El conjunto de organizaciones políticas y sindicales institucionales, pese a sus diferencias entre sí, en la hora de la prueba están dejando a Oaxaca en la soledad. Nada de las grandes manifestaciones que salieron a detener la guerra contra el zapatismo en 1994, ni siquiera de las que se alzaron contra la masacre de Acteal. La rutina electoral, es decir, la lógica de las instituciones existentes, así sea para vituperarlas de labios para afuera, los ha ganado a todos. Declaraciones hay, protestas también, pero de movilizar fuerzas como pudieron hacer muy poco ha en la disputa electoral, nada.

El PRD está absorbido por la disputa parlamentaria. En el Congreso pidió desaparición de poderes y juicio político. Si no se pudo, ni modo, ya salvamos nuestro honor y nos vamos de puente. Los gobernadores elegidos por el PRD, todos, incluido el del Distrito Federal, firmaron en la Conago junto a Ulises Ruiz. La CND, motivo de tantas ilusiones y encandilamientos, ha demostrado su inexistencia a todos los efectos prácticos, salvo la recolección de votos y la disputa por ellos.

El viejo pacto entre el PAN y el PRI, movilizado ahora en defensa de Ulises Ruiz y contra el pueblo oaxaqueño, ya lleva 15 muertos en Oaxaca para sostener a un gobernador repudiado y oponerse a un legítimo movimiento social del pueblo oaxaqueño. Ahora han metido a la PFP y a elementos militares disfrazados de PFP, una muestra más de su impotencia y descrédito para alcanzar soluciones políticas, como en cambio solían lograrlo en el pasado.

El pacto PRI-PAN no es una novedad. Viene desde la fundación del PAN en 1939, como heredero legal del sinarquismo y voz política de la jerarquía eclesiástica y de los conservadores mexicanos. Nunca dejó de funcionar en los momentos cruciales: en la represión a la huelga ferrocarrilera de 1959, el movimiento estudiantil popular de 1968, la guerra sucia de los años 70, la restructuración neoliberal desde 1982, el fraude de 1988 (con su secuela de cientos de muertos del PRD y otros, porque la resistencia entonces no fue juego), la quema de las actas en 1991, la liquidación de los artículos 27 y 130 constitucionales, la firma del TLCAN, la represión en Chiapas desde 1994, la ruptura de los acuerdos de San Andrés y el voto contra la ley Cocopa, el Fobaproa, el pacto de bufones donde 360 diputados de ambos partidos votaron unidos el imposible desafuero de López Obrador, la negativa a que se verificara el resultado electoral de 2006 en un nuevo conteo de los votos. La lista es interminable y no registra fallas importantes.

Hoy el PRD con sus dos máscaras, la institucional llamada Frente Amplio Progresista y la parainstitucional llamada Convención Nacional Democrática, no quiere ni puede movilizar, en defensa de Oaxaca y contra la represión del gobierno federal, a las fuerzas populares que apenas en septiembre reunió en el Zócalo contra el fraude electoral. Por fortuna La Jornada y varios otros medios (uno de ellos, Indymedia, ya pagó con la vida de uno de sus reporteros), así como incontables voces individuales, mantienen la información, la protesta y la indignación (¡salud, Blanche, siempre en el lugar!). Pero su tarea no es, no puede ser, organizar la movilización. Ella corresponde a quienes tuvieron en julio 15 millones de votos y cuentan, como entonces se vio, con el aparato adecuado. Pero por este lado, nada. Repiten con Oaxaca lo mismo que hicieron con la represión sobre Atenco, que ya anunciaba cuáles serían los métodos en adelante.

La carta de Andrés Manuel López Obrador, publicada el domingo 29 de octubre en La Jornada, no es aceptable. Se limita a denunciar la acción policial, el pacto entre el PAN y el PRI y el gobierno "siniestro y represor" de Ulises Ruiz. Declara que la renuncia de éste es la única solución posible y recuerda que en la elección de julio pasado la mayoría de los oaxaqueños votó por su candidatura. Es todo.

La secuela de estas constataciones puede suponerse que sería llamar a una gran movilización en el Distrito Federal y en otros lugares de la República en defensa del movimiento oaxaqueño, contra los asesinatos de los paramilitares de Ulises Ruiz y contra la represión del gobierno federal. Un llamado así, viniendo de quien tuvo 15 millones de votos, llenaría a desbordar el Zócalo y otras muchas plazas de la República. Una mera denuncia tardía y nada más, como es el contenido de aquella carta, no sirve para nada.

Cuando escribo estas líneas, Oaxaca está siendo ocupada por las fuerzas federales que el gobierno del PAN ha lanzado en defensa de un gobernador asesino del PRI. Hoy hay dos muertos más. No pido a los dirigentes de la CND que movilicen sus fuerzas en las plazas y los centros de trabajo y estudio de la República, primero porque no lo harán, segundo porque tampoco disponen de ellas. Tampoco lo pido al jefe de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, porque su carta dice que tampoco tiene intención de hacerlo.

Ante la indignación y el pasmo del pueblo mexicano, que contempla atónito como una vez más las fuerzas represivas del gobierno federal atacan a un movimiento popular masivo y legítimo y tratan de acorralarlo y empujarlo a los extremos y a los desmanes; y ante la protesta, las denuncias y las movilizaciones de organizaciones populares, de derechos humanos y otras, que hoy por hoy no disponen de fuerzas mayores, el silencio y la pasividad de las grandes organizaciones deja a Oaxaca librada a sus propias fuerzas, a su coraje, a su capacidad de maniobra y a su propio y antiguo entramado organizativo.