Andalucía

Diego Cañamero,

secretario general del SOC

El Sindicato de Obreros del Campo ha retomado hoy las protestas contra el decreto de reforma del sistema de desempleo. Lo ha hecho con la ocupación de cinco fincas en las provincias de Sevilla y Jaén. Los jornaleros del SOC piensan mantener durante una semana la ocupación de las cinco grandes propiedades agrarias que han ocupado esta mañana.

Algunas de ellas de propiedad privada y otras de titularidad pública. Con esta ocupación denuncian, por un lado, la injusticia del sistema, que recorta a los campesinos 130 euros mensuales, mientras que se mantienen las subvenciones millonarias a los grandes propietarios de tierras. De otro lado, reclaman que las fincas públicas sean cedidas a cooperativas de trabajo asociado, en vez de salir a subasta.

El SOC ha anunciado que apoyará el recurso contra el decreto de reforma del desempleo que presentarán PSOE e Izquierda Unida. La finca ocupada en Jaén, de propiedad pública, fue declarada de interés general por la Junta desde 1986. El SOC e IU han reclamado hoy su prometida asignación a los campesinos sin tierra. La finca tiene 3.800 hectáreas en las que la Junta ya ha invertido 15 millones de euros para su transformación en zona regable.

Video:

Nuevas ocupaciones de fincas por el SOC y entrevista a Cañamero

 

Opinión

A cuenta de una foto: Las vueltas que da la vida

Hete aquí que D. Antonio Romero, portavoz del PCE-IU en el Parlamento andaluz, se ha ido tras el SOC de ocupación a Jaén en búsqueda de una foto y unos segundos en los informativos.

Para los más viejos del lugar, la cosa tiene su gracia. Resulta que uno de los dirigentes históricos más derechosos del PCE-IU, un entusiasta de la ansiada coalición con el PSOE, tiene que recurrir a acudir de meritorio a una movilización del SOC -¡del SOC, ahí es nada; no de sus muy queridas y respetadas sucursales andaluzas de CCOO y UGT!- para conseguir que los medios le hagan algún caso y que no le confundan en la tele con uno más de los numerosos portavoces del PSOE.

Las vueltas que da la vida. D. Antonio Romero, más joven y con menos kilos encima, comenzó su larga, abigarrada e ininterrumpida carrera, allá por la Transición, ejerciendo de secretario general de la Federación del Campo de CCOO. Y entonces (en 1975-77) su faena fundamental fue asegurarse -siguiendo las directrices que desde Madrid impartía D. Santiago Carrillo y aquí administraban los Soto, Saborido, Alcaraz y Cía.- de que en Andalucía no se alteraba el orden con exigencias de Reforma Agraria. La de cosas que hizo y dijo el Sr. Romero para descalificar y aislar a los que, como el SOC de la época, no compartían su posición de supeditar los intereses de los trabajadores y de la nación andaluza a los acuerdos pactados en Madrid por el PCE para hacer posible una Transición española modélica y la consolidación de la democracia. Hoy mismo, para mostrarse fiel a si mismo y a su pasado, recordó que el Empleo Comunitario, previo al PER, "se entendió en la transición como una manera de financiar el orden público" y "todos los días había cortes de carretera, ocupaciones y movilizaciones". Ahora, el Sr. Romero, para salir en la tele, tiene que ir tras Cañamero, amenazando a Aznar con que si se sigue portando mal y no rectifica, vendrá la Reforma Agraria. Las vueltas que da la vida (y algunos en el mismo sitio).

Ojo. Para medir todos los aspectos de la situación, también hay que tener en cuenta que el SOC y Cañamero (que no hay que olvidar que, en tanto miembros de CUT-BAI, siguen siendo socios del PCE en IU) le regalan este espacio.

Y es que cada uno está donde está, ve hasta donde ve y llega hasta donde llega.

 

 Andalucía

 Euskadi

El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón dictó ayer un auto en el que declara la «responsabilidad civil solidaria» de Batasuna en una serie de actos de «kale borroka» (lucha callejera) imputados a Segi, por lo que decreta el embargo de bienes de la formación política hasta cubrir la cantidad de 24,3 millones de euros (más de 4.000 millones de pesetas). En el auto se señala que, una vez «acreditada la vinculación» de Batasuna a ETA, la extensión de la responsabilidad civil «debe comprender a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños». Batasuna enmarcó esta actuación judicial en «el embargo de los derechos de Euskal Herria».

BILBAO. GARA

Cinco días después de que entrara en vigor la Ley de Partidos promovida por el Gobierno español para ilegalizar a Batasuna, el juez de la Audiencia Nacional dio a conocer un nuevo auto en el que adjudica a la formación independentista la «responsabilidad civil solidaria» en acciones de «kale-borroka» que atribuyó a los once jóvenes encarcelados el pasado mes de marzo acusados de «integración en organización terrorista ETA-Ekin-Segi». Ya en el auto de encarcelamiento apuntaba a «la responsabilidad civil subsidiaria» y anunciaba nuevos autos contra Batasuna. Además de anunciar nuevas resoluciones contra la formación independentista, Garzón sostiene que «la extensión de la responsabilidad civil debe comprender por tanto, una vez acreditada la vinculación entre ETA-Ekin-Jarrai-Haika-Segi-HB-EH-Batasuna-Herriko tabernas y otras estructuras del complejo liderado por la primera, a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado»

El auto, que anoche no había sido notificado oficialmente a la formación independentista, señala que «si en el término de una audiencia (un día)» Batasuna no presenta el aval suficiente para cubrir los 24 millones de euros (18 por daños ocasionados por actos de kale borroka y 6 para gastos de la tasación definitiva), el juez acordará el embargo del dinero, valores, bienes muebles e inmuebles de los que «sea titular, directa o indirectamente, a través de sus miembros, pero al servicio de la organización, Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna, con ese o con cualquier nombre o siglas sustitutivas y debidamente registrado en cualquier registro público». En el listado a elaborar encargado a la Unidad Central de Inteligencia, Garzón incluye también créditos y subvenciones.

El magistrado reitera las tesis expuestas en otras resoluciones y da por sentada «la certificación de Segi con Haika y de esta organización con Jarrai» para apostillar que existe una continuidad de actividades «dentro del complejo terrorista liderado por ETA y en el que también se encuentra incluida como 'gran empresa' Herri Batasuna-EH-Batasuna, según aparece reflejado en el denominado Proyecto Udaletxe». Avanza que prepara una resolución específica sobre esa cuestión, así como otra sobre «la vinculación financiera ETA-Herri Batasuna». Cita como «ejemplo más paradigmático» la «utilización de la Herri Enbaxada en Bruselas (auténtica delegación de HB para ETA), que a través de sus miembros, la administran y dirigen sus actividades».

Garzón asegura que «el diseño, desarrollo y ejecución» de las jornadas de protesta convocadas tras la muerte de la militante de ETA Olaia Kastresana y tras dos operaciones ordenadas por él «estuvo perfectamente amparado, impulsado y coordinado por Batasuna a través de sus miembros». Indica, al tiempo, que «ha prestado ayuda a Jarrai-Haika-Segi para la realización de actos y actividades, así como prestar locales para reuniones y almacenaje de sustancias y artefactos para actos de 'kale borroka'».

Sostiene que los actos de kale-borroka atribuidos a los jóvenes acusados de pertenecer a Segi que encarceló en marzo generaron «un beneficio conjunto al complejo de estructuras» bajo «el principio de la complementariedad».

Asegura que «la instrumentalización mutua entre diversas estructuras del mismo complejo terrorista liderado por ETA no pueden quedar sin respuesta en el ámbito de la reparación, resarcimiento o indemnización de las acciones cualesquiera de ellas ya que planeadas por unos (ETA), son desarrolladas por otros, Ekin, y ejecutadas por otros, Jarrai-Haika-Segi, a través de sus miembros. Y sus resultados benefician a todo el conjunto».

Sostiene que las acciones delictivas de las organizaciones ilegales deben «generar una responsabilidad en función del riesgo no evitado o consentido o incluso auspiciado, en todo caso, por HB-EH-Batasuna, que representa una especie de empresa pantalla en la que actúan unos administradores de derecho pero que obedecen las directrices de los administradores de hecho que dirigen la empresa matriz: ETA».

Tasio,

Baltasar Garzón en faena

 

 

La arbitraria actuación de Baltasar Garzón, declarando a Batasuna responsable civil de la kale borroka y exigiéndole el pago de 24,3 millones de euros en el plazo de 24 horas, supone un paso más en el intento de hacer desaparecer del panorama político vasco a una formación que cuenta con una amplia representación en numerosas instituciones y que es nada menos que la segunda fuerza en el ámbito municipal. Tal decisión es fruto de la megalómana personalidad de su autor, pero, sobre todo, responde a la estrategia diseñada desde el Estado español en el contexto de guerra abierta contra el independentismo vasco en la que todo vale si contribuye a los planes de acabar con el que consideran el motor de la lucha de Euskal Herria por su soberanía. Si no, resultaría cuando menos temerario que un juez instructor, más en el caso de uno que a lo largo de su trayectoria ha cometido sonoros patinazos, tuviera la osadía de, con un solo auto, adoptar una decisión que pretende poner patas arriba la actuación de una formación política y supone una medida de consecuencias incalculables para la convivencia futura en Euskal Herria. A lo largo de la instrucción de la «causa general» que Baltasar Garzón viene desarrollando contra el independentismo vasco ­sustentándose exclusivamente en teorías muy particulares sobre este movimiento construidas sobre informes policiales­, el magistrado ha cometido no pocos errores, algunos muy graves, que después han sido corregidos por otros órganos de la Audiencia Nacional. Pero, aunque los defenestrados jueces de la Sala IV han sacado los colores a Garzón, y sus sustitutos ­más afines a la estrategia gubernamental­ tuvieron que levantar la ilegalización de Ekin y cambiarla por una suspensión temporal, nadie puede esperar de ese tribunal especial una actuación futura con garantías suficientes para quienes padecen el acoso de una ofensiva judicial con clara intencionalidad política. El debate no está en el ámbito jurídico.

Pues, si así fuera, en este caso, habría que decir que el magistrado del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha extendido el acta de defunción de Batasuna ­otra cosa es que la vitalidad de este proyecto político no depende de las decisiones de la Justicia española, sino de su arraigo en la sociedad vasca­ sin haber probado que tenga relación alguna con todos y cada uno de actos de kale borroka de los que se le pretende hacer responsable civil solidaria. De hecho, desde su propia legalidad, Garzón ni siquiera ha probado que Segi ­eslabón que le sirve al juez para llegar a Batasuna­ sea responsable de dichos actos. La mayor parte de los autores de esas acciones no han sido detenidos ni se ha establecido relación directa entre cada una de ellas y Batasuna. En Derecho, deben juzgarse los hechos y a sus autores. Pero no es el caso.

Incluso si en los propios tribunales españoles se demostrase en un momento procesal posterior que todo esto no es más que un castillo construido en el aire, ello no podría reponer el mal hecho a la sociedad vasca y sería difícil exigir responsabilidades a este juez. La responsabilidad, sin embargo, es evidente en el caso de quienes, en lugar de buscar una salida democrática al conflicto, jalean al magistrado para echar cuanta leña pueda al fuego.

Hoy es un mal día para toda la sociedad vasca porque decenas de miles de ciudadanos están siendo acosados. Y estos momentos difíciles exigen altura de miras. Quienes creen en el futuro de Euskal Herria ni pueden ni deben mirar hacia otro lado. Lo que está en juego con esta decisión judicial o con la aplicación de la Ley de Partidos no es únicamente la supervivencia de una formación política. La respuesta debe darse en esa clave colectiva y de trabajo por la recuperación de los derechos, de todos los derechos, que le corresponden a este pueblo. Pese a las dificultades, no es tiempo de desánimo. –

 

Una Mani de tantas, de hoy embargados y mañana ilegalizados

 

El Gobierno vasco, a través de su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, se ha pronunciado hoy sobre el auto que dictó ayer Garzón en el que hace responsable a Batasuna de los daños causados por la violencia callejera. Para Azkarraga, esta decisión es una "utilización política de la justicia" y ha añadido que duda de su constitucionalidad.

Según la interpretación del consejero de Justicia del Ejecutivo de Ibarretxe, la preocupación del Gobierno era la ilegalización de una formación política determinada y Garzón "ha dado el pistoletazo de salida" para ver quién es el primero que la procesa.

En una línea similar, la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, ha considerado que el auto del juez Garzón es "absolutamente ilegal". "No es conforme a la ley porque no aporta argumentos concluyentes, más que demostrar la culpabilidad, la actitud del juez es considerar que lo que hay que demostrar es la inocencia", ha observado Errazti en una entrevista concedida a Euskal Telebista.

”Igual que con Primo de Rivera”

Por lo que respecta a los directamente afectados, los integrantes de Batasuna, su portavoz, Arnaldo Otegi, ha descartado que la formación abertzale vaya a hacer efectivo el pago de 24 millones de euros para evitar el embargo dictado ayer por el juez Garzón ya que “no dispone de ellos” y, aunque los tuviera, "políticamente en ningún caso" aceptaría el pago.

El portavoz de Batasuna ha insistido en que el propio juez y la Unidad Central de Investigación (UCI) de la Guardia Civil saben que no existe ese dinero. Pese a todo, Otegi ha descartado la desaparición de la coalición y ha recordado que la formación ya ha vivido "circunstancias históricas muy diferentes en las que se nos aplicaron legislaciones de auténtica excepción".

Para Otegi, de lo que se trata es de "intentar neutralizar de las vías de financiación de Batasuna, plantear un bloqueo económico que impida que Batasuna pueda realizar una actividad política, esperanza de Aznar y del PP". El dirigente abertzale ha comparado la situación actual con la dictadura de Primo de Rivera y ha insistido en que lo que se intenta es "bloquear las aspiraciones políticas de los que planteamos un modelo democrático radicalmente distinto al que plantean para nosotros los neofascistas del Estado".

 

Gaspar Llamazares,

Coordinador General de IU de España

 

Redacción IU al Día y Agencias • 04 de julio de 2002 

MADRID, 4 (IUALDIA y agencias) El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, mostró ayer su respeto por la decisión de Baltasar Garzón de  declarar "la responsabilidad civil solidaria" de Batasuna, que espera que esté "respaldada por pruebas", y consideró "más adecuada la vía judicial que la vía política, como la que supone la de la Ley de Partidos".

En declaraciones a medios de comunicación, Llamazares se refirió así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional de declarar "la responsabilidad civil solidaria" de Batasuna por los daños ocasionados por las acciones de violencia callejera y ordenar el embargo de sus bienes hasta cubrir la cantidad de 18 millones de euros. De cualquier forma, Gaspar Llamazares, declinó hacer valoraciones políticas sobre el auto del juez Baltasar Garzón que declara a Batasuna responsable civil solidaria de los daños de la 'kale borroka', pero sí destacó que esta vía judicial para luchar contra el entorno de ETA le parece más adecuada que el "atajo" que el Gobierno ha emprendido con la Ley de Partidos Políticos.

El máximo responsable federal de IU manifestó que el auto viene a demostrar que "existen vías perfectamente legales y con garantías judiciales para luchar con los que son conniventes con ETA",  pese a que el Gobierno de José María Aznar ve los autos de Garzón como "vías complementarias" para la ilegalización de Batasuna. Llamazares recalcó que IU opina "todo lo contrario". Por último, el coordinador general de IU dijo tener la impresión de que hay una "competencia" entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. "Preferimos que cada uno de los poderes cumpla su papel, que el Poder Judicial enjuicie y aplique las leyes, y que el Ejecutivo promueva iniciativas legislativas", concluyó.

Las democracias parlamentarias son esencialmente hipócritas y cinicas. Como todo Estado burgués, su objeto fundamental es preservar el orden social y político existente y proteger a quienes de él se benefician. Y a ello dedican multitud de recursos e instrumentos. Pero, a diferencia de otras formas políticas explícitamente autoritarias, suelen sistemáticamente ampararse tras artificios legitimadores como, por ejemplo, la primacía del derecho, la división de poderes y otras por el estilo. Con estas mediaciones ideológicas se justifican, difundiendo la idea de que son estructuras pretendidamente neutras al servicio indistinto de toda la población, que permiten a todas las opciones políticas y sociales expresarse y aspirar a ganar democraticamente.

Un elemento que forma parte de ese discurso ideológico es que el Estado respeta la distinción entre presunciones y hechos probados, que da lugar a la conocida sentencia de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como garantía de los derechos individuales y colectivos.

En el caso vasco todo esto conllevaba que hasta hace poco el Estado español admitiera que, aún existiendo evidentes afinidades ideológicas y presuntamente también relaciones políticas entre las diversas organizaciones de izquierda independentista existentes en Euskadi (autoadscritas al MLNV) sólo eran susceptibles de persecución aquellas como ETA cuya propia practica la situaban explícitamente fuera de la legalidad (y las personas a las que se les probaran hechos criminales penalmente sancionables).

El Gobierno del PP (con el apoyo del PSOE) introdujo la novedad de considerar como terrorista no ya sólo a quien realiza, prepara o colabora en la ejecución de un acto de esa naturaleza sino a cualquier persona, colectivo, organización política o medio de comunicación que, a su juicio, participa de ideas políticas compartidas por ETA o realiza actos que, en su opinión y aún cuando sean plenamente legales, sirven a los objetivos e intereses de ETA. Definida su culpabilidad a priori de esta manera, la única forma de probar su inocencia era alinearse con las tesis políticas del Gobierno y el Estado español. Se sustituía la prueba penal por la calificación política como vía de condena. Y así ETA dejaba de ser una organización de comandos para transmutarse en el llamado "Entramado ETA", que incluía a decenas de miles de personas, aún cuando ninguna de ellas hubieran realizado, preparado o colaborado en una acción terrorista de ETA. Compartir ideas políticas con ETA o simplemente no condenar públicamente las acciones de ETA en la forma deseada por el Gobierno español, se convertía en argumento y prueba para la adscripción a ETA y consecuentemente para ser sujeto a posible persecución y represión.

Asimilando ETA y MLNV, el Gobierno y el Estado español reconocían de hecho por enésima vez la existencia de un conflicto político en Euskadi, que trasciende la mera actuación de ETA.  

Para alcanzar este nuevo escalón, el Gobierno español del PP utilizó dos vías paralelas. De un lado, la actuación del superJuez Garzón -siempre ansioso de notoriedad- a través del sumario 18/98. De otro, la elaboración y aprobación de la Ley de Ilegalización de Partidos. La primera vía judicial fue sirviendo para preparar la segunda legislativa, difundiendo esa nueva doctrina -convenientemente jaleada desde casi toda la prensa- que, a partir de un juicio político, implicaba eliminar buena parte de las distinciones y garantías amparadas formalmente por el Derecho. Una vez aprobada la Ley, la vía parlamentaria queda en reserva y la vía judicial vuelve a primera línea, con la ventaja de, aún siendo tan política y estatal una como otra, puede facilitar una mejor imagen apartidista y hacer más fácilmente digerible el objetivo político que ampara y ejecuta. El ultimo auto de Garzón, que embarga a Batasuna y abre las puertas a su próxima ilegalización, ya ha demostrado la utilidad de esta vía para los intereses del Estado español al ampliar expresamente su arco de apoyo político incluyendo al PCE-IU (que ya había insinuado en el debate parlamentario de la Ley de Partidos que su oposición a ella, como medio de ilegalización de Batasuna, era más cosa de forma y oportunidad que de fondo). 

La dimensión del escenario subsiguiente puede advertirse si atendemos a la secuencia que lleva al magistrado a esa resolución de embargo: a partir de unos multitud de hechos (kale borroka), se le adscriben genéricamente a una organización juvenil (SEGI) y a su vez se endilgan mecánica y automáticamente las responsabilidades a otra (Batasuna) porque se presupone que los hechos, la organización y los responsables forman parte del mismo entramado, sin que le sea necesario demostrar ni la existencia de eslabones físicos ubicables entre unos y otros ni que estos hipotéticos engarces eran, en su caso, orgánicos y no individuales. Si el Estado español hubiera permitido semejante desenvoltura de inferencias, por ejemplo, en el caso GAL, resultaría que hoy el PSOE sería un partido ilegal y el Estado español, como mínimo, una República.

Esta involución autoritaria tiene tres objetivos políticos inmediatos e interrelacionados en Euskadi: 

• Amedrentar al nacionalismo vasco moderado (PNV-EA) y facilitar su instalación en el Estado español. El PP-PSOE cuenta con que, aunque el Gobierno vasco protestará y recurrirá, ni PNV ni EA irán más allá de criticar y no se atreverán a tomar la única decisión realmente efectiva para frenar esta ofensiva antidemocrática, es decir, anunciar que si se impide a Batasuna comparecer y competir en las elecciones (sean municipales o de cualquier otro tipo) PNV y EA las boicotearan.
• Facilitar la victoria electoral de las fuerzas españolistas PP-PSOE, contando con que una parte del electorado de izquierda abertzale no perdone a PNV-EA y no aplique ni el voto útil ni el mal menor.
• Fomentar una respuesta militarista por parte de ETA, sustentada además en la previa desaparición desde el Estado del respeto a los  espacios diferenciados políticos y armados, que paralelamente incremente el aislamiento social del MLNV y dificulte la configuración y desarrollo de nuevas opciones políticas estratégicas y tácticas.

De hecho, esta ultima línea de actuación del Estado español en pos de la ilegalización de la izquierda abertzale política, sindical y social, está directamente ligada a su previa orientación estratégica de normalización española que interrumpió temporalmente la tregua de ETA y la vigencia del Pacto de Lizarra-Garazi y que tiene como objetivo batir en Euskadi al nacionalismo vasco en su conjunto. De ahí que el Gobierno español del PP hiciera todo lo que estuviera en su mano para inducir a ETA a romper su tregua y que, ayudado especialmente por la acción de la misma ETA que incrementa en progresión geométrica su propio aislamiento y el rechazo social dentro y fuera de Euskadi, haya configurado un escenario funcional para dar un salto en la plasmación de esa estrategia, aprovechándose también del clima internacional abierto con el 11 de Septiembre.

 

Con todo esto, la democracia parlamentaria burguesa española acentúa sus rasgos autoritarios, sin que se prevea -dada la situación general y también la misma identificación política de Batasuna con ETA a ojos de la población de las diversas naciones del Estado- ningún movimiento de respuesta democrática significativo que vaya cualitativamente más allá de lo visto hasta el momento.  Que en este empeoramiento, incidentalmente, se haya podido constatar que el PCE-IU ni siquiera sirve para defender los mínimos democráticos más elementales (lo que en algo debería afectar y  hacer reflexionar y actuar de una vez a quienes en el interior de IU todavía se afirman como de izquierda) no compensa ni remotamente las consecuencias políticas regresivas que implica el proceso reaccionario en curso para la izquierda y todas las naciones del Estado.

 

Si a ETA le restará algo de valor e inteligencia políticas sería el momento de declarar una tregua indefinida. Pero, visto lo visto, confiar en ello es tanto como creer en los milagros.

Entrevista Audio a Arnaldo Otegi (Batasuna)

Video CSTV (RTVA) embargo Batasuna - Hablan: Rajoy (PP), Bono (PSOE), Llamazares (IU)

Video ETB (RTV Vasca) embargo a Batasuna

 

 Brasil

La izquierda del PT critica las alianzas con la derecha

Correo de Prensa de la IV Internacional

 

La alianza del Partido de los Trabajadores (PT) con el conservador y evangélico Partido Liberal (PT) y con un sector del Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), ha generado tanto un debate interno como fuertes resistencias en la militancia del PT.

 

El domingo 23, en la Convención del PL, una amplia mayoría de los delegados aprobó la postulación del senador y empresario textil José Alencar como candidato a la vicepresidencia junto a José Inácio Lula da Silva para las elecciones nacionales de octubre.

 

En el cuadro de la crisis económica y el sabotaje de los "mercados financieros" y los inversionistas extranjeros, Lula y la mayoría de la dirección del PT, pretenden que la presencia de Alencar en la fórmula presidencial, tranquilice los ánimos de grandes empresarios, del gobierno de Estados Unidos y de los organismos internacionales de créditos.

 

Desde la izquierda del PT, las críticas aumentan a esta estrategia electoral que apunta al centroderecha y pone en tela de juicio el programa de "ruptura" con el neoliberalismo que el PT ha venido defendiendo. Los críticos, recuerdan que en varios estados, el PL es aliado de los peores enemigos del PT, y que en otros, la dirección del partido considera al PL un "aliado indeseable". Agregan, que el acuerdo con Alencar deberá tener algún costo programático en áreas claves como el rechazo al ALCA (tratado que cuenta con el apoyo del senador), la reforma agraria (Alencar ha rechazado las ocupaciones de tierra del MST) y el pago de la deuda externa.

 

Ya el 6 de abril, el Encuentro Estadual del PT de Río Grande del Sur, se había expresado categóricamente contra la política de alianzas de la mayoría de la dirección del partido:

 

"La coyuntura nacional -marcada por la crisis económica, por el agravamiento de las penurias sociales y la división del campo conservador-coloca la posibilidad de que el PT lidere un amplio movimiento de masas que nos lleve al gobierno federal y a diversos gobiernos estaduales. Pero, tal posibilidad, está condicionada a una táctica que transforme la disputa electoral en una disputa entre proyectos antagónicos; en una gran movilización que polarice al país que coloque en movimiento millones de trabajadores, jóvenes, desempleados y luchadores sociales. Nuestras alianzas y nuestra táctica electoral deben ser coincidentes con ese objetivo".

 

En tal sentido, la declaración insistía en manifestar el repudio del PT gaúcho "a los rumbos que están siendo dados para las negociaciones de la política de alianzas del partido en todo el país, que contradicen las resoluciones del último Encuentro Nacional y comprometen nuestra disputa de la hegemonía política". Finalmente, se expresaba por un "No a las políticas de alianzas de clases. Por la defensa de nuestra coherencia programática. Ninguna Alianza con el PL y con el PMDB. Por una amplia discusión en las bases partidarias sobre el programa de gobierno nacional y estadual".

 

El debate y la resistencia a este nuevo rumbo del PT, no se limita a la alianza electoral con el PL y sectores del PMDB, sino que se relaciona con el programa del partido y con la posición a asumir -en caso de ganar el gobierno- frente a la deuda externa y el FMI. En tal sentido, varios dirigentes de la izquierda petista, hablan criticamente de la política llevada adelante por Lula y su corriente. Raúl Pont (ver entrevista a continuación) considera esa alianza como una "perdida de tiempo". Luciana Genro (diputada estadual y militante de la corriente Movimiento de Izquierda Socialista) considera que "traer al PL o a los disidentes del PMDB para el PT es los mismo que traer enemigos para la trinchera". Y Pedro Roque Grazziotin (diputado estadual y miembro de la corriente Articulación de Izquierda) afirma que: "Estamos dando un paso atrás en nivel nacional para satisfacer algunas personas que no son de nuestro campo. La coherencia de un proyecto es fundamental". (Redacción)

 

Entrevista a Raúl Pont

"Alianza con el PL y PMDB es una pérdida de tiempo"

 

Fundador del PT y miembro de su dirección nacional, ex-diputado federal y ex-prefeito (alcalde) de Porto Alegre, y militante de la Tendencia Democracia Socialista. Raúl Pont, archienemigo de la derecha burguesa, impulsor consecuente del democrático Presupuesto Participativo, candidato a diputado estadual, y uno de los referentes políticos más importantes de la izquierda socialista del partido, fue entrevistado por el diario Zero Hora el domingo 23 de junio. Lo que publicamos, es un resumen traducido y editado para facilitar la comprensión de los suscriptores/as de lengua castellana. (Redacción)

 

¿Usted acuerda con la nueva orientación de la dirección del PT de que es preciso negociar la deuda externa y no dejar de pagarla, como el partido defendía en la campaña electoral de 1994?

 

La posición aprobada en Recife (12 Encuentro Nacional del PT, realizado en diciembre 2001) mantiene mucho del programa del partido. Apunta a la necesidad de auditoría para que se conozca más precisamente la deuda externa, de la cuál el Banco Central no informa la composición y el Congreso no tiene detalles (...) La nueva tesis venció porque la mayor parte de la deuda hoy es privada y no es más pública. La otra cuestión es que de esa deuda pública, la parte externa es pequeña y el mayor problema está en la deuda interna, que no implica dólares y si la compra de títulos y el problema de los intereses. Si en 1994 la defensa del no pago de la deuda tenía una característica muy simplista y genérica, ahora veo que las definiciones son más precisas.

 

¿Y cuando el PT defendía el no pago, no sabía que la mayor parte de la deuda era privada y no pública?

 

Con la noción de hoy, no. La deuda cambió bastante, y el endeudamiento del gobierno federal con el exterior disminuyó porque existe déficit y no se vienen haciendo nuevas inversiones. Paralelamente, el gobierno tiene una recaudación alta, lo que le da un superávit enorme. Nuestra crítica, es que el gobierno aplica utiliza ese dinero para pagar los servicios de la deuda pública que crece cada vez más (...) Cuando se decía no pagar la deuda, era mucho más en el sentido de moratoria o de alertar al país para que no se comprometiese tanto dinero con los servicios de la deuda. Defender el no pago era simplificar una consigna que indicaba que los recursos públicos debían ir a otros fines. El Encuentro de Recife llegó a la conclusión de que corríamos el riesgo de usar una bandera muy agitativa, sin mayores y contenido. Fue por eso que el partido decidió tener como propuesta la auditoría y la renegociación para disminuir el impacto que causaba la tesis del no pago.

 

¿Esta tesis de la negociación, cambió el punto de vista del PT sobre el FMI?

 

El FMI continúa siendo lo que siempre fue, una agencia del gobierno norteamericano. No hay un organismo internacional, una ONU de las finanzas. Es una agencia de la política norteamericana y no sirve querer adornar la píldora. Basta con ver lo que sucede en Argentina, donde el país está quebrado y el FMI impone nuevas exigencias. Lo que ellos quieren es liquidar el MERCOSUR para imponer el ALCA (...) Una victoria del PT no permitirá ponerse de espaldas al mundo. Pero es preciso tener claro que una cosa es negociar con un organismo serio y otra con una agencia de la política norteamericana. Si el gobierno de Lula queda rehén del FMI, no conseguirá llevar adelante las políticas que el país está necesitando y que nosotros venimos diciendo vamos a practicar. No hay como llevar adelante un cambio en el perfil de la deuda, en el papel del Estado con incentivos a las actividades económicas, volver a apostar al mercado interno, redistribuir mejor la renta, permitir que los Estados y los municipios hagan financiamientos. El FMI es contrario a todo eso que el país precisa. Si quedáramos rehenes de esa orientación, no vamos a conseguir cambiar nada.

 

¿Usted acuerda con la alianza con el PL y con la aproximación a los disidentes del PMDB? ¿Hay compañeros suyos que ni siquiera aceptan conversaciones?

 

En ningún momento, en ninguna instancia, fue decidida en el Encuentro que las alianzas deberían ser con el PL o con el PMDB. Además de eso, dudo que en el día 30 de junio la alianza sea aprobada (...) Yo me incluyo en la lista de descontentos. Para mi, tratar de alianzas con el PL y el PMDB es pérdida de tiempo. Sería más útil que Lula estuviese a los alcaldes como será la nueva relación federalista con los municipios, que hoy se quedan con una porción ridícula de la tributación. Tenemos que cambiar eso. Si los Estados tienen hoy problemas serios con la federación, creo que tendríamos que estar diciendo que vamos a cambiar todo esto. Tenemos que estar diciendo a la población como pensamos construir el presupuesto público, esto es lo más importante. Nosotros sugerimos enmiendas en Recife, pero nada se está contemplando en la campaña de Lula.

 

¿Usted piensa que el comportamiento de Lula está incomodando a los militantes del PT, principalmente aquí en Río Grande del Sur, donde el partido tiene un perfil diferente al resto del país?

 

No solo aquí. Circulan firmas, hay manifestaciones de direcciones estaduales y municipales. Aquí en el Estado aprobamos un documento con posición contraria a cualquier alianza con el PL y el PMDB. Mandamos ese documento para la dirección nacional y así vamos a votar el 30 de junio. En todo el país hay un gran número de afiliados que quisiera ver la campaña del PT con otro rumbo.

 

¿Si la alianza con el PL triunfa, usted cree que pueda perjudicar al PT?

 

Podrá tener consecuencias muy malas. Lo vimos en la campaña de Sao Paulo cuando la segunda elección de Luíza Erundina, que muchos militantes del PT no se sintieron entusiasmados con la forma como se llevó la campaña. En nuestro caso, cuando la militancia no va a la calle, queda difícil hacer campaña.

Una crítica al presupuesto participativo - Introducción de ANDALUCÍA LIBRE

 

Reproducimos a continuación un articulo critico de Clovis Oliveria sobre la experiencia del "Presupuesto Participativo" de Porto Alegre y Rio Grande do Sul (Brasil).

Como es obvio, el articulo se inscribe dentro de la polémica política en el seno de la izquierda brasileña en general y gaucha en particular.

Contando con ello, el texto nos parece un contrapunto sugerente, a partir del cual reflexionar no sólo sobre la experiencia concreta de Porto Alegre sino, ante todo, sobre los desafíos, contradicciones, limites y problemas que encierra una situación como la que lo inspira: el acceso al gobierno de municipios o comunidades autónomas (estados federales) de fuerzas de izquierda con voluntad anticapitalista y/o rupturista en el terreno social y/o nacional, mientras en el ámbito nacional/estatal predomina otra correlación política y las tensiones inevitables que ello conlleva entre el corto plazo y las estrategias de fondo. Incluso esta realidad nos vuelve a recordar la importancia de discernir entre los hechos y la interpretación que de estos mismos producen incluso sus mismos protagonistas.

Llamamos la atención también sobre la conveniencia metodologica de delimitar y diferenciar en el análisis y la conclusión, la experiencia real de Porto Alegre-Río Grande do Sul en su contexto practico brasileño, político y social, con todas sus luces y sombras; de las extrapolaciones o utilizaciones ideológicas y políticas de esa realidad difundidas fuera del propio Brasil. A este respecto, para aquilatar el alcance y consecuencias del fenómeno en un sentido, cabe citar que no hace mucho, una fuerza como el PCE-IU en Andalucía (que allá donde puede y le dejan, gobierna sin problemas en comandita con el PSOE) también se ha sumado a la moda de incluir en su discurso y elaboraciones formales lo del "presupuesto participativo".

El presupuesto participativo disfruta de un gran prestigio internacional, particularmente entre las organizaciones socialdemócratas, al punto de avalar la pretensión del PT y sus gobernantes de convocar en dos oportunidades el Foro Social Mundial en Porto Alegre. La propuesta ganó, inclusive, una fuerte admiración entre sectores de la izquierda que se reivindican del marxismo, que ven al presupuesto participativo como un “poder popular en construcción”.

Contra todo eso, afirmamos que se ha creado un mito en torno del presupuesto participativo en Rio Grande do Sul, reforzado por el proselitismo nacional e internacional del PT.

En gran medida, este mito está prosperando por falta de informaciones y evaluaciones. La izquierda revolucionaria ha elaborado poco sobre el presupuesto participativo. Y, cuando lo hace, suele ser conciliadora con la propuesta. La juzga “progresiva”, en dirección a un “poder popular”, y le da así mayor legitimidad.

Aquí vamos a aportar mayor información para fundamentar las críticas que le hacemos. El análisis se centra en la práctica del presupuesto participativo en la Intendencia Municipal de Porto Alegre, por ser la experiencia más antigua y consolidada, pero se extiende en algunos aspectos a esa experiencia en el Estado. Pero antes vamos a evaluar al “Gobierno Democrático y Popular” del Estado de Rio Grande do Sul, para identificar cómo se relaciona con las organizaciones del movimiento sindical y popular que contribuyeron decisivamente a la elección de Dutra. También vamos a examinar el discurso petista de “ciudadanía”, que es fundamental para entender la concepción de sociedad que anima lo del presupuesto participativo.

El gobierno del Frente Popular

El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, escrito en 1848, dice que el gobierno moderno no es sino un comité para administrar los negocios comunes de toda la clase burguesa. Esta afirmación sigue siendo actual. Sintetiza la naturaleza del Estado en la sociedad capitalista. Sirve para explicar tanto los gobiernos ejercidos directamente por la burguesía a través de sus propios partidos, como también los gobiernos ejercidos por partidos que tienen su origen en el movimiento de los trabajadores, como es el caso del PT.

El gobierno de Olivio Dutra se encuadra en este último caso. Transcurridos más de tres años de mandato, está sometido al brete determinado por la naturaleza burguesa del Estado y por los dispositivos institucionales que resguardan los intereses de la burguesía de Rio Grande. Así, no ha podido diferenciarse substancialmente de los gobiernos burgueses neoliberales.

Aun considerando que no privatizó lo que queda del patrimonio público liquidado por el anterior gobierno liberal de Britto, Olivio Dutra no se propuso encaminar una recuperación de la telefonía y la energía eléctrica para el dominio público.

Instituciones heredadas del gobierno de Britto continúan al servicio de los monopolios, por ejemplo, las que reajustan regularmente las tarifas de los servicios públicos. El combate al peaje en las rutas privatizadas —uno de los principales lemas de la campaña del Frente Popular encabezado por el PT, y que le hizo ganar gran parte de los votos en 1998— quedó en el discurso electoral.

Respecto de la deuda pública, después de una reacción inicial, el gobierno de Olivio se sometió al centralismo del Gobierno Federal y sigue pagándola. La deuda se lleva el 13% de la recaudación. De la misma forma, la promesa electoral de que los ingresos del Estado crecieran a costa de los empresarios evasores o exentos de impuestos no avanzó. Esto demuestra las dificultades estructurales para hacer que la burguesía pague una porción mayor del presupuesto. Pero también revela la falta de voluntad política del gobierno de Dutra de enfrentarse con los intereses de la clase dominante.

Para intentar cerrar el déficit financiero, el gobierno del PT optó por sacrificar a los empleados públicos. Es significativo que Olivio Dutra no solo no recuperó los salarios, sino que dejó de compensar las pérdidas por la inflación. Siguió la misma política de los otros gobiernos de equilibrar el déficit a costa de desvalorizar el salario.

Peor aún, Dutra insiste en transferir a los empleados los gastos financieros causados por la “reforma previsional” impulsada por el Gobierno Federal. Exige que contribuyan para las jubilaciones y ha instituido un fondo de retiros. Es una verdadera confiscación de salarios y un golpe histórico directo contra los empleados públicos, ya que la jubilación siempre fue responsabilidad del Tesoro del Estado.

Las promesas electorales de una nueva política salarial —cambio del escalafón, institución de un piso salarial y recorte de los “cargos de confianza” [2] del Gobierno— quedaron en los discursos. Por el contrario, los empleados públicos sufren la desvalorización del salario por la inflación y ven cómo en el Estado se instala una nueva burocracia compuesta por millares de “cargos de confianza”, una casta diferenciada y hostil a los intereses de los trabajadores estatales. Olivio está concluyendo su período con un gobierno muy desgastado frente a los empleados públicos.

La concepción reformista de “ciudadanía”

Se ha puesto de moda en el movimiento sindical y popular hablar de “lucha por la ciudadanía”, “derechos de los ciudadanos” y “sindicato ciudadano”. Se utiliza la palabra “ciudadanía” como adjetivo, cada vez que se intenta calificar las propuestas otorgándoles un objetivo político general.

Utilizada de esta forma, la expresión “ciudadanía” se ha convertido en un estribillo aparentemente indefinido desde el punto de vista ideológico. Muchas veces quien la utiliza lo hace para sustituir la palabra “socialismo”, que obviamente no quiere pronunciar, quiere hacerla olvidar, porque obviamente esas palabras no tienen el mismo significado.

En verdad, los dirigentes de los partidos de izquierda y del movimiento sindical y popular, así como los líderes del Frente Popular, han hecho una elección: hablan de “construir una sociedad democrática” y de “radicalizar la democracia”. O sea, renunciaron al socialismo y se reivindican públicamente de la democracia burguesa. La ironía es que continúan hablando de socialismo en los días de fiesta. Son el ejemplo actual de la crítica que tradicionalmente se le hacía a la socialdemocracia europea cuando se desvinculó del socialismo y el marxismo.

Estos dirigentes son reformistas. Es decir, tienen la concepción de que, ante un período largo e inevitable de hegemonía capitalista, la tarea es negociar reivindicaciones mínimas para los trabajadores, limitar los “excesos” del sistema, humanizarlo, adaptándose para convivir con él.

Evidentemente, no concordamos con el uso ideológico que el PT da a la palabra “ciudadanía.” No negamos el concepto de ciudadanía, que tiene un origen histórico relevante. Las tareas de la “ciudadanía” fueron definidas en el proceso de las revoluciones burguesas cuyo mayor ejemplo fue la Revolución Francesa de 1789, que expresó la aspiración de la burguesía por la forma democrática de gobierno, igualdad de derechos en relación con los nobles, fin de los privilegios aristocráticos, enseñanza laica y universal, independencia nacional y expropiación de las tierras de la nobleza. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el principal texto de ese período y contiene las ideas de libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres.

Pero incluso en esa época en que fue revolucionaria y progresiva, la burguesía no tenía aliento para encaminar el conjunto de las aspiraciones sociales. Los trabajadores, aliados de la burguesía en la lucha contra la dominación aristocrática, apoyaron el programa burgués e intentaron radicalizarlo, pero terminaron vencidos por los intereses de los industriales y banqueros que querían poner freno al proceso revolucionario, impidiendo que amenazara sus propios intereses de clase.

Aun con estos límites, los movimientos burgueses revolucionarios fueron tan importantes en la historia, que es correcto caracterizar la ejecución del programa de estas revoluciones como un factor de progreso para la humanidad. Hoy, cuando ya no es capaz de construir el progreso social y expandir las fuerzas productivas, pero continúa en el poder en tanto clase dominante, la burguesía se tornó reaccionaria y destructiva. Hace mucho tiempo que renunció a sus tareas históricas.

El hecho de que las banderas de la Revolución Francesa sean actuales y todavía dignas de ser levantadas no quiere decir que debamos restringir nuestras luchas a los marcos del ideario burgués y de la “ciudadanía”.

“Ciudadanía” es un concepto equivocado en tanto eje para las luchas, porque no hace avanzar la conciencia de la clase trabajadora. Al adoptar el concepto de “ciudadano” —una caracterización que se pretende común a todos los individuos—, el PT desconoce la existencia de intereses antagónicos en la sociedad, disimula y diluye los conflictos de la lucha de clases, dando lugar a una idea de igualdad entre las personas, tanto trabajadores como empresarios. Es un discurso que viene muy bien para legitimar la explotación y la cooptación [a los aparatos burocráticos, en especial al Estado].

La concepción reformista de ciudadanía es esencialmente conciliadora, porque intenta crear un espacio de identidad y un vínculo de colaboración entre explotados y explotadores, y entre la clase trabajadora y el Estado, confundiendo y debilitando la acción independiente de los trabajadores y ofreciendo así garantías a la burguesía de que se van a respetar y legitimar los límites del orden instituido.

De ahí surge una de las concepciones políticas más importantes que animan al “modo petista de gobernar”: el Estado debe “gobernar para todos” y estar volcado hacia la totalidad. Esto no es nada más que una recreación de las viejas concepciones ideológicas corporativas, características del período varguista [3] en los años ’30 del siglo XX, que intentaban negar la existencia de la lucha de clases.

El discurso de la “totalidad” y la “ciudadanía” está encaminado hacia la cooptación y encadenamiento al Estado del movimiento sindical y popular, y de la juventud, lo que fue otra característica del corporativismo varguista. Su mayor objetivo es consolidar en el proletariado las ilusiones reformistas, neutralizando la perspectiva de clase de los trabajadores y la movilización independiente y, principalmente, tratando de prevenir  una ruptura revolucionaria.

Esto es lo que sucede cuando los socialistas revolucionarios se callan y dejan hacer, permitiendo la confusión entre el movimiento de los trabajadores y las instituciones burguesas que se reivindican de la “ciudadanía”.

Los “consejos populares” y el origen del presupuesto participativo

Dicen que el presupuesto participativo es una concesión democrática de la “Administración Popular”. Vamos a examinar esta afirmación.

A comienzos de los ’80 surgió con fuerza en la izquierda del PT que actuaba en el movimiento popular y comunitario del Gran Porto Alegre, la propuesta de consejos populares, también debatida en los primeros encuentros estaduales del PT.

Esta iniciativa consistía en organismos unitarios, democráticos e independientes del Estado, al servicio exclusivo de los intereses populares. La inspiración de la propuesta de consejos populares estaba en las diversas experiencias hechas por el movimiento de los trabajadores en diversos países y en situaciones históricas donde fueron construidas organizaciones de frente único para disputar el poder con la burguesía en la sociedad capitalista.

Tales objetivos de la vanguardia se explicaban por el ascenso de las luchas en Brasil a finales de los ’70 y comienzo de los ’80, porque la propuesta de organismos de doble poder surge en los momentos que la lucha de clases se torna más aguda. Pero, con la victoria del PT en las elecciones de 1988 en el Municipio de Porto Alegre, muchos de los líderes del movimiento popular y comunitario, identificados o no con el PT, fueron sistemáticamente cooptados en cargos de gobierno, pasando a integrar la nómina de sueldos de la Intendencia.

Esta cooptación de los dirigentes populares abrió el camino para el vaciamiento de la propuesta de consejos y la implantación del “presupuesto participativo” ideado por la “Administración Popular”. La cooptación de los líderes y la implantación del presupuesto participativo tuvo consecuencias muy graves para el movimiento popular. No es casual que cesaran o disminuyeran por un largo período las luchas comunitarias del Gran Porto Alegre, particularmente las ocupaciones de tierras para vivienda, sólo retomadas con fuerza al final de los ’90. Un ejemplo del reflujo del movimiento comunitario fue el vaciamiento de la União das Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA).

Con el desmantelamiento de las asociaciones de barrio, muchos de los antiguos dirigentes, transformados en delegados del presupuesto participativo, constituyeron una nueva burocracia, que empezó a recibir un tratamiento diferenciado, como por ejemplo la oportunidad, inimaginable para un líder de una comunidad pobre, de viajar por Europa, relatando la experiencia del presupuesto participativo.

El presupuesto participativo no es la continuidad de la lucha por los consejos populares, como algunos pregonan. Por el contrario, se lo implementó para sofocar esa propuesta de cuño revolucionario y para controlar al movimiento comunitario.

Al implementar el presupuesto participativo, la administración del PT también logró encadenar a la Intendencia el movimiento independiente de los trabajadores de los barrios y sus asociaciones.

El presupuesto participativo desvía la presión popular

Para la comunidad de un barrio, participar del foro local del presupuesto participativo representa seleccionar una reivindicación entre las de vivienda, saneamiento, escuela, salud, pavimentación y otras necesidades —todas merecedoras de prioridad— e ir a disputarla contra las reivindicaciones de otra comunidad del mismo barrio.

Así, por ejemplo, si dos escuelas de la misma región disputan el dinero para la construcción de una instalación esencial para su funcionamiento, vence y será beneficiada la que traiga más votos en la asamblea del presupuesto participativo local. Y eso, si después de esa maratón no fue descartada por algún dictamen técnico de la Intendencia. La escuela perdedora tendrá que esperar hasta el próximo año para volver a presentar su demanda. El sector de la comunidad de un barrio que logre constituir el lobby más fuerte será beneficiado con la atención de su reclamo.

Muchos factores pueden influir para que un sector de la comunidad tenga más fuerza de movilización que otro. Llevará ventaja el sector que tenga mayores recursos o que cuente con el apoyo de algún dirigente del PT que pueda, por ejemplo, disponer transporte gratuito para que la gente vaya a votar en la asamblea del presupuesto participativo. Otro factor que puede desempatar una disputa en el presupuesto participativo es el poder económico de las empresas constructoras, capaces de someter una comunidad a sus intereses.

Se trata sin duda de un proceso despolitizado, propicio para la práctica del “voto de cabresto” [4], donde vence quien traiga más gente a votar. Las autoridades pueden, entonces, argumentar que la culpa no es del gobierno, sino de quien no sabe organizarse para ganar.

Hoy el presupuesto participativo es útil para que la Intendencia de Porto Alegre y el gobierno del Estado justifiquen sus omisiones en las obras públicas y los servicios que dejan de prestar. La culpa no es de la Intendencia, sino de los que no saben organizarse para vencer. Así, la culpa por la desatención de las demandas y necesidades populares recae sobre el propio vecino que interviene en el presupuesto participativo.

Los límites del presupuesto participativo son, además, muy grandes. Sólo pone en discusión una pequeña parte del presupuesto total. En Porto Alegre, es apenas superior al 10%. Mientras tanto, la parte sustancial del presupuesto, junto con las decisiones financieras estratégicas, continúa en manos del gobierno municipal.

El proceso de intervención popular en el presupuesto participativo es muy burocrático. Cuando la población necesita agua, luz, escuelas, etc., presiona a la Intendencia. Ésta responde orientando a que la reivindicación se encamine dentro del presupuesto participativo, donde “deberá hacer el trámite respetando los plazos para las demandas”. Cuanto mayor es la legitimidad conquistada por el presupuesto participativo, mayor es la capacidad de conducir al movimiento popular y comunitario a través de ese canal.

El presupuesto participativo es un mecanismo de la Intendencia para convencer a la población de los barrios de que no tiene dinero suficiente para atender todas sus necesidades. Así refuerza su legitimidad, siempre que esta estrategia tenga éxito. Pero lo más grave de esta política son las consecuencias para el movimiento popular y comunitario, que es divido en sectores que deben enfrentarse entre sí.

La discusión del salario en el presupuesto participativo

En 1999, el gobierno del Estado propuso a los empleados que sus salarios fuesen discutidos en el presupuesto participativo. Era una trampa para la discusión con los diversos sindicatos, que estaban en una creciente movilización.

Los trabajadores de la educación rechazaron esa propuesta, por entender que el valor del salario debe ser definido a través de la negociación directa con los representantes del Estado, bajo criterios profesionales, así como los reajustes deben tener por objetivo la recuperación por pérdidas inflacionarias.

La CUT y los sindicatos afiliados a ella son presionados por el gobierno de Dutra para integrarse al presupuesto participativo. Si el movimiento sindical de trabajadores públicos aceptase discutir sus salarios en el presupuesto participativo, veríamos la absurda situación de una demanda de actualización del salario de los maestros enfrentándose, por ejemplo, con la construcción de aulas las escuelas.

La tentativa del gobierno de Olivio de implementar la participación de los sindicatos de empleados públicos en el presupuesto participativo tiene por objetivo la integración de este sector del movimiento obrero al aparato del Estado, y su consecuente sometimiento.

La naturaleza del presupuesto participativo

El presupuesto participativo es fundamentalmente un mecanismo de democratización del Estado burgués y es parte integrante de su administración. Es una forma de hacer que el Estado funcione más racionalmente desde el punto de vista capitalista, administrando con mayor eficacia su propia crisis.

Al mismo tiempo que hacemos esta caracterización de la naturaleza del presupuesto participativo, pensamos que son minúsculas las posibilidades reales de un proceso reformista exitoso de democratización del Estado burgués en esta etapa degenerativa del capitalismo y en un país atrasado. Una pregunta queda pendiente para profundizar la discusión: ¿cómo expandir significativamente los recursos que están a disposición del presupuesto participativo, de forma tal que esas concesiones merezcan el apelativo de “democratización”? Más adelante intentaremos echar alguna luz sobre esto.

En la medida que el pleno funcionamiento del presupuesto participativo puede anular la independencia y la combatividad del movimiento popular, es una forma de reforzar al Estado burgués, y lo hace a través de la cooptación y del encadenamiento del movimiento popular y de sus líderes al gobierno.

La propuesta de presupuesto participativo no presenta ninguna contradicción con el Estado burgués o con los partidos políticos de la clase dominante. Un aspecto que denuncia su carácter burgués es que no causa ningún constricción a las innumerables Intendencias del PMDB, PPB, PFL y PSDB que lo adoptaron [5].

Por estas razones el presupuesto participativo no puede ser equiparado con los consejos populares, que son formas independientes de organización de los trabajadores orientadas hacia el ejercicio de poder y antagónicas al Estado burgués. Es una propuesta surgida del reformismo petista con el objetivo de contener la salida revolucionaria y canalizar la lucha dentro del orden burgués.

Discrepamos con la política de algunos sectores de la izquierda que está proponiendo “todo el poder al presupuesto participativo”, “transformación del presupuesto participativo en consejo popular” y un “gobierno de los trabajadores apoyado en las organizaciones de los trabajadores y en el presupuesto participativo”. Discrepamos con estas propuestas porque refuerzan la ilusión de que es posible construir un poder de los trabajadores a través de un organismo que sea parte integrante del Estado burgués.

No caracterizamos al gobierno de Olivio como un gobierno de los trabajadores. El poder de los trabajadores no puede construirse a partir de elecciones ni asentarse en el presupuesto participativo, que es una organización característica del poder burgués.

La manipulación electoral

Aunque, obviamente, esto no sea reivindicado por los promotores del presupuesto participativo, uno de los factores que más contribuyen al interés de los medios institucionales sobre este instrumento son las grandes posibilidades que abre en términos electorales.

El equipo de la Intendencia de Porto Alegre y las corrientes políticas que se organizan en el PT utilizan el presupuesto participativo para seducir con promesas a agentes electorales y ganar votos en los barrios, dando origen a una nueva y creativa forma de clientelismo.

El interés que demuestran en el presupuesto participativo varios partidos burgueses en muchas intendencias del país tiene que ver también con las nuevas posibilidades que abre para la manipulación electoral. Se trata, además, de una propuesta con “prestigio social”, utilizada por intendencias de “izquierda”, lo que puede facilita su implementación con los trabajadores de los barrios.

Por otra parte, los partidos burgueses no se asustan con la pérdida de poder experimentada por las Câmaras de Vereadores [6], la forma principal de organización del poder burgués en el ámbito del municipio, porque los recursos destinados al presupuesto participativo son irrisorios en relación con el total del presupuesto.

Antes afirmamos que el presupuesto participativo es un instrumento de democratización del Estado burgués, con la precaución de dejar sentado el cuestionamiento a la posibilidad real de que ocurra un proceso de esa naturaleza en el marco general de descomposición del capitalismo. Resta ahora agregar que el interés por el presupuesto participativo demostrado por los partidos políticos institucionales tiene mucho que ver con los amplios espacios que abre para el electoralismo y la construcción de clientelismos, posibilitando nuevos puntos de apoyo para reforzar la ilusión de las masas en los procesos electorales.

Reafirmar la independencia política de los trabajadores

Evaluando la situación de desmovilización que viven las asociaciones de barrio en Porto Alegre, salta a la vista la necesidad de reconstruir la independencia del movimiento popular y comunitario frente al PT y la Intendencia. Es preciso romper con la política de colaboración de clases que procura evitar la confrontación entre los trabajadores de los barrios y la Administración Municipal, canalizando las reivindicaciones hacia el presupuesto participativo, principal punto de apoyo petista para construir la propuesta de “un gobierno para todos”. Como ya expusimos, el presupuesto participativo es una forma de contener las demandas populares, disciplinándolas dentro de un proceso burocrático y disminuyendo su potencial de movilización.

Entendemos que los trabajadores deben reivindicar sus aspiraciones a través de sus propias organizaciones populares de lucha tradicional, diferenciando profundamente estas formas de organización independientes de los mecanismos de “participación” del Estado burgués. Esto significa romper con el peleguismo y el encadenamiento al Estado que hoy existe [7].

Es preciso retomar plenamente la experiencia de organización y participación en las asociaciones de barrio y en la União das Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA). En estas organizaciones deben reunirse los vecinos [“moradores”] para discutir sus reivindicaciones y exigírselas al gobierno municipal. Y esto se hace a través de la movilización y la presión sobre la Intendencia. Esta es la única forma de ampliar la parte del presupuesto de la Intendencia Municipal destinado a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores de los barrios populares.

No queremos democratizar ni humanizar el sistema capitalista. No creemos en reformas. Coherentemente, planteamos que nuestra perspectiva continúa centrada en la propuesta de construcción de consejos populares, independientes del Estado, unitarios y originados en la experiencia de lucha del movimiento de los trabajadores.

Notas:

1.- “Petista”: perteneciente al PT, Partido dos Trabalhadores.

2.- Cargos “políticos”, “ñoquis”, etc.

3.- Se refiere a Getúlio Vargas, presidente de Brasil (1930/45 y 1951/54), creador en 1937 del “Estado Novo”, un régimen autoritario que combinaba medidas populistas con un estricto control de los sindicatos y el movimiento obrero de parte del Estado.

4.- “Cabresto”: correaje en la cabeza del caballo para dirigirlo.

5.- PMDB, PPB, PFL y PSDB: principales partidos burgueses de Brasil.

6.- Legislatura municipal

7.- “Pelegos”: denominación popular de los antiguos burócratas sindicales estrechamente subordinados al Estado. Los sindicatos que constituyeron en 1983 la CUT de Brasil —proceso paralelo a la formación del PT, iniciado en 1979/81— surgieron en lucha contra los viejos “pelegos”, pero hoy se han “peleguizado”, en el sentido que han ido perdiendo cada vez más su independencia del Estado y los patrones.

 

 Argentina

Darío Santillán –21 años- y Maximiliano Costeki –25 años-, ambos miembros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón fueron asesinados por la policia de Buenos Aires el 26 de junio del 2002 en un corte en el Puente Pueyrredón. Muchos otros trabajadores piqueteros fueron golpeados y detenidos. Un local del PCA fue invadido por la policia... Los medios burgueses comenzaron a difundir la falsedad de que las victimas habían sido fruto de enfrentamientos internos... para después tener que recular y reconocer la responsabilidad policial

Las protestas de ese día, del siguiente; una Marcha a Plaza de Mayo unitaria; el anuncio de adelanto de elecciones del Presidente Duhalde... pueden seguirse con detalle en la selección de la columna central de Indymedia Argentina, un sitio imprescindible para ir al día de la situación argentina. Así se describía y analizaba en Indymedia Argentina la primera secuencia de hechos:

 

OPERACIÓN MASACRE

Las pantallas ahora nos devuelven la imagen de Darío Santillán agonizando, y la certeza de que el comisario fue el asesino no deja lugar a las dudas de nadie.
Habiéndose derrumbado, con la presión social, con la valentía de los trabajadores de los medios y por la misma brutalidad policial, la primera mentira, el gobierno y los medios intentan una nueva estrategía.
Por un lado, reducen todo el hecho al asesinato de Darío, y dejan en un segundo plano elementos que demuestran que se trató, no de un "grupo de policías descontrolados", sino de un plan represivo sistemático, preparado y premeditado por el poder político.
Mientras ensayan estas mentiras, la realidad indica que:
-Hubo balas de plomo desde que la policía estaba en el puente. Y esas balas de plomo estaban en manos de la "tropa", a la vista incluso de los camarógrafos.
-Que actuaron policías de civil y provocadores infiltrados, que aparecieron con itakas en el momento mas duro de la represión.
-Que hubo torturas a los detenidos, psicológicas y físicas, adentro y fuera de la comisaría 1era de Avellaneda.
-Que hubo allanamientos ilegales, donde se utilizaron también balas de plomo. Que esos allamientos estuvieron a cargo de hombres cercanos al comisario asesino, y de policías que habían intervenido en la balacera contra manifestantes detenidos.
-Que la represión y el asesinato fueron preparados política y policialmente de dos maneras desde que asumió Duhalde, como parte de la estrategia del gobierno de destruir a las organizaciones legítimas de los desocupados.
Fue preparada políticamente con la campaña de criminalización, que se llevo a cabo desde los medios de comunicación ,con las insistentes declaraciones amenazantes de los políticos, prometiendo "mano dura" e intentando generar un clima de miedo.
Y fue preparada también por una escalada represiva, que comienza el 2 de Enero y que consiste en más de 50 casos de represión parapolicial, desde amenazas, secuestros, heridas de bala como la de Juan Aredondo en Lanus, hasta asesinatos como el de Javier Barrionuevo en un corte de ruta en Estaban Echevarría.
Todos estos hechos, documentados y probados en este sitio, demuestran que la represión es una política sistemática del gobierno de Duhalde, y que la política de cambios en la cúpula de la policía bonaerense es un intento para concentrar la atención en el brazo ejecutor y no en los responsables políticos de este plan que nos arrancó la vida de Darío y Maxi.
Junto con ello, algunos medios se empecinan en reeditar la teoría de los dos demonios, señalando que se trata de "policías desbocados" versus "piqueteros violentos". Contra esta nueva calumnia, la respuesta la dan los mismos desocupados:

"Como contraparte de tanta mentira, cualquier cronista o ciudadano que se acerque a nuestros barrios se encontrará con una intensa labor comunitaria: guarderías, comedores, centros de panificación, talleres de trabajo y capacitación de oficios... En una sociedad alienada e indiferente, Darío se engrandece por su heroísmo, sencillo y extraordinario a la vez : el compromiso con el trabajo y el estudio cotidianos, la capacidad de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte, la indignación y la combatividad ante la represión, y la inmensurable solidaridad, la más pura, esa que es entrega, hasta de la propia vida, por los demás; ahí lo vimos, después de enfrentarse con la policía al inicio de la represión, socorriendo a compañeros baleados en la primera línea de fuego, alertando a sus compañeros del barrio para que se retiraran, y negándose a abandonar el cuerpo de otro piquetero caído, sabiendo que estaban matando. Negándose a aceptar la muerte como respuesta, la de Maxi que no conocía, defendiendo la vida, con la esperanza de salvarlo, ofreciendo la suya a cambio... "(MTD Lanús)

 

Luis Zamora:

"Fue una cacería fríamente planificada por el Gobierno"

 

Página/12, Buenos Aires, 28-6-02

El diputado de Autodeterminación y Libertad caminó ayer entre la gente que se reunió para repudiar los asesinatos. Dijo que "éste es un gobierno de mafiosos" y lo responsabilizó por la brutal represión. Luis Zamora camina bajo una bandera de su partido Autodeterminación y Libertad. El modesto estandarte se pierde entre los carteles de las distintas asambleas barriales que avanzan detrás de los piqueteros. Los mismos que a su alrededor gritan que se vayan todos, alientan al diputado. "Grande Luis", le dice un señor de gorra marrón. "No aflojes", una rubia de anteojos. Mientras marcha por Avenida de Mayo en repudio a la represión del miércoles, reconstruye con voz ronca los pasos que dio anteayer desde que se enteró por los ciudadanos que lo llamaban a su despacho de los incidentes del puente Pueyrredón. Fue a la comisaría primera de Avellaneda, al hospital Fiorito y al local "allanado" del PC. Además, mantuvo un sugestivo diálogo con un policía que le aseguró que los piqueteros "se mataron entre ellos".

 -¿Cómo se enteró de los incidentes?

-Me llamó gente por teléfono, gente que no conocía y que estaba viendo por televisión la represión. Hablamos con Alberto Roselli y nos fuimos para allá. Habremos llegado a la una y media.

-¿Con qué se encontraron?

-Lo primero que hicimos fue irnos a la comisaría primera. El puente ya estaba controlado por la Prefectura. Nos dijeron que había unos 180 detenidos. Después nos dijeron que había incidentes en el hospital Fiorito y nos fuimos para allá. Ahí ya tuvimos un primer panorama, porque caminando por Mitre se veían razzias, camionetas de la bonaerense, sirenas, policías disparando a gente que estaba a 100, 150 metros, huyendo, obviamente les tiraban por la espalda y sin que ofrecieran resistencia. Se metían por calles paralelas, era una cacería. Cuando llegamos al Fiorito vimos secuestros del estilo de grupos de tarea de la ESMA. El control del hospital lo tenía la policía. Había un montón de familiares preguntando por los muertos y los heridos y la policía de civil empezó a agarrar a los jóvenes, los metían dentro de una camioneta sin identificación. Hablé con la directora del hospital que me dijo que estaba la guardia desbordada. Le reclamamos que se fuera la policía,! que no podía permitir que entrara al hospital si no es con una orden y no para pegarle a gente que acababa de ser reprimida. Accedió y le ordenó que se fueran.

-¿Ahí habló con un oficial?

-Hablé con un oficial de la departamental. Fui a decirle que tenían que sacar a la policía del hospital porque iban a crear más tensión y me dice: "mire lo que me pasó", tenía un tajito acá (se señala arriba de la ceja). Oficial, le digo, "hay muertos y hay heridos". Y él me contestó: "diputado, tenemos experiencia, se mataron entre ellos, usted sabe que se matan entre ellos".

-Después fueron al local del Partido Comunista.

-Ahí nos avisan que están allanando el local del PC, que quedaba a cuatro cuadras. En el camino vimos que seguían las razzias, las camionetas que circulaban con sirenas de un lado para el otro. Cuando llegamos al local, ya habían tirado gases y los que estaban adentro habían saltado por los muros a las casas linderas. Nos dicen que en la casa de al lado estaba la policía e intentamos entrar. El policía nos abre pero cuando vio quienes éramos nos cerró de un portazo. Empezamos a gritar, entramos medio de prepo y vemos a tres muchachos que están sacando a otro con una herida muy grande, con masa encefálica que se le desprendía. Un policía intentó pararnos y lo sacamos a los empujones. Cuando llegué al patio trasero de la casa, encontré a diez muchachos con las manos en la nuca y boca abajo. Estaban aterrorizados creyendo que estaban rodeados de policía. Nos contaron que los oficiales los habían obligado a poner cuerpo a tierra y que un policía le apuntó a uno y le tiró en la cabeza, a treinta centímetros. A otros -creían que eran tres- los baleó. Estaban llenos de balas de goma en la pierna.

-¿Pudo identificar a alguno de los policías?

-A ése lo identifiqué porque me quedó grabada la cara y justo estaba en la comisaría cuando entró el tipo. Individualicé a dos de los que intervinieron en el allanamiento, que en realidad fue una tentativa de homicidio y lesiones. Se llaman Gaise y Pagi.

-¿Los presos denunciaron malos tratos?

-En el patio de la comisaría conversamos con muchos detenidos. Adentro, el primer momento fue brutal con las mujeres, había una embarazada, discapacitados, a quienes trataron como basura. Pero a partir de que llegamos -había un grupo de legisladores- no les pegaron, sí sufrieron hacinamiento, porque los tuvieron en un lugar muy chico apretujados durante horas sin poder ir al baño. Conversé con ellos y me contaron cómo comenzó la represión. Les pregunté sobre los comercios y los autos y en ese momento empezaron a intercambiar opiniones entre ellos y la conclusión que fueron sacando es que había un grupo que ellos no conocían. Serían entre ocho y doce personas. Dijeron que los habían querido parar. Un muchacho les dijo "paren que nos matan viejo" pero no les dieron bola. Fue muy espontánea esa conclusión y a mí me confirmó que les metieron un grupo provocador pequeño a romper, nada más para poder mostrar daños a la población que justificaran el accionar de la policía.

-El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo que usted era un "oportunista" y que le recordaba que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". ¿Qué interpreta que quiso decir con esto último?

-Lo tomo como una amenaza. Este es un gobierno de mafiosos. Duhalde es un mafioso, no lo subestimo. Atanasof es más mafioso todavía. Y están en una interna mafiosa con el menemismo y en el medio está la población. Responsabilizo al Gobierno por lo que pudiera pasarme a mí, a mi familia y a nuestro movimiento. Porque sé de lo que son capaces. Que un mafioso me hable de la ley quiere decir que va a actuar en forma contraria.

-¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué respuesta tendrían que dar los movimientos sociales, las asambleas, los piqueteros y los partidos?

-Atanasof salió a contestar porque toda la tarde de ayer (por el miércoles) recordé sus declaraciones de los días previos, en las que había dicho que iba a hacer todo lo necesario para impedir que se cortara el puente. Un policía entiende perfectamente cuando le dicen que haga todo lo necesario, sabe que tiene mano libre, que puede hasta matar. El Gobierno lo planificó. Era público que había una presión de un sector importante del Gobierno por endurecer, porque así no se llegaba a diciembre. Así que creo que fue fríamente planificado para cambiar la política que venían teniendo hasta ahora.

-Y a partir de este endurecimiento ¿Cuál debe ser la respuesta?

-Por ejemplo ésta (y mira la marcha a su alrededor). La represión no causa temor, le pasó a De la Rúa, que se le volvió en contra. A Duhalde le puede pasar lo mismo, depende de la población. Lamentablemente algunas organizaciones políticas y sindicales están jugando con el argumento de que combatir a Duhalde favorece a Menem y hoy apelaron a que la población no se movilizara.

-Y si se va Duhalde, ¿qué pasa en el futuro?

-Es una respuesta que tiene que dar la población. De arriba no viene, de eso estoy convencido y las respuestas desde abajo son mucho más difíciles. No tenemos esa experiencia

Todos son piqueteros. Su método de lucha consiste básicamente en cortar rutas y su base social son los desocupados. Pero no todos pertenecen a una misma organización: dentro del movimiento piquetero -que hasta diciembre pasado lograba coordinar sus acciones- existen diversas agrupaciones, cada una con matices y orígenes políticos diferentes.

 

Lo que también tienen en común es que desde hace tiempo piensan salidas a la crisis en términos políticos, pero tampoco puede hablarse de un único "proyecto político piquetero", sino de tantos como organizaciones hay.

Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y Corriente Clasista y Combativa (CCC):

 

La FTV, alineada con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), es la organización que lidera Luis D'Elía y la CCC la que encabeza Juan Carlos Alderete (ligado al Partido Comunista Revolucionario, maoista). Si bien se trata de dos agrupaciones diferentes, hace tiempo que vienen trabajando en bloque y entre sus integrantes predomina la idea de que la única salida a la crisis es llegar al Gobierno en el marco de una coalición mayor. En ese contexto, apuestan a impulsar un frente "social y político" a partir de la CTA, la CCC y el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), en el que confluyan los universitarios de la FUA, la Federación Agraria, los organismos de derechos humanos, las Pymes, algunos sectores confesionales y algunos partidos de centroizquierda. En ese punto le tienen más simpatía a Luis Zamora que a Elisa Carrió.

Coordinadora de Trabajadores Desocupados-Aníbal Verón:

 

Tienen su base en distritos del sur del conurbano bonaerense, como Quilmes, Almirante Brown y Lanús. Sus integrantes son en su mayoría jóvenes y los pasamontañas o pañuelos palestinos que usan en los cortes son su sello. La coordinadora agrupa a once movimientos de desocupados que mantienen sus diferencias, pero tienen como común denominador el respeto a esa diversidad. Dicen estar trabajando para "cambiar el sistema" desde la "base", recuperando "lo humano y las relaciones solidarias y colectivas entre compañeros". Todas las decisiones las adoptan en asambleas y no aceptan ninguna que no sea tomada por el conjunto de los piqueteros. Su vista no está puesta en las elecciones, sino en generar espacios de autonomía.

Bloque Nacional Piquetero:

 

Está integrado por las distintas expresiones piqueteras de los partidos de izquierda, como el predominante Polo Obrero (del Partido Obrero), el Movimiento Territorial de Liberación (del Partido Comunista), el Movimiento Teresa Rodríguez, la Federación de Trabajadores Combativos (Movimiento al Socialismo, Frente Obrero Socialista y otros) y la Coordinadora de Unidad Barrial (vinculada al PRL). Su acento está puesto en ganar la calle y su objetivo es generar otra movilización como la del 19 y 20 de diciembre.

Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados:

 

Son los piqueteros de Raúl Castells. Su sustento es el trabajo que desde hace años desarrolla ese dirigente en los barrios más pobres del conurbano.

 

Movimiento Barrios de Pie:

 

Es la línea piquetera vinculada a la Juventud de la CTA. Allí conviven con D'Elía pero están enfrentados.

 

Directorio de Andalucía en Internet

 

 Música: La Violetera, Padilla

 

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