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| Asunto: | [BoletinAndaluciaLibre] nº 115 - Subsidio Agrario - Foro Social - Euskadi - Có rcega | | Fecha: | Miercoles, 1 de Mayo, 2002 06:40:34 (+0200) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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nº
115
En este
Correo:
*
Andalucía: ATAQUE AL SUBSIDIO AGRARIO Y AL
PER.
*
El PP pone a
prueba la supervivencia del
PER
* El
SOC analiza la Reforma y se
convocan movilizaciones por
SOC, USTEA, SUAT y
CGT
* El
Parlamento andaluz pide a la
Junta que impida la supresión del
PER
* PSOE,
IU, PA se comprometen con CCOO-UGT
*
Opinión: Andalucía,
¿fin de etapa?
* Enlaces:
Documentos de Analisis; Sindicatos.
*
Andalucía: Antiglobalización Entrevista con el Foro
Social de Sevilla
* Manifiesto del
Foro Social de
Sevilla 2002 -
OTRO MUNDO
ES POSIBLE, OTRA
EUROPA ES
POSIBLE
*
Opinión: Foro Social de
Sevilla: Reflexiones a
vuelapluma
* Enlaces
Antiglobalizacion.
* La trama
política del
BBVA, Marcos
Roitman Rosenmann
*
Euskadi: Ilegalización de Batasuna - Las
razones de Sharon
Aznar, Arnaldo
Otegi
*
Opinión: Involución
democrática
* Córcega: Corsica Nazione se
retira
de las legislativas
francesas
--oOo--
 AndalucíaAtaque al
Subsidio Agario y al PER
Trabajando en el PER
- Labores en el campo
El PP pone a prueba la supervivencia del PER
El
Gobierno retoma su intención de modificar el subsidio agrario creado en
1984
17
Abril 2002 | Sevilla
El Plan de Empleo
Rural y el subsidio agrario forman desde hace más de 18 años una pareja esencial
en la política de ayudas públicas a los trabajadores del campo en Andalucía y
Extremadura, comunidades donde el sector agrario concentra aún casi a la mitad
de los parados en ambas regiones. Una pareja que también ha sobrevivido en las
dos últimas décadas a encarnizadas polémicas políticas y sociales cada vez que
se ha intentado algún cambio en su diseño. Así que cuando el ministro de
Trabajo, Juan Carlos Aparicio, deslizó la semana pasada el anuncio de una
próxima reforma, sin dar más detalles, PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos no
dudaron en tocar a rebato.
La historia del PER y
el subsidio agrario puede contarse a partir de sus numerosos intentos de
reforma, aunque su diseño apenas ha cambiado desde que se estrenaron en 1984.
Entonces, con los socialistas recién aupados al poder, el Gobierno central y los
sindicatos acordaron un sistema por el que los jornaleros parados, si
acreditaban un mínimo de peonadas (60 en el primer decreto),
podían cobrar como subsidio agrario un 75% del salario mínimo
durante seis meses. A este subsidio, un remedo de las prestaciones por desempleo
que cobran el resto de trabajadores, se le añadió un plan de subvenciones a los
Ayuntamientos, el PER, para obras de infraestructura con contratación preferente
de jornaleros, que así podían completar las peonadas necesarias.
A partir de entonces,
el frente del PER estuvo permanentemente abierto. La sequía y la falta de
trabajo a final de los ochenta y principio de los noventa llevó a los sindicatos
a movilizarse en muchas ocasiones para exigir la reducción de las peonadas
mínimas y más inversiones para obras. Por otro flanco, el PP reclamó su
eliminación, apoyado en el creciente fraude por la firma de peonadas falsas. Los
populares hicieron del 'voto cautivo de los jornaleros' uno de sus
lemas en su oposición al PSOE.
Mejora en los pueblos
El rifirrafe político
y los numerosos casos de fraude en los primeros años dieron una mala fama al PER
que ha ensombrecido sus logros: casi nadie discute ya que ha permitido una
mejora en las infraestructuras de los pueblos, algo que las maltrechas haciendas
municipales no se hubiesen podido permitir, y ha elevado las condiciones de vida
de los jornaleros, unas 400.000 personas en Andalucía, al
garantizarles una renta cada año. Sus defensores recuerdan además que esto se ha
logrado con un gasto limitado (al INEM le cuesta más un parado del régimen
general), y que los controles han limitado los fraudes (también menos
importantes que en otros sistemas de prestación).
Pero la primera prueba
de fuego del sistema llegó cuando el PP alcanzó el poder en Madrid. Hasta
entonces, las reformas del PER se habían limitado a una reducción de
peonadas y a ampliar el subsidio para los mayores de 52 años. Pero la
temida desaparición del PER, quedó en una nueva pequeña reforma. Uno de sus
principales detractores, Javier Arenas, firmó como ministro de Trabajo el
acuerdo en marzo de 1996 y comenzó así una fructífera política de concertación
con los agentes sociales, uno de los principales logros de la primera
legislatura popular.
La reforma de 1996,
además de un desafortunado cambio de nombre (pasó de PER a Aepsa, aunque casi
nadie lo utiliza), supuso la reducción a 35 de las peonadas para cobrar
el subsidio, aumentó las subvenciones a los Ayuntamientos para obras de
infraestructura y reservó una parte a proyectos para generar empleos estables en
el ámbito rural. Y sobre todo, abrió una puerta a una reivindicación sindical:
la posibilidad de implantar el sistema de prestaciones de desempleo ordinario
para los eventuales agrarios, tanto para los que no tenían derecho al subsidio
(los jornaleros de fuera de Andalucía y Extremadura y los de estas regiones que
tenían demasiada renta para cobrarlo) como, optativamente, los que disfrutaban
del subsidio.
Reforma
aplazada
En 1998, Arenas inició
los contactos con sindicatos y empresarios para aplicar el sistema contributivo
a los jornaleros, un diálogo que provocó la oposición inicial de la Junta y el
PSOE, recelosos de las intenciones de los populares. UGT y CC OO discutieron con
Trabajo la posibilidad de compatibilizar el PER con el sistema contributivo de
la Seguridad Social para los otros 300.000 jornaleros carentes de ayudas
estatales. El Ministerio evaluó el coste de la reforma en unos 240 millones de
euros (40.000 millones de pesetas) y reclamó limitar el acceso al subsidio
agrario a los menores de 25 años y mayores de 45 años para mitigar el gasto.
Para el sistema de cotización, se estudió aplicar un 1,33% por cada peonada
trabajada. Pero un año después, el sucesor de Arenas, Manuel Pimentel, aplazó
indefinidamente la reforma.
Ahora el sucesor de
Pimentel, Juan Carlos Aparicio, parece haber tomado el testigo, justo cuando
encara el tramo decisivo del traspaso a Andalucía de las políticas activas de
empleo, en el que la Junta exige la cogestión del PER. En estos días, el
ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que la afluencia
de inmigrantes revela que en el campo hay trabajo (sin hacer mención a las
pésimas condiciones que soportan) y que los subsidios especiales no hacen falta.
Aparicio enseñará hoy sus cartas a sindicatos y patronal. Vista la historia,
habrá que esperar a ver si las juega hasta el final.
Las palabras del conflicto que viene
La reforma anunciada
por el Gobierno central ha devuelto el protagonismo a una serie de términos que
serán muy habituales en las declaraciones políticas de los próximos meses.
-Subsidio agrario: Prestación que reciben
jornaleros andaluces (200.000 en 2001) y extremeños (30.000) en paro que
acrediten 35 peonadas durante el año anterior. El subsidio es
un 75% del salario mínimo (330 euros al mes, 55.000 pesetas, a los que hay
que descontarle el pago mensual del Sello de la Seguridad social y se
puede cobrar durante un máximo de seis meses. El año pasado,
el INEM se gastó unos 840 millones de euros (140.000 millones de
pesetas) para hacer frente a estas prestaciones.
-PER: siglas del Plan de Empleo
Rural, que recoge un conjunto de subvenciones del Gobierno central a
Ayuntamientos y, en menor medida, Diputaciones y Junta para realizar obras
públicas en las que se reservan la mayor parte de los contratos a los
jornaleros. Está dotado con unos 120 millones de euros anuales (20.000
millones), a los que hay que añadir otros 50 que
aporta la Junta y las Diputaciones para pagar los materiales empleados en las
obras.
-Peonadas: las jornadas de trabajo de los
jornaleros. Para acceder al subsidio agrario, éstos tienen que acreditar que
han echado 35 peonadas en el campo, aunque pueden incluir las trabajadas en
obras del PER. Las peonadas del PER están mucho mejor pagadas (el jornal en el
campo rara vez llega a los 30 euros diarios) pero muchos jornaleros deben
esperar turno hasta dos y tres años para ser contratado en una obra un máximo
de 20 días.
-Aepsa: siglas del Acuerdo para el Empleo
y la Protección Social Agrarios, nombre con el que el PP, ya en el
Gobierno central, bautizó su primera reforma del PER y el subsidio agrario, en
1996. La modificación respecto al plan de los socialistas fue muy ligera y el
nombre no ha hecho fortuna en estos años.
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En
Andalucía, un total de 195.470 trabajadores
eventuales agrarios se encuentran subsidiados.
-
Sevilla, 49.778,
-
Córdoba, 34.155,
-
Granada, 25.285,
-
Jaén, 23.527,
-
Málaga, 19.680,
-
Cádiz, 17.475,
-
Huelva, 17.066,
-
Almería, 8.504,
 El SOC analiza la reforma del PER ...
Ocupación de finca por el
SOC
El
Sindicato de Obreros del
Campo ha convocado el domingo su Asamblea Nacional, que se
celebrará en Osuna (Sevilla) en la que abordará la reforma del sistema de
protección de desempleo que pretende acometer el Gobierno central y en la que la
organización decidirá movilizaciones en contra de la propuesta del Ejecutivo de
la Nación a la que el SOC expresó su "más absoluto rechazo".
El
secretario general del sindicato, Diego Cañamero, explicó que con la reforma que
plantea el Gobierno "se perderán definitivamente los 120,2 millones de euros que
se destinan anualmente a Andalucía" en el marco de las inversiones del Aepsa
--antiguo PER--. En este contexto, advirtió que si se acomete la reforma en
los términos planteados por el Gobierno central se "corre el riesgo de que
las zonas rurales empiecen a quedarse despobladas", ya que, según recordó,
"entre los muchos beneficios que ha generado el PER en los pueblos, uno de los
más destacables ha sido su capacidad para lograr fijar la población en estas
zonas".
En este
sentido, Cañamero arremetió contra la movilidad geográfica ya que "sería
retroceder en los logros de fijación de población y significaría paralizar el
desarrollo de algunas comarcas".
Además,
advirtió que esta reforma dejaría a los jornaleros "indefensos" frente a los
empresarios agrícolas y "fomentaría la competitividad entre jornaleros, de forma
que se dedicarían a reunir las máximas peonadas posibles para tener acceso al
subsidio". En este punto, mostró su rechazo a los términos en los que se plantea
la reforma ya que, según explicó, un jornalero tendrá que trabajar entre cinco y
siete años para poder cobrar 90 días de desempleo. Cañamero señaló que "con el
nuevo sistema que plantea el Gobierno del PP, el jornalero, para poder
jubilarse, tendría que trabajar hasta los 98 años, puesto que a partir de ahora,
se cotiza en la Seguridad Social por los días reales de trabajo, lo que hace que
si tenemos en cuenta que la media está en 70 jornales anuales, habría que
trabajar desde los 18 años hasta los 98".
El SOC
reconoce la necesidad de reformar el PER adaptándolo a la realidad de los
pueblos y orientando las inversiones a infraestructuras y equipamiento que
sirvan para crear más empleo en las zonas rurales. Por ello, esta
organización entiende que "ahora más que nunca es necesaria la unión de todas
las fuerzas" a fin de mostrar una oposición sólida a la reforma del sistema de
protección por desempleo que propone el Gobierno español.
Enlaces:
S.O.C.
- Nacional; S.O.C. - U.L.
Espera
... y se convocan movilizaciones
El
Sindicato de Obreros del Campo (SOC), USTEA,
SUAT y la CGT han convocado una serie de
movilizaciones en protesta por la intención del Gobierno de reformar el subsidio
agrario y el PER, y cuya máxima actuación consistirá en dos cortes de carretera
en la autovía Sevilla-Málaga y en Despeñaperros los días 10 y 26 del próximo
mes, respectivamente.
Según informó en
rueda de prensa el secretario general del SOC, Diego Cañamero, para evitar que
se aplique la reforma del PER y el subsidio agrario se van a iniciar una serie
de movilizaciones el próximo miércoles, con motivo de la festividad del Primero
de mayo. Así, en esa jornada se celebrará una manifestación en la Plaza
Nueva de Sevilla, con intervenciones de sindicalistas y una fiesta final;
además, se celebrarán varios actos más en Andalucía, concretamente en Almería,
Jaén y Huelva.
Las centrales
convocantes continuarán las movilizaciones entre el jueves día 2 y el domingo 5
con asambleas en todos los pueblos para informar acerca de la reforma. Tras
estas reuniones, entre el martes 8 y el jueves 9 se celebrarán concentraciones
en los ayuntamientos de los pueblos.
Uno de los actos
centrales de esta campaña se celebrará el viernes 10 con el corte de la autovía
Sevilla-Málaga, a la que seguirá una serie de movilizaciones distintas en todos
los pueblos andaluces entre los días 11 y 25 de ese mes. Finalmente, el 26, los
sindicatos cortarán la carretera de Despeñaperros con el lema "Para que no
penetren las políticas del PP".
De otro lado,
Cañamero; el secretario federal de USTEA, Jesús Marín; y el secretario general
de la CGT, Federico Noriega, criticaron el papel que han jugado hasta ahora los
sindicatos mayoritarios en las relaciones con el Gobierno del PP. Así,
Cañamero advirtió que "la justicia se conquista en la calle", mientras que
Noriega agregó que "las grandes burocracias sindicales se han convencido por fin
de que no valen paños calientes", y Marín sentenció que este Primero de mayo "va
a ser reivindicativo, y no de salón, como han venido siendo por parte de otras
organizaciones".
Con el lema
"Por un empleo digno y estable", junto al de "Hay otra Andalucía
posible" y "Contra la reforma del subsidio y el PER que el Gobierno del
PP quiere hacer", estas centrales sindicales pretenden movilizar a todo el
campo andaluz, "que el PP quiere castigar porque no obtiene resultados
electorales".- 29/04/2002
Enlaces-Documentos
de Análisis:
El Parlamento
andaluz pide a la Junta que impida con medios constitucionales y
estatutarios la supresión del PER
PSOE, IU y PA se comprometen con
CC.OO y UGT a participar en las movilizaciones en defensa del
PER
Andalucía24Horas
Pleno del Parlamento andaluz
El Pleno del Parlamento de Andalucía reclamó al
Ejecutivo andaluz, con los votos de PSOE, IU, PA y PSA (61) y la oposición
del PP (36), que utilice con "firmeza todos los medios constitucionales y
estatutarios para impedir que el Gobierno central suprima el PER o que imponga
una reforma que elimine, recorte o desmantele los niveles actuales de cobertura
social e inversiones en la comunidad".
En virtud de un acuerdo alcanzado
por todos los grupos, salvo el PP, en relación con el contenido de sendas
iniciativas de PSOE e IU sobre el PER, el Pleno expresó su decidido apoyo a ese
instrumento y al subsidio de desempleo agrario, surgido del acuerdo entre el
Gobierno, la Junta de
Andalucía y los interlocutores sociales, para
"asegurar la protección social ante el desempleo para miles de ciudadanos
del medio rural andaluz, la realización de inversiones y dotación de
equipamientos en los municipios, la formación de los trabajadores y el
asentamiento de la población" en las zonas rurales.
De igual manera, la Cámara
reclamó al Gobierno andaluz que exija del Ejecutivo central que cualquier
modificación del PER o del acceso al subsidio de desempleo agrario sea fruto, en
todo caso, de la negociación y el acuerdo entre ambas administraciones y los
agentes sociales. El Pleno también pidió a la Junta que convoque a los
sindicatos, empresarios y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) para analizar las repercusiones de las reformas de las prestaciones por
desempleo y del PER que propugna el Gobierno español. Invitó, además, a
ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales a expresar democráticamente,
en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, la defensa del PER,
así como la "repulsa a una decisión que, de consumarse, significaría una vez
más un trato injusto" y un "atentado a los intereses generales" de
Andalucía.
Asimismo, la Cámara denunció las
"políticas regresivas" que el Gobierno central ha llevado a cabo en los
últimos años, que han supuesto desde 1998 "la disminución en 17.949 millones
de pesetas de las inversiones y la consecuente pérdida de 3.061.862 peonadas
cuando termine la ejecución prevista para este año".
El portavoz del
PSOE, José Caballos, aseguró que el Gobierno del PP no quiere
reformar el PER, "sino liquidar el sistema que ha servido para la protección
social y la mejora de las zonas rurales de Andalucía en los últimos 18
años", una medida que, a su juicio, está dentro de un paquete más amplio
"para trastocar completamente la protección al desempleo en España".
Caballos dijo que no se justifica que se cierre el acceso al subsidio a los
nuevos desempleados y se mostró convencido de que el Gobierno del PP no plantea
una reforma, "sino la muerte lenta del PER, que en los últimos 18 años ha
producido una auténtica revolución pacífica y silenciosa en el medio
rural". Advirtió al PP de que van a defender "con uñas y dientes un
sistema que ha producido bienestar social, calidad de vida y que es un inyección
fundamental para la economía de nuestros pueblos".
El portavoz del
PP, Antonio Sanz, manifestó que este debate en la Cámara
andaluza es fruto de la "demagogia, las medias verdades o las contundentes
mentiras" y de la "vieja y manida estrategia del PSOE de querer meter
el miedo a los andaluces, cuando en el campo no les cree ya nadie". Aseguró
que al Gobierno de Chaves "no le importa nada el futuro de los trabajadores
del campo porque durante 20 años no han hecho nada" por ellos. Tras
denunciar la "falsedad" del PSOE en relación con este asunto, Sanz aseguró que
el compromiso anual con el PER ordinario se ha "duplicado" durante el Gobierno
de Aznar respecto al anterior Ejecutivo socialista, mientras dejó claro que el
PER no se va a suprimir y que todos los alcandes van a tener la garantía de que
las obras se llevarán a cabo. El PP planteó 7 enmiendas a la iniciativa
inicial del PSOE, que fueron todas rechazadas, en las que planteó, entre otras
medidas, que el Gobierno central elabore, con el máximo consenso, las propuestas
de reforma y mejora del actual sistema del subsidio agrario, "en favor de
una mayor calidad y estabilidad del empleo en el medio rural, respetando los
derechos adquiridos por los trabajadores eventuales actualmente protegidos por
dicho subsidio". Propuso también solicitar al Gobierno español el
incremento de la oferta de políticas activas específicas, que favorezca el
empleo de calidad de los jóvenes en el mundo rural andaluz, mediante una
dotación anual presupuestaria mínima de 60 millones de euros.
El diputado de
IULV-CA José Cabrero, que denunció el "cinismo y la
hipocresía" del Gobierno central por seguir "condenado" a la gente
del campo a la emigración, manifestó que el PER es una "conquista del pueblo
andaluz, que se ha convertido en un complemento de renta en el medio rural, por
lo que no se puede dar un golpe bajo a esa conquista". En su opinión,
ningún Gobierno centralista "puede volver la espalda" a una decisión
del Parlamento en apoyo del PER, ya que eso significaría "en toda regla un
golpe de Estado".
Por su parte, el diputado del
PA Ildefonso DellOlmo manifestó que Andalucía está ante una
maniobra del Gobierno del PP para "acabar con la nivelación de rentas en el
campo", ante lo que consideró necesria la "movilización" de las
instituciones andaluzas y del propio pueblo andaluz. Expresó que el PA no está
dispuesto a que se "produzca una injusticia de este nivel", que puede dañar
seriamente los intereses de Andalucía, cuando se "regala un billón de
pesetas a las eléctricas".
El presidente del grupo mixto y
lider del PSA, Pedro Pacheco, indicó que no hay que
"consentir la eliminación" del PER bajo el "disfraz de la
reforma", ya que actualmente está cumpliendo una función social evidente,
consistente en garantizar unas condiciones mínimas de subsistencia a la
población campesina. Abogó por complementar este componente asistencial de la
política de empleo con otras políticas activas, como un plan global para el
medio rural andaluz que recoja soluciones estructurales.
PSOE,
IU y PA se comprometen con CC.OO y UGT a participar en las movilizaciones en
defensa del PER
PSOE, Izquierda Unida y Partido
Andalucista se comprometieron con CC.OO y UGT a participar "activamente" en las
movilizaciones convocadas por ambos sindicatos el próximo 1 de mayo para
demostrar conjuntamente su oposición a la reforma del sistema de prestaciones
por desempleo presentado por el Ministerio de Trabajo y, en especial, a su
intención de "extinguir" el Acuerdo por el Empleo y la Protección Social
Agrarios (Aepsa), antiguo PER. Este acuerdo fue alcanzado esta en una reunión
celebrada en el Parlamento andaluz por los responsables institucionales de
CC.OO-A, Juan Pérez, y UGT-A, Dionisio Valverde, con delegaciones del PSOE-A,
integradas por su vicesecretaria general, María del Mar Moreno, y su portavoz
parlamentario, José Caballos; IULV-CA, con su coordinador general, Diego
Valderas, y su responsable de Política Institucional, Willy Meyer; y PA, con el
secretario de Organización, Juan Carlos Soriano, y la secretaria de Relaciones
con la Sociedad, Eloísa Díaz.
El encuentro, celebrado a
iniciativa de ambos sindicatos, se traducirá en una "participación activa" de
representantes de PSOE, IULV-CA y PA en las movilizaciones de CC.OO y UGT del 1
de mayo en las ocho capitales andaluzas, con especial significación en el acto
central de Huelva, que servirá como "punto de partida" de un amplio calendario
de movilizaciones para expresar el "rechazo político y social" a los proyectos
del Gobierno.
Al término de la reunión, el
responsable de Relaciones Institucionales de UGT-A, Dionisio Valverde, expresó a
los periodistas su satisfacción por el "alto grado de sensibilidad" demostrado
por "todos los partidos progresistas" con el objetivo de "movilizar hasta el
último andaluz" contra los planes del Gobierno de "extinguir" el PER. En la
misma línea, el responsable de Relaciones Institucionales de CC.OO-A, Juan
Pérez, alertó sobre el "impacto brutal" que las reformas del Gobierno tendrían
sobre Andalucía que, a su juicio, no se limitarían a la "supresión" del PER,
sino que también supondrían un "recorte importantísimo" para los trabajadores
del sistema general.
Por su parte, la vicesecretaria
general del PSOE-A, María del Mar Moreno, explicó que su formación va a secundar
"a tope" las protestas de los sindicatos el 1 de mayo como "punto de partida" en
una campaña de movilización en la que los partidos también organizarán actos de
protesta "puramente políticos". Igualmente, el coordinador general de
IULV-CA, Diego Valderas, defendió la necesidad de impulsar una "lucha larga,
fuerte y firme" hasta conseguir que el Gobierno del PP "retire" su proyecto de
supresión del PER que, en su opinión, "supondría un mazazo muy para toda
Andalucía, especialmente para el medio rural". Por último, la secretaria de
Relaciones con la Sociedad del PA, Eloísa Díaz, justificó la participación de su
partido en las movilizaciones contra la eliminación del PER porque se trata de
una "cuestión de justicia" para evitar un "nuevo castigo a los trabajadores del
campo".- 25/04/2002
Opinión
Ataque al Subsidio Agrario y al
PER
Andalucía, ¿fin de etapa?
El
Gobierno español del PP prepara una brutal agresión a los derechos laborales
en todo el Estado español.* Cuenta para
ejecutarla con su mayoría absoluta en el Parlamento español y con los
efectos desmoralizadores previos de la política colaboracionista llevada
a cabo por las burocracias sindicales españolistas. El proyecto
gubernamental implica una vuelta de tuerca cruel en el recorte de las
prestaciones por Desempleo y en el mayor abaratamiento del despido. Siguiendo
la senda abierta en su día por los gobiernos del PSOE, Aznar pretende dar
ahora otro salto cualitativo en la desprotección social, la desregulación, la
precariedad y en resumen, en el debilitamiento de la capacidad de resistencia
de la clase obrera. Las mismas burocracias sindicales de CCOO y UGT que le han
facilitado la tarea hasta la fecha -como antes hicieron con el PSOE y aún
antes con la UCD- se manifiestan entre defraudadas y espantadas por el alcance
y la entidad del ataque. Se rumorea como posible la convocatoria de una Huelga
General para el próximo 20 de Junio.
En ese contexto
estatal general, el Gobierno español del PP introduce una serie de medidas
específicas dirigidas a Andalucía, que suponen de hecho una sentencia de
muerte para el Subsidio Agrario y el PER. Esta iniciativa implica una voluntad
explicita del Gobierno español de acabar con lo que ha sido el eje
vertebrador del modelo social en que se ha desenvuelto Andalucía los
últimos veinte años. No es de extrañar el revuelo y oposición levantadas
por su anuncio. En el mismo momento en que el PSOE -en el Gobierno andaluz
ininterrumpidamente durante todo este periodo- desarrollaba una nueva
ofensiva de mixtificación propagandística bajo el lema de la Segunda
Modernización -vendiendo una Andalucía pretendidamente preparada a la
manera neoliberal para los nuevos retos del siglo XXI- la decisión del
Gobierno español del PP le desmonta objetivamente ese tinglado,
sacando el esqueleto del armario. El ataque al Subsidio-PER retorna a
primera línea de la actualidad una institución que -sumada a las cifras
económicas reales, sistemáticamente deformadas u ocultadas por la Junta-
muestra fehacientemente como el PSOE sólo se ha limitado a administrar la
dependencia y el subdesarrollo andaluz sin alterar sus bases. Aún siendo
evidente este inmediato efecto político partidario, no es fácil, no obstante,
establecer con exactitud porqué precisamente ahora el PP ataca una situación
que le ha sido tan extremadamente rentable, funcional y beneficiosa
-desde el punto de vista político, económico y social- a las burguesías
andaluza y española en estas dos decadas. ¿Doctrinarismo neoliberal?.
¿Conciencia del grado de escisión entre la Andalucía urbana y la rural?.
¿Búsqueda de satisfacción a su clientela social más directa?... Para
entender el porqué de estos interrogantes, conviene repasar lo que ha
significado este modelo para Andalucía.
La génesis del Modelo
PER-Subsidio.
La formación de este
modelo fue a la vez consecuencia de una traición y compensación por ella.
En los principios de la Reforma del franquismo y la Transición (1974-1978), la
reivindicación de la Reforma Agraria -entendida, en primer lugar, como
expropiación de los latifundios- estaba de plena actualidad en Andalucía como
exigencia nacional y especialmente como demanda social en el medio rural
andaluz. Era la vía sentida como natural y legitima para resolver las
carencias seculares andaluzas, asegurando trabajo decente y regular a las
masas de jornaleros desempleados y la palanca para sostener otro modelo de
desarrollo para Andalucía. Sin embargo, resolver este agravio histórico
-atacando a la propiedad privada de la tierra- no era compatible con el
proyecto de Transición política estatal pactado entre las jerarquías del
Régimen franquista y las direcciones de la izquierda reformista española. La
nueva democracia española -según habían diseñado- no podía integrar
ni la Reforma Agraria ni la autodeterminación de las nacionalidades. La tarea
de reconducir esta situación fue asumida en Andalucía por la sucursal andaluza
del PCE, entonces ampliamente implantado y hegemónico entre la izquierda.
Directamente y a través de su control sobre CCOO, el PCE reorientó y
desvió las luchas jornaleras andaluzas en todo lo que le fue posible,
abandonando exigencias calificadas como utópicas o
desestabilizadoras y optando
por reivindicaciones razonables, que fueran
soportables por el Régimen al tiempo que paliaran las condiciones de
necesidad en el campo andaluz. De ahí nacieron las protestas en demanda de
Fondos de Empleo Comunitario, es decir, fondos que arbitrariamente distribuían
los gobernadores civiles entre los pueblos para dar trabajo haciendo faenas y
que repartidos pueblo a pueblo, permitían subsistir a los jornaleros en paro.
Otras fuerzas, como el SOC, que intentaron mantener viva la reclamación de
Reforma Agraria con luchas radicales u ocupaciones de fincas, fueron
superadas finalmente por la alianza entre el Gobierno español y el PCE (a la
que muy pronto se sumaría el PSOE, anteriormente inexistente). Precisamente
iba a ser el PSOE el beneficiario político esencial de este trabajo
sucio realizado por el PCE (en el que, por cierto, participaron
directamente algunos de los que todavía hoy dirigen su sucursal
andaluza).
A la altura de 1980,
la Reforma Agraria aún estaba lo suficientemente vigente como para ser
incluida en el catalogo retórico de objetivos a cumplir, recogidos en el texto
estatutario andaluz; aún a sabiendas de que la proyectada autonomía
constitucional no dispondría de competencias
políticas para ejecutarla. Fernando Soto -entonces secretario general de la
sucursal andaluza del PCE y diputado a Cortes- tuvo entonces el cinismo de
explicar expresamente que lo de menos era su viabilidad política y que lo
importante era que figurara como referencia, para poder así justificar ante
los trabajadores rurales en las plazas de los pueblos el apoyo al texto
estatutario consensuado con la derecha que estafaba las aspiraciones
nacionales de soberanía del pueblo andaluz.
Todavía en 1982, el
primer Gobierno PSOE en Andalucía, aprobaba una llamada Ley de Reforma
Agraria Andaluza. Esa
Ley se reducía a una propuesta de fomento de la productividad, acompañada por
mecanismos de arrendamiento temporal del uso de la tierra. Se atenía
escrupulosamente a los limites establecidos por UCD en su Ley española de
Fincas Manifiestamente Mejorables. Además aparecía encorsetada por la
legalidad constitucional y estatutaria que prohíbe al Gobierno andaluz la
posibilidad de imponer una legislación de expropiación propia, quedando esta
competencia en manos del Gobierno español. En resumen, una ley que
se limitaba a compilar y agrupar disposiciones precedentes de leyes estatales
orientadas a favorecer la productividad agraria, sin afectar a la
estructura de la propiedad de la tierra. Aún así, la decisión del Presidente
Escuredo de impulsar esta Ley condujo a su sustitución por el PSOE. La Ley fue
olvidada.
La
columna vertebral de la política del PSOE para el campo andaluz va a
ser la sustitución del sistema del Empleo Comunitario por el del
Subsidio
Rural. Este ultimo se concede
individualmente, teniendo en cuenta el
numero de peonadas firmadas por los patrones. Ata pues a los jornaleros
a la benevolencia de cada patrón, presionando a la baja los convenios, que se
tienden a incumplir. Al ser más vital la firma que el jornal, el trabajo se
convierte en instrumento para recibir el subsidio, con lo que prácticamente
desaparecen las luchas en las temporadas tradicionales, disminuyendo
sustancialmente la conflictividad. Además, la extendida necesidad de completar
las firmas con peonadas de los ayuntamientos, revierte en extensión clientelar
del PSOE que es quien distribuye las partidas que hacen posible esas peonadas.
Si con el Comunitario era usual la lucha colectiva para conseguir un mejor
reparto de fondos entre los diversos pueblos ahora esto acaba, desintegrándose
y cambiando de naturaleza la organización sindical y promoviéndose el
sometimiento a la fuerza que controla las instituciones de forma hegemónica:
el PSOE. No hay que olvidar, sin embargo, que el Comunitario preestablece las
condiciones sociales sobre las que se instala el Subsidio: clientelismo local,
desvío de la lucha del enfrentamiento con los patrones y por la Tierra a la
demanda de remesas de fondos, etc.
El sistema -dentro de una extrema
heterogeneidad de situaciones locales y comarcales- permite acceder a un
cierto ingreso regular -por mísero que sea- a miles de personas que antes
carecían de él. Impone la paz social, mantiene bajos los salarios a la vez que
fija población en el medio rural; supone de hecho el archivo de la
exigencia de Reforma Agraria y permite la reconversión del campo
andaluz cara a la entrada del Estado español en la Unión Europea. El coste
económico de esta operación es ridículo; no sólo si se valoran sus
resultados cualitativamente -el control social de un país de siete millones de
habitantes por el valor anual de unos cuantos aviones- sino incluso si
cuantitativamente se compara con las inversiones estatales en otras
reconversiones, como la minera o la industrial, que se afrontan en otras
naciones del Estado.
La
situación.
Veinte años es mucho
tiempo. Una generación de andaluces del campo ha crecido bajo el sistema del
Subsidio-PER.
Durante estos años la
agricultura andaluza desarrolló su productividad. Así ocurrió de forma notable
en los cultivos tradicionales y de manera espectacular en las nuevas ramas de
agricultura intensiva o de invernadero. Sin soberanía política ni voz propia,
Andalucía estuvo ausente en las negociaciones de entrada del Estado español en
la Unión Europea y sus intereses nacionales fueron sacrificados por el
Gobierno español para hacer posible el ingreso. Si cuando se constituyó el
Mercado común, la RFA compensó a Francia con la política agraria común, nada
parecido obtuvo Andalucía. Aparte de las medidas preventivas provisionales
-plazos o contingentes- Andalucía no consiguió siquiera, en compensación
a la entrega de su mercado o al desmantelamiento o penetración de su débil
industria a los capitales foráneos, una protección eficaz o estable de su
agricultura. Así pues, de una parte, la competitividad de sus ramas agrarias
más dinámicas se sustentó en ultima instancia en el mantenimiento de la
sobreexplotación y en los bajos salarios, según parámetros europeos; de otra,
los latifundistas se beneficiaron especialmente de las subvenciones europeas.
El subsidio agrario contribuyó decisivamente a hacer posible la
acumulación que permitió, por ejemplo, el llamado milagro
almeriense o la implantación de la fresa en Huelva. Cuando no ocurría que
no existía convenio del campo, se mantenían los sueldos prácticamente
congelados y además con una extendida practica de incumplimientos. Primaba la
búsqueda de las firmas para acceder al Subsidio. Además, la diversa
realidad de las diferentes comarcas -cultivos, presencia de pequeños
propietarios, etc- introducía una extrema
heterogeneidad.
El censo de
trabajadores subsidiados fue engrosándose paulatinanemente con la
incorporación de las mujeres trabajadoras pero también de todos aquellos que
en el medio rural tenían acceso a las firmas necesarias para convertirse en
perceptores. Así se convirtió en normal en algunos pueblos la situación
de hijos de farmacéuticos, comerciantes o de pequeños
campesinos convertidos en subsidiados y extendida la practica fraudulenta
de la compra de peonadas no trabajadas.
Si ya previamente
Andalucía se caracterizaba por sufrir una tónica generalizada de condiciones
despóticas e irregulares de trabajo, la existencia del Subsidio vino en
consolidar el predominio de la economía sumergida. Se extendió la practica del
trabajo sin declarar en otras ramas -compatibilizado con el cobro del subsidio
agrario- sin cotizar a la Seguridad Social, por supuesto, en el que
el patrón pagaba por debajo de convenio aduciendo que el sueldo del trabajador
era el resultado de sumar a lo que este cobraba en la empresa lo que percibía
como subsidio. Conseguir un empleo con alta en Seguridad Social se
convirtió durante años en muchos pueblos en algo llamativo, meritorio,
excepcional.
De otra parte, los
fondos del PER -gestionados con muy diverso grado de honestidad y provecho
público según los pueblos- fueron sirviendo para mejorar -también en
condiciones muy variadas- las infraestructuras del medio rural andaluz, hasta
entonces absolutamente abandonado y en condiciones semiafricanas, al tiempo
que ayudaban a completar el cupo requerido de peonadas.
Estas tres fuentes de
fraude -incorporaciones incorrectas, trabajo negro, corrupción en la
gestión del PER- con una entidad muy diversa, eran efectos previstos del
sistema y funcionales a sus objetivos y a su mantenimiento. A su través,
económicamente se expandía el ingreso de rentas y se traspasaban recursos a
las empresas, por mucho que consolidando la desigualdad. Además, social e
ideológicamente se extendía el individualismo, la precariedad, la inseguridad,
el conservadurismo...
Jornaleros andaluces
siguieron desplazándose dentro y fuera de Andalucía (hasta hoy día, miles de
andaluces siguen acudiendo a trabajar a la vendimia francesa, a la fruta
en Cataluña, al espárrago en Navarra...) buscando en unos casos sólo completar
las peonadas y en otras los salarios menos abusivos o complementando al campo
con la hosteleria de temporada o la construcción. Las campañas de recolección
se fueron comprimiendo, planificadas para requerir más mano de obra en menos
tiempo.
De forma
natural se produjo un proceso de decantación y
selección. Allí donde los salarios eran aún más míseros, el ritmo de trabajo
más esclavista y las condiciones de vida más infrahumanas, comenzaron a
aparecer inmigrantes magrebies y africanos, dispuestos a asumir lo que ya no
estaban dispuestos a hacer los propios andaluces. Esta situación degradante e
indignante nacía de la necesidad de mantener competitivas en el
exterior unas determinadas producciones, según las condiciones
económicas previamente establecidas por la Unión Europea. Se dio así la
paradoja de que comenzara a producirse inmigración a un país que no la
necesitaba económicamente en absoluto en términos objetivos y que seguía
situado a la cabeza de Europa en desempleo y trabajo precario e irregular.
Dos décadas de
subsidio habían mejorado las condiciones de vida en los pueblos pero a costa
de establecer un modelo caótico, lleno de desigualdades, irregularidades y
complicidades. Eso si, la reivindicación de Reforma Agraria se había
convertido socialmente en un recuerdo histórico.
El ataque del
PP
El proyecto del PP
pretende echarle el candado al subsidio agrario hasta eliminarlo. Quiere
forzar a los desplazamientos de temporada y eliminar la costumbre de
abandonarlas cuando se han completado las peonadas y las condiciones son
insatisfactorias. Legaliza además una versión del trabajo negro,
haciendo compatible salario y subsidio en condiciones favorables para el
patron. En general, pretende eliminar la protección -aún perversa, deformada y
parcial- que ha significado el Subsidio para entregar sin red a la clase
trabajadora del campo al albur de las fuerzas del mercado.
Es de suponer que el
Gobierno español piensa en una situación futura en la que masas de
desempleados del campo se desplacen por Andalucía, peleándose por acceder a un
jornal haciendo innecesarios a los inmigrantes en las temporadas de
recolección y paralelamente acudiendo también a la costa y a las ciudades
de Andalucía en busca de empleos inexistentes. Las consecuencias
políticas y sociales de un escenario así en el campo son difícilmente
previsibles. Es verdad que al aplicarse a generaciones con, en general, escasa
experiencia y organización sindical (y no digamos política); educados y
crecidos en el malsano ambiente individualista producido por el modelo del
Subsidio, puede -según es previsiblemente la intención del Gobierno
español- llevar a una mayor presión a la baja del mercado de trabajo.
Pero también es posible que entre sus efectos cercanos -no previstos por el
Gobierno- esté un incremento de las luchas en la negociación colectiva en el
campo, exigiendo en lugar de las habituales subidas ridículas, incrementos que
ayuden a compensar la estacionalidad y temporalidad (que deberían comenzar por
doblar los jornales) lo que no dejaría de crear graves problemas en el campo,
planteando de rebote el status de Andalucía en la Unión Europea y
favoreciendo a medio plazo otro nivel de politización de su situación en
búsqueda de alternativas. Al Gobierno español puede que no le importe promover
la emigración y el despoblamiento del medio rural andaluz pero es difícil
prever qué consecuencias políticas y sociales acarrearía este
desplazamiento de población.
Es obvio que el PP
ataca al Subsidio Agrario sabiendo de su descrédito, incluso en los medios
urbanos andaluces. Afortunadamente, este acoso forma parte de una agresión
general que facilita la solidaridad entre medios trabajadores urbanos y
rurales.
De otra parte, no deja
de resultar un elemento simbólico que sintetiza el alcance de la estafa
autonómica -por mucho que se reclamen aún todas las fuerzas
parlamentarias de los medios constitucionales y estatutarios- esta
circunstancia en la que un elemento estratégico central de la situación de
Andalucía se evidencia que sigue dependiendo totalmente del capricho e
intereses del Gobierno español.
Las
alternativas
Es lógico que el PSOE
ante el ataque del PP reivindique sustancialmente su modelo. No es de
extrañar tampoco que en el campo, el miedo ante el futuro haga ahora cerrar
filar en defensa de lo existente, por insatisfactorio que resulte, sobre todo
teniendo en cuenta la carencia de alternativas expresas. Menos aún resulta
comprobar como se suben al carro del PSOE, el PCE-IU, PA, PSA y CCOO-UGT,
limitándose a reproducir su mismo discurso con algunas
variaciones.
Sin embargo, que sea
necesario combatir el proyecto regresivo del PP no debe conllevar
simultáneamente embellecer o compartir un modelo nefasto y socialmente
conservador y dependiente como ha sido el del Subsidio. Ambas propuestas -la
del PSOE y la del PP- no son más que dos lecturas sucesivas del mismo modelo
neo-liberal de Andalucía subordinada y dependiente.
Ciertamente, elaborar
y plantear una alternativa general que sea de izquierda y nacional, coherente
y global, tiene la notoria dificultad de implicar plantear transformaciones
sociales y políticas de entidad que no aparecen como fácilmente viables, dada
la correlación de fuerzas. Precisamente por ser tan estratégicamente central,
el problema suscitado afecta a múltiples ámbitos y cuestiona directamente el
papel adjudicado a Andalucía en el Estado español y en la Unión
Europea.
De entrada, cabría
empezar planteando la exigencia de que la Junta de Andalucía
asumiera en un acto de soberanía, las competencias sobre el Subsidio
Agrario y el PER, adelantando su disposición a mantenerlo (y a modificarlo)
fuera la que fuere la decisión del Gobierno español, respondiendo al
pronunciamiento favorable al Subsidio-PER ya expreso de la mayoría
absoluta de los representantes electos del pueblo andaluz. A esta asunción de
competencias habrían de seguirle las relativas a la renta básica,
desempleo y en general al derecho laboral. Y a continuación un
replanteamiento de la cuestión de la Reforma Agraria y una renegociación
especifica de las condiciones de adhesión de Andalucía a la Unión Europea,
acompañadas del planteamiento de un nuevo modelo de financiaciones que
permitiera afrontar un Plan de Desarrollo para Andalucía.
El mero esbozo inicial
que hemos apuntado ya evidencia sus dificultades no sólo formales sino
políticas y muestra la necesidad de un esfuerzo urgente de
debate, reflexión y elaboración política colectivas para levantar un
Programa nacional alternativo. Tan cierto es el desafío que encierra como la
convicción de que la izquierda nacionalista no puede limitarse aquí y ahora a
hacer seguidismo no sólo político sino también programático del PSOE en
su confrontación con el PP.
*Para una
información y análisis detallado cuantitativo y cualitativo del Proyecto
gubernamental y de su génesis, véanse los documentos del
Sector Critico de CCOO y de
CGT.
 Antiglobalización Entrevista con el Foro Social de Sevilla
'Si el
alcalde no pone medios, puede ser un caos' - 'Sevilla es conservadora y mariana,
no es de izquierdas y es difícil de movilizar'
TEREIXA CONSTENLA | Sevilla - El
País - Andalucía / 28 de Abril de 2002
Este texto es un resumen de la entrevista con
Federico Noriega, de CGT, José María Trillo, de
Ecologistas en Acción, y
Javier García, del Movimiento de
Resistencia Global. Los tres pertenecen al Foro
Social de Sevilla.
¿Qué es el movimiento antiglobalización y el Foro Social
de Sevilla?
Noriega. Una respuesta de la sociedad civil ante
la incapacidad de partidos tradicionales de izquierda para contrarrestar el
empuje de las políticas neoliberales y sus desigualdades. La cumbre de junio fue
la chispita que aunó la voluntad de movimientos que ya trabajaban en
Sevilla.
Trillo. Es un reflejo de nuevos movimientos
sociales y nuevas demandas ante el hiperdesarrollismo actual. El Foro defiende
una serie de mínimos en los que coincidimos movimientos tradicionales, sociales
y ciudadanos.
García. El término es un invento periodístico,
porque es contra la globalización capitalista. El concepto es la esperanza de la
humanidad para transformar esta catástrofe, que acaba con el medio ambiente y
llega a cotas de pobreza sin precedentes. El Foro defiende en la práctica que es
posible otra Europa diferente a la del capital y la que condena a morir a
cientos de inmigrantes.
'Una cosa es debatir con la administración y otra venir a
nuestro lado de la barricada'
P. Grupos de la izquierda tradicional pertenecen al
movimiento. ¿No temen ser fagocitados?
Noriega. Ciertos partidos tradicionales ven una
referencia en el movimiento. Para mí dista mucho de que tengan la posibilidad de
integrarse en él, tendrían que andar un largo camino del desierto y reflexionar
sobre sus errores. Quizá fueran bien acogidos después de esa revisión, no a
corto plazo. Flirtean con nosotros, pero no pueden ni deben estar
dentro.
Trillo. La izquierda tradicional es también la
base del movimiento, no se pueden dejar de reconocer luchas anteriores. Por otro
lado hay un intento de acercarse de opciones del neoliberalismo que aún se
siguen definiendo de izquierdas. La tradicional puede intentar repetir sus
estructuras dentro del movimiento, pero no entiendo el papel que pretenden jugar
los sectores neoliberales.
Garcia. El movimiento está llenando un vacío
creado porque la izquierda oficial no ha estado a la altura de las
circunstancias. Los partidos socialistas se han socialiberalizado con la tercera
vía y los comunistas se han socialdemocratizado. Al ver lo que ocurrió en
Seattle, a la izquierda tradicional empezaron a sonarle las campanas. Éste es el
movimiento social más fuerte desde los sesenta. El Foro de Porto Alegre es el
medio por el que la izquierda tradicional está aterrizando en el movimiento.
Pero no hay que ponerle ninguna barrera. Lo que nos preocupa es que
organizaciones con una práctica neoliberal, que gobiernan en algunas zonas,
pretendan convertirse en la voz del movimiento. Nos preocupa que intenten
manipularnos.
P. ¿Cerrarán las puertas?
Noriega. Tenemos un manifiesto de mínimos, pero
en un momento dado uno se puede tapar la nariz y firmar el manifiesto. No vamos
a poner cortapisas, si no las cosas claras. Una cosa es debatir con las
administraciones y otra venir a nuestro lado de la barricada, a eso no estamos
dispuestos.
Trillo. El Foro se ha estructurado como algo
democrático, participativo y coherente. No ha dado ni va a dar muestras de
incoherencia en su funcionamiento democrático. Quien juegue a sacar rentabilidad
mediática con su incoherencia, pagará los costes. No tengo problemas en que se
me acerque nadie, pero que se concrete en demandas reales, no sólo hablamos
contra las multinacionales de Estados Unidos, también estamos contra las bases
militares de Rota y Morón y a favor de una estructura participativa en los
ayuntamientos. El que juega a dos bandas pagará las consecuencias del doble
juego.
Garcia. Los partidos estatales han podido
vincularse a la campaña estatal contra la Europa del capital y la guerra. No es
lo mismo un partido pequeño como el PSA de Pacheco que otro que gobierna. La
globalización también afecta a Andalucía y las políticas del Gobierno andaluz
tienen que ver con los efectos perniciosos de la globalización.
P. ¿Qué opinan de las distintas actitudes de las
administraciones para colaborar con el Foro?
Noriega. En la medida en que tienen más
responsabilidades para organizar la cumbre tienen más problemas para facilitar
la otra. No pedimos que se incorporen al movimiento, sino que garanticen el
derecho a manifestarse. Eso implica que los medios públicos, que pagamos todos,
puedan ser utilizados.
Trillo. El diálogo es fundamental para resolver
conflictos, pero esperamos que la finalidad de las administraciones al dialogar
con nosotros sea para atender nuestras demandas y no para hacer un uso mediático
del movimiento y de la fuerza que podemos tener de aquí a junio. Hasta ahora
todavía no han concretado espacios. Si no lo hacen pronto tendríamos que romper
el diálogo y empezar a utilizar otras medidas para conseguir un derecho como es
el uso de espacios públicos.
Garcia. El Ayuntamiento de Sevilla debería
tomarse en serio la lección del de Barcelona, que tuvo un nivel de
conflictividad menor que el de Génova gracias a la responsabilidad de los
organizadores. Pero hay que agradecer los medios materiales y económicos que
aportó el Ayuntamiento de Barcelona para el éxito de esa movilización. Si el
Ayuntamiento de Sevilla no pone los medios para hacer una buena organización de
la contracumbre, esto puede ser un caos.
P. ¿Cuál es el modelo a seguir en
Sevilla?
Noriega. No vamos hacer una cumbre de bloqueo,
sino de diferenciación de espacios. Hay temas que tendrán más importancia, como
la inmigración o el rural.
Trillo. Barcelona ha sido un referente
organizativo y de contenidos.
Garcia. Barcelona es un modelo a seguir. Fue un
éxito con medio millón de manifestantes, la movilización más grande de la
historia del movimiento, mayor que Seattle.
P. ¿Y aquí esperan más?
Noriega. Hay un problema geográfico. Barcelona
está cerca de Europa y tiene un área metropolitana de cinco o seis millones de
habitantes. El éxito no es tanto que la gente venga de fuera, si no que
impliquemos a la ciudadanía de aquí.
Garcia. Sevilla es una ciudad conservadora y
mariana por excelencia, no es de izquierdas y es difícil de movilizar. En junio
más. Tenemos que plantear a la sociedad sevillana que en esta movilización
también se reivindica otra manera de hacer la ciudad. Barcelona es el modelo,
aunque se podrían mejorar algunos aspectos. Allí se vivió la infiltración de
policías en las manifestaciones autorizadas. El movimiento antiglobalización es
pacífico en su 99%, a lo mejor hay un sector muy minoritario que puede provocar
incidentes, pero que nos dejen manejarlos y no nos metan infiltrados para
provocar luego la intervención policial. Es la única nota triste que
hay.
P. ¿Se sienten responsables de actos
violentos?
Noriega. Desde el 11-S todavía nos criminalizan
más, todo lo que se mueve contra el imperio es terrorismo. Todo lo que
organizamos son actos pacíficos. En Sevilla pondremos todos los medios para que
sea así, hasta ahí nuestra responsabilidad.
Los mimbres del Foro
Social de Sevilla
MRG. El Movimiento de Resistencia
Global es uno de los grupos que ha nacido de
las protestas contra el actual modelo de globalización económica. En Sevilla
está integrado por personas a título individual y colectivos (Jóvenes contra
el Racismo, Asamblea de Cooperación por la Paz, Izquierda Revolucionaria, CGT,
IU, SOC y Ecologistas en Acción, entre otros). Se reúnen dos veces al mes en
la sede de la CUT.
ATTAC. La Asociación por una Tasa a las
Transacciones Financieras Especulativas para la Ayuda a los Ciudadanos, un
movimiento internacional, se constituyó en Sevilla en 2001. Está implantada en
varias ciudades andaluzas. Es uno de los colectivos que ha nacido en respuesta
al avance de la globalización económica.
El Foro
Social de Sevilla está integrado, en la
actualidad, por medio centenar de organizaciones, además de personas
independientes. Entre los colectivos del Foro figuran la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía, Caravana por la Paz, CCOO, CGT, la Coordinadora
de ONG, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Solidaridad
con el RCADE Sáhara, Izquierda Andaluza, IU, Los Verdes, Movimiento por la
Objeción de Conciencia, Mujeres de Negro, ODITE, PCE, PSA o USTEA. Y MÁS La
Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa surgió en 1999 para
organizar una consulta popular sobre la abolición durante las elecciones del
12 de marzo de 2000. Más de un millón de personas participaron en la consulta,
en la que el 97% se pronunció a favor de que el Gobierno español cancelase las
deudas con los países empobrecidos. Tienen representación en Sevilla.--
Manifiesto
del Foro Social de Sevilla 2002
OTRO MUNDO
ES POSIBLE, OTRA EUROPA ES POSIBLE
1.
Los hombres, mujeres y entidades ciudadanas de Sevilla firmantes de este
manifiesto nos declaramos a favor del justo y libre acercamiento social,
económico, político y cultural entre los pueblos y países del mundo, dentro de
los valores democráticos que defendemos y que quisiéramos ver reforzados en el
siglo XXI en todo el mundo. En ese contexto, está la Europa social y justa que
debemos construir entre todos. Nos emplazamos pues a defender y promover una
Europa solidaria, social y profundamente democrática. Los valores de las
personas deben estar por encima de los enfoques económicos y financieros del
proceso europeo en marcha, un proceso centrado desde sus inicios en el mercado
único, a través de políticas económicas, monetarias y financieras abiertamente
neoliberales, donde prima y predomina la visión económica capitalista.
2.
Estamos a favor de una redistribución de rentas y de una fiscalidad europea
común y socialmente avanzada, ante la existencia de conflictos financieros
mundiales que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas de este
mundo. Creemos en la necesidad de crear instrumentos y mecanismos
recaudatorios para impedir la especulación y las guerras financieras,
destinados básicamente a paliar los efectos más dramáticos de la globalización
en los países del mundo.
3.
Estamos a favor de abolir, condonar y hacer desaparecer la deuda externa de
los países económicamente dependientes. Necesitamos y defendemos una economía
mundial justa y solidaria frente a los abusos del capital hacia el medio
ambiente y las personas. Una nueva economía que establezca nuevas relaciones
económicas y sociales distintas a las actuales que establece el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del
Comercio con los países. Una economía al servicio de las personas y de los
pueblos.
4. La
construcción política de Europa se escapa al control democrático de la
ciudadanía. Una de sus características es su carácter antidemocrático. Las
instituciones europeas toman decisiones sin tomar en cuenta la opinión de los
ciudadanos. Algunas de ellas ni siquiera tienen que rendir cuentas a los
gobiernos de los países miembros. La única institución donde la ciudadanía
europea tiene representación directa es el Parlamento Europeo que apenas tiene
poder real. Ante la ausencia de una verdadera unidad de los pueblos de Europa,
abogamos por una construcción europea desde la única instancia que puede
legitimarla: los ciudadanos y de una recuperación por estos de los espacios
públicos transferidos a los poderes financieros y empresariales.
5.
Estamos a favor de políticas sociales reales, y en modo alguno podemos aceptar
la actual Carta Social Europea, verdadero exponente de una Unión Europea de
mínimos sociales y democráticos inaceptables y más que complaciente con las
desregulaciones neoliberales que en materia social se están realizando. Los
contenidos de esta Carta se hallan bastante por debajo del ordenamiento
jurídico que en materia social y laboral es recogido en la totalidad de las
Constituciones de los estados miembros y de los tratados internacionales
firmados por estos, cuyos textos no se cumplen y son insuficientes.
6.
Abogamos por un pensamiento crítico, libre y democrático. No aceptamos los
principios y contenidos del pensamiento único y de su reflejo en las políticas
exterior y de inmigración, centradas en solucionar problemas sin establecer
una verdadera política de solidaridad con los pueblos y países del mundo.
7. El actual enfoque del
mundo después de los sucesos del 11 de septiembre y el conflicto de Afganistán
ha establecido a Europa como aliada de Estados Unidos en su afán
imperialista. Expresamos
nuestra preocupación por la regresión del estado de derecho, que con la excusa
de combatir al terrorismo, ataca las libertades que dice defender y amordaza a
la sociedad civil. Para establecer una nueva Europa y otro mundo posible hay
que hacer una defensa activa de los derechos humanos y la paz . Preconizamos
una Europa que impulse el derecho internacional y una cultura de resolución
pacífica de los conflictos.
8.
Europa también se arma y elabora políticas militaristas. La Unión Europea esta
poniendo en marcha una fuerza de intervención rápida capaz de llegar a
cualquier parte del planeta, más de 100.000 soldados dispuestos a desplegarse
para defender los intereses de la Europa del capital. De esta manera cada
parlamento nacional tendrá que destinar parte del presupuesto anual a aumentar
los gastos militares, que irán destinados la mayoría de ellos al desarrollo de
la investigación militar para la producción de nuevas armas, reduciéndose aún
más los fondos destinados a asuntos sociales.
9.
Ante el futuro de este planeta y de los que lo habitamos, y de las nuevas
generaciones, necesitamos de una Europa más comprometida con el medio ambiente
y sus habitantes. Ante el hecho de los graves abusos que cometen los poderes
económicos a través de la política económica, social y medioambiental europea
denunciamos su reflejo en la estrategia europea de desarrollo sostenible
destinada a ser base de los que quieren convertir el planeta y sus habitantes
en un recurso más.
10.
Saludamos la celebración del II Foro Social Mundial en la ciudad de Porto
Alegre, nos hacemos eco de las denuncias y alternativas allí vertidas por
centenares de movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de
izquierdas de todo el mundo.
Hombres, mujeres y entidades ciudadanas de
Sevilla firmamos este manifiesto y en torno a él nos constituimos en Foro
Social de Sevilla por otra Europa y otro Mundo más democrático y justo.
Llamamos a nuestros convecinos y conciudadanos a participar en su construcción
.
Foro Social de
Sevilla
Opinión
Foro Social de Sevilla: Reflexiones a
vuelapluma
*Leyendo el Manifiesto constituyente del
Foro Social de Sevilla salta a la vista y llama la atención que en todo
su texto no aparezca ni en una sola ocasión la palabra "Andalucía".
Andalucía, simplemente, no está. Habrá quien piense que
esta opción por situarse al margen del espacio -definiendose a partir de un
discurso que se pretende igualmente valido para Dinamarca que para
Córcega- es una muestra de internacionalismo. Por otra parte, habrá tambien
-como en nuestro caso- quienes sabiendo que el internacionalismo nada tiene
que ver con el cosmopolitismo abstracto, valoren esta omisión primariamente
como una muestra de la debilidad política del Foro, reflejo de una situación
de la izquierda social andaluza que explica en parte su propia marginalidad.
El tono europeista del documento o la ingenua referencia al derecho
internacional como talisman justiciero, abundan en esta impresión.
*Dicen los portavoces del FSS que Barcelona
es un modelo a seguir y un referente organizativo y de
contenidos. Nadie niega el exito de convocatoria en la movilización de la
capital de Cataluña. Sin embargo, es mucho más discutible que sus efectos
políticos se hayan situado a la altura de los precedentes de Seattle, Praga,
Gotemburg o Genova. Más bien parece que Barcelona supuso un remanso agradecido
en el camino de los lideres neoliberales de la Unión Europea, que -como buenos
democrátas- no tuvieron mayor problema en convivir con una
manifestación demostrativa -eso si, muy grande- realizada una vez terminadas
sus tareas y que en ningun momento se planteo aún como objetivo simbólico
obstaculizar ni tan siquiera fuera formalmente sus planes y funciones.
Federico Noriega (CGT) pone el dedo en la llaga cuando en la entrevista
anuncia la apuesta del FSS por una cumbre de diferenciacion de
espacios y no de bloqueo. Más bien parece que la Unión Europea y lo que
representa, puede convivir perfectamente con quienes de entrada ya prefieren
recluirse en su espacio hasta consumirse en él; más dudoso es que mantuviera
similar actitud tolerante si a los discursos de condena, le acompañaran las
convocatorias en sitio, hora y fecha coherentes al objeto de dificultar su
faena. Ni es lo mismo uno que lo otro, ni son las mismas las consecuencias de
una u otra, ni son iguales las enseñanzas que desprenden en la conciencia
social y especialmente juvenil una u otra, ni seguramente la actitud de las
fuerzas social-liberales o de algunos añadidos en su seno sería
la misma ante el Foro si en lugar de optar por una, hubiera optado por la
otra. He aqui un ejemplo claro de como lo pretendidamente organizativo es tan
político como la letra de un manifiesto. Quizá quepa rectificar
todavía.
*Y es que en los ultimos dias el FSS ha saltado
a la palestra publica al haberse visto implicado en toda una operación de
integración mediatica desde el PSOE, en la que ha participado hasta el
mismisimo Presidente Chaves (ver Andalucía
Libre nº 114) y que puede seguirse en detalle en
Andalucía24Horas. Merced a una entrevista
con Chaves y las consecuentes declaraciones en cascada, tanto propias como
ajenas, el PSOE ha conseguido transmitir la imagen de que se encuentra a los
dos lados de la barricada: responsablemente, como fuerza institucional, del
lado de los lideres de la UE y tambien del sector pacifico y
responsable -a manera de una ONG- del llamado movimiento
antiglobalización.
Lo de menos en este episodio ha sido que en su
origen la implicación de Chaves pretendiera enmendar la torpe
actitud reaccionaria del alcalde Monteseirin (PSOE) que, estupido como
siempre, cateto y más papista que el papa, preocupado por no molestar a
la Sevilla Eterna y orgulloso de su segundo de gloria al recibir en
su ciudad a tanto jerifalte, se habia preocupado de manifestar una ostentosa
sordera a las peticiones de espacios publicos de infraestructura para la
Contracumbre realizadas reiteradamente desde el Foro Social de Sevilla. Cabe
ante ello preguntarse si hubiera sido (o sería) tan grave que los
forasteros, tras comprobar como se las gasta el PSOE en
Andalucía llevandose esa noticia por Europa, tomaran paseos y
espacios sevillanos, disfrutando de la primavera andaluza y sus noches
sensuales. Cabria tambien interrogarse sobre si un centro de prensa
-que por otra parte puede sustituirse por las sedes de las organizaciones
políticas y sociales autoctonas o por otros recursos- y un camping, compensan
no sólo la alteración de las prioridades politicas sino tambien todos sus
efectos colaterales. Quizá las gentes del FSS tendrían que repetirse a si
mismas que ni han de competir ni han de demostrar nada ante nadie de fuera y
que, en todo caso, por lo que podrán ser medidos no es por la variedad de los
recursos materiales que ofrezcan sino por la tarea realizada de clarificación
política y consecuente convocatoria a la población andaluza. (Lo que viene a
recordar que una mijita de dignidad nacionalista es hasta buena para la salud
psicologica de la gente).
*Finalmente, dos constataciones al hilo de la
entrevista. Primera, que todas las horas dedicadas a los
mecanismos y florituras habituales se demuestran poco practicas ante la
obviedad de que todo hijo de vecino es incapaz (y en su derecho está, además)
de abstraerse de sus principios y prejuicios a la hora de explicarse y que
mejor partir de ello. Segunda, que mejor una roja que
ciento amarilla, es decir, que hubiera sido mucho más claro que en lugar
de tanto eufemismo alguien hubiera citado a Chavez y al PSOE por su nombre, al
hablar de los intentos de usurpación y acercamiento oportunista e hipocríta al
Foro. (Aunque puede que esto se dijera y quedara cortado,
claro).
La trama
política del BBVA
La evasión de divisas, la existencia de cuentas "B", el
blanqueo de dinero y el fraude fiscal no son acciones ajenas a las prácticas de
los grandes bancos. Su ejercicio es fuente de delito y está penado por la ley en
la mayoría de los países. Sin embargo, descubrir el organigrama, las actividades
y poseer documentación acreditante de dichas acciones o bien responde a un golpe
de suerte o forma parte de una estrategia deliberada tendiente a obtener
beneficios políticos y económicos.
La historia es clara. En Italia el Banco
Ambrosiano y la Logia P-2, son un buen ejemplo. Los objetivos eran precisos. La
suerte poco tuvo que ver en el descubrimiento y posterior desenlace. Su trama
fue deliberada y conscientemente planificada. Una situación similar se da en el
caso BBVA en España. Existe una operación política argüida por el gobierno de
Aznar y la nueva élite económica consolidada tras las privatizaciones para
acabar con el poder político de la aristocracia vasca conocida genéricamente con
el nombre de las familias de Neguri (Ciudad de invierno en euskera), centro de
reposo y veraneo de la aristocracia vasca situada a 14 kilómetros del centro de
Bilbao, es un barrio exclusivo. Palacios y mansiones, campo de golf, club de
hípica y casino. Los apellidos más famosos de la burguesía vasca responden a
este grupo donde destacan las siguientes familias. Aguirre: ligados a la
siderurgia y consejeros del BBVA, antes en cargos del Banco de Bilbao. Ampuero:
dueños de navieras y cementeras con vínculos en el Banco de Bilbao y
vicepresidente del BBVA. Aresti: vinculados a los negocios de la industria
papelera y sector eléctrico, ex consejeros del Banco de Bilbao, también del
BBVA. Chalbaud: empresarios siderúrgicos. Delclaux: industriales del vidrio,
consejeros del BBV. Echevarrieta: una de las mayores fortunas de Vizcaya
obtenida en la especulación de terrenos y la actividad minera. Icaza: negocios
inmobiliarios y financieros. Son consejeros de Iberdrola y del BBVA. Knör: las
sopas llevan su nombre. Román Knör preside la patronal vasca Confebask.
Lezama-Lequizamón: familia minera e industrial; también consejeros del BBVA.
Lipperheide: desarrollan su actividad en el sector químico y plásticos. Han
participado de la vicepresidencia del Banco Vizcaya siendo posteriormente
consejeros del BBV. Martínez- Rivas: astilleros e industria naval. Muguruza:
industria de armas, comerciantes, consejeros del Banco Vizcaya. Lo han sido del
BBVA. Sandagorta: construcción naviera y petroquímica. Han sido consejeros del
Banco Vizcaya y vicepresidente del mismo. Ocuparon cargos de consejeros en el
BBVA. Sota: diversificado en Astilleros, Altos Hornos de Vizcaya. Sector
eléctrico. Ybarra: siderurgia, Altos Hornos de Vizcaya. Navieras y capital
financiero. Creadores del Banco de Bilbao. Consejeros del BBVA. Zubiría: socios
fundadores del Banco Vizcaya, consejeros del BBVA.(1)
Todas estas familias y sus respectivos cruces
endogámicos han ido perdiendo terreno económico, sobre todo a partir de los años
sesenta y setenta del siglo XX. Ya en la guerra civil española Francisco Franco
los combatió dado el nacionalismo profesado por la mayoría de ellos. Y este es
el quid del problema. Si bien forman parte de la derecha española, su alto grado
de cohesión les permite constituirse en un grupo de presión significativo,
incidiendo en el proceso de toma de decisiones a nivel estatal. Disminuidos en
su poderío económico no se les puede menospreciar. Sus vínculos se entrecruzan y
emergen tanto en el Partido Nacionalista Vasco como en el Partido Popular. Sin
embargo, su origen vasco les da una perspectiva singular, distanciándose de la
propuesta de Aznar en la lucha contra el PNV. Es este grado de independencia el
punto de inflexión que desata la trama para eliminar políticamente al grupo de
Neguri de la escena política. Se trata de limpiar el camino y unificar la nueva
derecha donde no existan fisuras. Tal y como señala el portavoz parlamentario
del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti: "Aznar concibe su democracia
como una democracia de imposición...Aznar quiere ser el Cid campeador, el
guerrero del antifaz. Porque es un nacionalista español de extrema derecha. Y
actúa como tal. No hay que asustarse".
Fue la independencia política respecto de la
dirección del Partido Popular una declaración de guerra a muerte. Mientras el PP
estuvo en la oposición los consideró aliados tácticos; su llegada al gobierno
provoca un giro estratégico, decidiendo enfrentarse a las familias de Neguri.
Son un lastre en la lucha |
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nº 115 - Subsidio 
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