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• APDHA inicia una campaña para reivindicar transporte público y eficaz a las prisiones

• 8 de marzo: La APDHA denuncia los retrocesos en políticas de igualdad. Las mujeres son las principales afectadas por los recortes sociales. 

• La APDHA pide mesura y respeto al hablar de los comerciantes chinos 

• Sorpresa y rechazo por la prevista aprobación en el pleno de las llamadas “Ordenanzas Municipales para la Convivencia” de El Puerto de Santa María 

• Actividades

• La crisis y la Iglesia en España. JUAN CEJUDO.

• El reparto de la tarta. FRANCISCO MARTÍN SECO.

• Cómo salir de la crisis sin destrozar a la ciudadanía. XAVIER CAÑO TAMAYO.

• Valoración de la sentencia de la Ordenanza Cívica de Granada. GRUPO 17 DE MARZO.

• La (contra)reforma laboral del gobierno del Partido Popular resumida en 20 puntos. CARLOS PRECIADO DOMÈNECH.

• Plataforma “Ciudadanía 2012” ante el bicentenario

• Propuestas

APDHA inicia una campaña para reivindicar transporte público y eficaz a las prisiones

02/03/2012

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asamblea de familiares de personas presas inician una campaña para reivindicar trasporte público a las prisiones, denunciando el desmantelamiento de los servicios públicos para los sectores más desfavorecidos de la población.

La política de las administraciones se basa en el alejamiento de los centros penitenciarios de los núcleos urbanos. Esto provoca la necesidad de un medio de transporte para poder visitar a las personas presas. La realidad es que hay algunas prisiones a las que no llega ningún servicio público de transporte. Las personas con pocos recursos que tienen familiares en prisiones como las de Alcalá de Guadaira, el CIS de Sevilla o Sevilla I deben abonar cantidades inasumibles en taxis (entre 60 y 100 €) para poder visitar a sus familiares porque no existe otra manera de llegar. Y en otros casos, como en Sevilla II (Morón de la Frontera), el servicio a la prisión es tan escaso y descoordinado que no puede ser utilizado por los familiares.

El pasado 15 de junio de 2010 el Parlamento Andaluz aprobó una Proposición No de Ley exigiendo al Gobierno Andaluz la resolución de esta problemática. Desde entonces la situación solo ha empeorado e incluso se han eliminado las escasas líneas de trasporte existentes en algunas prisiones.

En Andalucía, según la ley 2/2003, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y los Ayuntamientos deben facilitar el uso del transporte público, y especialmente para las personas con menos recursos, así como promover la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en Andalucía en condiciones idóneas de equidad social. 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asamblea de familiares de personas presas exigimos a los Ayuntamientos y Junta de Andalucía un trasporte público y eficaz a las prisiones.

> Materiales de la campaña, información sobre actos y cobertura de los medios de comunicación aquí

> ¡ENVÍANOS TU FIRMA!

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8 de marzo: La APDHA denuncia los retrocesos en políticas de igualdad. Las mujeres son las principales afectadas por los recortes sociales

Comunicado 07/03/2012

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA, quiere manifestar su preocupación y malestar por el importante retroceso que, en la actualidad, se está produciendo en el camino de la igualdad de género.   Reconocemos, en primer lugar, que durante el gobierno del PSOE se han producido una serie de avances en materia de género. Pero en lo que atañe a los derechos básicos de las mujeres con las que nosotros básicamente trabajamos: las que trabajan en la prostitución, las mujeres presas, las mujeres inmigrantes… difícilmente se han visto respetados y reconocidos. Igualmente constatamos que no sólo la crisis económica y los elementos que la sostienen han sesgado derechos conquistados por las mujeres durante largos años de reivindicación y lucha, sino que, en estos últimos tiempos, la política y acción del Partido Popular han supuesto una merma de la igualdad de hombres y mujeres. La anunciada reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que convertirá de nuevo a las mujeres en sujetos activos de delito, criminalizándolas una vez más; la Reforma Laboral aprobada el pasado día 10 de febrero, que ahondará aún más la brecha del desempleo y, con ello, propiciará la feminización de la pobreza imposibilitando más aún la conciliación familiar; la inaplicación de la Ley de la Dependencia;  la posible supresión del derecho al matrimonio de personas del mismo sexo;  la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y, con ello, de la educación en valores, constituyen sólo unos ejemplos de lo que las reformas políticas más recientes están suponiendo ya  y van a suponer cada vez más para los derechos de la ciudadanía en general, y no sólo para las mujeres. En este día de reivindicación, la APDHA quiere hacer una expresa mención al colectivo de mujeres inmigrantes, especialmente vulnerable y gravemente afectado por los recortes en políticas sociales, reclamando su condición de ciudadanas, y el respeto de sus derechos como mujeres y trabajadoras. Hoy, más que nunca, ha de hacerse valer lo establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

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Comunicado Delegación de Cádiz, 07/03/2012

La Delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ante las últimas noticias surgidas en relación con los comerciantes chinos establecidos en nuestra zona quiere pedir a los comerciantes españoles y a los medios de comunicación mesura y respeto al afrontar esta cuestión.

Desde hace varios meses la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía está desarrollando una campaña contra los “rumores” que manifiestan o fomentan el racismo y la xenofobia y, en este caso, nos encontramos con un ejemplo paradigmático. Los argumentos esgrimidos son todos referentes a sensaciones, creencias, opiniones, pero que no se sustancian con hechos.

Los únicos hechos ciertos es que los comerciantes chinos tienen las mismas obligaciones fiscales, en materia de higiene y salud, en materias de licencias o en materia laboral que cualquier otro comerciante, tenga la nacionalidad que tenga. Así constan en los distintos informes, siendo absolutamente falso ese rumor que se alimenta de que los ciudadanos chinos no pagan impuestos, como ha confirmado, reiteradamente, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda. Creemos además que de ser así es obligación del Ayuntamiento de Cádiz el afirmarlo públicamente, para acabar con esos “rumores” infundados. Del mismo modo que debiera desmentir esas situaciones la Junta de Andalucía o, si fueran ciertas, actuar en consecuencia.

Compartimos en que si son necesarios, como manifiestan los comerciantes de Cádiz, más controles en materia de urbanismo, de salud e higiene o laborales, se deben realizar en general, sin diferenciaciones raciales. Y si es posible también en base a denuncias contrastadas y no a “rumores” poco fundamentados. Eso redundará sin duda en favor de los consumidores y los derechos de los trabajadores (que en no pocos casos trabajan en condiciones más que precarias), algo que la ADPHA considera muy importante.

El resto son apreciaciones subjetivas de una casuística casi inabarcable y que muestran que existe desgraciadamente un gran desconocimiento de la comunidad china y ya sabemos, que del desconocimiento del vecino surge con facilidad el rechazo.

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha expresado de forma reiterada su oposición a la propuesta de “Ordenanzas Municipales” teóricamente destinadas a fomentar y garantizar la convivencia ciudadana.

Como hemos tenido ocasión de exponer en las alegaciones presentadas, así como en multitud de ocasiones a los representantes municipales, nuestro rechazo se basa entre otras cuestiones que a través de dichas ordenanzas se pretende afrontar los problemas sociales existentes en nuestra ciudad desde la invisibilización de los sectores que padecen situaciones de exclusión cada vez más numerosos por los efectos de las políticas ante la crisis.

Asimismo hemos señalado la voluntad de control del espacio público vulnerando derechos ciudadanos, y a través de la acción policial que es la que enjuicia apariencias o intenciones en su inevitable subjetividad o prejuicios.

Nos preocupa de forma particular cómo podrán hacer frente los servicios sociales de emergencia a los recursos “prometidos” aunque no especificados por esta ordenanza destinados para las personas afectadas por la misma (personas que hasta ahora ganaban su sustento a través del trabajo realizado en la calle). Es de sobra conocido  que los servicios de emergencia social existentes en la actualidad no bastan para una sociedad en la que una buena parte de sus miembros están viviendo ya en situaciones de exclusión o están al borde de la misma. El Ayuntamiento no tiene ni capacidad para responder a la gestión diaria de servicios esenciales para la comunidad… El resultado de la ordenanza será tan solo la estigmatización y criminalización de numerosos sociales.

En relación al colectivo de personas que trabajan voluntariamente ejerciendo la prostitución, la APDHA llevamos años trabajando en proyectos que pretenden acercar a las mujeres al sistema sanitario, a la sociedad, a los derechos; proyectos mediante los cuales nos acercamos a las mujeres que ejercen la prostitución para fomentar que sean parte de la ciudadanía, de sus deberes y sus derechos, luchando contra su estigmatización y exclusión social. Y ahora si estas personas tienen que esconderse para continuar ganándose la vida, ¿Cómo vamos a acercarnos a ellas, cómo vamos a fomentar su acceso a un sistema sanitario, educativo, social…en una sociedad que las ve como delincuentes? De nuevo incremento de la estigmatización y de la exclusión social

.//….

Cuestiones como las señaladas fueron incluidas de forma concreta en las alegaciones y expresadas a los responsables municipales, que quedaron comprometidos a estudiar y en su caso aceptar algunas de ellas, a establecer un proceso de diálogo y, en todo caso, a informarnos a nosotros y otros colectivos, del resultado final que se iba a presentar a aprobación en el pleno municipal.
Nada de ello ha sucedido. De forma oscurantista, vulnerando compromisos adquiridos y pasando por encima de la cacareada transparencia y participación ciudadana, mañana se presenta en pleno una Ordenanza en la que “suponemos” apenas se habrán tenido en cuentas las propuestas presentadas.

Unas ordenanzas por cierto que solo cuenta con el apoyo del 25% de la población (según encuesta publicada por La Voz antes de las elecciones generales del año 2011) y que la mayoría de colectivos sociales han rechazado.

Queda poco pues que decir, sino seguir reiterando nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y por tanto nuestro rechazo a esta Ordenanza que, una vez estudiada y analizada por nuestros servicios jurídicos, no dudaríamos de recurrir en su caso.

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Juan Cejudo. Rebelión. 06/03/2012

Estos días se habla mucho de la postura que debiera tener la jerarquía de la Iglesia en España, ante la situación de crisis tan dura y prolongada en el tiempo, como la que estamos pasando.

El debate se suscita sobre todo, porque el gobierno italiano ha decidido que la Iglesia pague el IBI de sus propiedades para ayudar al país a solucionar la terrible crisis que también padece.

En España la Iglesia, en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado, no paga impuestos. Según el historiador Stanley G. Paine, son unos 100000 las propiedades de la Iglesia en España, de ellas, sólo unos 5000 son edificios religiosos. El 80% del patrimonio artístico, es de la Iglesia. Ella tiene además 3000 museos y 103 catedrales.

Si la Iglesia pagara el IBI, serían unos 3000 millones de euros al año los que podrían entrar en las arcas públicas para contribuir a paliar un poco los problemas del país.

Ésto sería sólo un tímido paso de los muchos que podría aportar. No cabe duda que, si miramos al Evangelio, la actitud debería ser mucho más exigente. Porque Jesús no dijo nunca que sus seguidores tuvieran pertenencias, ni bienes, ni riquezas. En las primeras comunidades de cristianos, todos los bienes los ponían en común y nadie pasaba necesidad. Y los cristianos eran admirados por el pueblo.

Hoy la jerarquía parece guiarse por otros principios más mundanos, más pragmáticos, olvidando la figura y los preceptos de su fundador.

¿Qué sentido tiene, desde le punto de vista del Evangelio, que la Iglesia hoy tenga tantísimos bienes y posesiones? Más, cuando la crisis golpea con muchísima fuerza a millones de personas sin trabajo, sin viviendas, con problemas asistenciales de todo tipo...

Ya que no es capaz de vivir como enseñó el Maestro, en desprendimiento total de bienes, al menos los obispos debieran tener algún gesto voluntario para ponerlo a disposición de un país en crisis muy profunda: pagar el IBI, o vender algunas de sus muchísimas propiedades, o ser capaces de autofinanciarse económicamente, sin ayuda estatal, como está recogido en los Acuerdos Iglesia-Estado, serían algunos de esos gestos que podría tener y que la sociedad sabría valorar.

Cuando a todos nos están recortando, también la Iglesia, de modo voluntario, debería ofrecerse a colaborar, renunciando a algunos de sus muchos privilegios.

Juan Cejudo es miembro de Moceop y de Comunidades Cristianas Populares.

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Francisco Martín Seco

Determinados conceptos como la lucha de clases están hoy demodés. Se nos pretende convencer de que, en la actualidad, las clases no existen y que trabajadores y empresarios tienen intereses comunes. Si se tercia, la CEOE o un gobierno de derechas no tienen pudor en proclamarse defensores de los parados frente a las organizaciones sindicales que se preocupan tan solo de los que disfrutan de un puesto de trabajo. Tal vez por ello es conveniente que ciertos datos pasen desapercibidos, como los de la distribución de la renta, que demuestran que las clases –como las meigas– haberlas, haylas, y que en esa lucha que, se quiera o no se quiera, siempre se da por el reparto del pastel, los trabajadores llevan muchos años perdiendo.

A principios de los ochenta, la remuneración de los asalariados (9 millones de trabajadores) absorbía el 53% del PIB; en el año 2007, al principio de la crisis, participaba tan solo en el 48%, y eso que el empleo ascendía a 18 millones de trabajadores. Datos que indican de forma clara el sofisma que se esconde detrás del discurso que liga la viabilidad del sistema público de pensiones a los problemas demográficos. Lo que pone realmente en peligro las pensiones es que la renta nacional se reparta cada vez de manera más injusta, engordando la porción que se destina al excedente empresarial, es decir, al beneficio de los empresarios, tanto más cuanto que los distintos gobiernos son renuentes a gravar fiscalmente estas rentas. En estos años de crisis, la desigualdad se ha hecho aún más pronunciada y en apenas tres años la participación de los asalariados ha perdido dos puntos porcentuales, situándose en el 46% del PIB.

Este proceso ciertamente no es privativo de España. En mayor o menor medida ha afectado a todos los países, tal como se puede ver en el informe de otoño de la Comisión Europea, recogido en European Economy, 6, de noviembre de 2011, si observamos atentamente la evolución de los costes salariales unitarios en términos reales. Esta variable es tan solo un cociente entre el salario real y la productividad. Cuando el numerador se incrementa en menor medida que el denominador el índice decrece y es señal de que la distribución de la renta ha evolucionado a favor del excedente empresarial y en contra de la retribución de los trabajadores. Eso es lo que ha ocurrido desde principios de los ochenta, lo que indica bien a la claras los efectos perversos que ha tenido la globalización para los asalariados de todas las latitudes.

Pero si esta tendencia ha sido común a todas las economías, nuestro país se ha colocado en cabeza, y el descenso de los costes laborales unitarios en términos reales ha sido bastante más acusado que en la mayoría de los otros países –por ejemplo, que en la propia Alemania–, lo que desmiente el intento de responsabilizar a los salarios de la falta de competitividad de nuestra economía y pone en cuestión la receta de salir de la crisis mediante una deflación salarial.

Desde la constitución de la Unión Monetaria, la economía española ha presentado tasas de inflación superiores a la media europea, y desde luego superiores a las de la economía alemana, lo que le ha hecho ir perdiendo competitividad con el consiguiente reflejo en un incremento progresivo del déficit exterior y en un enorme endeudamiento privado. Todo ello, junto a la imposibilidad de devaluar la moneda, se encuentra en el origen de la delicada situación en que nos hallamos. Pero, tal como indican las cifras, esa subida de precios no está causada por el incremento de la retribución de los trabajadores sino por la elevación del excedente empresarial. Es ese empeño de los empresarios en apropiarse cada vez de una parte más grande del pastel el que ha conducido al diferencial de inflación. Incluso en la situación actual, lindando en la recesión y con los salarios por los suelos, los precios no descienden tal como sería necesario para recuperar la productividad perdida. Los últimos datos del INI indican que en el año 2011, mientras los salarios subieron el 1,1%, las rentas de los empresarios se incrementaron en el 6,6%.

La verdadera razón, no abiertamente confesada de la reforma laboral, es forzar a la deflación salarial en la creencia de que actuará como una devaluación interior, pero la fórmula falla si, tal como ocurre desde hace muchos años, la contención salarial en lugar de contribuir a moderar los precios se orienta a incrementar los beneficios de los empresarios.

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Xavier Caño Tamayo, ATTAC. Analítica.com

Hay otros caminos para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer.
“Esto está mal y se pondrá peor, por tanto el Gobierno ha de tomar medidas duras, como la reforma laboral, y hará recortes muy importantes, porque es lo único que se puede hacer”. Este puede ser el resumen de un reciente discurso de Mariano Rajoy, nuevo presidente del gobierno de España. Pero es mentira. Ni es lo único que se puede hacer ni tal política conseguirá otra cosa que más desempleo, pobreza, incertidumbre, sufrimiento y violación masiva de derechos de gran parte de la ciudadanía. En la línea que sufre Europa.

Cuando Inazio Lula fue elegido presidente de Brasil, la reducida población más rica se quedaba con la mitad del dinero del país y dejaba apenas una décima parte a los pobres, que eran la inmensa mayoría. Lula cambió esas cifras. Aumentó el salario mínimo un 62%, y sacó realmente de la pobreza a millones de brasileños. Sacar de la pobreza a tantos millones hizo crecer siete veces el consumo. Y la economía funcionó mejor, Además logró que 45 millones de brasileños tuvieran cuentas bancarias activas, eliminando intermediarios en la administración y entrega de recursos públicos a los necesitados.

En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73% y la mortalidad infantil, un 45%. Combatir la pobreza y el hambre fue prioridad indiscutible del presidente Lula. Restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, microcréditos, fomento de la economía local, facilitar a niños y jóvenes educación básica y formación universitaria a hijos de obreros… Con algunas políticas similares, Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica.

Y en la crisis financiera de 2008, Brasil salió adelante gracias a las clases populares rescatadas de la pobreza que demandaban y usaban regularmente bienes y servicios. “No hay nada más barato que invertir en los pobres”, decía el Presidente Lula, porque la inclusión de tantos millones de ciudadanos llevó al desarrollo. No era una intención piadosa: es un hecho.
En 2001, Argentina sufría una larga recesión y estaba ahogada por una deuda pública enorme. La situación acabó en quiebra, aumento del paro y de la pobreza hasta ser los más altos de su historia moderna. La pobreza afectó a más de 52% de argentinos y el desempleo superó el 24%. Entonces se dejó de pagar la deuda, se devaluó la moneda y se desarrollaron diversos planes sociales desde 2007. El resultado fue una incesante recuperación del país.

Desde entonces, la economía argentina crece entre 7 y 10% anual (salvo 2009 que solo creció 0,9) y se han reducido considerablemente pobreza y desempleo hasta valores inferiores al 10%.

Para Julio Gambina de ATTAC, Argentina es un espejo en el que debe mirarse Europa. Suspensión de pagos de la deuda, devaluación de la moneda y programas sociales es también la recomendación del Nobel de economía Stiglitz a la tozuda Europa. Aunque sea más complicado aplicarlo por las restricciones que impone el euro. Pero que, en realidad, lo son por los lamentables tratados que los jefes de Estado y de Gobierno han acordado en la construcción de una Europa al servicio del poder financiero. Pero lo que se acuerda, también se puede anular.

Y también en Europa, la ciudadanía de Islandia expulsó a un gobierno corrupto e inútil y encarceló a los responsables de la crisis financiera y del retroceso del país. Islandia se recupera. Según las previsiones de la Comisión Europea, Islandia ha cerrado 2011 con un crecimiento del 2,1%, este año será del 1,5% (triple que el de los países de la zona euro) y en 2013 se prevé que crezca un 2,7%. Se ha vuelto crear empleo y la deuda pública ha disminuido de forma notable. Porque la ciudadanía islandesa rechazó rescatar a los bancos, decidieron negociar el pago de la deuda y llevaron a los tribunales a los responsables del desastre económico.

Hay otros caminos para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer. Los resultados de ajustes, recortes y “reformas estructurales” están a la vista: recesión, reducción de la actividad económica, más paro, más pobreza, ninguna… En realidad, lo que nuestros mandatarios llaman sacrificio es estafa y latrocinio.

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Grupo 17 de Marzo - Sociedad andaluza de Juristas para la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos

Ante la notificación por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJA de la Sentencia del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE GRANADA (Ordenanza Cívica) se hace la siguiente valoración:

1.- La Sentencia no entra en el fondo jurídico del asunto cual es la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía granadina y la nulidad de la ordenanza cívica de Granada.

2.- Resulta cuando menos curioso que una vez admitido el recurso de esta sociedad de juristas, y admitida la legitimación activa para interponerlo, reconocida por el propio Tribunal sentenciador, dos semanas antes de dictar sentencia se nos requiera de nuevo para que aportemos los fines de nuestra Sociedad de Juristas. Si se tenía pensado así ¿por qué no se hizo cuándo se presentó el recurso? ¿por qué se ha esperado hasta la elaboración de la sentencia?

3.- Más extraño aún si cabe, es que una de las causas de esta falta de legitimación es el hecho de que ninguno de los que fundaron en 2006 esta Sociedad de Juristas tiene domicilio en Granada. Aún cierto ésto en el momento fundacional, no es así en la actualidad, es una asociación de carácter andaluz que puede intervenir en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía en defensa de los derechos humanos.

4.- Otra causa de falta de legitimación es que tal y como viene en nuestros estatutos uno de nuestros fines es “oponerse a cuantas actuaciones y medidas legales, institucionales o de particulares restrinjan los derechos y libertades de las personas y de los grupos en que se integran”. Pues bien según la Sentencia este fin es una finalidad genérica y por ello no se está legitimado para interponer el recurso. Cualquier jurista con un mínimo de conocimiento y compromiso con los derechos humanos observa que la Ordenanza Cívica vulnera derechos fundamentales como el de reunión y manifestación y criminaliza  a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes...etc. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJA denota una falta de sensibilidad y compromiso con los derechos humanos en la ciudad de Granada

5.- Desde este mismo momento anunciamos que se estudiará la interposición de un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional o en su defecto un Recurso de Nulidad ante el TSJA por entender que la Sentencia vulnera derechos fundamentales tales como el de asociación y el de defensa.

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Carlos Hugo Preciado Domènech. Sinpermiso.info. 19/02/12 
 

El sábado día 11 de febrero de 2012 el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto Ley 3/2010 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sin lugar a dudas uno de los retrocesos mayores en los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Reino de España, que no hace sino continuar la senda iniciada por la Ley 35/2010, bajo el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Derecho Laboral nace con la vocación de garantizar la paz social y universal. Así se evidencia en el preámbulo de la Constitución de la OIT, que se crea el 11 de abril de 1919 partiendo de que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales y que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.

Sólo ha hecho falta un siglo para olvidar las razones que produjeron el nacimiento del Derecho Laboral y las nefastas consecuencias que tuvieron las desigualdades sociales, la especulación incontrolada y la final crisis de 1929, que creó las condiciones de injusticia social necesarias para desembocar en la II GM.

El denominado "mercado" laboral, en que las mercancías también somos las personas y nuestro derecho a la existencia a través de las rentas que proceden del trabajo, que sigue siendo el medio de vida esencial de la mayor parte de la población mundial, está sacrificando las condiciones básicas que aseguran la dignidad humana en el intercambio de trabajo por salario y devolviéndonos a pasos agigantados a la realidad social ignominiosa del siglo XIX.

La negociación colectiva, como reconocimiento de la autodeterminación de los agentes sociales en sus relaciones y el aporte de cierto equilibrio a una relación desde el principio desequilibrada como es la de capital y trabajo, ha sufrido un durísimo embate con esta reforma, que se adentra en terrenos de dudosa constitucionalidad en muchos de sus aspectos, como el período de prueba de un año en el contrato de apoyo a los emprendedores, la desregulación de la justicia de la causa en el despido y de su control judicial, y el establecimiento de arbitrajes obligatorios en los supuestos de inaplicación de los convenios colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Podemos resumir la reforma en los 20 puntos siguientes:

1) Se permite que las ETT actúen como agencias de colocación, en un paso más hacia el comercio con el infortunio que supone el desempleo.

2) Se modifica el contrato de formación y aprendizaje que se precariza en muchos aspectos y en el que se podrá permanecer hasta los 30 años, al menos hasta que la tasa de desempleo no descienda por debajo del 15%.

3) Se dota a las empresas de poder sobre la acreditación de la formación de los trabajadores, controlando hasta la obsesión lo que llaman "cuenta de formación", incrementando el control sobre los trabajadores y el poder empresarial.

4) Se multiplican por doquier las bonificaciones de los contratos precarios, reduciendo alarmantemente los ingresos de la Seguridad Social, se supone que para continuar desballestándola, como ya se hizo en la reforma de la Seguridad Social operada por la Ley 27/2011, bajo el gobierno socialista.

5) Se crea un contrato "por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores", con un período de prueba de un año, lo cuál significa el despido libre y gratis durante el primer año de relación laboral, por supuesto bonificando cuotas y con incentivos fiscales (los famosos 3.000 euros)

Se establece el comercio con la prestación de desempleo, pues el empresario que contrate a un parado en ciertas condiciones tiene una deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo y el parado puede compatibilizar parte de la prestación con el trabajo. El contrato se puede utilizar incluso si ha habido despidos improcedentes en los últimos 6 meses siempre que sean de otro grupo profesional

6) Se introduce la posibilidad de hacer horas extras en los contratos a tiempo parcial, aumentando la flexibilidad de los "mini jobs", y teniendo trabajadores a la carta, y sin posibilidad de que compatibilicen el trabajo precario con otro, debido a la alta disponibilidad que tales trabajos comportarán.

7) Se crea el contrato "a distancia", y se puede asignar a los trabajadores a gusto del empresario a cualquier centro, manipulando así la base electoral de las elecciones sindicales a placer.

8) Se suprimen las categorías profesionales siendo la movilidad funcional casi ilimitada. Ahora todo el mundo podrá hacer casi de todo.

9) El empresario puede distribuir el 5% de la jornada a su gusto, sin negociar.

10) La movilidad geográfica se puede hacer con muchísima más facilidad, al desdibujar las causas que la justifican, que son meramente razones de competitividad, productividad u organización

11) Se facilita hasta la pura discrecionalidad la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al igual que la modalidad geográfica

12) Del descuelgue salarial se pasa al descuelgue de casi todo el convenio, perdiendo virtualidad la vinculación de los Convenios Colectivos, consagrada en el art. 37 de la Constitución y afectándose gravemente a la ultra actividad de los Convenios. Se prima el convenio de empresa, donde las representaciones de los trabajadores y el poder sindical es más débil. Si transcurridos dos años de la denuncia no se firma otro convenio, se aplica el superior.

13) El empresario no precisa autorización administrativa para: despedir, suspender el contrato, reducir la jornada de una gran parte de la plantilla (medidas colectivas). Desaparecen los ERE y ahora quien decide es simplemente el empresario.

14) Desaparece la justificación de las causas de despido objetivo, ahora se necesita la mera causa, sin que sea justa para despedir, reducir jornada o suspender contratos. Con la definición de las causas económicas, técnicas u organizativas se prescinde del fin o la razonabilidad, simplemente es necesario que concurran. Es decir se puede despedir aunque ello no sea ni mínimamente razonable para alcanzar un fin constitucional legítimo como el mantenimiento de la viabilidad de la empresa o el nivel de empleo. Por ejemplo, bastan dos trimestres de descenso del nivel de ventas para despedir al 10% de la plantilla en empresas con más de 100 trabajadores.

15) Aunque el absentismo en la empresa sea del 0% se puede despedir por estar enfermo, faltando, por ejemplo, 8 días en dos meses de forma justificada por enfermedad común.

16) Se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 días/año con un máximo de 42 mensualidades a 33 días/año con un máximo de 24.

17) Se suprimen los salarios de tramitación salvo en los casos de opción por readmisión, debiendo soportar el trabajador el coste del tiempo que tarde en dictarse sentencia, con lo que se desincentiva el ejercicio de acciones y se abarata más aún el despido, incentivando, además que no se readmita al trabajador. Ello, unido a la ya existente saturación de los Juzgados de lo Social, que funcionaban razonablemente bien, pero que con la crisis han sufrido un auténtico colapso, supondrá que las demandas y el coste de la demora en la resolución las asumirá la parte más débil: el trabajador o la trabajadora.

18) Se prevé la posibilidad de despedir trabajadores fijos de la Administración Pública, incluso aunque hayan accedido por oposición, por la mera concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

19) Se mercantilizan aún más los servicios públicos y se pretende que el ajuste de los déficits derivados de la impuesta estabilidad presupuestaria se haga con reducciones de plantilla, sin importar el motivo de tales déficits (por ejemplo, despilfarro o malversación).

20) Como único punto positivo, se limitan las indemnizaciones de los directivos de entidades de crédito que están intervenidas o participadas por el FROB. Algo que se aborda 4 años después de iniciarse la crisis y habiéndose gastados más de 9.000 millones de euros de dinero público en reflotar entidades con directivos que siguen cobrando sueldos millonarios por su "excelente" gestión.

Esta reforma, como la anterior de la Ley 35/2010, no servirá para crear empleo. Simplemente se ha tomado el pretexto de la crisis para desequilibrar la balanza de las relaciones laborales del lado de la empresa y expandir el miedo a la pérdida del empleo como poderosa herramienta de logro de beneficios.

El riesgo, ahora, ya no lo asume el empresario, lo asume el trabajador, que ha de agradecer tener un puesto de trabajo y pasa a vivir "con permiso" de su empleador.
 

Carlos Hugo Preciado Domènech es Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 

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En Cádiz se ha constituido la “Plataforma  ciudadanía 2012 ante la crisis” que pretende dar una respuesta a los fastos de la Conmemoración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz. En esta plataforma participa la APDHA.
Para el fin de semana  17 y 18 de marzo (el día 19  es cuando se cumplen los 200 años de La Pepa) la plataforma ha previsto las siguientes actividades:

- Sábado 17 de marzo, la Plataforma da su apoyo a la organización de la Asamblea Estatal Ciudadanos Constituyentes, que se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 10 de la mañana.

- Domingo Día 19 de marzo, la Plataforma convoca una manifestación en Cádiz que partirá a las 6 de la tarde desde la Subdelegación del Gobierno para finalizar en la Plaza de España donde está el Monumento a las Cortes de Cádiz.

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA “CIUDADANÍA 2012” ANTE EL BICENTENARIO.-

Reconocemos que aquella Constitución de 1812 rompió con un secular régimen de terratenientes, nobiliario y teocrático, que concebía a las personas como súbditos del Rey o vasallos de los señores y no como ciudadanos. Pero el propósito que expresaba el artículo 13 de  que el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen fue una aspiración maravillosa e incumplida. Presionados por los logros ciudadanos que se tradujeron en la Revolución Francesa, los poderosos de la España de entonces hubieron de admitir, efectivamente, la preeminencia de la ley, el derecho a la educación, la prohibición de la tortura, la abolición de la Inquisición, la libertad de prensa y de pensamiento, etc. Pero estos primeros pasos a favor de los derechos civiles y los ideales democráticos fueron o bien rápidamente abortados por las fuerzas más reaccionarias agrupadas alrededor de la monarquía y la Iglesia Católica. Aquella Constitución tuvo muchos limites: el de la igualdad ausente (no fue capaz de acabar con la esclavitud, ni de reconocer derechos a las mujeres, a los indígenas o a los negros) y el de la ruptura con el antiguo régimen de forma consecuente, en especial con el corsé ideológico impuesto por la Iglesia Católica.

Pero lo que ahora nos preocupa es que se quiera convertir la conmemoración del bicentenario en una gran cortina de humo para intentar distraer a la población de los graves problemas que padecemos, como el desempleo, a la vez que para intentar justificar el peligroso estado de inmovilismo político (bipartidismo, leyes electorales injustas, sometimiento del Parlamento a la voluntad de los mercados, recientes cambios constitucionales no aprobados en referéndum, corrupción política, etc.) al que nos quieren sujetar. En definitiva, el gobierno quiere conmemorar por todo lo alto aquella Constitución de 1812 a la vez que justifica las poco democráticas maneras que el FMI, el Banco Mundial, el G-20 y otras instancias del sistema capitalista imponen ahora, en España y en tantos otros países del mundo, para arrasar con el patrimonio público y con todo tipo de derechos ciudadanos. El nuevo constitucionalismo del Tratado de Lisboa y de la última reforma de la Constitución española representa una agresiva intentona de endeudar las arcas del estado, privatizar todo tipo de servicios públicos y de laminar derechos sociales y económicos básicos conquistados dolorosamente por los trabajadores.

Esta “crisis” se ha convertido en estos momentos en un asalto organizado al conjunto de derechos sociales, económicos, civiles y políticos tan duramente conquistados. La democracia real, que debería fundarse en la soberanía popular, ha sido sustituida por la dictadura de “los mercados” y el Capital, a quienes no les importa el miedo y la angustia a perder el trabajo, a sufrir pérdidas salariales inaguantables, a no poder alcanzar en la vida un trabajo digno y, en definitiva, a ser arrojados a la exclusión social. Estas son situaciones y amenazas que se ciernen sobre cada vez mayor número de personas. Entonces, ¿para qué sirven los textos constitucionales que no son capaces de frenar la voracidad y la irresponsabilidad social de los especuladores?, ¿es esta herencia de injusticia y de complicidad con la Banca internacional el genuino legado del constitucionalismo español?  Nos tememos que sí.

Los de arriba han roto el pacto social con medidas brutales como la reforma laboral o con los trasvases de dinero público de forma masiva a los bancos privados. Esta no es una crisis cualquiera. La Constitución de 1978 queda como discurso justificativo de todos estos recortes, aplicando sin titubear las normativas más restrictivas de derechos. Los fastos del bicentenario exhiben una reivindicación abstracta y apergaminada de las libertades, de poca utilidad para las necesidades de la ciudadanía en estos excepcionales momentos.

Denunciamos que con la celebración de “la Pepa” el gobierno pretende:

1º.- Que nos despreocupemos del paro, del recorte de derechos, del desmantelamiento de los servicios públicos, de la pobreza creciente en nuestra sociedad, de los desahucios, de la represión policial, que olvidemos que la cultura, la educación y la investigación son víctimas de la desinversión, de la manipulación y del menosprecio.

2º.- Que no activemos nuestra denuncia de los recortes democráticos que hacen que la ciudadanía sea una convidada de piedra de las políticas públicas, que no hablemos de democracia real ya… es decir: que renunciemos a la denuncia de la apropiación indebida que la casta de los partidos políticos han hecho de la democracia.

3º.- Que consintamos el escudo antimisiles y las bases nucleares de Rota, Morón y Gibraltar y que digamos sí a las guerras en el Mediterráneo y Oriente Medio organizadas por EE.UU. y la OTAN; que cuando en octubre se celebre la Cumbre Iberoamericana en Cádiz no denunciemos las prácticas de expolio de España en Latinoamérica particularmente a través de sus empresa multinacionales.

4º.- Que aceptemos aquello de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, lo que nos convierte de nuevo en súbditos en vez de ciudadanos; que apostemos por valores como la competitividad, el consumismo y la insolidaridad, en vez de apostar por la Madre Tierra, el espíritu comunitario y el Bien Público.
Animamos a toda la ciudadanía y a todos los trabajadores y trabajadoras golpeadas por la crisis y las amenazas de paro, exclusión y pobreza, a sumarse a todas las iniciativas pacíficas de denuncia y movilización  que durante este año vamos a dinamizar. Mientras algunos partidos políticos se entretienen, y tratan de entretenernos, disfrazando esta Dictadura Económica con antiguos ropajes de 1812, nosotros y nosotras vamos a decir alto y claro: OTRO MUNDO MEJOR ES POSIBLE. 

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Actividades de la APDHA

Actividades centradas en la conmemoración del Día contra el Racismo y la Xenofobia: 21 de Marzo
Con motivo de la celebración de día contra el racismo y la xenofobia, la APDHA Huelva, junto con otras entidades y asociaciones de la ciudad, llevará a cabo una serie de actividades que buscan la reivindicación de los derechos de las personas migrantes y la sensibilización social hacia el colectivo. 

Fechas: 

Domingo 18 de Marzo: Espacio para la Diversidad en Mercadillo PLOCC. Participamos junto con otras entidades en el “Espacio para la Diversidad” que se llevará a cabo en el Mercadillo PLOCC Manta (Parque de Zafra, Huelva) desde las 11 de la mañana con actividades interculturales y de sensibilización. 

Miércoles 21 de Marzo: Actividad de Calle.“Grandes éxitos Onubenses: ¡mañana te puede pasar a ti!” Acto reivindicativo en el que simulando el trabajo de los top manta, se repartirán octavillas con formato de CD que plantean realidades migratorias de Huelva (explotación laboral, abusos, invisibilidad…). Calle Concepción, Huelva, 11.00h.

Concentración en el Puerto de Santa María 

El Sábado, día 10 de marzo, a las 11 de la mañana, la APDHA ha convocado una CONCENTRACIÓN, ante los Servicios Sociales de El Puerto de Santa María (c. Nevería 9) en protesta por los impagos del Ayuntamiento que están generando una desatención de los sectores sociales más desfavorecidos, entre ellos los inmigrantes.

Campaña Transporte a Prisión

Miembros de la delegación de Sevilla de la APDHA se reunieron el pasado 5 de marzo en la Plaza Nueva, en el primer acto reivindicativo de la campaña “Transporte a prisión, ¿Cuándo?” Se difundió el díptico informativo de la campaña entre los transeúntes y se estuvo explicando a las personas interesadas la problemática que supone para los familiares de personas presas la carencia o deficiencia del transporte público a las cárceles. Se instaló una mesa de recogida de firmas  para sumar adhesiones a la campaña. 

Próximo acto: Recogida de firmas
Fecha: Domingo 11 de Marzo de 2012
Lugar: Prisión de Sevilla I

Iremos a la prisión de Sevilla I para recoger firmas entre los familiares, dar a conocer nuestras demandas y la asamblea que organizamos. NECESITAMOS TU IMPLICACIÓN, ¡PARTICIPA!

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Propuestas

Exposición organizada con el objetivo de dar a conocer la realidad social de los inmigrantes en nuestra provincia, a través de las fotografías de sus asentamientos.
El autor de las fotografías es el reconocido fotógrafo alemán Rainer Viertlböck, considerado uno de los grandes fotógrafos del mundo en temas arquitectónicos.

Desde el 2 de marzo hasta el 5 de abril. De lunes a viernes 18.00h. – 21.00h.
ESPACIO PLOCC. Plataforma Onubense de Cultura Contemporánea. C/ Barcelona nº4, Huelva.

Campaña conjunta : Open access now !

Manifiesto en español:
http://www.migreurop.org/article2073.html?lang=fr
Vídeo:
http://www.openaccessnow.eu/topics/campaign-video/
Más información:
http://www.openaccessnow.eu/

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