemente un indefinido pero bien real caracter de punto de referencia. Nada mejor para afrontar las cosas que mostrarlas, al menos parcialmente, tal cual son. Decimos parcialmente, porque otro aspecto de la realidad es la implantación social, sindical, estudiantil, cultural..., trabajosamente adquiridas por el conjunto del movimiento nacionalista gallego en los ultimos veinticinco años. En lo tocante a linea política, parece que bajo la hegemonia de la UPG y el sosten de la atronadora imagen carismática de Beiras, la orientación que se desarrolla recuerda más a las viejas tesis de Camilo Nogueira.

Por lo que a Andalucía respecta, anotar -en terminos de constatación no de reproche- el enfasis del BNG en establecer dos categorias nacionales: Galeuzka (Galicia, Euskadi, Cataluña) y el resto y sobre todo que esta diferenciación coincida con la autolimitación de las propias aspiraciónes y discurso político al marco constitucional. En cualquier caso, es sabido, que lo que ocurra o deje de ocurrir a Andalucía depende sólo del pueblo andaluz y de la tarea de su movimiento nacionalista. De las orientaciones políticas de nuestro movimiento nacionalista hablamos y hablaremos cuando toque.

 

 Córcega 

Illes - Paises Catalanes

        En los últimos tiempos abunda una opinión: el extraordinario incremento demográfico que actualmente soportan las Illes Balears supone una de las dificultades más serias para el avance en la normalización lingüística del catalán. Lo indicaban, por ejemplo, el President del Govern, Francesc Antich, y el de la Obra Cultural Balear, Antoni Mir, en sus respectivas intervenciones en la celebración de la Nit de la Cultura, el pasado 15 de diciembre. Los responsables políticos de la normalización lingüística en nuestro país también se han referido a ello en más de una ocasión. Y los artículos y cartas que aparecen con frecuencia en las páginas de la prensa local, ya sean de expertos o de ciudadanos preocupados, que expresan su inquietud por el futuro de nuestra lengua, a menudo consideran la oleada migratoria que está llegando a les Illes Balears como uno de los caballos de batalla más importantes.

        Estamos ante un terreno resbaladizo. En el diagnóstico no veo ningún problema: los indicadores sociolingüísticos muestran la situación preocupante de la lengua catalana en nuestra sociedad (1), y quien niegue esta evidencia lo hará o bien por desconocimiento, o bien por mala fe. Pero cuando nos interrogamos sobre el porqué de esta situación, cuando intentamos identificar sus causas y razones, debemos andar con cuidado. Es demasiado fácil –además de injusto e inexacto- apuntar con el dedo a los inmigrantes, y considerar que la culpa es suya, porque vienen a nuestro país y no hacen ningún esfuerzo para aprender nuestra lengua. Ciertamente, nadie puede negar que la gran mayoría de inmigrantes se incorporan a nuestra sociedad haciendo servir la lengua castellana como vehículo comunicativo. Pero eso, nuevamente, no es un juicio de valor, es la constatación de una obviedad. Así, pues, debemos preguntarnos por qué sucede esto, si tenemos que responsabilizar o no a los inmigrantes, y si lo debemos considerar un problema. Y si lo es, un problema, ¿es suyo o nuestro?.

        Confieso que en esta materia tengo más preguntas que respuestas. En este espacio quiero compartir estas preguntas, y poner de manifiesto aquello que interpreto como las debilidades y dificultades más relevantes que nos impiden, hoy por hoy, dar la vuelta a la situación.

Aclaremos eso de la “oleada migratoria”

        Comencemos por acotar el fenómeno de la inmigración. Los medios de comunicación de ámbito estatal, audiovisuales y  escritos, nos saturan cada día con la afirmación de que estamos sufriendo una auténtica oleada migratoria. El Gobierno central basa su estrategia de justificación de la nueva ley de extranjería en la necesidad de frenar y controlar esta avalancha. Pues bien: esta afirmación es tremendamente inexacta, y debe matizarse. Si comparamos las tasas de inmigración extranjera de los estados de la Unión Europea, observamos que el Estado Español se encuentra en la cola con una tasa del 2,04 por mil (año 2000), muy por detrás de otros estados (Bélgica: 7,6; Francia, 4,4; Alemania 6,1). En rigor, sólo podemos hablar de alud migratorio, y aún así con matices, en las comunidades autónomas de la ribera mediterránea peninsular (desde Catalunya hasta Andalucía), y en les Illes Balears, Madrid y Navarra. El resto tienen una tasa migratoria negativa o ínfima. De todas las comunidades autónomas, les Illes Balears son las que experimentan una tasa más elevada, que en el año 2000 llegaba al 16,74 por mil(2).

Inmigración y competencia lingüística

        Como primera conclusión, pues, vemos que en el caso de les Illes Balears sí que podemos hablar de una elevada tasa de inmigración, pero no en el conjunto del estado. Pero incluso estas cifras no justifican que podamos atribuir a los inmigrantes internacionales, con propiedad, la responsabilidad principal de la falta de éxito en las políticas de normalización lingüística, por una razón muy simple: las tasas migratorias indicadas se refieren a la inmigración extranjera. Y en lo que atañe a la normalización lingüística, la dificultad no vendrá, en cualquier caso, por la nacionalidad de los inmigrantes, sino por su competencia lingüística. Por eso, al hablar de normalización lingüística tenemos que sumar la inmigración extranjera a la inmigración interior, es decir, la que proviene de otras comunidades autónomas españolas. Y aquí sí que las cifras se disparan. Los datos de 1998 situaban la tasa global de inmigración (extranjera más interior) a les Illes Balears… en el 26,3 por mil. De hecho, en tan solo dos años, de 1996 a 1998, el número de personas nacidas fuera de les Illes Balears que fijaron aquí su residencia se duplicó(3).

        Estos datos nos ayudan a comprender que, en todo caso, la inmigración extranjera supone una dificultad menor para la normalización lingüística del catalán, en comparación con la inmigración interior de origen español. Pero quiero ir mas allá: me atrevo a decir que tampoco el conjunto de la inmigración es, por sí mismo, “el” problema para la normalización lingüística. La raíz, el origen de las dificultades –agravadas, eso sí, por la elevada inmigración-, se encuentra en la desigualdad del catalán respecto al castellano. El problema de fondo es el bilingüismo desigual, que siempre perjudica al catalán y beneficia al castellano. Porque, vamos a ver: ¿existe un conflicto lingüístico importante en otras zonas de Europa, o incluso del Estado Español, que sean monolingües? Es evidente que no. Cuando en estos sitios se habla de los principales problemas relacionados con la inmigración, la cuestión lingüística no se considera, ni por asomo, uno de los aspectos más relevantes. Mientras redactaba este trabajo he perdido un rato paseándome por Internet, buscando información sobre la cuestión lingüística relacionada con la inmigración en distintos estados europeos, incluido el español, y no he encontrado casi nada. Sobre vivienda, trabajo, aspectos legales, sanidad... todo lo que queráis. Pero sobre normalización lingüística, tan solo he encontrado algunas cosas (más bien pocas) relacionadas con las comunidades bilingües con una lengua minorizada, como es nuestro caso.

        Observad que no hablo de lenguas minoritarias, sino de lenguas minorizadas. La distinción es importante. Cuando digo que la normalización lingüística de los inmigrantes no es una cuestión fundamental en otros lugares, incluyo a los estados monolingües que tienen menos hablantes que la lengua catalana. El catalán es la séptima lengua de Europa en número de hablantes, con 10,7 millones, mientras que el griego tiene 10,2, el sueco 9,3, el finés 5,4 y el danés 5,2; y no he encontrado ninguna referencia a un eventual “conflicto lingüístico” en ninguno de estos países. El problema del catalán, la razón por la cual los inmigrantes en territorios catalanoparlantes no la aprenden como primera lengua, no es su reducido número de hablantes en relación a las “grandes lenguas” (castellano, ingles, francés...), sino por su situación de desigualdad... y por tanto su inutilidad.

Cambio de paradigma

        Estas consideraciones nos permiten resituar la cuestión en los términos adecuados. Necesitamos cambiar el paradigma para interpretar correctamente lo que está pasando. La tesis que defiendo es que nuestros problemas con la normalización lingüística no se explican fundamentalmente por las elevadas tasas migratorias, sino sobre todo por la incapacidad de nuestras instituciones públicas (autonómicas y locales) para intervenir eficazmente tanto en materia de inmigración como a favor de la normalización lingüística del catalán. Así, pues, a la pregunta sobre si la inmigración representa un problema para la normalización lingüística la respuesta es que sí, pero que se trata de un problema subsidiario de otro más importante, que es el bilingüismo desigual. La inmigración incrementa el número de hablantes monolingües en la lengua no minorizada (en nuestro caso, el castellano), y favorece el avance del proceso de sustitución lingüística. Frente a esta dura realidad, las políticas de normalización lingüística basadas en la dinamización y la promoción, que apelan a la buena voluntad y al esfuerzo individual, pueden hacer bien poco. La pieza clave está en la innecesidad de aprender catalán para vivir en este país.

        Si hablamos de las políticas de inmigración en su conjunto, nos encontramos con una paradoja importante: el gobierno central se reserva con exclusividad la regulación legal de la extranjería, el control de flujos migratorios y la gestión de los contingentes anuales de trabajadores extranjeros, con unos criterios de homogeneidad para todo el estado que no se corresponden, en absoluto, con las situaciones heterogéneas entre unas y otras comunidades autónomas. La atención social (servicios sociales, educación, sanidad, etc.), a la población inmigrada, debe ser dispensada sobre todo por los gobiernos autonómicos y los municipios, pero sin poder intervenir en el estatus legal de los extranjeros que residen en su territorio, y sin recibir del gobierno central la financiación proporcional a la tasa de inmigración que reciben. Y ya sabemos que el éxito de cualquier iniciativa política necesita dos elementos ineludibles: la voluntad de llevarla a cabo, y la disposición de los instrumentos necesarios para que sea efectiva. Para el conjunto de las políticas de atención a los inmigrantes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden tener la mejor voluntad, pero los instrumentos de que disponen son mínimos e insuficientes. Por lo que respecta a las políticas de normalización lingüística, relacionadas o no con la inmigración, más de lo mismo.

¿Caminos de salida?

        Soy moderadamente pesimista sobre las posibilidades que tenemos de superar esta impotencia. Con los vientos que corren, no creo que en un plazo próximo las instituciones autonómicas y locales puedan intervenir con mas intensidad y eficacia ni sobre las políticas de inmigración, ni ir mucho mas allá de lo que se está haciendo actualmente en materia de política lingüística, sin cambiar sustancialmente el modelo en que se basa esta política. Veámoslo.

        Joan Melià (Director General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears) afirma que “las expectativas de uso de la lengua catalana entre los encuestados (por el estudio del CSIC) son más elevadas que el nivel que la realidad ofrece, lo que demuestra una sociedad que, en conjunto, permitiría, aunque no lo exija explícitamente, unas medidas de planificación lingüística más avanzadas que las actuales”(4). Fijémonos que Melià habla de planificación lingüística, que es distinta a la dinamización lingüística. Según Guillem Calaforra(5), dinamización y planificación representan los niveles mínimo y máximo, respectivamente, de intervención pública sobre el comportamiento lingüístico de los ciudadanos y sobre la estructura sociolingüística. La dinamización lingüística aplica (...) reformas legales, tácticas de sensibilización, marketing lingüístico, etc, y es un método típicamente reformista. La planificación lingüística sería por el contrario, una intervención más vinculada a la ingeniería social: se realiza directamente desde el poder político, y hace uso de todos los métodos que posee el estado para construir realidad social: establece objetivos últimos –la creación de la lengua nacional-, define un plan de actuación, vigila el cumplimiento del aparato legal y castiga las transgresiones, etc. El presupuesto fundamental es la sociedad como material bruto que el poder tiene capacidad de modelar a voluntad. En opinión del mismo Calaforra, “la pura dinamización, con su talante más liberal, no garantiza la supervivencia de las comunidades lingüísticas minorizadas ni la superación de las situaciones de subordinación”.

        Si Calaforra tiene razón, debemos pensar que el catalán sólo avanzará en les Illes Balears cuando tengamos la capacidad de ejecutar una política lingüística más próxima a la planificación que a la dinamización. Si no conseguimos que el catalán llegue a ser necesario, poco futuro tendrá. Con la pura dinamización lingüística no conseguiremos avances espectaculares entre los inmigrantes, españoles o extranjeros. Pero conste que no estoy sugiriendo medidas represoras contra los inmigrantes que no hablen catalán… ¡sino todo lo contrario!.

        Pero el concepto de planificación lingüística hace despuntar el conflicto entre los derechos individuales, la libertad de cada uno como persona y como ciudadano, por una parte, y la voluntad de la mayoría política democráticamente constituida de garantizar la supervivencia del catalan, por otra. Pero no nos engañemos: respecto a la lengua, los agravios individuales y los agravios colectivos se encuentran todos en el mismo bando: en les Illes Balears, un ciudadano que pertenece al grupo catalanófono no tiene la posibilidad real de hacer toda su vida en catalán, sin que eso le suponga tener que padecer situaciones indeseables. En cambio, al revés sí que es posible: uno puede vivir plenamente en castellano, absolutamente sin el catalán. Esta es la cuestión.

        Mientras esto sea así, no podemos esperar, ni tenemos el derecho de exigir, una actitud generosa hacia el catalán por parte de los inmigrantes extranjeros desiguales, ¿cómo podemos exigir actitudes gratuitas y de esfuerzo a los inmigrantes extra-comunitarios, cuando son ciudadanos de segunda clase, con menos derechos, menos oportunidades y menos posibilidades que el resto de ciudadanos? Si ya para sobrevivir tienen grandes dificultades, es perfectamente comprensible que, al menos en el terreno lingüístico, opten por el camino fácil. Y mientras no les podamos garantizar la igualdad de derechos en otros ámbitos, yo no me siento legitimado para exigirles un cambio de actitud lingüística.

        Otra cosa es la política lingüística  que se puede llevar a cabo en relación con los inmigrantes españoles y europeos: en este caso sí que los poderes públicos deberían sentirse legitimados para actuar de manera más intensa y exigente. ¿Significa esto que propongo un trato diferenciado, unos niveles distintos de exigencia y una discriminación positiva respecto a unos y otros inmigrantes? Pues sí.

Notas.

(1) Ver el magnifico trabajo La lengua en la UCI, de Joan melià, en la revista “El Mirall”, n. 102 (mayo 1999), pàg 5-12, donde analiza los datos de un estudio del CSIC.

(2)  Fuentes: Anuari Social d’Espanya 2000, de la Fundació La Caixa; Population and social condicions, Eurostat, enero 2001; El Pais, edición 18 de diciembre de 2000, pág. 22..

(3) Fuente: Informe del Institut Balear d’Estadistica (IBAE), agosto de 2000.

(4) Artículo citado en la nota 1

(5) Calaforra, G., y Ferrando, P., Conflicte de Llengües i conflicte de valors. Aspectes teòrics del liberalisme lingüístic. Comunicación presentada en el 17º Congreso Alemán de Catalán, Universidad de Munster-Westfàlia, abril de 2000,

disponible en www.uv.es/-calaforr/muenster.html