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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 103 - Andanzas saudies - Intersindical andaluza - Pro ceso Vinaros - Guerra -
Fecha:Sabado, 3 de Noviembre, 2001  08:09:17 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>


nº 103
 
 
En este Correo:
 
* Andalucía: Andanzas saudíes, miserias andaluzas y cuestiones de Protocolo.
* Sindicalismo andaluz: El proceso de la Intersindical andaluza.
* El SOC exige 6.000 ptas. en Convenio del campo de Almería.
* El SOC anuncia ocupaciones de fincas de RUMASA
* Andalucía: 125.000 a favor de un Referendum en el Sahara.
* Crisis diplomatica Marruecos-Estado español.
 
LA GUERRA:
* Movilizaciones antiguerra en Andalucía.
*  Andalucía Libre y la Plataforma andaluza contra la Guerra. Razones para una rectificación
* El Partido Andalucista y la Guerra.
* La ONU y la Guerra: Apoyo total al imperialismo.
 
* Países Catalanes: El proceso de Vinaros. - Enlaces
Francisco Fernández Buey, Seis razones para manifestarse contra la nueva ley de universidades
Sugerencias,
   Centro Andaluz del Flamenco.
   - Cádiz Rebelde  
 
* Directorio, Música 
 
--oOo--
 
 
 
Andanzas saudíes, miserias andaluzas y cuestiones de Protocolo
Andalucía Libre
 
 
Salman Ibn Abdulaziz,
Gobernador de Riad.
Nº 3 en la línea de sucesión saudí.
 
Es conocida la querencia de los oligarcas saudíes y de los estados del Golfo por Andalucía. La Costa del Sol está bien provista de mansiones y lujosas residencias de miembros de las bien amplias familias reales respectivas. El propio Rey Fahd posee aquí un extenso complejo palaciego, dotado con el derroche habitual saudí. Desde hace treinta años, es costumbre que familias enteras de las elites de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos etc acudan a Andalucía -siguiendo el modelo real- a pasar el verano y evadirse de las altas temperaturas estivales de la Península arabiga. Aparte de esta vinculación turística y de relax, la otra faceta más conocida de la relación saudí con Andalucía es la política de subvenciones escogidas a asociaciones musulmanas con las que el Reino pretende influir y controlar, a fuerza de petrodólares, a las comunidades islámicas, discriminando entre afines y ajenos. La tan traída nostalgia por Al-Andalus no ha producido hasta la fecha la menor inversión productiva en la Andalucía de hoy. El Estado español, por su parte, tiene por costumbre ofrecer a sus ilustres visitantes árabes recorridos por Andalucía (Córdoba, Sevilla, Granada...) como complemento cultural en sus visitas oficiales; los negocios se hacen en Madrid y la poesía se deja para Andalucía.
 
Si recientemente la islamista Al-Qaeda recordaba, lamentándose, la conquista de Andalucía, los también muy integristas wahabies saudíes, no parecen compartir exactamente la misma interpretación histórica. De otro modo no cabría explicarse su muy intima amistad con la familia Borbón (a fin de cuentas, heredera de quienes realizaron la Conquista y encarnación de la Monarquía española que la perpetua). Es conocido que en 1977 la Monarquía saudi entregó al rey español 100 millones de dólares para ayudarle a consolidar la Monarquía española. En 1979 el rey saudi Fahd le regaló a su hermano Juan Carlos su yate Fortuna II. Ya anteriormente, desde principios de los 70, el entonces príncipe Borbón mediaba habitualmente en negocios petroleros con Arabía Saudí, en retribución de los cuales "recibía una comisión"(*). Manuel Prado y Colón de Carvajal, su reconocido amigo y embajador por decisión personal real, ha estado al frente de empresas mixtas hispano-saudíes dedicadas a la compraventa de armamento y ya declaró, a raíz del escándalo KIO, haber recibido otros 100 millones de dólares kuwaitíes, como compensación a las gestiones realizadas durante la Guerra del Golfo. Hay, como se puede ver, muy fuertes sostenes materiales para las fraternidades reales y evidentes conexiones con Andalucía en toda esta compleja relación, agudizada si cabe desde el acceso del granadino Fernando Almansa a la jefatura de la Casa Real española.
 
Precedentes
 
Gabriel Diaz Berbel (PP)
anterior Alcalde de Granada
 
En Agosto de 1997, el príncipe Salman Ibn Abdulazis, hermano del rey, Gobernador de Riad, hombre de influencia en las alturas saudíes y propietario de un palacio en Marbella vecino al del rey Fahd, se plantó en el Llano de la Perdiz de Granada, enfrente de la Alhambra, con quince jaimas (equipadas, eso si, con luz eléctrica, televisión, teléfonos y aire acondicionado) para meditar. El príncipe Salman, según informó la prensa del momento, era un enamorado de Al-Andalus hasta el punto de tener en su palacio de Riad una reproducción a tamaño real de la Alhambra. Fue recibido y agasajado por el entonces alcalde de Granada, el empresario Gabriel Diaz Berbel (PP), personaje que compatibilizaba su responsabilidad municipal con el puesto de Senador y que ya se había distinguido por sus amplias y selectas relaciones internacionales: a su toma de posesión como alcalde acudieron, entre otros, representantes de la ARENA salvadoreña o del Kuomintang de Taiwan. El príncipe saudí entrego diversos obsequios al alcalde y sus colaboradores y regaló al Ayuntamiento granadino dos caballos de pura raza. El proyectado retiro principesco, sin embargo, hubo de ser acortado por la polémica suscitada a cuenta del destino y legitimidad de los regalos saudíes y por las contundentes denuncias del carácter represivo del régimen ultrareaccionario saudí, hechas a la prensa local por un concejal, entonces en IU. Díaz Berbel consideró que los regalos eran personales y ni los entregó ni los devolvió y se lamentó del espíritu destructivo de la entonces oposición y particularmente de su sector más extremista, doliéndose de los perjuicios que esta actitud podría traer para el progreso de Granada. Aún así, meses después el alcalde Díaz Berbel, su señora, otros concejales del PP y su chofer, realizaron un viaje a Riad a disfrutar de la hospitalidad saudí, en devolución al caluroso recibimiento y las atenciones recibidas por el príncipe Salman durante su estancia en Granada.
 
 
Nueva visita, nuevo escandalo.
 
José Moratalla (PSOE),
actual Alcalde de Granada 
y presidente de la Federación andaluza de municipios y provincias.
 
 
En 1999, tras las siguientes elecciones municipales, la Alcaldía de Granada pasó a manos de José Moratalla (PSOE) como consecuencia de un pacto tripartito PSOE-IU-PA(ahora PSA).
 
A finales de junio de 2001 el príncipe Salman Ibn Abdulazis realizó una visita oficial a Madrid (con recepción y banquete real incluido, por supuesto) que paso, como es habitual, desapercibida para el gran público.
 
Tres meses después, la periodista Amina Nasser, destapaba en el diario local IDEAL la caja de los truenos haciéndose eco, a través de denuncias de un concejal del PP, que el tan conocido príncipe había visitado de forma privada Granada, dedicándosele un banquete intimo en el Parador de San Francisco a él y sus sequito, con una factura para las arcas municipales de 323.557 pesetas-1944,61€. El escándalo provenía de que, en dicha colación, la concejala de la Mujer Asunción Jodar (PSOE) -única fémina presente- había sido sentada aparte en otra mesa y en una habitación separada. En compensación a las atenciones recibidas el saudí regalo una daga de oro, plata y acero para el alcalde (valorada en 800.000 pesetas-4.808€) y un 'Cartier' de oro para la concejala de la Mujer presuntamente discriminada (valorado en 680.000 pesetas-4.086€). Precisamente a finales de Septiembre, el PSOE anunciaba que esos regalos pasaban al Patrimonio municipal.
 
A raíz del articulo, PP y PSOE se enzarzaron en una polémica pública. Según el PSOE, los regalos se habían entregado al Ayuntamiento a mediados de Julio, lo que contrastaba con los rolex y las joyas que el mismo príncipe había entregado a los del PP y sus cónyuges en su anterior visita de 1997 que seguían en sus manos. El PP respondía que la concejala del PSOE había ido enseñando el cartier por el Ayuntamiento a varias funcionarias, días después de la visita. Esta misma concejala lío aún más la madeja afirmando el 1 de octubre que el saudí se había pagado la comida y se reconoció molesta por lo que entendía como postergación. El PP por su parte, denunciaba la discriminación y el exalcalde Díaz Berbel terciaba diciendo que si a su esposa Manuela le hacen lo mismo, él se levanta y se va y recordó que en su viaje a Riad su esposa siempre comió en su misma mesa. Aparicio, portavoz municipal del PSOE, compareció ante los medios para zanjar la cuestión y negó que el dignatario árabe discriminara a la concejala de la Mujer impidiendo que ésta se sentara en su misma mesa. «Si Asunción Jódar hubiera sido hombre se habría actuado igual», señaló el edil que a renglón seguido explicó: «El alcalde comió en la mesa principal junto al príncipe, un intérprete y el séquito que el príncipe escogió. Asunción Jódar compartió mesa con otros miembros, entre ellos el director de la Fundación del Legado Andalusí, Jerónimo Páez. No hubo ninguna discriminación. La edil no se sentó con el príncipe porque así lo aconsejó el protocolo pactado con la Casa Real y Presidencia del Gobierno, que fueron los que nos pidieron que atendiéramos al príncipe».(**)
 
Jerónimo Páez entra al quite
 
 
 
Rosa Aguilar (PCE-IU),
Alcaldesa de Córdoba
 
Jeronimo Paez, cicerone de la visita principesca y con sobrada experiencia en el trato con familias reales tanto propias como ajenas, molesto por verse implicado en el asunto, remitió una carta al diario IDEAL en donde puntualizaba: "El príncipe Salman vino a España en visita oficial del 26 al 29 de Junio. Fue recibido por el presidente del Gobierno, señor. Aznar, y, posteriormente, por el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y alcalde de esta ciudad. Precisamente, con motivo de esa visita oficial fue a Córdoba y visitó la Exposición de los Omeyas, con el equipo de miembros de su departamento que le acompañaban. En dicha ciudad se entrevistó con la alcaldesa y, además, comió en un restaurante de esta ciudad. En esa comida, que tenía el mismo carácter que la de Granada, el príncipe comió exclusivamente con la primera autoridad de la ciudad de Córdoba, porque así se había decidido en el protocolo oficial. La máxima autoridad era la alcaldesa, Rosa Aguilar, que fue la única autoridad con la que compartió mesa, por lo que no hubo en ningún momento discriminación alguna, sino únicamente reglas de protocolo. Los otros miembros del Ayuntamiento de Córdoba comieron en mesa aparte, por las mismas razonesEn Granada sucedió lo mismo, comió con los miembros de su departamento y con la primera autoridad de la ciudad. Sucede que en Granada esta autoridad es un hombre y no una mujer. Los otros miembros del Ayuntamiento comieron en otra mesa, al igual que en Córdoba.". Páez, además, afirmaba que "La visita fue considerada por el Gobierno de la nación como muy importante para nuestro país, que hacía años deseaba que se hiciera, dada la personalidad del visitante, su cargo y sus especiales relaciones con nosotros. El Gobierno lo atendió, en todo momento, como corresponde a un ilustre visitante y amigo de España. De la misma forma fue considerado y atendido por la Comunidad Autónoma de Madrid, su Ayuntamiento y el de CórdobaPor el contrario, parece que para algunas personas de esta ciudad, tratar al príncipe Salman con la consideración y respeto debidos ha sido un error, un contrasentido y, como nos descuidemos, casi un escándalo inadmisible. El Ayuntamiento de Granada hizo lo que tenía que hacer. Hizo, además, lo que corresponde a una ciudad como la nuestra, que, si no me equivoco, quiere atender con el mayor respeto y rigor posible la importante conferencia política que se va a celebrar en nuestra ciudad, en el mes de febrero, de los 15 ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea, con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, uno de cuyos países es Arabia Saudí. Todo ello en el marco, el próximo semestre, de la Presidencia española de la Unión Europea."

Derivaciones y conclusiones.

A todo esto, ni el PCE-IU ni el PSA -socios del PSOE en el Gobierno municipal de Granada- abrieron la boca en todo el desarrollo del asunto. Vistas las derivaciones, resulta claro y significativo su silencio.

Lo que había empezado como una cuestión de presunta discriminación sexista por parte de un integrista árabe, ocultación de gastos municipales y un asunto de pretendido compadreo, tomaba otros derroteros de mayor enjundia -algo habitual en Granada-. Resultaba: 1º. Que en el asunto andaban metidos no sólo Presidencia del Gobierno español sino también la Casa Real, hasta el punto de aleccionar a los provincianos corporativos sobre su debido comportamiento en la resbaladiza y procelosa cuestión protocolaria. . Que a la hora de cumplir las directrices estatales, no había diferencias entre el ayer del PP y el hoy del PSOE en Granada o el PCE-IU en Córdoba. 3º. Que el fundamentalista Salman era tan pragmático como su mismo régimen y que tenía bien clara la distinción entre, por ejemplo, prohibir que las mujeres saudíes condujeran automóviles en Riad y compartir mesa y mantel con una alcaldesa del PCE-IU en la antigua capital de la Andalucía Omeya. 

Toda la historia tiene el regusto característico de las relaciones políticas habituales entre el Reino saudí y el Estado español (y sus aliados tan occidentales y tan democráticos). De boca para afuera, se defienden hipócritamente los derechos democráticos y especialmente los de la mujer; de puertas adentro, se atiende con suma hospitalidad y deferencia a los responsables y beneficiarios del régimen más reaccionario del mundo; eso sí intentando que no se conozcan demasiado estas intimidades por la opinión pública. Hay un toque racista indiscutible en esta actitud; siempre sobrevuela sobre estas formas de proceder la idea soterrada de que, a fin de cuentas, estos son sus usos y costumbres, cosas de arabes... (que no de moros, pues ya se sabe que los árabes son ricos y los moros, pobres).

Sería conveniente que se leyeran, por ejemplo, los Informes que Amnistia Internacional dedica a Arabía Saudí, donde se recogen testimonios de su arbitrariedad, de su carácter opresivo y negador de todos los derechos humanos individuales y colectivos y particularmente sobre mujeres, inmigrantes y minorias. Seria conveniente que se repasara la historia del régimen wahabita y se recordara su compromiso militante contra todas las opciones emancipadoras que han existido en la Nación Árabe desde su instauración en Riad; su intervencionismo; su colaboración y dependencia con el imperialismo.

No es creíble que quienes, tanto primero en Córdoba como luego en Granada -por acción u omisión-, han primado el llamado protocolo y el sometimiento al Gobierno español sobre los más elementales principios democráticos, internacionalistas y de izquierda, puedan alegar ignorancia sobre quien era y qué representaba ese Salman Ibn Abdulazis a quien recibían tan cordialmente. Que no intenten travestir de mera cortesía lo que eran actos políticos de claro compromiso y afinidad con la orientación del Gobierno español y de indiferencia hacía las luchas democráticas y socialistas en la Nación Arabe. Lo que ocurre es que, a la hora de la verdad, la cobardía política y el cretinismo institucional priman sobre las retóricas y dejan a cada cual en su sitio; hasta el punto de, como en otros muchos temas, hacer indistinguibles unos de otros. Y esto, precisamente hoy y ahora, conviene recordarlo.

(*) Los datos sobre las andanzas del Sr. Borbón y Borbón están recogido del libro de Patricia Sverlo, Un Rey Golpe a Golpe, Arakatzen S.L., San Sebastian, 2000.
(**) Las negritas son nuestras.
Más información sobre Arabía Saudí:
 
 
 Sindicalismo andaluz
El Proceso de la Intersindical Andaluza
Andalucía Libre
 
Desde 1996 viene desarrollándose un proceso de unidad del sindicalismo andaluz. En este proceso participan USTEA, SOC, SUAT, SU y CUT-Landi, tras el descuelgue de CGT en 1997 por su desacuerdo con el carácter y marco nacional del proceso. Su resultado político es la Mesa por la Intersindical Andaluza (MIA), estructura de ámbito nacional con niveles provinciales, de la que forman parte los cinco sindicatos. La MIA ha aprobado varios ejes de definición y actuación política y sindical y ha coordinado la actuación conjunta de los sindicatos integrantes.
 
Aunque se han dado pasos evidentes en la aparición común y en la colaboración entre los diferentes colectivos sindicales implicados, tanto a escala nacional como provincial (aunque con desigualdades territoriales), la lentitud del proceso genera lógicas inquietudes. Si de un lado, es algo fácilmente asumible la dificultad inherente a un proceso de convergencia de sindicatos de muy diversa implantación tanto sectorial como territorial, también lo es que el estancamiento de un proceso de estas características sólo sirve a los intereses de quienes, por razones políticas o sindicales, ven desde fuera con temor cualquier perspectiva de constitución de un sindicato nacional andaluz y por tanto, hacen todo lo que está en su mano para dificultar y retrasar la culminación del proceso. Disponer de una clara conciencia y voluntad políticas de su necesidad para superar rutinas y dar pasos irreversibles y significativos en ese objetivo es condición de exito. Los últimos Congresos nacionales de USTEA y SOC han ratificado y reafirmado sus compromisos políticos con la meta de la Intersindical Andaluza, aunque su plasmación practica sigue afectada por un ritmo excesivamente cansino. Consecuencia de ello es que la imagen pública de la Intersindical Andaluza siga siendo prácticamente inexistente y la conciencia de la afiliación de los respectivos sindicatos participantes de formar parte de una entidad sindical superior compartida muy tenue y excesivamente diversa según sectores y territorios. Todo ello ocurre cuando la evolución del movimiento obrero andaluz manifiesta con rotundidad que el futuro de cada uno de los colectivos sindicales implicados está vinculado indisolublemente a su capacidad de unificarse en una confederación sindical general como condición necesaria para mantener y ampliar su actividad sindical presente ya que, de lo contrario, es bien difícil que puedan resistir la presión del binomio reformista mayoritario CCOO-UGT (y a otro nivel, la competencia de CGT). Los cambios políticos y sociológicos ocurridos en Andalucía así lo acreditan, especialmente en relación al medio rural.
 
Desde un punto de vista político general, el proceso de la Intersindical Andaluza resulta claramente necesario. Desde una posición de clase, es obvia la urgencia de disponer de una Confederación sindical nacional en la que puedan integrarse colectivos y sindicalistas que, en las diferentes ramas, están en desacuerdo con la política reformista de colaboración de clases que llevan desarrollando CCOO-UGT, corresponsable de la degradación de las condiciones de vida y trabajo, de la perdida de derechos adquiridos, de la precarización del mercado de trabajo y de la generación en ultima instancia de las condiciones objetivas sobre las que se basan situaciones inadmisibles como la sobreexplotación de la inmigración. Esta Confederación sindical nacional es imprescindible para que el movimiento obrero andaluz recupere su independencia política y sindical frente a la línea de sometimiento implantada por CCOO-UGT que, desde hace años, actúa como apéndice sindical de la Junta a cambio de las subvenciones con las que sostienen sus aparatos burocráticos. Desde una posición nacional, es obvio que todas las organizaciones de ámbito y referencia estatal o española obstaculizan la conformación de un marco nacional y por tanto favorecen la perpetuación del orden político, económico, social e institucional bajo el que se organiza la dominación y dependencia de Andalucía. Está sobradamente demostrado que el marco organizativo estatal no tiene nada que ver con la solidaridad de clase o con el internacionalismo sino que sólo actúa como soporte orgánico para el control burocrático de la lucha de clases; ninguna autoridad ni legitimidad tienen los jerarcas de CCOO-UGT para hablar de internacionalismo cuando en toda circunstancia defienden posiciones españolistas o imperialistas. Precisamente, la recuperación del internacionalismo requiere de la previa consolidación de la independencia sindical nacional. Además, está claro que el avance hacia un marco político nacional demanda una previa y paralela estructuración social nacional que, por su mera existencia, actué objetivamente como elemento de debilitamiento de la dependencia nacional, lo que va en consonancia con los intereses fundamentales de la clase obrera andaluza (quieran verlo o no quienes, con buena o mala intención, siguen confundiendo internacionalismo con cosmopolitismo).
 
Es de desear, pues, que cuanto antes podamos asistir a la presentación pública de un referente sindical nacional claramente delimitado (y no a un mero apellido de organizaciones preexistentes) que pueda afrontar su implantación en el conjunto de ramas y territorios.
Para ampliar información, hemos colocado para descarga en Archivo de Documentos-Carpeta Andalucía, tres archivos que incluyen a. Un repaso histórico documental del proceso de la Intersindical andaluza; b. La resolución de unidad sindical del ultimo Congreso de USTEA; c. La referencia a la Mesa sobre unidad sindical del ultimo Congreso Nacional del SOC.
 
 Luchas en el campo
El SOC reclama una subida mínima del 10% en el nuevo Convenio del Campo de Almería y viviendas para temporeros
 
El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) reclama que la subida salarial que contemple el nuevo Convenio colectivo del Campo en Almería supere el 10% y se establezca en un mínimo de 5.500 pesetas diarias (33,05€), según informó el portavoz de dicha central, José García.

García remarcó que el sueldo estipulado en el último convenio colectivo para los trabajadores del sector agrícola de esta provincia es "muy inferior al del resto del país", por lo que justificó dicha petición de aumento.  

El portavoz del SOC se reunirá esta tarde con afiliados del sindicato en una asamblea convocada para tratar sobre este asunto, a quienes expondrá la propuesta que ya ha trasladado a los sindicatos UGT y CC.OO., con el fin de recabar su apoyo para que la defiendan en las reuniones de los agentes sociales de cara a la firma del nuevo convenio.

La iniciativa sugiere que el salario por jornal ascienda a 6.000 pesetas (36,06€), que se contemple la jornada de 35 horas semanales repartidas de lunes a viernes, y que las horas realizadas los sábados, "cuando también será necesario trabajar", se paguen como horas extraordinarias.

Para el SOC, el alojamiento de los temporeros "debe figurar como una cuestión fundamental en el convenio", y propone al respecto que se detraiga del salario de estos trabajadores --en su mayoría inmigrantes-- un 10% ciento, de tal manera que tengan acceso a una vivienda digna. Sin embargo, García advirtió de que las viviendas ofrecidas o facilitadas por los patronos a los agricultores "deben tener unas condiciones adecuadas de habitabilidad y de salubridad", puesto que algunos empresarios de la provincia almeriense ya han sido denunciados por los temporeros que vivían hacinados y en circunstancias insalubres en una nave preparada como alojamiento en la comarca de Níjar, pese a que se les restaba del salario unas 500 pesetas (3€) diarias a cambio del alojamiento.

El SOC anuncia ocupaciones para exigir la cesión de antiguas fincas de Rumasa
La privatización por subasta de diez explotaciones finaliza este mes
 
El SOC ocupa tierras en Martín de la Jara

ALEJANDRO BOLAÑOS EL PAIS | Sevilla

El proceso de subasta que inició este verano la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales para adjudicar al mejor postor diez de las fincas expropiadas al empresario jerezano José María Ruiz Mateos se resolverá a finales de noviembre. Una privatización que es rechazada de plano por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que anunció ayer ocupaciones en antiguas explotaciones de Rumasa para forzar la paralización de la subasta y reclamar la cesión de las fincas a cooperativas agrarias.

La consultora Proassets lleva más de cuatro meses ejecutando un complejo proceso de subasta que, previsiblemente, culminará este mes con la adjudicación de las fincas a las mejores ofertas. Las diez explotaciones privatizadas (nueve en territorio andaluz) suman 3.642 hectáreas y en ellas se han interesado más de un millar de empresas, entidades y particulares. El precio conjunto de salida es de 6.872 millones de pesetas (que irán a las arcas del Gobierno central), aunque la consultora prevé que el precio final superará en un 20% los valores de salida.

'Estas fincas están en comarcas de Sevilla, Jerez y Córdoba en las que hay mucho paro agrario', afirmó ayer en conferencia de prensa el secretario regional del SOC, Diego Cañamero, quien exigió que el Gobierno central pare el proceso de subasta y negocie con la Junta de Andalucía el traspaso de las fincas al patrimonio autonómico para luego cederlas a cooperativas agrarias. 'Si no atienden nuestras peticiones, iniciaremos una fuerte campaña de ocupaciones y expropiaciones sociales de cosechas', advirtió Cañamero.

Propuesta parlamentaria

El dirigente del SOC recordó que el Parlamento andaluz 'en dos ocasiones' ha instado al Ejecutivo regional a reclamar la cesión de estas fincas al patrimonio autonómico. 'Hemos solicitado una reunión con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, para tratar este asunto', aseguró Cañamero.

Con estas movilizaciones, además de intentar frenar el proceso de subasta en su tramo final, el SOC busca impedir que se inicie un proceso de privatización similar para las otras seis antiguas fincas de Rumasa que aún están en manos públicas, incluida La Romana (Sevilla), una explotación en la que los jornaleros han hecho varias ocupaciones simbólicas. Con este tipo de actuaciones, el SOC ya consiguió en 1993 la cesión a una cooperativa agraria de El Indiano (300 hectáreas en Puerto Serrano), otra antigua finca de Rumasa.

Cañamero aprovechó la conferencia de prensa para denunciar el 'incumplimiento del convenio del campo' en unas 150 explotaciones agrarias visitadas en Sevilla por delegados del SOC. El sindicato anunció que seguirá promoviendo paros parciales a pie de finca para conseguir de los empresarios algunos de los compromisos recogidos en el convenio, como el abono de gastos por desplazamiento o la prohibición de imponer cantidades mínimas de cajas a recoger.

  Andalucía
125.000 andaluces 'votaron' a favor del referéndum en el Sahara

EL PAÍS | Sevilla

La Plataforma Cívica Andaluza de Apoyo al Referéndum Libre en el Sahara ha organizado en las dos últimas semanas votaciones simbólicas en las ocho capitales de la comunidad y en el Parlamento andaluz en pro de la independencia del pueblo saharaui. En la iniciativa, en la que se han implicado numerosas ONG que apoyan la independencia de la antigua colonia española, han participado más de 125.000 personas, según los organizadores, que han votado en las urnas ubicadas en todas las provincias, aunque en algunas, como Cádiz y Jaén, se emplearon pliegos de firmas por falta de urnas.

En la consulta simbólica se invitaba a los ciudadanos a expresar si eran favorables a "pedir a los Gobiernos de España y de Andalucía su apoyo inequívoco al cumplimiento del Plan de Paz de la ONU para el Sahara, mediante la urgente celebración del referéndum de autodeterminación que en él se contempla". También se preguntaba si los participantes eran partidarios de que el Gobierno español acredite a la delegación del Frente Polisario como único representante "legítimo" de los saharauis en España. El pasado viernes, los organizadores de la iniciativa destacaron que el 97% de los votos recogidos habían respaldado la celebración de un referéndum libre. La votación en el Parlamento andaluz se produjo el pasado jueves en un patio de la Cámara. En la consulta hubo 394 votos de políticos, funcionarios, personal del Parlamento y periodistas. 381 votaron a favor del referéndum, tres votaron en contra y diez votos se emitieron en blanco. Además, 372 se pronunciaron a favor de que el Gobierno español acredite a la delegación del Frente Polisario en España como legítimo representante del pueblo saharaui, mientras que cinco votos rechazaron esta medida y 17 fueron votos en blanco.

La votación del Parlamento cerró una campaña que se desarrolló, principalmente, entre el 19 y el 21 de octubre. La diputada de IU Concha Caballero destacó que la votación iba a "suponer un paso importante y una presión política significativa para que se celebre la consulta en el Sáhara y de reconocimiento a la actitud pacífica y de respeto al derecho internacional en el que se viene moviendo el pueblo saharaui". Además, según la plataforma, unos 150 ayuntamientos andaluces se han declarado institucionalmente "a favor de la libre autodeterminación del pueblo saharaui".-

 
 
Crisis diplomática Marruecos - Estado español
Andalucía Libre
 
Mohamed VI con su
consejero André Azulay
 
Hace una semana, el Reino de Marruecos decidía retirar, sin explicaciones previas, a su Embajador en el Estado español Abdesalam Al Baraka. Luego, prohibía a los corresponsales de prensa del Estado español cubrir el viaje de Mohamed VI al Sahara, levantando el veto días después. A continuación, suspendía indefinidamente la prevista Cumbre intergubernamental. Cuatro días después de inicio de la crisis, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Mohamed Benaissa, justificó ante el pleno del Parlamento marroquí la decisión de llamar a consultas a su embajador en Madrid, leyendo un memorándum de agravios. Entre los citados se encontraban las amenazas de Aznar de reconsiderar la relación con Marruecos después del fracaso de las negociaciones pesqueras; el rechazo a los comentarios del Ministro de exteriores Piqué sobre la complicidad del Estado marroquí en la inmigración ilegal; el malestar por el aumento de los controles aduaneros en las fronteras entre las colonias de Ceuta y Melilla y el territorio marroquí; la insatisfacción por una presunta posición española contraria de forma militante a la causa nacional marroquí, es decir, a la anexión del Sahara (en la que se mezclaban el pronunciamiento oficial español en la ONU y la celebración del Referéndum organizado por la Plataforma Cívica Andaluza, al que se hacia reiterada y explicita referencia); una ralentización de la cooperación y finalmente una actitud de la prensa española considerada irrespetuosa hacía Marruecos, es decir, hacia su Régimen y su Rey.
 
El Gobierno Aznar no esperaba una iniciativa de este tipo. De hecho, las declaraciones de Aznar sobre las consecuencias del fracaso pesquero fueron hechas cara al mercado interior y para justificar que por razones geoestratégicas primero y por primar a la gran flota gallega, después, Andalucía, por ejemplo, se había quedado prácticamente sin caladeros y con el grueso de su flota, pequeña y artesanal, condenada al desguace. Marruecos, de todas formas, tenía todo el derecho de hacer con sus pescados lo que quisiera, aun cuando fuera entregar su explotación a unas cuantas empresas de la oligarquía propia o a grandes frigoríficos con otras banderas. Los comentarios de Piqué sobre la complicidad oficial en la inmigración ilegal, por inoportunos que fueran diplomáticamente, sólo reflejaban una realidad evidente y fácilmente constatable (que por otro lado, sólo es una parte de la corrupción inherente a la Administración majzeniana). Poco después, el Estado español y Marruecos rubricaron un acuerdo sobre control de inmigración (que deja las cosas como estaban). En las Colonias de Ceuta y Melilla se han producido incidentes y enfrentamientos entre la población marroquí y la policía española a cuenta del aumento de control del trafico aduanero y es comprensible la preocupación del régimen marroquí sabiendo el papel central que el contrabando tiene no sólo en su economía en general sino también en la subsistencia de miles de marroquíes que sobreviven a cuenta de ese trasiego transfronterizo. Por supuesto, un régimen nacional normal no permitiría esa situación absolutamente anómala y letal para su propia economía, que además constituye el eje del mantenimiento de una situación colonial que formalmente critica pero que nunca ha considerado oportuno plantear de forma contundente ni en la ONU ni bilateralmente. En general, el Gobierno español del PP se ha manifestado sorprendido e incomodo por la reacción marroquí que ha definido como injustificada y ha recordado que el volumen de intercambios comerciales anuales es de 400.000 millones de pesetas; que en Marruecos operan unas 800 empresas españolas; que los créditos de cooperación concedidos desde 1996 superan los 160.000 millones de pesetas; que el plan de conversión de deuda en inversiones prosigue y supera ya los 25.000 millones de pesetas, y que Marruecos recibió el año pasado 6.735 millones de pesetas como Ayuda Oficial al Desarrollo procedente del Estado español. Como efecto imprevisto de la crisis, la opinión publica andaluza ha vuelto su mirada hacía Marruecos y también hacia las colonias de Ceuta y Melilla, sobre las que EL PAÍS publicaba el 31 de Octubre una pagina completa bajo el esclarecedor titular: "La cuarta parte de las tropas en Ceuta y Melilla son ya de origen marroquí".
Sobre el Sahara, parece que el régimen marroquí considera insuficiente la simpatía declarada con que el Estado español ve al Plan Baker-Annan, apadrinado por Francia y EEUU, que entierra el referéndum de autodeterminación en el Sahara, sustituyéndolo por una autonomía limitada que sólo plantea en realidad la integración en Marruecos, a cambio de la oferta de incluir a la elite polisaria en la administración majzeniana (y consecuente expoliación) de la región. La referencia a la ONU parece indicar que Rabat exige a Madrid que no sólo apoye el cambio de doctrina en los pasillos sino que también lo haga con su voto, públicamente y dando la cara; a lo que el Estado español viene a responder que lo hará, pero cuando esto no implique situarse en primera línea, sino bien arropado de forma que la operación no le signifique costes ante su opinión pública. De otra parte, resulta grotesco vincular esa protesta por la posición del Gobierno español a la celebración del Referéndum en Andalucía, que precisamente pretende dificultar la predisposición del Gobierno español a alinearse claramente con la posición del Majzen. La prensa palaciega marroquí sigue viendo en todo ello una estrategia española de utilización del Polisario para debilitar a Marruecos que realmente no parece fundada en ningún dato real. Más bien, la posición oficial española es de pura espera y contemplación y la apuesta, tanto con UCD, PSOE como PP, ha sido más bien estrechar lazos con el régimen marroquí y penetrar su economía (y las cuentas corrientes de sus alturas) hasta el punto de poder desactivar confrontaciones futuras. Hay quien, como Abdellatif Mansour, en el muy oficialista Maroc-Hebdo, sugiere como respuesta la organización en Marruecos de un referéndum a favor de la independencia de Euskadi; propuesta que desde aquí sólo nos cabe animar a que se desarrolle y ejecute. Este toque de atención, se reproduce también en un articulo de Ahmed Chater en el también extremadamente oficialista Le Matin du Sahara que advierte al gobierno madrileño (sic) que puestos a separatismos, el Estado español tiene su cuerpo atravesado por ellos y en crecimiento (lo que, nuevamente, ojalá se acabe concretando en la realidad).
 
Aqui y desde nuestra perspectiva, sólo cabe reafirmar que dada la evolución de los acontecimientos de 1975 hasta la fecha, la reivindicación del derecho de autodeterminación de los saharauis mediante un referéndum limpio, claro, que incluya explícitamente la opción de la independencia y con el censo de sus habitantes originales (es decir, sin incluir a los colonos marroquíes) es y sigue siendo una demanda democrática, clara e irrenunciable. Esto es así al margen de a. Las oscilaciones que pueda haber tenido o tener en el futuro el Polisario o sus políticas en relación al Estado español y otras potencias. b. Las diversas motivaciones de quienes en Andalucía o el Estado español apoyan esta demanda. Es evidente que resulta contradictorio e hipócrita que haya gentes y organizaciones que apoyan la autodeterminación saharaui pero no la autodeterminación andaluza o vasca o la devolución de los presidios a Marruecos, pero esta circunstancia no altera la justicia de esa exigencia. Este cinismo forma parte también de la posición oficial del Estado español tanto en relación al Sahara como a Ceuta y Melilla (que pretende diferenciar del caso de Gibraltar cuando son conceptualmente idénticos y en ambos la solución pasa por la integridad territorial de Marruecos y de Andalucía) y es respondido por iguales dosis de desvergüenza desde el Régimen marroquí, no sólo en relación al Sahara sino también en cuanto a su utilización instrumental del caso colonial de los Plazas del norte.
 
El régimen marroquí de Majesky (o M6) -como se conoce a Mohamed VI- necesita consolidar algún éxito que compense su parálisis y lo está buscando en el Sahara. En plena crisis económica galopante, ha recurrido a presionar a la potencia que puede legitimarle internacionalmente y que considera, de las tres que influyen especialmente en Marruecos junto a Francia y EEUU, el eslabón más débil, para mejorar su imagen nacional, compensando y teniendo en cuenta su política de integración neoliberal y desmantelamiento productivo. Todo ello en la perspectiva de las elecciones marroquíes de 2002 y de la crisis internacional abierta con el 11-s. El Régimen marroquí -según informa hoy EL PAÍS- acaba de firmar dos contratas de prospección petrolífera con dos grandes compañías: la francesa Total Fina, que trabajará en una zona de 110.000 kilómetros cuadrados al sur del territorio saharaui, y la estadounidense Kerr McGee, que buscará crudo en 114.000 kilómetros cuadrados de la zona norte y resulta claro que, con su presión, busca eliminar la base de apoyo social externo más importante con que cuenta el Polisario para facilitar el camino a quienes, en su interior, puedan entender que no les cabe otra opción que sumarse a la opción Baker-Annan.
 
Desde las instancias dominantes en Rabat también se pretende volver a la situación de apagón informativo de la época de Hassan II (lo que no cabe, cuando la prensa francesa, por ejemplo, nunca lo ha respetado y cuando, a diferencia de la etapa de su padre, con Majesky la situación dista de ser vista como estable, por lo que su seguimiento es inevitable, por mucho que las líneas editoriales sean favorables al régimen marroquí). Resulta llamativa la insistencia al respecto de M6, que en varias ocasiones se ha dedicado personalmente a desmentir o cuestionar artículos de la prensa del Estado español. Está muy clara la incomodidad del Majzen por todo lo que signifique atención pública exterior. Esta cobertura (y sobre todo la imposibilidad de evitarla) es percibida como una nueva señal de desorientación y de debilidad de un rey que no renuncia a su poder (de hecho los ministerios importantes como Interior, Defensa o Exteriores no dependen siquiera formalmente del primer ministro sino directamente de Palacio) y que ahora manifiesta su habilidad descolgándose en una declaraciones a Paris-Match diciendo que es tan rey de los ricos como de los pobres.
 
La apertura de Mohamed VI ha sustituido la represión indiscriminada por la selectiva; cambiado la censura férrea por la promoción de la autocensura, el acoso o la retirada de la prensa extranjera. El Majzen y a su cabeza el Rey, siguen rechazando un proceso democrático constituyente en Marruecos y aún cuando la oposición política y social aún no se manifieste de forma masiva sigue siendo el de M6 un proyecto inseguro e inestable a medio plazo (en sus primeras elecciones se verá si repite el fraude generalizado o no) que se sostiene esencialmente por la atomización social y la degradación de las condiciones de vida que hacen al grueso del pueblo marroquí soñar con resolver su situación mediante la emigración. Sin embargo, es dudoso que ese sueño siga funcionando indefinidamente, cuando además el actual rey -como manifiesta el diseño de la crisis que obviamente ha provocado y dirigido directamente- no parece que tenga la misma habilidad que -junto a la crueldad- caracterizaban a su antecesor en el trono alauita. Cuando la situación se degrade, veremos solicitar ayuda desde Rabat y acudir en su auxilio desde Madrid, a los mismos que hoy protagonizan esta crisis.
 
 
 Movilizaciones antiguerra.
 
Manifestación antiguerra,
 Sevilla 25/10/2001
 
Más de veinte mil personas participaron en las manifestaciones antiguerra de los pasados días 25 y 26 en las ocho capitales provinciales andaluzas, promovidas por la Plataforma unitaria andaluza Otro mundo es Posible (de la que publicamos su Manifiesto en ANDALUCIA LIBRE nº 101, posteriormente modificado). La Prensa dío como cantidad de asistencia "más de diez mil", pero -por experiencia directa y consultas al efecto- más bien parece que la cifra real es el doble de la reconocida. Un éxito de convocatoria a desarrollar en el futuro.
 
Andalucía Libre y la Plataforma Otro Mundo es Posible.
Razones para una rectificación.
Este Boletín ANDALUCIA LIBRE se sumó como adherente al Manifiesto Contra la Guerra y por la Justicia en el Mundo de la Plataforma Andaluza Otro Mundo es Posible, en su redacción inicial, porque entendimos que generaba un marco unitario con unos contenidos políticos admisibles desde nuestra línea editoral, al margen de lo que podrían ser diferencias con alguna de las referencias incluidas. Precisamente su publicación en ANDALUCIA LIBRE (junto al acordado en Euskadi) así lo acreditaba; más aún en comparación con otros textos que se han venido elaborando en otras naciones del Estado español o de otros Estados que incluían otras reflexiones o aseveraciones, desde nuestro punto de vista incorrectas para afrontar la actual coyuntura.
 
Desafortunadamente, dos hechos nos obligan a retirar públicamente nuestra adhesión a ese Manifiesto.
 
. La inclusión posterior en su texto -punto 3- de la frase "Mediante la guerra y los bombardeos no se va a llevar ante la justicia a los responsables de la masacre del 11 de Septiembre. Esto sólo sería posible mediante mecanismos de derecho y justicia internacionales democráticamente aceptados y respetuosos con los derechos humanos". No compartimos ni los fundamentos ideológicos en los que se basa la demanda de esos pretendidos mecanismos ni creemos en su factibilidad practica, disociándolos de la realidad de la coyuntura internacional y de las relaciones de fuerza existentes, como evidencia -por ejemplo- el deplorable ejemplo del llamado Tribunal Penal Internacional de La Haya para la Antigua Yugoslavia. Nos parece que lo que se tiende a presentar como salida jurídica sólo promueve confusión política y sin que ello, por supuesto, signifique por nuestra parte la menor afinidad ni con Bin Laden ni con Milosevic.
 
2º. La presencia como integrante de la Plataforma y firmante de la convocatoria del partido Los Verdes de Andalucía, integrado en la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno Chaves que públicamente se ha definido a favor de la actuación imperialista y la utilización de las bases yanquis en territorio andaluz como retaguardia logística para las fuerzas armadas norteamericanas. Nos parece incongruente validar o admitir posiciones políticas tan evidentemente contradictorias: o se está con los Gobiernos que apoyan la guerra o se está contra la guerra; no se puede estar a la vez en los dos lados, para preservar imágenes o intereses partidarios. Ni es coherente desde quienes practican esta duplicidad ni desde quienes lo admiten. Este criterio nos parece operativo tanto en nuestra Nación como en Francia o Alemania, donde fuerzas gubernamentales también mantienen este doble discurso. Por supuesto, si Los Verdes suspendieran públicamente su apoyo parlamentario al Gobierno Chaves esta reserva decaería automaticamente.
 
Esta aclaración no afecta por supuesto nuestro apoyo, desde nuestras propias opiniones, a las acciones y movilizaciones unitarias que puedan emprenderse en el futuro y que sirvan para hacer avanzar la oposición social a la guerra y la estrategia imperialistas.
El Partido Andalucista y la Guerra.
Andalucía Libre
 
José Nuñez,
Diputado andalucista en Madrid
 
 
No es posible dejar sin reseña lo que ha sido la posición política del Partido Andalucista ante la Guerra (próximamente haremos lo propio con IU).
 
Ahi queda para la historia, la antológica intervención del diputado andalucista José Núñez en el debate parlamentario en el Congreso de Diputados español, alineándose con el PP y EEUU dándoles su apoyo expreso e incondicional; participando con entusiasmo del antiterrorismo más genérico que sustenta las ofensivas reaccionarias contra los derechos y libertades democráticas...; sin ninguna distinción, antes al contrario, entre el terrorismo y el recurso legitimo a la lucha armada de pueblos como el palestino; sin ninguna referencia al atentado a la soberanía nacional andaluza que supone la entrega española y uso yanqui de las bases militares de Rota y Morón; sin ningún apoyo a la causa palestina; sin denuncia alguna del imperialismo que oprime a la nación árabe. Un posicionamiento político que, no hay que olvidarlo, se hizo en el sitio y en el momento en que cada fuerza política había de retratarse, no sólo ante la posterioridad sino sobre todo ante las orejas de la Embajada norteamericana y los poderes fácticos españoles. La nota de color local la puso Núñez respondiendo a Bin-Laden sobre su famosa referencia a Al-Andalus, aparte de reivindicar en varias ocasiones la españolidad de los andaluces y su carácter mestizo. Que (junto a las previsibles del PP-PSOE) hubiera otras intervenciones que, en esta ocasión, le ganaran de largo al PA (quede anotada la de CiU o la inconmensurablemente reaccionaria del portavoz de Coalición Canaria, el exestalinista Mauricio) no exculpa en absoluto al PA.
 
Como complemento, en un pronunciamiento que pretendía ser más matizado, Javier Aroca, Secretario Nacional de Comunicación e Imagen del PA, en un texto titulado "Rota y Morón, usurpación de voluntades", tras muchos circunloquios, afirma que "Aún así, Rota y Morón son el compromiso y el sacrificio de los andaluces con la solidaridad mundial". Sobran comentarios. Como es sabido, lo definitorio en fuerzas políticas de gestión como el PA es el discurso publico que se transmite a la Prensa, los pronunciamientos en sedes parlamentarias o institucionales, las acciones u omisiones politicas. Chaves ha apoyado claramente el uso de Rota y Morón y a los EEUU. Las otras dos fuerzas políticas (PA y Los Verdes) que forman parte de la mayoría parlamentaria con el PSOE que sostiene su Gobierno no han encontrado en ello causa suficiente para cuestionar ni su presencia en el Gobierno ni su apoyo. El discurso de Núñez o el texto de Aroca lo que hacen, cada uno en su función y en su ámbito, es desarrollar esta posición política. Al menos, el PA ha tenido la coherencia de no pretender sumarse a las movilizaciones antiguerra.
 
De otra parte, en contradicción con dos aspectos esenciales de la posición del PA se han definido sus juventudes. Así, la Junta Nacional de JJAA aprobó una resolución en que se lee que Juventudes Andalucistas se opone firmemente a cualquier ofensiva militar. Declarándose como una organización antimilitar, afirma  que "cualquier ofensiva militar debe ser rechazada sin ningún tipo de miramientos, sobre todo sabiendo que esta ofensiva causará más víctimas inocentes, tan inocentes como las habidas en Nueva York. Las Bases Militares que Estados Unidos tiene en suelo andaluz, Rota y Morón, servirán para preparar esta ofensiva militar. JJAA vuelve a exigir la retirada de estas bases militares extranjeras de suelo andaluz".
 
El texto completo de la intervención del Diputado Núñez se encuentra en Archivo de Documentos-Carpeta Documentos, pp. 17-18.
La ONU y la Guerra: Apoyo total al imperialismo 
"Declaración del Secretario General Koffi Annan, sobre los ataques militares en Afganistán
8 de octubre de 2001
 
Inmediatamente después de los ataques perpetrados contra los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad expresó su determinación de combatir por todos los medios las amenazas a la paz y seguridad internacionales provocada por actos terroristas. El Consejo también reafirmó el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Siguiendo este contexto, los Estados afectados han dispuesto sus acciones militares actuales en Afganistán.
Para vencer al terrorismo, necesitamos un esfuerzo duradero y una amplia estrategia que una a todas las naciones, dirigida a todos los aspectos del flagelo al que nos enfrentamos. La causa debe ser perseguida por todos los Estados del mundo, trabajando juntos y utilizando muchos medios diferentes, incluyendo los políticos, legales, diplomáticos y financieros.
El pueblo de Afganistán, al que no se puede considerar responsable de los actos del régimen Talibán, necesita ahora ayuda de forma desesperada. Las Naciones Unidas han jugado desde hace tiempo un papel vital en la provisión de ayuda humanitaria para estas personas, y es mi deseo que seamos capaces de retomar nuestro trabajo humanitario lo antes posible.
Es también vital que la comunidad internacional trabaje ahora con más tenacidad que nunca para fomentar un arreglo político al conflicto de Afganistán. Las Naciones Unidas están activamente comprometidas en promover la creación de un Gobierno Afgano amplio, plenamente representativo y multiétnico. "
Se comenta por si mismo.
Enlaces antiguerra: Paremos La Guerra, Rebelión-Especial.
 
  Países Catalanes
El Proceso de Vinaros, hacia la unidad de la izquierda nacionalista
Traducción y elaboración: Andalucía Libre,
a partir de textos del Proces de Vinaros
 
Cortejo unitario de la izquierda nacionalista
en la Diada Nacional del pasado 11 de Septiembre
 
El 2 de abril de 2000, 124 personas se juntaron en la villa de Vinaròs (Baix Maestrat) y firmaron un llamamiento, el Manifest de Vinaròs, dirigida al conjunto de organizaciones y colectivos de la izquierda independentista así como a todas las personas que, sin estar adscritas a ninguno de esos grupos, se reclaman del ideario de la izquierda nacionalista. Se comprometían a iniciar un proceso político abierto a todos, que permitiera a la izquierda nacionalista dotarse de los instrumentos y estructuras imprescindibles para "la obtención de la independencia política, la unidad nacional y la justicia social del pueblo catalán”. Nacía así el Procés de Vinaròs.
 
Se han celebrado 4 plenarios del Proceso: en Sant Pere de Ribes, Valencia, Valls y Barcelona. Fruto de ello es la aprobación de una Declaración de Principios provisional y una Propuesta de Estrategía. Por otra parte se acordó la celebración de un 11 de Septiembre unitario bajo el lema "Construïm la Unitat Popular (Independència, Socialisme i Països Catalans)".
 
El Procés de Vinaròs ha llegado a la mitad de su camino y entra ya en la fase constituyente. El proceso de discusión de los documentos político acabara con la celebración de una Asamblea Constituyente, que se prevé que tendrá lugar entre julio y septiembre de 2002. Entretanto, hacia marzo, tendrá lugar la Conferència Nacional de l’Esquerra Independentista, abierta a todas las organizaciones y colectivos del movimiento catalán de liberación nacional, que hasta la fecha, en su totalidad han confirmado su participación.
 
Fundamentos y objetivos.
 
De entrada, el Procés de Vinaròs nace de la constatación  de que la atomización y división de la Izquierda independentista dificulta la respuesta frente a las agresiones que sufren los Países Catalanes. Además, esta fragmentación impide que este movimiento plural aproveche su potencial organizativo (cabe recordar que la izquierda nacionalista esta implantada en 34 comarcas). Por tanto, uno de sus objetivos es acabar con esta división esteril. De otro lado, también quiere aglutinar a las nuevas generaciones que han entrado en la vida política en los últimos años y que no han participado, por tanto, de episodios previos que han afectado al conjunto de la izquierda nacionalista.
 
El proceso nace, se inspira y se conforma bajo los objetivos tradicionales: Independencia, Socialismo y Países catalanes. Ahora bien, también se nutre de la constatación de que era urgente que se actualizase el cuerpo teórico utilizado para el análisis de la sociedad, tanto en aspectos generales como sectoriales o metodológicos, para a partir de ahí dotarse de los instrumentos políticos y organizativos necesarios para incidir en su seno. Se sabe que hay un espacio político que es receptivo a las propuestas de la izquierda nacionalista; un espacio que estaría constituido electoralmente tanto por una parte de los abstencionistas como por votantes de ERC, que la han apoyado como voto útil pero que están paulatinamente más descontentos con su línea política que ha diluido sus contenidos independentistas. En su practica política, la izquierda independentista combinara la movilización, la lucha institucional y la creación de una red sociopolítica que aglutine la sociedad civil, afín al proyecto independentista.
 
 
Acto unitario 11-Setembre
QUI SOM I QUÈ VOLEM  [Proposta de Declaració de Principis]
Quienes somos y que queremos (Propuesta de Declaración de Principios)

Queremos ser un movimiento, de carácter unitario y base asamblearia, que  junte a la gente que lucha por la liberación (personal, social y nacional) de nuestro pueblo, el pueblo catalán, de acuerdo con los siguientes principios:

Por la construcción y la unificación nacional. Contra las negaciones y divisiones impuestas por los estados ocupantes, defendemos nuestra identidad nacional (expresión de la voluntad política de todas las personas que se reclaman como componentes de la nación catalana) y luchan por el reconocimiento y libre ejercicio de nuestros derechos como nación. Luchamos también por la recuperación y normalización plena de la lengua y la cultura catalanas, base de esta identidad nacional y por la unidad y el reconocimiento de todo nuestro territorio nacional (desde el Rosellón al Bajo Segura y desde el Bajo Cinca a Menorca).

Por la independencia. Nos comprometemos a luchar por el establecimiento de la República Catalana soberana y democrática, como la forma política que garantice la liberación de nuestra nación de las dominaciones francesa y española (y de todas sus expresiones políticas, militares, económicas, sociales y culturales) y posibilite una relaciones libres, iguales y solidarias con el resto de naciones y pueblos del mundo.

Por la Liberación social. Por construir una sociedad sin clases sociales y sin ningún tipo de explotación y opresión, nos comprometemos con el desarrollo de un proceso propio de transformación socialista, impulsado por el pueblo trabajador catalán y superador del actual sistema capitalista, responsable de la conculcación sistemática de los derechos sociales y de la guerra, la miseria y la destrucción que reinan en el mundo.

Por una sociedad no patriarcal. Entendemos que el actual sistema de dominación perpetua las viejas formas patriarcales y sexistas, de explotación sexual, laboral y cultural de las mujeres; asumimos el compromiso de luchar por una sociedad igualitaria sin ningún tipo de opresión y discriminación por razones de edad, genero y opción sexual.

Por la defensa de la Tierra,  combatimos las agresiones ecológicas y el expolio a que es sometido el territorio y la población y luchamos por la conservación del medio; por el equilibrio territorial y por un modelo económico y social sostenible que permita vivir de la tierra y en la tierra.

Por la defensa de los derechos y libertades fundamentales, individuales y colectivas, de las personas que, con independencia de su condición personal y/o social, origen, creencias, nacionalidad... han de disfrutar de la plena consideración de ciudadanos respecto a estos derechos y libertades y también respecto a los deberes y obligaciones democráticamente establecidas. Combatimos muy especialmente la tortura, la represión y los abusos de poder. Defendemos el derecho de asilo y de libre circulación y promovemos la aceptación y/o el respeto de las aportaciones de las poblaciones recién venidas, siempre en un marco de respeto a la realidad nacional catalana y con los citados derechos y obligaciones democráticas.

Tambien y por lo que hace a los derechos y libertades fundamentales, defendemos el derecho de las personas y de los pueblos a rebelarse contra la opresión y la tiranía, y en consecuencia asumimos la defensa de las personas represaliadas por la lucha de liberación de nuestro pueblo.

Promovemos la solidaridad internacionalista con todos los pueblos que luchan por su liberación contra la dominación imperialista y capitalista. Nuestra libertad es inseparable e indisociable de la libertad de los otros pueblos.

Procés de Vinaròs

Más información y Documentos políticos del Proceso de Vinaros en Archivo de Documentos-Carpeta Documentos

Enlaces:
Organizaciones políticas: Endavant, Maulets, MDT, PSAN
 
Movilizaciones en la Enseñanza
Seis razones para manifestarse contra la nueva ley de universidades
Francisco Fernández Buey,
 

I

La ley orgánica que el PP está tramitando actualmente en el Parlamento va a representar un nuevo impulso al proceso de privatización de la enseñanza superior y de la investigación universitaria, al facilitar las normas de creación y puesta en marcha de las universidades privadas e incorporar automáticamente a los rectores de éstas, con voz y voto, al Consejo de Coordinación Universitaria.

Las normas para la creación de universidades privadas, la ampliación del Consejo de Universidades con representantes de las universidades privadas y el papel que se concede a los Consejos Sociales (generalmente dominados por los empresarios) acentúan un proceso ya en marcha, derivado del déficit de financiación a la docencia y a la investigación públicas.

El Proyecto de Ley establece, por una parte, que serán las Comunidades Autónomas las que darán carácter constitutivo a las universidades privadas (art. 126). A continuación, y por otra parte, dice que para el reconocimiento de universidades privadas "será preceptivo el informe previo y motivado del Consejo de Coordinación Universitaria" (art. 127, apartado b). Si se mantiene la actual financiación de las universidades públicas, y dada la composición de los órganos de decisión a este respecto tanto en las Comunidades Autónomas como en el Consejo de Coordinación Universitaria, es fácil deducir de la combinación de esas dos cosas que la tendencia a la privatización de la enseñanza superior aumentará tanto en las Comunidades Autónomas como en el conjunto del Estado.

Pero ésta es sólo una vía en el proceso de privatización del sistema universitario, que no depende sólo de las facilidades legislativas y administrativas sino también de la disponibilidad real de empresas y empresarios para la inversión en enseñanza e investigación que no produce beneficios económicos inmediatos. Por tanto, hay que prestar atención a la otra vía de la privatización. El artículo 34 del Proyecto de Ley facilita la entrada de entidades privadas en los Institutos Universitarios de Investigación, así como la adscripción de centros e instituciones privadas a estos mismos Institutos. El Proyecto de Ley no especifica en ningún momento requisitos y condiciones para ello. Esto potencia la otra vía a la privatización parcial de la Universidad pública: se refuerza la posibilidad de parasitar selectivamente centros e institutos universitarios por intereses privados.

II

La Ley va a multiplicar arbitrariamente las pruebas de entrada de los estudiantes a la universidad pública y acentúa, además, la discrecionalidad de los criterios para el acceso, lo que hará aumentar las diferencias tanto entre las universidades como entre los distintos estudios de cada universidad y limitará la opcionalidad de los estudiantes. Deja abiertos los criterios de selección para el acceso de los estudiantes a las universidades privadas, lo que favorecerá un proceso parecido al que se ha producido y se está produciendo ya en otros niveles de la enseñanza.

Todo el articulado referente al acceso de los estudiantes a la universidad pública (arts. 67-79) se mueve en la vaguedad. Por una parte, contiene afirmaciones que hay que considerar meramente declamatorias. Por ejemplo: "el estudio en la universidad es un derecho de todos los españoles", "el estudio es un derecho y un deber de los estudiantes universitarios", "los principios de equidad y solidaridad", "se garantizarán las condiciones de igualdad", etc.). Por otra parte, hace referencias a un ordenamiento jurídico o a una normativa básica que no se define (¿reválida?). Y finalmente se detiene en los deberes de los estudiantes (art. 79). Pero, en cambio, los procedimientos para la admisión de estudiantes, que es lo que más puede importar a éstos, quedan al albur de las universidades y de las CC.AA., sujetos, al parecer, únicamente a la ley de la oferta y la demanda.

III

La Ley multiplica las categorías de profesorado contratado con funciones docentes equivalentes en la práctica a las de los titulares (ayudante, profesor ayudante doctor, profesor colaborador, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante). De donde se deduce: a) que va a mantenerse un alto índice de precarización del profesorado en formación; b) que se alargará considerablemente el tiempo para acceder a plazas de profesor permanente universitario, y c) que se complicará todavía más la forma de acceso de los docentes e investigadores a la titularidad, al estar éstos obligados a pasar pruebas de habilitación centralizadas y depender luego, para la obtención de plaza, de los criterios que establezca cada una de las universidades.

Esta deducción queda reforzada por lo que dice explícitamente el articulado del Proyecto de Ley:

1º Los ayudantes no doctores podrán desempeñar, con carácter excepcional, tareas docentes "en los términos que fijen los estatutos de la universidad correspondiente" (art. 83).

2º Los ayudantes doctores no podrán haber estado vinculados en los 2 últimos años a la universidad que los contrate (ni siquiera como becarios).

3º No se especifica plazo de contratación para los contratados doctores, pero se exige una evaluación positiva por parte de la Agencia Nacional.

4º En cambio, para el caso de los asociados y visitantes, con contrato temporal, no se exige evaluación positiva de la misma Agencia, sólo "el reconocido prestigio" o la "reconocida competencia".

5º El Proyecto no dice nada del Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento, colectivo que está actualmente en situación precaria en lo laboral y en lo social, sin deberes ni derechos reconocidos, a pesar de lo cual, de su trabajo depende un tercio de las investigaciones que se realizan en el país.

Todo esto conducirá previsiblemente a: 1) la discrecionalidad de los criterios de selección en estas dos últimas categorías; y 2) la utilización perversa (ya en curso en algunas universidades) de las figuras del asociado y del visitante.

La complicación de la carrera docente universitaria que se deriva de ahí es evidente. Un titular de universidad, por ejemplo, habrá tenido que pasar dos veces por el dictamen positivo de la Comisión Nacional de Evaluación como ayudante, haber estado dos años en una universidad distinta de aquella en la que se formó, haber escrito la tesis doctoral (probablemente dando clases al mismo tiempo "con carácter excepcional"), haber pasado tres pruebas en la habilitación, haber solicitado plaza en los dos años siguientes y, por último, haber pasado la prueba de selección de la universidad que finalmente lo nombre. Eso puede llevar entre 12 y 14 años. Y eso sin tener en cuenta factores demográficos que complican la situación. En cambio, un visitante "de reconocido prestigio" (nacional o extranjero) podrá ser contratado (probablemente con un sueldo superior al de titular, que es lo que se hace ya) al año siguiente de haber leído la tesis doctoral y sin más requisito que el "prestigio" declarado por el Departamento que proponga su contratación.

Todo eso representa una opción clara en favor de la contratación temporal. El Anteproyecto contempla una composición de las plantillas de profesorado en la que los contratados de diferentes tipos alcanzará casi el 50% del total. En la mayoría de las universidades esto supondrá un aumento de la precariedad del profesorado no permanente.

En todo el apartado dedicado a profesorado el Proyecto combina el rigorismo administrativo y la vaguedad sobre los criterios de selección del profesorado por las Universidades, lo que, previsiblemente, hará muy difícil armonizar las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Universidades. En su redacción actual, el Proyecto de Ley facilitará que las distintas categorías de profesorado contratado puedan ser utilizadas por los Departamentos universitarios para pervertir el espíritu de la Ley, como ya ocurrió con la puesta en práctica de la LRU. Para evitar que esto ocurra, habaría que haber que abordado la duplicidad de funciones actualmente existente entre Departamentos y Facultades, aspecto éste al que no se hace referencia en el Proyecto.

IV

La nueva Ley supondrá un serio recorte a la democracia interna en los órganos de gestión de las universidades, al acentuar, de un lado, el poder de los Rectores en detrimento de los Claustros y al propugnar, de otro, una excesiva presencia externa (previsiblemente empresarial) en los Consejos de Gobierno, todo ello en detrimento de la representación de los estudiantes, del profesorado contratado (en contradicción con el previsible aumento de su número en las Universidades) y del personal de administración y servicios.

En este sentido, el art. 36 del Proyecto establece que el Consejo de Gobierno, constituido por un máximo de 30 personas, tendrá un tercio de sus miembros designados por el rector entre la parte no académica del Consejo Social. El art. 38 decreta que al menos el 51% de los miembros del Claustro serán profesores funcionarios y el 19% procederá del resto del personal docente e investigador. No se dice nada en ese apartado de la representación de los estudiantes ni del PAS, pero limita de entrada la suma de estos dos colectivos al 30%, dejando abiertas la proporcionalidad de la representación de estudiantes y PAS a lo que digan los Estatutos de cada una de las Universidades. El art. 42 deja fuera del Consejo de Departamento a los estudiantes y al PAS y establece que al menos un 70% de sus miembros han de ser doctores.

La tendencia general del Proyecto de Ley a separar muy drásticamente representación y gestión se concretará, casi con toda seguridad, en una pérdida de peso específico de los distintos sectores universitarios en la gestión efectiva de la Universidad, en una limitación de la función de los actuales Claustros (por lo menos en lo que hace al control y fiscalización de las políticas rectorales) y en una presencia consistente de empresarios y gestores en el principal órgano de poder universitario.

Es un error, al hacer la crítica del Proyecto, poner el acento en que la elección de los rectores por sufragio universal ponderado va a significar una politización o repolitización de la Universidad. Eso es lo de menos, porque será un acto puntual cada cuatro años. Lo de más es que la vía presidencialista propuesta sugiere de manera populista "democracia directa" (o sea, que el "pueblo universitario" elija directamente al Rector) en un acto puntual, para que inmediatamente después ese mismo "pueblo universitario" se autodisuelva (y quede sin posibilidad de control y fiscalización del Consejo de Gobierno, o con dichas posibilidades muy mermadas).

No deja de ser curioso, y también sintomático, que al mismo tiempo que se reduce la edad para participar con el voto en las elecciones generales se limite la representación de los estudiantes universitarios en los claustros de la institución a la que durante cuatro o cinco años estarán vinculados. Eso es tanto como decir: "Tenéis derecho a votar...a vuestros papás".

V

Al desvincularse el debate sobre la nueva ley universitaria de la forma de financiación de la misma se deja sin voz ni voto a los representantes de la comunidad universitaria en un asunto que es central para el futuro de los centros docentes y de investigación, tanto más teniendo en cuenta: 1º que es la comunidad universitaria la que tendrá que aplicar las medidas correspondientes bajo la constricción de presupuestos generales que, de un lado, condicionan la actuación de las comunidades autónomas y, de otro, sólo dejarán a las universidades espacio autónomo para la obtención de fondos privados; y 2º que España está muy debajo de lo que es la media europea en gasto público para la enseñanza superior y ayudas a las estudiantes.

La parte del articulado del Proyecto referida a las retribuciones del profesorado deja, en principio, mucha discrecionalidad a las Universidades y a las Comunidades Autónomas a la hora de establecer sobresueldos, pero al deslindar este apartado de la cuestión de la financiación general de la reforma, como se está haciendo, se llega a la conclusión de que esta autonomía quedará reducida sencillamente a la competición entre universidades para captar fondos privados a partir de los cuales establecer los sobresueldos en determinados centros e institutos universitarios. Lo que previsiblemente aumentará las diferencias entre universidades y, en el interior de las universidades, entre centros y estudios.

VI

La gran mayoría de los miembros de la comunidad universitaria se enteró de las líneas generales del Proyecto a través de los resúmenes proporcionados por los medios de comunicación. La forma en que la Ministra de Educación cortó de raíz el debate sobre la LOU cuando éste apenas se iniciaba en el consejo de universidades y las ofensivas declaraciones posteriores del presidente del gobierno no auguran nada bueno sobre el futuro de la universidad pública. En vez de abrir una controversia razonada, que falta hacía, sobre el acceso a la universidad, sobre lo que se enseña y cómo enseña y sobre el estado de la investigación y sobre la mercantilización de la misma, estos modos de actuar de las autoridades atizan un conflicto latente desde hace tiempo.

En esas condiciones la pretensión de que el Parlamento apruebe el texto (con los votos del PP, CC y, tal vez, CiU) en unas pocas semanas es inaceptable. El procedimiento seguido por el Ministerio en la elaboración y tramitación de la Ley Universitaria ha sido una burla al debate democrático y ya eso justifica sin más las protestas de las asociaciones de estudiantes, de los sindicatos, de los rectores y de la gran mayoría de la comunidad universitaria.-

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Aparte de lo ya dicho en el artículo de Fernández Buey, el Proyecto del PP consolida la tutela española sobre la educación universitaria, reforzando su control por diversos mecanismos, entre los que se encuentra el llamado proceso de Habilitación del profesorado. Justificado como un medio para combatir la endogamia en la contratación y el dominio de las mafias departamentales, refuerza el marco estatal español. Además, como denuncian las JJAA en un documento:  "Esta capacidad que la ley da a las universidades para establecer sus propios exámenes de ingreso supone la eliminación del Distrito Único Andaluz. Hasta ahora existía una sola prueba de selectividad válida para todas las universidades andaluzas, un almeriense podía realizar la selectividad en su territorio y matricularse en Huelva o cualquier otra universidad. A partir de esta Ley cada universidad será libre de establecer sus propios criterios de acceso con independencia de las necesidades formativas de la juventud andaluza. El Gobierno de España secuestra con esta ley las competencias del Gobierno de Andalucía anulando este Distrito Único".
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El pasado 25 de Octubre se produjeron huelgas y movilizaciones estudiantiles de Secundaria contra las reformas educativas (revalida, etc) que pretende instaurar el Gobierno español del PP.
El 7 de Noviembre está convocada una Huelga del profesorado y PAS en Universidad. Otra Jornada de Huelga estudiantil en Universidad está convocada para el 14 de Noviembre.
 
Sugerencias
 
* Centro Andaluz del Flamenco. Desde esta pagina podemos acceder al propio Centro y a sus servicios de documentación, festivales, Cátedra de Flamencología, etc. También nos enlaza con El Mundo del Flamenco (con apartados sobre las Peñas, léxico caló en el flamenco, revistas, Didáctica del flamenco, Rincón del cante, etc) y con la revista Alboreá. Para conocer en la Red este arte andaluz, esta pagina es imprescindible.
 
* Cádiz Rebelde. Una Revista digital andaluza de izquierda. Con secciones sobre Cádiz, Nacional, estatal, internacional. Aunque a veces tarda en cargarse, merece la pena esperar; una visita siempre interesante y polémica.
 
* El asesinato de Kennedy. Está claro que Kennedy no nos resulta tan simpático como al autor de esta pagina, Antonio Moreno, de Córdoba. Bien que nos acordamos de Bahía de Cochinos, de Vietnam y de tantísimas otros asuntos.  Pero, esto al margen, el sitio está muy bien organizado y cuenta con mucha documentación bien estructurada sobre el magnicidio.
 
Solidaridad con Palestina
 
Música: Mohamed Mounir - Bel haz wel sodaf,
 
 
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