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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 106 - Escandalo FARA - SOC Almería - Unión Euro pea
Fecha:Jueves, 13 de Diciembre, 2001  05:11:14 (+0100)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>


nº 106
 
En este correo:
 
* El Escandalo FARA - Enlaces
   Opinión: Gitanos andaluces; andaluces gitanos.
* Trabajadores del campo de Almería en lucha por su dignidad.
* Granada: Críticas a edil de IU por privatizar la labor de portero de trece colegios - Enlaces
   Opinión: La lucha por el empleo o la misera gestión de la miseria.
* VVAA, La Unión Europea: ¿Hacia el Estado de Excepción?.
Sugerencias, Directorio, Música.
 
--oOo-- 
 
 
 Andalucía
El Escándalo FARA
Andalucía Libre
 
 
 
Vicente Rodríguez, Presidente de FARA, actualmente detenido, 
con la consejera de Educación, la exmaoista Candida Martínez.
 
A principios de Noviembre la policía detenía a Vicente Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), a José Maldonado -su portavoz- y a varios miembros más de la directiva de esta organización gitana. También se ha imputado a varios familiares de Rodríguez. Se les acusa de haber desviado y haberse apropiado de millones de pesetas provenientes de subvenciones publicas de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo, utilizados para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Se han difundido al respecto noticias referentes a compras de fincas de olivos, chales, de coches de lujo (Porshe, Mercedes, BMW,...); contrataciones ficticias y justificaciones de gastos falsas o sperpénticas (facturas de hoteles de cinco estrellas, etc); exigencia de entrega de entre el 5 y el 25% de sus nominas a trabajadores contratados, ... Al parecer, la investigación policial se inicio como un asunto de trafico de drogas. El Clan de Los Charros, que lidera Rodríguez, se había hecho dominante en la zona malagueña de La Palmilla y había atraído la atención policial. Lo singular del caso es que este clan había tomado el control de la FARA desde 1998. Así, lo que hubiera podido ser un caso más de narcotráfico se convertía de hecho en un escándalo político de primera magnitud que ilustra bien sobre muchos elementos de la realidad política y social andaluza y que implica al Gobierno andaluz. (Para una relación detallada de los acontecimientos, véase Dossier Prensa Caso FARA en Archivo de Documentos-Carpeta Andalucía con las noticias publicadas en la Prensa diaria desde Noviembre hasta el 12/12/2001). 
 
La FARA nació en 1988 al amparo de la Junta de Andalucía. La Junta necesitaba disponer de un intermediario estructurado y de un interlocutor privilegiado en su intervención sobre la población gitana andaluza. Entre 1989 y 1991 fue dirigida por uno de los hoy imputados, José Maldonado. En 1998, la directiva entonces gobernante fue destituida -en lo que muchas fuentes coinciden ahora en calificar como un autentico golpe de estado interno- "por no atenerse a la ley gitana", siendo sustituida por el grupo encabezado por Rodríguez. En 1999 hubo una investigación administrativa conjunta del Ministerio de Trabajo y de la Consejería sobre la gestión de las subvenciones que no concluyó en nada. Entretanto, la FARA -que coordina 44 asociaciones gitanas andaluzas-mantenía relaciones de estrecha colaboración con las Consejerías de Educación, Empleo y Servicios Sociales del Gobierno andaluz; con el Ministerio español de Trabajo; con Ayuntamientos, Diputaciones y mancomunidades; con sindicatos como CCOO..., recibiendo subvenciones de todas estas administraciones que ascendían a cientos de millones de pesetas.
 
Contradicciones del Gobierno andaluz.
 
A esta fecha todavía no está claro si el Gobierno andaluz transmitió sus sospechas de corrupción en la FARA a la policía o simplemente, como parece más plausible, colaboró con ella una vez iniciada la investigación policial. El Consejero Pérez Saldaña ha dado al respecto versiones contradictorias. Pérez Saldaña lo que sí ha dejado traslucir es su malestar porque la atención pública se centrara en su consejería de Asuntos sociales cuando la FARA mantenía iguales o más tratos con la de Empleo, dirigida por Viera y también podía haber manifestado lo mismo en relación con Educación, gestionada por Martínez. Otros consejeros como Zarrias y Hermosín han intentado focalizar el asunto en consejerías concretas, buscando con ello restar carga política a lo que es evidentemente un asunto que afecta al Gobierno andaluz en su conjunto.
 
Tanto los consejeros Saldaña como Viera han reconocido que sabían que desde 1998 la FARA estaba en manos de un clan mafioso. Saldaña, antes de retractarse al día siguiente, incluso reconoció haber sido amenazado; admitió que su casa había sido asaltada y que funcionarios a su servicio en malas relaciones con la FARA tenían que tomarse vacaciones en Túnez para protegerse. En un episodio chusco, los dos consejeros afirmaron a la Policía, en conversaciones informales en sus despachos, que sabían que la directiva de la FARA estaba en manos de narcotraficantes; aunque luego han reconvertido las amenazas en presiones y han recogido velas. El Consejero Viera ha dicho después del episodio que no volverá a hablar con la policía en privado en su vida. Filtraciones del sumario, por otro lado, traslucen que el Consejero Saldaña intentaba contentar en lo posible las exigencias de la FARA sobre destituciones de funcionarios hostiles y contratación de funcionarios gitanos afines a FARA, lo que el Consejero explica como maniobras de despiste para que se confiaran mientras avanzaba la investigación policial.
 
Responsabilidades políticas directas.
 
De lo que se sabe hasta ahora parece desprenderse que el Gobierno andaluz supo desde un principio que la FARA había sido tomada al asalto por un clan, pero que lo admitieron como cosa de gitanos. La lucha feroz por el control del maná de millones que usaba como pivote a la FARA debió de parecerles cosa natural así como las practicas clientelistas que ello conllevaba. Lo que no debieron intuir hasta que el clan Charro estaba ya consolidado es que había un salto cualitativo en esas practicas. Y como un remedo de Gobierno -porque ningún gobierno serio de verdad actúa así- ante las primeras amenazas, lo dejaron correr. Sabían que la FARA estaba en manos mafiosas pero no hicieron nada sustantivo al respecto por puro miedo; se limitaron a dejar que la rutina administrativa siguiera su curso y a intentar convivir con los mafiosos y cuando vieron que la policía española iniciaba actuaciones su mayor preocupación fue que estas avanzaran pero de manera que la FARA no pudiera pensar que ellos tenían responsabilidad ni protagonismo en la investigación para que no tomara represalias.  En todo ello hay una clara responsabilidad política como mínimo por omisión. Afecta a varias consejerías y atraviesa transversalmente la gestión de la Junta, la responsabilidad política afecta pues al Gobierno andaluz en su conjunto, empezando por el Presidente Chaves que nombró a estos consejeros y toleró que ocurrieran estos hechos.
 
El trasfondo.
 
La llamada política de acción social se asienta en la hipocresía y el cinismo. Es sabido que, en general, el efecto social más sensible de las políticas de servicios sociales -mujer, minorías, etc- es facilitar el empleo de quienes la ejecutan, en multitud de casos afines al Gobierno, mientras generan estructuras clientelistas o de control sobre los sectores en que se interviene. Mientras con una mano se fomenta y defiende con toda ortodoxia neoliberal la precariedad, con la otra se pretende atenuar sus efectos con recursos ridículos y esquemas restrictivos que, de tan excesivos, exigen la falsedad y que más que incluir -en la jerga al uso- excluyen. Todo ello en un contexto de privatización generalizada -en forma de concesiones, conciertos, programas conjuntos, etc- de buena parte de lo que debería ser llevado a cabo directamente por la Administración con personal regularizado y estable y normas equitativas y no arbitrarias.
 
La FARA se ha beneficiado de esa política; de hecho nace para llevarla a cabo. Si en algún sector este régimen de protectorado supura y encuentra un discurso justificativo es en el de la intervención sobre la población gitana. La función política esencial de organizaciones como FARA no es reivindicativa sino la de ejercer como brazo delegado de la administración de la que depende y a la que sirve. El discurso étnico sólo sirve entonces como justificación para la defensa de los espacios de gestión de recursos y de ampliación de las esferas de poder. A cambio de un modelo que ofrece ascenso social y estabilidad para algunos -incluso en su versión honesta y no mafiosa- se ofrece como contraprestación imagen, control o incluso votos.
 
Preguntas
 
Ante lo ya sabido, cabe preguntarse sobre los porqués de los silencios de las otras administraciones implicadas en tratos con la FARA, incluidos sindicatos como CCOO. Como argumento exculpatorio se está usando que la relación con la Junta avalaba a la FARA pero ¿nadie sabía nada?. ¿Tampoco en la propia Málaga?. Cuesta creerlo.
 
¿Por qué la dirección gitana desplazada de la FARA admitió su derrocamiento en silencio?. ¿Porque luego no denuncio lo que estaba ocurriendo?. ¿Porque tampoco lo hicieron otras asociaciones gitanas?. ¿No lo sabían?. Entonces, ¿ese es el grado de conocimiento que tienen del sector que pretenden representar?. Y si lo sabían, ¿porque callaron?. ¿Por el mismo miedo que trasluce Saldaña?. ¿Ese es su grado de compromiso?. ¿Quizá porque no les parecía criticable?. ¿Porque era algo interno? y aún así ¿porqué tampoco hicieron nada?. ¿Porque, finalmente, no se ha podido leer una vez estallado el escándalo ninguna reflexión al respecto desde las otras asociaciones gitanas?.
 
Reflexiones
 
Rodríguez y su clan quizá fueran un caso extremo de degeneración. Pero el discurso ideológico con el que justificaban su actuación -ver declaraciones en el Dossier- no es patrimonio exclusivo de los sectores mafiosos. Al contrario, es compartido por otras asociaciones gitanas honestas. Desde el estallido del escándalo lo políticamente correcto ha sido disociar a los presuntos defraudadores tanto de los gitanos como sector en general como de las asociaciones gitanas en particular. Sobre lo primero no hay dudas; sobre lo segundo, en cuanto a la presunción de honestidad contable y administrativa, tampoco. Lo contrario sería ciertamente un claro prejuicio racista. Pero esto no implica sepultar las necesarias reflexiones que han de provocar los hechos.
 
La directiva de la FARA tomó el poder con la excusa de defender el ejercicio de la ley gitana, sea esto lo que fuere. Y justificó su continuidad porque, en aras de las pretendidas singularidades gitanas, era necesario un instrumento de intermediación que tratara separadamente a los gitanos. La FARA defendía que se crearan mediadores para la relación entre los gitanos y la sanidad; monitores específicos para similar misión entre las familias y las escuelas. Portavoces de la FARA afirmaron en su día que "no les gusta  hablar de integración, sino de entendimiento entre una cultura mayoritaria y otra minoritaria. No se puede pretender que el pueblo gitano pierda sus señas de identidad ni sus valores para integrarse en otra cultura". Lo cierto es que la sucesión de conceptos (y también intereses, en algún caso) que encierran pronunciamientos de este tipo, sostuvieron y legitimaron de hecho a Los Charros para sus practicas.
 
Está claro que el caso FARA hay que verlo esencialmente como un escándalo ligado a la gestión del Gobierno PSOE que, por acción u omisión, colabora o permite el comportamiento delictivo de unos individuos y el uso y apropiación indebida de fondos publicos. Pero también hay que ser consciente de que tras esto emerge otra cuestión de fondo, mucho más importante: el futuro de la población andaluza gitana en si misma y en relación con el conjunto de la nación y las estrategias para conseguir la igualdad.
Para más información, ver  Los gitanos andaluces, de Juan F. Gamella en Archivo de Documentos-Carpeta Andalucía
Ver también: La cuestión Gitana. Textos y opiniones gitanas, en Archivo de Documentos-Carpeta Andalucía.
Opinión
 
   Gitanos andaluces; andaluces gitanos.
Se dice que los gitanos llegaron a Andalucía en el siglo XV. Unos afirman que llegaron desde el Norte. Otros que desde el sur; otros más, no lo tienen claro. Parece aceptado que su origen ultimo está en la India y que desde allí se desplazaron a lo largo de los siglos hasta llegar a Andalucía.
 
Situada en los márgenes de la estructura política y económica dominante de la sociedad feudal, la gitaneidad se convirtió en receptáculo de marginados y perseguidos. No es algo absurdo pensar que moriscos y conversos encontraran cobijo entre los gitanos. Ser gitano devino básicamente consecuencia de admitirse gitano, en una relación porosa de ida y vuelta con su entorno payo. Del tronco original gitano nació una comunidad gitana andaluza con sus oficios y costumbres. La persecución que sufrieron desde el Estado español fue brutal en muchas ocasiones. Cambiaron y evolucionaron social y económicamente al compás del transito de la Andalucía del Antiguo Régimen a la Andalucía contemporanea. En esa secuencia de profunda interacción con el resto del pueblo andaluz, afirmaron una personalidad singular que mientras los vinculaba culturalmente al resto de la nación los diferenciaba a la vez de otras comunidades romanies. El romanó desapareció sustituido por el caló; el flamenco tomó carta de naturaleza en las casas que se reconocían gitanas y a la vez era sentido como propio en los hogares vecinos payos, hasta tornarse expresión y patrimonio nacional andaluz.
 
La autoidentificación de una comunidad discriminada produjo una codificación informal dinámica, la llamada ley gitana. La necesidad de autodefensa motivó una cohesión construida sobre pautas patriarcales que si de un lado servían como protección frente al exterior, de otro conllevaban un determinado orden jerárquico interno y unas pautas de actuación acordes con el papel social adjudicado a los gitanos en la sociedad andaluza del momento. 
 
Al día de hoy se dice que hay sobre unos 300.000 andaluces que se reconocen gitanos y que por tanto se cuentan como tales; más del 60% de los que así lo hacen en el conjunto del Estado español. Hay localidades y comarcas andaluzas donde los gitanos llegan en ocasiones al 15% de la población. Muchos de los gitanos residentes en otras naciones del Estado son también de origen andaluz. Además, es prácticamente imposible determinar cuantos andaluces tienen en alguna medida antecedentes gitanos en su linaje; circunstancia esta que deriva precisamente de su condición perseguida, de la porosidad de trato en la Andalucía rural durante generaciones y de la histórica reversibilidad de la condición gitana o paya.
 
Desde este substrato lleno de ocultaciones, vínculos y sufrimientos, surgen una Andalucía y una comunidad gitana andaluza diferentes. Paradójicamente, los cambios sociales subrayan ahora los perfiles y los limites entre unos y otros andaluces, a la vez que evidencian la heterogeneidad interna entre los que se reconocen y sienten gitanos. Se llega al día de hoy con un importante nivel de pobreza, analfabetismo, desempleo... pero también con un sector de profesionales y pequeña burguesía gitana. Lo que en tiempos anteriores sirvió como elemento de regulación y cohesión se convierte en factor de crisis, sujeto a reevaluación y reinterpretación recurrente. Surgen múltiples lecturas de lo que significa ser gitano andaluz en el siglo XXI.
 
Una nación tan maltratada y oprimida como Andalucía no es un escenario propicio para situaciones paradisiacas. Si Andalucía se ha construido desde el mestizaje, también lo ha sido desde el sufrimiento, el yugo y la opresión. Son las dos caras inseparables de nuestra historia nacional. Es lógico pues que nuestra realidad no se corresponda al idílico retrato bajo encargo de un presunto país tolerante. Si todavía se celebran oficialmente las Tomas de las ciudades andaluzas por las tropas castellanas y con ello se hace indirectamente apología de la Inquisición, ¿como extrañarse del poso racista que atraviesa la sociedad andaluza?. La negación de Andalucía sobre si misma -necesaria para su alienación y sometimiento nacional- no es necesariamente contradictoria con su propia realidad construida desde la clandestinidad en la continuidad. Hay racismo en Andalucía contra los gitanos andaluces, dejémoslo dicho. Los estereotipos siguen funcionando y sigue dándose el caso de personas que no manifiestan su condición gitana para evitarse discriminaciones o asegurarse el ser valoradas por si mismas y no por el topico.
 
Pero junto a este fenómeno también hay respuestas desde la parte gitana andaluza que por la vía de la elusión, dificultan el afrontar de raíz el problema de la situación gitana. Lo que en su día fue precaución se torna victimismo; lo que en su momento fueron respuestas funcionales se reconvierten en doctrinas conservadoras o temerosas, para justificar la huida ante los dilemas del momento. 
 
Existen tantas posibles interpretaciones de lo que es hoy la ley gitana, la cultura gitana, como posibles interlocutores gitanos. Hay quienes han tomado una senda conservadora identitaria de base religiosa evangélica. No son muchos, por otra parte, los que defiendan una lectura estanca explicita, entre otras razones porque resulta evidente que los cambios sociales no la permiten y que ni siquiera los que tienen tendencia a ello, mantienen en general un comportamiento practico coherente a ese discurso. Pero si abundan entre quienes tienen estudios y situación para ello, los que asumen una posición, llamémosle reformista, que defiende el mantenimiento de no se sabe bien qué señas de identidad aún cuando admiten la necesidad indefinida de un cambio y adaptación paulatinos al contexto contemporaneo. Son esos que hablan de entendimiento; rechazan el objetivo de la integración entendida como negación y no como emancipación; andan intentando reimponer una lengua -el romanó- que es ajena a los gitanos andaluces desde hace más de trescientos años o prefieren subrayar a la primera ocasión sus coincidencias con romis de otros países y culturas frente a sus afinidades con sus compatriotas andaluces. De entre estos, una parte usa este discurso como justificación para su colaboración con la Administración en sus practicas de protectorado sobre la comunidad gitana, de la que algunos extraen sus correspondientes beneficios. Otra parte, lo desarrolla en otra perspectiva más independiente y reivindicativa. Ambos se mueven entre matices o contradicciones. Muchos quizá confían en la posibilidad de convivir con las incoherencias, esperando que la mera evolución presuntamente natural de las cosas les vaya resolviendo los dilemas.
 
El reciente caso FARA evidencia la necesidad de que la población gitana andaluza -o al menos su sector activista- debata seriamente sobre si misma y no evite afrontar sus problemas pendientes recurriendo recurrentemente sólo al contexto hostil exterior como único o principal argumento explicativo.
 
Los activistas gitanos han denunciado con razón los progroms antigitanos que se han producido en Andalucía (recordemos Mancha Real) que evidencian una reacción desigual, racista y genérica de payos frente a gitanos, que ante hechos delictivos individuales degenera en practicas de linchamiento y persecución colectivas. Pero también, a su vez, habrían de reflexionar sinceramente sobre las consecuencias de las solidaridades familiares que habitualmente enaltecen como señas de identidad gitanas cuando arropan comportamientos no ya delictivos sino simplemente incivicos. Los activistas gitanos tienen toda la razón cuando denuncian exclusiones en los colegios, actitudes racistas entre el profesorado o cuando exigen que la historia gitana se enseñe en las escuelas andaluzas a todos los niños y niñas, sean o no gitanos, haya o no gitanos entre el alumnado, porque forma parte destacada de nuestra historia nacional. Pero también deberían rechazar esas muestras de paternalismo que aducen que los gitanos requieren mediaciones especiales o que los alumnos gitanos demandan sólo por ser gitanos de tratamientos protectores particulares, al margen de cuales sean sus concretas condiciones académicas y sociales de partida. Los activistas gitanos tienen razón cuando critican las concentraciones de población subempleada en las llamadas viviendas sociales y exigen que no se creen guetos, pero a su vez esto ha de inducirles a entender los argumentos de los vecindarios que también se oponen a la constitución de esos guetos y no recurrir a descalificarlos gratuitamente como presuntos racistas, actuando así de legitimadores de los intereses de los gobiernos y administraciones que construyen esos mismos guetos; más aún si los que hacen este tipo de denuncias residen en otro tipo de barrios. No hace mucho pudimos ver en Pinos Puente a vecinos manifestándose en la calle ante el simple rumor de que se estaba proyectando un barrio de este tipo en su pueblo y de no haber sido evidente que la protesta aglutinaba juntos a payos y gitanos es muy posible que hubiera sido tachada de racista. Los activistas gitanos, en fin, con todas las consideraciones históricas que contextualizan lo que fue, han de admitir sin medias tintas que la emancipación de la mujer gitana implica superar lo que habitualmente se conoce y entiende como tradición gitana, asumir el objetivo estratégico de su desaparición y reconocer su carácter patriarcal y opresivo para las mujeres; sin que ello suponga caer en embellecimientos de los comportamientos de genero del resto de la sociedad y aunque en la intervención practica este posicionamiento haya de combinarse con todos los recursos pertinentes que permitan ir incorporando a más mujeres gitanas, lo que implica partir de su situación, posibilidades y nivel de conciencia concretos.
 
Nada es fácil. Todo es complejo. Los tiempos no son precisamente propicios: ni en lo político, ni en lo ideológico, ni en lo económico o social. Pero la reflexión es necesaria y la reorientación tambien. Ni los gitanos andaluces en particular ni el pueblo andaluz en general pueden permitirse el lujo de reediciones del caso FARA. ¿Qué quedará de lo que se conoce o denomina como identidad gitana cuando se conquiste la igualdad real?. ¿Cual será la conformación definitiva de esa identidad gitana-andaluza?. No lo sabemos. Lo que si tenemos claro es que la emancipación gitana-andaluza y la emancipación nacional son dos caras de un mismo proceso y que no puede existir una Andalucía consecuentemente libre sin una población gitana-andaluza libre a su vez tanto del racismo payo como de mucho de lo que hasta ahora se ha entendido como tradición gitana. Quienes tantas veces capearon en el pasado situaciones difíciles son los llamados a protagonizar la construcción de ese futuro.
 
 
 Andalucía
Trabajadores del Campo de Almería en lucha por su dignidad
De la Prensa/Andalucía Libre.
 
Manifestación en Almería
 
Convocados por el Sindicato de Obreros del Campo, más de 2.500 trabajadores del campo –según estimaciones de la Policía Local y de la prensa- se manifestaron en Almería el pasado domingo 9 de Diciembre.  

Llegados en autobuses -costeados por  los propios trabajadores- de diversas zonas del Poniente y la Comarca de Níjar, la manifestación recorrió el centro de Almería durante dos horas y media. La protesta expresaba su rechazo al convenio del campo que acaban de suscribir UGT-CCOO y que no ha firmado el SOC y demandaban 'dignidad' en el trabajo. El SOC exigía 6.000 pesetas diarias (36,06€) y 35 horas semanales. El Convenio Provincial, que sigue siendo el más bajo de Andalucía, ha pasado de 4.944 pesetas (29,71€) por ocho horas de trabajo diario, a 5.600 (33,65€) por ocho horas con veinte minutos de descanso.

José García, portavoz del SOC, pidió a UGT y CCOO "que no firmen más convenios de miseria, que hagan frente a la patronal y que apuesten por la unidad de acción sindical".  Aún así, manifestó que “no queremos que se quede como siempre en papel mojado”. En este sentido, García adelantó que “vamos a ir empresa por empresa para ver si se cumple la legislación. En caso de que no sea así, se lo haremos saber al empresario y si éste no cambia de actitud, convocaremos huelgas”. El SOC recordó que la practica habitual en la mayoría de las ocasiones se limita a recoger a los temporeros por los caminos y, en el caso de que exista contrato, éstos son de los denominados "basura". El SOC aseguró que no toleraran que se mantenga el trabajo sin contrato.

García afirmó que "más del 70% de los trabajadores del campo viven en situación infrahumana", por lo que "las administraciones, los empresarios, los sindicatos y las organizaciones de inmigrantes, de una vez por todas, tienen que constituir un foro donde se busquen soluciones reales a este problema". Los manifestantes incidían en ello gritando 'Basta ya de cortijos'. García recordó que los acuerdos de febrero no se cumplen y adelantó que “Si no se cumple el compromiso de empresarios y administraciones de realizar un informe sobre las necesidades y empezar a buscar soluciones, habrá que empezar a movilizarse frente a las puertas de los ayuntamientos o de las empresas”. Por esto entre las exigencias de la manifestación figuraba en forma destacada el acceso a viviendas en régimen de alquiler, con un precio que no exceda el 10% de los ingresos de los trabajadores de forma que se acabe con el fenómeno del chabolismo y del hacinamiento en el que se ven obligados a vivir todavía miles de personas.

Sobre la regularización legal de los trabajadores inmigrantes, García indicó que el SOC reivindicaba que “el Gobierno dé papeles a los inmigrantes que ya se encuentran en la provincia, que tienen la oferta de trabajo y que presentaron las correspondientes pruebas de estancia". "No tiene sentido denegarles los permisos y traer un nuevo contingente", concluyó. Al respecto, los trabajadores corearon la consigna “papeles para todos”

García Cuevas, portavoz del SOC en Almería, declaró ante la Prensa que "el milagro económico almeriense se ha hecho gracias al sacrificio de muchas familias de agricultores aunque, en la última década, se ha producido un aumento espectacular de las hectáreas en cultivo, lo que ha traído consigo la necesidad de trabajadores asalariados. Esta tierra ha ganado un gran volumen de beneficios que en gran medida ha ido a manos de intermediarios alhondiguistas, a las grandes multinacionales de la industria agroalimentaria y de distribución y a los especuladores del suelo y del agua".

La manifestación, discurrió de forma pacífica, con sentadas, consignas como «quién coge los tomates sin papeles» y flamear de banderas verdiblancas, concluyendo con la lectura de un comunicado.

 Andalucía
Críticas a edil de IU por privatizar la labor de portero de trece colegios

J. A. G. Granada IDEAL

Toda la Junta de Personal en bloque del Ayuntamiento granadino ha expresado su «rotundo rechazo» a la decisión de la concejala de Educación, Amelia Romacho (IU) de adjudicar a una empresa privada los servicios de portero-limpiador de trece colegios públicos. Es la primera vez que Romacho, que representa al ala más izquierdista del gobierno tripartito, recibe las críticas unánimes de los órganos de los trabajadores municipales con sus cinco sindicatos al frente: UGT, CCOO, CSIF y los sindicatos independientes de Policía Local (SIPLG) y Bomberos (SIB).

«Es inasumible por esta representación sindical que una vez desaparecida la figura del objetor de conciencia con la que se estaba mal cubriendo las tareas de portero, la concejala privatice el servicio en lugar de crear empleo público», dijo ayer el presidente de la Junta de Personal, Santiago Sánchez, que recordó que «recientemente se ha convocado una bolsa de trabajo para cubrir estas necesidades». Según Sánchez, en la bolsa de trabajo hay mil aspirantes para este puesto.

«Tampoco podemos aceptar», señaló el presidente de la Junta de Personal, «que para justificar esta contratación se cuestione la profesionalidad de los actuales porteros-limpiadores, o que se pretenda que un trabajador tenga una dedicación de 24 horas al día». Los sindicatos han pedido a Romacho que rectifique y contrate a los porteros entre los mil aspirantes de la Bolsa.
 
Nota: El Gobierno municipal de Granada esta formado por PSOE, PCE-IU y PSA. El alcalde, José Moratalla, es del PSOE.
*  La noticia en: 1. EL PAIS; 2. EL PAIS, complemento.
* Posición politica de fondo de IU: Politicas activas de Empleo para Andalucía, Pedro Vaquero del Pozo, Ponencia aprobada en las I Jornadas Institucionales de IULV-CA, Córdoba, 1 de Diciembre de 2001: Archivo de Documentos-Carpeta Documentos
Opinión
La lucha por el empleo o la misera gestión de la miseria
 
La noticia es clara y su sentido inquietante; más si cabe cuanto más se conocen sus fundamentos políticos profundos. El Ayuntamiento de Granada privatiza, mediante la concesión a una empresa, un servicio publico; renunciando a su gestión directa y a la creación de las correspondientes plazas y puestos de trabajo estables. Es sabido que se produce privatización no sólo cuando unas plazas o un servicio publico existentes se amortizan o reconvierten pasando a ser gestionados de forma privada sino también cuando se renuncia de entrada a su puesta en función bajo régimen público entregándolo en concesión a una empresa privada. Esta opción no sólo conlleva un ahorro presupuestario sino que, cara a la plantilla, ahonda en su fragmentación e incide en su reducción de fuerza contractual frente al Gobierno. 
 
Lo más significativo del caso en concreto es que implica una evidente estafa a las legitimas aspiraciones de los miles de trabajadores y trabajadoras en desempleo que se han apuntado en la bolsa de trabajo municipal a la espera de una oportunidad de trabajar temporalmente o de concurrir para acceder a un puesto de trabajo estable. En lugar de una concurrencia libre, se han encontrado con que un área gestionada por el PCE-IU adjudica a priorí unos puestos de trabajo extremadamente demandados, dada la situación de penuria y paro, a quienes han sido designados a dedo para ello por criterios e intereses políticos o partidarios. 
 
Los argumentos sindicales, en esta ocasión, están absolutamente justificados. A esta fundamentación en nada afectan ni hipotéticas tolerancias anteriores sobre el uso de objetores (practica habitual en ayuntamientos tanto del PP, PSOE, PA como PCE) ni cualesquiera especulaciones acerca de frustradas expectativas de favoritismo (usualmente ejecutadas bajo el amparo y la connivencia de los gobiernos respectivos, como bien saben los iniciados y/o los afectados) que en todo caso han sido evitadas no por un novedoso proceso limpio de selección y contratación sino por el ejercicio más descarado del enchufismo y de la supeditación de la equidad a la búsqueda de clientelas y rendimientos de imagen personal y partidaria, con el agravante de hacerse bajo la cobertura de un discurso neocaritativo que además hasta se pretende feminista. No hay porque entrar a discutir la necesidad de trabajo o la idoneidad de las personas que forman la empresa adjudicataria, la cuestión central es que hay cientos más que ni siquiera han dispuesto de la oportunidad de acceder a ese empleo sostenido por fondos públicos. Tampoco cabe aducir que la obtención del puesto de trabajo es consecuencia de un proceso de lucha, antes al contrario, es fruto de una decisión política que culmina un procedimiento tutelado de sometimiento y participación a las pautas establecidas desde la Administración. Esto no es lucha por el empleo sino mísera gestión de la miseria.
 
A propósito de todo esto, es procedente recordar que en Noviembre de 2000 (ver ANDALUCIA LIBRE nº 44, 49 y 54) el IMFE ya fue públicamente acusado de proceder en la contratación de sus profesionales a practicas de favoritismo político y personal, siguiendo una tradición que lo acompaña desde su misma constitución.

Si el caso es llamativo, aún lo son más los argumentos políticos con los que se le da cobertura, más aún cuando se pretenden emitidos desde la izquierda (ver documento). La aceptación real de los márgenes impuestos por la política capitalista neoliberal general conduce a estos engendros. De hecho supone asumir la imposibilidad de cambiar la situación del desempleo y la precariedad que domina el escenario social andaluz y aprestarse a gestionarla, asumiendo de hecho sus argumentos justificativos (incluidos la promoción de esos emprendedores, individuales o colectivos, tan caros a Felipe González o Chaves). Como todo es un mero paripé -y desde luego no se esta tratando ni por asomo de generar facilidades para el desarrollo económico real- el ámbito único de aplicación practica del discurso es bien el publico, bien se reduce a una nueva hornada de actuaciones destinadas a segmentar las condiciones de empleo y trabajo, con el consecuente incremento de la atomización y enfrentamiento internos dentro de la clase obrera. En este caso, ya se pueden llenar la boca de denuncias morales del neoliberalismo que de hecho lo que hacen es darle curso y encarnadura. El chato pragmatismo conduce a tomar como referentes a sujetos como Delors y a asumir un discurso que en lo practico no sólo torna indistinguibles a unos de otros (del PP al PCE) sino que, como propina, viene a relegitimar la política de colaboración de clases -también llamada de concertación social- que han desarrollado las burocracias sindicales españolistas, que tanto ha contribuido a la estabilidad del Gobierno PSOE y al retroceso social y político de la izquierda y la clase obrera andaluzas. Basta cambiar el vocabulario y llamar de nuevas formas a los enchufes, las contratas, el clientelismo o el derroche para validar desde una presunta izquierda la más hosca y vieja disputa por la vida; tan conocida y sufrida en una nación dependiente como Andalucía.

 
 La ofensiva imperialista
 
 
Guerrika, J. Kalvellido
 
La Unión Europea: ¿Hacia el Estado de Excepción?
Alima Boumediene-Thiery (Verdes, Francia), Alain Krivine (LCR, Francia), Giuseppe Di Lello Finuoli (PRC, Italia), miembros de la Comisión de Libertades, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento europeo.
 

En unos momentos de insoportable choque, Bin Laden ha conseguido no solo aterrorizar a las multinacionales o a los defensores del orden neo-liberal sino también a la gente en general. O pero aún, ha dado un pretexto a los gobiernos, a los poderes públicos, a la patronal para hacer aprobar un arsenal represivo sin precedentes y acabar con miles de puestos de trabajo.

El Parlamento Europeo también ha contribuido a esta ofensiva para reforzar el orden moral y policial. En pocas horas se le ha pedido que vote la congelación de las cuentas financieras de veintisiete organizaciones catalogadas como "terroristas" por la CIA, sin otra prueba ni justificación que la confianza absoluta que sin duda merece esta institución. Solo cuarenta y cuatro diputados han rechazado dar semejante voto de confianza a una agencia que tiene una definición muy particular de "terrorismo". Porque, ¿no es la CIA la que ha cambiado en los formularios de visado de EE UU la famosa pregunta "¿Es usted comunista?" por la de "¿Es usted terrorista?". Sin duda, un mero cambio de sinónimos.....

Se han dado prisa, cuando jamás el Parlamento Europeo se ha dignado a ocuparse de la cuestión clave del secreto bancario o de los paraisos fiscales. Demasiadas prisas, porque el Consejo, pocos días después, decidía que a fin de cuentas era más presentable utilizar la lista confeccionada por Naciones Unidas que la de la CIA.

Apenas acabado el recuento de votos, la Comisión de Libertades fue reunida para discutir y enmendar un "proyecto marco" de la Comisión Europea proponiendo una definición comunitaria de "terrorismo", de sus diferentes manifestaciones y delitos y de las penas previstas. Si este documento es aprobado por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 29 de noviembre, La Unión Europea entrará en un estado de excepción permanente. El próximo jueves 29, corremos el peligro de convertirnos todos en "terroristas".

Elemento esencial del proyecto, el primer párrafo del artículo 3: "Cada estado miembro tomará las medidas necesarias para que los delitos siguientes, definidos de acuerdo con su legislación nacional, cometidos intencionalmente por un individuo o grupo contra uno o varios países, sus instituciones o su población con el objetivo de amenazarlos, dañar gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas o sociales de un pais, sean sancionadas como infracciones terroristas".

No exageramos. Como anticapitalistas, siempre hemos estado contra las "estructuras políticas, económicas o sociales" de nuestros paises e intentamos acabar con ellas mediante la acción colectiva de "grupo". Sí, somos culpables de haber participado en las grandes movilizaciones que han socavado los poderes establecidos, como en Francia en 1995. Y hace poco en Niza, en Genova, hemos "amenazado" las "estructuras económicas y sociales": OMC, FMI, Banco Mundial.

Peor aún, hemos participado en la "ocupación ilícita de instalaciones públicas o gubernamentales, de medios de transporte públicos, infraestructuras, lugares públicos..." (art. 3, parrafo f); con los emigrantes sin papeles de Saine-Saint Denis hemos ocupado la antigua comisaria de policia de Saint denis después de haber ayudado a los trabajadores de Moulinex a ocupar su fábrica para evitar su desmantelamiento.... Aún más grave, hemos bloqueado aeropuertos para impedir la expulsión de los emigrantes sin papeles, ocupado centros de retención e incluso casas vacias para realjar a los sin techo.

Nuestro caso se ve agravado por la "puesta en peligro de personas, bienes, animales y el medio ambiente" (art.3 parrafo h). Reconocemos que hemos ayudado a los militantes de la Confederación Campesina a destruir los campos plantados con OGM, asustando seriamente a los dos perros guardianes que nos amenazaban. Unas semanas más tarde, nuestro caso todavía empeoraba con un delíto adicional de terrorismo: hemos ayudado a los trabajadores de EDF, amenazados por las privatizaciones europeas en curso, a parar el trabajo, es decir a hacer huelga, o , como señala el parrafo i del mismo artículo, a participar en "la perturbación o la interrupción del aprovisionamiento de agua, electricidad y otros recursos esenciales".

Pero como somos ante todo militantes, tenemos la intención de seguir haciendolo. Sumamos así a nuestro caso un nuevo delito (parrafo k del mismo artículo, que define como acción terrorista "la amenaza de cometer uno de los delítos aquí enumerados"). Y como somos más de dos en nuestras respectivas organizaciones "terroristas", caemos en la previsión del parrafo 2, que dice: "Se entiende por grupo terrorista una asociación estructurada de mas de dos personas que actuan en un periódo de tiempo y de manera concertada para cometer los delitos terroristas señalados".

Por todo ello, nos pueden caer de dos a veinte años de carcel. A menos que, naturalmente, aceptamos colaborar y denunciar a nuestros camaradas, es decir "se renuncie a las actividades terroristas y se proporcione a las autoridades administrativas y judiciales información que pueda ayudarlas" (artículo 7, parrafo a y b)

Bin Laden y sus amigos no tienen de que preocuparse: todo este dispositivo no les afecta. Como tampoco las nuevas medidas adoptadas en EE UU o en Gran Bretaña, que permiten encarcelar sin juicio previo e inmediatamente a extranjeros que puedan ser potenciales terroristas. Ni el Plan Vigipirate en Francia y sus nuevas disposiciones de seguridad, que ya han permitido aumentar un 30% la población inmigrante en los centros de retención. Ni Bin Laden ni sus amigos acostumbran pasearse por ahí sin papeles con una bomba en los bolsillos; ni ocupan fábricas ni bancos. Más bien los dirigen.

Por el contrario, los gobiernos de la Unión Europea se dotan así de los medios de criminalizar los movimientos sociales, dando un contenido más preciso a la Europa de Maastricht. Después de Génova, Berlusconi calificó a los manifestantes de "aprendices de terroristas". Ayer, en Bruselas, tuvieron su victoria. Pero todavia estamos a tiempo de reaccionar.

Sugerencias

Desde Dos Hermanas nos llega la noticia y la dirección de una nueva pagina nacionalista: Reberdia Andaluza. Para informarse acerca de las razones de su nombre y sobre todo de los porques de la formación de la organización a la que representa en la Red, nada mejor que acercarse y verla.

 

 Solidaridad con Palestina
 
 

 Sodepaz-Intifada Al Aqsa ; CSCA Web

Música: Campanilleros, Villancico popular andaluz
 
 
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