Inicio > Mis eListas > apdha > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 91 al 120 
AsuntoAutor
2011-10-13 Infoapdh
2011-10-13 Infoapdh
2011-10-24 Infoapdh
2011-11-07 Infoapdh
2011-11-07 Infoapdh
2011-11-22 InfoAPDH
2011-12-07 InfoAPDH
2011-12-21 InfoAPDH
2012-01-19 InfoAPDH
2012-02-10 InfoAPDH
2012-02-24 InfoAPDH
2012-03-09 InfoAPDH
2012-03-23 InfoAPDH
2012-03-23 InfoAPDH
2012-04-13 InfoAPDH
2012-04-26 InfoAPDH
2012-05-14 webmaste
2012-06-01 InfoAPDH
2011-06-11 infoapdh
2012-06-22 infoapdh
2012-07-09 infoapdh
2012-09-20 InfoAPDH
2012-10-11 infoapdh
2012-10-31 infoapdh
2012-11-29 infoapdh
2012-12-26 infoapdh
2013-01-25 infoapdh
2013-02-15 infoapdh
2013-03-20 infoapdh
2013-04-18 infoapdh
 << 30 ant. | 30 sig. >>
 
Derechos Humanos de Andalucia
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 1257     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[InfoApdha] 2012-04-13
Fecha:Viernes, 13 de Abril, 2012  12:37:29 (+0200)
Autor:InfoAPDHA <infoapdha @.....org>

Si no ves correctamente este mensaje, haz clic aquí

cabecera
              InfoApdha 

 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 13 de abril de 2012, 10.914 suscriptores
 

 Síguenos en:

 facebook    twitter
   

Colabora con la APDHA en la defensa de los Derechos Humanos 

 Hazte socio/a
 
 
sumario 
   

 APDHA - - - - - - - - - -

 otros - - - - - - - - - -

 

 

 

 

Jornadas "Porteadoras y Derechos Humanos en la Frontera de Ceuta"

 

cartel

Presentación

Desde hace dos años, la APDHA ha intentado aproximarse a la situación de las mujeres que hacen de porteadoras de mercancías entre Ceuta y Marruecos. Pero no hemos estado solos. Hemos contado para ello con la colaboración y la labor en común de varias organizaciones de mujeres en Tetuán, especialmente con la Asociación Almunadila, Mujer Militante.

El acercamiento a esta realidad, nos ha permitido conocer de cerca lo que ya habíamos intuido por las informaciones que nos habían llegado: la gravísima vulneración de los derechos humanos que se ejerce sobre los hombres y especialmente las mujeres que se dedican al transporte de mercancías entre Ceuta y Marruecos, porteadoras transfronterizas.

La violencia, el abuso, la corrupción y unas condiciones de trabajo verdaderamente infrahumanas, constituyen el paradigma de las violaciones de derechos humanos en esta frontera. Que por otro lado es escenario de un complejo entramado de intereses políticos, económicos y estratégicos.

Desde la APDHA hemos reivindicado en numerosas ocasiones que en las fronteras debe ser innegociable el respeto a los derechos humanos, por encima de las razones de estado y los intereses económicos o políticos. Siempre lo hemos hecho desde esa óptica e imprescindible reivindicación general.

Pero también es necesario aproximarse a las situaciones concretas, a la vida de las personas que transitan por fronteras impermeables, excepto para la violación de los derechos humanos, que, a lo visto, no padece de control y limitación alguna.

Este es el objetivo de estas Jornadas en las que participamos numerosos colectivos: conocer una situación sangrante y plantear que el respeto de la dignidad de estas personas es absolutamente inexcusable. 

Programa 

 

 

 

Fechas: 20, 21 y 22 de abril de 2012
Lugar:  Hotel Atenas (Tetuán) 

 

Sábado día 21 de abril

 

09:00

 

Recepción e inscripción de participantes

 

09:30

 

Inauguración de las jornadas.

-          Saludo inicial de bienvenida desde Tetuán

-          Presentación de colectivos asistentes

-          Presentación-inauguración de las jornadas (Asociación Almunadila y APDHA)

 

10:15

 

Ponencia. Una mirada a la conflictiva historia de la frontera de Ceuta (Asociación Elin)

 

11

 

Pausa café

 

11:45

 

Experiencia: Porteadoras en la frontera de Melilla (Prodein o APDH Melilla).

 

12:30

 

Ponencia: Porteadoras en la frontera de Ceuta. Factores económicos en el tránsito de mercancías.

Análisis social y jurídico en su caso (Prof. Zohra El Khamlichi)

 

13:30

 

Comida

 

16:00

 

Presentación: Resultado de las encuestas realizadas entre mujeres porteadoras (Asociación Almunadila)

 

16:45

 

Testimonios

-          Porteadoras

-          Exporteadoras

-          Transportistas y taxistas

-          Vendedoras zoco de Ksar El Kebir

 

18:15

 

Proyección de audiovisuales en su caso

 

19:00

 

Hasta mañana

 

Domingo día 22 de abril

 

10:00

 

Asamblea: Reflexiones finales y propuestas actuación

1ª parte: resumen y debate en torno a las cuestiones que se han planteado en la jornada del sábado

La situación en la frontera de Melilla

 

11

 

Pausa café

 

11:45

 

Asamblea: Reflexiones finales y propuestas actuación

2ª parte: Debate sobre Conclusiones y propuestas de trabajo futuras

 

13:15

 

Palabras de Despedida

 

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán de  la siguiente forma:

  • Escribiendo al correo apdha.cadiz@... con los siguientes datos: nombre y apellidos, fecha nacimiento, nº pasaporte, caducidad del pasaporte.
  • Realizando un ingreso según tipo de inscripción, en el que se indique Tetuán y nombre, a la APDHA a la siguiente c.c. de Unicaja: 2103-4042-43-0030000018

Tipos y cuantía de Inscripción:

  • Normal: 120 euros. Incluye billete de barco ida y vuelta Tarifa-Tánger, desplazamiento en autobús ida y vuelta Tánger-Tetuán, alojamiento y desayuno dos noches en habitación doble, almuerzo sábado y domingo.
  • Habitación individual, suplemento 10 euros noche.
  • Sin viajes: 70 euros. Incluye alojamiento y almuerzos.
  • Sin alojamiento: 80 euros. Incluye viajes barco-autobús y almuerzos.

Otras cuestiones:

  • La salida del barco es el viernes 20 de abril a las 17 horas desde Tarifa. Imprescindible estar 40 minutos antes.
  • Habrá traducción simultánea.
  • El número de inscripciones es limitado. Fecha tope de inscripción 15 de abril.

Más información:
aadiz@...@gmail.com
Teléfonos 956228511 – 619018812

Únete al evento en facebook

 

 

 volver al sumario

 

No a la erosión de los derechos de los ciudadanos checos europeos: la Carta de los Derechos Fundamentales debe aplicarse completamente en la República Checa

Comunicado de la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH). La APDHA es miembro de la AEDH.
Bruselas y Praga, 3 de abril de 2012
 
La AEDH y el Comité de Helsinki checo (CHC) condenan que el Parlamento Europeo haya rechazado las directrices expuestas en el primer informe enviado por Andrew Duff, Miembro del Parlamento Europeo (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, por el Reino Unido) sobre la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la República Checa. Emplazamos al Parlamento Europeo y al Consejo a que se muestren contrarios a la exclusión de la República Checa del ámbito de aplicación de la Carta.
 
El Parlamento Europeo debe pronunciarse pronto, en primera lectura, sobre el proyecto de propuesta para aplicar el Protocolo nº 30 de los tratados de la UE (Tratado de Lisboa) en la República Checa. El Reino Unido y Polonia ya han participado en la Carta de Derechos Fundamentales usando este protocolo.

Los días 29 y 30 de octubre de 2009, el Consejo Europeo acordó examinar la posibilidad de anexionar a los Tratados un Protocolo referido solamente a una aplicación parcial de la Carta en la República Checa a instancias del presidente checo Václav Klaus. Esta petición, que está política e independientemente motivada, es inconstitucional por dos razones: el Parlamento Checo ya ratificó el Tratado de Lisboa en 2007 y, en segundo lugar, la República Checa es una democracia parlamentaria en la que los asuntos exteriores no son responsabilidad del presidente.
A pesar de esto, el 5 de septiembre de 2011 el gobierno checo envió una propuesta al Consejo para participar en la Carta aplicando el Protocolo nº 30. El 6 de octubre de 2011, una amplia mayoría del Senado checo emplazó al gobierno a retirar la propuesta, la cual restringiría la protección legal de los ciudadanos checos. Es en este contexto donde el Consejo debería consultar al Parlamento Europeo para que dé su opinión sobre la propuesta del gobierno checo, en virtud del Artículo 48(3) del Tratado de la Unión Europea.

El primer proyecto, presentado por el Miembro del Parlamento Europeo Andrew Duff, pedía que no se examinaran las enmiendas propuestas para los Tratados. La AEDH y el CHC apoyaron esta posición. Ellos emplazaron al Parlamento Europeo y al Consejo a que le apoyaran en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que dieran una opinión negativa a la propuesta para aplicar el Protocolo nº 30 en la República Checa como forma para no aplicar la Carta de Derechos Fundamentales.

La AEDH y el CHC consideran que esta es la única solución posible. No solo Václav Klaus no tiene el derecho constitucional para condicionar la ratificación del Tratado bajo la aplicación del Protocolo nº 30 en la República Checa, sino que la corte constitucional del país, en la decisión Pl. ÚS 36/01 (parte VII), asimismo ha dispuesto que no se puede interpretar una enmienda a la Constitución en modo alguno que debilite las disposiciones procedimentales para la protección de los derechos y libertades fundamentales.

Creemos que esta norma se aplica no solo a las enmiendas de la Constitución, sino a cualquier borrador de los tratados internacionales que requieran ratificación y a los borradores presentados a la Corte Constitucional de la República Checa de acuerdo con la Constitución checa.

La Carta de Derechos Fundamentales en su versión no modificable se ha aplicado en la República Checa desde el 1 de diciembre de 2009 (precisamente la fecha en la que el Tratado de Lisboa entró en vigor). Permitir la aplicación del Protocolo nº 30 en la República Checa significaría por tanto la reducción del nivel de protección de los derechos fundamentales en el país.

La AEDH y el CHC, dado el rechazo al informe de Andrew Duff, quieren reafirmar su entrega a los derechos fundamentales para todos los ciudadanos europeos y emplaza a todos los Miembros del Parlamento a que se pronuncien a favor de una aplicación de la Carta en la República Checa. La Unión Europea debe garantizar la igualdad de derechos a todos los ciudadanos y residentes. Sería inaceptable que a los ciudadanos de la República Checa se les privara de sus derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y en consecuencia se les concediera una menor protección legal.

 

 

volver al sumario 

 

Comunicado ante la última propuesta del Ministro de Interior de reformar el Código Penal para endurecer penas y criminalizar los movimientos ciudadanos

Comunicado APDHA, 13/04/2012 

Desde la APDHA lamentamos los comportamientos nada civilizados de quienes utilizan la violencia y el destrozo como forma de protesta y de reivindicación de derechos, pero no lamentamos menos las últimas declaraciones políticas acerca de la equiparación de estos actos de vandalismo con el terrorismo callejero.

Las sucesivas manifestaciones ciudadanas de los últimos tiempos, en las que muchas personas han tratado de dar un toque de atención a la clase política, debió de haber servido para que esta última tomara nota e incluyera a la opinión pública en la toma de sus decisiones.

Lejos de ello, el Ministro del Interior ha encontrado en los acontecimientos del pasado 29 de marzo en Barcelona la excusa perfecta para iniciar una campaña de regresión de derechos como el de expresión o manifestación, evitando voces populares que critiquen las políticas de recortes.

Poniendo de relieve que el Código Penal vigente ya contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes cometan desórdenes en la calle, nos parece innecesario incrementar aún más la penalización de estos hechos, en aras de que sean percibidos como distinto a lo que son, para justificar así el endurecimiento del castigo.

En el imaginario de la mayoría de las personas tildar unos hechos de terrorismo implica conectar los mismos a una realidad socio política que la sociedad española intenta superar. Es difícil no identificar la palabra terrorista con una organización de violencia extrema. Huelga decir que los hechos del pasado 29 de marzo, que son los que motivaron las declaraciones que rechazamos, nada tienen que ver con personas que pertenecen a organización terrorista alguna. Y si esto es así, ¿por qué utilizar esa denominación? ¿Acaso se pretende que estos actos sean percibidos como más graves de lo que en realidad ya son? ¿Acaso no se cae en la cuenta de que metemos el dedo en la llaga de un proceso de paz que efectivamente es bien complejo?

Insinuar que los convocantes de las diversas manifestaciones son responsables del comportamiento de todos los que acuden a las mismas, nos resulta incomprensible. Se da la paradoja de que las organizaciones convocantes lanzan consignas de protesta pacífica, condenando cualquier uso de la violencia. Pero no se les puede exigir responsabilidad por el comportamiento de quienes se alejan de esas consignas. ¿Se intenta acabar, así, con los muchos grupos sociales que han ido haciendo uso de su derecho de expresión colectiva durante tanto tiempo?

Si innecesario es el endurecimiento de la pena, para los que optan por un comportamiento violento en el reclamo de sus derechos (llamados por Fernández Díaz resistencia activa), e incomprensible que se responsabilice a quienes convocan, nos parece absolutamente aberrante el castigo para el manifestante pacífico (denominado resistencia pasiva). ¿Cuál sería, pues, la forma adecuada de hacer uso de los derechos constitucionales de expresión y manifestación según el ministro? Entendemos, tras esas expresiones, una intencionalidad de acallar cualquier voz ciudadana, en estos tiempos de dificultad donde la expresión colectiva es imprescindible.

Una vez más, se pretende legislar a golpe de acontecimientos, y buscando contentar a una sociedad a la que previamente se le hace creer que nuestro país es inseguro, y que tiene una legislación penal muy suave, lo cual no es posible mantener si nos comparamos con los índices de inseguridad, o de delincuencia que se reconocen en otros países de la propia Unión Europea (España tiene más de 20 puntos menos de delincuencia de la media europea).

Pero, aún así, los políticos tienen clara la estrategia totalmente infecunda de solucionar problemas sociales mediante soluciones penales, en lugar de pararse seriamente a reflexionar acerca de soluciones menos simples como las que hasta ahora se van dando.

Exigimos un cambio de rumbo total en estas políticas de carácter represivo: menos endurecimiento de penas, y más disposición de la clase política para escuchar las manifestaciones ciudadanas.

 

 

volver al sumario 

 

Informe Mundial 2012: Fortalecer el apoyo a la 'Primavera Árabe'

Human Rights Watch, 22/01/2012 

(El Cairo) – Son muchos los gobiernos democráticos que, en función de sus vínculos con aliados represivos, han mitigado su defensa de los derechos humanos en el marco de las protestas de la Primavera Árabe, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2012. Por una cuestión de principios e intereses a largo plazo, los gobiernos deberían expresar su firme apoyo a las personas de Oriente Medio y África del Norte que reclaman sus derechos fundamentales y trabajar para asegurar la transición hacia democracias genuinas.

El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante el apoyo internacional firme y coherente a quienes se manifiestan de manera pacífica y a los críticos del gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los gobiernos populares se mantengan alejados de la intolerancia, el desorden y las represalias que pueden manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla en riesgo, afirmó Human Rights Watch.

“Las personas que impulsan la Primavera Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional para poder ejercer sus derechos y construir democracias genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La lealtad hacia socios autocráticos no debería impedir apoyar a quienes promueven reformas democráticas. También se necesita de la influencia internacional para asegurar que los nuevos gobiernos extiendan el reconocimiento de los derechos humanos y el imperio de la ley a todas las personas, especialmente mujeres y minorías”.

El Informe Mundial 2012 documenta violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que incluyen transgresiones del derecho de guerra en Libia y Afganistán; la difícil situación de los presos políticos en Vietnam y Eritrea; el silenciamiento del disenso en China y Cuba; las restricciones a Internet en Irán y Tailandia; las ejecuciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en India y México; los problemas vinculados con comicios en Rusia y la República Democrática del Congo; el maltrato de migrantes en Europa Occidental; las deficientes políticas de salud materna en Haití y Sudáfrica; la represión de la libertad religiosa en Indonesia y Arabia Saudita; las torturas en Pakistán y Uzbekistán; la discriminación contra personas con discapacidad en Nepal y Perú; y la detención de personas sin ningún tipo de proceso judicial en Malasia y por Estados Unidos.

Un paso positivo ha sido la adopción de un tratado internacional para proteger los derechos de los trabajadores del hogar, expresó Human Rights Watch. Los trabajadores del hogar están particularmente expuestos a abusos, y pese a ello muchos países los excluyen de las protecciones legales y otras garantías. El nuevo tratado garantiza los derechos fundamentales de millones de migrantes que trabajan en casas particulares como empleados del hogar o al cuidado de niños u otras personas.

La política occidental respecto a los países árabes ha sido tradicionalmente de contención, y ha apoyado a diversos autócratas árabes con el fin de garantizar la “estabilidad” en la región, incluso en momentos en que la democracia se consolidaba en otras partes del mundo. Human Rights Watch indicó que entre las razones por las cuales tantos gobiernos democráticos admiten una “excepción árabe” se incluyen el temor al islam político y el terrorismo, la necesidad de asegurar el suministro de petróleo y una política de larga data que depende de las autocracias para la preservación de la paz entre Israel y el mundo árabe, así como para ayudar a contener la migración hacia Europa.

“Los eventos del año pasado demuestran que el silencio impuesto a las personas que viven bajo regímenes autocráticos no debería haberse confundido con conformismo popular”, señaló Roth. “Es tiempo de poner fin a la ‘excepción árabe’ y reconocer que las personas de la región merecen que se respeten sus derechos y libertades al igual que cualquier otra persona”.

Las repercusiones de la Primavera Árabe se han sentido en todo el mundo, afirmó Human Rights Watch. Los líderes de China, Zimbabue, Corea del Norte, Etiopía, Vietnam y Uzbekistán parecen vivir permanentemente bajo el temor, ahora alimentado por estos antecedentes, de que sus gobiernos autocráticos sean derrocados por el pueblo. Pero incluso democracias como India, Brasil y Sudáfrica se han mostrado renuentes a apoyar el cambio. Al apelar a una visión obsoleta que asocia la promoción de los derechos humanos con el imperialismo e ignorar el apoyo internacional recibido históricamente cuando su propio pueblo reclamó el reconocimiento de tales derechos, a menudo estas democracias no se han expresado en el contexto de las Naciones Unidas a favor de las personas que son objeto de represión.

China y Rusia han adoptado una postura aun más obstruccionista y han vetado medidas del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a ejercer presión sobre Siria para que desista de la matanza de miles de manifestantes. La supuesta razón detrás de esta postura —evitar una intervención militar como ocurrió en Libia— pierde plausibilidad si se tiene en cuenta el contenido moderado de la resolución vetada, que en ningún caso podía interpretarse que autoriza la acción militar.

Human Rights Watch señaló que la comunidad internacional podría tener un rol trascendental en la promoción de democracias que favorezcan el respeto de los derechos humanos en Oriente Medio y África del Norte. En vez de negarse a apoyar la propagación del islam político, como sucedió en algunas ocasiones en el pasado, los gobiernos democráticos deberían reconocer que posiblemente el islam político represente la preferencia de la mayoría, manifestó Human Rights Watch. Sin embargo, la comunidad internacional debería insistir en que los gobiernos islámicos cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con el respeto de los derechos de las mujeres y la libertad religiosa, al igual que cualquier otro gobierno.

Con respecto a Oriente Medio y África del Norte, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron una posición más firme frente a la represión en Libia y Siria, cuyos líderes se consideraban hostiles para Occidente, expresó Human Rights Watch. Pero no actuaron con igual contundencia frente al presidente de Egipto Hosni Mubarak, percibido como un baluarte de la “estabilidad” en la región hasta el momento en que su suerte estuvo prácticamente echada. No se pronunciaron en contra de la inmunidad del presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh por su responsabilidad en la matanza de manifestantes —a pesar de que se sugirió que no habría consecuencias para nuevas muertes—, ya que se le considera un bastión frente a Al Qaeda en la Península Arábiga. Tampoco aplicaron presiones genuinas contra Bahréin cuando sofocó su movimiento democrático, para evitar herir la sensibilidad saudita, por temor a la influencia iraní y para intentar proteger una base naval estadounidense.

Estados Unidos y algunos aliados europeos podrían contribuir significativamente a la erradicación de la tortura en el mundo árabe al reconocer sus propios antecedentes de complicidad en torturas cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos occidentales deberían sancionar a los responsables de ordenar o facilitar torturas y poner fin al uso de garantías diplomáticas como excusa para justificar el envío de presuntos criminales a países donde pueden ser sometidos a torturas.

Los países miembros de la Liga Árabe, que históricamente se han defendido entre sí frente a cualquier crítica relativa a derechos humanos, han manifestado un compromiso más constructivo durante la Primavera Árabe, aseveró Human Rights Watch. La Liga Árabe apoyó las medidas de presión para poner fin a la represión de Gaddafi en Libia, aplicó sanciones contra Siria y envió a observadores como parte de un intento, hasta el momento infructuoso, por detener la matanza perpetrada en Siria por Bashar al-Assad. Contrariamente, la Unión Africana (UA) se ha mostrado cautelosa ante los sucesos de la Primavera Árabe, aun cuando la UA se creó supuestamente para defender la democracia y la libertad.

Los gobiernos de transición en Túnez, Libia y Egipto necesitan ayuda para revisar sus leyes represivas y consolidar instituciones de gobierno que fueron debilitadas y cuyo desarrollo fue obstaculizado deliberadamente por los regímenes autocráticos, principalmente las instituciones nacionales de justicia, indicó Human Rights Watch. Mientras que los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales no tengan una expectativa razonable de que podrán ser juzgados por su actuación indebida, difícilmente se resistirán a la posibilidad de recurrir al abuso, la violencia y la corrupción.

Esto también se aplica al rol complementario que desempeña la justicia internacional.

“Los gobiernos que respetan los derechos humanos deberían apoyar las iniciativas de justicia internacional independientemente de cualquier consideración política. Sería erróneo creer que al permitir que los países escondan los abusos cometidos en el pasado se evitarán del algún modo atrocidades en el futuro”, afirmó Roth. “A un año del comienzo de la Primavera Árabe, deberíamos defender con firmeza los derechos y las aspiraciones de las personas por sobre las arbitrariedades de los tiranos”.

Se puede descargar el informe completo en: http://www.hrw.org/es/informe-mundial-2012

 

 

volver al sumario 

 

El gobierno elimina 67 millones de la dotación al Fondo de Integración de Inmigrantes

SOS Racismo, 31/03/2012

Comunicado de la federación estatal de SOS RACISMO sobre la eliminación de 67 millones de la dotación al Fondo de Integración de Inmigrantes.

En el Congreso de Ministros del día 30 de marzo de 2012 se ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012 en el que se contempla reducir en 67 millones la dotación desinada al Fondo de apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y al refuerzo educativo. Si tenemos en cuenta que en el año 2011 la consignación presupuestaria fue de 66,6 millones de euros, el efecto práctico de esta medida es la desaparición de este Fondo de Integración. Creado en el año 2005, el Fondo era la fuente principal de financiación para el desarrollo de actividades encaminadas a la integración del colectivo inmigrante. El 60 por 100 del mismo se destinaba al desarrollo de actuaciones para la acogida y la integración y el 40 por 100 para el refuerzo educativo. Asimismo, el 40 por 100 de la asignación iba destinado a actividades desarrolladas desde los ayuntamientos.

La desaparición del Fondo supone paralizar cientos de planes de integración de municipios y Comunidades Autónomas, vacía de contenido importantes planes a nivel estatal como el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 cuya ejecución queda en antedicho y va en contra de los acuerdos de la Unión Europea en esta materia como la reciente Agenda Europea para la Integración presentada en julio del pasado año.

No es casual que la reducción de gastos en materia de empleo que propone el Gobierno se haga precisamente en el Fondo para la Integración y en las Políticas Activas de Empleo, (1.557 millones). Estos recortes afectan a los colectivos más vulnerables y en el caso concreto de las personas inmigrantes mucho nos tememos que este no es un capitulo aparte sino el comienzo de una serie de limitaciones en el acceso a derechos sociales que no harán sino alejarlos de la integración entendida como igualdad de derechos.

Con esta medida el gobierno demuestra tener una visión muy estrecha de la inmigración como un tema de gestión de flujos sin entender que seis millones de personas aspiran a ser ciudadanas y ciudadanos de este país. Las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan para evaluar el grado de integración de una población inmigrante que en los últimos años ha visto frustradas sus expectativas laborales y familiares. Una política de integración realista debería tener una perspectiva temporal de largo alcance y aproximarse a ámbitos como el de la nacionalidad o el de los derechos políticos. Por todo ello, desde la Federación estatal de SOS RACISMO consideramos que la supresión del Fondo de apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes supone uno de los golpes más duros que se podía dar a las políticas públicas de integración llevadas a cabo en los últimos años.

 

 

volver al sumario

 

Presupuesto de 2012: un cuento para no dormir

Alberto Recio – Consejo Científico de ATTAC España. 10/04/2012

No podía esperarse otra cosa de este gobierno y en este contexto. El presupuesto de 2012 constituye un plan de ajuste en toda regla: reduce drásticamente el gasto público y contiene un claro sesgo reaccionario en la composición del mismo. El efecto final será más grave por cuanto al recorte del presupuesto estatal hay que sumar el que aplicarán las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Dado que éstas concentran una parte importante de los gastos sociales —sanidad, educación, servicios sociales—, cabe esperar que el impacto social final sea mucho más radical.

A la hora de juzgar esta política conviene diferenciar dos planos: el macroeconómico —su impacto sobre el conjunto de la actividad económica— y el de su composición —sus efectos particulares sobre grupos sociales, actividades, etc.—.

En el primer plano, el macro, el diagnóstico parece sencillo. A corto plazo, los recortes presupuestarios van a deprimir aún más la vida económica y el empleo. De hecho, puede ya constatarse que en los últimos trimestres los recortes de las actividades públicas han afectado al empleo en sectores relacionados con el sector público y que su efecto multiplicador se extiende al conjunto de la economía. Es incluso dudoso que el presupuesto pueda conseguir lo que se presenta como su única justificación —la reducción del déficit público—, puesto que la caída de la actividad genera dudas sobre la capacidad recaudatoria real en los próximos meses. Además, puede agravar los problemas de endeudamiento privado.

Esto lo saben los promotores de la política actual, pero su dogmatismo y su confianza ciega les lleva a pensar que la disminución de los salarios, la reducción de la actividad pública y la orientación pro empresarial del gobierno generarán por sí solas tal dinamismo privado que “a largo plazo” la economía retomará su irrefrenable tendencia a la expansión. Basta que seamos dóciles, obedientes y austeros, y el capital nos recompensará con un futuro brillante de creación de empleo y prosperidad. Más o menos una versión sofisticada del cuento de la lechera que elude explicar cómo soportaremos el tránsito, cómo podremos aguantar con cifras insoportables de paro, con ausencia de verdaderas políticas de reorientación productiva, de apoyo de rentas básicas. Los presupuestos los elaboran contables que siguen las órdenes de generales que hace tiempo que han perdido la hoja de ruta, y a quienes no les tiembla el pulso a la hora de exigir sacrificios a los demás porque ellos no los padecen (por ejemplo, los directivos de las empresas que cotizan en el Ibex, que, pese a ver reducidas ostensiblemente sus ganancias, del orden del 30%, han visto recompensados sus esfuerzos con un modesto aumento del 1,5% de sus ingresos), sin poder explicar las características, la duración y los efectos de dichos sacrificios. De tanto decirnos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, están trabajando para que estemos mucho peor de lo que nos merecemos.

II

Si el impacto global es más que discutible, el análisis pormenorizado induce al terror. Los únicos ministerios que afrontan recortes moderados son los que tienen que ver con la actividad represiva del Estado —Interior, Justicia y Defensa—, prefigurando quizá que una sociedad con más desigualdades e injusticias sólo se sostiene con medidas autoritarias.

Los recortes muestran una clara orientación antisocial: desaparecen por completo las partidas de dependencia y el fondo de integración de inmigrantes, y experimentan recortes significativos las ayudas al acceso a la vivienda (lo cual contrasta con la reintroducción de la desgravación por compra en el IRPF), los gastos en cultura, los de cooperación al desarrollo, las subvenciones a la televisión pública… Y es difícil encontrar políticas orientadas a promover un cambio de modelo económico, puesto que también padecen recortes más que significativos las políticas activas de empleo, la promoción de la investigación, Renfe (quizás el preludio de otra privatización), etc.

Lo que parece tener claro la derecha es su enfoque social. No es extraño que, al calor de los recortes, las políticas sociales se hinchen a promover el papel del voluntariado y de la familia como alternativas. Es la vuelta al rancio modelo de la caridad cristiana y del “sálvese quien pueda”. En cambio, no hay ningún atisbo de idea acerca de cómo va a reorganizarse la economía de este país, de qué sectores hay que promover, de qué cambios en las pautas de consumo hay que incentivar, de cómo reorientar las habilidades laborales de la gente, de cómo impulsar un desarrollo inclusivo. Es un simple retroceso a las políticas de toda la vida, las que descargan sobre las familias las tareas de reproducción social, las que confían en la porra para mantener el orden público, las que sueñan con que el mercado (un ente tan insustancial como “Dios” o la “historia”) resolverá los problemas que no es posible resolver de forma colectiva.

III

Completa el paquete el ajuste fiscal, pues al ya anunciado aumento del IRPF se suma ahora, como medida principal, la revisión del Impuesto de Sociedades. Una necesidad ineludible en un impuesto que teóricamente grava el 30% de los beneficios empresariales y que, en la práctica, sólo recaudaba poco más del 10%. Y que el año pasado registró un descenso de la recaudación que duplicó la disminución de beneficios declarada por las empresas. La situación era tan escandalosa, y las probabilidades de obtener buenos resultados tan claras, que no han tenido más remedio que introducir cambios, aunque por su complejidad es posible que la reforma incluya más de una trampa en términos de equidad.

Sin embargo, este componente aparentemente progresista de los ingresos viene acompañado de otros anuncios claramente escandalosos. Por una parte, el nuevo esquema de tasas judiciales. En España la justicia nunca ha sido gratuita ni igualitaria. Los pobres saben que ir a los juzgados es cosa de ricos. Ahora la barrera es más alta y está diseñada para evitar que aquel que se sienta maltratado en primera instancia se atreva a recurrir. Puede argumentarse que ello desalienta las prácticas obstruccionistas de empresarios y poderosos, pero, en vista de la cuantía y el diseño de las tasas, la barrera afecta especialmente a los litigantes de bajos recursos. Especialmente significativa es la introducción de tasas en los juzgados sociales, quizá porque la reforma laboral prefigura una mayor judicialización de las relaciones laborales y lo que se pretende es desalentar a la gente a que use esta posibilidad de último recurso. Y es que ya lo explicó Dickens hace más de 150 años en Casa desolada: el sistema judicial no es recomendable para la gente común.

Y, como colofón, la nueva amnistía fiscal a los poderosos poseedores de dinero negro. Una medida que siempre se presenta como una operación de limpieza a fondo y que, en la práctica, suele ser una mera actuación cosmética que deja intactas las raíces del fraude fiscal. Máxime en un país que acaba de desmantelar la cúpula de la inspección tributaria, que ha puesto en su dirección a una persona, Pilar Valiente, que resultó más que quemada en el affaire Gescartera, y donde tampoco se plantea una mejora sustancial de la inspección fiscal. No deja de ser sospechoso que la reforma se plantee justo en el momento en que la inspección tributaria había puesto de manifiesto las irregularidades fiscales de poderosas familias como los Botín, los Carulla o los Cuatrecasas. Ninguna amnistía fiscal anterior ha servido para rebajar significativamente el fraude fiscal, pero sí que ha permitido a algunos poderosos lavar responsabilidades hasta nuevo aviso.

IV

Si este cuento acaba mal —y hay bastantes probabilidades de que así sea—, Rajoy y su “troupe” no van a ser los únicos en quedar en evidencia. Al fin y al cabo, ellos podrán esgrimir que han sido fieles seguidores de las consignas que les han dado los zares europeos, los políticos y tecnócratas que rigen con mano de hierro y con falta de sentido común y sensibilidad social los destinos de Europa. Aunque seguramente, si las cosas se complican, estos líderes imperiales se laven las manos. La complejidad del mundo real siempre permite salidas en falso, como culpar de los problemas a una mala aplicación de la política, a la resistencia de las víctimas locales o a cualquier perturbación externa imprevista. La preocupación por la situación española que empieza a manifestar alguno de estos prohombres europeos no es más que una expresión de cinismo con la que tratan de ocultar su propia responsabilidad.

Hay algo más preocupante aún, y es que, además de no cejar en su empeño por aplicar políticas que nos acercan al precipicio y que dejan intactas las causas básicas de los problemas actuales (la excesiva y criminal financiarización, los desequilibrios productivos, territoriales y sociales generados por la globalización, las políticas neoliberales, los problemas que va generando la crisis ecológica, etc.), exigen cada vez más aplicar medidas de emergencia para llevarlas a cabo, eliminar las trabas democráticas para imponerse a corto plazo. Y ello aunque después tengan la desfachatez de reconocer que reformas estructurales como la laboral sólo generan resultados a largo plazo (y, por tanto, que su implementación podría haber esperado a un sosegado debate social, pues sus posibles efectos no servían para cubrir ninguna emergencia). Se trata de medidas de emergencia que significan recortes en la participación democrática, como la de imponer gobiernos tecnocráticos, o la de aprobar reformas de la Constitución sin debate, o la de llevar a cabo grandes reformas por la vía del decreto ley. O, como es previsible, aplicar nuevos recortes a las libertades para impedir y coartar la protesta social. También en esto, un análisis de lo que el nuevo presupuesto recorta y no recorta resulta premonitorio de que nos enfrentamos a algo más que una simple apretadura de cinturón. Nos jugamos los derechos fundamentales.

Autopista de servidumbre

En 1944 Friedrich Hayek publicaba Camino de servidumbre, un libro fundamental para el pensamiento antisocialista. Su argumento básico era que la planificación y la propiedad pública eliminaban las bases de la libertad humana y tendían a convertir a las personas en meros siervos de algún tipo de Estado totalitario. Éste ha sido desde siempre uno de los iconos intelectuales del pensamiento neoconsevador y neoliberal. En gran parte, la contrarrevolución neoliberal tuvo bastante éxito en explotar una idea reduccionista de libertad humana como base para obtener legitimidad y hegemonía cultural.

No voy a entrar aquí a discutir todo el razonamiento de Hayek, pero la reflexión sobre la actual reforma laboral, y el conocimiento de lo que también está ocurriendo en muchos países con políticas neoliberales, me han llevado a repensar el tema. Un análisis de las formas de dominación humana en las economías precapitalistas permite reconocer una elevada gama de situaciones en las que un grupo de individuos ha coaccionado al resto, les ha impuesto sus intereses, los ha obligado a una actividad laboral excesiva, les ha coartado sus acciones, les ha vulnerado su dignidad. Alguna de estas formas de dominación han tomado la forma de una relación entre individuos y Estado, como el trabajo forzado en los imperios orientales o en las colonias del siglo XIX. En otros, sin embargo, esta relación se ha basado fundamentalmente en una relación personal, aunque claramente predeterminada por un marco institucional externo, como es el caso de la esclavitud (una relación amo-criado), la servidumbre feudal (una especie de “contrato” entre un señor y un vasallo) o gran parte de las relaciones patriarcales, siempre mediadas por relaciones familiares (en algunos casos incluso camufladas por algo que tiene tan buena prensa como el amor). Los liberales antisocialistas tienden a confundir la servidumbre sólo con las variantes del primer tipo, pero suelen ser insensibles a las que existen en las relaciones privadas. Posiblemente porque ello les conduciría a reconocer que también en las relaciones laborales capitalistas se da una nueva forma de servidumbre, camuflada bajo un contrato de trabajo estrictamente privado.

El grado de servidumbre en las economías capitalistas reales ha variado con el tiempo en función de la lucha de clases, de las regulaciones públicas, de las oportunidades de escapar a una relación indeseable (el pleno empleo es siempre una oportunidad para relajar la dependencia). Por ello las peores condiciones laborales, las dependencias más personales, se producen en aquellos contextos locales en los que un patrono controla todos los resortes del poder local (basta leer a un novelista conservador como Torrente Ballester para aprenderlo).

En los últimos años, las contrarreformas laborales aprobadas en muchos países —especialmente en los anglosajones pero también en otros— bajo el camuflaje de la flexibilidad, la globalización y la competitividad, han tendido a reforzar la dependencia personal de muchas personas (en el argot económico, algunos autores hablan de la aparición de mercados “monopsónicos” u “oligopsónicos”), con sindicatos debilitados o inexistentes, con leyes que dan mucha manga ancha a las decisiones empresariales, con empleados sometidos a un temor permanente al despido, con el uso de técnicas de chantaje emocional.

Vista desde esta perspectiva, la contrarreforma laboral en marcha constituye una clara autopista a la servidumbre, pues, más allá de medidas concretas, lo que realiza es una donación masiva de poder a los empresarios. Un poder que reduce los derechos individuales, fracciona la acción colectiva, acalla mecanismos de voz e impide la actuación de árbitros externos. Al final, reduce la relación laboral a una dependencia personal en la que únicamente prima la voluntad del empresario, su mayor o menor condescendencia y buena fe (siempre ha habido amos mejores y peores). Y ya sabemos por experiencia que son las personas sometidas a relaciones más personalizadas las que tienen peores condiciones de trabajo y son más reacias a defender sus derechos. La nueva ley laboral es una auténtica autopista de servidumbre. Y, como tal, la debemos reconocer. Porque están en juego varios de los elementos básicos del viejo programa emancipador: la igualdad, la libertad y la fraternidad.

El plan de emprendedores

La Generalitat de Catalunya nos regala todos los meses una buena muestra de imaginación. Si el mes pasado era el descubrimiento de que el futuro de la economía catalana pasaba por atraer el modelo de Las Vegas, este mes nos han obsequiado con un plan de emprendedores que, entre otras cosas, prevé incluir su promoción en los programas docentes de la educación obligatoria.

Como no tienen ideas claras sobre cómo salir de la crisis, ya sólo les queda la baza de esperar a que, por generación espontánea, surjan unos líderes económicos que creen empleo y actividad de no se sabe dónde. El tema de la “emprendeduría” y el liderazgo forma parte desde hace treinta años del discurso ideológico neoliberal, pensado para reforzar la hegemonía de la clase empresarial y minusvalorar la aportación del resto de la sociedad al bienestar general. Y ahora, con la excusa de la crisis, se ha vuelto a poner en circulación. Y hasta ha servido como coartada para diseñar una de las modalidades más execrables de contratación laboral, combinando subvenciones impúdicas con derogación de derechos (el período de prueba de un año no es otra cosa).

Los que nos venden la idea de que toda la solución pasa por los emprendedores, olvidan que han sido ellos los que nos han llevado a donde estamos. ¿O es que no eran emprendedores los cientos de especuladores inmobiliarios que asolaron el territorio y alimentaron la burbuja inmobiliaria? ¿O es que no lo son los miles de personas que todos los años abren negocios de escasa viabilidad? Ignoran también que en el mercado real los nuevos proyectos casi nunca salen por generación espontánea. Personas ambiciosas las hay en todas las sociedades, pero la maduración de proyectos requiere a menudo de fundamentos más sólidos. Como la existencia de políticas públicas que generen oportunidades de actividad (está bien estudiado que el impulso básico a la revolución informática, incluida internet, provino del impulso de las políticas militares estadounidenses). O que muchos innovadores han salido de empresas maduras y se han limitado a desarrollar nuevas aplicaciones o soluciones a viejos problemas conocidos. Ahora parece que lo que cuenta es que descienda el Espíritu Santo e ilumine a una nueva generación de individuos que desarrollarán alguna actividad ignota.

Hace pocos días tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de uno de estos “gurús” del nuevo liderazgo (un conocido profesor de la prestigiosa escuela de negocios Esade, aunque algo “tocada” por las andanzas de su real alumno). Su argumento era que el nuevo liderazgo ya no pasa por tener una visión sobre qué hacer, sino por promover la reflexión entre los seguidores del líder. O sea que, traducido al mundo económico, uno se pregunta cómo van a desarrollarse nuevas actividades si el que las dirige no tiene una mínima idea de cuáles son. Visto así, parece claro que promover emprendedores es sólo un subterfugio para seguir subrayando la importancia social de los empresarios, para seguir diciéndole al resto de la sociedad que debe plegarse a sus intereses y sus caprichos, que ceda su confianza personal a cambio de nada.

Es indudable que para salir de la situación actual faltan iniciativas. Y que éstas siempre son sostenidas por personas. Y que cualquier sociedad alternativa debe seguir promoviendo la creatividad, la reflexión, la dinamización social. Pero es seguro que el modelo de individuo autista, egotista y socialmente miope que caracteriza a la figura del empresario capitalista-tipo no sirve para resolver los problemas de un mundo que requiere sensibilidad ecológica, igualitarismo social, trabajar con la complejidad de los procesos y cooperación colectiva. Y que estos individuos difícilmente se desarrollarán sujetos a unas reglas del juego que potencian la competitividad individual y el narcisismo de los triunfadores, ni van a aparecer con la mera aplicación de conjuros como es el de “desarrollar el espíritu emprendedor”.

Los individuos son ciertamente importantes. Pero el reto está en generar un marco social donde todo el mundo tenga la capacidad de desarrollar sus capacidades, donde todo el mundo sea respetado y reconocido por sus aportaciones, donde la cooperación, el diálogo igualitario y la participación permitan encontrar soluciones que vayan más allá de los proyectos que permiten enriquecer a unos pocos. Es tiempo para que los movimientos sociales y las experiencias de economía social permitan desarrollar otro modelo de iniciativas y participación, un modelo más pleno de libertad y desarrollo colectivo.

 

 

volver al sumario

 

Los asesinatos de sindicalistas en Colombia o los silencios de Moisés Naím

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España. 07/04/2012

Los medios españoles de información de mayor difusión han mostrado un sesgo neoliberal en su cobertura de América Latina que alcanza niveles de clara manipulación en su reportaje sobre Venezuela, país gobernado por un gobierno presidido por Hugo Chávez sobre el cual es casi imposible leer noticias, profundamente sesgadas, que no vayan acompañadas de adjetivos denigrantes e insultantes sobre su persona (ver mi artículo “La doble moral de los medios”, Publico. 16.07.09). El más moderado es “dictador”.

Tal cobertura contrasta con el trato sumamente favorable hacia el gobierno colombiano, presidido antes por Álvaro Uribe y ahora por Juan Manuel Santos, que fue en su día Ministro de Defensa del gobierno Uribe. Los mismos medios de información que constantemente insultan al gobierno Chávez escriben alabanzas del presidente Uribe, que presidió por muchos años el gobierno que tiene uno de los records de América Latina en atropellos de los Derechos Humanos. El último ejemplo de ello es la entrevista de Moisés Naím a Uribe, en El País del 31.03.12, en el que el columnista del diario de mayor difusión del país, el Sr. Moisés Naím, que se presenta como el gran defensor de los Derechos Humanos en América Latina, ensalza la figura del ex presidente Uribe sin, en ningún momento de la entrevista, preguntarle sobre la bien documentada brutal represión que su gobierno realizó en contra de los sindicatos. Según los datos de la Federación Internacional de Sindicatos, más de 3.000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1986 sin que Moisés Naím cite ni uno de ellos. Según la organización internacional Human Rights Watch, gran número de tales asesinatos han sido cometidos por los infames grupos paramilitares (algunos de ellos, fundados por la familia Uribe), que tuvieron y continúan teniendo lazos con las fuerzas armadas y el aparato de seguridad del Estado colombiano, tanto durante el gobierno Uribe como con el actual gobierno Santos, lo cual muestra una enorme tolerancia hacia el comportamiento criminal y asesino de tales grupos. Hasta hoy, la mayoría de tales asesinatos han permanecido impunes.

Un grupo que ha sido sujeto de una represión especial, ha sido el sindicato de maestros. Sindicalistas del sector magisterio, que defienden a los maestros, han sido especialmente reprimidos. De los 3.000 asesinados, casi 1.000 han sido maestros. En 2010, 51 sindicalistas fueron asesinados. De ellos, 29 eran maestros. En 2011, 26 sindicalistas fueron asesinados, 14 eran maestros. Esta selectividad hacia este grupo profesional se debe a que la horrible estructura de poder (una de las más desiguales en América Latina) y el establishment colombiano que domina el Estado colombiano no quiere que los maestros enseñen y muestren que es posible otra sociedad a la existente hoy en Colombia. Y aquellos que, a pesar de la enorme represión, muestran la realidad de explotación que existe en aquel país, pagan con su vida su compromiso e integridad profesional. Lo mismo ocurrió en España durante la dictadura, ya que el establishment no deseaba una educación laica y progresista que transmitiera valores democráticos a la juventud.

El nivel de represión ha conllevado que miembros del Congreso de EEUU hayan pedido al presidente Obama que paralice el tratado bilateral aprobado por el gobierno federal de EEUU y el gobierno colombiano de Santos hasta que tales asesinatos desaparezcan del escenario colombiano, petición que, lamentablemente, el presidente Obama ha ignorado. El asesinato de sindicalistas en Colombia (el país con el mayor número de tales asesinatos en el mundo) es una situación escandalosa. Pero lo que es también escandaloso es el silencio y la ocultación de aquella realidad por parte de los medios de información españoles de mayor difusión (como aparece claramente en la entrevista de Moisés Naím a Uribe), medios que justifican la avalancha de insultos al presidente Chávez como indicador de su supuesto inexistente compromiso con la defensa de los Derechos Humanos en América Latina. Su doble moral es la mejor prueba de que su preocupación no son tales Derechos Humanos, sino la promoción de sus intereses económicos, políticos y mediáticos. Así de claro.

 

 

volver al sumario

 

63 migrantes muertos en el Mediterráneo: el Ejército francés cuestionado por no asistencia a personas en peligro 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Migreurop (red euro-africana a la que pertenece la APDHA). París, 11/04/2012

Un año después de la muerte de 63 migrantes en un barco proveniente de Libia, algunos sobrevivientes, con el apoyo de una coalición de organizaciones no gubernamentales, han depositado hoy en Francia una denuncia contra el Ejército francés por no asistencia a personas en peligro.

En marzo de 2011, el caos se instaló en Libia y miles des extranjeros se vieron obligados a salir del país para huir de la violencia. 72 personas de origen etíope, eritreo, nigeriano, ghanés y sudanés embarcaron la noche del 27 de marzo de 2011 a bordo de un barco a motor con destino a Italia. Unas horas después de su salida, un avión francés de patrulla sobrevoló el barco y señaló su presencia a los guardacostas italianos. El periplo de los migrantes se transformó muy pronto en una pesadilla. Les faltó combustible, comida, agua potable y perdieron el control del barco. Por teléfono lanzaron un S.O.S., recibido por los guardacostas italianos, quienes a su vez dirigieron señales de alarma a todos los navíos presentes en el mar Mediterráneo, indicando la ubicación del barco. Las señales se emitieron cada 4 horas durante 10 días. Las aguas a la altura de Libia estaban en aquel entonces masivamente ocupadas por fuerzas militares que disponían de una tecnología sofisticada. La embarcación fue localizada por helicópteros en dos oportunidades. Uno de ellos incluso lanzó algunas botellas de agua y galletas a los pasajeros, antes de irse. Después, nada.

Tras 9 días a la deriva, mientras numerosos ocupantes ya habían muerto, los migrantes se encontraron con un navío militar. Señalaron su desamparo y enseñaron los cuerpos de los bebés muertos. Pero nadie les fue a ayudar. El barco encalló en las costas libias tras 15 días a la deriva. A su bordo, sólo 11 sobrevivientes, entre los cuales 2 murieron poco después del desembarque en Libia. 63 personas, entre las cuales 20 mujeres y 3 niños, murieron por falta de auxilio.

Este caso, símbolo de la indiferencia de Europa hacia los refugiados, fue llevado hoy la justicia penal francesa por algunos de los sobrevivientes. Precisamente, una queja contra X fue depositada hoy ante el Tribunal Superior de París, en su sección especializada en asuntos militares, por no asistencia a personas en peligro. Le corresponderá a la justicia francesa determinar la responsabilidad del Ejército francés, el cual, presente en Libia para
proteger a la población, omitió auxiliar a estos exiliados. Habiendo necesariamente recibido las señales de alarma, existen muchas razones para creer que las fuerzas armadas francesas no cumplieron con sus obligaciones internacionales y nacionales de proteger el derecho a la vida.

El desprecio y la indiferencia hacia las personas que intentan llegar a Europa para salvar sus vidas son intolerables. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo afirmó con fuerza en una decisión del 23 de febrero de 2012. Nuestras organizaciones, que apoyan a los sobrevivientes de esta tragedia, esperan que la justicia penal francesa sancione la violación de la obligación de asistir a las personas en peligro y consideran que nada puede justificar, teniendo conocimiento de la situación, que se deje morir a un ser humano en peligro.

La coalición agrupa a las siguientes organizaciones: Agenzia Habeshia, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), Boat4People, Coordination et initiatives pour réfugiés et immigrés (Ciré), Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des droits de l’Homme (LDH), Migreurop, Progress Lawyers Network, Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH).


Testimonio de Dana Heile Gebre, uno de los 9 sobrevivientes de esta tragedia (en inglés) aquí

Leer la denuncia (en francés) aquí

Leer el informe de expertos independientes sobre este caso (en francés) aquí

 

 

volver al sumario 

 

Interior considerará la resistencia pasiva un atentado a la autoridad 

Público 11/04/2012

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anuncia que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" convocar concentraciones violentas por Internet.

El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que los recortes sociales y la reforma laboral van a seguir provocando que las calles se consoliden como un foco de protesta. Lo han visto ya en las movilizaciones de los indignados del 15-M, los estudiantes de la 'Primavera Valenciana' y la huelga general del 29 de marzo. Ante esta escalada de la tensión social, el Ejecutivo ha decido reformar "en profundidad" el Código Penal la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado hoy en el sesión de control del Congreso este endurecimiento alegando que es necesario luchar contra lo que denomina una "espiral de violencia" practicada por lo que ha definido de "colectivos antisistema" que practican "técnicas de guerrilla urbana", según recoge Europa Press. Pero la legislación va más allá de los violentos y plantea una nueva batería de restricciones de derechos.

Todas las medidas que se han anunciado en los últimos días junto con las que ha adelantado hoy el ministro de Interior, van dirigidas a mantener un mayor control del orden público. Entre ellas el endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con la legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de kale borroka en el País Vasco, directamente relacionado con los enfrentamientos que se vivieron en Barcelona durante la jornada de huelga del 29-M. Se trata de que "la gente tenga más miedo al sistema", como dijo la semana pasada el conceller de Interior de Catalunya, Felip Puig.

Sin embargo, los violentos no son el único objetivo de las reformas que proponen los conservadores. Otra de sus propuestas es incluir como delito de "atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande". En clara referencia a las movilizaciones estudiantiles de Valencia y el movimiento 15-M, con esta legislación podrían ser condenados por atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones de los indignados, que suelen llevarse a cabo sin previa notificación a la Delegación de Gobierno.

La participación en estas protestas no será el único acto castigado. La reforma propuesta prevé que sea considerado "delito de integración en organización criminal" difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren gravemente el orden público", que podrían ser todas aquéllas que no hayan sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al aviso de la Policía. Exactamente lo que pasó el 15 de mayo y los días posteriores en la Puerta del Sol de Madrid.

España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa Occidental y de los índices de criminalidad más bajos  Además, se va a introducir entre "las modalidades de acometimiento" (ataque violento dirigido contra un policía) las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.

Otra medida, que recoge Europa Press, es que se considerará como agravante cuando las conductas violentas se produzcan en manifestaciones o concentraciones y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En este sentido, se ampliará la cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan en establecimientos, sino también a los que se deriven por la interrupción de cualquier servicio público.

Pese a que el titular de Interior ha dicho que "no se trata sólo de responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana que cada vez proliferan más en nuestras calles, pero tampoco instalarnos en el buenismo jurídico", España ya cuenta con Código Penal duro si se compara con el resto de Europa.

De hecho, en la actulidad España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa Occidental. Por contra, los índices de criminalidad están, por el momento, entre los más bajos.

 

 

volver al sumario 

 

 

Actividades de la APDHA

 

 
cartel

Delegación de Cádiz

Fecha y hora: Jueves 19 de abril de 2012, 19 horas
Lugar: Sala Bolívar, Edificio Constitución 1812 (Aulario la Bomba), Paseo Carlos III nº 3, Cádiz.

Nuevo acto dentro del ciclo "Con la lucha de los pueblos árabes por los derechos y la dignidad" que organiza la delegación de Cádiz de la APDHA.

Ignacio Álvarez-Osorio, profesor titular de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante y co-editor en 2011 del libro "Informe sobre las Revueltas Árabes", hará un análisis sobre la situación actual y las perspectivas de las revueltas árabes transcurrido un año aproximado de su comienzo.

El acto se realiza conjuntamente con la Universidad de Cádiz que lo ha incluido en su Ciclo "Miradas con Lupa"

En Facebook

   
   
 
cartel

Delegación de Córdoba 

Campaña Transporte a Prisiones. El miércoles 4 de abril de 2012 se ha presentado en el Registro del Ayuntamiento de Córdoba un escrito dirigido a Aucorsa y a las concejalas de Seguridad, Movilidad y Transporte, y de Mayores e Inclusión, en el que se solicita mejoras en las comunicaciones al Centro Penitenciario.  

En la actualidad, los familiares que se desplazan a prisión llegan a acumular hasta siete horas y media desde que salen de Córdoba hasta que vuelven, para ver menos de una hora a su familiares en prisión. Por ello, se solicita la mejora de horarios del servicio municipal de transporte, así como modificar el inicio y fin de la línea a la estación AVE y de autobuses, a fin de facilitar a los usuarios que vienen de la provincia o de otras provincias el acceso a la citada línea. 

> Más información sobre la campaña aquí

   
   
 Delegación de Jerez

Los Niños del Mundo Pobre

Fecha: 28 de abril de 2012
Lugar: Plaza de Artesanía de Guadalcacín


Estaremos durante todo el día en la Plaza de Artesanía de Guadalcacín, con motivo de la Feria del Libro, que organiza el Ayuntamiento juntamente con el Grupo de Cultura Popular. El tema central será "Los niños del mundo pobre" junto con ASPO y  Aminahui. Habrá mesas informativas, exposiciones fotográficas y diversas actividades.

   

 

volver al sumario

 

Propuestas

 

Presentación del libro "No hay derechos. La ilegalidad del poder en tiempos de crisis". Grupo 17 de Marzo.

Fecha: 13 Abril 2012, 18h
Lugar: Colegio de Abogados de Sevilla

Más info aquí

   
Curso Verano 2012 Universidad de León (España): Derechos humanos, migraciones y papel de las administraciones públicas en el contexto de la crisis 

Más info aquí

   
Menara: Taller transfronterizo “integración, ciudadanía y participación política de la población inmigrante”. Fundación Tres Culturas

Fecha: 18 y 19 de abril de 2012.
Lugar: Facultad de Ciencias del Trabajo. Aula 15. Universidad de Cádiz.

Más información, programa e inscripciones aquí

   
Diez años de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla 

Fecha: Domingo 15 de Abril a las 12:00h
Lugar: sede de la Asociación de vecinos de San Diego, Sevilla 

Más info aquí

   

 

volver al sumario

 

AVISO LEGAL
Le informamos de que la información contenida en este mensaje podría ser de uso interno o de naturaleza confidencial, por lo que, si usted no es su destinatario legítimo, no tiene autorización para copiarlo, almacenarlo o distribuirlo. Asimismo, cualquier información contenida en este e-mail no debe considerarse como emitida ni aprobada por la entidad titular del dominio desde el que le ha sido remitido. Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002,de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, este correo electrónico se envía en nombre de ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA, con CIF G41502535. Si usted no quiere volver a recibir futuras comunicaciones nuestras, simplemente reenvíe este correo electrónico a la dirección de e-mail: infoapdha@..., escdibiendo en el asunto del mismo la palabra "Baja" y su dirección de correo será excluida de nuestra base de datos. No obstante todo lo anterior, dado que no es voluntad de nuestra entidad realizar envíos deliberados de comunicaciones electrónicas no solicitadas, si ésta tuviera tal carácter, le agradeceríamos que así nos lo comunicara,utilizando para ello la siguiente dirección: infoapdha@..., a fin de excluir su dirección electrónica de nuestras bases de datos, de forma inmediata.
 
 
La APDHA no se responsabiliza necesariamente de las opiniones vertidas por los autores de los artí­culos publicados





[Adjunto no mostrado: icono-facebookpq.png (image/png) ]
[Adjunto no mostrado: icono-twitterpq.png (image/png) ]