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Derechos Humanos de Andalucia |
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Asunto: | [InfoApdha] 2012-04-13 | Fecha: | Viernes, 13 de Abril, 2012 12:37:29 (+0200) | Autor: | InfoAPDHA <infoapdha @.....org>
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InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 13
de abril de 2012, 10.914 suscriptores |
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de los Derechos Humanos
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Jornadas
"Porteadoras y Derechos Humanos en la Frontera de
Ceuta"
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Presentación
Desde hace dos años, la APDHA ha
intentado aproximarse a la situación de las
mujeres que hacen de porteadoras de mercancías
entre Ceuta y Marruecos. Pero no hemos estado
solos. Hemos contado para ello con la colaboración
y la labor en común de varias organizaciones de
mujeres en Tetuán, especialmente con la Asociación
Almunadila, Mujer Militante.
El acercamiento a esta realidad,
nos ha permitido conocer de cerca lo que ya
habíamos intuido por las informaciones que nos
habían llegado: la gravísima vulneración de los
derechos humanos que se ejerce sobre los hombres y
especialmente las mujeres que se dedican al
transporte de mercancías entre Ceuta y Marruecos,
porteadoras transfronterizas.
La violencia, el abuso, la
corrupción y unas condiciones de trabajo
verdaderamente infrahumanas, constituyen el
paradigma de las violaciones de derechos humanos
en esta frontera. Que por otro lado es escenario
de un complejo entramado de intereses políticos,
económicos y estratégicos.
Desde la APDHA hemos reivindicado
en numerosas ocasiones que en las fronteras debe
ser innegociable el respeto a los derechos
humanos, por encima de las razones de estado y los
intereses económicos o políticos. Siempre lo hemos
hecho desde esa óptica e imprescindible
reivindicación general.
Pero también es necesario
aproximarse a las situaciones concretas, a la vida
de las personas que transitan por fronteras
impermeables, excepto para la violación de los
derechos humanos, que, a lo visto, no padece de
control y limitación alguna.
Este es el objetivo de estas
Jornadas en las que participamos numerosos
colectivos: conocer una situación sangrante y
plantear que el respeto de la dignidad de estas
personas es absolutamente inexcusable.
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Programa
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Fechas: 20, 21 y 22 de abril de
2012
Lugar: Hotel Atenas (Tetuán)
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Sábado día 21 de abril
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09:00
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Recepción e inscripción de participantes
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09:30
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Inauguración de las jornadas.
- Saludo inicial de
bienvenida desde Tetuán
- Presentación de
colectivos asistentes
- Presentación-inauguración
de las jornadas (Asociación Almunadila y APDHA)
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10:15
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Ponencia. Una mirada a la conflictiva historia
de la frontera de Ceuta (Asociación Elin)
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11
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Pausa café
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11:45
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Experiencia: Porteadoras en la frontera de
Melilla (Prodein o APDH Melilla).
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12:30
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Ponencia: Porteadoras en la frontera de Ceuta.
Factores económicos en el tránsito de
mercancías.
Análisis social y jurídico en su caso (Prof.
Zohra El Khamlichi)
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13:30
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Comida
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16:00
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Presentación: Resultado de las encuestas
realizadas entre mujeres porteadoras (Asociación
Almunadila)
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16:45
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Testimonios
- Porteadoras
- Exporteadoras
- Transportistas y
taxistas
- Vendedoras zoco de Ksar
El Kebir
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18:15
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Proyección de audiovisuales en su caso
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19:00
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Hasta mañana
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Domingo día 22 de abril
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10:00
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Asamblea: Reflexiones finales y propuestas
actuación
1ª parte: resumen y debate en torno a las
cuestiones que se han planteado en la jornada
del sábado
La situación en la frontera de Melilla
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11
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Pausa café
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11:45
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Asamblea: Reflexiones finales y propuestas
actuación
2ª parte: Debate sobre Conclusiones y
propuestas de trabajo futuras
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13:15
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Palabras de Despedida
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Inscripciones
Las inscripciones se realizarán de la siguiente forma:
Tipos y cuantía de Inscripción:
-
Normal: 120 euros. Incluye billete de barco ida y
vuelta Tarifa-Tánger, desplazamiento en autobús ida y
vuelta Tánger-Tetuán, alojamiento y desayuno dos
noches en habitación doble, almuerzo sábado y domingo.
-
Habitación individual, suplemento 10 euros noche.
-
Sin viajes: 70 euros. Incluye alojamiento y
almuerzos.
-
Sin alojamiento: 80 euros. Incluye viajes
barco-autobús y almuerzos.
Otras cuestiones:
-
La salida del barco es el viernes 20 de abril a las
17 horas desde Tarifa. Imprescindible estar 40 minutos
antes.
-
Habrá traducción simultánea.
-
El número de inscripciones es limitado. Fecha
tope de inscripción 15 de abril.
Más información:
aadiz@...@gmail.com
Teléfonos 956228511 – 619018812
Únete al evento en facebook
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No a la erosión de
los derechos de los ciudadanos checos europeos: la
Carta de los Derechos Fundamentales debe aplicarse
completamente en la República Checa
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Comunicado de la Asociación
Europea de Derechos Humanos (AEDH). La APDHA es
miembro de la AEDH.
Bruselas y Praga, 3 de abril de 2012
La AEDH y el Comité de Helsinki checo (CHC) condenan que
el Parlamento Europeo haya rechazado las directrices
expuestas en el primer informe enviado por Andrew Duff,
Miembro del Parlamento Europeo (Alianza de los Liberales y
Demócratas por Europa, ALDE, por el Reino Unido) sobre la
aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea en la República Checa. Emplazamos al
Parlamento Europeo y al Consejo a que se muestren
contrarios a la exclusión de la República Checa del ámbito
de aplicación de la Carta.
El Parlamento Europeo debe pronunciarse pronto, en primera
lectura, sobre el proyecto de propuesta para aplicar el
Protocolo nº 30 de los tratados de la UE (Tratado de
Lisboa) en la República Checa. El Reino Unido y Polonia ya
han participado en la Carta de Derechos Fundamentales
usando este protocolo.
Los días 29 y 30 de octubre de 2009, el
Consejo Europeo acordó examinar la posibilidad de
anexionar a los Tratados un Protocolo referido solamente a
una aplicación parcial de la Carta en la República Checa a
instancias del presidente checo Václav Klaus. Esta
petición, que está política e independientemente motivada,
es inconstitucional por dos razones: el Parlamento Checo
ya ratificó el Tratado de Lisboa en 2007 y, en segundo
lugar, la República Checa es una democracia parlamentaria
en la que los asuntos exteriores no son responsabilidad
del presidente.
A pesar de esto, el 5 de septiembre de 2011 el gobierno
checo envió una propuesta al Consejo para participar en la
Carta aplicando el Protocolo nº 30. El 6 de octubre de
2011, una amplia mayoría del Senado checo emplazó al
gobierno a retirar la propuesta, la cual restringiría la
protección legal de los ciudadanos checos. Es en este
contexto donde el Consejo debería consultar al Parlamento
Europeo para que dé su opinión sobre la propuesta del
gobierno checo, en virtud del Artículo 48(3) del Tratado
de la Unión Europea.
El primer proyecto, presentado por el
Miembro del Parlamento Europeo Andrew Duff, pedía que no
se examinaran las enmiendas propuestas para los Tratados.
La AEDH y el CHC apoyaron esta posición. Ellos emplazaron
al Parlamento Europeo y al Consejo a que le apoyaran en la
Comisión de Asuntos Constitucionales y que dieran una
opinión negativa a la propuesta para aplicar el Protocolo
nº 30 en la República Checa como forma para no aplicar la
Carta de Derechos Fundamentales.
La AEDH y el CHC consideran que esta es
la única solución posible. No solo Václav Klaus no tiene
el derecho constitucional para condicionar la ratificación
del Tratado bajo la aplicación del Protocolo nº 30 en la
República Checa, sino que la corte constitucional del
país, en la decisión Pl. ÚS 36/01 (parte VII), asimismo ha
dispuesto que no se puede interpretar una enmienda a la
Constitución en modo alguno que debilite las disposiciones
procedimentales para la protección de los derechos y
libertades fundamentales.
Creemos que esta norma se aplica no solo
a las enmiendas de la Constitución, sino a cualquier
borrador de los tratados internacionales que requieran
ratificación y a los borradores presentados a la Corte
Constitucional de la República Checa de acuerdo con la
Constitución checa.
La Carta de Derechos Fundamentales en su
versión no modificable se ha aplicado en la República
Checa desde el 1 de diciembre de 2009 (precisamente la
fecha en la que el Tratado de Lisboa entró en vigor).
Permitir la aplicación del Protocolo nº 30 en la República
Checa significaría por tanto la reducción del nivel de
protección de los derechos fundamentales en el país.
La AEDH y el CHC, dado el rechazo al
informe de Andrew Duff, quieren reafirmar su entrega a los
derechos fundamentales para todos los ciudadanos europeos
y emplaza a todos los Miembros del Parlamento a que se
pronuncien a favor de una aplicación de la Carta en la
República Checa. La Unión Europea debe garantizar la
igualdad de derechos a todos los ciudadanos y residentes.
Sería inaceptable que a los ciudadanos de la República
Checa se les privara de sus derechos reconocidos en la
Carta de Derechos Fundamentales y en consecuencia se les
concediera una menor protección legal.
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Comunicado
ante la última propuesta del Ministro de Interior de
reformar el Código Penal para endurecer penas y
criminalizar los movimientos ciudadanos
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Comunicado APDHA,
13/04/2012
Desde la APDHA lamentamos los
comportamientos nada civilizados de quienes utilizan la
violencia y el destrozo como forma de protesta y de
reivindicación de derechos, pero no lamentamos menos las
últimas declaraciones políticas acerca de la equiparación
de estos actos de vandalismo con el terrorismo callejero.
Las sucesivas manifestaciones ciudadanas
de los últimos tiempos, en las que muchas personas han
tratado de dar un toque de atención a la clase política,
debió de haber servido para que esta última tomara nota e
incluyera a la opinión pública en la toma de sus
decisiones.
Lejos de ello, el Ministro del Interior
ha encontrado en los acontecimientos del pasado 29 de
marzo en Barcelona la excusa perfecta para iniciar una
campaña de regresión de derechos como el de expresión o
manifestación, evitando voces populares que critiquen las
políticas de recortes.
Poniendo de relieve que el Código Penal
vigente ya contempla penas de hasta tres años de prisión
para quienes cometan desórdenes en la calle, nos parece
innecesario incrementar aún más la penalización de estos
hechos, en aras de que sean percibidos como distinto a lo
que son, para justificar así el endurecimiento del
castigo.
En el imaginario de la mayoría de las
personas tildar unos hechos de terrorismo implica conectar
los mismos a una realidad socio política que la sociedad
española intenta superar. Es difícil no identificar la
palabra terrorista con una organización de violencia
extrema. Huelga decir que los hechos del pasado 29 de
marzo, que son los que motivaron las declaraciones que
rechazamos, nada tienen que ver con personas que
pertenecen a organización terrorista alguna. Y si esto es
así, ¿por qué utilizar esa denominación? ¿Acaso se
pretende que estos actos sean percibidos como más graves
de lo que en realidad ya son? ¿Acaso no se cae en la
cuenta de que metemos el dedo en la llaga de un proceso de
paz que efectivamente es bien complejo?
Insinuar que los convocantes de las
diversas manifestaciones son responsables del
comportamiento de todos los que acuden a las mismas, nos
resulta incomprensible. Se da la paradoja de que las
organizaciones convocantes lanzan consignas de protesta
pacífica, condenando cualquier uso de la violencia. Pero
no se les puede exigir responsabilidad por el
comportamiento de quienes se alejan de esas consignas. ¿Se
intenta acabar, así, con los muchos grupos sociales que
han ido haciendo uso de su derecho de expresión colectiva
durante tanto tiempo?
Si innecesario es el endurecimiento de la
pena, para los que optan por un comportamiento violento en
el reclamo de sus derechos (llamados por Fernández Díaz
resistencia activa), e incomprensible que se
responsabilice a quienes convocan, nos parece
absolutamente aberrante el castigo para el manifestante
pacífico (denominado resistencia pasiva). ¿Cuál sería,
pues, la forma adecuada de hacer uso de los derechos
constitucionales de expresión y manifestación según el
ministro? Entendemos, tras esas expresiones, una
intencionalidad de acallar cualquier voz ciudadana, en
estos tiempos de dificultad donde la expresión colectiva
es imprescindible.
Una vez más, se pretende legislar a golpe
de acontecimientos, y buscando contentar a una sociedad a
la que previamente se le hace creer que nuestro país es
inseguro, y que tiene una legislación penal muy suave, lo
cual no es posible mantener si nos comparamos con los
índices de inseguridad, o de delincuencia que se reconocen
en otros países de la propia Unión Europea (España tiene
más de 20 puntos menos de delincuencia de la media
europea).
Pero, aún así, los políticos tienen clara
la estrategia totalmente infecunda de solucionar problemas
sociales mediante soluciones penales, en lugar de pararse
seriamente a reflexionar acerca de soluciones menos
simples como las que hasta ahora se van dando.
Exigimos un cambio de rumbo total en
estas políticas de carácter represivo: menos
endurecimiento de penas, y más disposición de la clase
política para escuchar las manifestaciones ciudadanas.
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Informe Mundial 2012:
Fortalecer el apoyo a la 'Primavera Árabe' |
Human Rights Watch,
22/01/2012
(El Cairo) – Son muchos los gobiernos
democráticos que, en función de sus vínculos con aliados
represivos, han mitigado su defensa de los derechos
humanos en el marco de las protestas de la Primavera
Árabe, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial
2012. Por una cuestión de principios e intereses a largo
plazo, los gobiernos deberían expresar su firme apoyo a
las personas de Oriente Medio y África del Norte que
reclaman sus derechos fundamentales y trabajar para
asegurar la transición hacia democracias genuinas.
El informe de 676 páginas, que contiene
el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de
derechos humanos en todo el mundo, resume los principales
obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja
el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo
durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca
de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human
Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer
presión para que los autócratas de la región pongan fin a
los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante
el apoyo internacional firme y coherente a quienes se
manifiestan de manera pacífica y a los críticos del
gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos
humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los
gobiernos populares se mantengan alejados de la
intolerancia, el desorden y las represalias que pueden
manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla
en riesgo, afirmó Human Rights Watch.
“Las personas que impulsan la Primavera
Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional
para poder ejercer sus derechos y construir democracias
genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de
Human Rights Watch. “La lealtad hacia socios autocráticos
no debería impedir apoyar a quienes promueven reformas
democráticas. También se necesita de la influencia
internacional para asegurar que los nuevos gobiernos
extiendan el reconocimiento de los derechos humanos y el
imperio de la ley a todas las personas, especialmente
mujeres y minorías”.
El Informe Mundial 2012 documenta
violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que
incluyen transgresiones del derecho de guerra en Libia y
Afganistán; la difícil situación de los presos políticos
en Vietnam y Eritrea; el silenciamiento del disenso en
China y Cuba; las restricciones a Internet en Irán y
Tailandia; las ejecuciones por parte de miembros de las
fuerzas de seguridad en India y México; los problemas
vinculados con comicios en Rusia y la República
Democrática del Congo; el maltrato de migrantes en Europa
Occidental; las deficientes políticas de salud materna en
Haití y Sudáfrica; la represión de la libertad religiosa
en Indonesia y Arabia Saudita; las torturas en Pakistán y
Uzbekistán; la discriminación contra personas con
discapacidad en Nepal y Perú; y la detención de personas
sin ningún tipo de proceso judicial en Malasia y por
Estados Unidos.
Un paso positivo ha sido la adopción de
un tratado internacional para proteger los derechos de los
trabajadores del hogar, expresó Human Rights Watch. Los
trabajadores del hogar están particularmente expuestos a
abusos, y pese a ello muchos países los excluyen de las
protecciones legales y otras garantías. El nuevo tratado
garantiza los derechos fundamentales de millones de
migrantes que trabajan en casas particulares como
empleados del hogar o al cuidado de niños u otras
personas.
La política occidental respecto a los
países árabes ha sido tradicionalmente de contención, y ha
apoyado a diversos autócratas árabes con el fin de
garantizar la “estabilidad” en la región, incluso en
momentos en que la democracia se consolidaba en otras
partes del mundo. Human Rights Watch indicó que entre las
razones por las cuales tantos gobiernos democráticos
admiten una “excepción árabe” se incluyen el temor al
islam político y el terrorismo, la necesidad de asegurar
el suministro de petróleo y una política de larga data que
depende de las autocracias para la preservación de la paz
entre Israel y el mundo árabe, así como para ayudar a
contener la migración hacia Europa.
“Los eventos del año pasado demuestran
que el silencio impuesto a las personas que viven bajo
regímenes autocráticos no debería haberse confundido con
conformismo popular”, señaló Roth. “Es tiempo de poner fin
a la ‘excepción árabe’ y reconocer que las personas de la
región merecen que se respeten sus derechos y libertades
al igual que cualquier otra persona”.
Las repercusiones de la Primavera Árabe
se han sentido en todo el mundo, afirmó Human Rights
Watch. Los líderes de China, Zimbabue, Corea del Norte,
Etiopía, Vietnam y Uzbekistán parecen vivir
permanentemente bajo el temor, ahora alimentado por estos
antecedentes, de que sus gobiernos autocráticos sean
derrocados por el pueblo. Pero incluso democracias como
India, Brasil y Sudáfrica se han mostrado renuentes a
apoyar el cambio. Al apelar a una visión obsoleta que
asocia la promoción de los derechos humanos con el
imperialismo e ignorar el apoyo internacional recibido
históricamente cuando su propio pueblo reclamó el
reconocimiento de tales derechos, a menudo estas
democracias no se han expresado en el contexto de las
Naciones Unidas a favor de las personas que son objeto de
represión.
China y Rusia han adoptado una postura
aun más obstruccionista y han vetado medidas del Consejo
de Seguridad de la ONU destinadas a ejercer presión sobre
Siria para que desista de la matanza de miles de
manifestantes. La supuesta razón detrás de esta postura
—evitar una intervención militar como ocurrió en Libia—
pierde plausibilidad si se tiene en cuenta el contenido
moderado de la resolución vetada, que en ningún caso podía
interpretarse que autoriza la acción militar.
Human Rights Watch señaló que la
comunidad internacional podría tener un rol trascendental
en la promoción de democracias que favorezcan el respeto
de los derechos humanos en Oriente Medio y África del
Norte. En vez de negarse a apoyar la propagación del islam
político, como sucedió en algunas ocasiones en el pasado,
los gobiernos democráticos deberían reconocer que
posiblemente el islam político represente la preferencia
de la mayoría, manifestó Human Rights Watch. Sin embargo,
la comunidad internacional debería insistir en que los
gobiernos islámicos cumplan sus obligaciones
internacionales de derechos humanos, especialmente las
relacionadas con el respeto de los derechos de las mujeres
y la libertad religiosa, al igual que cualquier otro
gobierno.
Con respecto a Oriente Medio y África del
Norte, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron una
posición más firme frente a la represión en Libia y Siria,
cuyos líderes se consideraban hostiles para Occidente,
expresó Human Rights Watch. Pero no actuaron con igual
contundencia frente al presidente de Egipto Hosni Mubarak,
percibido como un baluarte de la “estabilidad” en la
región hasta el momento en que su suerte estuvo
prácticamente echada. No se pronunciaron en contra de la
inmunidad del presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh por
su responsabilidad en la matanza de manifestantes —a pesar
de que se sugirió que no habría consecuencias para nuevas
muertes—, ya que se le considera un bastión frente a Al
Qaeda en la Península Arábiga. Tampoco aplicaron presiones
genuinas contra Bahréin cuando sofocó su movimiento
democrático, para evitar herir la sensibilidad saudita,
por temor a la influencia iraní y para intentar proteger
una base naval estadounidense.
Estados Unidos y algunos aliados europeos
podrían contribuir significativamente a la erradicación de
la tortura en el mundo árabe al reconocer sus propios
antecedentes de complicidad en torturas cometidas en el
marco de la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos
occidentales deberían sancionar a los responsables de
ordenar o facilitar torturas y poner fin al uso de
garantías diplomáticas como excusa para justificar el
envío de presuntos criminales a países donde pueden ser
sometidos a torturas.
Los países miembros de la Liga Árabe, que
históricamente se han defendido entre sí frente a
cualquier crítica relativa a derechos humanos, han
manifestado un compromiso más constructivo durante la
Primavera Árabe, aseveró Human Rights Watch. La Liga Árabe
apoyó las medidas de presión para poner fin a la represión
de Gaddafi en Libia, aplicó sanciones contra Siria y envió
a observadores como parte de un intento, hasta el momento
infructuoso, por detener la matanza perpetrada en Siria
por Bashar al-Assad. Contrariamente, la Unión Africana
(UA) se ha mostrado cautelosa ante los sucesos de la
Primavera Árabe, aun cuando la UA se creó supuestamente
para defender la democracia y la libertad.
Los gobiernos de transición en Túnez,
Libia y Egipto necesitan ayuda para revisar sus leyes
represivas y consolidar instituciones de gobierno que
fueron debilitadas y cuyo desarrollo fue obstaculizado
deliberadamente por los regímenes autocráticos,
principalmente las instituciones nacionales de justicia,
indicó Human Rights Watch. Mientras que los miembros de
las fuerzas de seguridad y los funcionarios
gubernamentales no tengan una expectativa razonable de que
podrán ser juzgados por su actuación indebida,
difícilmente se resistirán a la posibilidad de recurrir al
abuso, la violencia y la corrupción.
Esto también se aplica al rol
complementario que desempeña la justicia internacional.
“Los gobiernos que respetan los derechos
humanos deberían apoyar las iniciativas de justicia
internacional independientemente de cualquier
consideración política. Sería erróneo creer que al
permitir que los países escondan los abusos cometidos en
el pasado se evitarán del algún modo atrocidades en el
futuro”, afirmó Roth. “A un año del comienzo de la
Primavera Árabe, deberíamos defender con firmeza los
derechos y las aspiraciones de las personas por sobre las
arbitrariedades de los tiranos”.
Se puede descargar el informe completo
en: http://www.hrw.org/es/informe-mundial-2012
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El gobierno elimina 67
millones de la dotación al Fondo de Integración de
Inmigrantes |
SOS Racismo, 31/03/2012
Comunicado de la federación estatal
de SOS RACISMO sobre la eliminación de 67 millones de la
dotación al Fondo de Integración de Inmigrantes.
En el Congreso de Ministros del día 30 de
marzo de 2012 se ha presentado el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado 2012 en el que se contempla reducir
en 67 millones la dotación desinada al Fondo de apoyo a la
Acogida e Integración de Inmigrantes y al refuerzo
educativo. Si tenemos en cuenta que en el año 2011 la
consignación presupuestaria fue de 66,6 millones de euros,
el efecto práctico de esta medida es la desaparición de
este Fondo de Integración. Creado en el año 2005, el Fondo
era la fuente principal de financiación para el desarrollo
de actividades encaminadas a la integración del colectivo
inmigrante. El 60 por 100 del mismo se destinaba al
desarrollo de actuaciones para la acogida y la integración
y el 40 por 100 para el refuerzo educativo. Asimismo, el
40 por 100 de la asignación iba destinado a actividades
desarrolladas desde los ayuntamientos.
La desaparición del Fondo supone
paralizar cientos de planes de integración de municipios y
Comunidades Autónomas, vacía de contenido importantes
planes a nivel estatal como el Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración 2011-2014 cuya ejecución queda en
antedicho y va en contra de los acuerdos de la Unión
Europea en esta materia como la reciente Agenda Europea
para la Integración presentada en julio del pasado año.
No es casual que la reducción de gastos
en materia de empleo que propone el Gobierno se haga
precisamente en el Fondo para la Integración y en las
Políticas Activas de Empleo, (1.557 millones). Estos
recortes afectan a los colectivos más vulnerables y en el
caso concreto de las personas inmigrantes mucho nos
tememos que este no es un capitulo aparte sino el comienzo
de una serie de limitaciones en el acceso a derechos
sociales que no harán sino alejarlos de la integración
entendida como igualdad de derechos.
Con esta medida el gobierno demuestra
tener una visión muy estrecha de la inmigración como un
tema de gestión de flujos sin entender que seis millones
de personas aspiran a ser ciudadanas y ciudadanos de este
país. Las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes
a los que se precisan para evaluar el grado de integración
de una población inmigrante que en los últimos años ha
visto frustradas sus expectativas laborales y familiares.
Una política de integración realista debería tener una
perspectiva temporal de largo alcance y aproximarse a
ámbitos como el de la nacionalidad o el de los derechos
políticos. Por todo ello, desde la Federación estatal de
SOS RACISMO consideramos que la supresión del Fondo de
apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes supone uno
de los golpes más duros que se podía dar a las políticas
públicas de integración llevadas a cabo en los últimos
años.
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Presupuesto
de 2012: un cuento para no dormir |
Alberto Recio – Consejo
Científico de ATTAC España. 10/04/2012
No podía esperarse otra cosa de este
gobierno y en este contexto. El presupuesto de 2012
constituye un plan de ajuste en toda regla: reduce
drásticamente el gasto público y contiene un claro sesgo
reaccionario en la composición del mismo. El efecto final
será más grave por cuanto al recorte del presupuesto
estatal hay que sumar el que aplicarán las Comunidades
Autónomas y las corporaciones locales. Dado que éstas
concentran una parte importante de los gastos sociales
—sanidad, educación, servicios sociales—, cabe esperar que
el impacto social final sea mucho más radical.
A la hora de juzgar esta política
conviene diferenciar dos planos: el macroeconómico —su
impacto sobre el conjunto de la actividad económica— y el
de su composición —sus efectos particulares sobre grupos
sociales, actividades, etc.—.
En el primer plano, el macro, el
diagnóstico parece sencillo. A corto plazo, los recortes
presupuestarios van a deprimir aún más la vida económica y
el empleo. De hecho, puede ya constatarse que en los
últimos trimestres los recortes de las actividades
públicas han afectado al empleo en sectores relacionados
con el sector público y que su efecto multiplicador se
extiende al conjunto de la economía. Es incluso dudoso que
el presupuesto pueda conseguir lo que se presenta como su
única justificación —la reducción del déficit público—,
puesto que la caída de la actividad genera dudas sobre la
capacidad recaudatoria real en los próximos meses. Además,
puede agravar los problemas de endeudamiento privado.
Esto lo saben los promotores de la
política actual, pero su dogmatismo y su confianza ciega
les lleva a pensar que la disminución de los salarios, la
reducción de la actividad pública y la orientación pro
empresarial del gobierno generarán por sí solas tal
dinamismo privado que “a largo plazo” la economía retomará
su irrefrenable tendencia a la expansión. Basta que seamos
dóciles, obedientes y austeros, y el capital nos
recompensará con un futuro brillante de creación de empleo
y prosperidad. Más o menos una versión sofisticada del
cuento de la lechera que elude explicar cómo soportaremos
el tránsito, cómo podremos aguantar con cifras
insoportables de paro, con ausencia de verdaderas
políticas de reorientación productiva, de apoyo de rentas
básicas. Los presupuestos los elaboran contables que
siguen las órdenes de generales que hace tiempo que han
perdido la hoja de ruta, y a quienes no les tiembla el
pulso a la hora de exigir sacrificios a los demás porque
ellos no los padecen (por ejemplo, los directivos de las
empresas que cotizan en el Ibex, que, pese a ver reducidas
ostensiblemente sus ganancias, del orden del 30%, han
visto recompensados sus esfuerzos con un modesto aumento
del 1,5% de sus ingresos), sin poder explicar las
características, la duración y los efectos de dichos
sacrificios. De tanto decirnos que hemos vivido por encima
de nuestras posibilidades, están trabajando para que
estemos mucho peor de lo que nos merecemos.
II
Si el impacto global es más que
discutible, el análisis pormenorizado induce al terror.
Los únicos ministerios que afrontan recortes moderados son
los que tienen que ver con la actividad represiva del
Estado —Interior, Justicia y Defensa—, prefigurando quizá
que una sociedad con más desigualdades e injusticias sólo
se sostiene con medidas autoritarias.
Los recortes muestran una clara
orientación antisocial: desaparecen por completo las
partidas de dependencia y el fondo de integración de
inmigrantes, y experimentan recortes significativos las
ayudas al acceso a la vivienda (lo cual contrasta con la
reintroducción de la desgravación por compra en el IRPF),
los gastos en cultura, los de cooperación al desarrollo,
las subvenciones a la televisión pública… Y es difícil
encontrar políticas orientadas a promover un cambio de
modelo económico, puesto que también padecen recortes más
que significativos las políticas activas de empleo, la
promoción de la investigación, Renfe (quizás el preludio
de otra privatización), etc.
Lo que parece tener claro la derecha es
su enfoque social. No es extraño que, al calor de los
recortes, las políticas sociales se hinchen a promover el
papel del voluntariado y de la familia como alternativas.
Es la vuelta al rancio modelo de la caridad cristiana y
del “sálvese quien pueda”. En cambio, no hay ningún atisbo
de idea acerca de cómo va a reorganizarse la economía de
este país, de qué sectores hay que promover, de qué
cambios en las pautas de consumo hay que incentivar, de
cómo reorientar las habilidades laborales de la gente, de
cómo impulsar un desarrollo inclusivo. Es un simple
retroceso a las políticas de toda la vida, las que
descargan sobre las familias las tareas de reproducción
social, las que confían en la porra para mantener el orden
público, las que sueñan con que el mercado (un ente tan
insustancial como “Dios” o la “historia”) resolverá los
problemas que no es posible resolver de forma colectiva.
III
Completa el paquete el ajuste fiscal,
pues al ya anunciado aumento del IRPF se suma ahora, como
medida principal, la revisión del Impuesto de Sociedades.
Una necesidad ineludible en un impuesto que teóricamente
grava el 30% de los beneficios empresariales y que, en la
práctica, sólo recaudaba poco más del 10%. Y que el año
pasado registró un descenso de la recaudación que duplicó
la disminución de beneficios declarada por las empresas.
La situación era tan escandalosa, y las probabilidades de
obtener buenos resultados tan claras, que no han tenido
más remedio que introducir cambios, aunque por su
complejidad es posible que la reforma incluya más de una
trampa en términos de equidad.
Sin embargo, este componente
aparentemente progresista de los ingresos viene acompañado
de otros anuncios claramente escandalosos. Por una parte,
el nuevo esquema de tasas judiciales. En España la
justicia nunca ha sido gratuita ni igualitaria. Los pobres
saben que ir a los juzgados es cosa de ricos. Ahora la
barrera es más alta y está diseñada para evitar que aquel
que se sienta maltratado en primera instancia se atreva a
recurrir. Puede argumentarse que ello desalienta las
prácticas obstruccionistas de empresarios y poderosos,
pero, en vista de la cuantía y el diseño de las tasas, la
barrera afecta especialmente a los litigantes de bajos
recursos. Especialmente significativa es la introducción
de tasas en los juzgados sociales, quizá porque la reforma
laboral prefigura una mayor judicialización de las
relaciones laborales y lo que se pretende es desalentar a
la gente a que use esta posibilidad de último recurso. Y
es que ya lo explicó Dickens hace más de 150 años en Casa
desolada: el sistema judicial no es recomendable para la
gente común.
Y, como colofón, la nueva amnistía fiscal
a los poderosos poseedores de dinero negro. Una medida que
siempre se presenta como una operación de limpieza a fondo
y que, en la práctica, suele ser una mera actuación
cosmética que deja intactas las raíces del fraude fiscal.
Máxime en un país que acaba de desmantelar la cúpula de la
inspección tributaria, que ha puesto en su dirección a una
persona, Pilar Valiente, que resultó más que quemada en el
affaire Gescartera, y donde tampoco se plantea una mejora
sustancial de la inspección fiscal. No deja de ser
sospechoso que la reforma se plantee justo en el momento
en que la inspección tributaria había puesto de manifiesto
las irregularidades fiscales de poderosas familias como
los Botín, los Carulla o los Cuatrecasas. Ninguna amnistía
fiscal anterior ha servido para rebajar significativamente
el fraude fiscal, pero sí que ha permitido a algunos
poderosos lavar responsabilidades hasta nuevo aviso.
IV
Si este cuento acaba mal —y hay bastantes
probabilidades de que así sea—, Rajoy y su “troupe” no van
a ser los únicos en quedar en evidencia. Al fin y al cabo,
ellos podrán esgrimir que han sido fieles seguidores de
las consignas que les han dado los zares europeos, los
políticos y tecnócratas que rigen con mano de hierro y con
falta de sentido común y sensibilidad social los destinos
de Europa. Aunque seguramente, si las cosas se complican,
estos líderes imperiales se laven las manos. La
complejidad del mundo real siempre permite salidas en
falso, como culpar de los problemas a una mala aplicación
de la política, a la resistencia de las víctimas locales o
a cualquier perturbación externa imprevista. La
preocupación por la situación española que empieza a
manifestar alguno de estos prohombres europeos no es más
que una expresión de cinismo con la que tratan de ocultar
su propia responsabilidad.
Hay algo más preocupante aún, y es que,
además de no cejar en su empeño por aplicar políticas que
nos acercan al precipicio y que dejan intactas las causas
básicas de los problemas actuales (la excesiva y criminal
financiarización, los desequilibrios productivos,
territoriales y sociales generados por la globalización,
las políticas neoliberales, los problemas que va generando
la crisis ecológica, etc.), exigen cada vez más aplicar
medidas de emergencia para llevarlas a cabo, eliminar las
trabas democráticas para imponerse a corto plazo. Y ello
aunque después tengan la desfachatez de reconocer que
reformas estructurales como la laboral sólo generan
resultados a largo plazo (y, por tanto, que su
implementación podría haber esperado a un sosegado debate
social, pues sus posibles efectos no servían para cubrir
ninguna emergencia). Se trata de medidas de emergencia que
significan recortes en la participación democrática, como
la de imponer gobiernos tecnocráticos, o la de aprobar
reformas de la Constitución sin debate, o la de llevar a
cabo grandes reformas por la vía del decreto ley. O, como
es previsible, aplicar nuevos recortes a las libertades
para impedir y coartar la protesta social. También en
esto, un análisis de lo que el nuevo presupuesto recorta y
no recorta resulta premonitorio de que nos enfrentamos a
algo más que una simple apretadura de cinturón. Nos
jugamos los derechos fundamentales.
Autopista de servidumbre
En 1944 Friedrich Hayek publicaba Camino
de servidumbre, un libro fundamental para el pensamiento
antisocialista. Su argumento básico era que la
planificación y la propiedad pública eliminaban las bases
de la libertad humana y tendían a convertir a las personas
en meros siervos de algún tipo de Estado totalitario. Éste
ha sido desde siempre uno de los iconos intelectuales del
pensamiento neoconsevador y neoliberal. En gran parte, la
contrarrevolución neoliberal tuvo bastante éxito en
explotar una idea reduccionista de libertad humana como
base para obtener legitimidad y hegemonía cultural.
No voy a entrar aquí a discutir todo el
razonamiento de Hayek, pero la reflexión sobre la actual
reforma laboral, y el conocimiento de lo que también está
ocurriendo en muchos países con políticas neoliberales, me
han llevado a repensar el tema. Un análisis de las formas
de dominación humana en las economías precapitalistas
permite reconocer una elevada gama de situaciones en las
que un grupo de individuos ha coaccionado al resto, les ha
impuesto sus intereses, los ha obligado a una actividad
laboral excesiva, les ha coartado sus acciones, les ha
vulnerado su dignidad. Alguna de estas formas de
dominación han tomado la forma de una relación entre
individuos y Estado, como el trabajo forzado en los
imperios orientales o en las colonias del siglo XIX. En
otros, sin embargo, esta relación se ha basado
fundamentalmente en una relación personal, aunque
claramente predeterminada por un marco institucional
externo, como es el caso de la esclavitud (una relación
amo-criado), la servidumbre feudal (una especie de
“contrato” entre un señor y un vasallo) o gran parte de
las relaciones patriarcales, siempre mediadas por
relaciones familiares (en algunos casos incluso camufladas
por algo que tiene tan buena prensa como el amor). Los
liberales antisocialistas tienden a confundir la
servidumbre sólo con las variantes del primer tipo, pero
suelen ser insensibles a las que existen en las relaciones
privadas. Posiblemente porque ello les conduciría a
reconocer que también en las relaciones laborales
capitalistas se da una nueva forma de servidumbre,
camuflada bajo un contrato de trabajo estrictamente
privado.
El grado de servidumbre en las economías
capitalistas reales ha variado con el tiempo en función de
la lucha de clases, de las regulaciones públicas, de las
oportunidades de escapar a una relación indeseable (el
pleno empleo es siempre una oportunidad para relajar la
dependencia). Por ello las peores condiciones laborales,
las dependencias más personales, se producen en aquellos
contextos locales en los que un patrono controla todos los
resortes del poder local (basta leer a un novelista
conservador como Torrente Ballester para aprenderlo).
En los últimos años, las contrarreformas
laborales aprobadas en muchos países —especialmente en los
anglosajones pero también en otros— bajo el camuflaje de
la flexibilidad, la globalización y la competitividad, han
tendido a reforzar la dependencia personal de muchas
personas (en el argot económico, algunos autores hablan de
la aparición de mercados “monopsónicos” u
“oligopsónicos”), con sindicatos debilitados o
inexistentes, con leyes que dan mucha manga ancha a las
decisiones empresariales, con empleados sometidos a un
temor permanente al despido, con el uso de técnicas de
chantaje emocional.
Vista desde esta perspectiva, la
contrarreforma laboral en marcha constituye una clara
autopista a la servidumbre, pues, más allá de medidas
concretas, lo que realiza es una donación masiva de poder
a los empresarios. Un poder que reduce los derechos
individuales, fracciona la acción colectiva, acalla
mecanismos de voz e impide la actuación de árbitros
externos. Al final, reduce la relación laboral a una
dependencia personal en la que únicamente prima la
voluntad del empresario, su mayor o menor condescendencia
y buena fe (siempre ha habido amos mejores y peores). Y ya
sabemos por experiencia que son las personas sometidas a
relaciones más personalizadas las que tienen peores
condiciones de trabajo y son más reacias a defender sus
derechos. La nueva ley laboral es una auténtica autopista
de servidumbre. Y, como tal, la debemos reconocer. Porque
están en juego varios de los elementos básicos del viejo
programa emancipador: la igualdad, la libertad y la
fraternidad.
El plan de emprendedores
La Generalitat de Catalunya nos regala
todos los meses una buena muestra de imaginación. Si el
mes pasado era el descubrimiento de que el futuro de la
economía catalana pasaba por atraer el modelo de Las
Vegas, este mes nos han obsequiado con un plan de
emprendedores que, entre otras cosas, prevé incluir su
promoción en los programas docentes de la educación
obligatoria.
Como no tienen ideas claras sobre cómo
salir de la crisis, ya sólo les queda la baza de esperar a
que, por generación espontánea, surjan unos líderes
económicos que creen empleo y actividad de no se sabe
dónde. El tema de la “emprendeduría” y el liderazgo forma
parte desde hace treinta años del discurso ideológico
neoliberal, pensado para reforzar la hegemonía de la clase
empresarial y minusvalorar la aportación del resto de la
sociedad al bienestar general. Y ahora, con la excusa de
la crisis, se ha vuelto a poner en circulación. Y hasta ha
servido como coartada para diseñar una de las modalidades
más execrables de contratación laboral, combinando
subvenciones impúdicas con derogación de derechos (el
período de prueba de un año no es otra cosa).
Los que nos venden la idea de que toda la
solución pasa por los emprendedores, olvidan que han sido
ellos los que nos han llevado a donde estamos. ¿O es que
no eran emprendedores los cientos de especuladores
inmobiliarios que asolaron el territorio y alimentaron la
burbuja inmobiliaria? ¿O es que no lo son los miles de
personas que todos los años abren negocios de escasa
viabilidad? Ignoran también que en el mercado real los
nuevos proyectos casi nunca salen por generación
espontánea. Personas ambiciosas las hay en todas las
sociedades, pero la maduración de proyectos requiere a
menudo de fundamentos más sólidos. Como la existencia de
políticas públicas que generen oportunidades de actividad
(está bien estudiado que el impulso básico a la revolución
informática, incluida internet, provino del impulso de las
políticas militares estadounidenses). O que muchos
innovadores han salido de empresas maduras y se han
limitado a desarrollar nuevas aplicaciones o soluciones a
viejos problemas conocidos. Ahora parece que lo que cuenta
es que descienda el Espíritu Santo e ilumine a una nueva
generación de individuos que desarrollarán alguna
actividad ignota.
Hace pocos días tuve la oportunidad de
asistir a una conferencia de uno de estos “gurús” del
nuevo liderazgo (un conocido profesor de la prestigiosa
escuela de negocios Esade, aunque algo “tocada” por las
andanzas de su real alumno). Su argumento era que el nuevo
liderazgo ya no pasa por tener una visión sobre qué hacer,
sino por promover la reflexión entre los seguidores del
líder. O sea que, traducido al mundo económico, uno se
pregunta cómo van a desarrollarse nuevas actividades si el
que las dirige no tiene una mínima idea de cuáles son.
Visto así, parece claro que promover emprendedores es sólo
un subterfugio para seguir subrayando la importancia
social de los empresarios, para seguir diciéndole al resto
de la sociedad que debe plegarse a sus intereses y sus
caprichos, que ceda su confianza personal a cambio de
nada.
Es indudable que para salir de la
situación actual faltan iniciativas. Y que éstas siempre
son sostenidas por personas. Y que cualquier sociedad
alternativa debe seguir promoviendo la creatividad, la
reflexión, la dinamización social. Pero es seguro que el
modelo de individuo autista, egotista y socialmente miope
que caracteriza a la figura del empresario
capitalista-tipo no sirve para resolver los problemas de
un mundo que requiere sensibilidad ecológica,
igualitarismo social, trabajar con la complejidad de los
procesos y cooperación colectiva. Y que estos individuos
difícilmente se desarrollarán sujetos a unas reglas del
juego que potencian la competitividad individual y el
narcisismo de los triunfadores, ni van a aparecer con la
mera aplicación de conjuros como es el de “desarrollar el
espíritu emprendedor”.
Los individuos son ciertamente
importantes. Pero el reto está en generar un marco social
donde todo el mundo tenga la capacidad de desarrollar sus
capacidades, donde todo el mundo sea respetado y
reconocido por sus aportaciones, donde la cooperación, el
diálogo igualitario y la participación permitan encontrar
soluciones que vayan más allá de los proyectos que
permiten enriquecer a unos pocos. Es tiempo para que los
movimientos sociales y las experiencias de economía social
permitan desarrollar otro modelo de iniciativas y
participación, un modelo más pleno de libertad y
desarrollo colectivo.
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Los
asesinatos de sindicalistas en Colombia o los silencios
de Moisés Naím |
Vicenç Navarro – Consejo
Científico de ATTAC España. 07/04/2012
Los medios españoles de información de
mayor difusión han mostrado un sesgo neoliberal en su
cobertura de América Latina que alcanza niveles de clara
manipulación en su reportaje sobre Venezuela, país
gobernado por un gobierno presidido por Hugo Chávez sobre
el cual es casi imposible leer noticias, profundamente
sesgadas, que no vayan acompañadas de adjetivos
denigrantes e insultantes sobre su persona (ver mi
artículo “La doble moral de los medios”, Publico.
16.07.09). El más moderado es “dictador”.
Tal cobertura contrasta con el trato
sumamente favorable hacia el gobierno colombiano,
presidido antes por Álvaro Uribe y ahora por Juan Manuel
Santos, que fue en su día Ministro de Defensa del gobierno
Uribe. Los mismos medios de información que constantemente
insultan al gobierno Chávez escriben alabanzas del
presidente Uribe, que presidió por muchos años el gobierno
que tiene uno de los records de América Latina en
atropellos de los Derechos Humanos. El último ejemplo de
ello es la entrevista de Moisés Naím a Uribe, en El País
del 31.03.12, en el que el columnista del diario de mayor
difusión del país, el Sr. Moisés Naím, que se presenta
como el gran defensor de los Derechos Humanos en América
Latina, ensalza la figura del ex presidente Uribe sin, en
ningún momento de la entrevista, preguntarle sobre la bien
documentada brutal represión que su gobierno realizó en
contra de los sindicatos. Según los datos de la Federación
Internacional de Sindicatos, más de 3.000 sindicalistas
han sido asesinados en Colombia desde 1986 sin que Moisés
Naím cite ni uno de ellos. Según la organización
internacional Human Rights Watch, gran número de tales
asesinatos han sido cometidos por los infames grupos
paramilitares (algunos de ellos, fundados por la familia
Uribe), que tuvieron y continúan teniendo lazos con las
fuerzas armadas y el aparato de seguridad del Estado
colombiano, tanto durante el gobierno Uribe como con el
actual gobierno Santos, lo cual muestra una enorme
tolerancia hacia el comportamiento criminal y asesino de
tales grupos. Hasta hoy, la mayoría de tales asesinatos
han permanecido impunes.
Un grupo que ha sido sujeto de una
represión especial, ha sido el sindicato de maestros.
Sindicalistas del sector magisterio, que defienden a los
maestros, han sido especialmente reprimidos. De los 3.000
asesinados, casi 1.000 han sido maestros. En 2010, 51
sindicalistas fueron asesinados. De ellos, 29 eran
maestros. En 2011, 26 sindicalistas fueron asesinados, 14
eran maestros. Esta selectividad hacia este grupo
profesional se debe a que la horrible estructura de poder
(una de las más desiguales en América Latina) y el
establishment colombiano que domina el Estado colombiano
no quiere que los maestros enseñen y muestren que es
posible otra sociedad a la existente hoy en Colombia. Y
aquellos que, a pesar de la enorme represión, muestran la
realidad de explotación que existe en aquel país, pagan
con su vida su compromiso e integridad profesional. Lo
mismo ocurrió en España durante la dictadura, ya que el
establishment no deseaba una educación laica y progresista
que transmitiera valores democráticos a la juventud.
El nivel de represión ha conllevado que
miembros del Congreso de EEUU hayan pedido al presidente
Obama que paralice el tratado bilateral aprobado por el
gobierno federal de EEUU y el gobierno colombiano de
Santos hasta que tales asesinatos desaparezcan del
escenario colombiano, petición que, lamentablemente, el
presidente Obama ha ignorado. El asesinato de
sindicalistas en Colombia (el país con el mayor número de
tales asesinatos en el mundo) es una situación
escandalosa. Pero lo que es también escandaloso es el
silencio y la ocultación de aquella realidad por parte de
los medios de información españoles de mayor difusión
(como aparece claramente en la entrevista de Moisés Naím a
Uribe), medios que justifican la avalancha de insultos al
presidente Chávez como indicador de su supuesto
inexistente compromiso con la defensa de los Derechos
Humanos en América Latina. Su doble moral es la mejor
prueba de que su preocupación no son tales Derechos
Humanos, sino la promoción de sus intereses económicos,
políticos y mediáticos. Así de claro.
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63 migrantes muertos en el
Mediterráneo: el Ejército francés cuestionado por no
asistencia a personas en peligro |
Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), Groupe d’information et
de soutien des immigrés (GISTI), Migreurop
(red euro-africana a la que pertenece la APDHA). París,
11/04/2012
Un año después de la muerte de 63
migrantes en un barco proveniente de Libia, algunos
sobrevivientes, con el apoyo de una coalición de
organizaciones no gubernamentales, han depositado hoy en
Francia una denuncia contra el Ejército francés por no
asistencia a personas en peligro.
En marzo de 2011, el caos se instaló en
Libia y miles des extranjeros se vieron obligados a salir
del país para huir de la violencia. 72 personas de origen
etíope, eritreo, nigeriano, ghanés y sudanés embarcaron la
noche del 27 de marzo de 2011 a bordo de un barco a motor
con destino a Italia. Unas horas después de su salida, un
avión francés de patrulla sobrevoló el barco y señaló su
presencia a los guardacostas italianos. El periplo de los
migrantes se transformó muy pronto en una pesadilla. Les
faltó combustible, comida, agua potable y perdieron el
control del barco. Por teléfono lanzaron un S.O.S.,
recibido por los guardacostas italianos, quienes a su vez
dirigieron señales de alarma a todos los navíos presentes
en el mar Mediterráneo, indicando la ubicación del barco.
Las señales se emitieron cada 4 horas durante 10 días. Las
aguas a la altura de Libia estaban en aquel entonces
masivamente ocupadas por fuerzas militares que disponían
de una tecnología sofisticada. La embarcación fue
localizada por helicópteros en dos oportunidades. Uno de
ellos incluso lanzó algunas botellas de agua y galletas a
los pasajeros, antes de irse. Después, nada.
Tras 9 días a la deriva, mientras
numerosos ocupantes ya habían muerto, los migrantes se
encontraron con un navío militar. Señalaron su desamparo y
enseñaron los cuerpos de los bebés muertos. Pero nadie les
fue a ayudar. El barco encalló en las costas libias tras
15 días a la deriva. A su bordo, sólo 11 sobrevivientes,
entre los cuales 2 murieron poco después del desembarque
en Libia. 63 personas, entre las cuales 20 mujeres y 3
niños, murieron por falta de auxilio.
Este caso, símbolo de la indiferencia de
Europa hacia los refugiados, fue llevado hoy la justicia
penal francesa por algunos de los sobrevivientes.
Precisamente, una queja contra X fue depositada hoy ante
el Tribunal Superior de París, en su sección especializada
en asuntos militares, por no asistencia a personas en
peligro. Le corresponderá a la justicia francesa
determinar la responsabilidad del Ejército francés, el
cual, presente en Libia para
proteger a la población, omitió auxiliar a estos
exiliados. Habiendo necesariamente recibido las señales de
alarma, existen muchas razones para creer que las fuerzas
armadas francesas no cumplieron con sus obligaciones
internacionales y nacionales de proteger el derecho a la
vida.
El desprecio y la indiferencia hacia las
personas que intentan llegar a Europa para salvar sus
vidas son intolerables. Recientemente, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos lo afirmó con fuerza en una decisión
del 23 de febrero de 2012. Nuestras organizaciones, que
apoyan a los sobrevivientes de esta tragedia, esperan que
la justicia penal francesa sancione la violación de la
obligación de asistir a las personas en peligro y
consideran que nada puede justificar, teniendo
conocimiento de la situación, que se deje morir a un ser
humano en peligro.
La coalición agrupa a las siguientes
organizaciones: Agenzia Habeshia, Associazione Ricreativa
e Culturale Italiana (ARCI), Boat4People, Coordination et
initiatives pour réfugiés et immigrés (Ciré), Fédération
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH),
Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI),
Ligue des droits de l’Homme (LDH), Migreurop, Progress
Lawyers Network, Réseau euro-méditerranéen des droits de
l’Homme (REMDH).
Testimonio de Dana Heile Gebre, uno de los 9
sobrevivientes de esta tragedia (en inglés) aquí
Leer la denuncia (en francés) aquí
Leer el informe de expertos
independientes sobre este caso (en francés) aquí
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Interior considerará la
resistencia pasiva un atentado a la autoridad |
Público 11/04/2012
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, anuncia que se incluirá como "delito de
integración en organización criminal" convocar
concentraciones violentas por Internet.
El Gobierno de Mariano Rajoy es
consciente de que los recortes sociales y la reforma
laboral van a seguir provocando que las calles se
consoliden como un foco de protesta. Lo han visto ya en
las movilizaciones de los indignados del 15-M, los
estudiantes de la 'Primavera Valenciana' y la huelga
general del 29 de marzo. Ante esta escalada de la tensión
social, el Ejecutivo ha decido reformar "en profundidad"
el Código Penal la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley
orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
El ministro de Interior, Jorge Fernández
Díaz, ha justificado hoy en el sesión de control del
Congreso este endurecimiento alegando que es necesario
luchar contra lo que denomina una "espiral de violencia"
practicada por lo que ha definido de "colectivos
antisistema" que practican "técnicas de guerrilla urbana",
según recoge Europa Press. Pero la legislación va más allá
de los violentos y plantea una nueva batería de
restricciones de derechos.
Todas las medidas que se han anunciado en
los últimos días junto con las que ha adelantado hoy el
ministro de Interior, van dirigidas a mantener un mayor
control del orden público. Entre ellas el endurecimiento
de las sanciones para la violencia callejera,
equiparándolo con la legislación antiterrorista diseñada
para tratar los casos de kale borroka en el País Vasco,
directamente relacionado con los enfrentamientos que se
vivieron en Barcelona durante la jornada de huelga del
29-M. Se trata de que "la gente tenga más miedo al
sistema", como dijo la semana pasada el conceller de
Interior de Catalunya, Felip Puig.
Sin embargo, los violentos no son el
único objetivo de las reformas que proponen los
conservadores. Otra de sus propuestas es incluir como
delito de "atentado a la autoridad la resistencia pasiva o
activa grande". En clara referencia a las movilizaciones
estudiantiles de Valencia y el movimiento 15-M, con esta
legislación podrían ser condenados por atentado todas las
personas que acudan a las movilizaciones de los
indignados, que suelen llevarse a cabo sin previa
notificación a la Delegación de Gobierno.
La participación en estas protestas no
será el único acto castigado. La reforma propuesta prevé
que sea considerado "delito de integración en organización
criminal" difundir a través de Internet y las redes
sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren
gravemente el orden público", que podrían ser todas
aquéllas que no hayan sido notificadas y que se nieguen a
abandonar el lugar pese al aviso de la Policía.
Exactamente lo que pasó el 15 de mayo y los días
posteriores en la Puerta del Sol de Madrid.
España tiene la mayor tasa de presos de
toda Europa Occidental y de los índices de criminalidad
más bajos Además, se va a introducir entre "las
modalidades de acometimiento" (ataque violento dirigido
contra un policía) las amenazas y comportamientos
intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.
Otra medida, que recoge Europa Press, es
que se considerará como agravante cuando las conductas
violentas se produzcan en manifestaciones o
concentraciones y se incluirá como delito de desorden
público los supuestos en los que se penetre en
establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los
mismos. En este sentido, se ampliará la cuantía de los
daños no sólo a los que se produzcan en establecimientos,
sino también a los que se deriven por la interrupción de
cualquier servicio público.
Pese a que el titular de Interior ha
dicho que "no se trata sólo de responder desde el Código
Penal a iniciativas de guerrilla urbana que cada vez
proliferan más en nuestras calles, pero tampoco
instalarnos en el buenismo jurídico", España ya cuenta con
Código Penal duro si se compara con el resto de Europa.
De hecho, en la actulidad España tiene la
mayor tasa de presos de toda Europa Occidental. Por
contra, los índices de criminalidad están, por el momento,
entre los más bajos.
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Actividades de la APDHA
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Delegación de Cádiz
Fecha y hora: Jueves 19 de abril de
2012, 19 horas
Lugar: Sala Bolívar, Edificio
Constitución 1812 (Aulario la Bomba), Paseo Carlos III nº
3, Cádiz.
Nuevo acto dentro del ciclo "Con la lucha
de los pueblos árabes por los derechos y la dignidad" que
organiza la delegación de Cádiz de la APDHA.
Ignacio Álvarez-Osorio, profesor titular
de estudios árabes e islámicos de la Universidad de
Alicante y co-editor en 2011 del libro "Informe sobre las
Revueltas Árabes", hará un análisis sobre la situación
actual y las perspectivas de las revueltas árabes
transcurrido un año aproximado de su comienzo.
El acto se realiza conjuntamente con la
Universidad de Cádiz que lo ha incluido en su Ciclo
"Miradas con Lupa"
En Facebook
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Delegación de Córdoba
Campaña Transporte a Prisiones.
El miércoles 4 de abril de 2012 se ha presentado en el
Registro del Ayuntamiento de Córdoba un escrito dirigido a
Aucorsa y a las concejalas de Seguridad, Movilidad y
Transporte, y de Mayores e Inclusión, en el que se
solicita mejoras en las comunicaciones al Centro
Penitenciario.
En la actualidad, los familiares que se
desplazan a prisión llegan a acumular hasta siete horas y
media desde que salen de Córdoba hasta que vuelven, para
ver menos de una hora a su familiares en prisión. Por
ello, se solicita la mejora de horarios del servicio
municipal de transporte, así como modificar el inicio y
fin de la línea a la estación AVE y de autobuses, a fin de
facilitar a los usuarios que vienen de la provincia o de
otras provincias el acceso a la citada línea.
> Más información sobre la
campaña aquí
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Delegación
de Jerez |
Los Niños del Mundo Pobre
Fecha: 28 de abril de
2012
Lugar: Plaza de Artesanía de Guadalcacín
Estaremos durante todo el día en la Plaza de Artesanía de
Guadalcacín, con motivo de la Feria del Libro, que
organiza el Ayuntamiento juntamente con el Grupo de
Cultura Popular. El tema central será "Los niños del mundo
pobre" junto con ASPO y Aminahui. Habrá mesas
informativas, exposiciones fotográficas y diversas
actividades.
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Propuestas
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Presentación del libro
"No hay derechos. La ilegalidad del poder en tiempos de
crisis". Grupo 17 de Marzo. |
Fecha: 13 Abril 2012, 18h
Lugar: Colegio de Abogados de Sevilla
Más info aquí
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Curso Verano 2012
Universidad de León (España): Derechos humanos, migraciones
y papel de las administraciones públicas en el contexto de
la crisis |
Más info aquí
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Menara: Taller
transfronterizo “integración, ciudadanía y participación
política de la población inmigrante”. Fundación Tres
Culturas |
Fecha: 18 y 19 de abril de 2012.
Lugar: Facultad de Ciencias del Trabajo.
Aula 15. Universidad de Cádiz.
Más información, programa e inscripciones aquí
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Diez años de la
Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla |
Fecha: Domingo 15 de Abril a las 12:00h
Lugar: sede de la Asociación de vecinos
de San Diego, Sevilla
Más info aquí
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Le informamos de que la información contenida en este
mensaje podría ser de uso interno o de naturaleza
confidencial, por lo que, si usted no es su destinatario
legítimo, no tiene autorización para copiarlo, almacenarlo
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aprobada por la entidad titular del dominio desde el que
le ha sido remitido. Le informamos que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 34/2002,de 11 de julio, de Servicios
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este correo electrónico se envía en nombre de ASOC. PRO
DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA, con CIF G41502535. Si usted
no quiere volver a recibir futuras comunicaciones
nuestras, simplemente reenvíe este correo electrónico a la
dirección de e-mail: infoapdha@..., escdibiendo en
el asunto del mismo la palabra "Baja" y su dirección de
correo será excluida de nuestra base de datos. No obstante
todo lo anterior, dado que no es voluntad de nuestra
entidad realizar envíos deliberados de comunicaciones
electrónicas no solicitadas, si ésta tuviera tal carácter,
le agradeceríamos que así nos lo comunicara,utilizando
para ello la siguiente dirección: infoapdha@..., a
fin de excluir su dirección electrónica de nuestras bases
de datos, de forma inmediata.
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