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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nş 115 - Subsidio Agrario - Foro Social - Euskadi - Có rcega
Fecha:Miercoles, 1 de Mayo, 2002  06:40:34 (+0200)
Autor:Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>


nş 115
 
En este Correo:
 
* Andalucía: ATAQUE AL SUBSIDIO AGRARIO Y AL PER.
* El PP pone a prueba la supervivencia del PER
* El SOC analiza la Reforma y se convocan movilizaciones por SOC, USTEA, SUAT y CGT
* El Parlamento andaluz pide a la Junta que impida la supresión del PER
* PSOE, IU, PA se comprometen con CCOO-UGT
* Opinión: Andalucía, ¿fin de etapa?
* Enlaces: Documentos de Analisis; Sindicatos.
* Andalucía: Antiglobalización Entrevista con el Foro Social de Sevilla
* Manifiesto del Foro Social de Sevilla 2002 - OTRO MUNDO ES POSIBLE, OTRA EUROPA ES POSIBLE
* Opinión: Foro Social de Sevilla: Reflexiones a vuelapluma
* Enlaces Antiglobalizacion. 
* La trama política del BBVA, Marcos Roitman Rosenmann
* Euskadi: Ilegalización de Batasuna - Las razones de Sharon Aznar, Arnaldo Otegi
* Opinión: Involución democrática
* Córcega: Corsica Nazione se retira de las legislativas francesas
 
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 Andalucía
Ataque al Subsidio Agario y al PER
 
 
Trabajando en el PER   -    Labores en el campo
 
El PP pone a prueba la supervivencia del PER
El Gobierno retoma su intención de modificar el subsidio agrario creado en 1984
 
ALEJANDRO BOLAÑOS,  EL PAIS - Andalucía
17 Abril 2002 | Sevilla

El Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario forman desde hace más de 18 años una pareja esencial en la política de ayudas públicas a los trabajadores del campo en Andalucía y Extremadura, comunidades donde el sector agrario concentra aún casi a la mitad de los parados en ambas regiones. Una pareja que también ha sobrevivido en las dos últimas décadas a encarnizadas polémicas políticas y sociales cada vez que se ha intentado algún cambio en su diseño. Así que cuando el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, deslizó la semana pasada el anuncio de una próxima reforma, sin dar más detalles, PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos no dudaron en tocar a rebato.

La historia del PER y el subsidio agrario puede contarse a partir de sus numerosos intentos de reforma, aunque su diseño apenas ha cambiado desde que se estrenaron en 1984. Entonces, con los socialistas recién aupados al poder, el Gobierno central y los sindicatos acordaron un sistema por el que los jornaleros parados, si acreditaban un mínimo de peonadas (60 en el primer decreto), podían cobrar como subsidio agrario un 75% del salario mínimo durante seis meses. A este subsidio, un remedo de las prestaciones por desempleo que cobran el resto de trabajadores, se le añadió un plan de subvenciones a los Ayuntamientos, el PER, para obras de infraestructura con contratación preferente de jornaleros, que así podían completar las peonadas necesarias.

A partir de entonces, el frente del PER estuvo permanentemente abierto. La sequía y la falta de trabajo a final de los ochenta y principio de los noventa llevó a los sindicatos a movilizarse en muchas ocasiones para exigir la reducción de las peonadas mínimas y más inversiones para obras. Por otro flanco, el PP reclamó su eliminación, apoyado en el creciente fraude por la firma de peonadas falsas. Los populares hicieron del 'voto cautivo de los jornaleros' uno de sus lemas en su oposición al PSOE.

Mejora en los pueblos

El rifirrafe político y los numerosos casos de fraude en los primeros años dieron una mala fama al PER que ha ensombrecido sus logros: casi nadie discute ya que ha permitido una mejora en las infraestructuras de los pueblos, algo que las maltrechas haciendas municipales no se hubiesen podido permitir, y ha elevado las condiciones de vida de los jornaleros, unas 400.000 personas en Andalucía, al garantizarles una renta cada año. Sus defensores recuerdan además que esto se ha logrado con un gasto limitado (al INEM le cuesta más un parado del régimen general), y que los controles han limitado los fraudes (también menos importantes que en otros sistemas de prestación).

Pero la primera prueba de fuego del sistema llegó cuando el PP alcanzó el poder en Madrid. Hasta entonces, las reformas del PER se habían limitado a una reducción de peonadas y a ampliar el subsidio para los mayores de 52 años. Pero la temida desaparición del PER, quedó en una nueva pequeña reforma. Uno de sus principales detractores, Javier Arenas, firmó como ministro de Trabajo el acuerdo en marzo de 1996 y comenzó así una fructífera política de concertación con los agentes sociales, uno de los principales logros de la primera legislatura popular.

La reforma de 1996, además de un desafortunado cambio de nombre (pasó de PER a Aepsa, aunque casi nadie lo utiliza), supuso la reducción a 35 de las peonadas para cobrar el subsidio, aumentó las subvenciones a los Ayuntamientos para obras de infraestructura y reservó una parte a proyectos para generar empleos estables en el ámbito rural. Y sobre todo, abrió una puerta a una reivindicación sindical: la posibilidad de implantar el sistema de prestaciones de desempleo ordinario para los eventuales agrarios, tanto para los que no tenían derecho al subsidio (los jornaleros de fuera de Andalucía y Extremadura y los de estas regiones que tenían demasiada renta para cobrarlo) como, optativamente, los que disfrutaban del subsidio.

Reforma aplazada

En 1998, Arenas inició los contactos con sindicatos y empresarios para aplicar el sistema contributivo a los jornaleros, un diálogo que provocó la oposición inicial de la Junta y el PSOE, recelosos de las intenciones de los populares. UGT y CC OO discutieron con Trabajo la posibilidad de compatibilizar el PER con el sistema contributivo de la Seguridad Social para los otros 300.000 jornaleros carentes de ayudas estatales. El Ministerio evaluó el coste de la reforma en unos 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas) y reclamó limitar el acceso al subsidio agrario a los menores de 25 años y mayores de 45 años para mitigar el gasto. Para el sistema de cotización, se estudió aplicar un 1,33% por cada peonada trabajada. Pero un año después, el sucesor de Arenas, Manuel Pimentel, aplazó indefinidamente la reforma.

Ahora el sucesor de Pimentel, Juan Carlos Aparicio, parece haber tomado el testigo, justo cuando encara el tramo decisivo del traspaso a Andalucía de las políticas activas de empleo, en el que la Junta exige la cogestión del PER. En estos días, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que la afluencia de inmigrantes revela que en el campo hay trabajo (sin hacer mención a las pésimas condiciones que soportan) y que los subsidios especiales no hacen falta. Aparicio enseñará hoy sus cartas a sindicatos y patronal. Vista la historia, habrá que esperar a ver si las juega hasta el final.

Las palabras del conflicto que viene

La reforma anunciada por el Gobierno central ha devuelto el protagonismo a una serie de términos que serán muy habituales en las declaraciones políticas de los próximos meses.

-Subsidio agrario: Prestación que reciben jornaleros andaluces (200.000 en 2001) y extremeños (30.000) en paro que acrediten 35 peonadas durante el año anterior. El subsidio es un 75% del salario mínimo (330 euros al mes, 55.000 pesetas, a los que hay que descontarle el pago mensual del Sello de la Seguridad social y se puede cobrar durante un máximo de seis meses. El año pasado, el INEM se gastó unos 840 millones de euros (140.000 millones de pesetas) para hacer frente a estas prestaciones.

-PER: siglas del Plan de Empleo Rural, que recoge un conjunto de subvenciones del Gobierno central a Ayuntamientos y, en menor medida, Diputaciones y Junta para realizar obras públicas en las que se reservan la mayor parte de los contratos a los jornaleros. Está dotado con unos 120 millones de euros anuales (20.000 millones), a los que hay que añadir otros 50 que aporta la Junta y las Diputaciones para pagar los materiales empleados en las obras.

-Peonadas: las jornadas de trabajo de los jornaleros. Para acceder al subsidio agrario, éstos tienen que acreditar que han echado 35 peonadas en el campo, aunque pueden incluir las trabajadas en obras del PER. Las peonadas del PER están mucho mejor pagadas (el jornal en el campo rara vez llega a los 30 euros diarios) pero muchos jornaleros deben esperar turno hasta dos y tres años para ser contratado en una obra un máximo de 20 días.

-Aepsa: siglas del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios, nombre con el que el PP, ya en el Gobierno central, bautizó su primera reforma del PER y el subsidio agrario, en 1996. La modificación respecto al plan de los socialistas fue muy ligera y el nombre no ha hecho fortuna en estos años.

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En Andalucía, un total de 195.470 trabajadores eventuales agrarios se encuentran subsidiados.
- Sevilla,   49.778,
- Córdoba, 34.155,
- Granada, 25.285,
- Jaén,      23.527,
- Málaga,   19.680,
- Cádiz,     17.475,
- Huelva,   17.066, 
- Almería,    8.504,
 
 El SOC analiza la reforma del PER ...
 
Ocupación de finca por el SOC
 
Andalucía 24 Horas, 23/04/2002 

El Sindicato de Obreros del Campo ha convocado el domingo su Asamblea Nacional, que se celebrará en Osuna (Sevilla) en la que abordará la reforma del sistema de protección de desempleo que pretende acometer el Gobierno central y en la que la organización decidirá movilizaciones en contra de la propuesta del Ejecutivo de la Nación a la que el SOC expresó su "más absoluto rechazo".

El secretario general del sindicato, Diego Cañamero, explicó que con la reforma que plantea el Gobierno "se perderán definitivamente los 120,2 millones de euros que se destinan anualmente a Andalucía" en el marco de las inversiones del Aepsa --antiguo PER--. En este contexto, advirtió que si se acomete la reforma en los términos planteados por el Gobierno central se "corre el riesgo de que las zonas rurales empiecen a quedarse despobladas", ya que, según recordó, "entre los muchos beneficios que ha generado el PER en los pueblos, uno de los más destacables ha sido su capacidad para lograr fijar la población en estas zonas".

En este sentido, Cañamero arremetió contra la movilidad geográfica ya que "sería retroceder en los logros de fijación de población y significaría paralizar el desarrollo de algunas comarcas".

Además, advirtió que esta reforma dejaría a los jornaleros "indefensos" frente a los empresarios agrícolas y "fomentaría la competitividad entre jornaleros, de forma que se dedicarían a reunir las máximas peonadas posibles para tener acceso al subsidio". En este punto, mostró su rechazo a los términos en los que se plantea la reforma ya que, según explicó, un jornalero tendrá que trabajar entre cinco y siete años para poder cobrar 90 días de desempleo. Cañamero señaló que "con el nuevo sistema que plantea el Gobierno del PP, el jornalero, para poder jubilarse, tendría que trabajar hasta los 98 años, puesto que a partir de ahora, se cotiza en la Seguridad Social por los días reales de trabajo, lo que hace que si tenemos en cuenta que la media está en 70 jornales anuales, habría que trabajar desde los 18 años hasta los 98".

El SOC reconoce la necesidad de reformar el PER adaptándolo a la realidad de los pueblos y orientando las inversiones a infraestructuras y equipamiento que sirvan para crear más empleo en las zonas rurales. Por ello, esta organización entiende que "ahora más que nunca es necesaria la unión de todas las fuerzas" a fin de mostrar una oposición sólida a la reforma del sistema de protección por desempleo que propone el Gobierno español.

Enlaces: S.O.C. - Nacional; S.O.C. - U.L. Espera

... y se convocan movilizaciones

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC), USTEA, SUAT y la CGT han convocado una serie de movilizaciones en protesta por la intención del Gobierno de reformar el subsidio agrario y el PER, y cuya máxima actuación consistirá en dos cortes de carretera en la autovía Sevilla-Málaga y en Despeñaperros los días 10 y 26 del próximo mes, respectivamente.

Según informó en rueda de prensa el secretario general del SOC, Diego Cañamero, para evitar que se aplique la reforma del PER y el subsidio agrario se van a iniciar una serie de movilizaciones el próximo miércoles, con motivo de la festividad del Primero de mayo. Así, en esa jornada se celebrará una manifestación en la Plaza Nueva de Sevilla, con intervenciones de sindicalistas y una fiesta final; además, se celebrarán varios actos más en Andalucía, concretamente en Almería, Jaén y Huelva.

Las centrales convocantes continuarán las movilizaciones entre el jueves día 2 y el domingo 5 con asambleas en todos los pueblos para informar acerca de la reforma. Tras estas reuniones, entre el martes 8 y el jueves 9 se celebrarán concentraciones en los ayuntamientos de los pueblos.

Uno de los actos centrales de esta campaña se celebrará el viernes 10 con el corte de la autovía Sevilla-Málaga, a la que seguirá una serie de movilizaciones distintas en todos los pueblos andaluces entre los días 11 y 25 de ese mes. Finalmente, el 26, los sindicatos cortarán la carretera de Despeñaperros con el lema "Para que no penetren las políticas del PP".

De otro lado, Cañamero; el secretario federal de USTEA, Jesús Marín; y el secretario general de la CGT, Federico Noriega, criticaron el papel que han jugado hasta ahora los sindicatos mayoritarios en las relaciones con el Gobierno del PP. Así, Cañamero advirtió que "la justicia se conquista en la calle", mientras que Noriega agregó que "las grandes burocracias sindicales se han convencido por fin de que no valen paños calientes", y Marín sentenció que este Primero de mayo "va a ser reivindicativo, y no de salón, como han venido siendo por parte de otras organizaciones".

Con el lema "Por un empleo digno y estable", junto al de "Hay otra Andalucía posible" y "Contra la reforma del subsidio y el PER que el Gobierno del PP quiere hacer", estas centrales sindicales pretenden movilizar a todo el campo andaluz, "que el PP quiere castigar porque no obtiene resultados electorales".- 29/04/2002

Enlaces-Documentos de Análisis:
 
El Parlamento andaluz pide a la Junta que impida con medios constitucionales y estatutarios la supresión del PER
PSOE, IU y PA se comprometen con CC.OO y UGT a participar en las movilizaciones en defensa del PER
Andalucía24Horas
 
Pleno del Parlamento andaluz

El Pleno del Parlamento de Andalucía reclamó al Ejecutivo andaluz, con los votos de PSOE, IU, PA y PSA (61) y la oposición del PP (36), que utilice con "firmeza todos los medios constitucionales y estatutarios para impedir que el Gobierno central suprima el PER o que imponga una reforma que elimine, recorte o desmantele los niveles actuales de cobertura social e inversiones en la comunidad".

En virtud de un acuerdo alcanzado por todos los grupos, salvo el PP, en relación con el contenido de sendas iniciativas de PSOE e IU sobre el PER, el Pleno expresó su decidido apoyo a ese instrumento y al subsidio de desempleo agrario, surgido del acuerdo entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los interlocutores sociales, para "asegurar la protección social ante el desempleo para miles de ciudadanos del medio rural andaluz, la realización de inversiones y dotación de equipamientos en los municipios, la formación de los trabajadores y el asentamiento de la población" en las zonas rurales.

De igual manera, la Cámara reclamó al Gobierno andaluz que exija del Ejecutivo central que cualquier modificación del PER o del acceso al subsidio de desempleo agrario sea fruto, en todo caso, de la negociación y el acuerdo entre ambas administraciones y los agentes sociales. El Pleno también pidió a la Junta que convoque a los sindicatos, empresarios y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para analizar las repercusiones de las reformas de las prestaciones por desempleo y del PER que propugna el Gobierno español. Invitó, además, a ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales a expresar democráticamente, en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, la defensa del PER, así como la "repulsa a una decisión que, de consumarse, significaría una vez más un trato injusto" y un "atentado a los intereses generales" de Andalucía.

Asimismo, la Cámara denunció las "políticas regresivas" que el Gobierno central ha llevado a cabo en los últimos años, que han supuesto desde 1998 "la disminución en 17.949 millones de pesetas de las inversiones y la consecuente pérdida de 3.061.862 peonadas cuando termine la ejecución prevista para este año".

El portavoz del PSOE, José Caballos, aseguró que el Gobierno del PP no quiere reformar el PER, "sino liquidar el sistema que ha servido para la protección social y la mejora de las zonas rurales de Andalucía en los últimos 18 años", una medida que, a su juicio, está dentro de un paquete más amplio "para trastocar completamente la protección al desempleo en España". Caballos dijo que no se justifica que se cierre el acceso al subsidio a los nuevos desempleados y se mostró convencido de que el Gobierno del PP no plantea una reforma, "sino la muerte lenta del PER, que en los últimos 18 años ha producido una auténtica revolución pacífica y silenciosa en el medio rural". Advirtió al PP de que van a defender "con uñas y dientes un sistema que ha producido bienestar social, calidad de vida y que es un inyección fundamental para la economía de nuestros pueblos".

El portavoz del PP, Antonio Sanz, manifestó que este debate en la Cámara andaluza es fruto de la "demagogia, las medias verdades o las contundentes mentiras" y de la "vieja y manida estrategia del PSOE de querer meter el miedo a los andaluces, cuando en el campo no les cree ya nadie". Aseguró que al Gobierno de Chaves "no le importa nada el futuro de los trabajadores del campo porque durante 20 años no han hecho nada" por ellos. Tras denunciar la "falsedad" del PSOE en relación con este asunto, Sanz aseguró que el compromiso anual con el PER ordinario se ha "duplicado" durante el Gobierno de Aznar respecto al anterior Ejecutivo socialista, mientras dejó claro que el PER no se va a suprimir y que todos los alcandes van a tener la garantía de que las obras se llevarán a cabo. El PP planteó 7 enmiendas a la iniciativa inicial del PSOE, que fueron todas rechazadas, en las que planteó, entre otras medidas, que el Gobierno central elabore, con el máximo consenso, las propuestas de reforma y mejora del actual sistema del subsidio agrario, "en favor de una mayor calidad y estabilidad del empleo en el medio rural, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores eventuales actualmente protegidos por dicho subsidio". Propuso también solicitar al Gobierno español el incremento de la oferta de políticas activas específicas, que favorezca el empleo de calidad de los jóvenes en el mundo rural andaluz, mediante una dotación anual presupuestaria mínima de 60 millones de euros.

El diputado de IULV-CA José Cabrero, que denunció el "cinismo y la hipocresía" del Gobierno central por seguir "condenado" a la gente del campo a la emigración, manifestó que el PER es una "conquista del pueblo andaluz, que se ha convertido en un complemento de renta en el medio rural, por lo que no se puede dar un golpe bajo a esa conquista". En su opinión, ningún Gobierno centralista "puede volver la espalda" a una decisión del Parlamento en apoyo del PER, ya que eso significaría "en toda regla un golpe de Estado".

Por su parte, el diputado del PA Ildefonso DellOlmo manifestó que Andalucía está ante una maniobra del Gobierno del PP para "acabar con la nivelación de rentas en el campo", ante lo que consideró necesria la "movilización" de las instituciones andaluzas y del propio pueblo andaluz. Expresó que el PA no está dispuesto a que se "produzca una injusticia de este nivel", que puede dañar seriamente los intereses de Andalucía, cuando se "regala un billón de pesetas a las eléctricas".

El presidente del grupo mixto y lider del PSA, Pedro Pacheco, indicó que no hay que "consentir la eliminación" del PER bajo el "disfraz de la reforma", ya que actualmente está cumpliendo una función social evidente, consistente en garantizar unas condiciones mínimas de subsistencia a la población campesina. Abogó por complementar este componente asistencial de la política de empleo con otras políticas activas, como un plan global para el medio rural andaluz que recoja soluciones estructurales.

PSOE, IU y PA se comprometen con CC.OO y UGT a participar en las movilizaciones en defensa del PER

PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista se comprometieron con CC.OO y UGT a participar "activamente" en las movilizaciones convocadas por ambos sindicatos el próximo 1 de mayo para demostrar conjuntamente su oposición a la reforma del sistema de prestaciones por desempleo presentado por el Ministerio de Trabajo y, en especial, a su intención de "extinguir" el Acuerdo por el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa), antiguo PER. Este acuerdo fue alcanzado esta en una reunión celebrada en el Parlamento andaluz por los responsables institucionales de CC.OO-A, Juan Pérez, y UGT-A, Dionisio Valverde, con delegaciones del PSOE-A, integradas por su vicesecretaria general, María del Mar Moreno, y su portavoz parlamentario, José Caballos; IULV-CA, con su coordinador general, Diego Valderas, y su responsable de Política Institucional, Willy Meyer; y PA, con el secretario de Organización, Juan Carlos Soriano, y la secretaria de Relaciones con la Sociedad, Eloísa Díaz.

El encuentro, celebrado a iniciativa de ambos sindicatos, se traducirá en una "participación activa" de representantes de PSOE, IULV-CA y PA en las movilizaciones de CC.OO y UGT del 1 de mayo en las ocho capitales andaluzas, con especial significación en el acto central de Huelva, que servirá como "punto de partida" de un amplio calendario de movilizaciones para expresar el "rechazo político y social" a los proyectos del Gobierno.

Al término de la reunión, el responsable de Relaciones Institucionales de UGT-A, Dionisio Valverde, expresó a los periodistas su satisfacción por el "alto grado de sensibilidad" demostrado por "todos los partidos progresistas" con el objetivo de "movilizar hasta el último andaluz" contra los planes del Gobierno de "extinguir" el PER. En la misma línea, el responsable de Relaciones Institucionales de CC.OO-A, Juan Pérez, alertó sobre el "impacto brutal" que las reformas del Gobierno tendrían sobre Andalucía que, a su juicio, no se limitarían a la "supresión" del PER, sino que también supondrían un "recorte importantísimo" para los trabajadores del sistema general.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE-A, María del Mar Moreno, explicó que su formación va a secundar "a tope" las protestas de los sindicatos el 1 de mayo como "punto de partida" en una campaña de movilización en la que los partidos también organizarán actos de protesta "puramente políticos". Igualmente, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, defendió la necesidad de impulsar una "lucha larga, fuerte y firme" hasta conseguir que el Gobierno del PP "retire" su proyecto de supresión del PER que, en su opinión, "supondría un mazazo muy para toda Andalucía, especialmente para el medio rural". Por último, la secretaria de Relaciones con la Sociedad del PA, Eloísa Díaz, justificó la participación de su partido en las movilizaciones contra la eliminación del PER porque se trata de una "cuestión de justicia" para evitar un "nuevo castigo a los trabajadores del campo".- 25/04/2002 

Opinión
Ataque al Subsidio Agrario y al PER
Andalucía, ¿fin de etapa?
 
El Gobierno español del PP prepara una brutal agresión a los derechos laborales en todo el Estado español.* Cuenta para ejecutarla con su mayoría absoluta en el Parlamento español y con los efectos desmoralizadores previos de la política colaboracionista llevada a cabo por las burocracias sindicales españolistas. El proyecto gubernamental implica una vuelta de tuerca cruel en el recorte de las prestaciones por Desempleo y en el mayor abaratamiento del despido. Siguiendo la senda abierta en su día por los gobiernos del PSOE, Aznar pretende dar ahora otro salto cualitativo en la desprotección social, la desregulación, la precariedad y en resumen, en el debilitamiento de la capacidad de resistencia de la clase obrera. Las mismas burocracias sindicales de CCOO y UGT que le han facilitado la tarea hasta la fecha -como antes hicieron con el PSOE y aún antes con la UCD- se manifiestan entre defraudadas y espantadas por el alcance y la entidad del ataque. Se rumorea como posible la convocatoria de una Huelga General para el próximo 20 de Junio.
 
En ese contexto estatal general, el Gobierno español del PP introduce una serie de medidas específicas dirigidas a Andalucía, que suponen de hecho una sentencia de muerte para el Subsidio Agrario y el PER. Esta iniciativa implica una voluntad explicita del Gobierno español de acabar con lo que ha sido el eje vertebrador del modelo social en que se ha desenvuelto Andalucía los últimos veinte años. No es de extrañar el revuelo y oposición levantadas por su anuncio. En el mismo momento en que el PSOE -en el Gobierno andaluz ininterrumpidamente durante todo este periodo- desarrollaba una nueva ofensiva de mixtificación propagandística bajo el lema de la Segunda Modernización -vendiendo una Andalucía pretendidamente preparada a la manera neoliberal para los nuevos retos del siglo XXI- la decisión del Gobierno español del PP le desmonta objetivamente ese tinglado, sacando el esqueleto del armario. El ataque al Subsidio-PER retorna a primera línea de la actualidad una institución que -sumada a las cifras económicas reales, sistemáticamente deformadas u ocultadas por la Junta- muestra fehacientemente como el PSOE sólo se ha limitado a administrar la dependencia y el subdesarrollo andaluz sin alterar sus bases. Aún siendo evidente este inmediato efecto político partidario, no es fácil, no obstante, establecer con exactitud porqué precisamente ahora el PP ataca una situación que le ha sido tan extremadamente rentable, funcional y beneficiosa -desde el punto de vista político, económico y social- a las burguesías andaluza y española en estas dos decadas. ¿Doctrinarismo neoliberal?. ¿Conciencia del grado de escisión entre la Andalucía urbana y la rural?. ¿Búsqueda de satisfacción a su clientela social más directa?...  Para entender el porqué de estos interrogantes, conviene repasar lo que ha significado este modelo para Andalucía.
 
La génesis del Modelo PER-Subsidio.
 
La formación de este modelo fue a la vez consecuencia de una traición y compensación por ella. En los principios de la Reforma del franquismo y la Transición (1974-1978), la reivindicación de la Reforma Agraria -entendida, en primer lugar, como expropiación de los latifundios- estaba de plena actualidad en Andalucía como exigencia nacional y especialmente como demanda social en el medio rural andaluz. Era la vía sentida como natural y legitima para resolver las carencias seculares andaluzas, asegurando trabajo decente y regular a las masas de jornaleros desempleados y la palanca para sostener otro modelo de desarrollo para Andalucía. Sin embargo, resolver este agravio histórico -atacando a la propiedad privada de la tierra- no era compatible con el proyecto de Transición política estatal pactado entre las jerarquías del Régimen franquista y las direcciones de la izquierda reformista española. La nueva democracia española -según habían diseñado- no podía integrar ni la Reforma Agraria ni la autodeterminación de las nacionalidades. La tarea de reconducir esta situación fue asumida en Andalucía por la sucursal andaluza del PCE, entonces ampliamente implantado y hegemónico entre la izquierda. Directamente y a través de su control sobre CCOO, el PCE reorientó y desvió las luchas jornaleras andaluzas en todo lo que le fue posible, abandonando exigencias calificadas como utópicas o desestabilizadoras y optando por reivindicaciones razonables, que fueran soportables por el Régimen al tiempo que paliaran las condiciones de necesidad en el campo andaluz. De ahí nacieron las protestas en demanda de Fondos de Empleo Comunitario, es decir, fondos que arbitrariamente distribuían los gobernadores civiles entre los pueblos para dar trabajo haciendo faenas y que repartidos pueblo a pueblo, permitían subsistir a los jornaleros en paro. Otras fuerzas, como el SOC, que intentaron mantener viva la reclamación de Reforma Agraria con luchas radicales u ocupaciones de fincas, fueron superadas finalmente por la alianza entre el Gobierno español y el PCE (a la que muy pronto se sumaría el PSOE, anteriormente inexistente). Precisamente iba a ser el PSOE el beneficiario político esencial de este trabajo sucio realizado por el PCE (en el que, por cierto, participaron directamente algunos de los que todavía hoy dirigen su sucursal andaluza).
 
A la altura de 1980, la Reforma Agraria aún estaba lo suficientemente vigente como para ser incluida en el catalogo retórico de objetivos a cumplir, recogidos en el texto estatutario andaluz; aún a sabiendas de que la proyectada autonomía constitucional no dispondría de competencias políticas para ejecutarla. Fernando Soto -entonces secretario general de la sucursal andaluza del PCE y diputado a Cortes- tuvo entonces el cinismo de explicar expresamente que lo de menos era su viabilidad política y que lo importante era que figurara como referencia, para poder así justificar ante los trabajadores rurales en las plazas de los pueblos el apoyo al texto estatutario consensuado con la derecha que estafaba las aspiraciones nacionales de soberanía del pueblo andaluz.
 
Todavía en 1982, el primer Gobierno PSOE en Andalucía, aprobaba una llamada Ley de Reforma Agraria Andaluza. Esa Ley se reducía a una propuesta de fomento  de la productividad, acompañada por mecanismos de arrendamiento temporal del uso de la tierra. Se atenía escrupulosamente a los limites establecidos por UCD en su Ley española de Fincas Manifiestamente Mejorables. Además aparecía encorsetada por la legalidad constitucional y estatutaria que prohíbe al Gobierno andaluz la posibilidad de imponer una legislación de expropiación propia, quedando esta competencia en manos del Gobierno español. En resumen, una ley que se limitaba a compilar y agrupar disposiciones precedentes de leyes estatales orientadas a favorecer la productividad agraria, sin afectar a la estructura de la propiedad de la tierra. Aún así, la decisión del Presidente Escuredo de impulsar esta Ley condujo a su sustitución por el PSOE. La Ley fue olvidada.
 
La columna vertebral de la política del PSOE para el campo andaluz va a ser la sustitución del sistema del Empleo Comunitario por el del Subsidio Rural. Este ultimo se concede individualmente, teniendo en cuenta el numero de peonadas firmadas por los patrones. Ata pues a los jornaleros a la benevolencia de cada patrón, presionando a la baja los convenios, que se tienden a incumplir. Al ser más vital la firma que el jornal, el trabajo se convierte en instrumento para recibir el subsidio, con lo que prácticamente desaparecen las luchas en las temporadas tradicionales, disminuyendo sustancialmente la conflictividad. Además, la extendida necesidad de completar las firmas con peonadas de los ayuntamientos, revierte en extensión clientelar del PSOE que es quien distribuye las partidas que hacen posible esas peonadas. Si con el Comunitario era usual la lucha colectiva para conseguir un mejor reparto de fondos entre los diversos pueblos ahora esto acaba, desintegrándose y cambiando de naturaleza la organización sindical y promoviéndose el sometimiento a la fuerza que controla las instituciones de forma hegemónica: el PSOE. No hay que olvidar, sin embargo, que el Comunitario preestablece las condiciones sociales sobre las que se instala el Subsidio: clientelismo local, desvío de la lucha del enfrentamiento con los patrones y por la Tierra a la demanda de remesas de fondos, etc.
 
El sistema -dentro de una extrema heterogeneidad de situaciones locales y comarcales- permite acceder a un cierto ingreso regular -por mísero que sea- a miles de personas que antes carecían de él. Impone la paz social, mantiene bajos los salarios a la vez que fija población en el medio rural; supone de hecho el archivo de la exigencia de Reforma Agraria y permite la reconversión del campo andaluz cara a la entrada del Estado español en la Unión Europea. El coste económico de esta operación es ridículo; no sólo si se valoran sus resultados cualitativamente -el control social de un país de siete millones de habitantes por el valor anual de unos cuantos aviones- sino incluso si cuantitativamente se compara con las inversiones estatales en otras reconversiones, como la minera o la industrial, que se afrontan en otras naciones del Estado.
 
La situación.
 
Veinte años es mucho tiempo. Una generación de andaluces del campo ha crecido bajo el sistema del Subsidio-PER.
 
Durante estos años la agricultura andaluza desarrolló su productividad. Así ocurrió de forma notable en los cultivos tradicionales y de manera espectacular en las nuevas ramas de agricultura intensiva o de invernadero. Sin soberanía política ni voz propia, Andalucía estuvo ausente en las negociaciones de entrada del Estado español en la Unión Europea y sus intereses nacionales fueron sacrificados por el Gobierno español para hacer posible el ingreso. Si cuando se constituyó el Mercado común, la RFA compensó a Francia con la política agraria común, nada parecido obtuvo Andalucía. Aparte de las medidas preventivas provisionales -plazos o contingentes- Andalucía no consiguió siquiera, en compensación a la entrega de su mercado o al desmantelamiento o penetración de su débil industria a los capitales foráneos, una protección eficaz o estable de su agricultura. Así pues, de una parte, la competitividad de sus ramas agrarias más dinámicas se sustentó en ultima instancia en el mantenimiento de la sobreexplotación y en los bajos salarios, según parámetros europeos; de otra, los latifundistas se beneficiaron especialmente de las subvenciones europeas. El subsidio agrario contribuyó decisivamente a hacer posible la acumulación que permitió, por ejemplo, el llamado milagro almeriense o la implantación de la fresa en Huelva. Cuando no ocurría que no existía convenio del campo, se mantenían los sueldos prácticamente congelados y además con una extendida practica de incumplimientos. Primaba la búsqueda de las firmas para acceder al Subsidio. Además, la diversa realidad de las diferentes comarcas -cultivos, presencia de pequeños propietarios, etc- introducía una extrema heterogeneidad.  
 
El censo de trabajadores subsidiados fue engrosándose paulatinanemente con la incorporación de las mujeres trabajadoras pero también de todos aquellos que en el medio rural tenían acceso a las firmas necesarias para convertirse en perceptores. Así se convirtió en normal en algunos pueblos la situación de hijos de farmacéuticos, comerciantes o de pequeños campesinos convertidos en subsidiados y extendida la practica fraudulenta de la compra de peonadas no trabajadas.
 
Si ya previamente Andalucía se caracterizaba por sufrir una tónica generalizada de condiciones despóticas e irregulares de trabajo, la existencia del Subsidio vino en consolidar el predominio de la economía sumergida. Se extendió la practica del trabajo sin declarar en otras ramas -compatibilizado con el cobro del subsidio agrario- sin cotizar a la Seguridad Social, por supuesto, en el que el patrón pagaba por debajo de convenio aduciendo que el sueldo del trabajador era el resultado de sumar a lo que este cobraba en la empresa lo que percibía como subsidio. Conseguir un empleo con alta en Seguridad Social se convirtió durante años en muchos pueblos en algo llamativo, meritorio, excepcional.
 
De otra parte, los fondos del PER -gestionados con muy diverso grado de honestidad y provecho público según los pueblos- fueron sirviendo para mejorar -también en condiciones muy variadas- las infraestructuras del medio rural andaluz, hasta entonces absolutamente abandonado y en condiciones semiafricanas, al tiempo que ayudaban a completar el cupo requerido de peonadas.
 
Estas tres fuentes de fraude -incorporaciones incorrectas, trabajo negro, corrupción en la gestión del PER- con una entidad muy diversa, eran efectos previstos del sistema y funcionales a sus objetivos y a su mantenimiento. A su través, económicamente se expandía el ingreso de rentas y se traspasaban recursos a las empresas, por mucho que consolidando la desigualdad. Además, social e ideológicamente se extendía el individualismo, la precariedad, la inseguridad, el conservadurismo...
 
Jornaleros andaluces siguieron desplazándose dentro y fuera de Andalucía (hasta hoy día, miles de andaluces siguen acudiendo a trabajar a la vendimia francesa, a la fruta en Cataluña, al espárrago en Navarra...) buscando en unos casos sólo completar las peonadas y en otras los salarios menos abusivos o complementando al campo con la hosteleria de temporada o la construcción. Las campañas de recolección se fueron comprimiendo, planificadas para requerir más mano de obra en menos tiempo.
 
De forma natural se produjo un proceso de decantación y selección. Allí donde los salarios eran aún más míseros, el ritmo de trabajo más esclavista y las condiciones de vida más infrahumanas, comenzaron a aparecer inmigrantes magrebies y africanos, dispuestos a asumir lo que ya no estaban dispuestos a hacer los propios andaluces. Esta situación degradante e indignante nacía de la necesidad de mantener competitivas en el exterior unas determinadas producciones, según las condiciones económicas previamente establecidas por la Unión Europea. Se dio así la paradoja de que comenzara a producirse inmigración a un país que no la necesitaba económicamente en absoluto en términos objetivos y que seguía situado a la cabeza de Europa en desempleo y trabajo precario e irregular.
 
Dos décadas de subsidio habían mejorado las condiciones de vida en los pueblos pero a costa de establecer un modelo caótico, lleno de desigualdades, irregularidades y complicidades. Eso si, la reivindicación de Reforma Agraria se había convertido socialmente en un recuerdo histórico.
 
El ataque del PP
 
El proyecto del PP pretende echarle el candado al subsidio agrario hasta eliminarlo. Quiere forzar a los desplazamientos de temporada y eliminar la costumbre de abandonarlas cuando se han completado las peonadas y las condiciones son insatisfactorias. Legaliza además una versión del trabajo negro, haciendo compatible salario y subsidio en condiciones favorables para el patron. En general, pretende eliminar la protección -aún perversa, deformada y parcial- que ha significado el Subsidio para entregar sin red a la clase trabajadora del campo al albur de las fuerzas del mercado.
 
Es de suponer que el Gobierno español piensa en una situación futura en la que masas de desempleados del campo se desplacen por Andalucía, peleándose por acceder a un jornal haciendo innecesarios a los inmigrantes en las temporadas de recolección y paralelamente acudiendo también a la costa y a las ciudades de Andalucía en busca de empleos inexistentes. Las consecuencias políticas y sociales de un escenario así en el campo son difícilmente previsibles. Es verdad que al aplicarse a generaciones con, en general, escasa experiencia y organización sindical (y no digamos política); educados y crecidos en el malsano ambiente individualista producido por el modelo del Subsidio, puede -según es previsiblemente la intención del Gobierno español- llevar a una mayor presión a la baja del mercado de trabajo. Pero también es posible que entre sus efectos cercanos -no previstos por el Gobierno- esté un incremento de las luchas en la negociación colectiva en el campo, exigiendo en lugar de las habituales subidas ridículas, incrementos que ayuden a compensar la estacionalidad y temporalidad (que deberían comenzar por doblar los jornales) lo que no dejaría de crear graves problemas en el campo, planteando de rebote el status de Andalucía en la Unión Europea y favoreciendo a medio plazo otro nivel de politización de su situación en búsqueda de alternativas. Al Gobierno español puede que no le importe promover la emigración y el despoblamiento del medio rural andaluz pero es difícil prever qué consecuencias políticas y sociales acarrearía este desplazamiento de población.
 
Es obvio que el PP ataca al Subsidio Agrario sabiendo de su descrédito, incluso en los medios urbanos andaluces. Afortunadamente, este acoso forma parte de una agresión general que facilita la solidaridad entre medios trabajadores urbanos y rurales.
 
De otra parte, no deja de resultar un elemento simbólico que sintetiza el alcance de la estafa autonómica -por mucho que se reclamen aún todas las fuerzas parlamentarias de los medios constitucionales y estatutarios- esta circunstancia en la que un elemento estratégico central de la situación de Andalucía se evidencia que sigue dependiendo totalmente del capricho e intereses del Gobierno español.
 
Las alternativas 
 
Es lógico que el PSOE ante el ataque del PP reivindique sustancialmente su modelo. No es de extrañar tampoco que en el campo, el miedo ante el futuro haga ahora cerrar filar en defensa de lo existente, por insatisfactorio que resulte, sobre todo teniendo en cuenta la carencia de alternativas expresas. Menos aún resulta comprobar como se suben al carro del PSOE, el PCE-IU, PA, PSA y CCOO-UGT, limitándose a reproducir su mismo discurso con algunas variaciones.
 
Sin embargo, que sea necesario combatir el proyecto regresivo del PP no debe conllevar simultáneamente embellecer o compartir un modelo nefasto y socialmente conservador y dependiente como ha sido el del Subsidio. Ambas propuestas -la del PSOE y la del PP- no son más que dos lecturas sucesivas del mismo modelo neo-liberal de Andalucía subordinada y dependiente.
 
Ciertamente, elaborar y plantear una alternativa general que sea de izquierda y nacional, coherente y global, tiene la notoria dificultad de implicar plantear transformaciones sociales y políticas de entidad que no aparecen como fácilmente viables, dada la correlación de fuerzas. Precisamente por ser tan estratégicamente central, el problema suscitado afecta a múltiples ámbitos y cuestiona directamente el papel adjudicado a Andalucía en el Estado español y en la Unión Europea.
 
De entrada, cabría empezar planteando la exigencia de que la Junta de Andalucía asumiera en un acto de soberanía, las competencias sobre el Subsidio Agrario y el PER, adelantando su disposición a mantenerlo (y a modificarlo) fuera la que fuere la decisión del Gobierno español, respondiendo al pronunciamiento favorable al Subsidio-PER ya expreso de la mayoría absoluta de los representantes electos del pueblo andaluz. A esta asunción de competencias habrían de seguirle las relativas a la renta básica, desempleo y en general al derecho laboral. Y a continuación un replanteamiento de la cuestión de la Reforma Agraria y una renegociación especifica de las condiciones de adhesión de Andalucía a la Unión Europea, acompañadas del planteamiento de un nuevo modelo de financiaciones que permitiera afrontar un Plan de Desarrollo para Andalucía. 
 
El mero esbozo inicial que hemos apuntado ya evidencia sus dificultades no sólo formales sino políticas y muestra la necesidad de un esfuerzo urgente de debate, reflexión y elaboración política colectivas para levantar un Programa nacional alternativo. Tan cierto es el desafío que encierra como la convicción de que la izquierda nacionalista no puede limitarse aquí y ahora a hacer seguidismo no sólo político sino también programático del PSOE en su confrontación con el PP.
 
 
*Para una información y análisis detallado cuantitativo y cualitativo del Proyecto gubernamental y de su génesis, véanse los documentos del Sector Critico de CCOO y de CGT.
 
 Antiglobalización 
Entrevista con el Foro Social de Sevilla
'Si el alcalde no pone medios, puede ser un caos' - 'Sevilla es conservadora y mariana, no es de izquierdas y es difícil de movilizar'
 
TEREIXA CONSTENLA | Sevilla - El País - Andalucía / 28 de Abril de 2002

Este texto es un resumen de la entrevista con Federico Noriega, de CGT, José María Trillo, de Ecologistas en Acción, y Javier García, del Movimiento de Resistencia Global. Los tres pertenecen al Foro Social de Sevilla.

¿Qué es el movimiento antiglobalización y el Foro Social de Sevilla?

Noriega. Una respuesta de la sociedad civil ante la incapacidad de partidos tradicionales de izquierda para contrarrestar el empuje de las políticas neoliberales y sus desigualdades. La cumbre de junio fue la chispita que aunó la voluntad de movimientos que ya trabajaban en Sevilla.

Trillo. Es un reflejo de nuevos movimientos sociales y nuevas demandas ante el hiperdesarrollismo actual. El Foro defiende una serie de mínimos en los que coincidimos movimientos tradicionales, sociales y ciudadanos.

García. El término es un invento periodístico, porque es contra la globalización capitalista. El concepto es la esperanza de la humanidad para transformar esta catástrofe, que acaba con el medio ambiente y llega a cotas de pobreza sin precedentes. El Foro defiende en la práctica que es posible otra Europa diferente a la del capital y la que condena a morir a cientos de inmigrantes.

'Una cosa es debatir con la administración y otra venir a nuestro lado de la barricada'

P. Grupos de la izquierda tradicional pertenecen al movimiento. ¿No temen ser fagocitados?

Noriega. Ciertos partidos tradicionales ven una referencia en el movimiento. Para mí dista mucho de que tengan la posibilidad de integrarse en él, tendrían que andar un largo camino del desierto y reflexionar sobre sus errores. Quizá fueran bien acogidos después de esa revisión, no a corto plazo. Flirtean con nosotros, pero no pueden ni deben estar dentro.

Trillo. La izquierda tradicional es también la base del movimiento, no se pueden dejar de reconocer luchas anteriores. Por otro lado hay un intento de acercarse de opciones del neoliberalismo que aún se siguen definiendo de izquierdas. La tradicional puede intentar repetir sus estructuras dentro del movimiento, pero no entiendo el papel que pretenden jugar los sectores neoliberales.

Garcia. El movimiento está llenando un vacío creado porque la izquierda oficial no ha estado a la altura de las circunstancias. Los partidos socialistas se han socialiberalizado con la tercera vía y los comunistas se han socialdemocratizado. Al ver lo que ocurrió en Seattle, a la izquierda tradicional empezaron a sonarle las campanas. Éste es el movimiento social más fuerte desde los sesenta. El Foro de Porto Alegre es el medio por el que la izquierda tradicional está aterrizando en el movimiento. Pero no hay que ponerle ninguna barrera. Lo que nos preocupa es que organizaciones con una práctica neoliberal, que gobiernan en algunas zonas, pretendan convertirse en la voz del movimiento. Nos preocupa que intenten manipularnos.

P. ¿Cerrarán las puertas?

Noriega. Tenemos un manifiesto de mínimos, pero en un momento dado uno se puede tapar la nariz y firmar el manifiesto. No vamos a poner cortapisas, si no las cosas claras. Una cosa es debatir con las administraciones y otra venir a nuestro lado de la barricada, a eso no estamos dispuestos.

Trillo. El Foro se ha estructurado como algo democrático, participativo y coherente. No ha dado ni va a dar muestras de incoherencia en su funcionamiento democrático. Quien juegue a sacar rentabilidad mediática con su incoherencia, pagará los costes. No tengo problemas en que se me acerque nadie, pero que se concrete en demandas reales, no sólo hablamos contra las multinacionales de Estados Unidos, también estamos contra las bases militares de Rota y Morón y a favor de una estructura participativa en los ayuntamientos. El que juega a dos bandas pagará las consecuencias del doble juego.

Garcia. Los partidos estatales han podido vincularse a la campaña estatal contra la Europa del capital y la guerra. No es lo mismo un partido pequeño como el PSA de Pacheco que otro que gobierna. La globalización también afecta a Andalucía y las políticas del Gobierno andaluz tienen que ver con los efectos perniciosos de la globalización.

P. ¿Qué opinan de las distintas actitudes de las administraciones para colaborar con el Foro?

Noriega. En la medida en que tienen más responsabilidades para organizar la cumbre tienen más problemas para facilitar la otra. No pedimos que se incorporen al movimiento, sino que garanticen el derecho a manifestarse. Eso implica que los medios públicos, que pagamos todos, puedan ser utilizados.

Trillo. El diálogo es fundamental para resolver conflictos, pero esperamos que la finalidad de las administraciones al dialogar con nosotros sea para atender nuestras demandas y no para hacer un uso mediático del movimiento y de la fuerza que podemos tener de aquí a junio. Hasta ahora todavía no han concretado espacios. Si no lo hacen pronto tendríamos que romper el diálogo y empezar a utilizar otras medidas para conseguir un derecho como es el uso de espacios públicos.

Garcia. El Ayuntamiento de Sevilla debería tomarse en serio la lección del de Barcelona, que tuvo un nivel de conflictividad menor que el de Génova gracias a la responsabilidad de los organizadores. Pero hay que agradecer los medios materiales y económicos que aportó el Ayuntamiento de Barcelona para el éxito de esa movilización. Si el Ayuntamiento de Sevilla no pone los medios para hacer una buena organización de la contracumbre, esto puede ser un caos.

P. ¿Cuál es el modelo a seguir en Sevilla?

Noriega. No vamos hacer una cumbre de bloqueo, sino de diferenciación de espacios. Hay temas que tendrán más importancia, como la inmigración o el rural.

Trillo. Barcelona ha sido un referente organizativo y de contenidos.

Garcia. Barcelona es un modelo a seguir. Fue un éxito con medio millón de manifestantes, la movilización más grande de la historia del movimiento, mayor que Seattle.

P. ¿Y aquí esperan más?

Noriega. Hay un problema geográfico. Barcelona está cerca de Europa y tiene un área metropolitana de cinco o seis millones de habitantes. El éxito no es tanto que la gente venga de fuera, si no que impliquemos a la ciudadanía de aquí.

Garcia. Sevilla es una ciudad conservadora y mariana por excelencia, no es de izquierdas y es difícil de movilizar. En junio más. Tenemos que plantear a la sociedad sevillana que en esta movilización también se reivindica otra manera de hacer la ciudad. Barcelona es el modelo, aunque se podrían mejorar algunos aspectos. Allí se vivió la infiltración de policías en las manifestaciones autorizadas. El movimiento antiglobalización es pacífico en su 99%, a lo mejor hay un sector muy minoritario que puede provocar incidentes, pero que nos dejen manejarlos y no nos metan infiltrados para provocar luego la intervención policial. Es la única nota triste que hay.

P. ¿Se sienten responsables de actos violentos?

Noriega. Desde el 11-S todavía nos criminalizan más, todo lo que se mueve contra el imperio es terrorismo. Todo lo que organizamos son actos pacíficos. En Sevilla pondremos todos los medios para que sea así, hasta ahí nuestra responsabilidad.

Los mimbres del Foro Social de Sevilla

MRG. El Movimiento de Resistencia Global es uno de los grupos que ha nacido de las protestas contra el actual modelo de globalización económica. En Sevilla está integrado por personas a título individual y colectivos (Jóvenes contra el Racismo, Asamblea de Cooperación por la Paz, Izquierda Revolucionaria, CGT, IU, SOC y Ecologistas en Acción, entre otros). Se reúnen dos veces al mes en la sede de la CUT.

ATTAC. La Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para la Ayuda a los Ciudadanos, un movimiento internacional, se constituyó en Sevilla en 2001. Está implantada en varias ciudades andaluzas. Es uno de los colectivos que ha nacido en respuesta al avance de la globalización económica.

El Foro Social de Sevilla está integrado, en la actualidad, por medio centenar de organizaciones, además de personas independientes. Entre los colectivos del Foro figuran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Caravana por la Paz, CCOO, CGT, la Coordinadora de ONG, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el RCADE Sáhara, Izquierda Andaluza, IU, Los Verdes, Movimiento por la Objeción de Conciencia, Mujeres de Negro, ODITE, PCE, PSA o USTEA. Y MÁS La Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa surgió en 1999 para organizar una consulta popular sobre la abolición durante las elecciones del 12 de marzo de 2000. Más de un millón de personas participaron en la consulta, en la que el 97% se pronunció a favor de que el Gobierno español cancelase las deudas con los países empobrecidos. Tienen representación en Sevilla.--

 
Manifiesto del Foro Social de Sevilla 2002 
OTRO MUNDO ES POSIBLE, OTRA EUROPA ES POSIBLE 

1. Los hombres, mujeres y entidades ciudadanas de Sevilla firmantes de este manifiesto nos declaramos a favor del justo y libre acercamiento social, económico, político y cultural entre los pueblos y países del mundo, dentro de los valores democráticos que defendemos y que quisiéramos ver reforzados en el siglo XXI en todo el mundo. En ese contexto, está la Europa social y justa que debemos construir entre todos. Nos emplazamos pues a defender y promover una Europa solidaria, social y profundamente democrática. Los valores de las personas deben estar por encima de los enfoques económicos y financieros del proceso europeo en marcha, un proceso centrado desde sus inicios en el mercado único, a través de políticas económicas, monetarias y financieras abiertamente neoliberales, donde prima y predomina la visión económica capitalista.

2. Estamos a favor de una redistribución de rentas y de una fiscalidad europea común y socialmente avanzada, ante la existencia de conflictos financieros mundiales que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas de este mundo. Creemos en la necesidad de crear instrumentos y mecanismos recaudatorios para impedir la especulación y las guerras financieras, destinados básicamente a paliar los efectos más dramáticos de la globalización en los países del mundo.

3. Estamos a favor de abolir, condonar y hacer desaparecer la deuda externa de los países económicamente dependientes. Necesitamos y defendemos una economía mundial justa y solidaria frente a los abusos del capital hacia el medio ambiente y las personas. Una nueva economía que establezca nuevas relaciones económicas y sociales distintas a las actuales que establece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio con los países. Una economía al servicio de las personas y de los pueblos.

4. La construcción política de Europa se escapa al control democrático de la ciudadanía. Una de sus características es su carácter antidemocrático. Las instituciones europeas toman decisiones sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Algunas de ellas ni siquiera tienen que rendir cuentas a los gobiernos de los países miembros. La única institución donde la ciudadanía europea tiene representación directa es el Parlamento Europeo que apenas tiene poder real. Ante la ausencia de una verdadera unidad de los pueblos de Europa, abogamos por una construcción europea desde la única instancia que puede legitimarla: los ciudadanos y de una recuperación por estos de los espacios públicos transferidos a los poderes financieros y empresariales.

5. Estamos a favor de políticas sociales reales, y en modo alguno podemos aceptar la actual Carta Social Europea, verdadero exponente de una Unión Europea de mínimos sociales y democráticos inaceptables y más que complaciente con las desregulaciones neoliberales que en materia social se están realizando. Los contenidos de esta Carta se hallan bastante por debajo del ordenamiento jurídico que en materia social y laboral es recogido en la totalidad de las Constituciones de los estados miembros y de los tratados internacionales firmados por estos, cuyos textos no se cumplen y son insuficientes.

6. Abogamos por un pensamiento crítico, libre y democrático. No aceptamos los principios y contenidos del pensamiento único y de su reflejo en las políticas exterior y de inmigración, centradas en solucionar problemas sin establecer una verdadera política de solidaridad con los pueblos y países del mundo.

7. El actual enfoque del mundo después de los sucesos del 11 de septiembre y el conflicto de Afganistán ha establecido a Europa como aliada de Estados Unidos en su afán imperialista. Expresamos nuestra preocupación por la regresión del estado de derecho, que con la excusa de combatir al terrorismo, ataca las libertades que dice defender y amordaza a la sociedad civil. Para establecer una nueva Europa y otro mundo posible hay que hacer una defensa activa de los derechos humanos y la paz . Preconizamos una Europa que impulse el derecho internacional y una cultura de resolución pacífica de los conflictos.

8. Europa también se arma y elabora políticas militaristas. La Unión Europea esta poniendo en marcha una fuerza de intervención rápida capaz de llegar a cualquier parte del planeta, más de 100.000 soldados dispuestos a desplegarse para defender los intereses de la Europa del capital. De esta manera cada parlamento nacional tendrá que destinar parte del presupuesto anual a aumentar los gastos militares, que irán destinados la mayoría de ellos al desarrollo de la investigación militar para la producción de nuevas armas, reduciéndose aún más los fondos destinados a asuntos sociales.

9. Ante el futuro de este planeta y de los que lo habitamos, y de las nuevas generaciones, necesitamos de una Europa más comprometida con el medio ambiente y sus habitantes. Ante el hecho de los graves abusos que cometen los poderes económicos a través de la política económica, social y medioambiental europea denunciamos su reflejo en la estrategia europea de desarrollo sostenible destinada a ser base de los que quieren convertir el planeta y sus habitantes en un recurso más.

10. Saludamos la celebración del II Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre, nos hacemos eco de las denuncias y alternativas allí vertidas por centenares de movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de izquierdas de todo el mundo.

Hombres, mujeres y entidades ciudadanas de Sevilla firmamos este manifiesto y en torno a él nos constituimos en Foro Social de Sevilla por otra Europa y otro Mundo más democrático y justo. Llamamos a nuestros convecinos y conciudadanos a participar en su construcción .

Foro Social de Sevilla

Opinión
Foro Social de Sevilla: Reflexiones a vuelapluma

*Leyendo el Manifiesto constituyente del Foro Social de Sevilla salta a la vista y llama la atención que en todo su texto no aparezca ni en una sola ocasión la palabra "Andalucía". Andalucía, simplemente, no está. Habrá quien piense que esta opción por situarse al margen del espacio -definiendose a partir de un discurso que se pretende igualmente valido para Dinamarca que para Córcega- es una muestra de internacionalismo. Por otra parte, habrá tambien -como en nuestro caso- quienes sabiendo que el internacionalismo nada tiene que ver con el cosmopolitismo abstracto, valoren esta omisión primariamente como una muestra de la debilidad política del Foro, reflejo de una situación de la izquierda social andaluza que explica en parte su propia marginalidad. El tono europeista del documento o la ingenua referencia al derecho internacional como talisman justiciero, abundan en esta impresión.

*Dicen los portavoces del FSS que Barcelona es un modelo a seguir y un referente organizativo y de contenidos. Nadie niega el exito de convocatoria en la movilización de la capital de Cataluña. Sin embargo, es mucho más discutible que sus efectos políticos se hayan situado a la altura de los precedentes de Seattle, Praga, Gotemburg o Genova. Más bien parece que Barcelona supuso un remanso agradecido en el camino de los lideres neoliberales de la Unión Europea, que -como buenos democrátas- no tuvieron mayor problema en convivir con una manifestación demostrativa -eso si, muy grande- realizada una vez terminadas sus tareas y que en ningun momento se planteo aún como objetivo simbólico obstaculizar ni tan siquiera fuera formalmente sus planes y funciones. Federico Noriega (CGT) pone el dedo en la llaga cuando en la entrevista anuncia la apuesta del FSS por una cumbre de diferenciacion de espacios y no de bloqueo. Más bien parece que la Unión Europea y lo que representa, puede convivir perfectamente con quienes de entrada ya prefieren recluirse en su espacio hasta consumirse en él; más dudoso es que mantuviera similar actitud tolerante si a los discursos de condena, le acompañaran las convocatorias en sitio, hora y fecha coherentes al objeto de dificultar su faena. Ni es lo mismo uno que lo otro, ni son las mismas las consecuencias de una u otra, ni son iguales las enseñanzas que desprenden en la conciencia social y especialmente juvenil una u otra, ni seguramente la actitud de las fuerzas social-liberales o de algunos añadidos en su seno sería la misma ante el Foro si en lugar de optar por una, hubiera optado por la otra. He aqui un ejemplo claro de como lo pretendidamente organizativo es tan político como la letra de un manifiesto. Quizá quepa rectificar todavía.

*Y es que en los ultimos dias el FSS ha saltado a la palestra publica al haberse visto implicado en toda una operación de integración mediatica desde el PSOE, en la que ha participado hasta el mismisimo Presidente Chaves (ver Andalucía Libre nş 114) y que puede seguirse en detalle en Andalucía24Horas. Merced a una entrevista con Chaves y las consecuentes declaraciones en cascada, tanto propias como ajenas, el PSOE ha conseguido transmitir la imagen de que se encuentra a los dos lados de la barricada: responsablemente, como fuerza institucional, del lado de los lideres de la UE y tambien del sector pacifico y responsable -a manera de una ONG- del llamado movimiento antiglobalización.

Lo de menos en este episodio ha sido que en su origen la implicación de Chaves pretendiera enmendar la  torpe actitud reaccionaria del alcalde Monteseirin (PSOE) que, estupido como siempre, cateto y más papista que el papa, preocupado por no molestar a la Sevilla Eterna y orgulloso de su segundo de gloria al recibir en su ciudad a tanto jerifalte, se habia preocupado de manifestar una ostentosa sordera a las peticiones de espacios publicos de infraestructura para la Contracumbre realizadas reiteradamente desde el Foro Social de Sevilla. Cabe ante ello preguntarse si hubiera sido (o sería) tan grave que los forasteros, tras comprobar como se las gasta el PSOE en Andalucía llevandose esa noticia por Europa, tomaran paseos y espacios sevillanos, disfrutando de la primavera andaluza y sus noches sensuales. Cabria tambien interrogarse sobre si un centro de prensa -que por otra parte puede sustituirse por las sedes de las organizaciones políticas y sociales autoctonas o por otros recursos- y un camping, compensan no sólo la alteración de las prioridades politicas sino tambien todos sus efectos colaterales. Quizá las gentes del FSS tendrían que repetirse a si mismas que ni han de competir ni han de demostrar nada ante nadie de fuera y que, en todo caso, por lo que podrán ser medidos no es por la variedad de los recursos materiales que ofrezcan sino por la tarea realizada de clarificación política y consecuente convocatoria a la población andaluza. (Lo que viene a recordar que una mijita de dignidad nacionalista es hasta buena para la salud psicologica de la gente).

*Finalmente, dos constataciones al hilo de la entrevista. Primera, que todas las horas dedicadas a los mecanismos y florituras habituales se demuestran poco practicas ante la obviedad de que todo hijo de vecino es incapaz (y en su derecho está, además) de abstraerse de sus principios y prejuicios a la hora de explicarse y que mejor partir de ello. Segunda, que mejor una roja que ciento amarilla, es decir, que hubiera sido mucho más claro que en lugar de tanto eufemismo alguien hubiera citado a Chavez y al PSOE por su nombre, al hablar de los intentos de usurpación y acercamiento oportunista e hipocríta al Foro. (Aunque puede que esto se dijera y quedara cortado, claro).

La trama política del BBVA
Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada

La evasión de divisas, la existencia de cuentas "B", el blanqueo de dinero y el fraude fiscal no son acciones ajenas a las prácticas de los grandes bancos. Su ejercicio es fuente de delito y está penado por la ley en la mayoría de los países. Sin embargo, descubrir el organigrama, las actividades y poseer documentación acreditante de dichas acciones o bien responde a un golpe de suerte o forma parte de una estrategia deliberada tendiente a obtener beneficios políticos y económicos.

La historia es clara. En Italia el Banco Ambrosiano y la Logia P-2, son un buen ejemplo. Los objetivos eran precisos. La suerte poco tuvo que ver en el descubrimiento y posterior desenlace. Su trama fue deliberada y conscientemente planificada. Una situación similar se da en el caso BBVA en España. Existe una operación política argüida por el gobierno de Aznar y la nueva élite económica consolidada tras las privatizaciones para acabar con el poder político de la aristocracia vasca conocida genéricamente con el nombre de las familias de Neguri (Ciudad de invierno en euskera), centro de reposo y veraneo de la aristocracia vasca situada a 14 kilómetros del centro de Bilbao, es un barrio exclusivo. Palacios y mansiones, campo de golf, club de hípica y casino. Los apellidos más famosos de la burguesía vasca responden a este grupo donde destacan las siguientes familias. Aguirre: ligados a la siderurgia y consejeros del BBVA, antes en cargos del Banco de Bilbao. Ampuero: dueños de navieras y cementeras con vínculos en el Banco de Bilbao y vicepresidente del BBVA. Aresti: vinculados a los negocios de la industria papelera y sector eléctrico, ex consejeros del Banco de Bilbao, también del BBVA. Chalbaud: empresarios siderúrgicos. Delclaux: industriales del vidrio, consejeros del BBV. Echevarrieta: una de las mayores fortunas de Vizcaya obtenida en la especulación de terrenos y la actividad minera. Icaza: negocios inmobiliarios y financieros. Son consejeros de Iberdrola y del BBVA. Knör: las sopas llevan su nombre. Román Knör preside la patronal vasca Confebask. Lezama-Lequizamón: familia minera e industrial; también consejeros del BBVA. Lipperheide: desarrollan su actividad en el sector químico y plásticos. Han participado de la vicepresidencia del Banco Vizcaya siendo posteriormente consejeros del BBV. Martínez- Rivas: astilleros e industria naval. Muguruza: industria de armas, comerciantes, consejeros del Banco Vizcaya. Lo han sido del BBVA. Sandagorta: construcción naviera y petroquímica. Han sido consejeros del Banco Vizcaya y vicepresidente del mismo. Ocuparon cargos de consejeros en el BBVA. Sota: diversificado en Astilleros, Altos Hornos de Vizcaya. Sector eléctrico. Ybarra: siderurgia, Altos Hornos de Vizcaya. Navieras y capital financiero. Creadores del Banco de Bilbao. Consejeros del BBVA. Zubiría: socios fundadores del Banco Vizcaya, consejeros del BBVA.(1)

Todas estas familias y sus respectivos cruces endogámicos han ido perdiendo terreno económico, sobre todo a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX. Ya en la guerra civil española Francisco Franco los combatió dado el nacionalismo profesado por la mayoría de ellos. Y este es el quid del problema. Si bien forman parte de la derecha española, su alto grado de cohesión les permite constituirse en un grupo de presión significativo, incidiendo en el proceso de toma de decisiones a nivel estatal. Disminuidos en su poderío económico no se les puede menospreciar. Sus vínculos se entrecruzan y emergen tanto en el Partido Nacionalista Vasco como en el Partido Popular. Sin embargo, su origen vasco les da una perspectiva singular, distanciándose de la propuesta de Aznar en la lucha contra el PNV. Es este grado de independencia el punto de inflexión que desata la trama para eliminar políticamente al grupo de Neguri de la escena política. Se trata de limpiar el camino y unificar la nueva derecha donde no existan fisuras. Tal y como señala el portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti: "Aznar concibe su democracia como una democracia de imposición...Aznar quiere ser el Cid campeador, el guerrero del antifaz. Porque es un nacionalista español de extrema derecha. Y actúa como tal. No hay que asustarse".

Fue la independencia política respecto de la dirección del Partido Popular una declaración de guerra a muerte. Mientras el PP estuvo en la oposición los consideró aliados tácticos; su llegada al gobierno provoca un giro estratégico, decidiendo enfrentarse a las familias de Neguri. Son un lastre en la lucha anti-nacionalista emprendida desde el PP y el gobierno. Si su poder financiero estaba en el Banco Vizcaya Bilbao, hacía falta descubrir las cuentas "B" y llevar al grupo de Neguri al suicidio colectivo. Y así ha sido. El desvelar las cuentas ha significado la dimisión de todos y cada uno de los consejeros del BBV participantes en la unión con Argentaria, grupo de banca pública privatizada y en cuya cabeza se encuentra un hombre de confianza de Aznar: Francisco González. Todos los consejeros provenientes del BBV han dimitido. Los imputados por el juez responden a las familias de Neguri. ICAZA, ARESTI e YBARRA como máximos representantes. En total, 22 imputados que dejan en la actualidad la dirección del BBVA en manos de consejeros externos al BBV. Ello concluye la estrategia. Ahora sólo resta cambiar la sede del banco. Su traslado del País Vasco a Madrid se producirá en breve tiempo. Las familias de Neguri han perdido su poder. Las nuevas élites transnacionales y los grupos financieros ligados a los procesos de privatización en los países donde el BBV construyó parte de su poder está ahora en otras manos.

Los delitos imputados existen y nadie los pone en duda. Las conexiones en América Latina son una realidad. Sin embargo, resulta curioso cuando no sospechoso que todo el caso se levante cuando en 15 de noviembre de 2001 un ciudadano estadunidense, Nelson Rodríguez, testigo protegido acusado y condenado por estafa y curiosamente vicepresidente ejecutivo, encargado de asuntos jurídicos -asesor legal general y secretario de la junta de directores del BBV en Puerto Rico desde 1992 hasta 1998- se presenta voluntariamente a declarar en el juzgado aportando más de 400 folios de documentación donde se detallan todas las operaciones en América Latina. Ello es más relevante que la existencia y posesión en manos del juez del llamado "Manual de Productos Fiduciarios". Manual cuya autoría será casi imposible determinar cuando no imposible de descubrir.

En definitiva, el objetivo de Aznar está cubierto. Sólo que ahora sufrirá las consecuencias de urdir esta conspiración. La implicación de su ministro RATO, al cual Argentaria concedió favores para sus empresas, abre la caja de Pandora.

1- Gonzalo San Segundo, Auge y Ocaso de Neguri. Revista El Siglo, No. A, 505 abril 2002. Pág 32-38

 Euskadi
Ilegalización de Batasuna
Las razones de Sharon Aznar
Arnaldo Otegi
Portavoz de BATASUNA / Rebelión
 
 

 
Intentar comprender hoy la razón de ese especial obstinamiento policiaco y militar contra la izquierda independentista por parte del Gobierno de Sharon Aznar, sin tener en cuenta al menos lo más sustancial de lo ocurrido en nuestro país en los últimos 25 años, nos puede conducir sin duda a una cierta desorientación analítica.

Hace 27 años la derecha española diseñó el proceso de transición post-franquista buscando alcanzar tres grandes objetivos estratégicos: la homologación internacional del Ğnuevo sistemağ, la incorporación de la economía al circuito internacional y la derrota (militar o por asimilación) de la izquierda abertzale, único sector popular y político que se oponía a aquella caricatura de democracia.

Aquella derecha entendió, entonces, que necesitaba la legitimación democrática para su proyecto, sabedora de que la memoria popular la identificaba plenamente con el sector económico y funcionarial que había sostenido al asesino Franco durante 40 años. Actuó guiada por ese complejo y se vio obligada a hacer concesiones tácticas, las necesarias para alcanzar los tres grandes objetivos planteados.

No hubo ajuste de cuentas con el pasado fascista, ni verdadera vocación democrática, sólo la necesidad imperiosa de la oligarquía financiera e industrial de hacerse un hueco honorable en el escenario europeo e internacional.

Transcurridos 27 años, esa derecha (son los mismos perros con distintos collares) ha alcanzado dos de sus objetivos: ha recuperado legitimidad, gobierna a través del sufragio universal y Ğpresideğ Europa, mientras la oligarquía financiera e industrial saquea Latinoamérica y mantiene tasas de beneficio escandalosas.

Pero hay un objetivo que no ha podido alcanzar: nuestra derrota política. Hoy ese objetivo se convierte en prioritario en la medida que, tras la experiencia de 1998, el Estado español sabe que la izquierda abertzale, lejos de estar derrotada, mantiene en pie un proceso de construcción democrático que desborda con nitidez el diseño Ğdemocráticoğ levantado en 1977. Por eso es necesario entender que la represión es hoy cualitativamente distinta: no se busca repetir experiencias pasadas de desgaste permanente e intentos de Ğrecuperaciónğ para la democracia (como en Ajuria Enea). Hoy sólo sirve la derrota total. El aniquilamiento político de la izquierda abertzale es condición indispensable para volver a ganar otros 25 años para el proyecto ĞEspañağ.

Hoy, cuando esa derecha libre de complejos, homologada en las urnas e integrada en el circuito de las Ğgrandesğ democracias europeas, se apresura a librar Ğla últimağ batalla contra el único enemigo que representa una amenaza real para la estabilidad del actual status político, Sharon Aznar se dispone a recuperar las concesiones que tuvieron que hacer en la transición (involución autonómica) y a intentar abortar el proceso de construcción de un marco realmente democrático para el pueblo vasco. Esa es la alternativa constitucionalista hispana: hacer lo que los complejos no permitieron hacer en el 78. Hacer definitivo el Ğatado y bien atadoğ de Franco.

En consecuencia, la alternativa que presentan a nuestro pueblo es la sumisión y aceptación de los valores constitucionales (partición y autonomía recortada) o la guerra. Es el mensaje que lanzan a la izquierda abertzale y a los sectores obreros y populares que queremos la ruptura democrática y la devolución al pueblo vasco del derecho a la libre determinación.

Para quienes pactaron la reforma en el 77 y homologaron el sistema en clave abertzale, el mensaje es de doble dirección: se aceptan definitivamente las reglas de lealtad constitucional (nada de Ğpinitosğ soberanistas) o el Estado pone en jaque la autonomía vía leyes orgánicas para desalojar de la misma a los actuales gestores a través de la mayoría constitucional que se producirá tras la Ğausenciağ forzada de Batasuna.

Esta es la actual encrucijada de nuestro pueblo: un intento represivo de paralización del proceso de construcción definitiva del marco democrático vasco, y al mismo tiempo una oportunidad real de aceleración de ese proceso. Y la circunstancia histórica que Batasuna y la izquierda abertzale tienen que encarar con frialdad de análisis y capacidad de propuesta.

En este contexto se encuadra tanto la propuesta para la resolución democrática del conflicto hecha pública en Iruñea como la propuesta para el cambio político, la autodeterminación y la construcción de un marco democrático integral que vamos a realizar el próximo día 27 en el Palacio Euskalduna de Bilbo.

Hoy más que nunca tenemos la urgencia histórica y la responsabilidad política de hacer un ejercicio de judo político que reconvierta la contraofensiva del Estado español ­con plena colaboración del francés­, en una ofensiva general del pueblo vasco en demanda de sus derechos democráticos. Siendo conscientes de que los dos estados tratan de hacer frente desde la represión a la estrategia de construcción nacional y social que hemos desarrollado en la ultima década.

Golpean a todos los sectores populares que construyen país, que construyen el euskara o la desobediencia, que construyen el movimiento juvenil, que construyen la universidad nacional, que construyen la solidaridad con nuestros prisioneros, que construyen las instituciones nacionales, el espacio comunicativo nacional o el marco vasco de relaciones laborales.

El Estado español y el francés necesitan paralizar y eliminar a las estructuras políticas que han alimentado una estrategia que sector a sector plantea dinámicas que hacen visibles los límites del actual status quo y que hacen necesario el cambio político, la autodeterminación.

Por ello mantienen una despiadada estrategia de agresión en todos esos terrenos; no les basta combatir a la organización armada ETA, necesitan combatir el euskara, la educación, la desobediencia, Udalbiltza o el marco de negociación colectiva. Necesitan destruir la simiente sindical y política que está construyendo durante más de una década (con limitaciones y errores) el marco político alternativo para la economía, la educación, los trabajadores, los jóvenes, la cultura y la desmilitarización de Euskal Herria.

Por todo esto vamos a hacer una propuesta que sirva para que con esa llave de judo político que debemos hacer a los dos estados, su arrogancia y su altanería sean derrotadas por la humildad, el trabajo de hormiga y la dignidad democrática de Euskal Herria.

Profundizar en la estrategia de construcción de nuestro pueblo, intensificar el trabajo en los sectores estratégicos (euskara, educación, economía, Udalbiltza...) y levantar un muro social y político que articule una estrategia al servicio de la mayoría popular son, en consecuencia, las tareas que nos aguardan.

Todos los sectores democráticos y populares de Euskal Herria debemos construir la única estrategia y alternativa democrática real que derrote a los neofranquistas y conquiste un marco nacional que satisfaga los intereses democráticos y populares del pueblo vasco. En definitiva, el debate tiene nombre y apellido: cómo hacer frente a los continuos ataques de los dos estados, y cómo construir una estrategia nacional, eficaz, para edificar el marco que satisfaga nuestras aspiraciones económicas, políticas, institucionales, lingüísticas y culturales.

Son tiempos de represión, pero también tiempos llenos de oportunidades para hacer avanzar la situación en la dirección y la sintonía de la mayoría popular. Son tiempos de responsabilidad nacional, no valen ni regates en corto, ni cálculos electorales. Son tiempos para el compromiso con el cambio político, la construcción, la paz y la autodeterminación. Con ilegalización, represión, cárcel, tortura o exilio... éstas son nuestras posiciones y no nos van a mover.

Opinión
Involución democrática
En agosto de 1956, el Tribunal Federal de Garantías Constitucionales alemán prohibió al Partido Comunista de Alemania (KPD) por "tener la manifiesta intención de eliminar, mediante una actividad subversiva, al Estado democrático". El proceso de ilegalización empezó en 1951, reclamado por el Gobierno federal y dio lugar a detenciones y penas de cárcel a militantes del KPD por "actividades anticonstitucionales" incluso antes de la ilegalización del partido. Fue una decisión tomada por un Gobierno CDU con el aval del SPD (es decir, una decisión de estado con respaldo bipartidista). Aparte de los nazis emboscados, situados en la CDU-CSU y el SPD, la República Federal de Alemania autorizó con posterioridad partidos expresamente ultraderechistas como el NPD. El PC estalinista tuvo que esperar hasta 1968 para ser legalizado de nuevo, exigiéndosele un cambio de nombre (DKP) y una expresa declaración de lealtad y acatamiento a la Ley Fundamental de la RFA que había sido aprobada para propiciar y consumar la división de Alemania y la conformación de un Estado capitalista alemán inserto en la alianza hegemonizada por los EEUU. 
 
La Constitución de la RFA fue redactada como una constitución de guerra fria. En su mismo articulado (arts. 9.2; 18 y 21.2) adelantaba la posibilidad de restringir los derechos democráticos y la primacía de la defensa del Estado capitalista parlamentario sobre cualquier otra consideración. El articulo 21.2 de la Ley Fundamental alemana decía:
"2. Los partidos que por sus fines o por la actitud de sus afiliados tiendan a desvirtuar o destruir el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania son anticonstitucionales. Sobre la anticonstitucionalidad decidirá el Tribunal Federal de Garantías Constitucionales."
La Constitución monárquica vigente del Estado español sólo dice al respecto (Artş 6) que la creación y la actividad de los partidos "son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley", es decir, que hasta el momento en que vulnere bien la Constitución o la Ley, un partido político es libre y ha de ser reconocido. Esta circunspección -que contrasta con el caso alemán- se explica por la recientísima Dictadura y por la ausencia de legitimidad de la mayoría parlamentaria del momento -proveniente del franquismo- para apoyar un redactado aún más restrictivo, aún fresca su participación activa en la Dictadura franquista. Por ello, las formulas de control o supresión de las organizaciones políticas fueron remitidas en el ordenamiento español a normas de rango inferior.
 
El proyecto propuesto por el Gobierno ultraespañolista del PP*, redactado al objeto de ilegalizar a Batasuna -el actual nombre de la formación mayoritaria de la izquierda abertzale vasca, anteriormente denominada Euskal Herritarrok y antes Herri Batasuna- retoma el estilo de la legislación alemana, superándola hasta el punto de incluir el fomento del odio (?) como causa de ilegalización. Defender, por ejemplo, que el cambio político y social en Andalucía que la emancipe nacional y socialmente no podrá conseguirse ateniéndose a las normas constitucionales o estatutarias, requiriendo previsiblemente una confrontación popular contra el Estado español, ya seria causa posible para la ilegalización de una organización política. Con la norma propuesta por el PP y por su fuera poco la fiscalia y demás servidores del estado, cincuenta diputados pueden proponer la ilegalización de otro partido.
 
Obviamente, este proyecto está hoy pensado expresamente para ilegalizar a Batasuna. Pero que esto sea así no significa que no quede también vigente como advertencia y limitación a todas aquellas fuerzas de esa u otras naciones del Estado español que pretendan ir más allá del orden nacional y social admitido y vigente. Siguiendo a los clásicos, el proyecto del PP es todo un ejemplo de lo que es el Estado y su naturaleza y de como, por encima de las formas parlamentarias y de los procedimientos que lo hacen denominarse a si mismo Estado de derecho, el Estado es y sigue siendo esencialmente una dictadura, más o menos tolerantes según circunstancias y conveniencias pero siempre amenazante.
 
Contaba en Antena 3, Pérez Rubalcaba -el encargado por el PSOE de los asuntos antiterroristas- que el PSOE se había enterado de los propósitos gubernamentales de hacer una ley para ilegalizar Batasuna "un domingo por la tarde a través de un despacho de agencia". Luego, cuando el mismo PSOE intentó recuperar algo de protagonismo y no asumir textualmente el dictado del Gobierno, Aznar acusó a Zapatero y al PSOE de arrugarse ante las amenazas de ETA. Con este recurso eufemístico a la ausencia de sustancia viril en el comportamiento del PSOE, Aznar reclamaba para si la hegemonía y la centralidad en la cruzada contra la izquierda abertzale vasca. De hecho, el PP con esta propuesta -que desarrolla presupuestos defendidos y aplicados con diligencia por el Juez Garzón- lo que viene a defender es que desaparezca la diferenciación entre la persecución de delitos tipificados -de hechos- y la represión sobre quienes compartan ideas políticas con quienes cometen esos delitos. El ultraespañolismo del PP considera que la actuación de ETA sirve como excusa para perseguir y reprimir a todos aquellos que en Euskadi defiendan, por ejemplo, que la independencia vasca no podrá conseguirse ateniéndose a las normas constitucionales o estatutarias, requiriendo previsiblemente una confrontación popular contra el Estado español. Aprovechando el aislamiento progresivo que genera inevitable y objetivamente la continuidad de las actuaciones de ETA, el Gobierno español pretende eliminar de la legalidad a la izquierda abertzale y reducirla a añicos. Previendo y buscando la respuesta desenfrenada por parte de ETA, el PP quiere aprovechar sus efectos para continuar en su confrontación con el Gobierno PNV-EA-IU en pos de una escalada que le permita realimentar y reproducir las condiciones de enfrentamiento de las pasadas elecciones vascas, buscando primero dificultar un nuevo pacto PNV-PSOE  y luego, que sea posible consumar el objetivo de desalojar al PNV del Gobierno de Vitoria.
 
Fuera de Euskadi no cabe sino denunciar y rechazar este nuevo atentado antidemocrático. Recordar que no le faltan precisamente instrumentos penales al Estado español para perseguir a ETA y que no es ni puede ser lo mismo el hecho de que haya personas que compartan militancias con una identidad entre dos organizaciones distintas, por mucho que tengan entre si coincidencias de objetivos políticos. No se puede mantener la impasibilidad cuando se comprueba como el Estado español actúa contra una fuerza antisistema en cuanto supera la invisibilidad social. Lo cual no implica, por supuesto, no sólo entender asimismo que el optimismo y la arrogancia de Otegi -por ejemplo- no tienen ningún fundamento analítico y resultan patéticos en la actual coyuntura sino constatar y defender también que sólo a partir de la tregua de ETA podría generarse un escenario político en Euskadi que permitiera recuperar a las fuerzas socialistas independentistas la iniciativa política, tanto frente a Madrid como a Vitoria y que más valdría a estas alturas que algunos -en lugar de repartir excomuniones- se pusieran a mirar la realidad, primando de verdad fines y objetivos sobre medios, costumbres e instrumentos.
 
 
 Córcega
Los independentistas corsos retiran sus candidatos para las elecciones legislativas
Los miembros de Corsica Nazione valoran de forma negativa el resultado de la primera vuelta de las presidenciales

PARIS.- Más de un centenar de delegados del movimiento nacionalista corso Corsica Nazione, reunidos ayer en Corte (al norte de la isla) decidieron por "una amplia mayoría" -91 votos a favor, 21 en contra y 17 abstenciones- que no participarán en las Legislativas, ha explicado hoy el portavoz, Eric Simoni. El portavoz ha señalado que "tomamos nota" de los resultados de la primera vuelta de las presidenciales y ha añadido que "el proceso de Matignon está definitivamente parado",  al explicar que el probable nuevo presidente -Chirac- "no parece abierto a continuar las discusiones".

Había sido Jospin quien, en septiembre de 1999, inició el proceso de descentralización en la isla -conocido como "proceso de Matignon"-, y quien se había comprometido, si era elegido jefe del Estado el 5 de mayo, a reformar la Constitución para permitir la autonomía a Corsica. Así la ley de autonomía limitada para Corsica, aprobada por el Parlamento en diciembre pasado, prevé la revisión de la Constitución antes de 2004 para dotar la Asamblea regional de ciertos poderes legislativos, aunque el todavía primer ministro había reiterado que la conclusión final del proceso político debe ir acompañado del "restablecimiento de la paz civil", condición que "debe ser respetada".

Tanto Corsica Nazione como el partido Indipendenza suspendieron su apoyo al proceso abierto por Jospin en septiembre pasado y pidieron, el pasado 12 de marzo, que se establezca una nueva "relación de fuerza política" que permita garantizar el éxito de la segunda fase, que conlleva la evolución institucional de Corsica.

De forma simultánea, las organizaciones independentistas designaron sus candidatos para las legislativas del 9 y 16 de junio en las cuatro circunscripciones de la isla: el líder nacionalista Jean-Guy Talamoni, Francois Sargentini, Paul Quastana y Jean-Marie Poli. Los cuatro candidatos de Corsica Nazione habían conseguido entre el 10,4 y el 16,18 por ciento de los votos en sus circunscripciones de la primera vuelta de las legislativas de 1993. La coalición no se presentó en las siguientes, de 1997, por las luchas intestinas en el movimiento independentista corso.

Chirac ha afirmado que mantendrá los compromisos contenidos en la ley sobre la "autonomía limitada" de Corsica, pero advirtió que "no aceptaré que, de una u otra forma, se separe Córcega del conjunto francés". En cuanto a Le Pen, que no ha celebrado ningún acto público en Corsica desde 1992 por la hostilidad de los nacionalistas, propone inspirarse en "el estatuto de ciertas islas mediterráneas como Sicilia o Cerdeña".

 
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