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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 80 - Campo andaluz - Almeria - Granada sin 0,7 - Ca ja Unica - SSP Escocia - Euskadi - Córcega -
Fecha:Lunes, 26 de Febrero, 2001  18:01:57 (+0100)
Autor:Andalucía Libre <andalucialibre @.......es>

Andalucía Libre
Independencia    República    Socialismo

nº 80
Cita Nacional:
Granada, 2 de Enero de 2002
Toma NO; Viva Andalucía Libre
 
En este Correo:
 
* José del Toro Domínguez (SOC), La situación del campo andaluz
* Miguel Moya Guirado, Encierro de inmigrantes: Almería es diferente
* Granada: El tripartito (PSOE-IU-PA) recurre a un ardid contable para incumplir compromisos sobre solidaridad
* Caja Única Andaluza: Datos de las cajas 
    Opinión: Caja Única y proyecto nacional
* Escocia, SSP: un partido para la lucha. Crónica de su Congreso Nacional.
* Euskadi,
    Manifestación en Pamplona en defensa de la lengua vasca
    Iñaqui Aldekoa, Hasta aquí hemos llegado.
   Arnaldo Otegi, J.M. Olarra, La Soberanía: una necesidad popular.
* Córcega: El proceso corso visto desde Paris
* Sugerencias, enlaces, directorio, música
 
--oOo--
 
 
 Andalucía
La situación en el campo andaluz
José del Toro Dominguez.
Sindicato de Obreros del Campo (Huelva)
 
 
 
Desde el pasado 31 de diciembre, todos los trabajadores que realizan su profesión en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, pecuarias, y en las industrias complementarias a actividades agrarias, no tienen convenio que los regule. En estos momentos se está produciendo un movimiento migratorio hacia Huelva, donde miles de emigrantes andaluces e inmigrantes extranjeros se están acercando para realizar la campaña de recolección de fresas. Alrededor de 50.000 temporeros participarán en la recogida.

El sector empresarial ya ha anunciado que no tiene la suficiente mano de obra que se necesita para recolectar las casi 8.000 hectáreas que se han sembrado, pero no anuncian las condiciones laborales y sociales que se van a encontrar cuando lleguen a Huelva.

Mientras, los representantes de los sindicatos firmantes del Convenio Provincial del Campo navegan en una nube, erigiéndose como representantes de los 50.000 temporeros, de los cuales ni un 5% de los mismos han participado en las elecciones sindicales. Estos representantes sindicales alimentados con dinero público, están subordinados a las decisiones de los empresarios.

Si hacemos un poco de memoria, en el año 1996, los trabajadores que realizaban la campaña de recolección de fresas percibían un salario de 4.100 pesetas, (26'6€; 22'6$) según convenio, y cinco años después, es decir actualmente, perciben 4.458 pesetas menos el 2% de IRPF, total 4.278 pesetas (25'71€; 23'60$), por tanto, los salarios se han incrementado en cinco años en 278 pesetas (1'67€; 1'53$), lo que supone una subida salarial de 55 pesetas anuales (0'33€; 0'30$) . Esto nos lleva a la conclusión de que este convenio es el segundo peor de Andalucía, después del convenio de Almería, pero lo más grave es que los representantes de estos sindicatos saben que el convenio no se cumple y, además, no hacen lo más mínimo para que se cumpla. Incluso llegan a decir que el 97% de los empresarios freseros cumplen el convenio y, sin embargo, saben de más que no hay ningún empresario que pague la hora extra como está estipulada, ni el plus del kilometraje.

Hemos hecho memoria, hemos hablado cómo actualmente se incumple el convenio, pero el futuro hay que tenerlo en cuenta, y veremos en los próximos meses como ocurrirá lo mismo que en el año 1999, que el convenio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, el 10 de junio, con lo que la campaña estaba terminada, y los empresarios no abonaron los atrasos salariales. El Sindicato de Obreros del Campo calcula que los temporeros perderán 500 millones de pesetas en la campaña fresera (3.005.006€; 2.758.468$). Esta cifra la lanzamos con argumentos sólidos, tales que dicha cantidad la calculamos de una pérdida de 100 pesetas diarias en los cinco millones de jornales que genera la fresa.

El SOC va a realizar una campaña de defensa de un salario único para los trabajadores agrícolas en Andalucía, en dicha campaña se reivindica un salario de 6.000 pesetas diarias (36'06€; 33'10$) y una jornada laboral semanal de 35 horas. Esperamos que esta campaña llegue al mayor número de temporeros y que éstos presionen, y que esa presión sirva para conseguir reivindicaciones justas que, además, también sirvan para que se dignifique la profesión más pisoteada de Andalucía.-

 
Encierro de inmigrantes en la Universidad de Almería
Almería es diferente
Miguel Moya Guirado
Secretaría Federal de EPA, Privada y Universidad. USTEA; epa@ustea.org;

 
Un encierro como los muchos que hay de inmigrantes por todo el estado en Almería no se puede permitir. Y es que en Almería es hoy una sociedad cerrada, donde no se quiere permitir que se observe la caldera que está en ebullición. Algunas pinceladas tras 5 días del encierro.

El subgobernador rápidamente hace declaraciones de que están manipulados por Nación Andaluza y Sindicato de Obreros del Campo. Además se acusa a estas organizaciones de apoyar al "Foro Cívico Europeo"(1)

En el programa de Iñaki Gabilondo acusan a sindicalistas de USTEA de haber agredido a un cámara de Tele 5. Y a pesar de que se le desmiente por fax a tan afamado locutor, no rectifica. El que en la denuncia ante los juzgados el denunciado no tenga nada que ver con tal sindicato no sirve tampoco para que rectifiquen.

Que los inmigrantes abren una cuenta corriente, un reportero de Ideal pregunta a una de las asociaciones que apoya el encierro y le dicen el nº de cuenta. El intrepido periodista quiere saber y pregunta por los inmigrantes que han dado el nombre para abrir la cuenta. Lógicamente la persona a quién se lo preguntan no tiene ni idea. Conclusión en letra impresa: hay gato encerrado en la misteriosa cuenta.

La universidad pone cordones de seguridad a base de vigilantes privados para que no entre ni un inmigrante más y un Vicerrector, que hasta el mismo Jefe de Seguridad duda de que esté en sus cabales, empieza a provocar insultando y vertiendo acusaciones gravísimas contra la gente que apoya e intentado a enfrentar a subsaharianos con magrebíes.

Un fotógrafo holandés visita el encierro durante unas horas y ya es convertido en un "cabecilla" llegado de un país europeo.

Que los inmigrantes intentan hablar con el rector para pedirle el uso de las duchas. Se trata de una "estratagema perfectamente planificada" de "los cabecillas" manipuladores para crear confusión y propiciar entrada de nueva gente al encierro. Otra vez el Ideal .

De la cantidad de mierda que sale por la boca de algunas televisiones locales mejor ni hablar. Solo decir que deja en pañales a los ejemplos puestos.

La Cruz Roja dice el tercer día del encierro que no puede suministrar alimentos por falta de presupuesto.

Como acabará todo esto. ¿Hasta donde piensan llegar quienes dominan en Almería?

No lo se. Lo que si esta claro es que aquí puede pasar cualquier cosa.

Almería, a 24 de Febrero de 2001.

(1) El tal foro es una entidad pro-derechos humanos de ámbito europea que cometió el terrible pecado de exponer en un folleto la realidad de lo que pasó en El Ejido en Febrero del 2000 y que no se había hecho nada en los meses siguientes para remediar la situación. Esto originó una campaña de prensa sin igual. Y hoy nombrar al Foro Cívico en Almería es casi tan malo como nombrar a Goytisolo , otro que por decir la verdad fue declarado persona non grata por el ayuntamiento de El Ejido (presunta izquierda incluida)

Granada: El Gobierno municipal tripartito (PSOE-IU-PA) recurre a un ardid para quitar 40 millones a la solidaridad

J. A. Guerrero • IDEAL  Granada

El gobierno municipal (PSOE-IU-PA) incumplirá este año su compromiso de destinar a los programas de cooperación al desarrollo el 0,5% del presupuesto del Ayuntamiento de Granada. Ante el silencio de todos los grupos políticos -incluida Izquierda Unida, que siempre se ha mostrado muy sensible hacia estos temas-, el PSOE se ha buscado un artificio legal por el cual los programas de solidaridad recibirán 40 millones menos de lo que debían tener asignado.

El pacto de gobierno suscrito hace dos años entre el PSOE, IU y PA incluía un punto para, a razón de una décima por año, ir progresando en la asignación de fondos a programas de solidaridad hasta alcanzar a final del mandato el 0,7% del presupuesto. El año pasado, el equipo de gobierno cumplió el compromiso de consignar el 0,4% del presupuesto a la cooperación al desarrollo. Este año tenía que haber dedicado el 0,5% y así sucesivamente hasta llegar al 0,7% en 2003, último año de mandato. Pero a las primeras de cambio el tripartito ha olvidado su promesa y lo que es peor, ningún partido político, ninguna organización humanitaria ha levantado la voz.

Durante el año 2000, el Ayuntamiento dedicó a la ayuda internacional 98 millones de pesetas, dando cumplida respuesta al compromiso de dedicar el 0,4% de los 20.500 millones del presupuesto de 2000 a este fin. En puridad y siguiendo el mismo criterio que el aplicado entonces, el Ayuntamiento granadino debía conceder 142 millones de pesetas, cantidad equivalente al 0,5% (una décima más que el año pasado) de los 28.500 millones de pesetas del presupuesto de 2001. Sin embargo la partida real que se ha destinado a colaborar con los países del Tercer Mundo asciende a 100 millones, quedando disminuida en 40 millones. El misterio de este incumplimiento radica en los criterios contables empleados por el concejal de Economía, José Antonio Aparicio (PSOE), para calcular la asignación a los programas de solidaridad.

Para la estimación de este importe, Aparicio ha tomado como referencia los ingresos corrientes, que son los que proceden de los impuestos, las tasas, las multas y las transferencias corrientes de otras administraciones, y ha dejado fuera del 0,5% los ingresos de capital, que suponen más de 7.000 millones. El edil argumenta en su defensa que «sobre algunas partidas de ingreso existen restricciones legales, como es el caso de los ingresos de la venta de patrimonio de suelo y las subvenciones finalistas recibidas del exterior». Pero este criterio no fue el del año pasado, cuando se tomó como base de cálculo el total de ingresos, incluidos los que ahora se han dejado fuera.

Cuando la tónica general del presupuesto municipal de 2001 es de subidas generalizadas en todos los capítulos, la partida consignada a la cooperación con el Tercer Mundo se mantiene prácticamente igual que el año pasado, con un imperceptible incremento del 2% (de 98 a 100 millones de pesetas), frente a la subida del 13% que experimenta la delegación de Bienestar Social; del 18% de Medio Ambiente; del 11% de Cultura o del 20% de Tráfico, por citar algunas áreas.

Así pues, la partida para proyectos de cooperación y desarrollo con el Tercer Mundo se convierte en la hermana pobre de un presupuesto que en su conjunto crece el 16%. De hecho, los 100 millones asignados a este fin representan sólo el 0,35% del presupuesto total, muy lejos del 0,5% previsto.

Ni el grupo socialista ni Izquierda Unida, que cuando estaban en la oposición se mostraron muy beligerantes con el PP acerca del 0,7%, han abierto la boca. Tampoco lo ha hecho el PA, que igualmente alardea de partido solidario, ni el PP, ni la propia Congra, la coordinadora que agrupa a todas las ONG granadinas.-

 
Caja Única
Las seis cajas de Andalucía controlan el 46,45% del dinero de los andaluces. El 53,55% en manos extranjeras.

Las seis cajas de ahorro de Andalucía -Unicaja, El Monte, Cajasur, La General, Caja San Fernando y Caja Jaén- controlan el 46,45% del dinero que los andaluces han depositado en entidades financieras, frente al 33,5% por ciento de la banca privada que opera en la comunidad.

En el sector del crédito, las cajas andaluzas absorben el 35,1% del concedido por el sistema financiero en Andalucía, y la banca privada controló el 45,2% por ciento de los préstamos otorgados, según datos actualizados hasta el tercer trimestre de 2000.

La fortaleza del sistema financiero andaluz se refleja en la evolución de sus activos en los últimos años, en el ritmo de crecimiento de su cartera crediticia, en el ahorro captado en forma de depósitos a la vista o a plazo, en la toma de participación en empresas de diversos sectores y en su inversión en los mercados de renta variable y fija. En concreto, las seis entidades de la comunidad sumaron seis billones de pesetas en activos a 31 diciembre de 2000, lo que representa un incremento de un billón frente a los que contabilizaban en su balances en ese mismo periodo del año anterior.

Por activos, las tres entidades líderes en 2000 fueron Unicaja, que contabilizó 1,9 billones de pesetas; Cajasur, con 1,1; y El Monte de Huelva y Sevilla, con un billón. Tras ellas, se situaron la General de Granada con 917.088 millones en activos, la Caja San Fernando de Sevilla y Jerez con 746.515 millones, y la Provincial de Jaén, con 48.640 millones.

El resultado neto de las seis cajas de la comunidad continúa también al alza, como revelan sus cuentas a 31 de diciembre de 2000, con un beneficio neto conjunto de 56.669 millones de pesetas (340.587.549€, 312.639.302$), frente a los 46.213 millones del año anterior, cerca de cinco puntos por encima de la media de crecimiento estatal.

Durante el año pasado, las entidades andaluzas concedieron créditos por importe de 4,1 billones de pesetas, frente a los 3,4 billones del año anterior, mientras que captaron depósitos de ahorro por 4,5 billones, frente a los 4 billones del año anterior.

En el conjunto del sector a nivel estatal, los resultados aumentaron un 11,41% hasta los 629.550 millones de pesetas, según los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que indican que las entidades andaluzas aportan un 9% al total del beneficio de las 47 entidades que integran esta asociación de cajas.

A pesar de la estrategia agresiva y de la fuerte expansión de entidades con sede social en otras comunidades, como La Caixa o Caja Madrid, las instituciones andaluzas continúan ampliando su red de sucursales, que, en conjunto, suma 2.254 oficinas, según los últimos datos disponibles de la CECA a 31 de diciembre de 1999. En las 2.254 oficinas operativas de estas entidades andaluzas trabajan 12.584 empleados, de los que 8.761 son hombres y 3.823 son mujeres, repartidos en distintas áreas, y entre ellas, la que absorbe a una mayor cantidad de personal es la correspondiente a administración y gestión, con cerca de 11.677 trabajadores, mientras que la Obra Social de las entidades copa a 140 empleados.

Precisamente a Obra Social, las entidades andaluzas destinaron 13.648 millones de pesetas (82.026.232€; 75.295.156$), de los que 7.786 correspondieron a área cultural y 2.977 a área asistencial, mientras que casi 2.600 correspondieron a área docente, otros 259 a investigación y 25,5 millones al área sanitaria.

El mapa financiero andaluz lo completa la red de cajas rurales de la comunidad, que agrupa a diez entidades y que durante el año pasado sumaron un beneficio de 19.456 millones, unos activos de 1,6 billones y créditos sobre clientes por 1,2 billones y depósitos por 1,3 billones de pesetas.

El año pasado se inició un proceso de fusión que culminó con la unión de las entidades de Almería y Málaga en la nueva Cajamar, la mayor rural del Estado español con unos activos totales de más de 824.320 millones, y de las de Huelva y Sevilla, que dio lugar a la Caja Rural del Sur, con 325.020 millones de pesetas en activos totales medios, la tercera estatal. Este cuadro muestra los últimos datos recogidos en la cuenta de resultados y balance de las cajas andaluzas a 31 de diciembre de 2000.
Opinión
Caja Única y proyecto nacional.
 
El proceso de fusión de las cajas andaluzas vuelve a evidenciar los que significa para Andalucía tener que soportar una clase dirigente y unas elites políticas sin proyecto nacional.
 
El contexto general es sencillo. Una situación global de concentración financiera creciente y un 53,5% del ahorro andaluz en manos extranjeras (españolas, europeas, etc) a través de bancos y cajas con sede extraandaluza, con el consiguiente drenaje de recursos.
 
De otra parte, el tan cacareado en su día Fondo de Compensación Interterritorial resulta manifiestamente inútil y nulo para compensar el expolio histórico de Andalucía; los fondos europeos se reparten desde Madrid de forma interesada y en contra de los intereses andaluces y se invierten según las prioridades de Bruselas y Madrid y no las andaluzas; los sucesivos modelos de financiación autonómica consolidan la dependencia, el retraso y la discriminación; la deuda autonómica acumulada se muestra incobrable ante la chulería de los sucesivos Gobiernos españoles; el no reconocimiento del censo andaluz por Madrid constituye sólo la ultima y más nítida demostración de la impotencia política de Andalucía.
 
La cobardía política y el españolismo del PSOE y consecuentemente de la Junta se muestra, por contraste, cuando el no menos españolista Rodríguez Ibarra, en un momento donde gobierna en Madrid el PP, propone para Extremadura recientemente la implantación de un Impuesto autonómico sobre la Banca que "grave fiscalmente la captación del ahorro extremeño y su falta de reinversión en proyectos productivos mediante créditos". La Junta de Andalucía, de una entidad política objetiva cualitativamente distinta, se queda muda ante esa iniciativa para no molestar ni a la banca ni al Gobierno español y se limita a recurrir rutinariamente los Presupuestos Generales del Estado español ante el Tribunal Constitucional español.
 
Una Administración autónoma que se reconoce necesitada de contar con un soporte financiero para disponer de algún margen futuro de actuación, una vez que el marco jurídico-político (Constitución, Estatuto), sus propias renuncias y opciones políticas (a establecer tributación propia sobre la Banca extranjera, las grandes superficies comerciales, etc; su apoyo a Maastrich, al pacto de estabilidad...) y las impuestas desde Madrid (obligación de déficit cero) reducen paulatinamente de forma drástica su ya mermada capacidad de maniobra política. En esa situación, el control de los recursos de las cajas de ahorro, como regulador de créditos y promotor de inversiones y de su Obra Social (adonde van sus beneficios una vez detraídos los sueldos y gastos de funcionamiento) resulta extremadamente importante.
 
La Ley de Cajas pretendía explícitamente favorecer el proceso de fusiones. Implícitamente, el modelo político que auspiciaba, situaba a Unicaja (la primera caja andaluza, con sede en Málaga) como eje en torno al que articular las fusiones. El PSOE no fue capaz en la pasada legislatura de imponer ese esquema, bloqueado por una coalición de intereses y sus propias contradicciones internas.
 
De un lado, el PP tenia como programa máximo la privatización de las cajas y como programa mínimo dificultar cualquier proceso de vertebración financiera autónoma que pudiera conferir margen de maniobra a la Junta o dificultar la expansión de la gran banca o de cajas extranjeras como La Caixa o CajaMadrid en nuestro país. El PP, en clara y coherente continuidad con la tradición de la derecha españolista en Andalucía, actuaba como factor boicoteador, traidor a los más elementales intereses andaluces, combinando sin dificultad la defensa de los mezquinos intereses de las oligarquías locales ligados a la continuidad de las cajas (sueldos, acceso a créditos favorables, influencias...) con la oposición a cualquier proceso de afirmación andaluza. En esa línea, contaba con la alianza de la Iglesia Católica (interesada en la continuidad de CajaSur, entidad que controla por razones históricas bajo la dirección del Cura Castillejo) y de sectores del propio PSOE. Muy pronto, se pudo comprobar que el discurso publico con el que camuflar estos espureos intereses iba a ser el localismo, es decir, la defensa de unos presuntos intereses provinciales amenazados por la voracidad del "centralismo sevillano" (aunque, por entonces, el foco promotor de las fusiones estaba más bien en Málaga). En Córdoba, la defensa de CajaSur contó con el apoyo, amen del PP, de IU y del PA. Por cierto, recientes declaraciones del Cura Castillejo proponen la absorción de la Caja Jaén por CajaSur, en competencia con La General, sin que ello haya despertado ninguna oposición en Córdoba.
 
En los últimos tiempos, el centro de conflicto se ha trasladado de Córdoba al  binomio Sevilla-Málaga. En Sevilla la cuestión se plantea promoviendo la fusión previa de la Caja San Fernando y El Monte, con el apoyo del PSOE provincial y la oligarquía sevillana. El objetivo de la operación era y es ganar un peso cualitativo, de tal manera que bien la hipotética fusión nacional no tuviera como eje a Unicaja; bien dar lugar en vez de una a dos cajas: una hegemónica en Huelva, Sevilla y Cádiz y otra en Málaga, Almería, Granada y Jaén; lo que manifiesta cuan poco sentido nacional habita en esos sectores. Todos los alcaldes sevillanos desde 1979 (del PSOE y del PA) rubricaron un manifiesto en favor de la operación y el alcalde actual Monteseirin (PSOE) -un sujeto torpe donde los haya- se descolgó con la reivindicación de un estatuto financiero especial para Sevilla por su condición de capital, acompañado de una apología del peso económico de Sevilla dentro de Andalucía a partir del recuerdo embellecido de la Expo92. Todo ello con el objetivo de generar una cobertura populista-localista para la minifusión.
 
Desde Málaga, el alcalde De La Torre (PP) vio como se le colocaba en bandeja un enfrentamiento en los justos términos deseados por la derecha españolista y respondió contraponiendo al populismo localista sevillano, dosis semejantes de populismo localista malagueño; en este caso, aduciendo que Málaga era "el motor económico de Andalucía". CCOO de Málaga promovió inmediatamente un foro en defensa de los intereses de Málaga (frente a Sevilla) al que se apuntaron entusiastas IU y demás fuerzas parlamentarias. La minifusión sevillana se desarrolla ante la oposición de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, que la denuncia, no por supuesto por sentido nacional sino porque altera sus planes favorables a la preeminencia de Unicaja.
 
Entretanto, en Granada, las fuerzas vivas (PSOE-PP-IU-PA-CCOO-UGT-Cámara de comercio-patronal) coincidían también en la defensa de la autonomía de La General y en contra de la Caja Única, mientras IDEAL (que es una sucursal del grupo vascoespañol El Correo Español), por la vía de columnistas y articulistas afines al PSOE, hacia lo propio en cuanto a fomentar el correspondiente populismo localista granadino, resucitando espectros como el regionalismo orientalista o amenazas de "irse a Murcia" (sic). El alcalde de Granada, Moratalla, aportaba un matiz proponiendo a Granada como sede nacional de la futura Caja Única.
 
En Almería, por su lado, las ven venir. Los sectores políticos, mediáticos y económicos homólogos a los citados en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, ya se han blindado mediante la formación de CajaMar, que se anuncia dispuesta a fusionarse en un futuro con entidades extranjeras, en nítida y descarada manifestación de lo que realmente hay tras los discursos localistas.
 
No hay mejor caracterización posible del carácter español y antiandaluz de la burguesía dependiente andaluza que este repaso descriptivo.
 
Ante este maremagnum, Chaves -presidente de la Junta de Andalucía- hacía en publico un alegato en contra de los localismos. IU, por boca de su portavoz parlamentario Antonio Romero, le respondía, con razón, que tras su gestión el PSOE no tenía autoridad política y moral para levantar ese discurso ya que era su propia política la que había favorecido la desvertebración de Andalucía. A Romero se le olvidaba, eso si, citar que IU en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada reproducía con la mayor virulencia lo peor del discurso localista, golpes de pecho granadinistas, malagueñistas, cordobesistas etc, incluidos. 
 
El espectáculo, como puede comprobarse, raya entre lo patético y lo nauseabundo. Todos aquellos cómplices de la subordinación política de Andalucía, apologetas de la sumisión a España y responsables de la parálisis nacional, repartidos en las ocho provincias, se trasmutan a todo ritmo en combativos denunciantes de las presuntas agresiones de otras provincias y defensores de presuntos intereses locales. No hay mejor manera de mostrar su nulidad, su bajeza moral, su demagogia, su ausencia de dignidad... En una nación que sigue en la cola, bien hundida en todos los parámetros estadísticos en todas sus provincias, la continuidad de entidades financieras separadas se convierte -en claro contraste con lo que la experiencia evidencia- en condición sinequanon del desarrollo y la prosperidad.
 
Desde una posición nacionalista esta claro que hay que denunciar la ausencia de instrumentos económicos -por imposición ajena o por voluntad propia- de que dispone la Junta para un desarrollo económico andaluz. Ello supone combatir el marco constitucional y estatutario que nos condena a la dependencia. La ausencia de potestad y soberanía fiscal, arancelaria, monetaria, de control sobre los flujos financieros, sobre la ordenación del mercado laboral, sobre la Seguridad Social, etc. Denunciar también los efectos nefastos de la pervivencia de las delimitaciones provinciales, impuestas por el Estado español en 1833 y la oposición a implantar de una vez una estructura administrativa y política comarcal.
 
En ese contexto, hay que apoyar la formación de una Caja Única Nacional, frente a las maniobras divisionistas. La cuestión fundamental no es donde se ubicará su sede administrativa (o si esta se concentra o se desconcentra) aunque bien podría optarse por la diversificación y escoger a Córdoba o Granada, sino qué política financiera seguirá y qué criterios de inversión sectorial y territorial aplicará. Para ello sería necesario que quedara claro que su función económica no es sostener operaciones compradoras o a la tradicional especulación urbanística o turística sino fomentar el tejido productivo de base y composición nacional. Es también perfectamente posible asumir desde su constitución como compromiso estatutario, si hay voluntad política para ello, una línea de inversiones equilibradora y redistributiva de base comarcal, que prime porcentualmente tanto en su gestión comercial como en su Obra Social, precisamente a aquellas menos desarrolladas. E incluir también una practica de austeridad  que destierre privilegios y sinecuras en forma de sueldos escandalosos o créditos de favor.
Escocia
SSP, Un partido para la lucha
François Duval, ROUGE
Traducción: Andalucía Libre
 
 
 
La conferencia anual del Scottish Socialist Party-Partido Socialista Escocés tuvo lugar el fin de semana del 10-11 de febrero en Glascow. En su orden del día, un manifiesto electoral y nuevas reglas de funcionamiento para una organización muy joven pero con un crecimiento extremadamente rápido.(*)

El principal objetivo de la Asamblea del SSP era poner a la organización en orden de batalla para las elecciones al Parlamento británico que deberán tener lugar en mayo proximo. El SSP, que hoy ya tiene un diputado en el Parlamento escocés elegido por sistema proporcional, ha tomado la decisión de presentarse en las 72 circunscripciones de Escocia. Esta Decisión implica un esfuerzo económico sin precedentes, ya que la ley británica establece la obligación para los candidatos de depositar una fianza, que no es restituida salvo para quienes rebasan el umbral del 5%. A fin de obtener los medios de estar presente en Mayo de 2001 para Westminster y en mayo de 2002 para la renovación del Parlamento de Edimburgo, el SSP ha abierto una suscripción excepcional de 100.000 libras (26.373.500 pesetas; 158.730€;144.927$) entre sus militantes y simpatizantes. En el curso de la Conferencia, una sesión completa fue consagrada a esta movilización financiera; los participantes mostraron en la tribuna los compromisos nominativos de suscripción, ante las ovaciones de la asamblea...

Elecciones

Tommy Sheridan, diputado en el Parlamento escocés y portavoz del SSP, abrió la Conferencia e insistió sobre la necesidad de estar presente en todas las circunscripciones, a fin de dar la oportunidad a todo el electorado escocés para que pueda votar a quienes se reclaman realmente del socialismo, en un momento en el que el New Labour de Tony Blair se orienta más y más hacia una adhesión sin reservas al liberalismo. Es con decisión,  como los militantes del SSP han optado por responder a este desafió, teniendo en cuenta que el SSP no tiene más de dos años de existencia y  que el Partido Nacional Escocés (Scottish National Party), hoy segunda fuerza en Escocia, ha necesitado treinta años para llegar a ese nivel. Para el SSP esta campaña electoral se inscribe como prolongación de las campañas de masas desarrolladas estos últimos meses: contra la privatización de los servicios públicos; por la renacionalización de los ferrocarriles; contra la tasa municipal –una versión edulcorada del “poll tax” de Margaret Thatcher-; por los derechos de la mujer; por un salario mínimo de 7 libras la hora (1.850 pesetas) y por la legalización del cannabis. Temas que figuran destacados en el Manifiesto electoral del SSP.

La filosofía electoral del SSP está sintetizada en Imagine, la obra ampliamente difundida de Tommy Sheridan y Alan McCombes, redactor jefe de Scottish Socialist Voice:"nosotros no cambiaremos la sociedad simplemente convenciendo a la gente de votar por nosotros. Aunque, esta claro, si nosotros no convencemos siquiera a la gente de votar por el cambio, dificilmente seremos capaces de convencerla de luchar por el cambio”. Una amplia mayoría de los participantes reafirmaron su voluntad de situar estos combates políticos en el cuadro de una perspectiva general de lucha por una Escocia independiente y socialista.

Tras la clausura de la conferencia, los participantes se fundieron con los centenares de manifestantes que mantenían el sitio de la base militar británica de Faslane (de lo que ya informamos en Andalucía Libre)

Estatutos

El rápido desarrollo del SSP hacía necesario también un debate sobre la modificación del funcionamiento organizativo y las reglas estatutarias del partido. Hasta ahora, la conferencia anual era en realidad una asamblea general a la que todos los militantes podían asistir, intervenir y votar. Este era un funcionamiento adecuado, sin duda, para una pequeña organización centrada en Glascow y Edimburgo. Pero ahora ya no asegura la representatividad de una organización que a día de hoy agrupa a 2.000 militantes y tiene ya más de cincuenta secciones locales implantadas a lo largo y ancho del territorio de Escocia. De ahí la propuesta, ampliamente apoyada, de tener el año próximo una Conferencia formada sobre la base de delegaciones elegidas localmente. De otra parte, se concluyó necesario redefinir las reglas de juego en un partido que si bien nació en su origen como alianza electoral de diversas corrientes de la izquierda revolucionaria escocesa, hoy suma a muchos militantes que no provienen de ninguno de estos componentes originales. Una necesidad reforzada por la perspectiva de la próxima incorporación al SSP de los militantes escoceses del SWP; la mayor organización de la izquierda revolucionaria en la isla.

A partir de la lectura de los mensajes de solidaridad de la LCR francesa y la Alianza Roja y Verde de Dinamarca, numerosos intervinientes subrayaron la necesidad de perseverar en los contactos con la izquierda europea insertos en los procesos abiertos con la reunión de Lisboa y la conferencia de la izquierda europea anticapitalista de diciembre pasado en Paris. Una inquietud que no puede dejar a la LCR indiferente proviniendo de un partido que proclama sin ambigüedad: “Esta es la cuestión clave: ¿de qué lado estas tu?. ¿De la rapacidad privada o de la satisfacción de las necesidades sociales?. ¿De los beneficios o del pueblo?. ¿De la desigualdad o de la justicia?. ¿De la jerarquía o de la democracia? ¿Del capitalismo o del socialismo?".
 
 
 Euskadi
MANIFESTACION POR EL EUSKARA EN IRUÑEA
27.000 personas contra el acoso al euskara
Una multitud sin precedentes se manifestó en Iruñea en defensa de la lengua como «un derecho de todos»

Los últimos ataques del Gobierno de UPN al euskara fueron contestados ayer con una de las mayores manifestaciones conocidas en Iruñea. Según el recuento de los organizadores, sus calles se llenaron con 27.000 euskaldunes, euskaltzales y simples ciudadanos partidarios del respeto a la «lingua navarrorum» y a sus hablantes. La marcha estuvo encabezada por representantes de la plataforma Oinarriak y por los 51 alcaldes de la «zona vascófona» que habían lanzado de forma conjunta este llamamiento a salir a las calles en defensa del euskara, entendido en su opinión como «un derecho de todos».Ramón SOLA, GARA | IRUÑEA  

La imagen de una Plaza del Castillo abarrotada por sus cuatro costados puso brillante colofón a la manifestación organizada por Oinarriak y los alcaldes de la «zona vascófona» como respuesta a los últimos ataques al euskara impulsados desde el Gobierno de UPN con el respaldo del PSN. A falta de referentes cercanos en el tiempo con los que efectuar la comparación, muchos de los manifestantes expresaron la posibilidad de que la de ayer haya llegado a ser la mayor manifestación realizada en la historia de Iruñea. Sí queda claro que fue la mayor marcha por el euskara en Nafarroa, al margen de la celebración anual del Oinez.

Hablantes y simpatizantes del euskara de todas las edades recorrieron durante casi una hora el espacio comprendido entre los cines Golem del barrio de Donibane y la Plaza del Castillo. La marcha la encabezaron representantes de la plural plataforma Oinarriak, entre ellos miembros de sindicatos, Federación de Ikastolas, Sortzen-Ikasbatuaz, AEK o Kontseilua, en este último caso con su presidente, Xabier Mendiguren, a la cabeza. Todos ellos sostenían conjuntamente la pancarta con el lema de esta movilización, «Euskara, guztion eskubidea».

Tras ellos marcharon los 51 alcaldes de la «zona vascófona» que compartían con Oinarriak la convocatoria de la manifestación, acompañados de otros ediles de sus localidades y de otros consistorios de las zonas «mixta» y «no vascófona» que también se adhirieron a la marcha.

El éxito de esta movilización queda fuera de toda duda en función de los números. Según el recuento de la organización, que tuvo que ser corregido en dos ocasiones desde la megafonía debido a que la marcha no terminaba de concluir, se reunieron para defender los derechos de los euskaldunes cerca de 27.000 personas.

El sistema utilizado para constatarlo fue el implantado en su día por «Egin». Entre los cines Golem y la Plaza del Castillo, en un recorrido que transcurrió por las anchas avenidas de Baiona y del Ejército y por el Paseo de Sarasate, se contabilizó una media de quince manifestantes por cada fila. Posteriormente, se calculó que la velocidad de la marcha hizo que cruzaran un mismo punto 36 filas por minuto, lo que daba un resultado de 540 personas en cada 60 segundos. Finalmente, esta cifra fue multiplicada por el tiempo que se debió emplear para completar el recorrido, y que ascendió a 50 minutos. En total, por lo tanto, los organizadores ofrecieron la cifra de 27.000 manifestantes.

Este volumen supone duplicar la participación alcanzada por la anterior iniciativa de Oinarriak, que el 2 de diciembre pasado logró movilizar a unas 15.000 personas. En aquel momento sólo se conocía el borrador del decreto sobre el euskara en la Administración, que fue aprobado finalmente por el Gobierno de UPN poco después y dio origen a dos planes de implantación posteriores que prevén incluso la modificación de la señalización viaria, de forma inmediata, para restringir más el euskara. Del mismo modo, tras la manifestación de diciembre llegaron otras iniciativas muy criticadas del Gobierno de Miguel Sanz como la retirada de las subvenciones a Eusko Ikaskuntza, en discrepancia con el texto de la Enciclopedia Auñamendi, y a la UEU. Para comprobar la dimensión de la marcha, cabe citar también que cuando la cabeza llegó a la Plaza del Castillo, la cola todavía se encontraba en la zona del parque de Antoniutti, y le restaba por tanto recorrer toda la longitud de la Avenida del Ejército y girar a la izquierda para cruzar el Paseo de Sarasate.

«Duro ataque al euskara»

Esto obligó a demorar un tanto el inicio del acto final, en espera de que los participantes pudieran escuchar el doble mensaje. Por un lado, los alcaldes de la «zona vascófona» hicieron público un comunicado ­reproducido íntegramente en la parte superior­ que fue leído por el alcalde de Arantza, José Ramón Amoros, en euskara, y el primer edil de Baztan, Patxiku Oiartzabal, en castellano.

Luego, la periodista Reyes Ilintxeta y el músico Koldo Pastor dieron lectura al texto preparado por la plataforma Oinarriak y titulado «El euskara, derecho de todos y todas». En el mismo se critica de forma especial el polémico decreto del Gobierno de UPN por ir en contra de la normalización del euskara y suponer «un duro ataque contra la propia lengua, el euskara».

Oinarriak acusó a la legislación vigente de «dar prioridad total al castellano, marginando el uso oficial del euskara». Frente a ello, reclamó el «derecho elemental de todos los ciudadanos a elegir el euskara, lengua propia, en su vida pública», y recordó al Gobierno navarro que es responsable de garantizarlo.

Reacciones: 

Patxi OIARTZABAL Alcalde de Baztan (EA)
Se nos pidió la adhesión para esta manifestación desde Oinarriak, y el Pleno del Ayuntamiento se unió a la convocatoria y a la petición de derogación del decreto, que supone un ataque frontal al euskara y mezcla muchos conceptos. Está diseñado para conseguir un enfrentamiento social. Desde el valle del Baztan han venido autobuses, y la respuesta ha sido muy clara.
 
Camino MENDILUZE Alcaldesa de Altsasu (EH)
Este decreto ha creado en Altsasu, en toda Sakana, una situación de enfado de la población euskaldun, y también incluso de la no euskaldun. Es el momento de que el Gobierno navarro recupere la cordura y se dé cuenta de que la lingua navarrorum es apreciada en todo el mundo menos por algunos en Navarra. Deben entender que es una riqueza cultural que no podemos perder.
 
José María OTAEGI Secretario general de ELA en Nafarroa
Las calles de Iruñea están hoy llenas de la gente que no está por la discriminación lingüística, al contrario que UPN y PSN, sino por el respeto a todas las lenguas, y por eso mismo defendemos al euskara. A partir de aquí, tendrían que tomar buena nota y dar marcha atrás. Nosotros también debemos hacerlo y buscar los medios para que estas agresiones no sean aceptadas.
 
José María JIMENO JURIO Historiador
He venido a poner un granito de arena en la defensa del euskara. La situación en Navarra la veo dura, dura, dura. El panorama no es nada risueño. Desde el postfranquismo no ha habido seguramente otro periodo tan duro como el que estamos viviendo ahora. Esperemos y deseemos que actos como el que estamos viviendo hoy, con esta manifestación, levanten el ánimo a todos.
 
Conchi BLANCO Presidenta de la ikastola Argia de Tutera
A nuestra ikastola, por estar en la «zona no vascófona», le afectan profundamente todas estas normas. Antes nos subvencionaban todas las gelas, pero ahora nos exigen tener 18 alumnos en Primaria y 23 en Secundaria. Si no se llega, se hace un prorrateo y la ayuda es menor. Y seguimos siendo ilegales, pero pese a ello llevamos tres años con aumento de matriculaciones.
 
Koldo PASTOR Director de la Coral de Cámara
Me resulta plenamente satisfactorio haber tomado parte en esta manifestación. Hay mucha gente, pero de verdad creo que todavía deberíamos de estar muchos más. Parece mentira que a estas alturas, ya en el siglo XXI, todavía tengamos que estar reivindicando nuestra propia lengua en nuestra propia ciudad. El Gobierno navarro ha rebasado cotas impensables.
 
Situación política
 
Dirigentes de EH y LAB en su concentración en Tolosa
en solidaridad con los familiares de los dos trabajadores
asesinados por ETA en el atentado de Martutene
 
Opinión
Iñaki Aldekoa
Hasta aquí hemos llegado
GARA, 24 de Febrero de 2001

Se veía venir, tanto va el cántaro a la fuente. El colegio de Irun, la Universidad de Leioa, paquetes y coches bomba en cualquier sitio y de cualquier manera. Finalmente, Martutene. ¿Accidente, error? No nos engañemos, acciones como éstas, en el contexto operativo en que se producen no son accidentes ni errores, antes bien están en la lógica estadística de la dinámica de la lucha armada tal como se practica en la actualidad. Lo extraño es que no hayan sucedido antes y con resultados aún más espeluznantes.

Tampoco es que fuera necesaria a estas alturas una acción indiscriminada y brutal como ésta para darse cuenta de que la actual práctica de la lucha armada, por su forma de ejecución, por su contenido político-estratégico, por su discurso ético-social es objetivamente contraria al proyecto de construcción política, social y cultural de la nación vasca y un formidable obstáculo para el desarrollo y consolidación de una izquierda abertzale que aspire a ser uno de los pilares políticos de aquella construcción, amén de un castigo cruel e injusto para toda la sociedad vasca.

Llevamos casi un año con documentos, reuniones, ponencias, debates y votaciones sobre cómo tendría que ser la izquierda abertzale que Euskal Herria necesita para el S. XXI y un golpe como éste derriba como un castillo de naipes todos nuestros discursos y «reflexiones» sobre las formas de lucha o sobre cualquier otro elemento clave.

No es que la deriva del proceso «Batasuna» en los últimos meses diera para muchas expectativas, pues cada vez estaba más clara la dinámica de involución y repliegue sobre sí misma de la línea oficialista mayoritaria de HB, con la vuelta a los tradicionales sistemas de control interno, lo que suponía de facto la renuncia al objetivo inicial de ampliar el espectro ideológico y estratégico de la nueva izquierda abertzale a cambio de asegurarse el máximo dominio de la nave. Quizá quepa decir aquí que para este viaje en redondo para llegar al mismo punto de partida no eran necesarias tantas alforjas, ni habernos vendido tantas expectativas. ¿O es que se trataba también de un «ilusionante proceso-trampa» más?

Quiero creer que no. Que al menos desde la mayoría del sector oficialista de HB se hizo un esfuerzo sincero de intentar en un primer momento una apertura, pero no ha podido ser y esto no cabe atribuirlo únicamente a la mayor o menor voluntad de los dinamizadores del proyecto, sino también y sobre todo al brusco cambio climático-político operado con la ruptura de la tregua y con el abandono del Parlamento de Gasteiz.

Batasuna, como Udalbiltza o Batera eran criaturas, más bien embriones, aptos para desarrollarse en otras condiciones de climatología política, aquella que parecía iniciarse con la declaración de Lizarra-Garazi. Pero aquel anuncio de primavera resultó prematuro y un nuevo periodo glaciar tan duro o más que el anterior nos ha venido encima. En estas condiciones el empeñarse en impulsar más allá de lo posible proyectos como aquellos puede provocar su perversión y esterilización, transmutando lo que deberían ser foros de encuentro y unidad entre abertzales y progresistas en armas arrojadizas de desencuentro, división y sectarismo del más rancio estilo, que no van a producir más que heridas y desconfianzas que luego costará mucho superar. El lamentable espectáculo que estamos presenciando en torno a Udalbiltza estos últimos días es un claro ejemplo de lo que quiero decir.

Con esto no pretendo ignorar las razones para criticar algunas de las decisiones que se han tomado en la dirección del organismo. Pero ¿merece realmente la pena una iniciativa que puede resultar traumática para no conseguir, en el mejor de los casos, más que la desnaturalización de lo que se pretende construir? Porque si de criticar se trata, también podríamos hacer algunas consideraciones respecto a la forma en que se ha venido desarrollando la última fase de Batasuna.

La primera constatación sería que el proceso Batasuna ha venido sufriendo una pérdida de pulso e impulso notables, que se expresa tanto en la participación continuamente decreciente desde su inicio hasta hoy, lo mismo a nivel de las asambleas locales como de la propia asamblea general, así como en la falta de interés, motivación y quizás credibilidad en el mismo proceso o en su oportunidad, entre amplios sectores de base a los que se pretendía llegar.

No menos preocupante ha resultado el oscurantismo y semiclandestinidad del procedimiento de convocatoria de muchas asambleas locales, donde no se ha puesto ningún interés especial en hacer llamamientos lo más abiertos y bien publicitados posible. Lo mismo cabe decir de la atmósfera enrarecida generada desde determinadas instancias, poco propicia para el debate abierto, cuando no abiertamente hostil hacia las posiciones no oficialistas, lo que en algún caso ha llevado a la «caza de brujas» de los disidentes y aumentando la falta de incentivo por la participación presencial.

Otro tanto hay que decir de la opacidad del proceso de gestión y control de los resultados, de modo que, sin poner en cuestión el valor global de los mismos, se confirma la falta de garantías democráticas en el procedimiento aplicado al no existir ni censos, ni control de participantes, ni seguridad de un voto secreto, ni actas públicas verificables y contrastables.

Finalmente, los propios resultados cuantitativos presentados oficialmente resultan muy poco satisfactorios para un proyecto tan ambicioso, con una participación total muy reducida a niveles de base, cuando es evidente que la militancia de la izquierda abertzale es muy superior a las cifras dadas y con unos porcentajes de blancos y nulos que resultan ser juntos la segunda opción más votada después de la oficialista y que están probablemente relacionados con las citadas falta de garantías democráticas y de caza de brujas.

Pero empeñarse en hacer de estas o aquellas críticas el centro de la cuestión con lo que «está cayendo» suena a discusión bizantina frente a la «real politik» que nos viene impuesta por la lucha armada de un lado y la represión indiscriminada y persecución de las señas de indentidad vasca por el otro. Dedicarnos en estas circunstancias a hacernos heridas con una discusión agria en torno a Batasuna o Udalbiltza no nos aporta nada positivo y no hace más que dejar cicatrices abiertas para cuando bajo otras condiciones estos proyectos u otros parecidos sean de nuevo posibles.

Se puede estar en una organización a pesar de que la línea política de la misma no coincida con lo que pensamos, siempre que haya garantías reales de que un juego limpio y democrático interno, sin imposiciones ni controles externos, permita la posibilidad de cambios futuros, pero es demasiado pedir que con unas condiciones internas tan poco claras y con una política de hechos consumados impuestos desde fuera, como los que se derivan de la lucha armada y de la violencia política directa de la kale borroka, se haga una vez más un acto de fe para el cual los últimos restos de confianza se han agotado. Hasta aquí hemos llegado.

En cualquier caso, el atentado de Martutene zanja la cuestión y supone, a mi entender, el golpe de gracia al proceso Batasuna, la demostración de que, hoy por hoy, no hay condiciones para construir una «nueva izquierda abertzale» como la que se soñaba en el manifiesto de mayo del 2000 en torno a HB-EH. El núcleo de regeneración y construcción de la izquierda abertzale y democrática que Euskal Herria necesita para el S. XXI no está en el proyecto Batasuna. No estoy diciendo que no pueda continuar HB, pero eso es «más de lo mismo», y para esto algunos no nos sumamos a aquel proceso en su día.

Mi respeto y admiración por los que creen lo contrario y se siguen esforzando en demostrarlo con una moral y capacidad de trabajo digna de mejor causa. Buena suerte. *
 
Opinión
Arnaldo Otegi y Joxe Mari Olarra
La soberanía: una necesidad popular
GARA. 17 de Febrero de 2001

Es ciertamente relevante, que en numerosas ocasiones se trate de enfatizar la supuesta división existente entre nuestra demanda de soberanía y las necesidades más cercanas que puedan interesar a nuestros ciudadanos y ciudadanas.

En muchas ocasiones oímos plantear que el debate y las propuestas que realiza la izquierda abertzale están alejadas y no tienen nada que ver con las auténticas aspiraciones y necesidades de la población de Euskal Herria.

Este discurso, que curiosamente comparten los sectores españoles más reaccionarios (PP-PSOE) junto con otros sectores que se reclaman, al menos de forma teórica, de la izquierda progresista (IU), pretende funda- mentalmente ocultar que nuestra propuesta para la soberanía plantea una alternativa de gestión de la misma en defensa de los intereses de la mayoría social trabajadora de Euskal Herria.

Efectivamente, si alguien hace un repaso objetivo de las posiciones políticas que ha mantenido la izquierda abertzale observará que una de las mayores aportaciones que hemos hecho al acervo del pensamiento nacionalista ha sido la de sintetizar en una sola la lucha por la soberanía junto a la defensa de una sociedad socialmente justa.

O dicho de otra manera: la izquierda abertzale siempre ha mantenido que la lucha por un estado soberano para nuestro país interesa de manera objetiva y fundamentalmente a la mayoría trabajadora de Euskal Herria, a sus capas populares y a su clase trabajadora.

Y ese que siempre ha sido nuestro pensamiento, viene siendo corroborado por los hechos en estos últimos años, por múltiples ejemplos, de los cuales sólo vamos a extractar algunos en este artículo.

Por un lado, la defensa a ultranza de la necesidad de situar a nuestro país en un escenario de soberanía plena ha correspondido, en gran medida, a las organizaciones sindicales y de clase en Euskal Herria.

Al mismo tiempo, la defensa de los actuales marcos de partición, de las actuales reglas de juego democrático, han contado con la adhesión, más o menos entusiasta, de las organizaciones empresariales, llámense Confebask, Círculo de Empresarios, Confederación de Empresarios de Navarra...

Estos posicionamientos antisoberanistas de las organizaciones empresariales no representan al conjunto del empresariado vasco, pero dejan bien a las claras determinadas posiciones que, anteponiendo las necesidades objetivas de Euskal Herria, no tienen empacho en plantear una posición absolutamente irresponsable, en la medida en que coadyuvan a sostener y dar cobertura a una apuesta por el mantenimiento del conflicto político, y sitúan sus intereses de clase, con nitidez, en posiciones de confrontación con las posiciones del pueblo vasco.

Es por ello que manifestamos, también con nitidez, que la soberanía interesa fundamentalmente a los trabajadores y a los sectores populares, y que por ello, luchar por la paz es situarse al mismo tiempo en la trinchera de la lucha por la soberanía de Euskal Herria.

Máxime si, además, tenemos en cuenta lo que para nosotros son factores políticos imprescindibles para decodificar la actual coyuntura política:

En primer lugar, la victoria de alcance estratégico obtenida por las fuerzas populares vascas, al inutilizar el actual marco autonómico como marco potencial de aniquilación política para el movimiento independentista vasco.

En segundo lugar, la corroboración de nuestras tesis históricas, que reclamaban con justeza como reflexión política que no existen espacios intermedios de reivindicación y estrategia entre la autonomía y la soberanía. O dicho de otra manera: que la globalización económica (imperialismo) y la construcción europea, muestran a las claras que no hay más opción, en términos nacionales y de clase, que la construcción de un estado para el pueblo vasco.

Y en tercer y último lugar: la posición que desde la más absoluta debilidad estratégica plantean los estados español y francés, que se sitúan, todavía más si cabe, en posiciones ultrajacobinas y ultrarreaccionarias en su estrategia de negar nuestra propia existencia como pueblo.

Soberanía y paz, paz y soberanía son, pues, los ejes que animan nuestra iniciativa política. Soberanía y modelo social justo, soberanía y socialismo, soberanía y democracia, no son más que los ejes estratégicos únicos y viables que permitirán aglutinar al pueblo vasco en torno a una estrategia nacional, popular y progresista, que instale a nuestro país en ese tan ansiado escenario de paz que todos anhelamos.

Porque la soberanía significa fundamentalmente, que los recursos financieros, naturales, culturales de nuestro país sean gestionados sin interferencias y en beneficio de una mayoría social progresista y socialista que la izquierda abertzale pretende liderar y articular.

Soberanía para la carta social, para los derechos sociales, para los derechos económicos, para los derechos culturales y educativos, soberanía para la paz y la solidaridad.

Soberanía en un contexto como el europeo o mundial, donde el imperialismo pretende clonar los pueblos y sus culturas, para reivindicar nuestras propias señas de identidad como la mejor aportación a la biodiversidad cultural del planeta.

En esa apuesta estamos, y en esa apuesta estaremos junto con nuestros compañeros y compañeras de LAB hoy en Iruñea, reivindicando la necesidad, la urgencia histórica y la posibilidad real de construir un espacio para la utopía en el siglo XXI, un espacio llamado Euskal Herria soberana, un espacio llamado socialismo vasco.

Por eso estaremos, por eso hay que estar. *

Córcega
El Parlamento francés debatirá la autonomía de Córcega en contra de Chirac

JOAQUÍN PRIETO |  EL PAIS, París

El Consejo de Ministros francés aprobó ayer el envío al Parlamento del proyecto de ley por el que se delegan poderes legislativos y reglamentarios a la isla de Córcega, un proceso sin precedentes en Francia, que nunca ha llegado a reconocer la autonomía política a sus regiones metropolitanas. El presidente Jacques Chirac, que se negó a discutir este tema en el Consejo de Ministros de hace una semana, advirtió ayer al Gobierno de Lionel Jospin de los peligros que ve para mantener a Francia como 'el país unitario' que ha sido desde la Revolución Francesa.

El Parlamento comenzará a discutir este proyecto en mayo. Tras el Consejo de Ministros, Chirac hizo una declaración por radio y televisión en la que pidió a los parlamentarios que enmienden 'sabiamente' el texto remitido por el Gobierno, bajo la advertencia de que, de lo contrario, él lo recurrirá ante el Consejo Constitucional. Chirac se alinea así con los que equiparan la autonomía corsa al fin del principio de igualdad de los franceses ante la ley proclamada en 1789 y de la indivisibilidad de la República, vigente desde 1792.

Chirac argumentó contra el proyecto sentado a la cabecera del Consejo de Ministros. Aun declarándose partidario de 'una nueva arquitectura de poderes y responsabilidades' y de 'un refuerzo de la democracia local que no puede limitarse a la región de Córcega', el jefe del Estado insistió en que algunas disposiciones del proyecto gubernamental 'presentan un fuerte riesgo de inconstitucionalidad'.

Para Chirac, el primer riesgo es que Córcega se aleje 'progresivamente' de Francia, 'como lo desean los partidarios de la independencia que han aportado su sostén al proyecto de ley'; y el segundo, que esas disposiciones sean reivindicadas por 'otras regiones', en una velada alusión al País Vasco, Bretaña o Alsacia.

Pacto republicano

Para el jefe del Estado, si ese proceso sigue adelante, Francia 'dejará de ser un país unitario en el que cada uno es igual delante de la ley votada por el único Parlamento'. Esto supondría 'cuestionar profundamente nuestro pacto republicano en un momento de nuestra historia en que debemos permanecer juntos y unidos para estar más presentes, más fuertes, más influyentes en la Europa en construcción'. Argumento este último particularmente curioso: al otro lado del Rin, y para temor de Francia, Alemania está destacándose en la carrera por el liderazgo europeo, sin perjuicio de existir como Estado federal.

Lionel Jospin rebatió a Chirac en la reunión del Consejo de Ministros: a su entender, este proyecto se ajusta a la Constitución. El actual primer ministro y casi seguro candidato a la presidencia está pensando en un referéndum para el año 2004, bien sea sólo para una revisión definitiva del estatuto de Córcega, bien para un proyecto más amplio de reforma del Estado centralista que Francia conserva todavía. A su vez, Jospin advirtió al jefe del Estado y a los grupos políticos que se oponen a su plan: 'El proceso comprometido en Córcega comienza a producir resultados: un retroceso de la violencia y una esperanza de solución. A nadie le interesa comprometerlo'. El titular de Interior, Daniel Vaillant, remató ante los periodistas el aviso del primer ministro con un recordatorio de que los anteriores Gobiernos de derecha 'no habían tenido gran éxito' en la política de combatir la violencia con una combinación de 'represión y negociaciones secretas'. Paul Giacobbi, presidente del Consejo General de la Alta Córcega, se preguntaba ayer, en declaraciones a Le Monde, por qué Chirac no había defendido 'el pacto republicano' cuando 'un ministro próximo a él, Charles Pasqua, recibía a terroristas en su mesa', y atribuyó gestiones también secretas a Jean-Louis Debré, otro ex ministro del Interior aún más próximo a Chirac.

El enfrentamiento no se limita a las dos cabezas del poder ejecutivo. Al mantener el rumbo hacia la autonomía corsa con firmeza, Jospin obliga a definirse a la mayoría parlamentaria que sostiene su Gobierno. Ya sufrió la dimisión de Jean Pierre Chevènement como ministro del Interior por este plan político. Henri Emmanuelli, que en el último congreso socialista de Grenoble encabezó una corriente minoritaria de izquierda, no ha ahorrado críticas contra el proceso corso. Los Verdes lo apoyan, por el contrario, y los comunistas mantienen un perfil bajo sobre este asunto. A la derecha, la Unión por la República (RPR) se manifiesta oficialmente unida como una piña con Chirac; la centrista UDF se muestra más tibia, y el líder de los liberales, Alain Madelin, apoya el proyecto de autonomía, aunque espera que sea retirada 'la obligatoriedad' de aprender la lengua corsa.

Poder, lengua corsa y fiscalidad

J. P. | París

Por difícil que resulte comprenderlo en un Estado como España, dotado de comunidades autónomas con Parlamento y Gobierno propios, 4 de los 51 artículos de que consta el proyecto de ley francés sobre Córcega han suscitado las reservas del Consejo de Estado y de Jacques Chirac. Estos son los puntos sensibles:

- Poder político. La Asamblea de Córcega podría 'modificar o adaptar' disposiciones legislativas o reglamentarias que se refieran a Córcega, así como todas las normas sobre el desarrollo económico, social y cultural de la isla. También se concedería a la Asamblea corsa el derecho de 'adaptar' a 'las especificidades de la isla' las disposiciones legislativas de difícil aplicación en Córcega. El Parlamento francés se reserva la facultad final de 'confirmar, modificar o aplazar' las normas emanadas del órgano corso, lo que constituye una prueba del reducido poder atribuido a esa autonomía.

- Lengua corsa. El proyecto prevé enseñar la lengua corsa a todos los alumnos desde el grado preescolar, 'salvo voluntad en contra de los padres o del representante legal del niño'. El hecho de que los padres hayan de tomar una iniciativa equivale, para el Consejo de Estado, a establecer la obligatoriedad de aprender el corso. Sin embargo, la introducción de la lengua tahitiana en las escuelas francesas de Polinesia -sin mención alguna a la posibilidad de los padres de negarse- no suscitó reserva alguna del Consejo Constitucional en 1996.

- Fiscalidad. No pagarían ciertos impuestos las pequeñas y medianas empresas que inviertan en Córcega en los sectores de hostelería, nuevas tecnologías, energía (salvo la distribución), comercio y actividades industriales. El proyecto fija un mecanismo progresivo, de 15 años, para el retorno al derecho común de los derechos de sucesión sobre bienes inmuebles, de los que los corsos llevan exonerados dos siglos. Para el Consejo de Estado, esta disposición mantiene demasiado tiempo la 'discriminación' entre los herederos de bienes situados en Córcega y en el continente.

-  Urbanismo. El Consejo de Estado critica la concesión de poderes a la Asamblea de Córcega para legalizar las construcciones provisionales que salpican el litoral de la isla.

Enlaces Corsos: Corsica Nazione; Muvimento di a Manca Naziunale

Sugerencias

1ª. Recursos sobre política en la Red (en ingles). Lista por Estados con enlaces a Constituciones, instituciones, organizaciones políticas, prensa, procesos electorales... Politica21, pagina con enlace a organizaciones políticas del Estado español. Partidos de Izquierda del Mundo (en inglés), pagina con enlaces a organizaciones de izquierda de todo el mundo, organizada en categorías regionales e ideológicas y estado a estado.
2ª. Al Nakba, el desastre. Pagina dedicada al Desastre que para el pueblo palestino supuso la división de Palestina en 1948 y la formación del Estado de Israel. En árabe, castellano, italiano, francés, ingles, alemán. Editada por el Centro Cultural Khalil Sakahini. Incluye testimonios, fotos, cronología, bibliografia...
 
 
 
 
 
Música:  Capricho árabe, Tarrega
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Directorio de Andalucía en Internet:
 




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