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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2012-04-26
Fecha:Jueves, 26 de Abril, 2012  13:20:41 (+0200)
Autor:InfoAPDHA <infoapdha @.....org>


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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 26 de abril de 2012, 10.914 suscriptores
 

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La APDHA presenta propuestas políticas para el nuevo gobierno andaluz

Comunicado. 17/04/2012 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA se ha reunido con Izquierda Unida para presentar una serie de propuestas políticas para el nuevo gobierno andaluz. Las demandas que la APDHA considera como prioritarias, entre otras, son la Ley de inclusión y renta básica; garantizar el derecho al uso de una vivienda digna; la erradicación del chabolismo; la creación de centros tutelados especializados para la excarcelación de personas que padezcan enfermedad mental; la atención sanitaria a personas presas en igualdad de condiciones a la de las personas en libertad; la activación de la tutela administrativa automática y programa social de transición para los menores extranjeros no acompañados (MENA) una vez cumplida la mayoría de edad, así como el acceso al "salario social" por parte de los residentes extranjeros extracomunitarios.

Maribel Mora, Coordinadora General de la APDHA, y Pablo María Fernández, Vicecoordinador, han mantenido una reunión en el Parlamento de Andalucía con el coordinador de la comisión de diálogo con entidades sociales de Izquierda Unida, José Manuel Mariscal, en la que ha presentado un informe con un listado de propuestas políticas para luchar contra las desigualdades y lograr la consecución de derechos para la población andaluza más desfavorecida. Esta reunión se enmarca dentro de la comisión creada por IU para conocer las demandas de los colectivos sociales andaluces, con vistas a la formación del nuevo gobierno tras las elecciones autonómicas.

El informe de la APDHA pretende incidir en el rumbo de las políticas públicas de competencia autonómica para mejorar y reivindicar los derechos de los colectivos más excluidos de la sociedad, siendo este objetivo uno de los pilares fundamentales de la entidad.

En cuanto a las personas presas y derechos civiles, las propuestas se centran en el derecho de los presos a la atención médica especializada, para lo que se pide la ejecución de la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios, el cumplimento por parte del SAS de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la  autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica con las personas presas, y la normativa andaluza sobre la garantía de respuesta de asistencia en tiempo máximo. Se propone como una de las prioridades la creación de centros adecuados para acoger a los enfermos mentales que están en prisión y el establecimiento de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y los malos tratos en Andalucía. También se reivindica transporte público a las prisiones para que las personas con pocos recursos puedan visitar a sus familiares.

Con respecto a la inmigración, las peticiones se centran en frenar los recortes en integración y el desvío del uso de fondos finalistas, y en la adscripción de las competencias de Inmigración a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en vez de a Empleo. Asimismo se pide gestionar mejor la relación entre crisis - campo andaluz - inmigración y un plan de integración específico para la comunidad rumano-gitana residente en Andalucía. También se reclama el "salario social" para los residentes extranjeros no comunitarios y priorizar la condición de menor sobre la de inmigrante de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Por otra parte, se solicita anular la petición de permiso de residencia para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, lo que restringe el derecho a vivir en familia.

Otra línea de propuestas se basan en el fomento del Consumo Responsable en la Comunidad andaluza: adopción de criterios de compra pública ética por parte de la administración, promoción del comercio justo y de la agricultura ecológica, un plan de desarrollo rural medioambientalmente sostenible, el rechazo al proyecto de Ley de Aguas en Andalucía, un plan de reducción de residuos y fomento del reciclaje, un plan de movilidad sostenible y el impulso de las entidades de economía social.

En relación con la Exclusión Social, se proponen medidas para la erradicación del chabolismo, como crear espacios dignos para alojar a familias afectadas hasta alcanzar una solución definitiva, facilitar el acceso a la vivienda y aprobar una ley de inclusión social —otra de las prioridades urgentes que se plantean— y la renta básica para toda la población residente en Andalucía. Se reivindica el derecho al uso de una vivienda digna para toda la ciudadanía, la promoción de la vivienda pública, la rehabilitación de barriadas deterioradas, una mejor gestión del hábitat y el cese de desalojos por motivos económicos. También se pide una alternativa a la ley actual que afecta a los vendedores ambulantes de chatarra, la cual acentúa aún más la exclusión de estas personas.  

Otras proposiciones serían la creación de una comisión de Derechos Humanos en el Parlamento andaluz, con participación de la sociedad civil y de ONG, y el mantenimiento de la cooperación andaluza sin recortes.

> Documento completo con el desarrollo de las propuestas

 

 

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Que no te confundan. Campaña contra el Racismo de la delegación de Cádiz

cartel

 La delegación de Cádiz de la APDHA está desarrollando una amplia campaña contra el racismo durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2012. Alcanza a medios de comunicación de la Bahía y la Janda, a administraciones públicas y entidades sociales. La campaña toma como eje el desmontaje de una serie de mensajes carentes de fundamento en torno a la presencia, ocupación o uso por parte de las personas de origen extranjero de los recursos públicos. Se trata de “rumores” muchas veces malintencionados, cuyo único objetivo es dar pábulo a las propias ideas xenófobas y que se retroalimenta en el desconocimiento y en la inseguridad ante el futuro de buena parte de la población.

 

> Descargar presentación con datos de la campaña

> Documento informativo: presentación, objetivo, alcance y ámbito, actividades de la campaña

> Ver spots de la campaña en youtube 

 

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Se deben garantizar los derechos de los ciudadanos, el Parlamento Europeo debería rechazar el nuevo acuerdo entre la UE y EEUU sobre el PNR

Comunicado de la AEDH (Asociación Europea de Derechos Humanos), a la que pertenece la APDHA.

Bruselas, 18/04/2012
 

La AEDH pide a los miembros del Parlamento Europeo que desaprueben el nuevo acuerdo entre la UE y EEUU, relacionado con la transmisión de datos de pasajeros que viajan a o desde Estados Unidos (PNR) a las autoridades estadounidenses. Esto no ofrece garantías suficientes para la protección y la privacidad de los datos.

El 26 de marzo de 2012 la Comisión de las Libertades Civiles rechazó el informe de la Sra. Sophia In’t Veld sobre el acuerdo entre la UE y EEUU acerca del uso y la transmisión del PNR. Este informe destacaba incertidumbres jurídicas y obvias inquietudes propuestas en este acuerdo. Este voto en la Comisión LIBE parece contradecirse con las resoluciones parlamentarias anteriores y especialmente con las tomadas los días 5 de mayo y 11 de noviembre de 2010 que condicionaron dicha aprobación.

El acuerdo no se ajusta al criterio de protección tal y como se define en la legislación europea y en el Convenio 108 del Consejo de Europa. Se apoya en la confianza depositada en las autoridades estadounidenses, y concretamente en el DHS, en una apreciación subjetiva acerca de la eficiencia de su propio sistema de protección de datos personales. No se encuentra en leyes compartidas o en un sistema de recursos judiciales efectivos.

En principio, la AEDH desea exponer que dicho tratamiento de los datos de pasajeros es inaceptable, y es incompatible con los principios de proporcionalidad y finalidad, ya que los datos personales y comerciales acerca de innumerables individuos se procesan por cuestiones de seguridad. El abuso en esta escala no puede obedecer al principio de absoluta necesidad. Es desproporcionado, ya sea en el contexto de la lucha contra el terrorismo, o más aún en el de la lucha contra las infracciones transfronterizas, punibles con una sentencia mínima de ¡tres años de cárcel!

En el acuerdo, la AEDH no puede estar contenta con la referencia que se hace al sistema estadounidense como el sistema de garantías adecuado, en el que “el DHS ha demostrado su independencia”, y donde “se estima que asegura el nivel adecuado de protección de datos”. Si este sistema incorpora tantas propiedades de protección, ¿entonces por qué se necesita tal acuerdo? El hecho de que el DHS “no hace públicos los datos del PNR excepto […] cuando esté obligado a hacerlo de acuerdo a la legislación de los EEUU” prueba que esto no ha pasado. De forma subyacente en el acuerdo, por tanto, está la idea de que las derogaciones se pueden hacer con los principios elaborados dentro del acuerdo, simplemente con la aplicación de la legislación de EEUU. Nada parece por tanto adecuado a los niveles de protección y privacidad de datos personales, en referencia a la legislación europea.

La AEDH está igualmente preocupada por la filtración de datos que no se realiza de forma segura en origen, con una definición muy amplia de terrorismo y un bajo nivel de los delitos en cuestión, con la vulneración del sistema de protección de los datos personales más delicados con una simple referencia a la legislación de EEUU, con la ocultación de datos en lugar de su destrucción tras el periodo inactivo, y con un sistema de reclamaciones solo posible dentro de los Estados Unidos, haciéndolo prácticamente imposible para los residentes de la Unión Europea. Los datos identificativos se conservarán durante 15 años; los datos hechos anónimos se conservarán durante un tiempo indeterminado, sin posibilidad de presentar una reclamación fuera de los Estados Unidos de América.

La AEDH quiere destacar lo absurdo que es este sistema, en el que los datos del PNR se recogen para evitar que los individuos considerados peligrosos entren en los Estados Unidos, y en el que los datos de todos los pasajeros se conservan durante un largo periodo de tiempo desde la llegada del vuelo, a pesar de que no supongan ningún peligro para los Estados Unidos.

La AEDH comparte y refrenda las preocupaciones planteadas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) en una opinión emitida el 13 de diciembre de 2011, y espera que como autoridad independiente, se escuche al SEPD.

El Parlamento Europeo ha cuestionado los sucesivos acuerdos sobre el PNR desde 2004, y el acuerdo de 2007, firmado sin el consentimiento del Parlamento, sigue siendo provisional. Los miembros del Parlamento Europeo no deberían distraerse con los pequeños avances. Estos acuerdos no ofrecen más garantías de protección de datos ahora de las que ya ofrecían en el pasado.

La AEDH por lo tanto pide a los miembros del Parlamento Europeo que nieguen la aprobación de este acuerdo en la sesión plenaria del 19 de abril de 2012; que las organizaciones de la sociedad civil como ciudadanos y residentes de Europa se opongan a ello, ya que el acuerdo no asegura la protección y la privacidad de los datos personales de quienes tienen derecho a ello.

Traducción: Edurne Sanz

 

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La mitad de internamientos de inmigrantes "no tienen fundamento legal". Informe de la Abogacía.

Europa Press, 17/04/2012


   El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha denunciado que la mitad de las privaciones de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no tiene "un fundamento legal", ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas.

   Así se desprende de un informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre el régimen vigente y las propuestas para un futuro marco normativo de los CIE presentado este martes por el presidente de la institución, Carlos Carnicer, y la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. El texto apunta que de 16.590 personas internadas en 2009, "sólo" 8.935 fueron expulsadas.

   "Si tenemos en cuenta que sólo la mitad o un poco más de los internamientos, un 53 por ciento, se materializan al final en expulsiones, veremos que casi la mitad de las personas están siendo privadas de libertad sin causa, y eso es muy grave en un Estado de Derecho que reconoce la libertad como primer derecho fundamental", ha explicado Carnicer.

   La Defensora del Pueblo ha señalado que estas cifras "demuestran que no tiene sentido seguir con las identificaciones policiales de extranjeros en la vía pública" para la expulsión de personas en situación irregular, ya que "el porcentaje de expulsiones es bajo". Además, considera que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deberían "revisar" los criterios de que se sirven para imponer la sanción de expulsión visto su resultado. 

   Para el presidente del CGAE, aunque "han cambiado muchas cosas" en la última década y "pese a la crisis, el Estado de Bienestar se ha mantenido", en lo que "menos se ha avanzado" es en los Centros de Internamiento, donde "seres humanos de una forma absolutamente vital se adentran en una responsabilidad administrativa" que, en su opinión, "los poderes públicos sólo saben corregir con privación de libertad".

   En este sentido, el informe denuncia que la "arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional" en estas instalaciones policiales "vulneran los derechos de las personas internadas" y reclama que se clarifique la finalidad y naturaleza de los CIE así como que se elabore un registro "riguroso y fiable" de quienes son privados de libertad en ellos.

   El trabajo del CGAE apunta que la regulación actual de los CIE "no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros sometidos a un proceso de expulsión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada" y critica, por "inadmisible", que por falta de un estatuto jurídico de los extranjeros pendientes de expulsión, su situación sea "más restrictiva" que la de quienes están en la cárcel tras delinquir.

   El informe denuncia que España no ha adaptado adecuadamente la normativa europea en materia de internamiento, que impone que esta medida se adopte "excepcionalmente" y sea revisada periódicamente por un juez, de modo que en cuanto el magistrado tenga constancia de que la expulsión ya no ha lugar o no puede ejecutarse, se ponga inmediatamente en libertad a la persona retenida.

CONTROL SOBRE EL INTERNAMIENTO

   En concreto, una correcta aplicación de las directivas europeas haría que en España el juez ordenase el ingreso del inmigrante en el CIE por un máximo de diez días, al cabo de los cuales tendría que revisar su situación y decidir si prorrogar o no la estancia por otro plazo breve, y así sucesivamente hasta que el juez constate que ya no hay razones para el internamiento o se complete el tiempo máximo de retención.

   Cava de Llano ha puesto el acento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual el internamiento es la excepción y la norma debe ser la multa por sanción administrativa, y ha denunciado la "ausencia de criterios uniformes para solicitar el ingreso en el CIE", lo que produce que en su interior convivan delincuentes con personas que sólo tienen la falta de no contar con permiso de residencia.

   "En demasiadas ocasiones no se tiene en cuenta que existe una verdadera privación de libertad", ha añadido Carnicer, quien ha apuntado que si bien el Tribunal Constitucional ha reconocido que "en determinadas circunstancias y con una ley que lo desarrolle el procedimiento administrativo también puede afectar a la libertad", en España los plazos a su juicio, "son excesivos".

   Sobre este asunto, la Defensora ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual el internamiento es la excepción y la multa debe ser la norma, y ha recordado que conforme el Tribunal Constitucional, esta privación de libertad sólo es acorde con la Carta Magna si tiene "carácter excepcional" y está "sometida a control judicial".

   En esta línea, la Abogacía solicita una vuelta al máximo de 40 días de internamiento que fue ampliado a 60 durante la última legislatura del gobierno socialista, así como reclama que las actuaciones administrativas estén sometidas a un "exhaustivo control judicial que tutele los derechos de los internados" y se regulen los procedimientos para que puedan ejercer los mismos.

 

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Sanidad y co-pago y pago y pago...

Fernando Lamata. Psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad.

El Gobierno del Sr. Rajoy ha presentado a las CCAA un Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud que supone un verdadero torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública española. La clave de este Plan es hacer pagar a los pensionistas parte del coste de los medicamentos que les receten. Que paguen los enfermos y los más mayores quiebra el concepto del sistema. Un sistema sanitario basado en la solidaridad, con una financiación a través de impuestos, que pagamos todos (también los pensionistas) en función de nuestra renta o nuestra riqueza, para poder recibir servicios en función de nuestra necesidad.

En la misma línea, el Plan también incluye una separación de prestaciones “básicas”, de otras “suplementarias” y “accesorias” (¿por las que habrá que pagar?). Esta contra-reforma responde a un argumento de fondo que se ha expresado desde el PP al explicar por qué tienen que pagar los pensionistas: “si tienen que pagar su comida y su ropa, parece razonable que contribuyan a pagar las medicinas que son un elemento esencial de la salud”. Es decir, la sanidad se considera un asunto “privado”, como cualquier otro bien o servicio de consumo privado. Esta es la diferencia de concepto con el modelo actual del Sistema Nacional de Salud que se quiere cambiar. En España, desde la Ley General de Sanidad de 1986, que promovió el Ministro Ernest Lluch, la atención sanitaria se considera un derecho.

Todas las personas tenemos derecho a la sanidad en función de nuestra necesidad de atención, y no en función de la capacidad de pago cuando nos ponemos enfermos. Conviene no olvidar que en el pacto constitucional decidimos aceptar desigualdades, diferencias de propiedades, de rentas y de salarios, diferencias “en la comida y la ropa”, pero a cambio se reconocían derechos sociales importantes, como la sanidad, iguales para todos. Si se obliga a que cada persona se pague la sanidad como se paga la comida o la ropa, rompemos la baraja. Habría que repensar todo nuestro modelo económico de distribución de la rentas, habría que cuestionar los beneficios empresariales, etc.

En este nuevo modelo están implícitos el rechazo al aumento de la financiación sanitaria a través del sistema fiscal, y el aumento de la financiación privada con un repago de la atención sanitaria por los enfermos. Se “da hueco” a más sanidad privada, que se pagará el que pueda. Desarrollando este modelo, los que no puedan pagar acudirán a un servicio con menos dotación, menos medicinas, y menos calidad, la antigua “beneficencia”. Este un primer paso, pequeño cuantitativamente, pero que abriría el camino a futuros re-pagos. Los intereses financieros privados que han convertido la economía en un casino, alientan este planteamiento y quieren romper la barrera de la solidaridad. Por eso es tan importante para esos intereses introducir el repago de las medicinas para los pensionistas. Porque supone cambiar las reglas de juego. Parafraseando a José Mota: “dame hueco que yo ya sabré ya como yo ya estoy ahí..; dame hueco, que si hay hueco, habrá de lo demás… ; tú solo dame hueco”. Esta contra-reforma sanitaria “da hueco” a los financieros privados para iniciar un proceso, el de convertir la sanidad en otro lucrativo negocio.

Como es habitual, la propuesta se presenta con la “neo-lengua” oficial: “la reforma es para garantizar la sanidad pública, universal y gratuita.” Justo lo contrario de lo que conseguiría si se aplicara, y más en línea con lo que afirmaba el portavoz de sanidad del PP en el Senado, cuando dijo que había que decir la verdad: “universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad son una utopía”.

Según lo publicado en la Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a la espera de la concreción de las medidas, podemos calcular que el repago de las medicinas por los pensionistas y el aumento a los activos, según los tramos y los topes, supondrá unos ingresos de poco más de 1.200 millones de euros. Descontando el gasto de aplicación, nueva tarjeta sanitaria, red informática, sistema de gestión, etc., se gastará casi igual que lo recaudado.

¿Entonces por qué se hace? Responde el Gobierno que esta medida no es para recaudar, sino para desincentivar el consumo. Y aquí aparece precisamente la razón que hace tan negativa esta decisión.
Si una persona enferma deja de consumir el medicamento que le ha recetado su médico por la barrera del precio, estaremos discriminando a las personas con menos rentas, con menos pensión, más mayores y más enfermas. Por eso precisamente luchamos por el derecho a la sanidad universal. Para que el acceso a este servicio sea en función de la necesidad y no de la riqueza o la edad de la persona. No aceptamos una sanidad para ricos y jóvenes, y otra para pobres y viejos.

El sistema sanitario español sigue siendo (hasta ahora) uno de los más eficientes. El consumo de los servicios más caros (los de Hospitalización) es menor que en otros países; la frecuencia de uso en Atención Primaria, descontando las consultas “administrativas”, es similar. Nuestra Atención Primaria es muy completa, con programas de salud y seguimiento de los pacientes, que no tienen otros países. La Esperanza de Vida al Nacer es la más alta de la UE-27 (Eurostat 2012). Se puede y se debe mejorar en las indicaciones de medicamentos y de pruebas y otros tratamientos (sobretodo en hospitales). Se puede y se debe mejorar en la educación sanitaria para un uso responsable. Se puede mejorar la gestión de compras. Se puede y se debe mejorar la coordinación socio-sanitaria. Pero el repago sanitario no tiene que ver con esas mejoras, es un cambio de modelo. Se quiere aprovechar la crisis y el miedo, para desmontar el concepto del derecho a la atención sanitaria pública.

Es verdad lo que han denunciado ya los pensionistas: esta reforma supone una rebaja de las pensiones, y un impuesto directo a los enfermos. Pero sobretodo es quitarnos el derecho a que cualquier persona, cuando se ponga enferma, tenga acceso al mismo servicio y a la misma atención, por el hecho de ser español. La reforma de Lluch, la universalización del derecho a la atención, es la que está en juego. En aquél momento los intereses financieros ya pedían “hueco”. Entonces no lo lograron. Entre todos tenemos que conseguir parar esta contra-reforma, esta injusta rebaja de las rentas de los trabajadores y de los mayores. Tenemos que cerrar este boquete que se pretende abrir para la privatización de la sanidad. ¡No demos hueco!

 

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Que no te hipotequen la vida: La Iniciativa Legislativa Popular

http://www.quenotehipotequenlavida.org/

¿Qué buscamos?

Que, ante una ejecución hipotecaria, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y volver a empezar de nuevo. Por tanto, la solución que se propone en la presente Iniciativa Legislativa Popular es hacer de la dación en pago retroactiva la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

¿Cómo lo haremos?

Hemos impulsado un Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria. Para ello, necesitamos recoger más de 500.000 firmas antes del 31 de octubre de 2012 en todo el territorio estatal.

¿Qué propone exactamente la ILP?

1.  Dación en pago con efectos retroactivos
Se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.

2.  Paralización de los desahucios
Siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad.

3.  Alquiler Social
El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

¿Dónde se firma?

Las firmas se recogerán en los pliegos de firmas que habrán sido sellados por la Junta Electoral Central. Cada pliego de firmas debe estar autentificado por un Fedatario.
Cada pliego en castellano contiene 30 firmas. Los pliegos en castellano-catalán, castellano-euskera, y castellano-gallego tienen lugar para 20 firmas.
Cualquier ciudadano podrá firmar en los puntos de recogida de firmas que publicaremos en la sección “dónde firmar”.

¿Cuándo se puede empezar a firmar?

Se podrá comenzar a firmar en apoyo a la ILP el lunes 23 de abril de 2012.
Se hará una rueda de prensa en Barcelona (miércoles 18 de abril) y otra en Madrid (jueves 19 de abril) para anunciar el inicio de recogida de firmas.
Se recogerán firmas hasta el 31 de octubre de 2012.

 

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Legitimidad republicana

José Ignacio Lacasta-Zabalza. Diario de Noticias de Navarra, 14/04/2012

El pasado mes de diciembre se cumplieron ochenta años de la promulgación de la Constitución republicana de 1931. Una buena ocasión para promover una cultura constitucional democrática, liberal en el mejor de los sentidos: la del moderno ejemplo de una ley que reconoció por primera vez que mujeres y hombres podíamos ejercer el derecho a elegir y ser elegidos.

Aunque nada más fuera por eso (que no es un rasgo menor sino importantísimo), ya se debería elogiar al sistema constitucional que lo logró. Por más que hubiera cerriles diputados de izquierda opuestos a la medida igualitaria con la excusa atávica de alegar que las mujeres españolas estaban sometidas a los confesionarios y los curas. Pretexto, el de las féminas subordinadas a los designios eclesiales, que se vino abajo con el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936.

En cambio, los poderes públicos actuales se han lanzado a celebrar por todo lo alto la efemérides de la Constitución de 1812, la famosa Pepa. Con el nada disimulado intento de fomentar un nacionalismo español de artificioso marchamo liberal. Liberalismo de corta duración en el tiempo, pues a continuación fue sajado de raíz por el absolutismo de Fernando VII (aquel monarca “narizotas, cara de pastel” de las burlas populares decimonónicas). Y liberalismo de escaso aliento, pues el artículo 12 del tan festejado texto de Cádiz establecía la obligatoriedad de la religión católica, apostólica, romana, única y verdadera, con prohibición en el suelo patrio de todas las demás religiones. Lo que significaba y significa una consagración expresa de la intolerancia y el fanatismo. ¡Menudo espíritu liberal! Algo que ya denunciara en su día José María Blanco White. Un liberal de muchos quilates de los días de Cádiz, silenciado hoy por toda la propaganda a favor de la Pepa, para uso borbónico y de los políticos del PP, no vaya a ser que se note demasiado que ya en 1812 los reaccionarios del lugar intentaban tapar la boca a los liberales como Blanco White.

Por el contrario, la Constitución de 1931 está muy cerca y no tiene muchas simpatías. Su invocación recuerda que no se tuvo el coraje cívico preciso para que figurase en el Preámbulo de la de 1978 como inmediato antecedente democrático (el único que se podía esgrimir). Mentarla supone, pues, cuestionar la supuesta santidad de la tan ensalzada Transición. Porque, ¿cómo es que los diputados constituyentes no se atrevieron entonces a rechazar el franquismo y rehabilitar institucionalmente la República derrocada por las armas?
Porque el hecho es que el texto de 1931 separaba con toda claridad la Iglesia, las iglesias, del Estado. De acuerdo con que le sobraba su ramalazo anticlerical, la disolución de la Compañía de Jesús (una Constitución no está para esos menesteres) o ciertas abusivas prohibiciones. Pero sus defectos no invalidan en absoluto sus muchas más virtudes: Tribunal Constitucional (de Garantías se llamaba), Estatutos de Autonomía, derechos y libertades, son los precedentes directos, a veces mal cumplidos o incumplidos (como la escuela laica y gratuita) de la Constitución de 1978.

Hay intelectuales de izquierda que han interiorizado la estrategia machacona de ver todo como un enfrentamiento entre “los unos y los otros” y jamás hablan de las cualidades de la Constitución de 1931. Sencillamente, les da miedo. Una perspectiva parecida mantiene el Tribunal Supremo que, en su sentencia absolutoria de Garzón por el asunto de los crímenes del franquismo, no dice ni una sola vez que la Constitución de 1931 era la legítima y fuente de toda legalidad democrática. Todo son equidistancias, a medio camino entre los dichosos “unos y otros”, con la subsiguiente ocultación del atentado
del 18 de julio de 1936 contra la única Constitución legítima entonces existente. Con lo cual se da pábulo a las insistentes mentiras de la ultraderecha en los medios de comunicación; se favorece su andadura, cuando repiten que fue la propia República la que “desembocó” en la guerra civil.

La República no era ningún río desbocado sino un Estado democrático y fue un golpe militar lo que generó la contienda civil. Nada curiosamente, en vísperas del 18 de julio, fue el faccioso teniente coronel Valentín Galarza, coordinador principal de los golpistas, quien primero utilizó el verbo “desembocar” y la posibilidad posterior de la guerra civil (Ángel Viñas, La conspiración del General Franco, Crítica, Barcelona, 2011, p. 194) Cada régimen tiene su propia legitimidad, Franco decía en las monedas que era Caudillo de España por la gracia de Dios. Así que por la gracia de Dios se legitiman unos. Y por los votos de la ciudadanía se legitiman los regímenes democráticos como la Segunda República española, que se instauró sin disparar un solo tiro y fue derrocada mediante una acción bélica cruenta con todo lo que vino después. La República no se disparó a sí misma, no se fusiló, sino que fue llevada al paredón por unos militares que le habían jurado fidelidad (juramento entonces obligatorio para permanecer en el Ejército). Esta perspectiva fundamental, el origen democrático del poder republicano, es la que se pierde cuando se renuncia a defender la Constitución de 1931 y su contenido.

Los claroscuros de la República, sus insuficiencias, sus errores, pueden estudiarse histórica, científicamente, y para eso hay más que abundante documentación. Eso es una cosa y otra que se acepten dos cuestiones que vician todo el sistema político donde vivimos: a) el silencio de la legitimidad de la Constitución de 1931 y b) la resistencia a admitir el golpe militar del 18 de julio de 1936 como una acción dirigida contra esa Constitución y contra el sufragio universal (que no se volvió a convocar ¡hasta 1977!). Esto debería ser y no lo es un acuerdo de Estado de todas las fuerzas políticas, nacionalistas, izquierdas, derechas y centro. Ahí radica la diferencia con Francia, Portugal, Italia y no digamos Alemania, cuyo pasado es patrimonio común de toda la ciudadanía. Ahí figura un serio déficit de la democracia española, como lo ha puesto de manifiesto el excelente trabajo de Ramón Cotarelo Memoria del franquismo (Foca, Madrid, 2011).

Y a quienes digan en nuestras tierras, por nacionalistas irredentos, que la Constitución de 1931 es, al fin y al cabo, española, que cavilen también en el ejemplo de Manuel Irujo, nacionalista vasco y navarro ministro de Justicia de la Segunda República. Que piensen, sencillamente, en las diferencias entre Federico García Lorca y Francisco Franco: los dos eran españoles.

_____________________
José Ignacio Lacasta-Zabalza es catedrático de Filosofía del Derecho

 

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Explotación, no. Cooperación internacional, sí. 

Federico Mayor Zaragoza, 20/04/2012. http://secretolivo.com

Menos mal que está, por fin, cambiando todo. Menos mal que, en poco tiempo, el vergonzoso espectáculo de la apropiación de los recursos naturales de la mayoría de los países por unos cuantos poderosos, que han provocado incluso invasiones bélicas y sistemas intolerables de dominio, habrán concluido.

Contemplen sosegadamente qué está haciendo Canadá, incluso desde el punto de vista medioambiental, en la extracción de recursos naturales en América Latina y África.

Vean serenamente en manos de quiénes se hallan los principales recursos —petróleo, gas, coltán…— en muchos países que, además, están en situación de increíbles precariedades.

Vean por qué se atacó Irak y luego Libia, y en manos de quiénes se hallan hoy sus cuantiosos recursos.
Vean por qué se tolera a algunos países clarísimas y permanentes ofensas a los Derechos Humanos. Vean las inmensas cantidades de armas que adquieren como contraprestación…

Sí: ver en cuántas pocas manos se hallan hoy los grandes medios naturales, financieros y mediáticos… y entonces comprenderán que se está iniciando una nueva era en la que en lugar de imponer y conservar privilegios, por muy legales que sean, tendremos que hablar, que aportar conocimientos y fondos para beneficio recíproco. Hablar para, en lugar de explotar, cooperar.

Los derechos de los inversionistas deben revisarse amigablemente para que no estén por encima de los derechos de los pueblos…

Ha llegado el momento de compartir y de refundar la cooperación internacional, que fue palabra clave en los años 50 y 60, en el marco de las Naciones Unidas.

Hace bien pocos años, el presidente Evo Morales ponía los puntos sobre las íes al enterarse de que solo una compañía de Estados Unidos había obtenido en un semestre más de 1.000 millones de dólares de beneficio por la extracción de petróleo… “cuando no tenemos frijoles”, dijo, “en los platos de todos los bolivianos”. Y proclamó con fuerza y convicción: “Socios, sí. Amo, el pueblo”. Y lo mismo repitió, por cierto, al poco tiempo, el presidente Obama en El Cairo: “Tenemos que comprender que el tiempo de la hegemonía ha terminado y que debemos de ahora en adelante avanzar de la mano”.

Pues eso: estamos llegando, por fortuna, con la participación ciudadana gracias a las modernas tecnologías de la comunicación, a una nueva era: la era de la cooperación, del entendimiento, de la mediación, de la alianza. La era del desarme bélico y del rearme humano. Terminarán los plutócratas con la explotación y empezarán los demócratas, apiñados, una nueva era de solidaridad y cooperación internacional.

Todo está cambiando: lo que significa empleo, trabajo, seguridad, bienestar… Es el momento de los derechos humanos. Y de una Declaración Universal de la Democracia. 

 

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La causa real de la crisis financiera 

Vicenç Navarro, 19/04/2012. http://blogs.publico.es/dominiopublico/

La gran debilidad del argumento neoliberal, que asume que el mayor problema de la economía española es el déficit y la deuda pública del Estado español, es que los datos, fácilmente accesibles, muestran su insostenibilidad. Cuando la crisis empezó en España, el Estado español no tenía déficit. Antes al contrario, tenía un superávit, mayor, por cierto, que el que tenía el Estado alemán. En 2007, el superávit del Estado español era equivalente a 1,9% del PIB, más de seis veces superior al alemán, 0,3% del PIB. Y un tanto parecido ocurría con la deuda pública, que representaba en España un 27% del PIB, casi la mitad de la deuda pública alemana, 50% del PIB. En realidad, España era un “modelo” y punto de referencia del pensamiento neoliberal mostrado por los economistas neoliberales como ejemplo de “ortodoxia” económica.

Tener un superávit muy superior y una deuda pública muy inferior a la de Alemania no nos sirvió de nada. No nos protegió de la crisis. ¿Cómo puede, entonces, decirse ahora que la mayor causa de la crisis es el elevado déficit y la deuda excesiva, cuando tener déficit cero y deuda pública baja no evitó que tuviéramos la crisis que tenemos, con más de un 23% de la fuerza laboral en paro? ¿Y por qué esta explicación de la crisis continúa dándose cuando la evidencia existente, mostrando su error, es tan abrumadora?

Y para responder a esta pregunta hay que fijarse en cuáles son las voces más estridentes en defensa de tal explicación de la crisis. Y entre tales voces aquellos que tienen un lugar prominente son el Banco Central Europeo y la banca alemana, y el Banco de España y la banca española, que son en realidad los que crearon precisamente la crisis. En realidad, la banca alemana jugó un papel clave en la génesis de la crisis y en su desarrollo. Según The Bank for International Settlements (BIS) (Junio 2010), la banca alemana prestó 109.000 millones de euros a la banca española, con los cuales ésta, en alianza con el sector inmobiliario, invirtió masivamente, no en la economía productiva del país, sino en la economía más especulativa posible, creando la burbuja inmobiliaria que, al explotar, provocó la enorme crisis y el enorme problema de la deuda privada de España, que alcanzó dimensiones astronómicas (227% del PIB). La banca alemana consiguió enormes beneficios, beneficios que, por cierto, no invirtió en Alemania para estimular la demanda doméstica alemana, incrementando los salarios y la protección social de Alemania (tal como Oskar Lafontaine, entonces Ministro de Economía y Hacienda del gobierno alemán, y uno de los economistas más clarividentes hoy en Europa, quería que se hiciera y que, al no hacerse, rompió con el canciller Schröder, el presidente socialdemócrata alemán responsable, junto con la canciller Merkel, de las políticas de austeridad a nivel alemán y europeo, políticas promovidas por la banca alemana). En lugar de estimular la demanda alemana (y europea), los grandes beneficios que Alemania consiguió de su actividad especulativa en España (y en otros países periféricos de la Eurozona, como Grecia y Portugal), los utilizó para acumular más y más euros, convirtiéndose en la mayor fuente de euros en Europa. El euro le ha ido pero que muy bien a la banca alemana.

Ahora bien, cuando la burbuja especulativa inmobiliaria explotó, a la banca alemana le entró el pánico, pues tenía gran parte de su capital prestado a la banca española y, en mucho menor grado, al Estado español (un 10% de su inversión bancaria). Y comenzó a promover la idea falsa de que el euro estaba en peligro. Lo que estaba en peligro, sin embargo, es que la banca alemana perdiera los fondos prestados a España y a otros países periféricos de la Eurozona. En realidad, el euro nunca estuvo en peligro. Su valor osciló, pero no bajó sustancialmente de valor comparado con el dólar.

Y de ahí derivan las políticas de austeridad, cuyo único objetivo es que se pague a los bancos alemanes (y franceses) la deuda tanto privada como pública que tienen. La mal llamada ayuda de la Unión Europea y del FMI a los países periféricos es ayuda para que paguen a los bancos alemanes y franceses primordialmente.

Pero estas políticas de austeridad con la bajada de salarios, disminución de la protección  social y recortes del gasto público están creando un problema gravísimo que se llama Gran Recesión, causada por el enorme descenso de la demanda doméstica y por la escasez de crédito, y que es la causa de la disminución de la actividad económica y con ello del descenso de los ingresos al Estado (y consiguiente aumento del déficit y de la deuda pública). Y ahí está el problema oculto y que algunos hemos estado denunciando desde el principio (ver el libro Hay alternativas, de Navarro V., Torres J. y Garzón A. en www.vnavarro.org). La evidencia científica que apoya este diagnóstico es abrumadora. Las políticas que está imponiendo la banca alemana y francesa (y española) y sus portavoces políticos, incluyendo Merkel-Sarkozy y Rajoy son un suicidio económico.

Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿por qué continúan promoviéndola? Una respuesta es que los dogmas económicos son tan irracionales como los dogmas religiosos. El pensamiento neoliberal es un dogma impermeable a los datos y hechos. Pero el que continúe reproduciéndose se debe a que sirve a unos intereses, los intereses de la banca, con la complicidad de los políticos afines (el Ministro de Economía del Estado español, el Presidente del BCE, así como gran numero de personas responsables de llevar a cabo y estimular las políticas de austeridad son banqueros o próximos a la banca), que asumen que los intereses particulares de la banca coinciden con los intereses generales del país, lo cual no es así, como bien documentan los estudios rigurosos que muestran que las causas de la crisis son el comportamiento negativo del BCE y del Banco de España, y de los bancos que en teoría supervisan, pero que en la práctica se benefician a costa del interés general.

En realidad, las soluciones son fáciles de ver. Y consisten en seguir políticas de estímulo económico, con un intervencionismo público que estimule la economía a base de crear empleo, junto con el establecimiento de bancas públicas y una regulación del sector bancario, forzándole a que recupere su función social, la oferta de crédito. Pero, el que no ocurra se debe a la enorme influencia de la banca y otros componentes del capital financiero en las instituciones políticas y mediáticas de España y de Europa. Así de claro. 

 

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Discriminación contra personas musulmanas por manifestar su fe

http://www.es.amnesty.org, 24/04/2012

Los musulmanes son considerados responsables de lo que sucede en Oriente Medio y el Norte de África. La gente me insultaba por la calle o hacía comentarios desagradables. Un hombre empezó a gritarme diciendo que me quitara la sábana que llevaba en la cabeza. Yo me he criado en Suiza y considero que éste es mi país. No comprendo por qué otros ciudadanos se creen con derecho a tratarme así.

P., de la zona de habla italiana de Suiza


Los gobiernos europeos deben tomar más medidas para combatir los prejuicios y estereotipos negativos contra los musulmanes, unos prejuicios y estereotipos que fomentan la discriminación, especialmente en la educación y el empleo. Así lo revela hoy un nuevo informe de Amnistía Internacional.
 
“A las mujeres musulmanas se les niegan empleos y a las niñas se les impide asistir a clases normales simplemente porque usan prendas de vestir tradicionales, como el pañuelo. Y los hombres pueden ser despedidos de su trabajo por llevar barbas asociadas al islam”, ha manifestado Marco Perolini, experto de Amnistía Internacional sobre discriminación.
 
“En lugar de combatir estos prejuicios, los partidos políticos y las autoridades públicas a menudo los toleran en su afán de captar votos”.

El informe Elección y prejuicio: Discriminación de personas musulmanas en Europa expone la manera en que la discriminación por motivos de religión o de creencias afecta a la población musulmana en varios ámbitos de la vida, incluidos el empleo y la educación.
 
El informe se centra en Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza, donde Amnistía Internacional ya ha planteado cuestiones como las restricciones al establecimiento de lugares de culto o la prohibición de usar el velo integral. El informe documenta numerosos casos individuales de discriminación en los países abarcados.
 
“El uso de símbolos y prendas religiosos o culturales forma parte del derecho a la libertad de expresión. También forma parte del derecho a la libertad de religión o de creencias, y esos son derechos que deben amparar a todas las religiones por igual”, ha manifestado Marco Perolini.

“Aunque todas las personas tienen derecho a expresar su entorno cultural, tradicional o religioso llevando un tipo de prenda específico, no debe presionarse ni coaccionarse a nadie para que lo haga. Las prohibiciones generales del uso de prendas específicas que violan el derecho de quienes optan libremente por vestir de una manera determinada no son la vía para terminar con la presión o la coacción”.

El informe destaca que la legislación que prohíbe la discriminación en el empleo no se ha aplicado adecuadamente en Bélgica, Francia y Países Bajos. Se ha permitido a los empleadores discriminar alegando que los símbolos religiosos o culturales pueden causar problemas con los clientes o los colegas, o que suponen un conflicto con la imagen empresarial de la compañía o con su “neutralidad”.

Esto es directamente contrario a la legislación de la Unión Europea contra la discriminación, que únicamente permite diferencias de trato en cuanto al empleo si así lo exige la naturaleza del trabajo a desempeñar.
 
“La legislación de la UE que prohíbe la discriminación por motivos de religión o de creencias en el ámbito del empleo parece ser ineficaz en Europa, a juzgar por los índices de desempleo más elevados de la población musulmana, y especialmente de las mujeres musulmanas de origen extranjero”, ha manifestado Marco Perolini.

En la última década, en muchos países, como España, Francia, Bélgica, Suiza y Países Bajos, se ha prohibido a alumnas llevar el pañuelo u otras prendas religiosas o tradicionales en la escuela.
 
“Toda restricción del uso de símbolos y prendas religiosos o culturales en las escuelas debe basarse en una evaluación de las necesidades de cada caso individual. Las prohibiciones generales entrañan el riesgo de afectar negativamente al acceso a la educación de las niñas musulmanas y de negar su derecho a la libertad de expresión y a la manifestación de sus creencias”, ha declarado Marco Perolini.
 
El derecho a establecer lugares de culto es un elemento fundamental del derecho a la libertad de religión o de creencias, que algunos países europeos restringen pese a que el Estado tiene la obligación de protegerlo, respetarlo y hacerlo realidad.

Desde 2010, la Constitución suiza discrimina específicamente a la población musulmana al prohibir la construcción de minaretes, y al hacerlo incorpora estereotipos contra el islam y viola las obligaciones internacionales que Suiza se ha comprometido a respetar.

En Cataluña, los musulmanes tienen que rezar en espacios al aire libre porque las salas de oración existentes son demasiado pequeñas para dar cabida a todos los fieles. Las solicitudes para construir mezquitas se encuentran con obstáculos técnicos, rechazo social y con que incluso algunos partidos políticos han expresado públicamente que su construcción es incompatible con el respeto de la cultura y las tradiciones catalanas. Esto es contrario a la libertad de religión, que incluye el derecho a celebrar cultos religiosos colectivos en lugares adecuados.

“En muchos países europeos existe una opinión cada vez más generalizada de que el islam está bien y con los musulmanes no hay problemas, siempre que no sean demasiado visibles. Esta actitud está provocando violaciones de derechos humanos, y es necesario combatirla”, ha manifestado Marco Perolini.


> Descargar informe resumen

 

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Actividades de la APDHA

 

Delegación de Campo de Gibraltar 

Concentración para pedir el cierre del CIE

Día: Sábado 28 de Abril de 2012
Hora: A las 11.30
Lugar: En el Paseo del Rio de la Miel (Al lado antigua oficina de turismo). Desde aqui nos iremos a la puerta del CIE ( 12 h.)

POR EL CIERRE DEL CIE DE LA PIÑERA Y EL USO SOCIAL DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA CARCEL.Os Esperamos.

Algeciras Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Izquierda Unida, Sindicato Unificado de Policías, CGT( Confederación General de Trabajadores), Federación Republicanos. 

 

Delegación de Jerez

"Los Niños del Mundo Pobre"

Fecha: 28 de abril de 2012
Lugar: Plaza de Artesanía de Guadalcacín

Estaremos durante todo el día en la Plaza de Artesanía de Guadalcacín, con motivo de la Feria del Libro, que organiza el Ayuntamiento juntamente con el Grupo de Cultura Popular. El tema central será "Los niños del mundo pobre" junto con ASPO y  Aminahui. Habrá mesas informativas, exposiciones fotográficas y diversas actividades.

Concentración-convivencia "Las personas olvidadas"

Fecha y hora: viernes 4 de Mayo de 2012, a las 7,30 de la tarde
Lugar: Plaza donde está la sede de ASPO (Asunción)

Concentración-convivencia en la se montarán las estrellas de "las personas olvidadas" en el suelo. Allí nos concentraremos un mínimo de 37 saharauis y 37 españoles. Se harán las 37 fotos por parejas (una personas española y otra saharaui) y también se recogerá el paso de la gente por el recinto. Se hará un té, acompañado con pastas de dulce para mayores y refrescos o batidos para niños-as. 

   

 cartel

Delegación de Málaga

Charla-coloquio: "Medios de comunicación y Derechos Humanos" 

Fecha y hora: 10 de mayo de 2012 a las 19 horas
Lugar: Cripta del IES "Vicente Espinel" de Málaga, en C/ Gaona entrada por C/ Cabello

Charla impartida por Javier Couso. Organizado por la delegación de Málaga de APDHA. 

 

   

Delegación de Granada

Debate y reflexión ante el endurecimiento del Código Penal

Fecha y hora: Viernes 27 de abril de 2012, a las 20h
Lugar: Sede de la APDHA Granada

Espacio de reflexión común en el que se hablará de los temas de la criminalización de libertades y derechos básicos, el sistema penitenciario, la vida en prisión en la actualidad y las reformas de código penal, que están en estudio por el Gobierno en la actualidad. Para ello el Área de Cárceles de la Asociación expondrá las líneas actuales de trabajo que se están realizando y una aproximación a las políticas que parece que están a punto de implantarse en España a través de cambios legislativos y reformas. Después se tendrá un espacio de Debate en el que todas y todos juntos podremos reflexionar y aportar ideas. 

"Este es mi banco y cada día el de más gente"

Fecha y hora: Jueves 26 de abril de 2012, a las 18:30h
Lugar: Avenida Joaquina Eguaras

La Delegación de Granada de la APDHA convoca un acto de calle en denuncia por la situación de marginación y exclusión social creciente en nuestra tierra. Queremos centrar la atención sobre el problema de la vivienda, especialmente agravado en los últimos años a consecuencia de la crisis económica. La actividad consiste en la ocupación de los bancos de la vía pública. Allí nos sentaremos con una gran pancarta detrás de cada uno de los asientos con la frase “Mi banco… y cada día el de más gente”. Queremos así llamar la atención y denunciar las situaciones de injusticia que se están produciendo y el papel de los poderes económicos.

 
 

 

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Propuestas

 

Queremos salud también para los inmigrantes #apartheidsanitarioNO
El Gobierno ha anunciado que limitará el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares a partir del 1 de Septiembre.
Puedes firmar en contra de esta medida en Actuable
   
Descubre lo que hace tu banco con tu dinero. Eres cliente, no cómplice. Campaña de Setem.  http://www.bancalimpia.com/
   
IMPACTOS DE LA CRISIS, LAS CIFRAS DE LA POBREZA EN ESPAÑA
Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2010. EAPN Madrid. 
Puedes descargarlo aquí 
   
Dublin's Trap: another side of the Greek crisis (La Trampa de Dublín: la otra cara de la crisis griega). Película documental sobre el reglamento de Dublín II, Grecia y la crisis. En inglés.  http://vimeo.com/38882993
   

 

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