nº
106
En este correo:
* El
Escandalo FARA - Enlaces
Opinión: Gitanos
andaluces; andaluces
gitanos.
* Trabajadores del
campo de Almería en lucha por
su dignidad.
*
Granada: Críticas a edil de
IU por privatizar la labor de
portero de trece colegios - Enlaces
Opinión: La lucha por el
empleo o la misera
gestión de la
miseria.
* VVAA,
La Unión Europea:
¿Hacia el Estado de
Excepción?.
* Sugerencias, Directorio,
Música.
--oOo--
AndalucíaEl Escándalo
FARA
Andalucía
Libre
Vicente
Rodríguez, Presidente de FARA, actualmente
detenido,
con la consejera de
Educación, la exmaoista
Candida Martínez.
A
principios de Noviembre la policía detenía a Vicente Rodríguez, presidente de
la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), a José Maldonado
-su portavoz- y a varios miembros más de la directiva de esta organización
gitana. También se ha imputado a varios familiares de Rodríguez. Se les
acusa de haber desviado y haberse apropiado de millones de pesetas
provenientes de subvenciones publicas de la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Trabajo, utilizados para blanquear dinero procedente del
narcotráfico. Se han difundido al respecto noticias referentes a compras de
fincas de olivos, chales, de coches de lujo (Porshe,
Mercedes, BMW,...); contrataciones ficticias y justificaciones de gastos
falsas o sperpénticas (facturas de hoteles de cinco estrellas, etc); exigencia
de entrega de entre el 5 y el 25% de sus nominas a trabajadores contratados,
... Al parecer, la investigación policial se inicio
como un asunto de trafico de drogas. El Clan de Los Charros, que lidera
Rodríguez, se había hecho dominante en la zona malagueña de La Palmilla y
había atraído la atención policial. Lo singular del caso es que este clan
había tomado el control de la FARA desde 1998. Así, lo que hubiera podido ser
un caso más de narcotráfico se convertía de hecho en un escándalo político de
primera magnitud que ilustra bien sobre muchos elementos de la
realidad política y social andaluza y que implica al Gobierno andaluz. (Para
una relación detallada de los acontecimientos, véase Dossier
Prensa Caso FARA en Archivo de
Documentos-Carpeta
Andalucía con las noticias publicadas en la
Prensa diaria desde Noviembre hasta el
12/12/2001).
La FARA nació en
1988 al amparo de la Junta de Andalucía. La Junta necesitaba disponer de un
intermediario estructurado y de un interlocutor privilegiado en su
intervención sobre la población gitana andaluza. Entre 1989 y 1991 fue dirigida
por uno de los hoy imputados, José Maldonado. En 1998, la directiva entonces
gobernante fue destituida -en lo que muchas fuentes coinciden ahora
en calificar como un autentico golpe de estado interno- "por no
atenerse a la ley gitana", siendo sustituida por el grupo
encabezado por Rodríguez. En 1999 hubo una investigación administrativa conjunta
del Ministerio de Trabajo y de la Consejería sobre la gestión de las
subvenciones que no concluyó en nada. Entretanto, la FARA -que coordina 44
asociaciones gitanas andaluzas-mantenía relaciones de estrecha colaboración con
las Consejerías de Educación, Empleo y Servicios Sociales del Gobierno andaluz;
con el Ministerio español de Trabajo; con Ayuntamientos, Diputaciones y
mancomunidades; con sindicatos como CCOO..., recibiendo subvenciones de todas
estas administraciones que ascendían a cientos de millones de
pesetas.
Contradicciones del
Gobierno andaluz.
A esta fecha
todavía no está claro si el Gobierno andaluz transmitió sus sospechas de
corrupción en la FARA a la policía o simplemente, como parece más
plausible, colaboró con ella una vez iniciada la investigación policial. El
Consejero Pérez Saldaña ha dado al respecto versiones contradictorias. Pérez
Saldaña lo que sí ha dejado traslucir es su malestar porque la atención pública
se centrara en su consejería de Asuntos sociales cuando la FARA mantenía iguales
o más tratos con la de Empleo, dirigida por Viera y también podía haber
manifestado lo mismo en relación con Educación, gestionada por Martínez. Otros
consejeros como Zarrias y Hermosín han intentado focalizar el asunto
en consejerías concretas, buscando con ello restar carga política a lo que
es evidentemente un asunto que afecta al Gobierno andaluz en su
conjunto.
Tanto los
consejeros Saldaña como Viera han reconocido que sabían que desde 1998 la FARA
estaba en manos de un clan mafioso. Saldaña, antes de retractarse al día
siguiente, incluso reconoció haber sido amenazado; admitió que su casa
había sido asaltada y que funcionarios a su servicio en malas relaciones con la
FARA tenían que tomarse vacaciones en Túnez para protegerse.
En un episodio chusco, los dos consejeros afirmaron a la Policía, en
conversaciones informales en sus despachos, que sabían que la
directiva de la FARA estaba en manos de narcotraficantes;
aunque luego han reconvertido las amenazas en presiones y
han recogido velas. El Consejero Viera ha dicho después del episodio que no
volverá a hablar con la policía en privado en su vida. Filtraciones del
sumario, por otro lado, traslucen que el Consejero Saldaña intentaba contentar
en lo posible las exigencias de la FARA sobre destituciones de funcionarios
hostiles y contratación de funcionarios gitanos afines a FARA, lo que el
Consejero explica como maniobras de despiste para que se confiaran
mientras avanzaba la investigación policial.
Responsabilidades políticas
directas.
De lo que se sabe
hasta ahora parece desprenderse que el Gobierno andaluz supo desde un
principio que la FARA había sido tomada al asalto por un clan, pero
que lo admitieron como cosa de gitanos. La lucha feroz por el
control del maná de millones que usaba como pivote a la FARA debió de parecerles
cosa natural así como las practicas clientelistas que ello conllevaba. Lo que no
debieron intuir hasta que el clan Charro estaba ya consolidado es que había un
salto cualitativo en esas practicas. Y como un remedo de Gobierno -porque ningún
gobierno serio de verdad actúa así- ante las primeras amenazas, lo dejaron
correr. Sabían que la FARA estaba en manos mafiosas pero no hicieron nada
sustantivo al respecto por puro miedo; se limitaron a dejar que la rutina
administrativa siguiera su curso y a intentar convivir con los mafiosos y cuando
vieron que la policía española iniciaba actuaciones su mayor preocupación
fue que estas avanzaran pero de manera que la FARA no pudiera pensar que ellos
tenían responsabilidad ni protagonismo en la investigación para que no tomara
represalias. En todo ello hay una clara responsabilidad política como
mínimo por omisión. Afecta a varias consejerías y atraviesa
transversalmente la gestión de la Junta, la responsabilidad política afecta
pues al Gobierno andaluz en su conjunto, empezando por el Presidente
Chaves que nombró a estos consejeros y toleró que ocurrieran estos
hechos.
El
trasfondo.
La llamada
política de acción social se asienta en la hipocresía y el cinismo. Es
sabido que, en general, el efecto social más sensible de las políticas de
servicios sociales -mujer, minorías, etc- es facilitar el empleo de quienes la
ejecutan, en multitud de casos afines al Gobierno, mientras generan
estructuras clientelistas o de control sobre los sectores en que se
interviene. Mientras con una mano se fomenta y defiende con toda
ortodoxia neoliberal la precariedad, con la otra se pretende atenuar sus efectos
con recursos ridículos y esquemas restrictivos que, de tan excesivos, exigen la
falsedad y que más que incluir -en la jerga al uso- excluyen.
Todo ello en un contexto de privatización generalizada -en forma de
concesiones, conciertos, programas conjuntos, etc- de buena parte de lo que
debería ser llevado a cabo directamente por la Administración con personal
regularizado y estable y normas equitativas y no arbitrarias.
La FARA se ha
beneficiado de esa política; de hecho nace para llevarla a cabo. Si en
algún sector este régimen de protectorado supura y encuentra un discurso
justificativo es en el de la intervención sobre la población gitana. La
función política esencial de organizaciones como FARA no
es reivindicativa sino la de ejercer como brazo delegado de la
administración de la que depende y a la que sirve. El discurso étnico sólo sirve
entonces como justificación para la defensa de los espacios de gestión de
recursos y de ampliación de las esferas de poder. A cambio de un modelo que
ofrece ascenso social y estabilidad para algunos -incluso en su versión
honesta y no mafiosa- se ofrece como contraprestación imagen, control o
incluso votos.
Preguntas
Ante lo ya sabido,
cabe preguntarse sobre los porqués de los silencios de las otras
administraciones implicadas en tratos con la FARA, incluidos sindicatos como
CCOO. Como argumento exculpatorio se está usando que la relación con la Junta
avalaba a la FARA pero ¿nadie sabía nada?. ¿Tampoco en la propia Málaga?. Cuesta
creerlo.
¿Por qué la
dirección gitana desplazada de la FARA admitió su derrocamiento en silencio?.
¿Porque luego no denuncio lo que estaba ocurriendo?. ¿Porque tampoco lo hicieron
otras asociaciones gitanas?. ¿No lo sabían?. Entonces, ¿ese es el grado de
conocimiento que tienen del sector que pretenden representar?. Y si lo sabían,
¿porque callaron?. ¿Por el mismo miedo que trasluce Saldaña?. ¿Ese es su grado
de compromiso?. ¿Quizá porque no les parecía criticable?. ¿Porque era algo
interno? y aún así ¿porqué tampoco hicieron nada?.
¿Porque, finalmente, no se ha podido leer una vez estallado el
escándalo ninguna reflexión al respecto desde las otras asociaciones
gitanas?.
Reflexiones
Rodríguez y su
clan quizá fueran un caso extremo de degeneración. Pero el discurso
ideológico con el que justificaban su actuación -ver declaraciones en el
Dossier- no es patrimonio exclusivo de los
sectores mafiosos. Al contrario, es compartido por otras asociaciones gitanas
honestas. Desde el estallido del escándalo lo políticamente correcto ha
sido disociar a los presuntos defraudadores tanto de los gitanos como sector en
general como de las asociaciones gitanas en particular. Sobre lo primero no hay
dudas; sobre lo segundo, en cuanto a la presunción de honestidad contable y
administrativa, tampoco. Lo contrario sería ciertamente un claro prejuicio
racista. Pero esto no implica sepultar las necesarias reflexiones que han de
provocar los hechos.
La directiva de la
FARA tomó el poder con la excusa de defender el ejercicio de la ley
gitana, sea esto lo que fuere. Y justificó su continuidad porque, en aras
de las pretendidas singularidades gitanas, era necesario un instrumento de
intermediación que tratara separadamente a los gitanos. La FARA defendía que se
crearan mediadores para la relación entre los gitanos y la sanidad;
monitores específicos para similar misión entre las familias y las
escuelas. Portavoces de la FARA afirmaron en su día que "no les gusta hablar de
integración, sino de entendimiento entre una cultura mayoritaria y otra
minoritaria. No se puede pretender que el pueblo gitano pierda sus señas de
identidad ni sus valores para integrarse en otra cultura". Lo cierto
es que la sucesión de conceptos (y también intereses, en algún caso) que
encierran pronunciamientos de este tipo, sostuvieron y legitimaron de
hecho a Los Charros para sus practicas.
Está claro que el
caso FARA hay que verlo esencialmente como un escándalo ligado a la gestión
del Gobierno PSOE que, por acción u omisión, colabora o permite el
comportamiento delictivo de unos individuos y el uso y apropiación indebida de
fondos publicos. Pero también hay que ser consciente de que tras esto emerge
otra cuestión de fondo, mucho más importante: el futuro de la población andaluza
gitana en si misma y en relación con el conjunto de la nación y las
estrategias para conseguir la igualdad.
Opinión
Gitanos andaluces; andaluces gitanos.
Se
dice que los gitanos llegaron a Andalucía en el siglo XV. Unos afirman que
llegaron desde el Norte. Otros que desde el sur; otros más, no lo tienen
claro. Parece aceptado que su origen ultimo está en la India y que desde allí
se desplazaron a lo largo de los siglos hasta llegar a Andalucía.
Situada en los márgenes de la estructura política
y económica dominante de la sociedad feudal, la gitaneidad se convirtió en
receptáculo de marginados y perseguidos. No es algo absurdo pensar que
moriscos y conversos encontraran cobijo entre los gitanos. Ser gitano devino básicamente consecuencia
de admitirse gitano, en una relación porosa de ida y vuelta con su entorno
payo. Del tronco original gitano nació una comunidad gitana andaluza con
sus oficios y costumbres. La persecución que sufrieron desde el Estado español
fue brutal en muchas ocasiones. Cambiaron y evolucionaron social y
económicamente al compás del transito de la Andalucía del Antiguo Régimen a la
Andalucía contemporanea. En esa secuencia de profunda interacción con el resto
del pueblo andaluz, afirmaron una personalidad singular que mientras los
vinculaba culturalmente al resto de la nación los diferenciaba a la vez de
otras comunidades romanies. El romanó desapareció sustituido por el caló; el
flamenco tomó carta de naturaleza en las casas que se reconocían gitanas
y a la vez era sentido como propio en los hogares vecinos payos,
hasta tornarse expresión y patrimonio nacional andaluz.
La
autoidentificación de una comunidad discriminada produjo una codificación
informal dinámica, la llamada ley gitana. La necesidad de
autodefensa motivó una cohesión construida sobre pautas
patriarcales que si de un lado servían como protección frente al exterior, de
otro conllevaban un determinado orden jerárquico interno y unas pautas de
actuación acordes con el papel social adjudicado a los gitanos en la sociedad
andaluza del momento.
Al
día de hoy se dice que hay sobre unos 300.000 andaluces que se reconocen
gitanos y que por tanto se cuentan como tales; más del 60% de los que así lo
hacen en el conjunto del Estado español. Hay localidades y comarcas
andaluzas donde los gitanos llegan en ocasiones al 15% de la población.
Muchos de los gitanos residentes en otras naciones del Estado son también
de origen andaluz. Además, es prácticamente imposible determinar cuantos
andaluces tienen en alguna medida antecedentes gitanos en su linaje;
circunstancia esta que deriva precisamente de su condición perseguida, de la
porosidad de trato en la Andalucía rural durante generaciones y de la
histórica reversibilidad de la condición gitana o paya.
Desde este substrato lleno de ocultaciones, vínculos y
sufrimientos, surgen una Andalucía y una comunidad gitana andaluza diferentes.
Paradójicamente, los cambios sociales subrayan ahora los perfiles y los
limites entre unos y otros andaluces, a la vez que evidencian la
heterogeneidad interna entre los que se reconocen y sienten gitanos. Se llega
al día de hoy con un importante nivel de pobreza, analfabetismo, desempleo...
pero también con un sector de profesionales y pequeña burguesía gitana. Lo que
en tiempos anteriores sirvió como elemento de regulación y cohesión se
convierte en factor de crisis, sujeto a reevaluación y reinterpretación
recurrente. Surgen múltiples lecturas de lo que significa ser gitano
andaluz en el siglo XXI.
Una nación tan maltratada y oprimida como
Andalucía no es un escenario propicio para situaciones paradisiacas. Si
Andalucía se ha construido desde el mestizaje, también lo ha sido desde
el sufrimiento, el yugo y la opresión. Son las dos caras inseparables de
nuestra historia nacional. Es lógico pues que nuestra realidad no se
corresponda al idílico retrato bajo encargo de un presunto país
tolerante. Si todavía se celebran oficialmente las Tomas de las
ciudades andaluzas por las tropas castellanas y con ello se hace
indirectamente apología de la Inquisición, ¿como extrañarse del poso racista
que atraviesa la sociedad andaluza?. La negación de Andalucía sobre si misma
-necesaria para su alienación y sometimiento nacional- no es necesariamente
contradictoria con su propia realidad construida desde la clandestinidad en la
continuidad. Hay racismo en Andalucía contra los gitanos andaluces, dejémoslo
dicho. Los estereotipos siguen funcionando y sigue dándose el caso de personas
que no manifiestan su condición gitana para evitarse discriminaciones o
asegurarse el ser valoradas por si mismas y no por el
topico.
Pero junto a
este fenómeno también hay respuestas desde la parte gitana andaluza que por la
vía de la elusión, dificultan el afrontar de raíz el problema de la situación
gitana. Lo que en su día fue precaución se torna victimismo; lo que en su
momento fueron respuestas funcionales se reconvierten en doctrinas
conservadoras o temerosas, para justificar la huida ante los dilemas del
momento.
Existen tantas posibles interpretaciones de lo que es
hoy la ley gitana, la cultura gitana, como posibles
interlocutores gitanos. Hay quienes han tomado una senda conservadora
identitaria de base religiosa evangélica. No son muchos, por otra
parte, los que defiendan una lectura estanca explicita, entre otras
razones porque resulta evidente que los cambios sociales no la permiten y que
ni siquiera los que tienen tendencia a ello, mantienen en general un
comportamiento practico coherente a ese discurso. Pero si abundan entre
quienes tienen estudios y situación para ello, los que asumen una
posición, llamémosle reformista, que defiende el mantenimiento de no
se sabe bien qué señas de identidad aún cuando admiten la necesidad
indefinida de un cambio y adaptación paulatinos al contexto
contemporaneo. Son esos que hablan de entendimiento; rechazan el
objetivo de la integración entendida como negación y no como
emancipación; andan intentando reimponer una lengua -el romanó- que es ajena a
los gitanos andaluces desde hace más de trescientos años o prefieren subrayar
a la primera ocasión sus coincidencias con romis de otros países y
culturas frente a sus afinidades con sus compatriotas andaluces. De entre
estos, una parte usa este discurso como justificación para su colaboración con
la Administración en sus practicas de protectorado sobre la comunidad gitana,
de la que algunos extraen sus correspondientes beneficios. Otra parte, lo
desarrolla en otra perspectiva más independiente y reivindicativa. Ambos se
mueven entre matices o contradicciones. Muchos quizá confían en la posibilidad
de convivir con las incoherencias, esperando que la mera evolución
presuntamente natural de las cosas les vaya resolviendo los
dilemas.
El
reciente caso FARA evidencia la necesidad de que la población gitana andaluza -o al menos
su sector activista- debata seriamente sobre si misma y no evite
afrontar sus problemas pendientes recurriendo recurrentemente sólo al
contexto hostil exterior como único o principal argumento
explicativo.
Los activistas gitanos han denunciado con razón los
progroms antigitanos que se han producido en Andalucía (recordemos Mancha
Real) que evidencian una reacción desigual, racista y genérica de payos frente
a gitanos, que ante hechos delictivos individuales degenera en practicas de
linchamiento y persecución colectivas. Pero también, a su vez, habrían de
reflexionar sinceramente sobre las consecuencias de las solidaridades
familiares que habitualmente enaltecen como señas de identidad gitanas cuando
arropan comportamientos no ya delictivos sino simplemente incivicos. Los
activistas gitanos tienen toda la razón cuando denuncian exclusiones en los
colegios, actitudes racistas entre el profesorado o cuando exigen que la
historia gitana se enseñe en las escuelas andaluzas a todos los niños y niñas,
sean o no gitanos, haya o no gitanos entre el alumnado, porque forma parte
destacada de nuestra historia nacional. Pero también deberían rechazar
esas muestras de paternalismo que aducen que los gitanos requieren
mediaciones especiales o que los alumnos gitanos demandan
sólo por ser gitanos de tratamientos protectores particulares, al margen
de cuales sean sus concretas condiciones académicas y sociales de partida. Los
activistas gitanos tienen razón cuando critican las concentraciones de
población subempleada en las llamadas viviendas sociales y exigen que
no se creen guetos, pero a su vez esto ha de inducirles a entender los
argumentos de los vecindarios que también se oponen a la constitución de esos
guetos y no recurrir a descalificarlos gratuitamente como presuntos
racistas, actuando así de legitimadores de los intereses de los
gobiernos y administraciones que construyen esos mismos guetos; más aún si los
que hacen este tipo de denuncias residen en otro tipo de barrios. No
hace mucho pudimos ver en Pinos Puente a vecinos manifestándose en la
calle ante el simple rumor de que se estaba proyectando un barrio de este tipo
en su pueblo y de no haber sido evidente que la protesta aglutinaba juntos a
payos y gitanos es muy posible que hubiera sido tachada de
racista. Los activistas gitanos, en fin, con todas las
consideraciones históricas que contextualizan lo que fue, han de admitir sin
medias tintas que la emancipación de la mujer gitana implica superar lo que
habitualmente se conoce y entiende como tradición gitana, asumir el
objetivo estratégico de su desaparición y reconocer su carácter
patriarcal y opresivo para las mujeres; sin que ello suponga caer en
embellecimientos de los comportamientos de genero del resto de la sociedad y
aunque en la intervención practica este posicionamiento haya de
combinarse con todos los recursos pertinentes que permitan ir incorporando a
más mujeres gitanas, lo que implica partir de su situación,
posibilidades y nivel de conciencia concretos.
Nada es fácil. Todo es complejo. Los tiempos no son
precisamente propicios: ni en lo político, ni en lo ideológico, ni en lo
económico o social. Pero la reflexión es necesaria y la reorientación tambien.
Ni los gitanos andaluces en particular ni el pueblo andaluz en general pueden
permitirse el lujo de reediciones del caso FARA. ¿Qué quedará de lo que
se conoce o denomina como identidad gitana cuando se conquiste la
igualdad real?. ¿Cual será la conformación definitiva de esa identidad
gitana-andaluza?. No lo sabemos. Lo que si tenemos claro es que la
emancipación gitana-andaluza y la emancipación nacional son dos caras de un
mismo proceso y que no puede existir una Andalucía consecuentemente libre sin
una población gitana-andaluza libre a su vez tanto del racismo payo como de
mucho de lo que hasta ahora se ha entendido como tradición gitana.
Quienes tantas veces capearon en el pasado situaciones difíciles son los
llamados a protagonizar la construcción de ese futuro.
AndalucíaTrabajadores del Campo de
Almería en lucha por su dignidad
De la
Prensa/Andalucía Libre.
Manifestación en
Almería
Convocados por el
Sindicato
de Obreros del Campo, más de 2.500
trabajadores del campo –según estimaciones de la Policía Local y de la prensa-
se manifestaron en Almería el pasado domingo 9 de Diciembre.
Llegados en autobuses -costeados por los propios trabajadores- de diversas
zonas del Poniente y la Comarca de Níjar, la manifestación recorrió el centro de
Almería durante dos horas y media. La protesta expresaba su rechazo al convenio
del campo que acaban de suscribir UGT-CCOO y que no ha firmado el SOC y
demandaban 'dignidad' en el trabajo. El SOC exigía 6.000 pesetas
diarias (36,06€) y 35 horas semanales. El Convenio Provincial, que sigue
siendo el más bajo de Andalucía, ha pasado de 4.944 pesetas (29,71€) por
ocho horas de trabajo diario, a 5.600 (33,65€) por ocho horas con veinte
minutos de descanso.
José García, portavoz del SOC, pidió a UGT y CCOO "que no firmen más
convenios de miseria, que hagan frente a la patronal y que apuesten por la
unidad de acción sindical".
Aún así, manifestó que “no queremos que se quede como siempre en
papel mojado”. En este sentido, García adelantó que “vamos a ir empresa
por empresa para ver si se cumple la legislación. En caso de que no sea así, se
lo haremos saber al empresario y si éste no cambia de actitud, convocaremos
huelgas”. El SOC recordó que la practica habitual en la mayoría de las ocasiones se limita a recoger a los temporeros por los
caminos y, en el caso de que exista contrato, éstos son de los denominados
"basura". El SOC aseguró que no toleraran que se mantenga el trabajo sin
contrato.
García afirmó
que "más del 70% de los trabajadores del campo viven en situación
infrahumana", por lo que "las administraciones, los empresarios, los
sindicatos y las organizaciones de inmigrantes, de una vez por todas, tienen que
constituir un foro donde se busquen soluciones reales a este problema". Los
manifestantes incidían en ello gritando 'Basta ya de cortijos'. García
recordó que los acuerdos de febrero no se cumplen y adelantó que “Si no se
cumple el compromiso de empresarios y administraciones de realizar un informe
sobre las necesidades y empezar a buscar soluciones, habrá que empezar a
movilizarse frente a las puertas de los ayuntamientos o de las empresas”.
Por esto entre las exigencias de la manifestación figuraba en forma destacada el
acceso a viviendas en régimen de alquiler, con un precio que no exceda el 10% de
los ingresos de los trabajadores de forma que se acabe con el fenómeno del
chabolismo y del hacinamiento en el que se ven obligados a vivir todavía miles
de personas.
Sobre la regularización legal de los trabajadores
inmigrantes, García indicó que el SOC reivindicaba que “el Gobierno dé
papeles a los inmigrantes que ya se encuentran en la provincia, que tienen la
oferta de trabajo y que presentaron las correspondientes pruebas de
estancia". "No tiene sentido denegarles los permisos y traer un nuevo
contingente", concluyó. Al respecto, los trabajadores corearon la consigna
“papeles para todos”
García
Cuevas, portavoz del SOC en Almería, declaró ante la Prensa que "el milagro
económico almeriense se ha hecho gracias al sacrificio de muchas familias de
agricultores aunque, en la última década, se ha producido un aumento
espectacular de las hectáreas en cultivo, lo que ha traído consigo la necesidad
de trabajadores asalariados. Esta tierra ha ganado un gran volumen de beneficios
que en gran medida ha ido a manos de intermediarios alhondiguistas, a las
grandes multinacionales de la industria agroalimentaria y de distribución y a
los especuladores del suelo y del
agua".
La manifestación, discurrió de forma pacífica, con
sentadas, consignas como «quién coge los tomates sin papeles» y flamear de
banderas verdiblancas, concluyendo con la lectura de un
comunicado.
AndalucíaCríticas
a edil de IU por privatizar la labor de portero de trece colegios
J. A.
G. Granada IDEAL
Toda la Junta de Personal en bloque del Ayuntamiento
granadino ha expresado su «rotundo rechazo» a la decisión de la concejala de
Educación, Amelia Romacho (IU) de adjudicar a una empresa privada los
servicios de portero-limpiador de trece colegios públicos. Es la primera vez
que Romacho, que representa al ala más izquierdista del gobierno tripartito,
recibe las críticas unánimes de los órganos de los trabajadores municipales
con sus cinco sindicatos al frente: UGT, CCOO, CSIF y los sindicatos
independientes de Policía Local (SIPLG) y Bomberos (SIB).
«Es
inasumible por esta representación sindical que una vez desaparecida la figura
del objetor de conciencia con la que se estaba mal cubriendo las tareas de
portero, la concejala privatice el servicio en lugar de crear empleo público»,
dijo ayer el presidente de la Junta de Personal, Santiago Sánchez, que recordó
que «recientemente se ha convocado una bolsa de trabajo para cubrir estas
necesidades». Según Sánchez, en la bolsa de trabajo hay mil aspirantes para
este puesto.
«Tampoco podemos aceptar», señaló el presidente de
la Junta de Personal, «que para justificar esta contratación se cuestione la
profesionalidad de los actuales porteros-limpiadores, o que se pretenda que un
trabajador tenga una dedicación de 24 horas al día». Los
sindicatos han pedido a Romacho que rectifique y contrate a los porteros entre
los mil aspirantes de la Bolsa.
Nota: El Gobierno municipal de Granada esta formado por PSOE, PCE-IU y PSA. El alcalde, José
Moratalla, es del PSOE.
* Posición
politica de fondo de IU: Politicas
activas de Empleo para
Andalucía, Pedro
Vaquero del Pozo,
Ponencia aprobada en las I Jornadas
Institucionales de IULV-CA, Córdoba, 1 de
Diciembre de 2001: Archivo
de Documentos-Carpeta
Documentos
Opinión
La lucha por el empleo o la misera gestión
de la miseria
La noticia es clara y su sentido
inquietante; más si cabe cuanto más se conocen sus fundamentos políticos
profundos. El Ayuntamiento de
Granada privatiza, mediante la concesión a una empresa, un servicio publico;
renunciando a su gestión directa y a la creación de las
correspondientes plazas y puestos de trabajo estables. Es sabido que se
produce privatización no sólo cuando unas plazas o un servicio publico
existentes se amortizan o reconvierten pasando a ser gestionados de forma
privada sino también cuando se renuncia de entrada a su puesta en función bajo
régimen público entregándolo en concesión a una empresa privada. Esta opción
no sólo conlleva un ahorro presupuestario sino que, cara a la plantilla,
ahonda en su fragmentación e incide en su reducción de fuerza contractual
frente al Gobierno.
Lo más significativo del caso en
concreto es que implica una evidente estafa a las legitimas aspiraciones de
los miles de trabajadores y trabajadoras en desempleo que se han apuntado en
la bolsa de trabajo municipal a la espera de una oportunidad de
trabajar temporalmente o de concurrir para acceder a un puesto de
trabajo estable. En lugar de una concurrencia libre, se han encontrado con
que un área gestionada por el PCE-IU adjudica a priorí unos puestos de
trabajo extremadamente demandados, dada la situación de penuria y paro, a
quienes han sido designados a dedo para ello por criterios e intereses
políticos o partidarios.
Los argumentos sindicales, en esta
ocasión, están absolutamente justificados. A esta fundamentación en nada
afectan ni hipotéticas tolerancias anteriores sobre el uso de objetores
(practica habitual en ayuntamientos tanto del PP, PSOE, PA como PCE) ni
cualesquiera especulaciones acerca de frustradas expectativas de favoritismo
(usualmente ejecutadas bajo el amparo y la connivencia de los gobiernos
respectivos, como bien saben los iniciados y/o los afectados) que en todo caso
han sido evitadas no por un novedoso proceso limpio de selección y contratación sino por el ejercicio más
descarado del enchufismo y de la supeditación de la equidad a la búsqueda de
clientelas y rendimientos de imagen personal y partidaria, con el agravante de
hacerse bajo la cobertura de un discurso neocaritativo que además hasta
se pretende feminista. No hay porque entrar a discutir la
necesidad de trabajo o la idoneidad de las personas que forman la empresa
adjudicataria, la cuestión central es que hay cientos más que ni siquiera han
dispuesto de la oportunidad de acceder a ese empleo sostenido por fondos
públicos. Tampoco cabe aducir que la obtención del puesto de trabajo es
consecuencia de un proceso de lucha, antes al contrario, es fruto de una
decisión política que culmina un procedimiento tutelado de sometimiento y
participación a las pautas establecidas desde la Administración. Esto no es
lucha por el empleo sino mísera gestión de la miseria.
A propósito de todo esto, es
procedente recordar que en Noviembre de 2000 (ver ANDALUCIA
LIBRE nº 44, 49 y 54) el IMFE ya fue públicamente acusado de
proceder en la contratación de sus profesionales a practicas de favoritismo
político y personal, siguiendo una tradición que lo acompaña desde su misma
constitución.
Si el caso es llamativo, aún lo son más los
argumentos políticos con los que se le da cobertura, más aún cuando se
pretenden emitidos desde la izquierda (ver documento). La aceptación real de
los márgenes impuestos por la política capitalista neoliberal general conduce
a estos engendros. De hecho supone asumir la imposibilidad de cambiar la
situación del desempleo y la precariedad que domina el escenario social
andaluz y aprestarse a gestionarla, asumiendo de hecho sus argumentos
justificativos (incluidos la promoción de esos emprendedores,
individuales o colectivos, tan caros a Felipe González o Chaves). Como todo es
un mero paripé -y desde luego no se esta tratando ni por asomo de generar
facilidades para el desarrollo económico real- el ámbito único de aplicación
practica del discurso es bien el publico, bien se reduce a una nueva hornada
de actuaciones destinadas a segmentar las condiciones de empleo y trabajo, con
el consecuente incremento de la atomización y enfrentamiento internos dentro
de la clase obrera. En este caso, ya se pueden llenar la boca de denuncias
morales del neoliberalismo que de hecho lo que hacen es darle curso y
encarnadura. El chato pragmatismo conduce a tomar como referentes a sujetos
como Delors y a asumir un discurso que en lo practico no sólo torna
indistinguibles a unos de otros (del PP al PCE) sino que, como propina, viene
a relegitimar la política de colaboración de clases -también llamada de
concertación social- que han desarrollado las burocracias sindicales
españolistas, que tanto ha contribuido a la estabilidad del Gobierno PSOE
y al retroceso social y político de la izquierda y la clase obrera andaluzas.
Basta cambiar el vocabulario y llamar de nuevas formas a los enchufes, las
contratas, el clientelismo o el derroche para validar desde una presunta
izquierda la más hosca y vieja disputa por la vida; tan conocida
y sufrida en una nación dependiente como
Andalucía.
La ofensiva imperialista
Guerrika,
J. Kalvellido
La Unión Europea: ¿Hacia el Estado
de Excepción?
Alima
Boumediene-Thiery (Verdes, Francia),
Alain Krivine (LCR, Francia),
Giuseppe Di Lello Finuoli (PRC,
Italia), miembros de la
Comisión de Libertades, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos
Interiores del Parlamento europeo.
En unos momentos de insoportable
choque, Bin Laden ha conseguido no solo aterrorizar a las multinacionales o a
los defensores del orden neo-liberal sino también a la gente en general. O pero
aún, ha dado un pretexto a los gobiernos, a los poderes públicos, a la patronal
para hacer aprobar un arsenal represivo sin precedentes y acabar con miles de
puestos de trabajo.
El Parlamento Europeo también ha
contribuido a esta ofensiva para reforzar el orden moral y policial. En pocas
horas se le ha pedido que vote la congelación de las cuentas financieras de
veintisiete organizaciones catalogadas como "terroristas" por la CIA, sin otra
prueba ni justificación que la confianza absoluta que sin duda merece esta
institución. Solo cuarenta y cuatro diputados han rechazado dar semejante voto
de confianza a una agencia que tiene una definición muy particular de
"terrorismo". Porque, ¿no es la CIA la que ha cambiado
en los formularios de visado de EE UU la famosa pregunta "¿Es usted comunista?"
por la de "¿Es usted terrorista?". Sin duda, un mero cambio de
sinónimos.....
Se han dado prisa, cuando jamás el
Parlamento Europeo se ha dignado a ocuparse de la cuestión clave del secreto
bancario o de los paraisos fiscales. Demasiadas prisas, porque el Consejo, pocos
días después, decidía que a fin de cuentas era más presentable utilizar la lista
confeccionada por Naciones Unidas que la de la CIA.
Apenas acabado el recuento de votos, la
Comisión de Libertades fue reunida para discutir y enmendar un "proyecto marco"
de la Comisión Europea proponiendo una definición comunitaria de "terrorismo",
de sus diferentes manifestaciones y delitos y de las penas previstas. Si este
documento es aprobado por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 29 de
noviembre, La Unión Europea entrará en un estado de excepción permanente. El
próximo jueves 29, corremos el peligro de convertirnos todos en
"terroristas".
Elemento esencial del proyecto, el
primer párrafo del artículo 3: "Cada estado
miembro tomará las medidas necesarias para que los delitos siguientes, definidos
de acuerdo con su legislación nacional, cometidos intencionalmente por un
individuo o grupo contra uno o varios países, sus instituciones o su población
con el objetivo de amenazarlos, dañar gravemente o destruir las estructuras
políticas, económicas o sociales de un pais, sean sancionadas como infracciones
terroristas".
No exageramos. Como anticapitalistas,
siempre hemos estado contra las "estructuras políticas, económicas o sociales"
de nuestros paises e intentamos acabar con ellas mediante la acción colectiva de
"grupo". Sí, somos culpables de
haber participado en las grandes movilizaciones que han socavado los poderes
establecidos, como en Francia en 1995. Y hace poco en Niza, en Genova, hemos
"amenazado" las "estructuras económicas y sociales": OMC,
FMI, Banco Mundial.
Peor aún, hemos participado en la
"ocupación ilícita de instalaciones públicas
o gubernamentales, de medios de transporte públicos, infraestructuras, lugares
públicos..." (art. 3, parrafo f); con los
emigrantes sin papeles de Saine-Saint Denis hemos ocupado la antigua comisaria
de policia de Saint denis después de haber ayudado a los trabajadores de
Moulinex a ocupar su fábrica para evitar su desmantelamiento.... Aún más grave,
hemos bloqueado aeropuertos para impedir la expulsión de los emigrantes sin
papeles, ocupado centros de retención e incluso casas vacias para realjar a los
sin techo.
Nuestro caso se ve agravado por la
"puesta en peligro de personas, bienes,
animales y el medio ambiente" (art.3 parrafo h). Reconocemos que
hemos ayudado a los militantes de la Confederación Campesina a destruir los
campos plantados con OGM, asustando seriamente a los dos perros guardianes que
nos amenazaban. Unas semanas más tarde, nuestro caso todavía empeoraba con un
delíto adicional de terrorismo: hemos ayudado a los trabajadores de EDF,
amenazados por las privatizaciones europeas en curso, a parar el trabajo, es
decir a hacer huelga, o , como señala el parrafo i del
mismo artículo, a participar en "la
perturbación o la interrupción del aprovisionamiento de agua, electricidad y
otros recursos esenciales".
Pero como somos ante todo militantes,
tenemos la intención de seguir haciendolo. Sumamos así a nuestro caso un nuevo
delito (parrafo k del mismo artículo, que define como acción terrorista
"la amenaza de cometer uno de los delítos
aquí enumerados"). Y como somos más de dos en nuestras respectivas
organizaciones "terroristas", caemos en la previsión del parrafo 2, que dice:
"Se entiende por grupo terrorista una
asociación estructurada de mas de dos personas que actuan en un periódo de
tiempo y de manera concertada para cometer los delitos terroristas
señalados".
Por todo ello, nos pueden caer de dos a
veinte años de carcel. A menos que, naturalmente, aceptamos colaborar y
denunciar a nuestros camaradas, es decir "se renuncie a las actividades
terroristas y se proporcione a las autoridades administrativas y judiciales
información que pueda ayudarlas" (artículo 7, parrafo a y
b)
Bin Laden y sus amigos no tienen de que
preocuparse: todo este dispositivo no les afecta. Como tampoco las nuevas
medidas adoptadas en EE UU o en Gran Bretaña, que permiten encarcelar sin juicio
previo e inmediatamente a extranjeros que puedan ser potenciales terroristas. Ni
el Plan Vigipirate en Francia y sus nuevas disposiciones de seguridad, que ya
han permitido aumentar un 30% la población inmigrante en los centros de
retención. Ni Bin Laden ni sus amigos acostumbran pasearse por ahí sin papeles
con una bomba en los bolsillos; ni ocupan fábricas ni bancos. Más bien los
dirigen.
Por el contrario, los gobiernos de la
Unión Europea se dotan así de los medios de criminalizar los movimientos
sociales, dando un contenido más preciso a la Europa de Maastricht. Después de
Génova, Berlusconi calificó a los manifestantes de "aprendices de terroristas". Ayer,
en Bruselas, tuvieron su victoria. Pero todavia estamos a tiempo de
reaccionar.
Sugerencias
Desde Dos Hermanas nos llega
la noticia y la dirección de una nueva pagina nacionalista: Reberdia
Andaluza. Para informarse acerca de las razones
de su nombre y sobre todo de los porques de
la formación de la organización a la que representa
en la Red, nada mejor que acercarse y
verla.
Solidaridad con
Palestina
Sodepaz-Intifada Al
Aqsa ; CSCA Web
Música:
Campanilleros, Villancico
popular andaluz
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